La libertad es uno de los valores fundamentales del ordenamiento jurídico español, junto con: la democracia, la justicia y el pluralismo jurídico la soberanía nacional, la democracia y el pluralismo político la democracia, la paz social y el pluralismo jurídico la justicia, la igualdad y el pluralismo político .
La forma política del Estado español es... la Monarquía absoluta la Monarquía parlamentaria la República presidencialista la República federal.
La Constitución garantiza, entre otros, el principio de legalidad, la jerarquía normativa y la retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales la publicidad de las normas, la retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales y la seguridad jurídica la retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica y la responsabilidad de los poderes públicos la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos .
Constituye fundamento del orden político y de la paz social... el respeto a los derechos de los demás la interdicción de la arbitrariedad el Estado autonómico el pluralismo político .
Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que reconoce la Constitución... se han de interpretar de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y todos los tratados y acuerdos internacionales existentes sobre las mismas materias se han de interpretar de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España se deben interpretar de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias denunciados por España no requieren de ningún tipo de interpretación .
En relación con el derecho de reunión, la Constitución prevé... que su ejercicio requerirá autorización previa, con carácter general. que su ejercicio requerirá autorización previa en caso de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones. que su ejercicio requerirá comunicación previa a la autoridad, con carácter general. que su ejercicio requerirá comunicación previa a la autoridad en caso de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones. .
La Constitución reconoce el derecho a la propiedad privada, de modo que nadie puede ser privado de sus bienes y derechos... bajo ningún concepto. salvo por causa de solidaridad e interés particular, pero siempre previa la oportuna indemnización. si no es por causa de utilidad pública o interés particular, y, en su caso, previa la correspondiente indemnización. si no es por causa de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y conforme a lo previsto por las leyes. .
Por lo que respecta al derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona... todos tienen ese derecho, así como el deber de conservarlo. todos lo tienen, aunque no el deber de conservarlo, que corresponde a los poderes públicos. corresponde únicamente a los españoles, así como el deber de conservarlo corresponde únicamente a los españoles, aunque no el deber de conservarlo, que corresponde a los poderes públicos .
Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo Segundo del Titulo Primero de la Constitución vinculan... al poder legislativo y al poder ejecutivo, pero no al poder judicial. al poder legislativo y al poder judicial, pero no al poder ejecutivo. al poder ejecutivo y al poder judicial, pero no al poder legislativo. a todos los poderes públicos. .
En el ámbito de la defensa de los derechos del Título I de la Constitución, el Defensor del Pueblo se concibe como... alto comisionado de las Cortes Generales, a las que da cuenta de la supervisión que realiza a la actividad de la Administración alto comisionado del Consejo General del Poder Judicial, al que da cuenta de la supervisión que realiza a la actividad
legislativa alto comisionado del Tribunal Constitucional, al que da cuenta de la supervisión que realiza a la actividad del Gobierno alto comisionado del Gobierno, al que da cuenta de la supervisión que realiza a la actividad judicial .
De entre los actos del Rey, ¿cuáles son refrendados por el Presidente del Congreso? Con carácter general, todos los actos del Rey Todos los actos del Rey, salvo la propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno Todos los actos del Rey, salvo la disolución, en determinados casos, de las Cortes Generales y la convocatoria de nuevas elecciones La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno y, en determinados casos, la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de nuevas elecciones .
¿Quién es el responsable de los actos del Rey? El propio Rey, en todo caso En todo caso, el presidente del Gobierno En todo caso, el presidente del Congreso Las personas que los refrenden .
La Constitución deja fuera de las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los Diputados y Senadores... A los componentes del Tribunal Constitucional A los miembros del Gobierno Al Defensor del Pueblo A los Magistrados, Jueces y Fiscales en activo .
De acuerdo con el art.92 de la Constitución, las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum, que será convocado por... el Presidente del Gobierno, mediante propuesta del Presidente del Congreso, previamente autorizada por el propio Congreso de los Diputados el Presidente del Gobierno, mediante propuesta del Presidente del Congreso, previamente autorizada por el Senado el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados el Presidente del Gobierno, mediante propuesta del Presidente del Senado, previamente autorizada por el propio Senado .
La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios internacionales que supongan modificación o derogación de alguna ley requiere... La previa autorización de las Cortes Generales La única autorización del Congreso de los Diputados La única autorización del Senado La previa autorización del Gobierno del Estado.
Para el nombramiento de Presidente del Gobierno se requiere, en una primera votación, el voto favorable de... La mayoría absoluta de los miembros de las Cortes Generales Una mayoría de dos tercios de los miembros del Senado La mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados Una mayoría de dos tercios de los miembros de las Cortes Generales .
La exigencia de responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción de la moción de censura queda en manos ... Del Congreso de los Diputados, por mayoría simple, a propuesta de una quinta parte de los Diputados Del Senado, por mayoría absoluta, a propuesta de una quinta parte de los Senadores Del Congreso de los Diputados, por mayoría absoluta, a propuesta de una décima parte de los Diputados Del Senado, por mayoría simple, a propuesta de una décima parte de los Senadores .
Si la moción de censura contra el Gobierno no fuere aprobada por la mayoría exigible, sus signatarios no podrán presentar otra... durante el mismo periodo de sesiones. en el periodo de un año. en el periodo de seis meses. en el período de tres meses.
Según la Constitución, la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales es... el principio de autonomía política. el principio de unidad jurisdiccional. el principio democrático el principio de jurisdicción jerárquica. .
El Tribunal de Cuentas depende directamente... del Consejo General del Poder Judicial y ejerce sus funciones por delegación del mismo en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado. de las Cortes Generales y ejerce sus funciones por delegación del Gobierno en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado. del Consejo General del Poder Judicial y ejerce sus funciones por delegación de las Cortes Generales en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado de las Cortes Generales y ejerce sus funciones por delegación de las mismas en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado. .
De entre las entidades en las que se organiza territorialmente el Estado, gozan de autonomía para la gestión de sus propios
intereses: Únicamente las Comunidades Autónomas Únicamente los municipios y las Comunidades Autónomas Únicamente las provincias y las Comunidades Autónomas Todas las entidades mencionadas .
Cualquier alteración de los límites provinciales requiere su aprobación por... el Parlamento autonómico, mediante ley ordinaria las Cortes Generales, mediante ley orgánica la correspondiente Diputación Provincial, mediante ley ordinaria los municipios afectados, mediante ordenanza .
La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía corresponde... Al Estado, cuyas normas prevalecerán en caso de conflicto, sobre las normas autonómicas en todo lo no atribuido a la
exclusiva competencia de éstas Al Estado, cuyas normas prevalecerán, en todos los aspectos, sobre las normas autonómicas A la provincia, cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las normas autonómicas en todo lo no atribuido a la exclusiva competencia de éstas A la provincia, cuyas normas prevalecerán, en todos los aspectos, sobre las normas autonómicas.
En materias de competencia autonómica, el Estado, cuando así lo exija el interés general, podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas autonómicas... Si esta necesidad es apreciada por los Gobiernos autonómicos, por mayoría absoluta Si esta necesidad es apreciada por el Tribunal Constitucional, por mayoría absoluta Si esta necesidad es apreciada por las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara Si esta necesidad es apreciada por el Gobierno estatal, por mayoría absoluta .
Según el art. 153 de la Constitución, el control de la actividad de la administración autonómica y de sus normas reglamentarias
corresponde ordinariamente: Al Tribunal Constitucional Al Gobierno A la jurisdicción contencioso-administrativa Al Tribunal de Cuentas .
Si una Comunidad Autónoma incumple las obligaciones que le impongan la Constitución u otras leyes, podría ser obligada al
cumplimiento forzoso de dichas obligaciones por: El Gobierno, previo requerimiento al Presidente autonómico y, en caso de no ser atendido, con la aprobación de la mayoría absoluta del Congreso El Gobierno, previo requerimiento al Presidente autonómico y, en caso de no ser atendido, con la aprobación de la mayoría absoluta del Senado El Congreso de los Diputados, previo requerimiento al Presidente autonómico y, en caso de no ser atendido, con la aprobación del Gobierno El Senado, previo requerimiento al Presidente autonómico y, en caso de no ser atendido, con la aprobación del Gobierno.
En ningún caso está(n) legitimado(s) para interponer recurso de inconstitucionalidad: El Defensor del Pueblo El Ministerio Fiscal 50 Diputados del Congreso 50 Senadores.
Cuando un órgano judicial considere, en un determinado proceso, que una norma con rango de ley aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, puede ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión... Directamente ante el Tribunal Constitucional Ante el Tribunal Supremo, para que la eleve al Tribunal Constitucional Ante el Gobierno estatal, para que la eleve al Tribunal Constitucional Ante el Gobierno autonómico, para que la eleve al Tribunal Constitucional .
Una vez aprobada la reforma de la Constitución por las Cortes Generales, debe ser sometida a referéndum para su ratificación... en todo caso, dentro de los quince días siguientes a su aprobación si así lo solicitan, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras si así lo solicitan, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de ambas Cámaras conjuntamente si así lo solicitan, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de los Parlamentos autonómicos .
Cuando se proponga la revisión total de la Constitución... se procederá a la disolución inmediata de las Cortes Generales se procederá a la disolución inmediata del Congreso de los Diputados se procederá a la disolución de las Cortes Generales, tras la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara se procederá a la disolución del Congreso, tras la aprobación por el mismo del principio por mayoría de dos tercios .
La relación que, según el art. 97 de la Constitución, existe entre el Gobierno y la Administración es: El Gobierno dirige la Administración El Gobierno tutela la Administración El Gobierno guía a la Administración El Gobierno orienta a la Administración .
De acuerdo con el art. 103.1 de la Constitución, la Administración Pública ha de servir los intereses generales con: ecuanimidad imparcialidad objetividad probidad.
¿Cuál de estos principios no recoge el art. 103.1 de la Constitución entre los que rigen la actuación de la Administración? eficacia jerarquía descentralización concentración .
Las Administraciones públicas se rigen en sus relaciones recíprocas, según el art. 3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el principio de: cooperación y colaboración lealtad institucional autonomía tutela .
Para el cumplimiento de sus fines: la suma de la totalidad de las Administraciones constituye una única persona jurídica cada una de las Administraciones públicas actúa con personalidad jurídica única cada uno de los órganos de las Administraciones públicas actúa con personalidad jurídica propia la Administración pública no necesita personalidad jurídica para entablar relaciones jurídicas .
En sus relaciones con los ciudadanos las Administraciones públicas actúan de conformidad con (art. 3 de la Ley 30/1992, de26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,): los principios de congruencia y participación los principios de transparencia y cercanía los principios de transparencia y participación los principios de cercanía y congruencia .
