Temario:
De entre los siguientes requisitos que se refieren a continuación, señale cuál de ellos no es un requisito exigible para que pueda demandarse la responsabilidad patrimonial a la Administración Pública: La efectiva realidad de un daño material, individualizado con relación
a una persona o grupo de personas y económicamente valuable, en
cualquiera de sus bienes y derechos. Que el daño material no sea consecuencia del funcionamiento, normal o anormal, de los servicios públicos, en una relación directa y exclusiva e inmediata de causa a efecto, cualquiera que sea su origen (reglamento, acto administrativo legal o ilegal, simple actuación material o mera omisión). Que no se haya producido por fuerza mayor, es decir, por un suceso,
previsible o imprevisible, pero en cualquier caso inevitable. Que no haya prescrito el derecho a reclamar por el transcurso del tiem-
po que fija la Ley.
El plazo de que se dispone para reclamar la posible responsabilidad
patrimonial de las Administraciones públicas es: Un mes, desde que se produjo el acto o hecho que motive la indemni-
zación o de manifestarse su efecto lesivo. Dos años, desde que se produjo el acto o hecho que motive la indem-
nización o de manifestarse su efecto lesivo. Un año, desde que se produjo el acto o hecho que motive la indemni-
zación o de manifestarse su efecto lesivo. Un año, desde que se produjo el acto o hecho que motive la indemniza-
ción o tres años desde que empiece a manifestarse su efecto lesivo.
El régimen de protección de los datos de carácter personal que se
establece en la LO 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, será de aplicación a los siguientes ficheros: Ficheros mantenidos por personas físicas en el ejercicio de activida-
des exclusivamente personales o domésticas. Ficheros sometidos a la normativa sobre protección de materias clasi-
ficadas. Ficheros establecidos para la investigación del terrorismo y de formas
graves de delincuencia organizadNo obstante, en estos supuestos
el/la responsable del fichero comunicará previamente la existencia del
mismo, sus características generales y su finalidad a la Agencia de
Protección de Datos. La LO 15/99 es de aplicación a los datos de carácter personal regis-
trados en soporte físico, que los haga susceptibles de tratamiento,
y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores
público y privado.
Cuál de las siguientes definiciones no se ajusta a la regulación que
contiene la Ley 15/99 de Protección de datos: Datos de carácter personal: cualquier información concerniente a personas físicas identificadas, identificables o que no se puedan identificar. Fichero: todo conjunto organizado de datos de carácter personal, cual-
quiera que fuere la forma o modalidad de su creación, almacenamien-
to, organización y acceso. Tratamiento de datos: operaciones y procedimientos técnicos de ca-
rácter automatizado o no, que permitan la recogida, grabación, con-
servación, elaboración, modificación, bloqueo y cancelación, así como
las cesiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas, in-
terconexiones y transferencias. Responsable del fichero o tratamiento: persona física o jurídica, de na-
turaleza pública o privada, u órgano administrativo, que decida sobre
la finalidad, contenido y uso del tratamiento.
La Ley 2/2004, de 25 de febrero, de Ficheros de Datos de Carácter Personal de Titularidad Pública y de Creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos, dispone que será aplicable a los ficheros de datos de carácter personal creados o gestionados, para el ejercicio de potestades de derecho público: Y que estén sometidos a la normativa sobre protección de materias
clasificadas. Establecidos para la investigación del terrorismo y de formas graves de
delincuencia organizada. Que hubieren sido creados o gestionados, para el ejercicio de potesta-
des de derecho público, por la Administración General de la Comuni-
dad Autónoma. Y que sean ficheros regulados por la legislación de régimen electoral.
Por lo que se refiere a las reclamaciones ante la Agencia Vasca de
Protección de Datos por actuaciones contrarias a lo dispuesto en la Ley
2/2004, el plazo máximo en que se debe dictar y notificar la resolución ex-
presa de tutela de derechos es: De tres meses, entendiéndose el silencio administrativo como desesti-
matorio de la tutela pedida. De seis meses, entendiéndose el silencio administrativo como desesti-
matorio de la tutela pedida. De cuatro meses, entendiéndose el silencio administrativo como des-
estimatorio de la tutela pedida. De seis meses, entendiéndose el silencio administrativo como estima-
torio de la tutela pedida.
Conforme al Decreto 175/1989, de 18 de julio, por el que se aprueba la Carta de Derechos y Obligaciones de los Pacientes y Usuarios del Servicio Vasco de Salud, es falso que sea función de los Servicios de Atención al Paciente y Usuario: Recibir información y orientar a los/las pacientes y familiares cuando
acuden o ingresan en los centros sanitarios del Servicio Vasco de Sa-
lud/Osakidetza. Tutelar el cumplimiento de los derechos de los/las pacientes y usua-
rios regulados en la Ley General de Sanidad y en este Decreto. Resolver las quejas o reclamaciones presentadas. Velar por el cumplimiento de las obligaciones y de las normas dictadas
por la Dirección del centro respecto a los/las pacientes y familiares.
La implantación y la puesta en funcionamiento del Servicio de Aten-
ción a la Ciudadanía-Zuzenean, están enmarcadas en: El Plan Estratégico de Administración y Gobierno Electrónicos-PEAGE. El Plan Estratégico para la ciudadanía-PEPC. El Plan de Inclusión de las nuevas tecnologías-PINT. Ninguna es correcta.
En cuál de los casos que se citan no se nombra personal interino de
acuerdo con la regulación de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público: La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura
por funcionarios/as de carrera. La sustitución permanente de los/as titulares. La ejecución de programas de carácter temporal. El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses,
dentro de un periodo de doce meses.
Respecto del ámbito subjetivo y del contenido material del derecho a la protección de la salud en la comunidad autónoma de Euskadi, refiera cuál de las afirmaciones siguientes no es correcta: El derecho a la protección de la salud tiene carácter universal en el te-
rritorio de Euskadi para todas las personas residentes, pero en ningún
caso para las transeúntes. El sistema sanitario de Euskadi garantiza las prestaciones sanitarias
individuales conforme a la ordenación básica del sistema nacional de
salud. Reglamentariamente se regulará el procedimiento de acceso, adminis-
tración y régimen de prestación de los servicios sanitarios. El Gobierno Vasco podrá ampliar, en el territorio de Euskadi, el catá-
logo de prestaciones sanitarias individuales, determinando su ámbito
subjetivo y las condiciones de acceso y cobertura financiera, bien con
cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Euskadi o con cargo a las personas que las soliciten.
