Test administrativo ope2008 101-150

TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: Test Administrativo ope2008 101-150

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Título del Test:
Test Administrativo ope2008 101-150

Descripción:
Preguntas 101-150

Autor:
Ainer
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Fecha de Creación:
17/02/2009

Categoría: Personal

Número Preguntas: 50

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Temario:

101. ¿Qué título de la Constitución Española trata sobre las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales? a. El Título V. b. El Título VII. c. El Título VI. d. El Título IV.
102. ¿Por cuántos senadores está representada la ciudad de Melilla? a. 1. b. 2. c. 3. d. 4.
103. La norma con rango de ley aprobada por el Gobierno en caso de extraordinaria y urgente necesidad se denomina: a. Real Decreto Legislativo. b. Real Decreto. c. Real Decreto Ley. d. Decreto Gubernativo.
104. ¿Ante qué órgano se exige la responsabilidad criminal del Presidente del Gobierno? a. Ante el Tribunal Supremo en Pleno. b. Ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. c. Ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. d. Ante el Tribunal Constitucional en Pleno.
105. La moción de censura, para exigir responsabilidad política al Gobierno, corresponde aprobarla, según la Constitución: a. Al Congreso por mayoría de 3/5. b. A ambas Cámaras, por mayoría absoluta. c. Al Congreso, por mayoría absoluta. d. Al Senado, por mayoría absoluta.
106. La moción de censura según la Constitución no podrá ser votada hasta que transcurran desde su presentación: a. Al menos cinco días. b. Al menos tres días. c. Al menos siete días. d. El plazo que determine el Presidente del Congreso en función de la urgencia del caso.
107. El estado de excepción: a. No podrá exceder de 20 días. b. No podrá exceder de 30 días y no existe posibilidad de prórrogas. c. No podrá exceder de 15 días, prorrogables por otro plazo igual. d. No podrá exceder de 30 días, prorrogables por otro plazo igual.
108. Atendiendo al número de habitantes; ¿en qué tipo de municipios se podrá establecer el Concejo Abierto? a. En los de más de 100 habitantes. b. En los de menos de 1.000 habitantes. c. En los de menos de 50 habitantes. d. En los de menos de 100 habitantes.
109. A tenor de lo dispuesto en la Constitución Española no debe formar parte del contenido mínimo de un Estatuto de Autonomía: a. La delimitación de su territorio. b. La denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias. c. La bandera y enseña propia de la Comunidad. d. La denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica.
110. Según la Constitución Española, el control económico y presupuestario de la Comunidad Autónoma se ejercerá por: a. El Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado. b. El Tribunal Constitucional. c. El Consejo de Estado. d. El Tribunal de Cuentas.
111. No están incluidas dentro del ámbito de aplicación de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: a. La Administración General del Estado. b. Las Entidades que integran la Administración Local. c. Las Corporaciones de derecho público. d. Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
112. Con carácter ordinario, a la Dirección Médica de las organizaciones de servicios sanitarios dependientes de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud le corresponderá una de las siguientes atribuciones: a. Proponer los criterios de clasificación de los Puestos Funcionales. b. Dirigir e impulsar la investigación, docencia y formación en el seno de su organización. c. Ostentar la jefatura de personal en su organización y ejercer al respecto las competencias de contratación y de gestión en materia de personal de Osakidetza, así como ejercer la potestad disciplinaria d. Dirigir, coordinar y evaluar las actividades clínico-asistenciales, auditar su nivel de calidad y proponer las medidas que sean oportunas para su mejora.
113. Las Entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas sujetarán su actividad a la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: a. En todo caso. b. Cuando lo dispongan sus normas de creación. c. Cuando ejerzan potestades administrativas. d. Cuando actúen con personalidad jurídica propia.
114. No es un principio general de actuación de las Administraciones Públicas a tenor de lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: a. Eficacia. b. Descentralización. c. Buena administración. d. Coordinación.
115. Los acuerdos que se adopten en una Conferencia Sectorial irán firmados: a. Por el Secretario con el visto bueno del Presidente. b. Por el Ministro o Ministros competentes y por los titulares de los órganos de gobierno correspondientes de las Comunidades Autónomas. c. Por un representante del Estado, otro de las Comunidades Autónomas de carácter histórico y otro de las restantes Comunidades Autónomas. d. Por los mencionados en el apartado anterior más el Director del Servicio Jurídico del Estado.
116. Tanto los convenios de Conferencia Sectorial como los convenios de colaboración entre Administraciones Públicas deberán ser comunicados: a. Al Senado. b. Al Congreso de los Diputados. c. Al Congreso y al Senado. d. A todos los Parlamentos Autonómicos sean o no firmantes de los mismos.