En la Administración General del Estado, tienen la consideración de órganos: únicamente las unidades administrativas a las que se atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros únicamente aquellas unidades administrativas cuya actuación tenga carácter facultativo las unidades administrativas a las que se atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter facultativo las unidades administrativas a las que se atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo .
En la organización central de la Administración General del Estado, son órganos superiores: Los Ministros y los Secretarios de Estado Los Ministros y los Secretarios Generales Los Ministros y los Directores Generales Los Ministros y los Subsecretarios .
Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas tienen rango de: Director General Secretario de Estado Secretario General Subsecretario .
Carecen de la condición de alto cargo: los Subdirectores Generales y asimilados los Secretarios Generales y asimilados los Secretarios Generales Técnicos y asimilados los Subsecretarios y asimilados .
Los órganos colegiados de la Administración General del Estado se clasifican en la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado en: órganos colegiados interministeriales y supraministeriales órganos colegiados interministeriales y ministeriales órganos colegiados supraministeriales y ministeriales no existe tal clasificación .
La creación de órganos colegiados de la Administración General del Estado requiere de norma específica, que se ha de publicar en el BOE, cuando se les atribuyan: competencias no decisorias competencias de propuesta o emisión de informes no preceptivos competencias de seguimiento o control de las actuaciones de otros órganos de la Administración General del Estado en ninguno de los anteriores supuestos .
De acuerdo con el Decreto 20/2012, de 15 de diciembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco se organiza en: siete Departamentos, además de la Lehendakaritza ocho Departamentos, además de la Lehendakaritza nueve Departamentos, además de la Lehendakaritza diez Departamentos, además de la Lehendakaritza .
De acuerdo con el DECRETO 20/2012, de 15 de diciembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los
Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, de entre las siguientes áreas de actuación, corresponde a la Lehendakaritza de la CAPV: política de representación y proyección de Euskadi en el exterior representación y defensa en juicio del Gobierno Vasco y sus órganos promoción y ordenación agrícola y ganadera promoción de la inclusión social .
De acuerdo con el DECRETO 20/2012, de 15 de diciembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, al Departamento de Administración Pública y Justicia de la CAPV le corresponde, entre otras: control económico interno, contabilidad y responsabilidades contables política lingüística defensa jurídica del Estatuto de Autonomía policía de la Comunidad Autónoma .
De acuerdo con el DECRETO 20/2012, de 15 de diciembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, el área de función pública, organización administrativa y régimen jurídico y retributivo del personal corresponde en la CAPV al Departamento de: Lehendakaritza Administración Pública y Justicia Seguridad Empleo y Políticas Sociales .
De acuerdo con el DECRETO 20/2012, de 15 de diciembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, la promoción de las condiciones que faciliten la libertad afectivo-sexual es área de actuación asignada al Departamento de: Lehendakaritza Administración Pública y Justicia Seguridad Empleo y Políticas Sociales .
Son altos cargos de la Administración autonómica vasca: los Viceconsejeros, Directores y Subdirectores los Viceconsejeros y Directores los Directores y Subdirectores únicamente los Viceconsejeros .
Dentro de su esfera de competencia, a los Organismos Públicos les corresponde(n), según Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado: todas las posibles potestades administrativas precisas para el cumplimiento de sus fines todas las potestades administrativas precisas para el cumplimiento de sus fines, excepto la potestad reglamentaria todas las potestades administrativas precisas para el cumplimiento de sus fines, excepto la potestad sancionadora todas las potestades administrativas precisas para el cumplimiento de sus fines, excepto la potestad expropiatoria .
¿Cuál de las siguientes entidades no es considerada por la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado como Organismo público? Agencia Estatal Entidad pública empresarial Organismo autónomo Sociedad Estatal .
Respecto de los fines y objetivos que tengan específicamente asignados, los Organismos públicos se deben ajustar, según la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, al principio de: instrumentalidad sujeción tutela autonomía .
Los Organismos autónomos estatales se rigen por: el Derecho Privado el Derecho Administrativo el Derecho Privado, excepto en determinados aspectos (formación de la voluntad de sus órganos, etc.) en que se rigen por el Derecho Administrativo el Derecho Administrativo, excepto en determinados aspectos (formación de la voluntad de sus órganos, etc.) en que se rigen por el Derecho Privado .
¿Cuál es la naturaleza jurídica de Emakunde? un organismo autónomo un Ente Público de Derecho Privado una sociedad pública una fundación.
¿Cuál es la naturaleza jurídica de Osakidetza? un organismo autónomo un Ente Público de Derecho Privado una sociedad pública una fundación .
¿Cuál es la naturaleza jurídica de Lanbide? un organismo autónomo un Ente Público de Derecho Privado una sociedad pública una fundación .
¿Cuál es la naturaleza jurídica del Aula de Cultura de Getxo? una asociación una sociedad mercantil local una entidad pública empresarial local un organismo autónomo local .
¿Cuál es la naturaleza jurídica de Getxo Kirolak? una asociación una sociedad mercantil local una entidad pública empresarial local un organismo autónomo local .
El Estatuto de Autonomía del País Vasco es una: Ley ordinaria Ley Orgánica Ley autonómica Ley de bases .
La designación de la sede de las instituciones comunes de la Comunidad Autónoma del País Vasco se efectúa: Por el propio Estatuto de Autonomía Por una Ley de las Cortes Generales Por una Ley del Parlamento Vasco Por Decreto del Gobierno Vasco .
El euskera tiene, en la Comunidad Autónoma del País Vasco, carácter de: Lengua oficial, como el castellano, y todos sus habitantes tienen el derecho a conocer y usar ambas lenguas Lengua minoritaria protegida, a diferencia del castellano, que es lengua oficial Lengua oficial, como el castellano, y todos sus habitantes tienen el deber de conocer ambas lenguas Lengua propia del Pueblo Vasco y todos sus habitantes tienen el deber de conocerla .
A los efectos del Estatuto de Autonomía del País Vasco, tienen la condición política de vascos: Quienes hayan nacido en cualquiera de los municipios integrados en el territorio de la Comunidad Autónoma Quienes tengan la vecindad administrativa, de acuerdo con las Leyes Generales del Estado, en cualquiera de los municipios integrados en el territorio de la Comunidad Autónoma Quienes hayan residido en algún momento de su vida en cualquiera de los municipios integrados en el territorio de la Comunidad Autónoma Quienes hayan tenido vecindad administrativa en cualquiera de los municipios integrados en el territorio de la Comunidad Autónoma .
Gozarán de idénticos derechos políticos que los residentes en la Comunidad Autónoma del País Vasco: Los residentes en el extranjero, en todo caso, si hubieran tenido su última vecindad administrativa en Euskadi Los residentes en el extranjero, si así lo solicitaren y hubieran tenido su última vecindad administrativa en Euskadi, con independencia de su nacionalidad Los residentes en el extranjero, así como sus descendientes, si así lo solicitaren, cuando hubieran tenido su última vecindad administrativa en Euskadi, siempre que conserven la nacionalidad española Los residentes en el extranjero, si así lo solicitaren, siempre que conserven la nacionalidad española, con independencia del lugar donde hubieren tenido su última vecindad .
Podrán agregarse a la Comunidad Autónoma del País Vasco otros territorios o municipios enclavados en su totalidad dentro del territorio de la misma siempre que: Soliciten la incorporación el Ayuntamiento o la mayoría de los Ayuntamientos interesados y se oiga a la Comunidad o provincia a la que pertenezcan los territorios o municipios a agregar Lo acuerden los habitantes de dichos Municipios o territorios mediante referéndum expresamente convocado, previa la autorización competente al efecto y aprobado por mayoría de los votos válidos emitidos Lo aprueben el Parlamento del País Vasco y, posteriormente, las Cortes Generales del Estado, mediante Ley Orgánica Se cumplan los tres requisitos recogidas en las respuestas anteriores.
En materia de pesca en aguas interiores, marisqueo y acuicultura, caza y pesca fluvial y lacustre, la Comunidad Autónoma del País Vasco dispone de: Competencia exclusiva Competencia de desarrollo legislativo y de ejecución dentro de su territorio de la legislación básica del Estado Competencia de ejecución de la legislación del Estado No dispone de tal competencia .
En materia de asistencia social, la Comunidad Autónoma del País Vasco dispone de: No dispone de tal competencia Competencia de ejecución de la legislación del Estado Competencia de desarrollo legislativo y de ejecución dentro de su territorio de la legislación básica del Estado Competencia exclusiva.
En materia de ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda, la Comunidad Autónoma del País Vasco dispone de: Competencia exclusiva Competencia de desarrollo legislativo y de ejecución dentro de su territorio de la legislación básica del Estado Competencia de ejecución de la legislación del Estado No dispone de tal competencia .
En materia de medio ambiente y ecología, la Comunidad Autónoma del País Vasco dispone de: No dispone de tal competencia Competencia de ejecución de la legislación del Estado Competencia de desarrollo legislativo y de ejecución dentro de su territorio de la legislación básica del Estado Competencia exclusiva.
En materia de propiedad intelectual e industrial, la Comunidad Autónoma del País Vasco dispone de: Competencia exclusiva Competencia de desarrollo legislativo y de ejecución dentro de su territorio de la legislación básica del Estado Competencia de ejecución de la legislación del Estado No dispone de tal competencia .
En relación con la Administración de Justicia, la Comunidad Autónoma del País Vasco ejercerá en su territorio: Las facultades que las Leyes Orgánicas del Poder Judicial y del Consejo General del Poder Judicial, reconozca, reserve o atribuya al Gobierno Las facultades que la Ley de Enjuiciamiento Civil reconozca, reserve o atribuya a las Cortes Generales Las facultades que la Ley de Enjuiciamiento Criminal reconozca, reserve o atribuya al Consejo General del Poder Judicial Las facultades que las Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa reconozca, reserve o atribuya al Ministerio Fiscal .
En el País Vasco, la competencia de los órganos jurisdiccionales en el orden contencioso-administrativo se extiende: A todas las instancias y grados, cuando se trate de actos dictados por la Administración del País Vasco en materias cuya legislación exclusiva corresponde al Estado y, en primera instancia, cuando se trate de actos dictados por la
Administración del Estado A todas las instancias y grados, cuando se trate de actos dictados por la Administración del Estado en materias de legislación exclusiva estatal y, en primera instancia, cuando se trate de actos dictados por la Administración del País Vasco A todas las instancias y grados, cuando se trate de actos dictados por la Administración del País Vasco en materias cuya legislación exclusiva corresponde a la Comunidad Autónoma y, en primera instancia, cuando se trate de actos dictados por la Administración del Estado Todas las respuestas anteriores son erróneas .
En materia de sanidad interior, corresponde al País Vasco la: Competencia exclusiva Competencia de desarrollo legislativo y de ejecución dentro de su territorio de la legislación básica del Estado Competencia de ejecución de la legislación del Estado No dispone de tal competencia .
