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TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESEAuxiliar Administrativo 10

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Título del test:
Auxiliar Administrativo 10

Descripción:
Primer Ejercicio OPE 16

Autor:
AVATAR

Fecha de Creación:
22/08/2016

Categoría:
Oposiciones

Número preguntas: 50
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Temario:
74. El Reglamento interno del Parlamento Vasco requiere, para su aprobación: Mayoría simple de sus miembros Mayoría absoluta de sus miembros Mayoría de 3/4 de sus miembros El Parlamento Vasco no aprueba ningún reglamento.
88. Según el artículo 137 de la Constitución Española, el Estado se organiza territorialmente: Exclusivamente por municipio En municipios, provincias y Territorios Históricos En municipios, provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan En municipios, en provincias, en las Comunidades Autónomas que se constituyan, más Ceuta y Melilla.
98. Para la efectiva coordinación y eficacia administrativa, la Administración General del Estado, así como las Administraciones autonómica y local, de acuerdo con el principio de lealtad inconstitucional, deberán en sus relaciones recíprocas: Tener abiertos sus archivos para el resto de las Administraciones para cualquier información que requieran que deberá facilitarse en el plazo de 24 horas Facilitar a las otras Administraciones la información que requieran siempre que sea competencia municipal Facilitar a las otras Administraciones la información que requieran siempre que sea competencia estatal o autonómica Facilitar a las otras Administraciones la información sobre la propia gestión que sea relevante para el adecuado desarrollo por estas de sus cometidos.
115. Podrán dar lugar al planteamiento de los conflictos en defensa de la autonomía local ante el Tribunal Constitucional: Los Reales Decretos aprobados por el Consejo de Ministros que lesionen la autonomía local constitucionalmente garantizada Las disposiciones generales del Estado que lesionen la autonomía local constitucionalmente garantizada Las disposiciones con rango de ley de las Comunidades Autónomas que lesionen la autonomía local constitucionalmente garantizada Las disposiciones generales de las Comunidades Autónomas que lesionen la autonomía local constitucionalmente garantizada.
122. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de: Decretos legislativos Textos Refundidos Leyes de Bases Decretos-leyes.
133. La celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución: Exigirá su previa aprobación por mayoría de dos tercios del Congreso de los Diputados Exigirá su previa aprobación por mayoría de tres quintos del Congreso y del Senado Exigirá su previa aprobación por mayoría absoluta de las Cortes Generales Exigirá la previa revisión constitucional.
135. El art. 51.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece que "Las disposiciones administrativas no podrán vulnerar la Constitución o las leyes..."; por lo tanto, las disposiciones administrativas: Tienen carácter reglamentario Pueden regular materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen de la competencia de las Cortes Generales Pueden regular materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen de la competencia de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas Pueden tener, en su caso, carácter legal.
148. Las ordenanzas cuya aprobación definitiva sea competencia de los entes locales, en Comunidades Autónomas pluriprovinciales: Se publicarán en el Boletín Oficial del Estado Se publicarán íntegramente en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma Se publicarán en el Boletín Oficial de las Cortes Generales Se publicarán en el "Boletín Oficial" de la provincia.
154. La potestad reglamentaria de las entidades locales en materia tributaria se ejercerá: A través de la legislación estatal en materia de impuestos concertados A través de la legislación autonómica en materia de impuestos concertados A través de ordenanzas fiscales reguladoras de sus tributos propios A través de Normas Forales de los Territorios Históricos.
158. Las ordenanzas fiscales: Comenzarán a aplicarse en el momento de su publicación definitiva en el "Boletín Oficial" de la Provincia Comenzarán a aplicarse en el momento de su publicación definitiva en el "Boletín Oficial" de la Comunidad Autónoma Comenzarán a aplicarse en el momento de su publicación definitiva en el "Boletín Oficial" del Estado Comenzarán a aplicarse en el momento de su publicación definitiva en el "Boletín Oficial" de la Provincia, salvo que en las mismas se señale otra fecha.
165. En los municipios de gran población corresponde la aprobación de decretos e instrucciones: A la Junta de Gobierno Local Al alcalde A la comisión de gobierno Al pleno municipal.
173. Para la creación o supresión de municipios, así como para la alteración de términos municipales se necesita: Una población al menos de 5.000 habitantes Informe de la Administración que ejerza la tutela financiera Una población al menos de 1.000 habitantes En todo caso informe del Consejo de Estado.