117. Las competencias que se ejerzan por delegación: a. No podrán ser objeto de delegación en ningún caso. b. Sólo podrán delegarse si lo autoriza expresamente una ley. c. Sólo podrán delegarse con autorización del superior jerárquico del órgano delegante. d. Sólo podrán delegarse con autorización del Consejo de Ministros.
118. En los supuestos de delegación de competencias en órganos no jerárquicamente dependientes, el conocimiento de un asunto podrá ser avocado: a. Por un/a superior jerárquico/a común. b. Únicamente por el órgano delegante. c. Por el/la Ministro/a titular del Departamento. d. Por el órgano delegante o el/la superior jerárquico/a común de ambos órganos.
119. En los órganos colegiados, la representación del órgano la ostenta: a. El/la Presidente/a. b. El/la Secretario/a. c. La Junta de Gobierno. d. El miembro de mayor antigüedad.
120. En caso de vacante del/de la Presidente/a de un órgano colegiado, le sustituye en primer lugar, a tenor de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas: a. El/la Secretario/a. b. El/a Vicepresidente/a. c. El miembro más antiguo. d. El miembro de mayor jerarquía.
121. Los/as interesados/as, con capacidad de obrar podrán actuar a través de terceras personas, con las que, en su caso, pasará a entenderse la Administración. De tales personas se dice que ejercen: a. El mandato. b. La representación. c. La tutela. d. La regencia.
122. La falta o insuficiente acreditación de la representación en un procedimiento administrativo: a. Impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate. b. No impedirá en ningún caso que se tenga por realizado el acto de que se trate continuándose con el procedimiento y pudiendo ser aportada tal acreditación en cualquier momento del procedimiento anterior a la propuesta de resolución. c. No impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquélla o se subsane el defecto dentro del plazo improrrogable de 10 días. d. No impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquélla o se subsane el defecto dentro del plazo de 10 días o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran.
123. Se presume la representación en un procedimiento administrativo: a. Para renunciar a derechos. b. Para entablar recursos. c. Para desistir de acciones. d. Para gestiones de mero trámite.
124. Los/as interesados/as tienen derecho a conocer el estado de la tramitación de los procedimientos: a. En cualquier momento. b. En cualquier momento anterior al trámite de audiencia. c. En cualquier momento anterior al trámite de audiencia siempre que acrediten ser titulares de derechos que resulten afectados por la decisión final. d. En cualquier momento siempre que acrediten ser titulares de intereses que resulten afectados por la decisión final.
125. Los/as ciudadanos/as tienen derecho a acceder a los registros y a los documentos que forman parte de un expediente: a. Sí, siempre que correspondan a procedimientos que se estén tramitando. b. Sí, en cualquier momento, con anterioridad al trámite de audiencia. c. No, si se trata de procedimientos terminados en el momento en el que se hace la solicitud. d. No, si se trata de materias protegidas por el secreto comercial o industrial.
126. El ejercicio del derecho de acceso a los documentos que forman parte del expediente no se podrá ejercer respecto de: a. Archivos sometidos a la normativa de materias clasificadas. b. Archivos regulados por la legislación del régimen electoral. c. Materias protegidas por el secreto comercial o industrial. d. Registro Civil.
127. Los plazos expresados en días en un procedimiento al que resulta de aplicación la Ley 30/1992: a. Se contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación. b. Se contarán a partir del día de la notificación o publicación. c. Se contarán a partir del día siguiente a aquel en que se envíe la notificación al interesado. d. Se contarán a partir del día en que se envíe la notificación al interesado.
128. El calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos de los Entes que forman la Administración Local se incluye en el aprobado por: a. La Administración General del Estado. b. La Administración de la Comunidad Autónoma respectiva. c. Los propios Entes Locales. d. No existe tal calendario.
129. Si en el mes de vencimiento de un plazo no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira: a. El primer día del mes siguiente. b. Al mes siguiente. c. El último día del mes. d. Ello no sucede nunca.
130. En un procedimiento administrativo se podrá acordar la tramitación de urgencia para reducir todos los plazos a la mitad, salvo: a. Los que perjudiquen intereses de terceros. b. Los relativos a la presentación de solicitudes exclusivamente. c. Los relativos a la presentación de recursos exclusivamente. d. Los relativos a presentación de solicitudes y recursos.
131. Los actos de las Administraciones Públicas, sujetos al Derecho Administrativo, se presumirán válidos y producirán efectos: a. A partir del mes siguiente en que se dicten. b. A partir de los 15 días de su publicación. c. Desde la fecha en que se dicten salvo que en ellos se disponga otra cosa. d. A la semana siguiente de su publicación.
132. Quedará demorada la eficacia de un acto administrativo cuando: a. El contenido del acto así lo exija. b. Sea necesario el consentimiento de los interesados. c. No lleve la firma del Rey. d. No esté suscrito por el Presidente del Gobierno.