Sin perjuicio de las competencias de las Instituciones Forales, el Parlamento Vasco: Ejerce la potestad legislativa y de ejecución y aprueba sus presupuestos Ejerce la potestad legislativa y de ejecución e impulsa y controla la acción del Gobierno Vasco Ejerce la potestad legislativa, aprueba sus presupuestos e impulsa y controla la acción del Gobierno Vasco Son correctas las respuestas (a) y (b) .
En las elecciones al Parlamento Vasco, la circunscripción electoral: Es el Municipio Es la Comarca Es el Territorio Histórico Es la Comunidad Autónoma .
El Reglamento interno del Parlamento Vasco requiere, para su aprobación: Mayoría simple de sus miembros. Mayoría absoluta de sus miembros. Mayoría de ¾ de sus miembros. El Parlamento Vasco no aprueba ningún Reglamento. .
Además de sus sesiones ordinarias, el Parlamento Vasco podrá reunirse en sesión extraordinaria: A petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la tercera parte de sus miembros A petición del Gobierno Vasco, de las Diputaciones Forales o de las ¾ partes de sus miembros A petición del Lehendakari, de los Diputados Generales o de la mitad de sus miembros A petición del Lehendakari, del/de la Presidente/a de la Cámara o de ¼ parte de sus miembros .
Las Leyes del Parlamento Vasco son promulgadas por: El Rey, quien ordena la publicación de las mismas en el Boletín Oficial del Estado en el plazo de 15 días de su aprobación y en el Boletín Oficial del País Vasco. El Presidente del Congreso, quien ordena la publicación de las mismas en el Boletín Oficial del Estado en el plazo de 15 días de su aprobación y en el Boletín Oficial del País Vasco. El Presidente del Gobierno Vasco, quien ordena la publicación de las mismas en el Boletín Oficial del país Vasco en el plazo de 15 días de su aprobación y en el Boletín Oficial del Estado El/la Presidente/a del propio Parlamento, quien ordena la publicación de las mismas en el Boletín Oficial del País Vasco en el plazo de 15 días de su aprobación y en el Boletín Oficial del Estado. .
Corresponde, entre otras competencias, al Parlamento Vasco: Designar los Diputados del Congreso que han de representar al País Vasco y solicitar del Gobierno estatal la adopción de una proposición de Ley Designar los Senadores que han de representar al País Vasco y solicitar del Gobierno estatal la adopción de un proyecto de Ley Designar los Diputados del Congreso que han de representar al País Vasco y solicitar del Gobierno estatal la adopción de un proyecto de Ley Designar los Senadores que han de representar al País Vasco y solicitar del Gobierno estatal la adopción de una proposición de Ley .
El Gobierno Vasco: Es un órgano colegiado, compuesto por el Lehendakari y Consejeros, que ostenta las funciones ejecutivas y administrativas del País Vasco Es un órgano unipersonal, integrado por el Lehendakari, que ostenta las funciones ejecutivas y administrativas del País Vasco Es un órgano colegiado, compuesto por el Lehendakari y los Diputados, que ostenta las funciones legislativas y administrativas del País Vasco Es un órgano unipersonal, compuesto por el Lehendakari, que ostenta las funciones legislativas y administrativas del País Vasco .
El Gobierno Vasco cesa: Tras la celebración de elecciones al Parlamento, en el caso de frustrarse una moción de censura o por dimisión o fallecimiento del Lehendakari Tras la celebración de elecciones al Congreso, en el caso de frustrarse una moción de censura o por dimisión o fallecimiento del Lehendakari Tras la celebración de elecciones al Parlamento, en el caso de pérdida de la confianza parlamentaria o por dimisión o fallecimiento del Lehendakari Tras la celebración de elecciones al Congreso o en el caso de pérdida de la confianza parlamentaria, pero no por dimisión o fallecimiento del Lehendakari .
El Lehendakari: será designado por el Parlamento, de entre los miembros del Gobierno, y nombrado por el/la Presidente/a del Parlamento Vasco será designado por el Parlamento, de entre sus propios miembros y nombrado por el Presidente del Congreso será designado por el Parlamento, de entre sus propios miembros, y nombrado por el Rey será designado por el Parlamento, de entre los miembros del Gobierno, y nombrado por el Presidente del Senado .
El Presidente del Tribunal Superior de Justicia: será nombrado por el/la Presidente/a del Parlamento Vasco será nombrado por el Presidente del Congreso será nombrado por el Presidente del Senado Será nombrado por el Rey .
De acuerdo con el artículo 35 del Estatuto de Autonomía del Pais Vasco, en el nombramiento de Magistrados, Jueces y Secretarios, el conocimiento del Derecho Foral Vasco y del euskera: será condición inexcusable será mérito preferente será un mérito más, sin ninguna preferencia no se valorará en absoluto .
Dentro del territorio de la Comunidad Autónoma del Pais Vasco, en la provisión del personal al servicio de la Administración de Justicia, el conocimiento del Derecho Foral Vasco y del euskera: no se valorará en absoluto será un mérito más, sin ninguna preferencia será mérito preferente será condición inexcusable .
Según el art. 36 Estatuto de Autonomía del País Vasco, la Ertzaintza o Policía Autónoma Vasca, en cuanto actúe como Policía Judicial: Estará al servicio y bajo la dependencia de la Administración de Justicia Estará al servicio de la Administración de Justicia y bajo la dependencia del Gobierno Vasco Estará al servicio y bajo la dependencia del Gobierno Vasco estará al servicio del Gobierno Vasco y bajo la dependencia de la Administración de Justicia .
En materia de régimen electoral municipal, los Territorios Históricos: tienen competencia exclusiva tienen competencia de desarrollo normativo y ejecución tienen competencia de ejecución no disponen de ninguna competencia .
Las Leyes del Parlamento Vasco: se someterán al control de constitucionalidad por el Tribunal Constitucional se someterán al control de la jurisdicción contencioso-administrativa se someterán únicamente al control del Tribunal Constitucional y de la jurisdicción contencioso-administrativa se someterán únicamente al control del Tribunal Constitucional, de la jurisdicción contencioso-administrativa y del Gobierno Vasco .
Los conflictos de competencia que se puedan suscitar entre las Instituciones de la Comunidad Autónoma y los Territorios Históricos: se someterán a la decisión del Tribunal Constitucional se someterán a la decisión del Tribunal de Justicia del País Vasco se someterán a la decisión de la Comisión Arbitral Son ciertas las tres respuestas anteriores .
Según el artículo 137 de la Constitución Española, el Estado se organiza territorialmente: Exclusivamente por municipios En municipios, provincias y Territorios Históricos En municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan En municipios, en provincias, en las Comunidades Autónomas que se constituyan, más Ceuta y Melilla .
Los alcaldes serán elegidos: Siempre por los concejales Directamente por los vecinos Por los partidos políticos Por los concejales o los vecinos .
Los municipios gozarán: De personalidad jurídica plena De personalidad jurídica limitada De personalidad jurídica restringida De personalidad jurídica condicionada en la medida que lo reconozca la legislación autonómica .
Los concejales serán elegidos: Por los partidos políticos Por los vecinos del municipio, mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida en la ley Por los vecinos del municipio, mediante sufragio universal, igual, libre, indirecto y secreto, en la forma establecida en la ley Por los vecinos del municipio, mediante sufragio restringido, secreto y censitario en la forma establecida en la ley .
La provincia: Es una entidad local con personalidad jurídica propia Es una entidad intermedia entre lo local y lo autonómico, sin personalidad jurídica propia Es una entidad intermedia entre lo local y lo autonómico, con personalidad jurídica propia Es una entidad local dotada de personalidad jurídica propia, exclusivamente en el ámbito de su Comunidad Autónoma .
El gobierno y la administración autónoma de las provincias, según el texto constitucional estarán encomendados: A Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo A Corporaciones de carácter representativo De forma exclusiva a las Diputaciones De forma exclusiva a los Territorios Históricos .
Según el texto constitucional: Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia Nunca se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia Las agrupaciones de municipios diferentes de la provincia pueden ordenarse por comarcas Las agrupaciones de municipios diferentes de la provincia pueden ordenarse por áreas metropolitanas .
De acuerdo con la Constitución las Haciendas locales se nutrirán fundamentalmente: Del 15% del aprovechamiento urbanístico De tributos locales De tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas De impuestos locales y de participación en los del Estado, de las Diputaciones, y de las Comunidades Autónomas .
Por autonomía local entiende la Carta Europea de 15 de octubre de 1985 de la Autonomía Local (BOE 24 febrero 1989): El derecho y la capacidad efectiva de las Entidades locales de ordenar la mayoría de sus asuntos públicos, bajo su propia responsabilidad y en beneficio de sus habitantes El derecho y la capacidad efectiva de las Entidades locales de ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos, en el marco de la ley, bajo su propia responsabilidad y en beneficio de sus habitantes El derecho y la capacidad efectiva de las Entidades locales de ordenar y gestionar todos sus asuntos públicos, bajo su propia responsabilidad y en beneficio de sus habitantes El derecho y la capacidad efectiva de los municipios de ordenar y gestionar una parte importante de sus asuntos, en el marco de la ley, bajo su propia responsabilidad y en beneficio de sus habitantes .
Respecto al alcance de la autonomía local, la Carta Europea de 15 de octubre de 1985 de la Autonomía Local (BOE 24 febrero 1989) señala que: Las Entidades locales tienen libertad plena para ejercer su iniciativa en toda materia que no esté excluida de su competencia o atribuida a otra autoridad Los municipios tienen libertad para regular toda materia que no esté excluida de su competencia o atribuida a otra autoridad Las Entidades locales tienen, dentro del ámbito de la Ley, libertad plena para ejercer su iniciativa en toda materia que no esté excluida de su competencia o atribuida a otra autoridad Las Entidades locales tienen, dentro del ámbito de la Ley y la Constitución, libertad plena para regular toda materia que no esté excluida de su competencia o atribuida a otra autoridad .
Para la efectiva coordinación y eficacia administrativa, la Administración General del Estado, así como las Administraciones autonómica y local, de acuerdo con el principio de lealtad institucional, deberán en sus relaciones recíprocas: Tener abiertos sus archivos para el resto de las Administraciones para cualquier información que requieran que deberá facilitarse en el plazo de 24 horas Facilitar a las otras Administraciones la información que requieran siempre que sea competencia municipal Facilitar a las otras Administraciones la información que requieran siempre que sea competencia estatal o autonómica Facilitar a las otras Administraciones la información sobre la propia gestión que sea relevante para el adecuado desarrollo por éstas de sus cometidos .
Las entidades locales tienen el deber de remitir: En exclusiva a la Administración del Estado en el plazo de 72 horas copia o, en su caso, extracto comprensivo de los actos y acuerdos de las mismas A las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, en los plazos y forma que reglamentariamente se determinen, copia o, en su caso, extracto comprensivo de los actos y acuerdos de las mismas A las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, en el plazo de cuatro días, copia o, en su caso, extracto comprensivo de los actos y acuerdos de las mismas O bien a la Administración del Estado o a la de su Comunidad Autónoma copia o, en su caso, extracto comprensivo de los actos y acuerdos de las mismas .