Entre las atribuciones del Consejo de Administración del ente público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, no se encuentran: La planificación estratégica de medios adscritos al ente. Las facultades necesarias para dirigir e impulsar el proceso e intensi-
dad con la que se configurarán las organizaciones últimas de servicios
sanitarios dependientes del ente, también en lo relativo al otorgamien-
to de personalidad jurídica. La dirección de sus actuaciones. El control superior de la gestión.
De entre las funciones que se exponen a continuación, señale la que no corresponderá a la presidencia del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud al/a la Consejero/a de Sanidad: Aprobar la propuesta de Presupuestos, Estados Financieros Previ-
sionales y Memoria anual de actividades del Ente Público, así como
la información orientativa desagregada de todas sus organizaciones
dependientes. Asimismo le corresponderá formular la liquidación de
cuentas del Ente Público y de sus organizaciones. Ejercer la representación del Ente Público y de su Consejo de Admi-
nistración, sin perjuicio de la que corresponde a los directivos superio-
res de todas las organizaciones dependientes del Ente. Supervisar las operaciones del Ente Público y presentar al Consejo de
Administración los informes que considere oportunos. Ejercer toda clase de acciones, excepciones y recursos judiciales y ad-
ministrativos en defensa de los derechos e intereses del Ente Público,
sin perjuicio de las actuaciones ordinarias directamente vinculadas al
ejercicio de las facultades que se atribuyen a las distintas organizacio-
nes del Ente Público.
Al frente de cada organización de servicios sanitarios del Ente Público se encontrará un Director/a-Gerente, considerado/a como cargo directivo sujeto al régimen del artículo 27 de la Ley de Ordenación sanitaria, al/a la que le corresponderán una serie de funciones, entre las que no se encuentra: Ostentar la representación oficial de la organización y ejercer la auto-
ridad directa dentro de la misma, todo ello de acuerdo con las faculta-
des encomendadas a la organización correspondiente. Suscribir el contrato-programa en representación de la organización
respectiva, así como aprobar la propuesta que corresponde formular a
cada organización sobre su presupuesto individualizado y sus planes
de gestión a corto y medio plazo. Presidir los Consejos Técnicos de participación profesional y promover
su eficaz funcionamiento Dirigir, impulsar y coordinar la organización, gestión, evaluación y
control interno de los servicios sanitarios y de administración corres-
pondientes a su organización, velando por el cumplimiento de los ob-
jetivos asignados.
La creación de nuevas unidades asistenciales y de gestión para la
Atención Primaria se realizará por; Resolución del Consejero de Sanidad. Decreto del Consejero de Sanidad. Circular del Consejero de Sanidad. Orden del Consejero de Sanidad.
Conforme a la regulación que se contiene en el Decreto 195/1996,
sobre Estructura Organizativa de los recursos adscritos a Osakidetza/Servi-
cio Vasco de Salud para la Atención Primaria, las Comarcas Sanitarias de
Atención Primaria deberán dotarse, al menos, de los siguientes órganos de
Participación: El/la Gerente. El Consejo Técnico. El Consejo de Dirección. El Equipo directivo de la Gerencia.
Para la gestión de los servicios sanitarios públicos de atención especia-
lizada adscritos a Osakidetza, las Áreas Sanitarias podrán contar con los si-
guientes centros asistenciales y de gestión, entre los que no se encuentran: Centros asistenciales y de gestión, establecidos para el desarrollo de
sus actividades de atención especializada en ámbitos territoriales su-
periores al Área sanitaria, tales como las Unidades Territoriales de
Emergencia y los Servicios Extrahospitalarios de Salud Mental. Instituciones hospitalarias, que tendrán la denominación común de
hospital y asumirán la provisión de prestaciones sanitarias de asisten-
cia hospitalaria y especializada. Los Complejos Hospitalarios formados por los Hospitales y/o Unidades
organizativas que se determinen en cada caso, con objeto de propor-
cionar al/a la usuario/a una asistencia sanitaria hospitalaria y especia-
lizada de calidad mediante la coordinación y aprovechamiento de las
sinergias producidas por la agrupación de las mismas. Los demás centros asistenciales y de gestión, establecidos o que pue-
dan establecerse, para el desarrollo de sus actividades de atención
especializada en ámbitos territoriales iguales o inferiores al Área sani-
taria, tales como las Unidades Territoriales de Emergencia y los Servi-
cios Extrahospitalarios de Salud Mental.
Cuál de las que citamos a continuación es una obligación de los/as
pacientes según la normativa aplicable: A poner en conocimiento de los/as responsables de las Instituciones
Sanitarias las irregularidades que observe en el funcionamiento de los
Centros. A formular quejas, reclamaciones o sugerencias sobre el funciona-
miento de los servicios sanitarios y a recibir respuesta de la Adminis-
tración Sanitaria sobre las mismas en los términos establecidos por las
disposiciones vigentes. A recibir el informe de alta médica hospitalaria. A conocer los gastos originados por el uso de recursos hospitalarios
en el centro sanitario, con independencia de que no sean abonados
directamente.
Respecto del sistema de tramitación de quejas y reclamaciones en
el Servicio Vasco de Salud/Osakidetza, a continuación realizamos una se-
rie de afirmaciones entre las que se encuentra una que no es correcta, se-
ñale cuál es: Mediante Orden del Departamento de Sanidad y Consumo se desarro-
llará el Sistema de Tramitación de Quejas y Reclamaciones ajustándo-
se a criterios de celeridad y sencillez. Los Servicios de Atención al Paciente y Usuario vendrán obligados
a transcribir las quejas presentadas verbalmente cuando se trate de
personas con dificultades de escritura o de expresión. Los/as firmantes de las Quejas y Reclamaciones recibirán comuni-
cación verbal sobre el trámite en que se encuentra su queja y de la
solución adoptada dentro de los plazos que se determinen. Los Servicios de Atención al Paciente y Usuario registrarán todas las re-
clamaciones que ante ellos se formulen, con independencia del centro
destinatario de la queja, al que será remitido por éstos con posterioridad.
