La Constitución Española se fundamenta: En la unidad de la Nación Española En el compromiso de todos los pueblos y nacionalidades integrantes de la Nación Española. En la indisoluble unidad de la Nación Española.
Los valores superiores del ordenamiento jurídico propugnados desde la Constitución Española son: La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La libertad, la justicia y la libre competencia. La libertad, la igualdad y el pluralismo político y sindical.
Sólo uno de los siguientes principios está garantizado constitucionalmente: La responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de la Administración Pública, tanto nacional, como autonómica o local. La responsabilidad de la Administración Pública. La interdicción de la arbitrariedad del poder judicial.
Una de las siguientes materias no es regulada en el Título Preliminar de la Constitución Española: Las Cortes Generales. Las Asociaciones de Empresarios. Las Fuerzas Armadas.
Conforme al artículo 3 de la Constitución Española, todos los españoles, con respecto al idioma oficial del Estado: Tienen el deber de usarlo. Tienen el deber de conocerlo y el derecho de usarlo. Tienen el deber y el derecho de conocerlo.
De acuerdo con la Constitución Española, las banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas, reconocidas en sus Estatutos: Se utilizarán junto con la española sólo en los actos oficiales de carácter estatal. Se utilizarán junto a la española en sus edificios públicos y en sus actos oficiales. La utilización conjunta de la bandera de España y la de cada Comunidad Autónoma es potestad de las autoridades de la administración autonómica.
Según la Constitución Española, los Tribunales de Honor: Se prohíben en el ámbito de la Administración Militar. Se prohíben en el ámbito de la Administración Gubernamental. Se prohíben en el ámbito de las organizaciones profesionales.
¿Cuál de las siguientes condiciones no se exige para ser Regente? Ser español. Ser miembro de la familia real. Ser mayor de edad.
De conformidad con la Constitución Española, el derecho a participar en los asuntos públicos: Podrá corresponder a los ciudadanos extranjeros, tanto para el sufragio activo como para el pasivo en las elecciones municipales. Sólo corresponde a los ciudadanos españoles. Podrá corresponder a los ciudadanos extranjeros, pero sólo para el derecho de sufragio activo en las elecciones municipales.
En relación con el derecho a la libertad religiosa, ¿qué establece la Constitución española? La reconoce, la garantiza y la protege. La reconoce. La garantiza.
Para la Constitución Española, la defensa de los consumidores a cargo de los poderes públicos protegerá, por procedimientos eficaces: La seguridad de los consumidores. La libre competencia. La economía de mercado.
De acuerdo con lo establecido en la Constitución Española, sólo uno de los siguientes derechos podrá ser suspendido en caso de se acuerde la declaración de estado de excepción o de sitio: Derecho de huelga. Derecho de petición colectiva. Derecho a obtener la tutela efectiva de Jueces y Tribunales.
Según la Constitución Española, las penas privativas de libertad: Podrán estar orientadas hacia la reeducación. Estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social, al contrario de lo que sucede con las medidas de seguridad. No podrán consistir en trabajos forzados.
De acuerdo con la Constitución Española, ¿Quiénes tienen derecho a la tutela judicial efectiva de jueces y tribunales?
Solo los ciudadanos españoles y los nacionales de países de la Unión Europea legalizados. Todos los ciudadanos de la Unión Europea y los españoles, pero no los extranjeros ajenos a ese ámbito. Todas las personas.
El derecho de huelga reconocido constitucionalmente en favor de los trabajadores para la defensa de sus intereses: Se hará compatible su ejercicio con la posible vulneración de los derechos de los empresarios. Carece de limitación. Se hará compatible su ejercicio con el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad, en todo caso.
¿Qué tipo de ley es necesaria para regular el desarrollo del artículo 21 de la Constitución española de 1978? Ley ordinaria. Ley de bases. Ley orgánica.
Según la Constitución Española, la educación tendrá por objeto: El pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto de los principios democráticos de convivencia, ya los derechos y libertades fundamentales. El pleno desarrollo de la personalidad humana conforme a los planes educativos aprobados por el Consejo Escolar Nacional a instancia de las Asociaciones Nacionales de Padres de Alumnos. El pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto de los principios democráticos marcados por cada colectivo educativo.
¿Qué carácter tiene la Corona de España, a tenor del artículo 57,1 de la Constitución? Constitucional. Electiva. Hereditaria.
Según el artículo 57 de la Constitución, las abdicaciones y renuncias se resolverán por una: Ley. Ley orgánica. Real Decreto.
De acuerdo con la Constitución Española, una de las siguientes no es función del Rey: Nombrar y separar a los miembros del Gobierno. En su caso, nombrar al candidato a presidente de Gobierno, así como poner fin a sus funciones en los términos previstos en la Constitución. Proponer los nombramientos de los miembros del Gobierno.
La normativa que regula en la actualidad el Estatuto de Autonomía de Canarias es: Ley Orgánica 1/2018. Ley Orgánica 10/1982. Ley 4/1996.
Según el Estatuto de Autonomía de Canarias, el presidente del Gobierno de Canarias es elegido: Por el Parlamento de Canarias. Por el Parlamento de Canarias de entre sus miembros. Por los ciudadanos, por sufragio directo, libre y secreto.
Según el Estatuto de Autonomía de Canarias, los órganos de gobierno, administración y representación de cada isla se denominan: Ayuntamientos. Federación de Municipios. Cabildos.
Las competencias para establecer la organización y el régimen de funcionamiento de su Administración, le corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias de forma íntegra: Desarrollo reglamentario. Función ejecutiva. Exclusiva.
No es función atribuida estatutariamente al Gobierno de Canarias: La potestad reglamentaria. Aprobar los presupuestos de la Comunidad Autónoma. Las funciones ejecutivas y administrativas.
Según el Estatuto de Autonomía de Canarias, la moción de censura al Gobierno de Canarias será presentada por: El presidente del Parlamento. 15 % de los miembros del Parlamento. Mayoría Absoluta de los miembros del Parlamento.
Según lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de Canarias, ostentará la más alta representación de Canarias: El Rey como jefe de Estado. El presidente de la Comunidad. El presidente de Parlamento.
¿En qué Título del Estatuto de Autonomía de Canarias se encuentran reguladas las Instituciones autonómicas de la misma? En el Título II. En el Título III. En el Título IV.
Según el Estatuto de Autonomía de Canarias, si transcurridos dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ninguna candidatura a la Presidencia de Canarias hubiera obtenido la confianza del Parlamento: Se propondrán otros candidatos. Quedará automáticamente disuelto. Queda investido el candidato que haya obtenido mayor número de votos.