El deber de remitir copia o, en su caso, extracto comprensivo de los actos y acuerdos de las entidades locales corresponde: A la secretaria del alcalde En todo caso a los Secretarios de las Corporaciones locales A los Presidentes y, de forma inmediata a los Secretarios de las Corporaciones locales En todo caso a los Presidentes de las Corporaciones locales o al alcalde del municipio.
El Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades Locales establece que los actos y acuerdos se remitirán a las administraciones de tutela: En el plazo de seis días posteriores a la adopción de los actos y acuerdos En el plazo de 72 horas posteriores a la adopción de los actos y acuerdos En el plazo de cuatro días posteriores a la adopción de los actos y acuerdos En el plazo de cinco días posteriores a la adopción de los actos y acuerdos .
La cooperación económica, técnica y administrativa entre la Administración local y las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos de interés común: Se desarrollará con carácter forzoso siempre que así lo establezca la Administración del Estado Se desarrollará con carácter preceptivo Se desarrollará con carácter voluntario Se desarrollará con carácter regular y estatutario .
La cooperación económica, técnica y administrativa entre la Administración local y las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas puede materializarse: Mediante contratos administrativos Mediante los consorcios o los convenios administrativos que suscriban Mediante mancomunidades Exclusivamente mediante los convenios administrativos que se suscriban .
Las leyes del Estado o de las Comunidades Autónomas podrán crear, para la coordinación administrativa Órganos de colaboración de las Administraciones correspondientes con las entidades locales, que asumirán competencias ejecutivas Órganos de colaboración de las Administraciones correspondientes con las entidades locales, que ejercerán competencias normativas Los órganos de colaboración administrativa con las entidades locales con funciones deliberativas, ejecutivas y normativas solo pueden crearse mediante leyes del Estado Órganos de colaboración de las Administraciones correspondientes con las entidades locales, que serán únicamente
deliberantes o consultivos .
La disolución de los órganos de las corporaciones locales en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales: Es competencia exclusiva de las Cortes Generales, y se llevará a cabo mediante la aprobación de la correspondiente legislación orgánica Es competencia del Consejo de Ministros, a iniciativa del consejo de gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente, y previo acuerdo favorable del Senado Es competencia del Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con conocimiento del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente o a solicitud de éste y, en todo caso, previo acuerdo favorable del Senado Es competencia del Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente y, en todo caso, previo acuerdo favorable del Senado .
Podrán impugnar los actos y acuerdos de las entidades locales que incurran en infracción del ordenamiento jurídico: Todos los miembros de las entidades locales con independencia del voto que hubiesen emitido en la adopción del acto o acuerdo Los miembros de las corporaciones que hubieran votado en contra de tales actos y acuerdos o se hubiesen abstenido Los miembros de las corporaciones que hubieran votado en contra de tales actos y acuerdos Los miembros de las corporaciones que no hayan asistido a la reunión o pleno en que se hayan adoptado tales actos y acuerdos .
Cuando la Administración del Estado considere, en el ámbito de sus competencias, que un acto o acuerdo de alguna entidad local infringe el ordenamiento jurídico, podrá requerirla, para que anule dicho acto en el plazo máximo de: Dos meses Un mes Quince días hábiles Quince días naturales .
Cuando la Administración de la Comunidad Autónoma considere, en el ámbito de sus competencias, que un acto o acuerdo de alguna entidad local infringe el ordenamiento jurídico, podrá requerirla: En el plazo de quince días hábiles a partir de la recepción de la comunicación del acuerdo En el plazo de quince días naturales a partir de la recepción de la comunicación del acuerdo En el plazo de un mes a partir de la recepción de la comunicación del acuerdo En el plazo de dos meses a partir de la recepción de la comunicación del acuerdo .
Cuando la Administración de la Comunidad Autónoma considere, en el ámbito de sus competencias, que un acto o acuerdo de alguna entidad local infringe el ordenamiento jurídico, podrá requerirla, para que anule dicho acto en el plazo máximo de: Quince días hábiles Quince días naturales Dos meses Un mes .
Cuando la Administración del Estado considere, en el ámbito de sus competencias, que un acto o acuerdo de alguna entidad local infringe el ordenamiento jurídico, podrá requerirla: En el plazo de un mes a partir de la recepción de la comunicación del acuerdo En el plazo de quince días naturales a partir de la recepción de la comunicación del acuerdo En el plazo de quince días hábiles a partir de la recepción de la comunicación del acuerdo En el plazo de dos meses a partir de la recepción de la comunicación del acuerdo .
Si una entidad local adoptara actos que atenten gravemente al interés general de España, el Delegado del Gobierno, requerirá su anulación al Presidente de la Corporación dentro: De los diez días siguientes al de la recepción del acto De los quince días siguientes al de la recepción del acto De los cinco días siguientes al de la recepción del acto De los tres días siguientes al de la recepción del acto .
El plazo concedido al Presidente de la Corporación en el requerimiento de anulación por la adopción de actos que atenten gravemente el interés de España: No podrá ser superior a tres días No podrá ser superior a cinco días No podrá ser superior a diez días No podrá ser superior a quince días .
Está legitimado para plantear conflicto en defensa de la autonomía local ante el Tribunal Constitucional: Cualquier municipio o provincia de más de 200.000 habitantes El municipio o provincia que sea destinatario único de la ley El municipio o provincia afectado por una ley Cualquier municipio o provincia .
Para iniciar la tramitación de los conflictos en defensa de la autonomía local, ante el Tribunal Constitucional, será necesario el acuerdo del órgano plenario de las Corporaciones Locales: Con el voto favorable de dos tercios del número legal de miembros Con el voto favorable de la mayoría simple del número legal de miembros Con el voto favorable de la mayoría simple de asistentes al pleno en el que se adopte el acuerdo Con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros .
Podrán dar lugar al planteamiento de los conflictos en defensa de la autonomía local ante el Tribunal Constitucional: Los Reales Decretos aprobados por el Consejo de Ministros que lesionen la autonomía local constitucionalmente garantizada Las disposiciones generales del Estado que lesionen la autonomía local constitucionalmente garantizada Las disposiciones con rango de ley de las Comunidades Autónomas que lesionen la autonomía local constitucionalmente garantizada Las disposiciones generales de las Comunidades Autónomas que lesionen la autonomía local constitucionalmente garantizada .
Según la Constitución, la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales: Con sometimiento a la Constitución, la legislación ordinaria y los principios de la jurisprudencia Con sometimiento pleno a la ley y al Derecho Con sometimiento a la Constitución, la legislación ordinaria y los principios reglamentarios del Derecho Con sometimiento relativo a la ley frente a la jurisprudencia .
Según la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las Administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación: Con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho Con sometimiento a la Constitución, la legislación ordinaria y los principios de la jurisprudencia Con sometimiento relativo a la ley frente a la jurisprudencia Con sometimiento a la Constitución, la legislación ordinaria y los principios reglamentarios del Derecho .
Las leyes relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas son: Leyes de bases Leyes ordinarias Decretos-leyes Leyes Orgánicas .
El régimen electoral general se aprueba mediante: Ley ordinaria Decreto legislativo Ley Orgánica Ley de bases .
Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley: Sobre materias determinadas no sujetas a la regulación de la legislación ordinaria Sobre materias determinadas no sujetas a la regulación de la legislación orgánica Sobre materias determinadas no sujetas a la regulación de la Ley de Bases Sobre materias determinadas no sujetas a la regulación de los Decretos-leyes .
La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley ordinaria: Cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo Cuando su objeto sea la formación de textos articulados Cuando su objeto sea la formación de leyes de bases Cuando se trate de elaborar cualquier tipo de decreto legislativo .
En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de: Decretos-legislativos Textos Refundidos Leyes de bases Decretos-leyes.
El objeto de la delegación legislativa mediante una ley de bases es la formación de: Estatutos de Autonomía Textos refundidos Textos articulados Decretos-leyes.
La delegación legislativa: Podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado No podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado Podrá entenderse concedida de modo explícito o por tiempo indeterminado No podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo determinado .
Las leyes de bases: No podrán en ningún caso facultar para dictar normas con carácter retroactivo Podrán dictar normas con carácter retroactivo cuando se autorice por la propia delegación legislativa su propia modificación Podrán autorizar la modificación de la propia ley de bases Podrán en casos determinados facultar para dictar normas con carácter retroactivo .
Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de: Decretos-Leyes Leyes de Bases Leyes Ordinarias Decretos Legislativos .
Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad: A las Cortes Generales Al Senado Al Congreso Al Congreso y al Senado.
Los Decretos-leyes tras su promulgación exigirán pronunciarse sobre su convalidación o derogación en el plazo de: Un año Un mes Tres meses Treinta días.
La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá: Mayoría absoluta del Congreso y del Senado, en una votación final sobre el conjunto del proyecto Mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto Mayoría absoluta del Senado, en una votación final sobre el conjunto del proyecto Mayoría del Congreso y del Senado, en una votación final sobre el conjunto del proyecto .
No podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I de la Constitución, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general: Los Textos refundidos Los Textos articulados Las Leyes Orgánicas Los Decretos-leyes.
Los proyectos de ley acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre
ellos: Serán aprobados en Consejo de Ministros, que los someterá al Congreso Serán aprobados por el Presidente del Gobierno,que los someterá al Congreso Serán aprobados en Consejo de Ministros, que los someterá a las Cortes Generales Serán aprobados por el Presidente del Gobierno,que los someterá a las Cortes Generales .
El Rey sancionará las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación: En el plazo de treinta días En el plazo de quince días En el plazo de un mes En el plazo de diez días.
La celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución: Exigirá su previa aprobación por mayoría de dos tercios del Congreso de los Diputados Exigirá su previa aprobación por mayoría de tres quintos del Congreso y del Senado Exigirá su previa aprobación por mayoría absoluta de las Cortes Generales Exigirá la previa revisión constitucional .
Las disposiciones de los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España: Podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas mediante Ley Orgánica o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional Podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas mediante Ley Ordinaria o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional Sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional Sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con la correspondiente modificación legislativa de las Cortes Generales .
El art. 51.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece que “Las disposiciones administrativas no podrán vulnerar la Constitución o las leyes...”; por lo tanto, las disposiciones administrativas: Tienen carácter reglamentario Pueden regular materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen de la competencia de las Cortes Generales Pueden regular materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen de la competencia de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas Pueden tener, en su caso, carácter legal .
El principio de inderogabilidad singular de los reglamentos significa que: Las resoluciones administrativas de carácter particular podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, cuando tengan superior rango a éstas Las resoluciones administrativas de carácter general podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter particular, cuando tengan superior rango a éstas Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas tengan igual o superior rango a éstas Las resoluciones administrativas de carácter general no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter particular, aunque aquéllas tengan igual rango a éstas .
