Test administrativo ope 2008 51-100

TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: Administrativo OPE 2008 51-100

COMENTARIOS	ESTADÍSTICAS	RÉCORDS

REALIZAR TEST

Título del Test:
Administrativo OPE 2008 51-100

Descripción:
OPE Osakidetza 2008

Autor:
rekii

Fecha de Creación:
19/02/2009

Categoría: Otros

Número Preguntas: 50

COMPARTE EL TEST

COMENTAR

No hay ningún comentario sobre este test.

Temario:

51. La inclusión de cláusulas accesorias, como contenido eventual de un acto administrativo, cuando se ejerce una potestad reglada y no hay una habilitación legal para hacerlo: a. Es una expresión más de la discrecionalidad administrativa. b. Requiere un previo acuerdo con la persona interesada. c. Comporta la nulidad del acto administrativo. d. Es nula, sin que provoque la nulidad del acto.
52. Se denomina elemento teleológico de un acto administrativo al siguiente: a. El fin perseguido con él. b. La causa. c. La forma. d. El contenido eventual.
53. Cuando un órgano administrativo ejerza su competencia de forma verbal, sin llegar a dictar una resolución: a. La constancia escrita del acto, cuando sea necesaria, se efectuará y formará por la persona titular del órgano inferior o funcionaria que la reciba oralmente. b. Deberá autorizar su plasmación escrita. c. Necesariamente debe dejarse constancia por escrito. d. No es necesario desarrollar actividad alguna.
54. La falta de motivación de un acto que se separe del criterio seguido en actuaciones precedentes: a. Comporta la anulabilidad del acto. b. Supone una mera irregularidad. c. No tiene trascendencia jurídica alguna, porque el precedente adminis- trativo no vincula a la Administración actuante. d. Es causa de nulidad absoluta del acto que se dicte.
55. La ejecución de una resolución recaída en un procedimiento sancionador: a. Es inmediata desde que se notifica la resolución a la persona sancionada. b. Debe demorarse hasta su firmeza en vía jurisdiccional. c. Se llevará a efecto cuando se ponga fin a la vía administrativa. d. No admite suspensión cautelar del acto, mientras se dirime en vía jurisdiccional. .
56. El uso del apremio sobre el patrimonio para el cobro de una deuda de carácter privado a favor de la Administración: a. Es un medio de ejecución forzosa del acto de que se trate. b. No procede en caso alguno. c. Ha de ir precedido de autorización judicial. d. Ha de acompañarse de la prestación de una garantía.
57. La ejecución subsidiaria de un acto que sea personalísimo: a. Es la regla general. b. Es improcedente. c. Sólo se permite si la persona interesada lo acepta. d. Comporta la obligación de indemnizar los daños y perjuicios.
58. La imposición de una multa coercitiva en un acto en que procede la compulsión sobre la persona para su ejecución: a. No procede en caso alguno. b. Debe ser aceptada por la persona interesada. c. Debe ser prioritaria sobre la compulsión. d. Se deja al arbitrio de la Administración.
59. La suspensión de la ejecución de un acto administrativo como conse- cuencia de la interposición de un recurso contra el mismo: a. Es automática. b. Sólo se permite en los actos nulos de pleno derecho. c. Es potestativa para el órgano a quien competa resolver el recurso. d. Debe publicarse en el Boletín Oficial correspondiente.
60. La suspensión de un acto cuando se esté tramitando un procedimiento de revisión de oficio del mismo: a. Es obligatoria para la Administración. b. No procede en caso alguno. c. Sólo se acordará a instancias de la persona interesada. d. Es potestativa para el órgano competente para resolver.
61. Entre los aspectos que se consideran con motivo de la aplicación de medios electrónicos a la gestión de los procedimientos administrativos no se encuentra, según el artículo 34 de la citada Ley 11/2007, el de: a. Reducción de los plazos y tiempos de respuesta. b. Previsión de medios e instrumentos de participación. c. Racionalización de la distribución de las cargas de trabajo. d. Análisis del rediseño funcional y simplificación del procedimiento.
62. Según la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP y PAC), en la iniciación de oficio de los procedimientos, con anterioridad al acuerdo de iniciación, podrá el órgano competente abrir un período de información previa con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento, cuya duración es: a. Diez días. b. Veinte días. c. Quince días. d. Indeterminada por la Ley.
63. Contra el acuerdo de acumulación de procedimientos procede el re- curso de: a. Súplica. b. Reposición. c. Alzada. d. Ninguno.