El presidente del Gobierno de Canarias puede plantear ante el Parlamento la cuestión de confianza sobre su programa. La confianza se entenderá otorgada cuando el presidente obtenga: La mayoría cualificada de 3/5. La mayoría absoluta. La mayoría simple.
A tenor de lo recogido en el Estatuto de Autonomía de Canarias, el Gobierno en caso de extraordinaria y urgente necesidad podrá dictar normas con rango de ley, que se denominan: Real Decreto-Ley. Decretos Leyes. Decretos Legislativos.
De acuerdo con el artículo 48 del Estatuto de Autonomía de Canarias, para ser elegido presidente del Gobierno de Canarias, el candidato/a tiene que ostentar la condición de: Diputado del Parlamento de Canarias. Diputado en las Cortes Generales. Presidente de un partido político.
La persona elegida para ocupar la Presidencia del Gobierno de Canarias por el Parlamento autonómico será nombrada por: El presidente del Gobierno de la Nación. El Rey. El presidente del Parlamento de Canarias.
La determinación del número, denominación y competencias de las Consejerías del Gobierno de Canarias es competencia: Del Parlamento de Canarias. Del Consejo de Gobierno, a propuesta del presidente del Gobierno. Del presidente del Gobierno.
El Gobierno de Canarias responde solidariamente de su gestión política, ante: El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. El Rey. El Parlamento de Canarias.
De acuerdo con el artículo 56 del Estatuto de Autonomía de Canarias, quién puede disolver anticipadamente el Parlamento de Canarias: El presidente del Gobierno de Canarias. El presidente del Gobierno de la Nación. El presidente del Parlamento de Canarias.
Según el Estatuto de Autonomía de Canarias, el Gobierno de Canarias está compuesto por: Presidente, vicepresidente y consejeros. Presidente, consejeros y directores generales. Presidente, consejeros y Viceconsejeros.
Cuántos títulos conforman la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria. 7. 9. 10.
Definición de Hacienda Pública, conforme establece el artículo 6 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria: La Hacienda Pública está constituida por el conjunto de obligaciones de contenido económico cuya titularidad corresponda a los entes del sector público autonómico que sujeten su actividad al derecho público. La Hacienda Pública está constituida por el conjunto de derechos y obligaciones de contenido económico cuya titularidad corresponda a los entes del sector público autonómico que sujeten su actividad al derecho público. La Hacienda Pública está constituida por el conjunto de derechos de contenido económico cuya titularidad corresponda a los entes del sector público autonómico que sujeten su actividad al derecho público.
De acuerdo con la Ley de la Hacienda Pública Canaria, cuál de las siguientes entidades no forma parte del Sector público autonómico: La Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. Las sociedades mercantiles públicas definidas en la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias. Los Cabildos Insulares.
Según la Ley de la Hacienda Pública Canaria, cómo se clasifican los derechos de la Hacienda Pública: De naturaleza pública y de naturaleza privada. Sólo de naturaleza pública. Sólo de naturaleza pública privada.
El procedimiento, efectos y requisitos de las formas de extinción de los derechos de naturaleza pública de la Hacienda Pública se rigen por: Lo establecido en la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria. Lo establecido en la normativa tributaria. En ninguno de los casos mencionados.
¿En qué plazo prescriben los derechos de la Hacienda Pública? 4 años. 3 años. 5 años.
¿Por qué causas se extinguen las obligaciones de la Hacienda Pública? Por el nacimiento de un derecho. Por prescripción. Por las causas contempladas en el Código Civil y en el resto del ordenamiento jurídico.
Cuál es el interés de demora en la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria: El interés legal fijado en la Ley estatal de Presupuestos. El interés legal incrementado en un 25%. El interés legal fijado en la Ley autonómica de Presupuestos.
Definición de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, conforme establece el artículo 35 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria: La expresión conjunta y sistemática de los derechos y obligaciones a liquidar durante el ejercicio del sector público. La expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos del ejercicio por cada uno de los órganos y entidades que forman parte del sector público. La expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos y obligaciones a liquidar durante el ejercicio por cada uno de los órganos y entidades que forman parte del sector público.
Qué integran los escenarios presupuestarios plurianuales: Un estado de gastos. Un escenario de ingresos y un escenario de gastos. Un estado de ingresos.
Conforme a la Ley de la Hacienda Pública Canaria, los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias se presentarán y aprobarán atendiendo al cumplimiento de qué objetivo: La estabilidad presupuestaria. La seguridad jurídica. La sostenibilidad financiera.
De acuerdo a qué clasificaciones se estructura el estado de gastos de los entes del sector público con presupuesto limitativo, según la Ley de la Hacienda Pública Canaria: Clasificación orgánica, económica y territorial. Clasificación orgánica, por programas, económica y territorial. Clasificación orgánica, por programas, económica.
¿Cómo se aprueban los créditos extraordinarios y suplementos de créditos? Mediante Ley del Parlamento de Canarias. Por el consejero competente en materia de Hacienda. Mediante Acuerdo de Gobierno.
A los efectos de la Ley de la Hacienda Pública Canaria el sector público se divide en: Sector público con presupuesto limitativo y sector público con presupuesto convencional. Sector público con presupuesto limitativo y sector público con presupuesto ponderado. Sector público con presupuesto limitativo y sector público con presupuesto estimativo.
Según la Ley de la Hacienda Pública Canaria, los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias estarán integrados por: Los presupuestos de los sujetos del sector público con presupuesto convencional. Los presupuestos de operaciones corrientes y los de operaciones de capital y financieras de las entidades del sector público con presupuesto ponderado. Los presupuestos de operaciones corrientes y los de operaciones de capital y financieras de las entidades del sector público con presupuesto estimativo.
¿Cuál es el ámbito temporal de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias? Coincidirá con el año parlamentario. Coincidirá con el año natural. Coincidirá con el año hábil.
A efectos del procedimiento de elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, ¿Quién elabora el anteproyecto del estado de ingresos de la Administración Pública Canaria? El Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias. Cada departamento. La Consejería competente en materia de Hacienda.
¿Quién establece las directrices a las que se someterá la elaboración del presupuesto? La consejería competente en materia de Hacienda. El Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias, a propuesta de la consejería competente en materia de Hacienda. El presidente del Gobierno de Canarias.
¿A quién corresponde elevar al Gobierno de la Comunidad Autónoma Canaria, el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias? Al presidente del Gobierno de Canarias. A la Comisión Interdepartamental Presupuestaria (C.I.P.). Al consejero competente en materia de Hacienda.
¿En qué fecha se debe remitir al Parlamento de Canarias, el Proyecto Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias? Antes del día 1 de octubre del año anterior al que se refiera. Antes del día 1 de diciembre del año anterior al que se refiera. Antes del día 1 de noviembre del año anterior al que se refiera.