El principio de jerarquía normativa significa que: Ninguna disposición administrativa de carácter legal podrá vulnerar los preceptos de otra de rango superior Ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de rango superior Algunas disposiciones administrativas podrán vulnerar los preceptos de otra de rango superior, con autorización legislativa de las Cortes Generales Las disposiciones administrativas podrán vulnerar los preceptos de otra cuando tengan carácter de Ley Orgánica.
Dictar bandos corresponde: Al pleno municipal A la Junta de Gobierno Local Al alcalde A los concejales responsables de la policía municipal .
La aprobación del Reglamento orgánico municipal corresponde: A la comisión de gobierno Al pleno municipal A la Junta de Gobierno Local Al alcalde .
La Asamblea vecinal en régimen de concejo abierto tiene competencia para la aprobación de: Ordenanzas Leyes Reales Decretos Órdenes ministeriales .
La aprobación de Ordenanzas corresponde: A la Junta de Gobierno Local Al alcalde A la comisión de gobierno Al pleno municipal .
La aprobación inicial de las ordenanzas locales corresponde: A la comisión de gobierno Al pleno municipal A la Junta de Gobierno Local Al alcalde.
Tras la aprobación inicial de las ordenanzas locales el siguiente trámite en el procedimiento es: La información pública y audiencia a los interesados por el plazo máximo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias La información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias La información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de quince días para la presentación de reclamaciones y sugerencias La información pública y audiencia a los interesados por el plazo máximo de quince días para la presentación de reclamaciones y sugerencias .
Tras la información pública y audiencia a los interesados el siguiente trámite en el procedimiento de aprobación de ordenanzas locales es: La aprobación definitiva La aprobación provisional La resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo La resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y aprobación definitiva por el alcalde .
En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia en el trámite de aprobación de ordenanzas locales: Se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional Se entenderá aprobada provisionalmente la Ordenanza Se volverá a abrir plazo por quince días para la presentación de reclamaciones y sugerencias Se volverá a abrir plazo por treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias .
Para la modificación de las ordenanzas: Deberá observarse el procedimiento simplificado Deberán observarse los mismos trámites que para su aprobación Deberá derogarse previamente la ordenanza vigente Deberá haber trascurrido el plazo de la vacatio legis .
La aprobación definitiva de una ordenanza municipal se produce: Tras la aprobación provisional Tras la resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo Tras la aprobación inicial Tras la información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de quince días para la presentación de reclamaciones y sugerencias .
Las ordenanzas cuya aprobación definitiva sea competencia de los entes locales, en Comunidades Autónomas pluriprovinciales: Se publicarán en el Boletín Oficial del Estado Se publicarán íntegramente en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma Se publicarán en el Boletín Oficial de las Juntas Generales Se publicarán en el “Boletín Oficial” de la provincia .
Las normas de los planes urbanísticos cuya aprobación definitiva sea competencia de los entes locales, en Comunidades Autónomas pluriprovinciales: Se publicarán en el Boletín Oficial de la provincia Se publicarán en el Boletín Oficial de las Juntas Generales Se publicarán íntegramente en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma Se publicarán en el Boletín Oficial del Estado .
Para la entrada en vigor de una Ordenanza municipal: Es suficiente que se publique el anuncio de su aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma Es suficiente que se publique el anuncio de su aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia Debe publicarse completamente su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia Debe publicarse completamente su texto íntegro en el Boletín Oficial del Estado .
Para la entrada en vigor de las normas de los planes urbanísticos: Debe publicarse completamente su texto íntegro en el Boletín Oficial del Estado Debe publicarse completamente su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia Es suficiente que se publique el anuncio de su aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia Es suficiente que se publique el anuncio de su aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma .
El plazo previsto para la entrada en vigor de las normas de los planes urbanísticos desde su publicación es: Siempre el de la vacatio legis De un mes El del trascurso de quince días hábiles para formular requerimiento de incompetencia de la Administración estatal o autonómica El establecido de modo expreso en las normas de los planes urbanísticos, o en su caso el de la vacatio legis .
El plazo previsto para la entrada en vigor de las ordenanzas locales desde su publicación es: El del trascurso de quince días hábiles para formular requerimiento de incompetencia de la Administración estatal o autonómica De quince días naturales El que establezca de modo expreso la propia ordenanza municipal, o en su caso el de la vacatio legis Siempre el de la vacatio legis .
La potestad reglamentaria de las entidades locales en materia tributaria se ejercerá: A través de la legislación estatal en materia de impuestos concertados A través de la legislación autonómica en materia de impuestos concertados A través de ordenanzas fiscales reguladoras de sus tributos propios A través de Normas Forales de los Territorios Históricos .
La potestad reglamentaria de las entidades locales en materia tributaria se ejercerá: A través de Normas Forales de los Territorios Históricos A través de ordenanzas generales de gestión, recaudación e inspección A través de la legislación estatal en materia de impuestos concertados A través de la legislación autonómica en materia de impuestos concertados .
Las ordenanzas fiscales obligan en el territorio: Del Territorio Histórico De la Provincia De la Comunidad Autónoma De la respectiva entidad local .
Las ordenanzas fiscales se aplican conforme: Al principio de territorialidad Al principio de residencia efectiva A los principios de residencia efectiva y de territorialidad, según los casos A los principios de residencia efectiva, de territorialidad, o de empadronamiento municipal .
Las ordenanzas fiscales: Comenzarán a aplicarse en el momento de su publicación definitiva en el “Boletín Oficial” de la Provincia Comenzarán a aplicarse en el momento de su publicación definitiva en el “Boletín Oficial” de la Comunidad Autónoma Comenzarán a aplicarse en el momento de su publicación definitiva en el “Boletín Oficial” del Estado Comenzarán a aplicarse en el momento de su publicación definitiva en el “Boletín Oficial” de la Provincia, salvo que en las mismas se señale otra fecha .
Los acuerdos de establecimiento, supresión y ordenación de tributos locales: Serán aprobados, publicados y entrarán en vigor, de acuerdo con lo dispuesto en las normas especiales reguladoras de la Imposición y Ordenación de tributos locales Serán aprobados, publicados y entrarán en vigor, de acuerdo con el régimen general establecido para las Ordenanzas locales Serán aprobados, publicados y entrarán en vigor, de acuerdo con el régimen establecido para el reglamento orgánico municipal Serán aprobados, publicados y entrarán en vigor, de acuerdo con el régimen específico establecido para los reglamentos locales .
En los municipios de gran población corresponde la aprobación de las ordenanzas municipales: A la comisión de gobierno Al pleno municipal A la Junta de Gobierno Local Al alcalde .
En los municipios de gran población corresponde la aprobación de los reglamentos municipales: Al alcalde A la Junta de Gobierno Local Al pleno municipal A la comisión de gobierno .
En los municipios de gran población corresponde la aprobación de los proyectos de ordenanzas: A la Junta de Gobierno Local Al alcalde A la comisión de gobierno Al pleno municipal .
En los municipios de gran población corresponde la aprobación de los proyectos de reglamentos, incluidos los orgánicos: A la comisión de gobierno Al pleno municipal Al alcalde A la Junta de Gobierno Local .
En los municipios de gran población corresponde la aprobación de los proyectos de instrumentos de ordenación urbanística cuya aprobación definitiva o provisional corresponda al Pleno: Al alcalde A la Junta de Gobierno Local Al pleno municipal A la comisión de gobierno .
En los municipios de gran población corresponde la aprobación de decretos e instrucciones: A la Junta de Gobierno Local Al alcalde A la comisión de gobierno Al pleno municipal .
En los municipios de gran población corresponde ordenar la publicación y cumplimiento de los acuerdos de los órganos ejecutivos del Ayuntamiento: A la comisión de gobierno Al pleno municipal A la Junta de Gobierno Local Al alcalde.
El municipio es: La entidad local menor de la organización territorial del Estado La entidad local básica de la organización territorial del Estado La entidad local financieramente fundamental de la organización territorial del Estado La entidad local superior de la organización territorial del Estado .
El municipio: No tiene personalidad jurídica aunque goza de plena capacidad para el cumplimiento de sus fines Tiene personalidad jurídica, con capacidad limitada para el cumplimiento de sus fines No tiene personalidad jurídica, y puede desarrollar el cumplimiento de sus fines, de conformidad con las competencias que le atribuye el ordenamiento jurídico Tiene personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines .
Son elementos del municipio: Sus vecinos empadronados en el Ayuntamiento Los terrenos deslindados que marcan sus límites El territorio, la población y la organización El pleno, el alcalde, el teniente alcalde y los concejales .
El término municipal es: Es el territorio en que el ayuntamiento ejerce sus competencias Es el marco geográfico que delimita un municipio y sus entidades locales menores Es el conjunto de zona urbana y no urbanizable delimitado en el plan general Es el conjunto de zona urbana y urbanizable delimitado en el plan general .
Cada municipio: Estará distribuido en distritos en el seno de una sola provincia Debe tener una población mínima de cincuenta personas Pertenecerá a una sola provincia Estará compuesto por barrios, distritos y entidades locales menores .
La alteración de términos municipales en ningún caso puede suponer: La supresión de enclaves Modificación de los límites provinciales La segregación de parte de un municipio La agregación de parte de un municipio .
Para la creación o supresión de municipios, así como para la alteración de términos municipales se necesita: Una población al menos de 5.000 habitantes Informe de la Administración que ejerza la tutela financiera Una población al menos de 1.000 habitantes En todo caso informe del Consejo de Estado .
La creación de nuevos municipios solo podrá realizarse sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados: De al menos 5.000 habitantes De al menos 3.000 habitantes De al menos 2.500 habitantes De al menos 1.000 habitantes .
El Convenio de fusión entre municipios deberá ser aprobado: Por mayoría absoluta de los concejales asistentes a cada uno de los plenos de los municipios fusionados Por mayoría de dos tercios de cada uno de los plenos de los municipios fusionados Por mayoría absoluta de los concejales que formen parte de cada uno de los plenos de los municipios fusionados Por mayoría simple de cada uno de los plenos de los municipios fusionados .
Los cambios de denominación de los Municipios sólo tendrán carácter oficial cuando: Se publiquen en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma Se publiquen en el Boletín Oficial del Estado Se publiquen en el Boletín Oficial del Territorio Histórico Se publiquen en el Boletín Oficial de la Provincia o de la Comunidad Autónoma en las uniprovinciales .
La población del municipio lo constituye: El conjunto de personas inscritas en el Padrón municipal El conjunto de personas que tengan su residencia en el municipio El conjunto de personas que tengan su domicilio habitual en el municipio El conjunto de personas que hayan nacido en el municipio y además se hallen inscritas en el Padrón municipal .