64. Cuando un órgano administrativo solicita razonadamente la iniciación de un procedimiento: a. Se produce la llamada revisión de oficio. b. Si el órgano que lo pide pertenece a otra Administración se entiende iniciado a instancia de parte. c. El órgano competente para iniciarlo ha de abrir un período de informa-ción previa. d. Nada de lo expuesta es cierto.
65. A efectos de notificaciones las solicitudes de iniciación de un procedi- miento que presenten las personas interesadas deben señalar: a. El lugar y la fecha. b. Su firma. c. La identificación del medio preferente para recibirlas. d. El lugar desde el que se envía la solicitud.
66. Cuando una persona interesada en un procedimiento, tras haber sido requerida al efecto por la Administración actuante, no subsane su solicitud al no reunir los requisitos legalmente establecidos para ello: a. Deberá dársele un plazo de diez días para hacerlo. b. Se archiva sin más el procedimiento. c. Se inicia el procedimiento a expensas de la ulterior subsanación. d. Se declarará el desistimiento de su petición.
67. El plazo para subsanación de un solicitud de una persona interesada en un procedimiento puede prorrogarse: a. En ningún caso. b. Cuando se trate de procedimientos selectivos. c. Cuando se trate de procedimientos de concurrencia competitiva. d. Hasta cinco días en determinados supuestos.
68. La mejora voluntaria de una solicitud de una persona interesada pue- de efectuarse: a. A instancias del órgano competente para conocer del procedimiento de que se trate. b. Sólo por voluntad de la propia persona interesada. c. En cualquier procedimiento. d. Exclusivamente en los procedimientos iniciados de oficio, a instancias de las personas interesadas.
69. El plazo legal para que las personas responsables de un registro ad- ministrativo cursen a sus destinatarios y a las unidades administrativas co- rrespondientes los escritos y comunicaciones en él recibidos es: a. Diez días. b. Ninguno predeterminado por la Ley. c. Cinco días. d. Tres días.
70. La instalación en soporte informático de los registros generales de las Administraciones: a. Es obligatoria. b. Depende de la capacidad técnica de cada Administración. c. Es voluntaria para la Administración. d. Requiere un previo convenio entre las Administraciones.
71. Cuando se cree un registro electrónico, los días inhábiles a efectos de presentación de escritos en el mismo: a. No existen, pues dichos registros permiten la presentación de solicitu- des todos los días del año, durante las veinticuatro horas. b. Deben ser especificados por las disposiciones de creación de dichos registros. c. Provocan que el escrito de que se trate se entienda entregado el día hábil anterior. d. Nada de lo expuesto es correcto.
72. Cuando un día fuese hábil en un municipio o Comunidad Autónoma en que residiese la persona interesada, e inhábil en la sede del órgano admi- nistrativo, o a la inversa, tratándose de un registro electrónico: a. Se considerará inhábil en todo caso. b. Se considerará hábil. c. En función de lo acordado en Convenio entre las Administraciones implicadas, se considerará hábil o inhábil. d. Se estará a lo que determine el municipio o Comunidad Autónoma que reciba el escrito de que se trate.
73. La adopción de medidas provisionales en un procedimiento adminis- trativo: a. Puede hacerse a instancia de parte o de oficio. b. Sólo proceden a instancia de parte. c. Es obligada cuando lo pidan las personas interesadas. d. Se realiza, en cualquier caso, de oficio.
74. Como regla general, salvo en el caso de que en la norma correspon- diente se fije plazo distinto, los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deben realizarse en el plazo de: a. Quince días. b. Cinco días. c. Que determine en cada caso el órgano competente. d. Diez días.
75. El sometimiento de un procedimiento a información pública, según la Ley 30/1992: a. Es potestativo para el órgano al que corresponda la resolución del mismo. b. Es preceptivo en todo caso. c. Sólo es preceptivo cuando lo solicite la persona interesada. d. Debe hacerse cuando una generalidad de personas afectadas.
76. La presunción de validez de los actos administrativos: a. Se deja al arbitrio de la Administración. b. Puede ser destruida con prueba en contrario. c. Impide su impugnación. d. Comporta que la carga de la prueba de su invalidez radique en la Ad- ministración actuante.
77. Los actos de trámite, a efectos de los recursos administrativos: a. No pueden ser impugnados. b. Sólo pueden ser impugnados cuando se recurran la resolución del procedimiento de que se trate. c. Pueden ser impugnados cuando decidan directa o indirectamente el fondo del asunto. d. Han de ser impugnados en el momento en que se produzcan si se pretende alegar su nulidad en el recurso que se presente ante la reso- lución del procedimiento.