¿Qué sucederá si la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente? Se disuelve el Parlamento y se convoca elecciones. Se considerarán automáticamente prorrogados los presupuestos iniciales del ejercicio anterior, así como los créditos generados durante el ejercicio anterior y destinados a nuevas competencias, hasta la aprobación y publicación de los nuevos en el Boletín Oficial de Canarias. Se considerarán automáticamente prorrogados los presupuestos iniciales del ejercicio anterior, por los cuales se tendrán que regir durante el año, hasta que se elaboren lo presupuestos del año siguiente.
Señala cuál de los siguientes y a efectos de la Ley de la Hacienda Pública Canaria, forma parte del sector público con presupuesto limitativo: Las entidades públicas empresariales definidas en la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias. Las fundaciones públicas definidas en la Ley de Fundaciones Canarias. Los organismos autónomos dependientes de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
¿Cómo se agruparán los créditos según la clasificación económica de los gastos? Por capítulos, separando las operaciones corrientes, las de capital y las financieras. Por secciones y servicios, separando las operaciones corrientes, las de capital y las financieras. Por artículos, separando las operaciones comunes, las de capital y las financieras.
Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, la publicación de los actos administrativos se requiere cuando: Se separan del dictamen de órganos consultivos. Limitan derechos subjetivos. Existe una pluralidad indeterminada de destinatarios.
¿Qué artículo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas establece los casos en los que debe motivarse un acto administrativo? El artículo 53. El artículo 35. El artículo 55.
Uno de los objetos que regula la Ley 39/2015, de 1 de octubre, es el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas. ¿Cuál es la justificación jurídica de esta reserva material? El Preámbulo de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, de 26 de julio de 1957. El artículo 149.1.18 de la Constitución española de 1978.
Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, ¿Qué implica la realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas? La nulidad de pleno derecho. La nulidad del acto cuando así lo disponga la naturaleza del término o plazo. La anulabilidad del acto cuando así lo disponga la naturaleza del término o plazo.
Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, si un acto administrativo nulo ha derivado en firme, por no haber sido recurrido en tiempo y forma: Solamente cabe contra el mismo el recurso administrativo de reposición. Solamente cabe contra el mismo la revisión de oficio en el plazo de 4 años. Cabe contra el mismo la revisión de oficio, sin límite de tiempo.
Señale la respuesta incorrecta en relación a la nulidad y anulabilidad de los actos administrativos: La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. Los actos en los que la administración incurra en desviación de poder en todo caso. El defecto de forma en todo caso.
Señale la respuesta incorrecta de lo regulado por la ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común, en relación con la actividad de las Administraciones Públicas, respecto de la estimación y desestimación por silencio administrativo: El silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos que una norma de Derecho internacional aplicable en España así lo establezca. El silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución. El sentido del silencio será estimatorio en los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones y en los de revisión de oficio iniciados a solicitud de los interesados.
La técnica mediante la cual los actos nulos o anulables que contengan los elementos constitutivos de otro distinto producirán los efectos de éste, se denomina: Conservación de actos y trámites. Convalidación de actos y trámites. Conversión de actos viciados.
Señale la respuesta incorrecta respecto de los actos de las Administraciones Públicas, donde se indica que son nulos de pleno derecho en los casos siguientes: Los que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio. Los que tengan un contenido imposible.
Señale la respuesta incorrecta respecto de los actos de las Administraciones Públicas, donde se indica que son nulos de pleno derecho en los casos siguientes: Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición. Cualquiera que se establezca expresamente en una disposición con rango de Ley o reglamentaria. Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido.
Serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas (señala la incorrecta): Que establezcan la irretroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Que vulneren las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior. Que regulen materias reservadas a la Ley.
Según ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, respecto de la suspensión del plazo máximo para resolver del artículo 22 de la presente ley, señale cuál de las siguientes opciones considera incorrecta: Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias o la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios, se podrá suspender el plazo máximo para resolver por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario, o, en su defecto, por el del plazo concedido. Cuando exista un procedimiento no finalizado en el ámbito de la Unión Europea que condicione directamente el contenido de la resolución de que se trate, se suspenderá el plazo máximo para resolver desde que se tenga constancia de su existencia, lo que deberá ser comunicado a los interesados, hasta que se resuelva, lo que también habrá de ser notificado. Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes propuestos por los interesados, se podrá suspender el plazo máximo para resolver durante el tiempo necesario para la incorporación de los resultados al expediente.
Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, es una causa de anulabilidad: Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. Los que tengan un contenido imposible. Los que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.
Si el vicio consistiera en incompetencia no determinante de nulidad, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, determina que: La convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea inferior jerárquico del que dictó el acto viciado. La convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado. No podrá realizarse la convalidación.
Respecto a la anulabilidad de los actos administrativos: El defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. Todas son correctas. Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, salvo la desviación de poder.
En relación con los actos administrativos nulos, señale la respuesta falsa: La Administración podrá convalidarlos, subsanando los vicios de los que adolezcan. La nulidad de un acto no implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero. Los actos nulos que contengan los elementos constitutivos de otro distinto producirán los efectos de éste.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la nulidad o anulabilidad de un acto administrativo: Va a implicar la nulidad o anulabilidad de los sucesivos en el procedimiento, en todos los casos que el interesado así lo solicite. No implicará la nulidad o anulabilidad de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero. Implicará la de los sucesivos en el procedimiento, sean o no independientes del primero, siempre que se trate de actos desfavorables o de gravamen.
Si un acto es impugnado basándose en una causa del art. 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas: Será declarado nulo automáticamente. Podrá suspenderse su ejecución. No podrá suspenderse su ejecución.
Cuando los particulares sufren una lesión como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, concurriendo fuerza mayor ¿tienen derecho a ser indemnizados por la Administración? Sí, en cualquier caso. Sí, una indemnización económica en función de lo que resulte acreditado. No.
En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo: La Administración le advertirá que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del mismo. La Administración e advertirá que, transcurridos seis meses, se producirá la caducidad del mismo. La Administración le advertirá que continuará el procedimiento sin su audiencia.
De acuerdo con el artículo 12 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en relación a que los interesados puedan relacionarse con la Administración a través de medios electrónicos: Deberá ser garantizado por las Administraciones Públicas. Podrá ser garantizado por las Administraciones Públicas. Es potestativo para cada Administración Pública.
Las personas que promuevan un procedimiento administrativo como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos, se denominan: Afectados. Interesados. Administrados.
Siguiendo el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, si la condición de interesado derivase de una relación jurídica transmisible, ¿Quién sucederá en la condición de interesado? El heredero. El derecho - habiente. El sucesor.