La condición de vecino se adquiere en un municipio: En el mismo momento de su inscripción en el registro civil como nacido en el municipio En el mismo momento de fijación del domicilio fiscal en un municipio En el mismo momento de su inscripción en el Padrón municipal En el mismo momento de fijación de la residencia habitual en un municipio .
La inscripción en el Padrón Municipal deberá ser objeto de renovación periódica cada dos años: Cuando se trate de la inscripción de extranjeros no comunitarios con autorización de residencia Cuando se trate de la inscripción de extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente Cuando se trate de la inscripción de extranjeros Cuando se trate de la inscripción de extranjeros sin autorización de residencia permanente .
La Junta de Gobierno Local existe: En todos los municipios con población superior a 15.000 habitantes En todos los municipios con población superior a 3.000 habitantes En todos los municipios con población superior a 10.000 habitantes En todos los municipios con población superior a 5.000 habitantes .
La Junta de Gobierno Local en un municipio puede crearse cuando no se alcance la población que lo exija la ley: Cuando así lo disponga su Reglamento Orgánico Cuando así lo dispongan sus Ordenanzas fiscales Cuando así lo disponga su alcalde Cuando así lo disponga su comisión de gobierno.
Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales es competencia atribuida: A la Junta de Gobierno Local Al alcalde A la comisión de gobierno Al pleno municipal.
El planteamiento de conflictos de competencias a otras entidades locales es competencia atribuida: A la comisión de gobierno A la Junta de Gobierno Local Al alcalde Al pleno municipal .
La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento es competencia atribuida: A la Junta de Gobierno Local A la comisión de gobierno Al pleno municipal Al alcalde .
El nombramiento de los tenientes de alcalde es competencia atribuida: A la comisión de gobierno Al pleno municipal A la Junta de Gobierno Local Al alcalde.
Las capitales de provincia son municipios de gran población: Siempre y en todo caso Cuando supere la población de 175.000 habitantes Cuando supere la población de 50.000 habitantes Cuando supere la población de 100.000 habitantes .
Para la legislación básica son municipios de gran población: Los que superen los 100.000 habitantes Los que superen los 50.000 habitantes Los que superen los 250.000 habitantes Los que superen los 75.000 habitantes .
En los municipios de gran población la aprobación del proyecto de presupuesto es competencia atribuida: A la Junta de Gobierno Local Al alcalde A la comisión de gobierno Al pleno municipal .
La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público es competencia atribuida: Al pleno municipal A la comisión de gobierno A la Junta de Gobierno Local Al alcalde .
Ejercer la jefatura de la Policía Municipal es competencia atribuida: Al alcalde Al pleno municipal A la Junta de Gobierno Local Al concejal responsable de seguridad ciudadana .
En los municipios de gran población la concesión de cualquier tipo de licencia, salvo que la legislación sectorial la atribuya expresamente a otro órgano, corresponde: Al pleno municipal A la comisión de gobierno A la Junta de Gobierno Local Al alcalde .
Las sesiones plenarias han de convocarse al menos con: 24 horas de antelación 48 horas de antelación Dos días hábiles de antelación Tres días hábiles de antelación .
El Pleno se constituye válidamente con la asistencia: De la mayoría simple de miembros del mismo, que nunca podrá ser inferior a tres. Y en todo caso se requiere la asistencia del presidente y secretario de la corporación o quienes legalmente les sustituyan De un tercio del mínimo legal de miembros del mismo, que nunca podrá ser inferior a tres. Y en todo caso se requiere la asistencia del presidente y secretario de la corporación o quienes legalmente les sustituyan De la mitad legal de miembros del mismo, que nunca podrá ser inferior a tres. Y en todo caso se requiere la asistencia del presidente y secretario de la corporación o quienes legalmente les sustituyan Del alcalde y secretario de la corporación municipal, o quienes legalmente les sustituyan, más dos concejales .
En los municipios de más de 20.000 habitantes el pleno celebra sesión ordinaria: Como mínimo una vez cada dos meses Como mínimo una vez cada tres meses Como mínimo una vez cada quince días Como mínimo una vez cada mes .
En los municipios entre 5.001 habitantes y 20.000 habitantes el pleno celebra sesión ordinaria: Como mínimo una vez cada dos meses Como mínimo una vez cada tres meses Como mínimo una vez cada quince días Como mínimo una vez cada mes .
Tienen capacidad de obrar ante las Administraciones públicas: todas las personas que tengan capacidad jurídica sólo las personas que tengan capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles las personas que tengan capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles y también los menores de edad, en todo caso no la tienen los menores incapacitados cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate .
Tiene la consideración de persona interesada en el procedimiento administrativo: únicamente quien lo promueva en calidad de titular de derechos o intereses legítimos individuales únicamente quien lo promueva en calidad de titular de derechos o intereses legítimos colectivos únicamente quien, sin haber iniciado el procedimiento, tenga derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte además de todos los anteriores, quien tenga intereses legítimos que puedan resultar afectados por la decisión que se adopte y se persone en el procedimiento antes de que recaiga la resolución definitiva .
Cuando, tras haberse iniciado el procedimiento, la persona interesada transmite el derecho que pueda resultar afectado por la resolución que se adopte en el mismo: seguirá siendo persona interesada la que lo era inicialmente tanto la persona transmitente como la que adquiere el derecho serán consideradas personas interesadas en el procedimiento se convertirá en persona interesada la nueva titular del derecho en cuestión se declarará concluso el procedimiento .
Podrá actuar en representación de otra persona ante las Administraciones Públicas: toda persona que tenga capacidad jurídica toda persona que tenga capacidad de obrar únicamente quien posea el título de abogado se requiere la representación por procurador .
Se presume la representación: a la hora de formular una solicitud o interponer un recurso en nombre de otra persona a la hora de desistir de acciones o renunciar a derechos en nombre de otra persona a la hora de realizar actos y gestiones de mero trámite en nombre de otra persona en todos los casos anteriormente mencionados .
En los casos en que falta la acreditación de la representación o la acreditación es insuficiente: en todo caso, se tendrá por realizado el acto se tendrá por realizado el acto si lo convalida el órgano superior jerárquico en el plazo de 10 días se tendrá por realizado el acto si se aporta la acreditación o se subsana el defecto en el plazo de 10 días que, en principio, deberá conceder al efecto el órgano administrativo en ningún caso cabrá tener por realizado el acto .
Si en una solicitud, escrito o comunicación figuran varias personas interesadas: las actuaciones a que dé lugar se efectuarán necesariamente con todas y cada una de las personas interesadas las actuaciones a que dé lugar se efectuarán, en principio, con el representante o persona interesada que se haya señalado expresamente las actuaciones se efectuarán directamente con la persona interesada que figure en primer término las actuaciones se efectuarán directamente con cualquiera de las personas interesadas .
Cuando durante la instrucción de un procedimiento que no haya tenido publicidad en forma legal, se advierte la existencia de titulares de derechos o intereses cuya identificación resulte del expediente y que puedan ser afectados por la resolución del mismo se comunicará a dichas personas la tramitación del procedimiento se comunicará la tramitación del procedimiento únicamente a quienes son titulares de derechos se obligará a dichas personas a comparecer en el procedimiento se obligará a comparecer en el procedimiento únicamente a quienes sean titulares de derechos .
Si la autoridad o persona titular del órgano responsable del procedimiento tiene parentesco de consanguinidad en segundo grado con una de las personas interesadas en el mismo pero no se abstiene de intervenir: cualquiera de las personas interesadas podrá plantear, incluso verbalmente, la recusación del mismo, pero siempre antes de la fase de alegaciones cualquiera de las personas interesadas podrá promover la recusación, por escrito, en cualquier momento de la tramitación del procedimiento cualquiera de las personas interesadas podrá plantear, incluso verbalmente, la recusación del mismo, pero únicamente en el momento de presentar la solicitud de iniciación cualquiera de las personas interesadas podrá plantear, incluso por escrito, la recusación del mismo, pero siempre antes de la fase de alegaciones .
Contra la resolución adoptada en materia de recusación: no cabe recurso, sin perjuicio de la posibilidad de alegar la recusación al interponer un recurso contra el acto que termine el procedimiento cabe recurso de alzada ante el superior jerárquico del órgano afectado por tal recusación cabe recurso de reposición ante el superior jerárquico, que es quien ha adoptado la resolución cabe únicamente el recurso contencioso-administrativo, sin necesidad de interponer recurso administrativo previo .
La comparecencia de los ciudadanos ante las oficinas públicas, previa la correspondiente citación: es siempre obligatoria es obligatoria, salvo que el órgano que efectúa la citación estime lo contrario para el supuesto concreto es obligatoria si está previsto en la citación para el supuesto concreto únicamente es obligatoria cuando esté así previsto en una norma con rango de ley .
Cuando la Administración haya establecido un modelo o un sistema normalizado de solicitud en relación con un determinado procedimiento: las personas solicitantes no podrán acompañar ningún elemento ni documento adicional al modelo preestablecido las personas solicitantes podrán acompañar elementos que estimen convenientes para precisar o completar los datos del modelo, pero la Administración no está obligada a admitirlos las personas solicitantes podrán acompañar elementos que estimen convenientes para precisar o completar los datos del modelo, los cuales deberán ser admitidos y tenidos en cuenta por el órgano al que se dirijan las personas solicitantes podrán acompañar elementos que estimen convenientes para precisar o completar los
datos del modelo y la Administración está obligada a admitirlos, pero no a tenerlos en cuenta posteriormente .
Si el procedimiento se inicia a solicitud de persona interesada: el órgano competente está obligado a recabar del solicitante la modificación o mejora de los términos de la solicitud el órgano competente podrá recabar del solicitante la modificación o mejora voluntaria de los términos de la solicitud el órgano competente no está habilitado en ningún caso para recabar del solicitante la modificación o mejora de los términos de la solicitud todas las respuestas anteriores son erróneas .
A los efectos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se entiende por declaración responsable: aquel documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la Administración Pública competente sus datos identificativos y demás requisitos exigibles para el ejercicio de un derecho o el inicio de una actividad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 70.1 LPC el acto administrativo en el que el órgano competente manifiesta, bajo su responsabilidad, que la persona interesada cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio el documento suscrito por la persona interesada en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los
requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio aquel acto administrativo mediante el cual el órgano competente pone en conocimiento de la persona interesada los datos identificativos y demás requisitos exigibles para el ejercicio de un derecho o el inicio de una actividad, de los cuales tiene constancia la Administración correspondiente .
Las declaraciones responsables y las comunicaciones previas permiten, con carácter general, el reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad: desde el día de su presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tengan atribuidas las Administraciones Públicas a partir del decimoquinto día tras su presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tengan atribuidas las Administraciones Públicas tras el ejercicio por la Administración Pública competente de sus facultades de comprobación, control e inspección a partir del decimoquinto día tras el ejercicio por la Administración Pública competente de sus facultades de comprobación, control e inspección .