Respecto del acceso a la tramitación telemática con el Sistema Sani-
tario de Euskadi, señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: Las personas interesadas en realizar la tramitación telemática con el Sis-
tema Sanitario de Euskadi no será preciso que dispongan del Certificado
electrónico reconocido, incorporado a la Tarjeta Sanitaria Electrónica. No será necesaria la utilización del Certificado electrónico reconocido,
incorporado a la Tarjeta Sanitaria Electrónica, cuando se trate del ac-
ceso a información de interés general. En los casos de minoría de edad o incapacitación de la persona usua-
ria, no se emitirán Certificados de Asegurado Representado del Siste-
ma Sanitario de Euskadi, en los términos recogidos en el artículo 11
de la Ley de firma electrónica. No se podrá admitir la relación telemática para los usos autorizados
con otros certificados electrónicos incorporados a tarjetas sanitarias
electrónicas emitidas por otras autoridades sanitarias, tanto en el ám-
bito del Sistema Nacional de Salud como en otros Sistemas Sanitarios
de la Unión Europea.
Señale cuál de los colectivos que señalamos a continuación no se
encuentra dentro del ámbito personal de aplicación del Acuerdo regulador
de las condiciones de trabajo del personal de Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud, para los años 2007, 2008 y 2009: El personal contratado laboral de las organizaciones de servicios de
Osakidetza. El personal estatutario fijo. El personal con relación de empleo estatutaria o funcionarial de ca-
rácter interino para la cobertura de necesidades que se encuentren in-
cluidas dentro de los límites de la autorización de efectivos de carác-
ter estructural, en tanto no sean objeto de cobertura ordinaria por los
mecanismos de acceso y provisión que establece la Ley de Ordenación
Sanitaria de Euskadi. El personal funcionario de carrera de las organizaciones de servicios
de Osakidetza.
De entre las afirmaciones que se realizan a continuación, señale cuál
de ellas no se corresponde con la regulación de los anticipos que se contie-
nen en el Acuerdo regulador de las condiciones de trabajo del personal de
Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, para los años 2007, 2008 y 2009: El personal en activo, tendrá derecho a la concesión de anticipos or-
dinarios sin interés alguno, de hasta el 100% de su salario líquido
mensual, más la parte proporcional devengada de Paga Extraordinaria,
siempre y cuando no se prevea la finalización de la relación contrac-
tual antes de fin de mes. El anticipo deberá ser compensado en la nómina correspondiente al
mes solicitado, con excepción de aquellos anticipos concedidos tras
el cierre mensual de la nómina, en cuyo caso serán compensados en
la nómina correspondiente al mes siguiente. Para aquellas personas a las que se les practique cualquier tipo de
retención mensual, la cuantía máxima del anticipo mensual será igual
al 100% del salario líquido mensual menos la retención anteriormente
señalada. El personal sujeto a expediente disciplinario tendrá, cautelarmente,
suspendido este derecho en tanto en cuanto no se proceda al archivo
del mismo.
En lo referente a los objetivos mínimos del uso del euskera en aten-
ción primaria, no es cierto que: Cuando los ámbitos o zonas de influencia o de actuación de los cen-
tros sanitarios tengan un porcentaje de euskaldunes superior al 45%
y hasta el 70%, los servicios de las áreas de atención al/a la cliente/a
y los servicios de atención infantil no hospitalaria ofertados por Osaki-
detza-Servicio Vasco de Salud serán bilingües. Cuando los ámbitos o zonas de influencia o de actuación de los cen-
tros sanitarios tengan un porcentaje de euskaldunes superior al 20%
y hasta el 45%, los servicios de las áreas de atención al/a la cliente/a
ofertados por Osakidetza-Servicio Vasco de Salud serán bilingües. Cuando los ámbitos o zonas de influencia o de actuación de los cen-
tros sanitarios tengan un porcentaje de euskaldunes igual o inferior al
20%, los servicios de las áreas de atención al/a la cliente/a ofertados
por Osakidetza-Servicio Vasco de Salud serán bilingües. Osakidetza-Servicio Vasco de Salud informará a los/as pacientes sobre
las opciones existentes para, en su caso, poder elegir únicamente mé-
dico/a general bilingüe.
Diga cuál de las afirmaciones que se realizan a continuación no es
correcta: Las faltas muy graves prescribirán a los cuatro años. Las faltas graves prescribirán a los dos años. Las faltas leves prescribirán a los seis meses. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde que la falta se
hubiera conocido y no se interrumpirá con el acuerdo de iniciación
del procedimiento disciplinario, volviendo a correr de nuevo si éste
estuviera paralizado más de seis meses por causa imputable al/a la
interesado/a.
Por lo que respecta a la elaboración y gestión, estructura y conteni-
do de las cartas de servicios, no es correcta una de las siguientes afirma-
ciones: La Secretaría General para la Administración Pública impulsará la im-
plantación generalizada de las cartas de servicios y colaborará con los
órganos y organismos que lo requieran en su elaboración. Los/as Subsecretarios/as de los Ministerios dispondrán lo necesario
para que los órganos del departamento y los organismos vinculados o
dependientes de él elaboren su correspondiente carta de servicios y
para que lleven a cabo su actualización periódica, de acuerdo con el
procedimiento establecido en este Real Decreto. Corresponde a los superiores jerárquicos de los/as titulares de los ór-
ganos y organismos a los que se refiera la carta de servicios la respon-
sabilidad de su elaboración, gestión y seguimiento interno. Las cartas se actualizarán periódicamente en función de las circuns-
tancias y, en cualquier caso, al menos cada tres años.
En lo referente a la ampliación de los plazos en el procedimiento ad-
ministrativo, indique cuál de las respuestas siguientes es la correcta: La Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de
oficio o a petición de los/as interesados/as, una ampliación de los
plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las
circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de
tercero. La Administración, en ningún caso, podrá conceder de oficio ni a pe-
tición de los/as interesados/as, una ampliación de los plazos estable-
cidos, que exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo
aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. La Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de ofi-
cio o a petición de los/as interesados/as, una ampliación de los plazos
establecidos, que no exceda del triplo de los mismos, si las circuns-
tancias lo aconsejan y aunque afecte a los derechos de tercero. La Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio
pero no a petición de los/as interesados/as, una ampliación de los plazos
establecidos, que no exceda de tres días en cada caso, si las circunstan-
cias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero.
En lo referente al cómputo de plazos, la legislación administrativa
establece que: Si el plazo se fija en meses o años, estos no se computarán a partir del
día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación
del acto de que se trate. Si el plazo se fija en meses o años, estos se computarán a partir del
día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación
del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se pro-
duzca la estimación o desestimación por silencio administrativo. Si el plazo se fija en meses pero no en añoss, estos se computarán a
partir del segundo día siguiente a aquel en que tenga lugar la notifi-
cación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a
aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio
administrativo. Si el plazo se fija en meses o años, estos se computarán a partir del
día siguiente a aquel en que tenga lugar la realización del acto de que
se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca el acto.