Siguiendo el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, para actos de gestión y mero trámite: Se presumirá la representación. Se deberá acreditar la representación. No se puede actuar con representante.
Siguiendo el artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, contra el acuerdo de acumulación de procedimientos, cabrá: Recurso extraordinario de revisión. Recurso potestativo de reposición. No cabrá recurso alguno.
¿Cuál de las siguientes no es una forma de inicio de oficio de un procedimiento administrativo? Por solicitud de un interesado. Por petición razonada de otro órgano. Como consecuencia de una orden superior.
Cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados, las actuaciones a que den lugar se efectuarán con: Con el interesado que decida la Administración actuante. Con el interesado que se haya señalado. Siempre con el que aparece en primer lugar.
Se podrá solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial cuando no haya prescrito el derecho a reclamar. El derecho a reclamar prescribirá: A los seis meses de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. Al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. A dos años de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.
Siguiendo el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, iniciado un procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver: Debe continuarse el procedimiento hasta el final. Se puede resolver el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda. Se resuelve el expediente sin imponer sanción alguna.
El conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedentes y fundamentos a la resolución, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla, se denomina: Cuerpo probatorio. Procedimiento administrativo. Expediente administrativo.
Siguiendo el artículo 71 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el procedimiento, sometido al principio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites y a través de medios electrónicos, respetando los principios de: Economía y simplificación. Transparencia y publicidad. Eficacia y eficiencia.
Siguiendo el artículo 72 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, acordar en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo y no sea obligado su cumplimiento sucesivo, lo denomina: Concentración de trámites. Acumulación de trámites. Concatenación de trámites.
La apertura del periodo de prueba dentro de un procedimiento administrativo tendrá un plazo de: No superior a treinta días ni inferior a diez. No superior a dos meses ni inferior a un mes. No superior a cuarenta y cinco días ni inferior a quince.
En un procedimiento administrativo que se esté instruyendo, el instructor podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados: Nunca. Siempre. Sólo cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias.
Salvo disposición expresa en contrario, los informes que deban emitirse dentro de los procedimientos administrativos serán: Facultativos y vinculantes. Facultativos y no vinculantes. Obligatorios y vinculantes.
En los casos de procedimientos de responsabilidad patrimonial será preceptivo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable, no pudiendo exceder su emisión de un plazo de: 10 días. 15 días. 1 mes.
En el caso de reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, será preceptivo el informe de: Ministerio de Justicia. Abogacía del Estado. Consejo General del Poder Judicial.
Siguiendo el artículo 71 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, instruido el procedimiento e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se dará al interesado, el denominado: Trámite de alegaciones. Trámite de audiencia. Trámite de conocimiento.
¿Cuál es la normativa vigente que regula la materia de los contratos del Sector Público? Ley 9/2017 de 8 de noviembre. Ley 30/2007 de 30 de octubre. Real Decreto Legislativo 2/2000.
A tenor de lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, la tramitación de los expedientes de contratación puede ser: Ordinaria y extraordinaria. Ordinaria, urgente o de emergencia. Abierta, restringido o negociada.
A efectos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, la adjudicación de contratos del sector público ¿Cómo se ha de realizar ordinariamente? Utilizando cualquiera de los procedimientos de contratación. Utilizando solamente el procedimiento abierto. Utilizando el procedimiento abierto o el procedimiento restringido.
Una vez completado el expediente de contratación, según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público ¿a quién corresponde aprobarlo y disponer la apertura del procedimiento de adjudicación? En todo caso, a los consejeros. En todo caso, a los secretarios generales Técnicos. En todo caso, al órgano de contratación.
Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público Ordinariamente, en el expediente de contratación en el sector público ¿Cómo se ha justificar la elección del procedimiento? Adecuadamente. No se precisa justificación, cuando la misma se contiene tácitamente. De forma somera.
Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público ¿qué se consideran contratos menores? Los contratos de importe inferior a 15.000 euros, cuanto se trate de contratos de obras, o a 40.000 euros, cuando se trate de otros contratos. Solo los contratos de importe inferior a 40.000 euros y superior a 30.000 euros, cuando se trate de contratos de obras. Los contratos de importe inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o de 15.000 euros, cuando se trate de otros contratos.
Los contratos administrativos se perfeccionan, según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, cualquiera que sea el procedimiento o la forma de adjudicación utilizados: Mediante la adjudicación realizada por el órgano competente. Cuando se formalizan. Cuando se licitan.
Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público ¿Puede la Administración contratar verbalmente? La Administración no podrá contratar verbalmente, en ningún caso. La Administración no podrá contratar verbalmente, salvo que el contrato tenga carácter de emergencia. La Administración no podrá contratar verbalmente, salvo pacto excepcional realizado con la empresa y previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa.
A tenor de lo establecido por la norma legal reguladora de los contratos de las Administraciones Públicas, señale de las siguientes respuestas aquélla que haga referencia a un órgano de contratación: La Mesa de Contratación. El consejero. El Gobierno.
No pueden contratar, según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, con la Administración Pública: Los que no estén al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social. Los que tengan pendiente de pago multas de tráfico. Los que estén siendo objeto de inspección por los órganos competentes de la Administración tributaria.
El límite cuantitativo, según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, para exigir la clasificación en los contratos de obras será de: 500.000 €. 200.000 €. 700.000 €.
Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público ¿Cuándo se aprueban los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares? Previa o conjuntamente a la autorización del gasto y siempre antes de la adjudicación del contrato. Siempre con carácter previo a la autorización del gasto y antes de la perfección y, en su caso, licitación del contrato. Siempre conjuntamente a la autorización del gasto y antes de la licitación del contrato.
Una vez perfeccionado el contrato, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, el órgano de contratación: No podrá introducir modificaciones. Sólo podrá introducir modificaciones por razón de interés público en los elementos que lo integran, solo en el caso en que sean debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas, justificándolo debidamente en el expediente. Podrá introducir las modificaciones que requiera el interés público, y será preciso su formalización en documento administrativo o escritura pública.
Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, tendrán carácter administrativo los siguientes contratos que se celebren por una Administración Pública: Concesión de servicios públicos. Compraventa y demás negocios jurídicos análogos sobre bienes inmuebles. Suscripción a revistas de carácter periódico.
Un expediente de contratación, según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público se puede tramitar de forma abreviada mediante: La tramitación urgente del expediente. La tramitación de un contrato menor. La tramitación de un negociado sin publicidad.
Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público ¿Cuál no es un tipo de contrato? Obras. Convenio. Concesión de servicios.
A efectos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, la duración de los contratos de concesión obras será de: 20 años. No podrá exceder de 20 años. 40 años.