179. La inscripción en el Padrón Municipal deberá ser objeto de renovación periódica cada dos años: Cuando se trate de la inscripción de extranjeros no comunitarios con autorización de residencia Cuando se trate de la inscripción de extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente Cuando se trate de la inscripción de extranjeros Cuando se trate de la inscripción de extranjeros sin autorización de residente permanente.
188. En los municipios de gran población la aprobación del proyecto de presupuesto es competencia atribuida: A la Junta de Gobierno Local Al alcalde A la comisión de gobierno Al pleno municipal.
211. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato, documentación o documento que se acompaña o incorpora a una declaración responsable o comunicación previa o la no presentación de cualquiera de estas últimas ante la Administración: Determina necesariamente la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente Determina necesariamente la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un periodo de tiempo determinado Determina la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos Determina necesariamente responsabilidades penales.
224. En vía de recurso, cuando hayan de tenerse ne cuenta nuevos hechos o documentos no recogidos en el expediente originario: Hay obligación de ponerlos de manifiesto a las personas interesadas, pero sin necesidad de abrir periodo de alegaciones Se pondrán de manifiesto a las personas interesadas, quien dispondrán de un periodo de alegaciones no inferior a 10 días ni superior a 15 Se pondrán de manifiesto a las personas interesadas, quienes dispondrán de un periodo de alegaciones no inferior a 15 días ni superior a 20 Se pondrán de manifiesto a las personas interesadas, quienes dispondrán de un periodo de alegaciones no inferior a 20 días ni superior a 30.
234. Si una notificación contiene únicamente el texto íntegro del acto: No es susceptible de producir ningún tipo de efecto Surtirá efecto a partir del transcurso de un mes desde tal notificación Surtirá efecto a partir de la fecha en que la persona interesada realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance del acto notificado Surtirá efecto a partir de la fecha en que el interesado interponga un recurso cualquiera.
247. La declaración de lesividad de un acto administrativo permite a la Administración: Declarar por sí misma y de inmediato la nulidad de pleno Derecho del mismo Anular por sí misma y de inmediato el acto en cuestión Proceder a su impugnación ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo Las tres respuestas anteriores son falsas.
254. Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico: Ponen fin a la vía administrativa, salvo que una Ley establezca lo contrario Son actos firmes, salvo que una Ley establezca lo contrario Agotan la vía administrativa, salvo que una Ley establezca lo contrario Las respuestas A y C son correctas.
261. El plazo para la interposición del recurso de alzada: Será de un mes, tanto si el acto fuera expreso como si no lo fuera Será de un mes, si el acto fuera expreso y de tres meses si no lo fuera Será de tres meses, si el acto fuera expreso y de un mes si no lo fuera Será de tres meses, tanto si el acto fuera expreso como si no lo fuera.
269. Cuando las pretensiones correspondientes a una pluralidad de personas tengan un contenido y fundamento idéntico o sustancialmente similar: Podrán ser formuladas en una única solicitud, a discreción de las personas interesadas Podrán ser formuladas en una única solicitud, únicamente si las normas reguladoras de los procedimientos específicos lo disponen así Podrán ser formuladas en una única solicitud, salvo que las normas reguladoras de los procedimientos específicos dispongan otra cosa Nunca podrán ser formuladas en una única solicitud.
271. Cuando la solicitud de iniciación no reúna los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos: En un plazo de 5 días En un plazo de 10 días En un plazo de 15 días En un plazo de 20 días.
276. Al solicitar los trámites que han de ser cumplidos por otros órganos: Deberá consignarse en la comunicación cursada el plazo legal establecido al efecto Deberá consignarse en la comunicación cursada el plazo que el órgano competente haya establecido al efecto Deberá consignarse en la comunicación cursada el plazo que el órgano superior jerárquico haya establecido al efecto No será necesario consignar en la comunicación cursada ninguna referencia al plazo establecido al efecto.
294. En los supuestos en que el procedimiento se haya paralizado por causa imputable a la persona interesada: Provoca el silencio administrativo estimatorio de sus pretensiones Provoca el silencio administrativo desestimatorio de sus pretensiones Provoca la caducidad del procedimiento Interrumpe el cómputo del plazo para resolver y notificar la resolución.
308. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución relativa al acceso a la información pública es: Un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, ampliable por otro mes en caso de que el volumen o complejidad de la información solicitada lo haga necesario Dos meses desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, ampliable por otro mes en caso de que el volumen o complejidad de la información solicitada lo haga necesario Dos meses desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, ampliable por otros dos meses en caso de que el volumen o complejidad de la información solicitada lo haga necesario Tres meses desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, ampliable por otro mes en caso de que el volumen o complejidad de la información solicitada lo haga necesario.