Con referencia a la revocación de los actos administrativos, señale
cuál de las siguientes opciones es la correcta: Las Administraciones Públicas no podrán revocar sus actos de grava-
men o desfavorables. Las Administraciones Públicas podrán revocar en cualquier momento
sus actos de gravamen pero no los desfavorables, siempre que tal re-
vocación constituya dispensa o exención no permitida por las Leyes, o
sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordena-
miento jurídico. Las Administraciones Públicas podrán revocar en cualquier momento
sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación
no constituya dispensa o exención no permitida por las Leyes, o sea
contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento
jurídico. Las Administraciones Públicas no podrán revocar en cualquier mo-
mento sus actos de gravamen ni los desfavorables, excepto si tal revo-
cación constituya dispensa o exención permitida por las Leyes, o sea
contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento
jurídico.
De entre las siguientes definiciones que ofrece la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter perso-
nal, señale cuál de ellas se refiere al concepto Responsable del fichero o
tratamiento: Cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o
identificables. Todo conjunto organizado de datos de carácter personal, cualquiera
que fuere la forma o modalidad de su creación, almacenamiento, or-
ganización y acceso. Operaciones y procedimientos técnicos de carácter automatizado o
no, que permitan la recogida, grabación, conservación, elaboración,
modificación, bloqueo y cancelación, así como las cesiones de datos
que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transfe-
rencias. Persona física o jurídica, de naturaleza pública o privada, u órgano
administrativo, que decida sobre la finalidad, contenido y uso del tra-
tamiento.
Los artículos uno al nueve de la Constitución se incluyen en: El Preámbulo de la Constitución. En el Título Preliminar de la Constitución. En el Título I de la Constitución. En el Título II de la Constitución.
Según la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
reformada por la Ley 4/99, no son Administraciones públicas a los efectos
de determinar el ámbito de aplicación de esta Ley: Las Entidades de Derecho Privado con personalidad jurídica propia no vinculadas ni dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas. La Administración General del Estado. Las Administraciones de las Comunidades Autónomas. Las Entidades que integran la Administración Local.
De acuerdo con el artículo 1.1 de la Constitución española, son va-
lores superiores del ordenamiento jurídico: La libertad, la igualdad y la fraternidad. La libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo ideológico. La legalidad, la jerarquía normativa, la libertad y la interdicción de la
arbitrariedad de los poderes públicos. La libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político.
De acuerdo con lo establecido en la Constitución española; ¿cuál es
la duración máxima de la prisión provisional? El tiempo estrictamente necesario para el esclarecimiento de los
hechos. Como máximo 72 horas. El plazo que determine la ley. Son correctas a y b.
El art. 3.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, supone una reproduc-
ción casi literal del art. 103 de la Constitución española, no obstante in-
cluye algunos principios que ésta no menciona como son:
Contradicción e igualdad. Publicidad y concurrencia. Contradicción e igualdad. Buena fe, confianza legítima y sometimiento pleno a la Constitución. Confianza legítima y lealtad institucional.
La Administración competente inicia un expediente expropiatorio so-
bre un terreno propiedad de don/doña ABEn tal supuesto don/doña ABC
ostenta la condición de interesado/a: Pues promueve el procedimiento como titular de un derecho subjetivo. Porque, aun sin promover el procedimiento, tiene un interés legítimo
que puede resultar afectado por la resolución final que se adopte. Porque, aun sin promover el procedimiento, ostenta la titularidad de un
derecho que puede resultar afectado por la resolución final que se adopte. Ninguna es correcta.
Para actuar como representante en nombre de otra persona, se precisa: Ser español y mayor de edad. Además de los requisitos señalados en la opción anterior, estar en
pleno uso de sus derechos civiles. Tener capacidad de obrar. Ninguna es correcta.
Los actos que se producen en virtud del silencio administrativo se
denominan: Actos expresos. Actos presuntos. Actos implícitos. Todas son correctas.
Si en el mes de vencimiento de un plazo fijado en meses o años, no
existe día equivalente a aquel en que comenzó el cómputo: Se entiende que el plazo termina el primer día del mes siguiente. Se entiende que el plazo termina el último día del mes. Si el plazo se expresaba en meses se computará como si fuesen 30
días. Ninguna es correcta.
Si en un procedimiento administrativo al que le es de aplicación la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común se fija un plazo
en días, sin especificar si el cómputo se realizará en días hábiles o natura-
les, y en el supuesto de que el último día del plazo sea inhábil: Se prorrogará el día siguiente en todo caso. Se prorrogará al primer día hábil siguiente. Se entiende que el plazo expira el día anterior hábil. Tal supuesto es imposible en la práctica.
El plazo máximo que se puede fijar por vía reglamentaria para la re-
solución de un procedimiento administrativo es de: 5 meses. 8 meses. 3 meses. 6 meses.
Si un procedimiento se inicia a solicitud del interesado, una vez se pro-
duce su entrada en el Registro del órgano competente para su tramitación: Se notificará al interesado, en 10 días, el plazo máximo legalmente
establecido para la resolución y notificación del procedimiento, exclu-
sivamente. Se notificará al interesado, en 20 días, el plazo máximo de resolución y
notificación y el sentido del silencio administrativo, exclusivamente. Se notificará al interesado, en 10 días, la fecha de entrada de la so-
licitud en el Registro del órgano administrativo competente para su
tramitación, el plazo máximo de resolución y notificación y el sentido
del silencio administrativo. Ninguna es correcta.
La conversión de los actos administrativos consiste en que: La Administración podrá subsanar los vicios de que adolezcan los ac-
tos administrativos. Los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro distinto producirán los efectos de éste. Los órganos administrativos dispondrán siempre la conversión de
aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual
de no haberse cometido la infracción. Ninguna respuesta es correcta.
A los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar
dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos administrati-
vos será suficiente, a tenor de lo establecido en la Ley 30/1992, la notifi-
cación que contenga, cuando menos: Si el acto pone fin o no a la vía administrativa. Los recursos que procedan contra la resolución o acto. El texto íntegro de la resolución, así como el intento de notificación
debidamente acreditado. Son correctas b y c.