Según el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, los pliegos de cláusulas administrativas particulares deberán aprobarse: Previamente a la autorización del gasto o conjuntamente con ella. Posteriormente a la autorización del gasto o conjuntamente con ella. Conjuntamente con la licitación del contrato.
La Ley de Contratos del Sector Público prevé que: En el cómputo de plazos establecidos, se entenderá que los días son hábiles. Los contratos de emergencia podrán ser verbales. La inderogabilidad singular de reglamentos impide que los pliegos particulares sean contrarios a los pliegos generales.
Los contratos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o un suministro, son los contratos de: Concesión de obras. Concesión de servicios. Servicios.
Según lo que establece la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, no podrán obtener la condición de beneficiario de una subvención: Los condenados mediante sentencia a la pérdida de la posibilidad de obtener ayudas. Los que tengan la residencia fiscal fuera de España.
Los que hayan dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.
Conforme a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones en la gestión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva: La tramitación del expediente de gasto se inicia una vez publicada la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado y abierto el plazo de presentación de solicitudes. El reconocimiento de la obligación es previo a la justificación de la aplicación de los fondos por el beneficiario y a la acreditación de que éste se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. El proceso de selección de los beneficiarios culmina con una resolución del órgano concedente, que llevará consigo el compromiso de gasto por el importe de las subvenciones concedidas.
Conforme a la Ley General de Subvenciones, el procedimiento de concesión de una subvención en régimen de concurrencia competitiva se inicia: A instancia de los beneficiarios de una subvención. A instancia del centro gestor de los créditos a distribuir. De oficio mediante convocatoria aprobada por el órgano competente.
Según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, deben concederse por concurrencia competitiva las subvenciones: Con asignación nominal en los Presupuestos Generales del Estado. Las de cuantía impuesta por una norma de rango legal. Las que se concedan con criterios de valoración previamente fijados.
Señale la afirmación correcta. De acuerdo con la Ley 38/2003 General de Subvenciones será nula la resolución de una concesión que: Sea constitutiva de infracción administrativa. Se otorgue a favor de persona que no haya justificado la entrega de los fondos percibidos. Se otorgue a favor de persona que no esté al corriente de sus obligaciones tributarias.
Señale la afirmación correcta. De acuerdo la Ley 38/2003, la subvención es un instrumento de la actividad administrativa: De servicio público. De limitación. De fomento.
Según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones en el gasto de subvenciones, ¿en qué momento debe efectuarse la aprobación del gasto? Una vez aprobada la propuesta de resolución definitiva. Durante la instrucción del procedimiento de concesión. Con carácter previo a la convocatoria de la subvención.
La Ley 38/2003 General de Subvenciones determina que para poder otorgar una subvención: Deben aprobarse, con carácter previo a su otorgamiento, las normas que establezcan las bases reguladoras de concesión de la subvención. Debe publicarse en el Boletín Oficial del Estado la existencia de crédito adecuado y suficiente para la concesión de la subvención en cuestión. Deben aprobarse las bases reguladoras, una vez se ha tramitado el procedimiento de concesión.
De conformidad con la Ley General de Subvenciones, el beneficiario de una subvención: Puede ser una persona física o jurídica. Puede ser sólo una persona física. Ha de ser una persona jurídica necesariamente, ya que las personas físicas reciben ayudas, no subvenciones.
El procedimiento de reintegro de subvenciones: Se iniciará de oficio y no interrumpe el plazo de prescripción de que dispone la Administración para exigir el reintegro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la Ley General de Subvenciones. Se iniciará de oficio, como consecuencia de la propia iniciativa del órgano concedente, a propuesta de la Intervención General o de otros órganos o de denuncia. La resolución de este procedimiento se dictará previa instrucción de procedimiento administrativo con audiencia del interesado por un plazo no inferior a 15 días hábiles.
Tienen carácter de subvención pública, a los efectos de la Ley General de Subvenciones: Las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social. Las prestaciones por razón de terrorismo. Las actividades subvencionables de las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
De acuerdo con lo establecido en la vigente Ley General de Subvenciones, ¿Cuál de los siguientes informes se debe recabar con carácter previo a la aprobación de las bases reguladoras de las subvenciones?: El informe del Ministerio de Economía y Hacienda. El informe del Ministerio de Administraciones Públicas. El informe de la Intervención delegada correspondiente.
Según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, ¿cuál es el concepto de subvención? Toda disposición dineraria realizada por cuales quiera de los sujetos contemplados en el artículo 3 de esta ley, a favor de personas públicas o privadas, cumpliendo una serie de requisitos. Toda disposición normativa realizada por cualesquiera de los sujetos contemplados en el artículo 3 de esta ley, a favor de personas públicas o privadas, y que cumpla los siguientes requisitos. Toda disposición dineraria realizada por cualesquiera de los sujetos contemplados en la normativa de contratos, a favor de personas privadas, y que cumpla los siguientes requisitos.
¿Según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, ¿la disposición dineraria realizada ha de hacerse con contraprestación directa de los beneficiarios? No. Sí. Sí, salvo los menores.
Las aportaciones dinerarias entre diferentes Administraciones públicas, para financiar globalmente la actividad de la Administración a la que vayan destinadas, según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, ¿están comprendidas en el ámbito de aplicación de la citada Ley? Sí. No. Sí, cuando la cuantía sea superior a la cantidad subvencionada.
Según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, no tienen carácter de subvenciones, entre otras: Las prestaciones contributivas y no contributivas del Sistema de la Seguridad Social. Las pensiones asistenciales por ancianidad a favor de los españoles no residentes en España, en los términos establecidos en su normativa reguladora. Las prestaciones derivadas del sistema de clases pasivas del Estado, pensiones de guerra y otras pensiones y prestaciones por razón de actos de terrorismo. Las prestaciones reconocidas por el Fondo de Garantía Salarial. Los beneficios fiscales y beneficios en la cotización a la Seguridad Social. Las dos anteriores son correctas.
Según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, quedan excluidos del ámbito de aplicación de la ley: Los premios que se otorguen sin la previa solicitud del beneficiario. Las subvenciones previstas en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Las subvenciones reguladas en la Ley Orgánica de Financiación de los Partidos Políticos. Las subvenciones a los grupos parlamentarios de las Cámaras de las Cortes Generales, en los términos previstos en los Reglamentos del Congreso de los Diputados y del Senado, así como las subvenciones a los grupos parlamentarios de las Asambleas autonómicas y a los grupos políticos de las corporaciones locales, según establezca su propia normativa. Las dos anteriores son correctas.