313. Las personas interesadas en un procedimiento que conozcan datos que permitan identificar a otras personas interesadas que no hayan comparecido: Tienen derecho a ocultarlo ante la Administración, en caso de resultar más perjudicial para sí mismos Deben obtener la autorización de esas otras personas interesadas antes de comunicárselo a la Administración actuante Deben comunicárselo sin tardanza a esas otras personas interesadas, para que ellas mismas se pongan en contacto con la Administración actuante Tienen el deber de proporcionárselos a la Administración actuante.
327. Si, además de los informes preceptivos, el Alcalde solicita otros informes o dictámenes adicionales a la funcionarios de la entidad local: Los funcionarios podrán formular minuta por la emisión del informe o dictamen Los funcionarios podrán percibir una retribución específica al margen de las retribuciones aplicables a los funcionarios públicos Deberán elegir entre formular minuta o percibir una retribución específica adicional No podrán formular minuta ni percibir ninguna retribución específica adicional.
359. Además de la superación del proceso selectivo, la condición de funcionario de carrera se adquiere por el cumplimiento sucesivo de los siguientes requisitos: Nombramiento por el órgano o autoridad competente, publicado en el Diario Oficial correspondiente; y acto de acatamiento de la Constitución y, en su caso, del Estatuto de Autonomía correspondiente y del resto del ordenamiento jurídico Nombramiento por el órgano o autoridad competente, publicado en el Diario Oficial correspondiente; y toma de posesión dentro del plazo que se establezca Nombramiento por el órgano o autoridad competente, publicado en el Diario Oficial correspondiente; acto de acatamiento de la Constitución y, en su caso, del Estatuto de Autonomía correspondiente y del resto del ordenamiento jurídico; y toma de posesión dentro del plazo que se establezca Nombramiento por el órgano o autoridad competente, publicado en el Diario Oficial correspondiente; toma de posesión dentro del plazo que se establezca; y acto de acatamiento de la Constitución y, en su caso, del Estatuto de Autonomía correspondiente y del resto del ordenamiento jurídico.
374. Constituyen ingresos de Derecho Privado de las entidades locales del Territorio Histórico de Bizkaia Los rendimientos o productos de cualquier naturaleza derivados de su patrimonio, incluido el dominio público Además de los anteriores, las adquisiciones a título de herencia, legado o donación Además de los anteriores, el importe obtenido por la enajenación de bienes como consecuencia de su desafectación como bienes de dominio público y posterior venta En ningún caso tienen tal consideración los ingresos que procedan, por cualquier concepto, de los bienes de dominio público.
400. La obligación de pagar un precio público nace, de acuerdo con la Norma Foral 9/2005 de Haciendas Locales de Bizkaia: Desde que se inicia la prestación del servicio o la realización de la actividad, si bien la entidad local puede exigir el depósito previo de su importe total o parcial Desde que finaliza la prestación del servicio o la realización de la actividad, si bien la entidad local puede exigir el depósito previo de su importe total o parcial Desde que finaliza la prestación del servicio o la realización de la actividad, si bien la entidad local puede exigir el depósito previo de su importe total Desde que finaliza la prestación del servicio o la realización de la actividad, si bien la entidad local puede exigir el depósito previo de su importe parcial.
406. Los Presupuestos Generales de una entidad local en Bizkaia: Son la expresión formal documental, en términos exclusivamente contables, del conjunto integrado de decisiones que constituyen el programa directivo de la actividad económica a realizar por las Entidades locales Son la expresión formal documental, en término financieros y contables, del conjunto integrado de decisiones que constituyen el programa directivo de la actividad económica a realizar por las Entidades locales en cada ejercicio económico y presupuestario Son la expresión formal documental del conjunto integrado de decisiones que constituyen el programa directivo de la actividad económica a realizar por las Entidades locales Son la expresión formal documental, en término financieros y contables, de las decisiones de gastos y subvenciones, que constituyen el programa directivo de la actividad económica a realizar por las Entidades locales en cada ejercicio económico y presupuestario.
412. El principio presupuestario de equilibrio financiero significa: Que la totalidad de los ingresos cubra el importe de los gastos Que los recursos de las Entidades locales y de cada uno de sus Organismos Autónomos y Sociedades Públicas se destinarán a satisfacer el conjunto de sus respectivas obligaciones, salvo en el caso de ingresos específicos afectados a fines determinados Que los presupuestos de todos los municipios en Bizkaia reciben de la Diputación Foral unas mismas subvenciones, según sus necesidades y de conformidad con su población Que los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas se aplicarán a los presupuestos por su importe íntegro, no pudiéndose atender obligaciones mediante minoración de los derechos a liquidar o ya ingresados, salvo autorización legal expresa.