133. ¿Puede otorgarse eficacia retroactiva a un acto administrativo? a. Nunca. b. Es optativo para la Administración Pública, cualquiera que sea el acto de que se trate. c. Sólo cuando los interesados lo soliciten de la Administración. d. Excepcionalmente, cuando se dicten en sustitución de actos anulados, entre otros casos.
134. ¿Qué actos administrativos deben ser objeto de notificación? a. Todos los que se dicten en el curso del procedimiento. b. Las resoluciones y los que afecten a los derechos o intereses de los interesados. c. Las resoluciones exclusivamente. d. Los actos de trámite cualificados exclusivamente.
135. La notificación de un acto administrativo se cursará dentro del plazo máximo de: a. 15 días a partir de la resolución o acto que se notifique. b. 10 días a partir de la resolución o acto que se notifique. c. 20 días a partir de la resolución o acto que se notifique. d. 5 días a partir de la resolución o acto que se notifique.
136. Las notificaciones defectuosas ¿pueden surtir efectos? a. No, en ningún caso. b. Sí, de forma discrecional por los poderes que le otorga la Constitución a la Administración. c. Sí, por el transcurso del plazo de 6 meses desde que el acto fue dictado. d. Sí, cuando el interesado interponga el recurso procedente.
137. Las notificaciones, en los procedimientos administrativos iniciados a solicitud de interesado, se practicarán con carácter general: a. En el Ayuntamiento donde esté domiciliado el interesado. b. En el lugar señalado a tal efecto en la solicitud. c. En los juzgados del municipio donde esté domiciliado el interesado, para que se publiquen en sus tablones de anuncios. d. Al superior de la autoridad administrativa que decide para que la entregue en persona al interesado.
138. Los actos administrativos dictados por órganos manifiestamente incompetentes por razón de materia y territorio son: a. Anulables. b. Convalidables. c. Nulos de pleno derecho. d. Válidos.
139. Los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder, son: a. Nulos de pleno derecho. b. Seminulos. c. Anulables. d. Motivados.
140. Los actos de la Administración cuyo contenido sea imposible o sea constitutivo de delito son: a. Anulables. b. Nulos de pleno derecho. c. Válidos si llevan la firma del Titular del Departamento. d. Motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho.
141. Las decisiones adoptadas por órganos colegiados sin respetar el quórum establecido para ello son: a. Irregulares. b. Anulables. c. Nulas de pleno derecho. d. No están viciadas.
142. Los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro distinto: a. No producen, en ningún caso, efecto alguno. b. Sólo pueden producir efectos favorables al interesado. c. Producirán los efectos del acto distinto. d. Producirán los efectos que, en su caso, puedan determinar los Tribunales contenciosos.
143. Los procedimientos podrán iniciarse: a. Exclusivamente de oficio. b. Exclusivamente a solicitud de persona interesada. c. Por acuerdo del órgano competente exclusivamente. d. De oficio o a solicitud de persona interesada.
144. Si la solicitud de iniciación de un procedimiento administrativo no reúne los requisitos necesarios ¿qué plazo tendrán los interesados para subsanar la falta? a. 15 días. b. 20 días. c. 10 días. d. 5 días.
145. La adopción de medidas provisionales en un procedimiento administrativo tienen como finalidad: a. Asegurar la eficacia en la ejecución de la resolución sin necesidad de acudir a los medios de ejecución forzosa. b. Paralizar la tramitación del procedimiento hasta dilucidar una cuestión incidental. c. Asegurar la eficacia en la resolución del procedimiento. d. Asegurar que el interesado va a comparecer en todos los trámites del procedimiento.
146. El procedimiento administrativo se impulsará: a. De oficio en todos sus trámites. b. Por sí mismo, con el acuerdo de iniciación. c. A solicitud del interesado. d. De oficio, si está sometido al criterio de celeridad, en caso contrario a solicitud de persona interesada.
147. De acuerdo con la Ley 30/1992 ¿qué plazo tienen los interesados para cumplimentar los trámites necesarios? a. No superior a 30 días ni inferior a 10. b. 10 días a partir de la notificación del correspondiente acto, salvo que la norma correspondiente fije otro distinto. c. No superior a 15 días a partir de la notificación del correspondiente acto. d. En todo caso 10 días.
148. Los actos necesarios para la determinación, conocimiento, comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución son: a. Los actos de ordenación. b. Los actos de iniciación. c. Los actos de instrucción. d. Los actos resolutorios.
149. A tenor del art. 80 de la Ley 30/1992 ¿cómo podrán acreditarse los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento administrativo? a. Aportando la documentación necesaria. b. Por cualquier medio de prueba admisible en derecho. c. Solicitando los informes preceptivos por disposición legal. d. Con las comunicaciones y escritos que presenten los interesados en las oficinas de la Administración.
150. El órgano competente para acordar la apertura de un periodo de pruebas en el procedimiento administrativo es: a. El competente para resolver el procedimiento. b. El instructor. c. El superior jerárquico del órgano instructor. d. Ninguna es correcta, las pruebas sólo se realizarán de solicitarlo el interesado.

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