La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato, documentación o documento que se acompaña o incorpora a una declaración responsable o comunicación previa o la no presentación de cualquiera de estas últimas ante la Administración: determina necesariamente la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente determina necesariamente la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un periodo de tiempo determinado determina la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos determina necesariamente responsabilidades penales .
Las personas interesadas pueden, en principio, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio: en cualquier momento anterior a la solicitud de iniciación en cualquier momento del procedimiento anterior al período de prueba en cualquier momento del procedimiento anterior al dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico correspondiente en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia .
Las alegaciones referidas a defectos de tramitación y, en especial, los que supongan paralización, infracción de los plazos preceptivos u omisión de trámites necesarios podrán efectuarse por las personas interesadas: en cualquier momento del procedimiento en cualquier momento del procedimiento anterior al período de prueba en cualquier momento del procedimiento anterior al dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico correspondiente en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia .
En relación con las pruebas propuestas por los interesados: el instructor del procedimiento no podrá rechazarlas bajo ningún concepto el instructor del procedimiento sólo podrá rechazarlas cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias el instructor del procedimiento podrá rechazar cualquiera de ellas mediante resolución motivada el instructor del procedimiento podrá rechazarlas en cualquier caso .
Una vez instruido el procedimiento, en el trámite de audiencia: los interesados pueden, en un plazo no inferior a 10 días ni superior a 15, alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes los interesados pueden, en un plazo no inferior a 10 días ni superior a 20, alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes los interesados pueden, en un plazo no inferior a 10 días ni superior a 15, efectuar nuevas alegaciones, sin que puedan ya aportar ningún documento o justificación adicional los interesados pueden, en un plazo no inferior a 10 días ni superior a 20, efectuar nuevas alegaciones, sin que puedan ya aportar ningún documento o justificación adicional .
Acerca del trámite de audiencia en el procedimiento administrativo: cuando las pruebas aportadas sean inequívocas, la Ley 30/1992 establece que se deberá prescindir del mismo cuando el procedimiento se haya alargado en exceso, la Ley 30/1992 establece que se deberá prescindir del mismo se podrá prescindir del mismo cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por la persona interesada no se puede prescindir del trámite de audiencia bajo ningún concepto .
Los actos de instrucción de un procedimiento que requieran la intervención de las personas interesadas: deben practicarse en la forma en que resulte más cómoda al órgano administrativo, teniendo en cuenta sus múltiples tareas deben practicare en la forma que resulte más cómoda para las personas interesadas deben practicarse en la forma que sea compatible, en la medida de lo posible, con las obligaciones laborales y profesionales de las personas interesadas son ciertas las respuestas (b) y (c) .
El período de información pública: es un trámite a cumplimentar en todo tipo de procedimientos es un trámite que podrá acordar el órgano al que corresponda la resolución del procedimiento, cuando la naturaleza de éste lo requiera es un trámite en todo caso prescindible, aunque su celebración haya sido prescrita por la legislación sectorial vigente es un trámite cuya práctica queda en manos del órgano instructor, de manera discrecional, con independencia de lo que pueda prever la legislación sectorial .
En un procedimiento administrativo, el trámite de información pública tiene por objeto: que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el procedimiento o la parte del mismo que se acuerde, y que pueda formular sus alegaciones en un plazo no inferior a 20 días que tan sólo las personas interesadas puedan examinar el procedimiento o la parte del mismo que se acuerde y que pueda formular sus alegaciones en un plazo no inferior a 30 días que otras Administraciones Públicas puedan examinar el procedimiento o la parte del mismo que se acuerde, y que puedan presentar sus informes en un plazo no inferior a 30 días que otros órganos administrativos puedan examinar el procedimiento o la parte del mismo que se acuerde, y que puedan presentar sus informes en un plazo no inferior a 30 días .
Efectos de la información pública: la incomparecencia en este trámite impide a las personas interesadas interponer los recursos procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento la comparecencia en el trámite de información pública otorga, por sí misma, la condición de persona interesada quienes presenten alegaciones u observaciones en este trámite tienen derecho a obtener de la Administración una respuesta razonada son ciertas las respuestas (a) y (b) .
Cuando el escrito de iniciación de un procedimiento se haya formulado por dos o más personas interesada y una de ellas desiste de la solicitud o renuncia a su derecho: el desistimiento o la renuncia afectará únicamente a la persona que la haya formulado el desistimiento afectará únicamente a la persona que lo haya formulado, pero la renuncia afectará a todas las personas solicitantes la renuncia afectará únicamente a la persona que la haya formulado, pero el desistimiento afectará a todas las personas solicitantes la Administración ha de considerar que el desistimiento o renuncia afectan a todas las personas solicitantes .
El plazo que dispone una persona interesada para solicitar de la Administración Pública que declare de oficio la nulidad de un acto administrativo es de: un mes dos meses cuatro años puede hacerlo en cualquier momento .
A la hora de expresar en la interposición del recurso la razón de su impugnación, la persona interesada: sólo puede alegar vicios y defectos que hagan anulable el acto sólo puede alegar los que hayan sido causados por esa misma persona no puede alegar los vicios y defectos que hayan sido causados por esa misma persona sólo puede alegar los vicios o defectos previstos en el artículo 62 de la Ley 30/1992 .
En vía de recurso, cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos no recogidos en el expediente originario: hay obligación de ponerlos de manifiesto a las personas interesadas, pero sin necesidad de abrir periodo de alegaciones se pondrán de manifiesto a las personas interesadas, quienes dispondrán de un periodo de alegaciones no inferior a 10 días ni superior a 15 se pondrán de manifiesto a las personas interesadas, quienes dispondrán de un periodo de alegaciones no inferior a 15 días ni superior a 20 se pondrán de manifiesto a las personas interesadas, quienes dispondrán de un periodo de alegaciones no inferior a 20 días ni superior a 30 .
No tienen carácter de documentos nuevos a los efectos de la audiencia de los interesados en vía de recurso, regulado por el art. 112 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: el propio recurso, los informes y propuestas y tampoco los documentos que las personas interesadas hayan aportado al expediente antes de recaer la resolución impugnada el propio recurso no lo tiene, pero sí los informes, propuestas y documentos que las personas interesadas hayan aportado al expediente antes de recaer la resolución impugnada el propio recurso, los informes y propuestas no lo tienen, pero sí los documentos que las personas interesadas hayan aportado al expediente antes de recaer la resolución impugnada las tres respuestas anteriores son erróneas .
A efectos de motivación de los actos administrativos, basta con una: Sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho Sucinta referencia a la competencia del órgano que los dicta Sucinta referencia a lo dispuesto en el ordenamiento respecto de su rango Sucinta referencia al razonamiento lógico del órgano que los dicta .
Deben ser motivados, en todo caso: Los actos que amplíen derechos subjetivos o intereses legítimos Los que se dicten según el criterio seguido en actuaciones precedentes o el dictamen de órganos consultivos Los que se dicten en el ejercicio de potestades regladas Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia o ampliación de plazos .
Los actos administrativos se producirán de forma verbal: En general, a menos que su naturaleza exija o permita otra forma más adecuada de expresión y constancia En todo caso, cuando se trate de resoluciones Necesariamente cuando deba dictarse una serie de actos administrativos de la misma naturaleza Ninguna de las respuestas anteriores es correcta .
Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo: Se presumirán válidos desde la fecha en que se dicten Se presumirán válidos desde la fecha en que se notifiquen Se presumirán válidos desde la fecha en que se publiquen Se presumirán válidos desde la fecha en que se aprueben por el órgano jerárquicamente inferior.
La eficacia de los actos administrativos: Producirán efectos, en todo caso, desde la fecha en que se dicten Su eficacia quedará demorada siempre, pues queda obligatoriamente supeditada a su notificación Tendrán eficacia retroactiva siempre que produzcan efectos favorables al interesado Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos que se dicten en sustitución de actos anulados .
Se notificará a las personas interesadas: Únicamente las resoluciones que afecten negativamente a sus derechos e intereses Únicamente los actos administrativos que afecten positivamente a sus derechos e intereses Aquellas resoluciones y actos administrativos que afecten a sus derechos e intereses Aquellas resoluciones y actos administrativos cuya notificación hayan solicitado previamente .
Toda notificación ha de ser cursada dentro del plazo de: Diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado Veinte días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado Treinta días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado Un mes a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado .
Además del texto íntegro de la resolución, la notificación debe contener: La indicación de si es o no definitivo en vía administrativa La expresión de los recursos que procedan El órgano ante el que ha de interponerse el recurso y el plazo que se dispone para ello Todas las indicaciones anteriores .
Si una notificación contiene únicamente el texto íntegro del acto: No es susceptible de producir ningún tipo de efecto Surtirá efecto a partir del transcurso de un mes desde tal notificació Surtirá efecto a partir de la fecha en que la persona interesada realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance del acto notificado Surtirá efecto a partir de la fecha en que el interesado interponga un recurso cualquiera .
A los efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, será suficiente la notificación que contenga, como mínimo, el texto íntegro de la resolución: Junto con la copia auténtica de la misma, debidamente acreditada Junto con el intento de notificación debidamente acreditado Junto con una fotocopia de la misma, debidamente acreditada por el órgano competente Sin ningún otro requisito adicional .
Cuando la notificación se practique en el domicilio de la persona interesada y ésta no se halle presente en ese momento: Podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad En todo caso, se repetirá el intento de notificación en una hora distinta dentro de los cinco días siguientes En todo caso, se repetirá el intento de notificación en una hora distinta dentro de los diez días siguientes En todo caso, se publicará en el tablón de edictos del Ayuntamiento correspondiente .
Cuando la persona interesada rechace la notificación de una actuación administrativa: Se efectuará, en todo caso, la notificación a su representante Se hará constar en el expediente y se tendrá por efectuado el trámite, siguiéndose el procedimiento Se repetirá el intento de notificación en una hora distinta dentro de los tres días siguientes Se paralizará el expediente hasta que la persona interesada decida darse por notificada. .
La publicación sustituirá a la notificación, surtiendo sus mismos efectos: Cuando el acto tenga por destinataria una pluralidad indeterminada de personas Cuando la Administración estime que la notificación efectuada a una sola persona interesada es insuficiente para
garantizar la notificación a todas Cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva En todos los casos anteriores .
Son actos nulos de pleno Derecho los actos administrativos: Que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico Que incurran en desviación de poder Que tengan un contenido imposible Cualquier acto expreso o presunto contrario al ordenamiento jurídico .
Son anulables los actos administrativos: Dictados por un órgano manifiestamente incompetente por razón del territorio Que se dicten como consecuencia de una infracción penal Dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido Que tengan un defecto formal que dé lugar a la indefensión de las personas interesadas .