415. El principio presupuestario de no afectación significa: Que los presupuestos comprenderán todos los derechos y obligaciones, sin excepción alguna, que en cada caso prevea liquidar y sea necesario atender, respectivamente Que los derechos y las obligaciones reconocidas se aplicarán a los presupuestos por su importe íntegro, no pudiéndose atender obligaciones mediante minoración de los derechos a liquidar o ya ingresados, salvo autorización legal expresa Que los recursos de las Entidades locales y de cada uno de sus Organismos Autónomos y Sociedades Públicas se destinarán a satisfacer el conjunto de sus respectivas obligaciones, salvo en el caso de ingresos específicos afectados a fines determinados Que la totalidad de los ingresos cubra el importe de los gastos.
437. Los contratos administrativos se regirán por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y sus disposiciones de desarrollo: Sólo en cuanto a su preparación y extinción En cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción Sólo en cuanto a su adjudicación y extinción Supletoriamente, cuando no les sean de aplicación las restantes normas de derecho administrativo o las normas de derecho privado.
452. En relación con los contratos menores el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público establece que: Su adjudicación siempre se realizará mediante el procedimiento restringido En atención a su escasa cuantía, bastará para su adjudicación la negociación entre cualquier empresario solvente y la Administración competente Podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y habilitación profesional necesaria para realizar la prestación Podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad jurídica, aunque no se haya aprobado el gasto.
460. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas se encuentra regulada en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común concretamente: En el Título I (arts. 4-10) En el Título X (arts. 139-146) En el Título IX ( arts. 127-138) En el Título IV (arts. 35-50).
466. La indemnización procedente por responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas: Sólo podrá ser dineraria Podrá sustituirse por una compensación en especie o ser abonada mediante pagos periódicos, cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y convenga al interés público, siempre que exista acuerdo con el interesado Podrá sustituirse por una compensación en especie cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y siempre que exista acuerdo con el interesado, pero no podrá abonarse mediante pagos periódicos Podrá ser abonada mediante pagos periódicos cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y convenga al interés público, siempre que así lo decida la Administración Pública sin que sea necesario previo acuerdo con el interesado.
497. La gestión de un servicio público local mediante una entidad pública empresarial local: Es una gestión directa del servicio público local Es una gestión autónoma que no está integrada ni en la gestión directa ni indirecta de los servicios locales Es una gestión propia del ente local, cuando se trate de la propietaria de por lo menos un cincuenta por ciento de su capital social Es una gestión indirecta del servicio público local, siempre que el capital social sea de titularidad pública.
518. Los consorcios, ¿podrán utilizarse para la gestión de servicios públicos locales? No, en ningún caso Solo en el marco de los convenios de cooperación transfronteriza en que participen las entidades locales españolas, y de acuerdo con las previsiones de los convenios internacionales ratificados por España en la materia Exclusivamente en el supuesto que la gestión del servicio público local deba prestarse en coordinación entre los municipios limítrofes de distintas provincias en el seno de una misma Comunidad Autónoma Exclusivamente en el supuesto que la gestión del servicio público local deba prestarse en coordinación entre municipios limítrofes de distintas Comunidades Autónomas.
519. Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal tiene por objeto garantizar y proteger, en lo concerniente al tratamiento de datos personales: Las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas jurídicas, y especialmente de su privacidad y libertad ideológica Las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas y jurídicas, y especialmente de su intimidad e imagen Las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar Las libertades fundamentales y los derechos públicos de las personas físicas, y especialmente de su privacidad y libertad ideológica.
525. Se regirá por Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, todo tratamiento de datos de carácter personal: Cuando el responsable del tratamiento no esté establecido en territorio de la Unión Europea y utilice en el tratamiento de datos medios situados en territorio español Además del tratamiento de datos de carácter colectivo, cuando el responsable del tratamiento esté establecido en territorio de la Unión Europea y no utilice en el tratamiento de datos medios situados en territorio español Además del tratamiento de datos de carácter colectivo, cuando el responsable del tratamiento esté establecido en territorio de la Unión Europea y utilice en el tratamiento de datos medios situados en territorio español Cuando el responsable del tratamiento no esté establecido en territorio de la Unión Europea y utilice en el tratamiento de datos medios situados en territorio extranjero.
533. Los interesados a los que se soliciten datos personales deberán ser previamente informados de modo expreso, preciso e inequívoco: Del carácter siempre obligatorio de su respuesta a las preguntas que les sean planteadas Del carácter siempre facultativo de su respuesta a las preguntas que les sean planteadas Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que les sean planteadas De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, e imposibilidad de ejercitar los de cancelación y oposición.
536. Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal establece con respecto a los datos relativos a la salud que, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación estatal o autonómica sobre sanidad: Los centros sanitarios públicos y privados podrán proceder al tratamiento de los datos de carácter personal relativos a la salud de las personas que a ellos acudan Los centros sanitarios públicos no podrán proceder al tratamiento de los datos de carácter personal relativos a la salud de las personas que a ellos acudan Los centros sanitarios privados no podrán proceder al tratamiento de los datos de carácter personal relativos a la salud de las personas que a ellos acudan Si bien los centros sanitarios privados podrán proceder al tratamiento de los datos de carácter personal relativos a la salud de las personas que a ellos acudan, sus correspondiente profesionales no podrán hacerlo.
543. De acuerdo con el derecho de consulta al Registro General de Protección de Datos: El Registro General será de consulta onerosa El Registro General será de consulta pública y, en función de la tipología del dato protegido, gratuita u onerosa Sólo el afectado podrá conocer la identidad del responsable del tratamiento, recabando la información oportuna del Registro General, de forma gratuita u onerosa en función de la tipología del datos protegido El Registro General será de consulta pública.
551. De acuerdo con la Ley 3/2007, la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres es un principio informador del ordenamiento jurídico: Y como tal, se integrará en la aplicación de las normas jurídicas, pero no tiene por qué observarse en la interpretación de aquéllas Y como tal, se integrará y observará en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas Así como de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Así como de la jurisprudencia contencioso-administrativa.
560. De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2007, los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan discriminación por razón de sexo se considerarán: Siempre anulables Irregularidades no invalidantes Siempre convalidables Nulos y sin efecto.
562. En relación con el derecho de tutela judicial efectiva, la Ley Orgánica 3/2007 establece que: Cualquier persona, física o jurídica, estará legitimada en los litigios sobre acoso sexual Cualquier persona, física o jurídica, estará legitimada en los litigios sobre acoso por razón de sexo Cualquier persona podrá recabar de los tribunales la tutela del derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, incluso tras la terminación de la relación en la que supuestamente se ha producido la discriminación No podrá ejercerse tal derecho hasta que la Ley Orgánica 3/2007 sea objeto de desarrollo reglamentario.
568. En relación con la capacitación del personal al servicio de las administraciones públicas vascas, la Ley 4/2005 dispone que: Los temarios de los procesos de selección para el acceso al empleo público han de ser aprobados por Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, con el fin de garantizar la igualdad efectiva de mujeres y hombres En los temarios de los procesos de selección para el acceso al empleo público, las administraciones públicas vascas han de incluir contenidos relativos al principio de igualdad entre mujeres y hombres Los temarios de los procesos de selección para el acceso al empleo público han de ser informados previamente y de forma preceptiva por Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, con el fin de garantizar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres Las Diputaciones Forales y los Ayuntamientos han de encomendar a Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer la elaboración de planes de formación en materia de igualdad de mujeres y hombres para el personal a su servicio.
542. En relación con el derecho a la impugnación de las valoraciones, Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal establece que el afectado: Podrá impugnar el valor probatorio de la valoración sobre su comportamiento, basada en un tratamiento de datos de carácter personal Podrá impugnar los actos administrativos que impliquen una valoración de su comportamiento, cuyo único fundamento sea un tratamiento de datos de carácter personal que ofrezca una definición de su personalidad No podrá impugnar las decisiones privadas que impliquen una valoración de su comportamiento, cuyo único fundamento sea un tratamiento de datos de carácter personal que ofrezca una definición de sus características No podrá impugnar el valor probatorio de la valoración sobre su comportamiento, basada en un tratamiento de datos de carácter personal.
559. De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2007, la indemnidad frente a represalias supone que: Se considerará discriminación por razón de sexo, cualquier trato adverso que se produzca exclusivamente en una mujer, como consecuencia de haber presentado queja destinada a exigir el cumplimiento efectivo del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres en cuanto a las condiciones de trabajo de carácter retributivo Se considerará discriminación por razón de sexo, cualquier trato adverso que se produzca en una persona, como consecuencia de la presentación por su parte de denuncia, destinada a impedir su discriminación y a exigir el cumplimiento efectivo del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres Toda persona podrá presentar reclamación frente a represalias discriminatorias por razón de sexo no reguladas en la Ley Orgánica 3/2007 Toda persona podrá presentar reclamación frente a represalias discriminatorias por razón de sexo no reguladas en el Código Penal y en la Ley Orgánica 3/2007.
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