Según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dentro de los requisitos para el otorgamiento de las subvenciones, con carácter previo a dicho otorgamiento deberán: Aprobarse las normas que establezcan las bases reguladoras de concesión en los términos establecidos en la Ley de Contratos. Aprobarse las normas que establezcan las bases reguladoras de concesión en los términos establecidos en la Ley General de Patrimonio. Ninguna de las anteriores es cierta.
Según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, tendrá la consideración de beneficiario de subvenciones: Aquellos que la soliciten dentro del plazo. La persona que haya de realizar la actividad que fundamentó su otorgamiento o que se encuentre en la situación que legitima su concesión. Ninguna de las anteriores es correcta.
Es obligación de la entidad colaboradora, según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, entre otras: Justificar la entrega de los fondos percibidos ante el órgano concedente de la subvención y, en su caso, entregar la justificación presentada por los beneficiarios. Comprobar, en su caso, el cumplimiento y efectividad de las condiciones o requisitos determinantes para su otorgamiento, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención. Las dos anteriores son correctas.
¿Es obligación del beneficiario de una subvención, según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, ¿en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control? Sí. No, porque ya quedó acreditada la justificación al otorgársele la subvención. Sí, pero solo en caso de subvenciones superiores a los diez mil euros.
Según el EBEP Los funcionarios de carrera se hallarán en alguna de las siguientes situaciones: Servicio activo, servicios especiales, servicio en otras Administraciones Públicas, excedencia y suspensión. Servicio activo, servicios especiales, servicio en otras Administraciones Públicas, excedencia. Servicio activo, servicios especiales, servicio en otras Administraciones Públicas, excedencia e incapacidad laboral temporal.
Conforme al artículo 89.2 del Estatuto Básico del Empleado Público, la excedencia voluntaria por interés particular se podrá solicitar cuando: Cuando hayan prestado servicios efectivos mínimo de cinco años inmediatamente anteriores, en cualquier administración. Cuando hayan prestado servicio efectivos mínimo de cinco años inmediatamente anteriores en la administración donde prestan en la actualidad sus servicios. Cuando hayan prestado servicio efectivos mínimo de cuatro años inmediatamente anteriores, en cualquier administración.
Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, se entienden por funcionarios interinos: Es personal eventual el que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin. Son funcionarios de carrera quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente. A los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales con carácter temporal para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera.
Señale cómo se clasifican los empleados públicos de acuerdo con el Estatuto Básico del Empleado Público: Funcionarios de carrera, personal laboral y personal estatutario. Funcionarios de carrera, funcionarios interinos y personal estatutario. Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral y personal eventual.
Conforme al Estatuto Básico del Empleado Público ¿Qué tipo de personal es el que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o de asesoramiento especial? Personal eventual. Funcionario interino. Personal directivo.
Conforme al Estatuto Básico del Empleado Público, ¿Qué derechos retributivos se reconocen a las funcionarias víctimas de violencia de género que pasen a la situación de excedencia por razón de violencia de género? El abono de las retribuciones básicas durante los dos primeros meses. El abono de las retribuciones complementarias durante los dos primeros meses. El abono de las retribuciones íntegras durante los dos primeros meses.
Conforme al Estatuto Básico del Empleado Público ¿a qué tipo de personal le corresponde el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas? A los funcionarios. Al personal laboral. Al personal eventual.
Conforme al Estatuto Básico del Empleado Público y en orden a la provisión de puestos de trabajo ¿Qué tipo de personal debe pasar a la situación administrativa de servicios especiales cuando sean activados como reservistas voluntarios para prestar servicios en las Fuerzas Armadas? Los funcionarios. Los funcionarios de carrera. El personal laboral.
En las Ofertas de Empleo Público se reservará, para ser cubiertas entre personas con discapacidad cuyo grado de minusvalía sea igual o superior al 33 por ciento, un cupo de plazas no inferior al: Tres por ciento. 3% Cinco por ciento.5% Siete por ciento. 7%.
Según el EBEP, ¿Cuánto días de permiso se le conceden a los funcionarios por motivo de fallecimiento de un familiar dentro del segundo grado de consanguinidad, si no se precisa trasladarse de localidad? 4 días. 5 días. 2 días.
¿Cuánto días de permiso, según el EBEP, tienen los funcionarios públicos por cambio de domicilio sin cambio de residencia? Ninguno. 1 día. 3 días.
En el EBEP, los funcionarios públicos tienen derecho, por asuntos particulares, hasta: 7 días. 5 días. 6 días.
Al cumplir el octavo trienio, ¿en cuántos días se ve incrementado el permiso por asuntos particulares? 1 día. 2 días. 3 días.
¿Cuánto tiempo, según el EBEP, tiene de permiso de ausencia de trabajo por lactancia el funcionario que es padre de un hijo de menor de 12 meses? Ningún tiempo, al ser un permiso que sólo puede disfrutar la madre. Media hora, al tener que ser compartido entre los progenitores. Una hora, ya que este derecho puede ser ejercido indistintamente por uno u otro de los progenitores.
En caso de que el hijo recién nacido tenga que permanecer en el hospital a continuación del parto, ¿tienen derecho los progenitores funcionarios, a algún tipo de reducción laboral? Sí, a la ausencia del trabajo durante dos horas diarias como máximo. Sí, a la ausencia del trabajo durante tres horas diarias como máximo. No, en ningún caso.
¿Tiene derecho, según el EBEP el funcionario a permisos para realizar pruebas definitivas de aptitud y exámenes finales? No, en ningún caso. Sí, pero sólo si son Universitarias. Sí, durante los días de su celebración.
¿Cuál de las siguientes es una de las medidas recogidas en el EBEP, en relación a las funcionarias víctimas de violencia de género? Tendrán derecho a la reducción de la jornada con disminución proporcional de la retribución, o la reordenación del tiempo de trabajo. Tendrán derecho a la reducción de la jornada sin disminución proporcional de la retribución, o la reordenación del tiempo de trabajo. No tendrán derecho en ningún caso a la reducción de la jornada con disminución proporcional de la retribución, pero si a la reordenación del tiempo de trabajo.
Conforme al artículo 34 de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria, indique cuál de las siguientes, es una causa de pérdida de la condición de funcionario: La incorrección con el público, superiores, compañeros o subordinados. Sentencia firme que imponga el funcionario pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para el desempeño de cargo público. Excedencia forzosa.
De conformidad con el artículo 4 de la Ley 2/1987 de Función Pública Canaria, ¿Cuál de los siguientes órganos superiores no tiene competencias en materia de personal? El Gobierno de Canarias. El consejero competente en materia de Hacienda. La Comisión de Asuntos Preparatorios del Gobierno.