El órgano a quien competa resolver un recurso en vía administrativa
podrá suspender la ejecución del acto recurrido previa ponderación de los
siguientes criterios. Señalar la respuesta incorrecta: El perjuicio que causaría al interés público la suspensión. El perjuicio que se causa al recurrente con la eficacia inmediata del
acto. El perjuicio que causaría a terceros la ejecución del acto. Todas las afirmaciones anteriores son correctas.
Contra las resoluciones y los actos de trámite cualificados que no
pongan fin a la vía administrativa podrá interponerse, por los interesados,
dentro del plazo de un mes siguiente a la notificación de la resolución ex-
presa, el recurso: De alzada. Contencioso-administrativo. De alzada o reposición, potestativamente. De alzada o extraordinario de revisión, si concurren las circunstancias
previstas en el art. 118 de la LRJ-PAC.
Los particulares tienen derecho a ser indemnizados por cualquier
lesión que sufran como consecuencia del funcionamiento de los servicios
públicos; ¿tiene alguna excepción esta afirmación? Sí, los supuestos de caso fortuito. Sí, que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal de la
Administración. Sí, los supuestos de fuerza mayor. No.
Para la determinación de la responsabilidad patrimonial, se es-
tablecerá: Un procedimiento general y otro simplificado. Un procedimiento general y otro abreviado. Un procedimiento global y otro abreviado. Un procedimiento global y otro simplificado.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Da-
tos, se entiende por dato de carácter personal: Cualquier información concerniente a personas físicas o jurídicas
identificadas o identificables. Cualquier información concerniente a personas físicas, fallecidas o
no, identificadas o identificables. Cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o
identificables. Ninguna es correcta.
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de
Datos, y salvo en determinados supuestos que la propia ley menciona, se
requerirá consentimiento expreso del afectado para el tratamiento de los
siguientes datos de carácter personal: Aquellos que hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida
sexual. Aquellos que revelen la ideología, afiliación sindical, religión y creencias. Son correctas a y b. Ninguna es correcta.
A tenor de lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatu-
to Básico del Empleado Público, los empleados públicos se clasifican en: Funcionarios de carrera y funcionarios de empleo, estos últimos a su
vez podrán ser eventuales o interinos. Funcionarios de carrera, funcionarios interinos y funcionarios eventuales. Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, funcionarios de em-
pleo y personal laboral. Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral y per-
sonal eventual.
De acuerdo con la Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación Sa-
nitaria de Euskadi y sin perjuicio del mecanismo directo que tendrá lugar
tras la superación de un proceso selectivo, el sistema ordinario de acceso
a un puesto funcional y de adscripción a un destino será: La oposición libre. El concurso. El concurso-oposición. La promoción interna.
El personal sujeto al régimen estatutario que prevé la Ley 8/1997,
de 26 de junio, de Ordenación Sanitaria de Euskadi podrá percibir, como
retribución complementaria: El complemento de destino, el complemento específico, el complemen-
to de productividad y las gratificaciones por servicios extraordinarios. El complemento de destino, el complemento específico, el comple-
mento de productividad y la antigüedad, en su caso. El complemento de destino, el complemento específico, el comple-
mento de productividad y el complemento de atención continuada. Exclusivamente el complemento de destino, el complemento específi-
co y el complemento de productividad.
Las organizaciones de servicios que se constituyan en el Ente Públi-
co Osakidetza-Servicio Vasco de Salud: Dispondrán, en todo caso, de personalidad jurídica propia. No dispondrán de personalidad jurídica propia salvo que el Presidente
del Ente Público lo acuerde expresamente. No dispondrán, en ningún caso, de personalidad jurídica propia. No dispondrán de personalidad jurídica propia salvo que lo acuerde
expresamente el Gobierno mediante Decreto.
El órgano rector colegiado del Ente Público Osakidetza-Servicio Vas-
co de Salud, encargado de dirigir y controlar sus actuaciones, es: El Consejo de Dirección. El Consejo de Administración. El Consejo de Gobierno. La Junta de Dirección.
Las Comarcas Sanitarias de Atención Primaria del Servicio Vasco de
Salud deberán dotarse, al menos, de los siguientes órganos: Órganos de Dirección y Gestión, entre los que se encuentra el Gerente
y su equipo directivo y Órganos de Participación, entre los que se en-
cuentra el Consejo de Dirección y el Consejo Técnico. Órganos de Dirección y Gestión, entre los que se encuentra el Gerente
y el Consejo Técnico y Órganos de Participación, entre los que se en-
cuentra el Consejo de Dirección. Órganos de Dirección y Gestión, entre los que se encuentra el Gerente
y su equipo directivo así como el Consejo de Dirección y Órganos de
Participación, entre los que se encuentra el Consejo Técnico. Ninguna es correcta.
Las funciones de Jefe de la Unidad de Atención Primaria se asigna-
rán, tras convocatoria pública, a personal adscrito a la Comarca Sanitaria
de Atención Primaria que ostente la condición de: Estatutario necesaria y exclusivamente. Estatutario o, en su defecto, funcionario. Estatutario o, en su defecto, laboral fijo. Estatutario, funcionario o laboral fijo.
Es un derecho específico de la mujer como paciente y usuaria del
Servicio Vasco de Salud: A que se le facilite su participación activa como protagonista de su parto. A recibir instrucciones claras y escritas sobre la utilización de los me-
dicamentos recetados. A tener a su lado al niño recién nacido, así como a su padre, durante
el tiempo anterior al parto. Son correctas a y c.
La interposición de quejas o reclamaciones en los Servicios de Aten-
ción al Paciente y Usuario: Suspenderá el transcurso de los plazos legales fijados para la utili-
zación de reclamación contra el hecho denunciado que disponga la
legislación vigente. No suspenderá el transcurso de los plazos legales fijados para la utili-
zación de cualquier otra vía de reclamación contra el hecho denuncia-
do que disponga la legislación vigente. Suspenderá el transcurso de los plazos legales fijados para la utiliza-
ción de reclamaciones en vía administrativa contra el hecho denuncia-
do, pero no en caso de impugnación ante la jurisdicción contencioso-
administrativa. Ninguna es correcta.
La norma por la que se implantó el uso de la Tarjeta Individual Sani-
taria en el Servicio Vasco de Salud/Osakidetza es: El Decreto 175/1989, de 18 de julio, por el que se aprueba la Carta
de Derechos y Obligaciones de los Pacientes y Usuarios del Servicio
Vasco de Salud. La Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación Sanitaria de Euskadi. El Decreto 252/1988, de 4 de octubre. La Orden del Consejero de Sanidad de 22 de noviembre de 2004.
