1. Según el artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, quienes tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, son titulares, en sus relaciones con ellas, del siguiente derecho:
A actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses. A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas. A no presentar documentos originales salvo que, de manera excepcional, la normativa aplicable establezca lo contrario. A identificar al personal al servicio de las Administraciones bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos.
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2. Según el artículo 14 de la Ley 39/2015, podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no:
Las personas físicas, en todo caso. Las entidades sin personalidad jurídica. Las personas físicas, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos. Las personas físicas o jurídicas.
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3. De acuerdo con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo:
Quienes representen a un interesado que no esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración. Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, en todo caso. Las entidades sin personalidad jurídica. Los empleados de las Administraciones Públicas, en todo caso.
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4. Señale la respuesta incorrecta respecto a la lengua en que ha de tramitar los procedimientos administrativos la Administración General del Estado:
Los interesados que residan en una Comunidad autónoma en la que exista una lengua cooficial podrán utilizar esta última, con independencia del lugar en que tenga su sede el órgano de la Administración General del Estado al que se dirijan. En caso de tramitarse en una lengua cooficial, deberán traducirse al castellano los documentos dirigidos a los interesados que así lo soliciten expresamente. En los casos y circunstancias previstas en la Ley 39/2015, el procedimiento se tramitará íntegramente en la lengua cooficial elegida por los interesados. Como regla general, la lengua de los procedimientos será el castellano.
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5. La comparecencia de las personas ante las oficinas públicas, ya sea presencialmente o por medios electrónicos:
Solo será obligatoria cuando así esté previsto reglamentariamente. No será obligatoria, en ningún caso. Solo será obligatoria cuando así esté previsto en una norma con rango de ley. Será obligatoria cuando así esté previsto en una norma con rango de ley o reglamentario.
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6. Según la Ley 39/2015, en procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la desestimación por silencio administrativo:
Tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente. Tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. Exime a la Administración Pública de la obligación de dictar resolución expresa y notificarla. No permite a los interesados la interposición de ningún tipo de recurso.
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7. El certificado acreditativo del silencio producido se ha de emitir, de acuerdo con el artículo 24.4 de la Ley 39/2015:
De oficio por el órgano competente para resolver, en el plazo de quince días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento. A instancia de parte, cuando se solicite como prueba del acto presunto, en el plazo improrrogable de un mes. En todo caso, a instancia de parte. De oficio, en el plazo de diez días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento.
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8. En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, el artículo 21.1 de la Ley 39/2015 indica que:
Se emitirá un certificado de acto presunto desestimatorio por silencio. Se declarará el archivo del procedimiento sin necesidad de dictar resolución expresa. Se resolverá declarando la circunstancia que concurra en cada caso, indicando los hechos producidos y las normas aplicables. No hace falta resolver expresamente el procedimiento.
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9. Según la Ley 39/2015, en relación con el silencio administrativo en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado:
El silencio tendrá efecto estimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición. Los actos producidos por silencio surten efectos desde que se expide el certificado acreditativo del mismo. La desestimación tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. En caso de estimación por silencio, la resolución expresa posterior solo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo.
10. Según el artículo 14.3 de la Ley 39/2015, las Administraciones Públicas podrán establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas:
Solo mediante norma con rango de Ley. Que actúen en representación de un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración. Que ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria. Reglamentariamente.
11. Dispone el artículo 21 de la Ley 39/2015 que no será obligatorio dictar resolución expresa y notificarla:
En los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable. En los supuestos de caducidad del procedimiento. En los supuestos de desistimiento de la solicitud. En todo caso será obligatorio dictar resolución expresa y notificarla.
12. El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes propuestas por los interesados:
Se suspenderá durante el tiempo necesario para la realización de dichas pruebas. Se podrá suspender, durante el tiempo necesario para la incorporación de los resultados al expediente. No podrá suspenderse en ningún caso. Se suspenderá durante el tiempo necesario para la incorporación de los resultados al expediente.
13. Los interesados en un procedimiento que conozcan datos que permitan identificar a otros interesados que no han comparecido:
Pueden comunicárselos a la Administración actuante. Tienen el deber de proporcionárselos a la Administración actuante. Tendrán obligación de comunicarlos a la Administración actuante, cuando así esté previsto en una norma con rango de ley. Tendrán obligación de comunicarlos a la Administración actuante, cuando así esté previsto reglamentariamente.