En cuanto a las medidas específicas para prevenir la comisión de delitos y otras conductas contra la libertad sexual y la integridad moral en el trabajo, tras la redacción del artículo 48 de la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, señale la opción correcta: Las empresas deberán promover condiciones de trabajo que eviten la comisión de delitos y otras conductas contra la libertad sexual y la integridad moral en el trabajo, incidiendo especialmente en el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, incluidos los cometidos en el ámbito digital. Con esta finalidad se podrán establecer medidas que deberán negociarse con los representantes de los trabajadores, tales como la elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, la realización de campañas informativas o acciones de formación. Ambas opciones son correctas.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, el derecho a la reparación de las víctimas, incorporado por la Ley Orgánica 10/2022, comprenderá: La compensación económica por los daños y perjuicios derivados de la violencia, las medidas necesarias para su completa recuperación física, psíquica y social, las acciones de reparación simbólica y las garantías de no repetición. La compensación moral por los daños y perjuicios derivados de la violencia, las medidas necesarias para su completa recuperación física, las acciones de reparación simbólica y la disculpa pública en medios de comunicación social. La compensación económica por los daños y perjuicios derivados de la violencia, las medidas necesarias para su completa recuperación física, psíquica y social y una indemnización adicional para las mujeres con más de cuatro hijos.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, quiénes serán los encargados de diseñar protocolos de actuación global e integral en casos de violencia de género: El Gobierno y las comunidades autónomas que hayan asumido competencias en materia de justicia, organizarán en el ámbito que a cada una le es propio los servicios forenses de modo que cuenten con unidades de valoración forense integral. El Gobierno y las comunidades autónomas que hayan asumido competencias en materia de igualdad, organizarán en el ámbito que a cada una le es propio los servicios de igualdad de modo que cuenten con unidades de valoración social integral. Las comunidades autónomas y los Cabildos que hayan asumido competencias en materia de justicia organizarán, en el ámbito que a cada una le es propio, los servicios forenses de modo que cuenten con unidades de valoración forense integral.
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: Establece principios de actuación de los Poderes Públicos. Únicamente regula derechos y deberes de las personas físicas. Prevé medidas destinadas a eliminar y corregir exclusivamente en el sector público, toda forma de discriminación por razón de sexo.
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, tiene por objeto: Hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. Promover las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas. El pleno reconocimiento de la igualdad formal ante la ley.
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, tiene por objeto la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas: Política y civil. Laboral y económica. Ambas son correctas.
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, establece que gozarán de los derechos derivados del principio de igualdad de trato y de la prohibición de discriminación por razón de sexo: Todas las personas. Solo las mujeres. Las mujeres y los hombres.
El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, establece: Las personas son iguales en dignidad humana, e iguales en derechos y deberes. Las mujeres y los hombres son iguales en dignidad humana, e iguales en derechos y deberes. Las personas son iguales ante la ley, e iguales en derechos y deberes.
Las obligaciones establecidas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, serán de aplicación a toda persona: Física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español, con nacionalidad, domicilio o residencia española. Física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia. Física o jurídica, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia, aunque no se encuentre o actúe en territorio español.
El órgano colegiado adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se denomina conforme el art. 30 de la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género: Observatorio Estatal de Igualdad y Violencia de Género. Observatorio Estatal de Violencia de Género. Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer.
Según la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en el ámbito educativo, la Educación Infantil contribuirá a: Desarrollar en la infancia el aprendizaje en la resolución pacífica de conflictos. Desarrollar en el alumnado su capacidad para adquirir habilidades en la resolución pacífica de conflictos y para comprender y respetar la igualdad entre sexos. Desarrollar en el alumnado la capacidad para relacionarse con los demás de forma pacífica y para conocer, valorar y respetar la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.
Según la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en el ámbito educativo, la Educación Primaria contribuirá a: Desarrollar en el alumnado su capacidad para adquirir habilidades en la resolución pacífica de conflictos y para comprender y respetar la igualdad entre sexos. Desarrollar en la infancia el aprendizaje en la resolución pacífica de conflictos. Ninguna de las anteriores es correcta.
Según la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en el ámbito educativo, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a: Desarrollar en el alumnado la capacidad para consolidar su madurez personal, social y moral, que les permita actuar de forma responsable y autónoma y para analizar y valorar críticamente las desigualdades de sexo y fomentar la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Desarrollar en el alumnado la capacidad para relacionarse con los demás de forma pacífica y para conocer, valorar y respetar la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres. Desarrollar en la infancia el aprendizaje en la resolución pacífica de conflictos. .
Según la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en relación a la escolarización en caso de violencia de género: Las Administraciones competentes deberán prever la escolarización inmediata de los hijos que se vean afectados por un cambio de residencia derivada de actos de violencia de género. Las Administraciones competentes deberán prever la escolarización en el curso del año siguiente, de los hijos que se vean afectados por un cambio de residencia derivada de actos de violencia de género. Las dos anteriores son correctas.
Qué significa la indemnidad frente a represalias, según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: Cualquier trato adverso o efecto negativo que se produzca en una persona como consecuencia de la presentación por su parte de queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso, de cualquier tipo, destinados a impedir su discriminación y a exigir el cumplimiento efectivo del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres. Cualquier trato inverso o efecto positivo que se produzca en una persona como consecuencia de la presentación por su parte de queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso, de cualquier tipo, destinados a impedir su discriminación y a exigir el cumplimiento efectivo del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres. Ninguna de las anteriores es correcta.
Los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de sexo se considerarán, según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: Anulables. Nulos y sin efecto. Incorrectos.
En relación a la tutela judicial efectiva, según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la persona acosada será: La única legitimada en los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo. La principal legitimada en los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo. Legitimada, si así lo solicita solo en los litigios sobre acoso sexual.
En relación a la prueba, según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de acuerdo con las Leyes procesales, en aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias, por razón de sexo, corresponderá a la persona: Demandante probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad. Demandada probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad. Ninguna de las anteriores es correcta.
Según el artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, ¿Cómo se considera la situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable? Discriminación directa por razón del sexo. Discriminación indirecta por razón del sexo. Discriminación directa por razón del género.
Según el artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo, se define como: Agresión sexual. Acoso sexual. Abuso sexual.
En el marco de una solicitud de acceso a la información, cuando ésta no contuviera datos especialmente protegidos, el órgano al que se dirija la solicitud concederá el acceso previa ponderación suficientemente razonada del interés público en la divulgación de la información ¿Cuáles de estos no es un criterio marcado por la ley? El menor perjuicio a los afectados derivados del transcurso de los plazos establecidos en el artículo 57 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. La justificación por los solicitantes de su petición en el ejercicio de un derecho que tengan la condición de empleados públicos y motiven el acceso para fines de interés público. El menor perjuicio de los derechos de los afectados en caso de que los documentos únicamente contuviesen datos de carácter meramente identificativo de aquéllos.