El personal de Osakidetza tendrá derecho a un periodo de descanso
durante su jornada cuya duración será de: Quince minutos, a disfrutar necesariamente dentro del correspondien-
te turno de trabajo y siempre que la duración de la jornada exceda de
seis horas continuadas, como mínimo. Quince minutos, a disfrutar necesariamente dentro del correspondien-
te turno de trabajo y siempre que la duración de la jornada exceda de
ocho horas continuadas, como mínimo. Veinte minutos, a disfrutar necesariamente dentro del correspondiente
turno de trabajo y siempre que la duración de la jornada exceda de
seis horas continuadas. Ninguna es correcta.
El personal de Osakidetza tendrá derecho a disfrutar durante cada
año completo de servicio de una vacación retribuida de: 22 días hábiles, no considerando como tales los sábados, domingos y
los declarados festivos. Un mes natural, que podrá dividir en dos periodos de 15 días o susti-
tuir por 22 días hábiles, a disfrutar en este caso por periodos mínimos
de 5 días. 28 días hábiles, no considerando como tales los sábados, domingos y
los declarados festivos. 28 días laborables, computando los sábados como tales.
El proceso de incorporación progresiva del uso del euskera a las re-
laciones orales y escritas del Servicio Vasco de Salud se desarrollará, con
carácter general, conforme al siguiente orden de prioridades: Primer nivel: atención primaria/Segundo nivel: atención especializada/
Tercer nivel: servicios administrativos y generales. Primer nivel: servicios administrativos y generales/Segundo nivel:
atención especializada/Tercer nivel: atención primaria. Primer nivel: servicios administrativos y generales/Segundo nivel:
atención primaria/Tercer nivel: atención especializada. Ninguna es correcta.
Para el desempeño temporal de una plaza vacante en los Centros o
Servicios de Salud, cuando sea necesario atender a las correspondientes
funciones se nombrará personal: Eventual. Interino. De sustitución. Cualquiera de los anteriores.
A tenor de lo dispuesto en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, las san-
ciones impuestas por faltas graves prescribirán: A los dos años desde la notificación de la correspondiente sanción. A los tres años desde la firmeza de la resolución sancionadora o desde
que se quebrante el cumplimiento de la sanción cuando su ejecución
ya hubiera comenzado A los cuatro años desde la firmeza de la resolución sancionadora o
desde que se quebrante el cumplimiento de la sanción cuando su
ejecución ya hubiera comenzado. A los dos años desde la firmeza de la resolución sancionadora o desde
que se quebrante el cumplimiento de la sanción cuando su ejecución
ya hubiera comenzado.
Como plataforma de análisis periódico y uniforme de la percepción
ciudadana sobre los servicios públicos de la Administración General del
Estado se constituye: El Observatorio de la Calidad de los Servicios Públicos, adscrito al
Ministerio de Administraciones Públicas. El Programa de evaluación de la calidad de las organizaciones. El Programa de quejas y sugerencias. Ninguna es correcta.
Señala la afirmación incorrectRespecto al euskera, el Estatuto de
Autonomía para el País Vasco dispone: Que es la lengua propia del Pueblo Vasco. Que tiene el carácter de lengua oficial en Euskadi. Que todos los habitantes de Euskadi tienen el derecho a conocerlo y a
usarlo. Que todos los habitantes de Euskadi tienen el deber de conocerlo y el
derecho a usarlo.
La responsabilidad política del Gobierno Vasco se exigirá ante: El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por actos cometidos en
el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por actos cometidos fuera
del ámbito territorial del País Vasco. El Parlamento Vasco. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en todo caso.
Un órgano A delega el ejercicio de su competencia en otro órgano
inferior jerárquico B; en tal supuesto... Señala la afirmación incorrecta: Solamente podrá revocar la competencia A. Podrá avocar el conocimiento de un asunto incluido en el ámbito de la
delegación un órgano C, superior jerárquico a ambos. Podrá avocar el conocimiento de un asunto incluido en el ámbito de la
delegación el órgano A. Podrá revocar el ejercicio de la competencia indistintamente A o C.
Si la causa por la que se interpone el recurso extraordinario de revisión
consiste en la aparición de documentos de valor esencial que evidencien un
error en la resolución recurrida, el plazo para su interposición será de: 4 años desde la fecha en que se dictó el acto. 3 meses desde la aparición de tales documentos. 3 meses desde que se notificó el acto. 3 meses desde el conocimiento de tales documentos.
¿Qué territorios tienen derecho a formar parte de la Comunidad del
País Vasco? Álava, Gipuzkoa y Bizkaia. Álava, Gipuzkoa y Bizkaia, así como Navarra. Álava, Gipuzkoa y Bizkaia, así como Navarra y Cantabria. Álava, Gipuzkoa, La Rioja y Bizkaia, así como Navarra y Cantabria.
De acuerdo con el Estatuto de Gernika, la circunscripción electoral
para las elecciones al Parlamento Vasco es: La Provincia. La Comunidad Autónoma. El Territorio Histórico. Los distintos Municipios que integran el Territorio Histórico.
Dispone la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, que la delegación de firma: No alterará la competencia del órgano delegante y para su validez no
será necesaria su publicación No alterará la competencia del órgano delegante y para su validez será
necesaria su publicación. Altera la competencia del órgano delegante y para su validez será ne-
cesaria su publicación. Altera la competencia del órgano delegante y para su validez no será
necesaria su publicación.
Si durante un procedimiento administrativo, el recusado niega la
causa de recusación, el superior resolverá en el plazo de: Dos días. Tres días. Cuatro días. Cinco días.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, serán objeto de periódica publi-
cación: Los documentos de carácter histórico. Los documentos de carácter económico. Los documentos sobre sanciones disciplinarias a los funcionarios. Los documentos sujetos a un régimen de especial publicidad por afec-
tar a la colectividad en su conjunto.
De acuerdo con la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los ciudadanos tienen
derecho a formular alegaciones y a aportar documentos en cualquier fase
del procedimiento: Sí, pero siempre tras el trámite de audiencia. No. Sí, pero siempre antes del trámite de audiencia. Ninguna de las demás respuestas es cierta.