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14. En procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución:
Legitima al interesado para entenderla desestimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en que una norma con rango de ley, de Derecho de la Unión Europea, o de Derecho internacional aplicable en España, establezcan lo contrario. Legitima al interesado para entenderla estimada por silencio administrativo en cualquier caso. Legitima al interesado para entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en que una norma con rango de ley, de Derecho de la Unión Europea, o de Derecho internacional aplicable en España, establezcan lo contrario. Legitima al interesado para entenderla desestimada por silencio administrativo en cualquier caso.
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15. Cuando las normas reguladoras de un procedimiento no fijen plazo máximo para notificar una resolución expresa, este será de:
Doce meses. Dos meses. Tres meses. Seis meses.
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16. Según el artículo 23 de la Ley 39/2015, contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación del plazo máximo para resolver y notificar:
Podrá interponerse recurso potestativo de reposición. Podrá interponerse recurso extraordinario de revisión. No cabrá recurso alguno. Podrá interponerse recurso de alzada.
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17. Según el artículo 21 de la Ley 39/2015, el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa:
No podrá exceder en ningún caso de tres meses. No podrá exceder en ningún caso de seis meses. No podrá exceder en ningún caso de doce meses. Es el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento.
18. En relación con el certificado acreditativo del silencio administrativo, dispone el artículo 24 de la Ley 39/2015 que:
Podrá pedirlo el interesado, siempre y cuando haya expirado el plazo para expedirlo por el órgano competente para resolver. Podrá pedirlo el interesado en cualquier momento. Se expedirá siempre de oficio por el órgano competente para resolver, en el plazo de diez días. Podrá pedirse por el interesado en el plazo de treinta días desde el vencimiento del plazo para resolver.
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19. Según el artículo 18 de la Ley 39/2015, el principio de colaboración de las personas con la Administración implica que:
Los interesados en un procedimiento que conozcan datos que permitan identificar a otros interesados que no hayan comparecido en él no están obligados a proporcionárselos a la Administración actuante. Los interesados en un procedimiento que conozcan datos que permitan identificar a otros interesados que no hayan comparecido en él tienen el deber de comunicarle al interesado la apertura del procedimiento. Todo ciudadano que conozca datos que permitan identificar a un interesado que no haya comparecido en él tiene el deber de proporcionárselos a la Administración actuante. Los interesados en un procedimiento que conozcan datos que permitan identificar a otros interesados que no hayan comparecido en él tienen el deber de proporcionárselos a la Administración actuante.
20. Según el artículo 24 de la Ley 39/2015, ¿qué efecto tendrá el silencio administrativo en procedimientos que impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente?
Desestimatorio. El que establezca una norma de Derecho de la Unión Europea. El que establezca una norma de Derecho internacional. Estimatorio.
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21. Indique la opción correcta. A tenor de lo establecido en el artículo 24.3.b de la Ley 39/2015, en los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución posterior al vencimiento del plazo:
Se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio. Se adoptará por la Administración con un contenido vinculado al silencio administrativo. Sólo podrá dictarse en caso de ser desestimatoria de la solicitud. Sólo podrá dictarse en caso de ser estimatoria de la solicitud.
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22. Según el artículo 21 de la Ley 39/2015, en procedimientos iniciados de oficio, el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa se contará:
Desde la fecha de la notificación del acuerdo de inicio al interesado. Desde la fecha de la denuncia administrativa. Desde la fecha del acuerdo de iniciación. Desde la fecha en que el acuerdo de iniciación haya tenido salida del registro electrónico de la Administración competente.
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23. El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se suspenderá, de acuerdo con el artículo 22.2 de la Ley 39/2015:
Cuando los interesados promuevan la recusación en cualquier momento de la tramitación de un procedimiento. Cuando se acuerde un periodo extraordinario de prueba. Mientras se acuerda la tramitación simplificada del procedimiento. Cuando se acuerde la ampliación de los plazos para resolver.
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24. El certificado acreditativo del silencio producido se expedirá de oficio por el órgano competente para resolver, en el plazo de:
Veinte días, a contar desde el día siguiente de la presentación de la solicitud. Quince días, a contar desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento. Diez días, a contar desde el día siguiente a que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento. Un mes, a contar desde el día siguiente a la presentación de la solicitud.
25. El plazo máximo en el que la Administración debe notificar la resolución expresa, salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea, no podrá exceder de:
Tres meses. Seis meses. Nueve meses. Doce meses
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