78. Pueden ser sustituidos por otros procedimientos de impugnación los recursos: a. Económico-administrativos. b. De alzada y reposición. c. Sólo el recurso de alzada. d. Cualesquiera tipos de recursos.
79. Cuando se sustituya el recurso de reposición por otro procedimiento de impugnación: a. Debe partirse de su carácter potestativo para la persona interesada. b. Ha de efectuarse necesariamente a instancias de la Administración. c. Sólo puede efectuarse a instancia de la Administración actuante. d. Ninguna contestación es correcta.
80. Cuando una persona interesada interpone un recurso contra un acto que se funde únicamente en la nulidad de una disposición administrativa: a. Debe desestimarse. b. Podrá interponerlo ante el órgano que dictó dicha disposición. c. Ha de interponerlo ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. d. Debe acudir al Tribunal Constitucional.
81. Contra los actos que pongan fin a la vía administrativa, con carácter potestativo, puede interponerse, con carácter general, el recurso de: a. Reposición. b. Alzada. c. Revisión. d. Ningún recurso.
82. No ponen fin a la vía administrativa: a. Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de supe- rior jerárquico cuando una Ley así lo establezca. b. Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la considera- ción de finalizadores del procedimiento. c. Las resoluciones de los procedimientos de impugnación a que se refie- re el art. 107.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi- nistrativo Común. d. Todos los anteriores ponen fin a dicha vía administrativa.
83. Las resoluciones de la persona titular de una Dirección General, en la Administración General del Estado: a. Ponen fin a la vía administrativa en todo caso. b. Sólo cuando una Ley establezca lo contrario no ponen fin a la vía ad- ministrativa. c. Salvo en materia de personal, no ponen fin a la vía administrativa. d. Nunca ponen fin a dicha vía administrativa, al contar como superior jerárquico a la persona titular del correspondiente Ministerio.
84. Cuando la persona titular de una Concejalía de un Ayuntamiento re- suelve un asunto por delegación de la Alcaldía del mismo: a. Se puede interponer recurso de alzada contra su resolución ante la personal titular de la Alcaldía. b. La resolución que dicte pone fin a la vía administrativa. c. Su decisión ha de ser refrendada por la persona titular de la Alcaldía. d. Se demora la eficacia del acto de que se trate hasta que se lleve a efecto el refrendo antes aludido.
85. En el escrito de interposición de un recurso administrativo no es ne- cesario que figure: a. El órgano al que se dirige. b. La razón de la impugnación del acto concreto que se impugna. c. La identificación personal del recurrente, ya que basta con que figure su nombre y apellidos. d. La petición de suspensión del acto recurrido mientras se resuelve el recurso.
86. El error en la calificación de un recurso por la parte recurrente: a. Obliga a desestimar su admisibilidad. b. Comporta una resolución contraria a la pretensión de la persona recu- rrente. c. Obliga a paralizar el procedimiento hasta que sea subsanado en el plazo de diez días concedido al efecto. d. No es óbice para su tramitación, siempre que del escrito de recurso se deduzca su verdadero carácter.
87. El plazo que se concede a otras personas interesadas distintas al re- currente para efectuar alegaciones en el procedimiento de resolución del recurso presentado no debe exceder de/del: a. Cinco días. b. Diez días. c. Quince días. d. Que se considere oportuno por el órgano que deba resolver el recurso.
88. Cuando, existiendo vicio de forma en la interposición de un recurso no se estime procedente resolver sobre el fondo, se ordenará la retroacción del expediente al momento en que el vicio fue cometido, salvo: a. No existe excepción ante tal supuesto. b. Que se proceda a la convalidación del acto. c. En el supuesto de una conversión del acto. d. Que se acuerde la conservación del acto.
89. La agravación de la situación inicial de una persona que haya recurri- do un acto: a. Procede cuando se desestime en su integridad el recurso presentado. b. Es posible cuando se tengan en cuenta otras cuestiones planteadas en el procedimiento. c. Sólo se permite cuando haya terceros interesados. d. Está absolutamente prohibida.