En el caso de que en un procedimiento administrativo el interesado
actúe por medio de representante: La falta o insuficiente acreditación de la representación impedirá que
se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte
aquella o se subsane el defecto dentro del plazo de diez días que
deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de un plazo su-
perior cuando las circunstancias del caso así lo requieran. La falta o insuficiente acreditación de la representación impedirá que
se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte
aquella o se subsane el defecto dentro del plazo de quince días que
deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de un plazo su-
perior cuando las circunstancias del caso así lo requieran. La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá
que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se
aporte aquella o se subsane el defecto dentro del plazo de diez días
que deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de un plazo
superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran. La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá
que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se
aporte aquella o se subsane el defecto dentro del plazo de diez días
que deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de un plazo
inferior cuando las circunstancias del caso así lo requieran.
De entre las siguientes respuestas, ¿cual define mejor el concepto de
Administrado Cualificado? Es aquel que se encuentra respecto de la Administración en un estado
de sujeción general y que es tratado por la norma de una forma imper-
sonal, siendo ésta la posición normal. Es cualquier ciudadano que deambule por una vía pública, cuyo uso
no tiene limitado sino por directrices de carácter general. Es aquel que hace un uso común general del dominio público. Es aquel que se encuentra respecto de la Administración en un estado
de sujeción especial, es decir, especialmente vinculado a ella.
De acuerdo con la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, ¿qué plazo tiene la adminis-
tración para resolver las solicitudes que se formulen por los interesados? Será el que resulte de la tramitación del procedimiento aplicable en
cada caso, con un máximo en todo caso, de tres meses. Dos meses en todo caso. Tres meses en todo caso. Cuando la norma aplicable en cada caso no fije plazo, será de tres
meses.
Tal y como se dispone en el artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en los procedimientos de impugna-
ción de actos y disposiciones el efecto del silencio administrativo será: Estimatorio (silencio positivo), en todo caso. Desestimatorio (silencio negativo), en todo caso. Estimatorio; no obstante cuando el recurso de alzada se haya inter-
puesto contra la desestimación por silencio administrativo de una so-
licitud por el transcurso del plazo, se entenderá desestimado el mismo
si llegado el plazo de resolución el órgano administrativo competente
no dictase resolución expresa sobre el mismo. Desetimatorio; no obstante cuando el recurso de alzada se haya in-
terpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una
solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá estimado el mismo
si llegado el plazo de resolución el órgano administrativo competente
no dictase resolución expresa sobre el mismo.
Si el vicio en un acto administrativo consistiera en incompetencia no
determinante de nulidad: Nunca podrá realizarse convalidación. Podrá convalidarse por el órgano competente cuando sea superior je-
rárquico del que dictó el acto viciado. Podrá convalidarse por el mismo órgano que dictó el acto viciado. Ninguna respuesta es correcta.
¿Cuál de entre las siguientes no es una diferencia correcta entre la
nulidad y la anulabilidad? En la nulidad absoluta el vicio que la provoca tiene una trascendencia
erga omnes, por lo que cualquier persona puede impugnar el acto,
mientras que en la anulabilidad, por el contrario, el vicio sólo puede
ser alegado por los interesados, los que tengan un derecho o interés
legítimo y directo en relación con el acto. En la nulidad absoluta los propios Tribunales, aunque no se alegue
este vicio, si lo detectan deben declararlo, mientras que en la anu-
labilidad, si no se alega por el recurrente, los Tribunales no pueden
declararla de oficio. En la nulidad absoluta, los efectos de la declaración de nulidad del
acto se producen ex nunc, desde el momento en que se lleva a efecto,
manteniéndose, por lo tanto, todos los efectos o consecuencias del
acto surgidos desde que se dictó hasta que es objeto de anulación
mientras que en la anulabilidad se retrotraen al momento en que se
dictó el acto, es decir, tiene dicha declaración efectos ex tunc. En la nulidad de pleno derecho, la acción para combatir el acto no
prescribe, mientras que en la anulabilidad, el interesado ha de pre-
sentar contra el acto que entiende ilegal los recursos procedentes en
los plazos, realmente cortos, previstos en la Ley, de forma que, si no
lo hace, el acto queda firme e inatacable (salvo en los supuestos del
recurso de revisión).
Interpuesto un recurso potestativo de reposición contra un acto: No podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, salvo que se produzca desestimación expresa del recurso de reposición interpuesto. No podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en ningún
caso. No podrá interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que
se resuelva expresamente o se haya producido la desestimación pre-
sunta del recurso de reposición interpuesto. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
De acuerdo con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, ponen fin a la vía administrativa: Las resoluciones del recurso de alzada. Las resoluciones de órganos administrativos que carezcan de superior
jerárquico, salvo que una disposición legal o reglamentaria establezca
lo contrario. Las demás resoluciones de órganos administrativos cuando una dispo-
sición legal así lo establezca. Los acuerdos, pactos, convenios y contratos, en todo caso.
El recurso que, con carácter potestativo, puede interponerse contra
los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa ante el mis-
mo órgano que lo hubiera dictado se denomina: Recurso de alzada. Recurso de reposición. Reclamación previa a la vía judicial civil. Recurso extraordinario de revisión.
La potestad de la Administración consistente en revocar sus actos,
siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida
por la Leyes, o sea contraria al principio de igualdad, al interés publico o al
ordenamiento jurídico, de acuerdo con la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, está dirigida: A todo tipo de actos administrativos. A los actos administrativos nulos de pleno derecho. A los actos de gravamen o desfavorables. A los actos anulables declarativos de derecho.
El recurso potestativo de reposición podrá fundamentarse: Solamente en causas de anulabilidad. Exclusivamente en causas de nulidad de pleno derecho. Solamente en las causas de nulidad o anulabilidad. Solamente en causas de anulabilidad no invalidantes.
La revisión de oficio de un acto administrativo nulo de pleno derecho: En ningún caso dará lugar a indemnización. Siempre dará lugar a indemnización. En determinados casos dará lugar a indemnización. Presupone derecho a indemnización.
La indemnización en responsabilidad patrimonial: No podrá ser sustituida por pago en especie. Puede ser sustituida por pago en especie mediante pagos periódicos. Puede ser sustituida por pago en especie o ser abonada mediante pagos periódicos, por decisión unilateral del órgano que dicte la resolución. Puede ser sustituida por pago en especie o ser abonada mediante pa-
gos periódicos, con acuerdo del interesado.