Conforme a la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública de Canarias, las resoluciones de acceso a la información de los órganos de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias podrán ser impugnadas: Preceptivamente, previamente a la vía contencioso-administrativa, ante el mismo órgano que dictó la resolución. Preceptivamente, previamente a la vía contencioso-administrativa, ante el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Potestativamente, previamente a la vía contencioso-administrativa, ante el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
De acuerdo con el artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el tratamiento de los datos personales de un menor de edad se considerará lícito: Siempre que sea mayor de 14 años cuando conste su consentimiento conforme. Siempre que sea mayor de 14 años cuando conste el consentimiento conforme del titular de la patria potestad o tutela, con el alcance que determinen éstos. Nunca podrá ser objeto de tratamiento si tiene una edad inferior a 13 años.
De acuerdo con el art. 5.5 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, toda la información será comprensible, de acceso fácil y gratuito y estará a disposición de las personas con discapacidad, conforme al principio de: Accesibilidad universal, y diseño para todos. Acceso público y gratuito. Acceso general.
En cumplimiento de la publicidad activa de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, la concesión de autorizaciones de compatibilidad para segundas actividades del personal al servicio del sector público: Alcanza únicamente a las actividades privadas, siendo objeto de publicación en el Boletín Oficial de Canarias especificando la identificación del personal, el puesto de trabajo que desempeña y la actividad o actividades para la que se autoriza la compatibilidad. Alcanza a las actividades públicas y privadas, siendo objeto de publicación en el Boletín Oficial de Canarias especificando la identificación del personal, el puesto de trabajo que desempeña y la actividad o actividades para la que se autoriza la compatibilidad. Alcanza a las actividades públicas y privadas, siendo objeto de publicación en el Boletín Oficial de Canarias especificando la identificación del personal, el puesto de trabajo que desempeña y la actividad o actividades para la que se autoriza la compatibilidad y el horario que dedica a cada actividad.
El plazo máximo en que debe dictarse la resolución expresa de tutela de los derechos de oposición, acceso, rectificación o cancelación, previstos en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, será de: Diez días. Un mes. Seis meses.
La Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal tiene por objeto garantizar y proteger en lo que concierne al tratamiento de los datos personales: Las libertades públicas de las personas físicas. Los derechos fundamentales de las personas físicas y jurídicas. Las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas.
La Ley Orgánica de Protección de Datos: Establece cuáles son sus objetivos, su objeto y cuáles son los datos, ficheros y tratamiento a los que se aplica. Establece cuáles son los requisitos para la creación de ficheros de titularidad pública y privada. Ambas son correctas.
Los interesados tienen derecho a obtener la supresión de los datos personales que le conciernen: Cuando sean tratados conforme al consentimiento expreso prestado, pero estén incompletos. Cuando su tratamiento sea necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. Cuando los datos hayan sido tratados ilícitamente.
La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal tiene por objeto garantizar y proteger en lo que concierne al tratamiento de los datos personales: Garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en el artículo 18.4 de la Constitución. Los derechos fundamentales de las personas físicas y jurídicas. Las libertades públicas de las personas físicas.
La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, establece los siguientes derechos: Derecho de acceso, derecho de rectificación y derecho de supresión. Derecho de acceso, derecho de rectificación, derecho a la limitación del tratamiento, derecho a la portabilidad, derecho de oposición. Derecho de acceso, derecho de rectificación y cancelación.
La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, sobre el tratamiento de datos relativos a infracciones y sanciones administrativas, incluido el mantenimiento de registros relacionados con las mismas, exigirá: Que los responsables de dichos tratamientos sean los órganos competentes para la instrucción del procedimiento sancionador, para la declaración de las infracciones o la imposición de las sanciones. Que el tratamiento se limite a los datos estrictamente necesarios para la finalidad perseguida por aquel. Ambas son correctas.
Conforme al artículo 5 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, se entiende por Portal de Transparencia: La dirección electrónica del Gobierno de Canarias que tiene por objeto centralizar y poner a disposición de cualquier persona toda la información que deben hacer pública de acuerdo con esta ley las entidades incluidas en su ámbito de aplicación. Los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. La elaboración, actualización, difusión y puesta a disposición de cualquier persona, en una manera clara y entendible, de la información prevista en esta ley derivada de la actuación de las entidades incluidas en su ámbito de aplicación en ejercicio de las funciones que tienen atribuidas, sin más limitaciones que las establecidas legalmente.
Conforme al artículo 16 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, la información relativa a la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y a las entidades y organismos dependientes de aquella que se especifica en su capítulo II, se hará pública en: El Portal de Transparencia. En el Tablón de Anuncios del departamento. En Boletines informativos.
Según el artículo 21 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, respecto de su personal y el de los organismos y entidades vinculadas o dependientes de la misma, hará pública y mantendrá actualizada entre otras: La información general de las retribuciones de los altos cargos de la Administración y del personal directivo, articulada en función de la clase o categoría del órgano, así como de los gastos de representación que tienen asignados. Asimismo, se harán públicas las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del abandono del cargo. La información general de las retribuciones de los altos cargos de la Administración y del personal directivo, articulada en función de la clase o categoría del órgano, sin los gastos de representación que tienen asignados. La Información general de las retribuciones de los altos cargos de la Administración y del personal directivo, sin los gastos de representación que tienen asignados ni las indemnizaciones que pudieran recibir.
De conformidad con la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, el derecho de acceso a la información pública: No está sujeto a límites. Está sujeto a los límites establecidos en la legislación básica del Estado, pudiendo ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para las materias que se recogen en el artículo 37 de la ley de referencia. Está sujeto a los límites establecidos en la legislación básica del Estado, pudiendo ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para las materias que se recogen en el artículo 45 de la ley de referencia.
Según la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, las resoluciones sobre las solicitudes de acceso a la información pública se adoptarán y notificarán: En el plazo máximo de un mes desde su recepción por el órgano competente para resolver, ampliable por otro mes cuando el volumen o la complejidad de la información solicitada lo justifiquen. En el plazo máximo de cinco meses desde su recepción por el órgano competente para resolver. En el plazo máximo de tres meses desde su recepción por el órgano competente para resolver.
De acuerdo con el artículo 46 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, transcurrido el plazo máximo para resolver sobre las solicitudes de acceso a información pública sin haberse notificado resolución expresa: La solicitud de acceso se entenderá desestimada. La solicitud de acceso se entenderá estimada. La solicitud se devolverá.
Según la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el derecho de acceso a la información pública podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para: La seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública, la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios y la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva. Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control, los intereses económicos y comerciales, la política económica y monetaria, el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial, la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión y la protección del medio ambiente. Ambas son correctas.
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