90. Cuando un recurso de alzada se presenta ante el mismo órgano que dictó el acto recurrido: a. Éste debe remitirlo al órgano competente para resolverlo junto con un informe y una copia completa y ordenada del expediente. b. Éste ha de efectuar la remisión antes aludida, pero con una propuesta de resolución del recurso. c. Debe inhibirse de tramitarlo e indicar a la persona interesada el órgano ante el que debe plantearlo. d. Desestimará de plano el recurso presentado por errónea presentación.
91. En materia de responsabilidad patrimonial de la Administración Públi- ca, se habla por la Doctrina Científica de la teoría de la indemnización: a. Cuando la Administración actúa ilegalmente y causa un daño a los particulares. b. Cuando la Administración causa un daño pero actuando legalmente. c. En los dos supuestos anteriores. d. Cuando la Administración queda exenta de responder.
92. En el Ordenamiento Jurídico español, la responsabilidad objetiva de la Ad- ministración por los daños causados a los particulares se consagró en la Ley: a. De Régimen Local de 24 de junio de 1955. b. De Régimen Jurídico de la Administración del Estado, de 1957. c. De Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954. d. De Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi- miento Administrativo Común.
93. Cuál de las siguientes no es una competencia de los Poderes Públi- cos Vascos: a. Velarán y garantizarán el adecuado ejercicio de los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos. b. Impulsarán particularmente una política tendente a la mejora de las condiciones de vida y trabajo. c. Adoptarán aquellas medidas que tiendan a fomentar el incremento del empleo. d. Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales.
94. La Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en materia de responsabi- lidad patrimonial de las Administraciones Públicas: a. No tiene competencia alguna. b. Sólo conoce de la derivada de la actuación de la Administración cuan- do lo haga como tal, en ejercicio de sus potestades administrativas. c. Entiende sobre cualquier responsabilidad que se derive de una ac- tuación de la Administración, ya lo haga como persona de Derecho Público o de Derecho Privado. d. En el supuesto de que el daño se haya ocasionado por una actuación de la Administración como persona de Derecho Privado, conocerá del asunto cuando expresamente la persona perjudicada decida acudir a esta vía jurisdiccional. .
95. La indemnización por las Administraciones Públicas a los particulares por la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria y que dichos particulares no tengan el deber jurídico de soportar: a. Corresponde a las Cortes Generales. b. No procede, precisamente por ser actos legislativos. c. Compete al Estado como tal y no a la Administración. d. Se dará cuando así lo establezcan los propios actos legislativos.
96. Es preceptivo el informe del Consejo General del Poder Judicial cuan- do se presenta una reclamación de responsabilidad por: a. Cualquier causa. b. Error judicial. c. Funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. d. Funcionamiento normal u anormal de esta Administración y por error judicial.
97. En el supuesto de que haya que pedir informe al Consejo General del Poder Judicial cuando se presenta una reclamación de responsabilidad como consecuencia del funcionamiento de la Administración de Justicia, el plazo para dictar resolución en el procedimiento de que se trate se sus- pende desde la solicitud de dicho informe durante: a. Dos meses. b. Quince días. c. Un mes. d. Tres meses.
98. A la hora de calcular la indemnización a pagar a una persona con mo- tivo de la responsabilidad patrimonial de una Administración pública, las valoraciones predominantes en el mercado: a. Son objeto de ponderación. b. No se tienen en cuenta. c. Son el único criterio a tener en cuenta. d. Preceden a los criterios de valoración de la legislación de expropiación forzosa.
99. La sustitución de una indemnización en materia de responsabilidad patri- monial de las Administraciones Públicas por una compensación en especie: a. Está expresamente prohibida. b. Requiere un previo acuerdo con la persona interesada. c. Se deja al arbitrio de la Administración, que podrá imponérsela a la persona afectada. d. Es la regla a seguir cuando no se opte por abonar la indemnización mediante pagos periódicos.
100. En el ámbito de la Administración General del Estado, la competen- cia originaria para resolver los procedimientos en materia de responsabili- dad patrimonial corresponde: a. Al Consejo de Ministros. b. La persona titular de cada Ministerio. c. Las personas titulares de las distintas Direcciones Generales. d. Al órgano administrativo que haya causado el daño por el que se exige dicha responsabilidad patrimonial.

Denunciar Test

▲