No se regirá por la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de
Carácter Personal, el tratamiento de datos de carácter personal: Cuando el tratamiento sea efectuado fuera del territorio español en el
marco de las actividades de un establecimiento del responsable del
tratamiento. Cuando al responsable del tratamiento no establecido en territorio es-
pañol le sea de aplicación la legislación española en aplicación de
normas de Derecho Internacional público. Cuando el responsable del tratamiento no esté establecido en territorio
de la Unión Europea y utilice en el tratamiento de datos medios situa-
dos en territorio español, salvo que tales medios se utilicen únicamen-
te con fines de tránsito. Todas las respuestas indican supuestos que se regirán por la Ley Or-
gánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal.
¿Qué palabra conceptúa la siguiente definición: todo tratamiento de
datos personales de modo que la información que se obtenga no pueda
asociarse a persona identificada o identificable? Procedimiento de asociación. Procedimiento de disociación. Procedimiento de disolución. Procedimiento de fusión.
La Ley de Ficheros de Datos de Carácter Personal de Titularidad Pú-
blica y de Creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos es la: Ley 4/2002, de 21 de enero. Ley 12/2003, de 23 de abril. Ley 3/2005, de 22 de marzo. Ley 2/2004, de 25 de febrero.
La Ley de Ficheros de Datos de Carácter Personal de Titularidad Pú-
blica y de Creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos no será
aplicable a los ficheros de datos de carácter personal creados o gestiona-
dos, para el ejercicio de potestades de derecho público, por: El Ararteko. El Consejo Nacional de Sociedades Deportivas. La Comisión Arbitral. Las corporaciones de derecho público, representativas de intereses eco-
nómicos y profesionales, de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
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¿Qué recurso procederá contra las resoluciones de la Agencia Vasca
de Protección de Datos? Recurso Contencioso-Administrativo y, potestativamente, con carácter
previo, recurso de Reposición. Recurso de Alzada únicamente. Recurso potestativo de Reposición, únicamente. Las respuestas y son correctas.
¿Cuál de entre los siguientes no es uno de los ficheros con datos de
carácter personal gestionados por las diferentes Direcciones de Osakidet-
za-Servicio Vasco de Salud? Registro a Exposiciones Accidentales a Material Biológico. Sistema de Clasificación de Pacientes. INOZ - Infección Nosocomial. Asuntos Judiciales de Pacientes.
¿En cuál de los siguientes supuestos existe discriminación indirecta? Cuando una persona sea, haya sido o pudiera ser tratada de manera
menos favorable que otra en situación análoga por razón de su sexo
o de circunstancias directamente relacionadas con el sexo, como el
embarazo o la maternidad. Cuando se adopten medidas que se fundamenten en la acción positiva
para las mujeres, en la necesidad de una protección especial de los
sexos por motivos biológicos. Cuando un acto jurídico, criterio o práctica aparentemente neutra per-
judique a una proporción sustancialmente mayor de miembros de un
mismo sexo, salvo que dicho acto jurídico, criterio o práctica resulte
adecuada y necesaria y pueda justificarse con criterios objetivos que
no estén relacionados con el sexo. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
De acuerdo con el Estatuto Básico del Empleado Público, al personal
funcionario de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos: Sólo se aplicarán directamente las disposiciones de dicha Ley cuando
así lo disponga su legislación específica. Se le aplicará principalmente la legislación estatal, de la que forma
parte el Estatuto Básico del Empleado Público. Se regirá por sus normas específicas y supletoriamente por lo dispues-
to en el Estatuto Básico del Empleado Público. Se regirá por el Estatuto Básico del Empleado Público y en caso de
laguna se acudirá a sus normas específicas.
Constituye uno de los principios programáticos de organización y
funcionamiento del sistema sanitario de Euskadi: El desarrollo externo de la organización mediante el principio de se-
paración de los cometidos de regulación y financiación del sistema
respecto de la provisión de servicios sanitarios. El descenso de los niveles de competencia entre los centros públicos, con falta de observancia de los principios de la gestión eficiente y de calidad. La evaluación puntual de los componentes públicos y concertados del
sistema sanitario aplicando criterios objetivos y heterogéneos. La concepción integral del sistema en la planificación de actuaciones
y en su orientación unitaria hacia el conjunto definido por las facetas
sanitarias de promoción, prevención, curación y rehabilitación del es-
tado de salud.
El artículo 4.º de los Estatutos Sociales del Ente Público Osakidet-
za/Servicio Vasco de Salud dispone que, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley de Ordenación Sanitaria de Euskadi, el Ente Público Osakidetza-
Servicio Vasco de Salud dispone de: Personalidad jurídica única. Personalidad jurídica pública diferenciada. Personalidad jurídica plena pública. Personalidad jurídica propia y diferenciada.
¿De cuántos miembros se compone el Consejo de Administración del
Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, además del Presidente
del Ente Público? Cinco miembros en representación de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma, que serán nombrados por el Gobierno, dos de ellos
a propuesta del Consejero de Hacienda y Administración Pública y los
tres restantes a propuesta del Consejero de Sanidad. Seis miembros en representación de la Administración de la Comuni-
dad Autónoma, que serán nombrados por el Gobierno, tres de ellos a
propuesta del Consejero de Hacienda y Administración Pública y los
tres restantes a propuesta del Consejero de Sanidad. Cuatro miembros en representación de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma, que serán nombrados por el Gobierno, dos de ellos
a propuesta del Consejero de Hacienda y Administración Pública y los
dos restantes a propuesta del Consejero de Sanidad. Tres miembros en representación de la Administración de la Comuni-
dad Autónoma, que serán nombrados por el Gobierno, dos de ellos a
propuesta del Consejero de Hacienda y Administración Pública y uno
a propuesta del Consejero de Sanidad.
Señala, de entre las siguientes, qué competencia corresponde al Di-
rector Gerente del Ente Público Osakidetza/Servicio Vasco de Salud: Presidir los Consejos Técnicos de participación profesional y promover
su eficaz funcionamiento. Promover y supervisar las actividades de docencia e investigación del
personal facultativo. Ostentar la jefatura de personal en su organización y ejercer al respec-
to las competencias de contratación y de gestión en materia de per-
sonal de Osakidetza, así como ejercer la potestad disciplinaria, todo
ello sin perjuicio de las facultades que expresamente se encuentran
atribuidas en estos Estatutos a otras instancias. Potenciar las actividades que mejoran los resultados en términos de
niveles de salud, satisfacción de los usuarios de los servicios, eficien-
cia clínica, uso de tecnologías y correcta utilización de los recursos
humanos.
Forma parte del ámbito territorial del Área de Salud de Araba: El Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos. El Hospital Leza. El Hospital San Eloy. El Hospital Mendaro. .
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