El acto dictado por un órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia: Es nulo de pleno Derecho Es anulable Será nulo de pleno Derecho si carece de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin Será anulable si da lugar a la indefensión de los interesados .
El acto administrativo que adolezca de un defecto de forma: Será nulo de pleno Derecho si da lugar a la indefensión de las personas interesadas Será anulable en caso de carecer de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin Será nulo de pleno Derecho Será anulable en todo caso .
La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas implica: La nulidad de pleno Derecho del acto en todo caso La anulabilidad del acto en todo caso La nulidad de pleno Derecho del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo La anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo .
Cuando una persona interesada solicita de la Administración la revisión de oficio de un acto nulo de pleno Derecho: La Administración correspondiente debe necesariamente admitir a trámite la citada solicitud Puede acordar la inadmisión, pero tras recabar el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico Puede acordar la inadmisión, pero tras haber obtenido el dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico Puede acordar la inadmisión, motivadamente, cuando carezca manifiestamente de fundamento .
Cuando la Administración inicie de oficio el procedimiento de revisión de un acto nulo de pleno Derecho: El transcurso del plazo de tres meses sin dictar resolución producirá la caducidad del mismo Se podrá entender que se ha producido silencio administrativo negativo por el transcurso del plazo de tres meses sin dictar resolución Se podrá entender que se ha producido silencio administrativo negativo por el transcurso del plazo de seis meses sin dictar resolución No se producirá la caducidad del mismo hasta el transcurso del plazo de seis meses sin dictar resolución .
La Administración puede declarar lesivos para el interés público: Los actos nulos de pleno Derecho Los actos anulables favorables para las personas interesadas Los actos anulables desfavorables para las personas interesadas Cualquier acto administrativo, sea o no anulable o nulo de pleno Derecho .
La declaración de lesividad de un acto administrativo permite a la Administración: Declarar por sí misma y de inmediato la nulidad de pleno Derecho del mismo Anular por sí misma y de inmediato el acto en cuestión Proceder a su impugnación ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo Las tres respuestas anteriores son falsas .
El plazo que dispone la Administración para la declaración de lesividad de un acto administrativo es de: Un mes desde que se dictó el acto administrativo Seis meses desde que se dictó el acto administrativo Un año desde que se dictó el acto administrativo Cuatro años desde que se dictó el acto administrativo .
La Administración dispone desde la iniciación del procedimiento de declaración de lesividad de un plazo de: Seis meses, cuyo transcurso sin haberse declarado la lesividad dará lugar al silencio administrativo negativo Seis meses, cuyo transcurso sin haberse declarado la lesividad dará lugar la caducidad del mismo Un año, cuyo transcurso sin haberse declarado la lesividad dará lugar al silencio administrativo negativo Un año, cuyo transcurso sin haberse declarado la lesividad dará lugar a la caducidad del mismo .
En el caso de los municipios, la declaración de lesividad corresponde, en principio: Al Alcalde Al Pleno de la Corporación Al Secretario de la Corporación Los Municipios no tienen competencia para tal declaración .
En caso de detectar algún error material, de hecho o aritmético en un acto administrativo, la Administración: dispone de un mes para rectificarlo dispone de seis meses para rectificarlo dispone de cuatro años para rectificarlo podrá rectificarlo en cualquier momento .
Los recursos administrativos podrán interponerse: por las personas interesadas contra las resoluciones y, en algunos casos, contra los actos de trámite por cualquier persona, contra los actos de trámite y, en algunos casos, contra las resoluciones por las personas interesadas, únicamente contra las resoluciones por cualquier persona, únicamente contra los actos de trámite .
Los recursos contra un acto administrativo que se funden únicamente en la nulidad de una disposición administrativa de carácter general: Deberán interponerse ante el órgano superior jerárquico del que dictó dicho acto administrativo Podrán interponerse directamente ante el órgano superior jerárquico del que dicto dicha disposición de carácter general Podrán interponerse directamente ante el órgano que dictó dicha disposición de carácter general Deberán interponerse ante el órgano que dictó dicho acto administrativo .
Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan se superior jerárquico: Ponen fin a la vía administrativa, salvo que una Ley establezca lo contrario Son actos firmes, salvo que una Ley establezca lo contrario Agotan la vía administrativa, salvo que una Ley establezca lo contrario Las respuestas A y C son correctas .
El error por parte del recurrente en la calificación del recurso: Es un obstáculo para su tramitación, por lo que ha de decidirse su inadmisión de plano No es un obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter No es un obstáculo para su tramitación, por lo que debe decidirse su admisión en todo caso Es un obstáculo para su tramitación, pero podrá admitirlo el superior jerárquico del órgano ante el que se haya presentado el recurso .
El órgano a quien competa resolver un recurso administrativo: Debe adoptar inmediatamente la suspensión de la ejecución del acto impugnado Podrá suspender la ejecución del acto impugnado cuando la misma pudiese causar perjuicios de imposible o difícil reparación, pero siempre de oficio Podrá suspender la ejecución del acto impugnado cuando la impugnación se funde en alguna de las causas de nulidad de pleno Derecho, también a instancia de parte No podrá en ningún caso suspender la ejecución del acto impugnado a instancia de parte .
Efectos de la falta de resolución expresa en relación con la solicitud de suspensión de la ejecución de un acto impugnado: Se entenderá suspendida una vez transcurridos 15 días desde que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente Se entenderá caducada una vez transcurridos 15 días desde que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente Se entenderá suspendida una vez transcurridos 30 días desde que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente Se entenderá caducada una vez transcurridos 30 días desde que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente .
Respecto de la suspensión de la ejecución de un acto impugnado: La suspensión no podrá prolongarse después de agotada la vía administrativa Se prolongará después de agotada la vía administrativa si una persona interesada interpone recurso contencioso-administrativo y solicita la suspensión del acto impugnado, hasta que tal solicitud reciba respuesta del órgano judicial Tras haberse agotado la vía administrativa, un órgano judicial no puede resolver solicitudes de suspensión Se prolongará, en todo caso, después de agotada la vía administrativa .
En la resolución del recurso administrativo, el órgano competente podrá: Estimar en todo o en parte o desestimar las pretensiones formuladas o declarar la inadmisión del recurso Sólo podrá estimar en todo o en parte o desestimar las pretensiones formuladas No podrá declarar la inadmisión del recurso Son válidas las respuestas (b) y (c.
Las resoluciones y actos recurribles que no pongan fin a la vía administrativa: Podrán ser objeto del recurso de alzada, cuya resolución compete al órgano superior jerárquico del que los dictó Podrán ser objeto del recurso de reposición, cuya resolución compete al órgano superior jerárquico del que los dictó Podrán ser objeto del recurso de alzada, cuya resolución compete al órgano que los dictó Podrán ser objeto del recurso de reposición, cuya resolución compete al órgano que los dictó .
El plazo para la interposición del recurso de alzada: Será de un mes, tanto si el acto fuera expreso como si no lo fuera Será de un mes, si el acto fuera expreso y de tres meses si no lo fuera Será de tres meses, si el acto fuera expreso y de un mes si no lo fuera Será de tres meses, tanto si el acto fuera expreso como si no lo fuera .
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de alzada: Será de un mes, transcurrido el cual sin haberse dictado resolución, se podrá entender estimado el recurso en todo caso Será de tres meses, transcurridos los cuales sin haberse dictado resolución, se podrá entender estimado el recurso en todo caso Será de un mes, transcurrido el cual sin haberse dictado resolución, se podrá entender desestimado el recurso en todo caso Las tres respuestas anteriores son falsas .
Transcurrido el plazo de interposición del recurso de reposición sin haberlo interpuesto: Únicamente podrá interponerse un recurso de alzada Únicamente podrá interponerse otro recurso de reposición Únicamente podrá interponerse un recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión No podrá interponerse ningún tipo de recurso .
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de reposición: Será de un mes, transcurrido el cual sin haberse dictado resolución, se podrá entender estimado el recurso en todo caso Será de tres meses, transcurridos los cuales sin haberse dictado resolución, se podrá entender estimado el recurso en todo caso Será de un mes, transcurrido el cual sin haberse dictado resolución, se habrá de entender desestimado el recurso en todo caso Las tres respuestas anteriores son falsas .
Si, después de haber adquirido firmeza una resolución, aparecen documentos de valor esencial para la resolución del asunto que evidencien el error de tal resolución, se podrá interponer frente a la misma: Un recurso de alzada, en el plazo de un mes a contar desde el conocimiento de los nuevos documentos Un recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el conocimiento de los nuevos documentos Un recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el conocimiento de los nuevos documentos Un recurso extraordinario de revisión, en el plazo de tres meses a contar desde el conocimiento de los nuevos documentos .
No se considera iniciado de oficio el procedimiento cuando se inicia por acuerdo del órgano competente: Como consecuencia de orden superior A petición razonada de otros órganos Por denuncia A solicitud de persona interesada .
Con anterioridad al acuerdo de iniciación, y con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento, el órgano competente podrá abrir: Un período de información previa El período de prueba El período de alegaciones Una ronda de contactos .
La solicitud de iniciación de un procedimiento puede contener la firma del solicitante o: La firma del órgano competente La firma del órgano superior jerárquico La acreditación de la autenticidad de la voluntad del solicitante expresada por cualquier medio La firma del denunciante.
Cuando las pretensiones correspondientes a una pluralidad de personas tengan un contenido y fundamento idéntico o sustancialmente similar: Podrán ser formuladas en una única solicitud, a discreción de las personas interesadas Podrán ser formuladas en una única solicitud, únicamente si las normas reguladoras de los procedimientos específicos lo disponen así Podrán ser formuladas en una única solicitud, salvo que las normas reguladoras de los procedimientos específicos dispongan otra cosa Nunca podrán ser formuladas en una única solicitud .
Las personas interesadas pueden exigir el recibo que acredite la fecha de presentación de su solicitud, comunicación o escrito: Se admite como tal una copia en la que figure la fecha de presentación anotada por la oficina Se admite como tal una copia, en la que figure la fecha de presentación anotada por la persona interesada Se admite como tal una copia, en la que figure la fecha de presentación manuscrita por la persona interesada En ningún caso se admite como tal una copia de la solicitud, comunicación o escrito presentado .
Cuando la solicitud de iniciación no reúna los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos: En un plazo de 5 días En un plazo de 10 días En un plazo de 15 días En un plazo de 20 días .
Las medidas provisionales adoptadas antes de la iniciación del procedimiento: Quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento en un plazo de 15 días siguientes a su adopción Quedarán confirmadas si no se inicia el procedimiento en un plazo de 15 días siguientes a su adopción Quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento en un plazo de 30 días siguientes a su adopción Quedarán confirmadas si no se inicia el procedimiento en un plazo de 30 días siguientes a su adopción.
Las medidas provisionales adoptadas una vez iniciado el procedimiento: No podrán ser alzadas hasta la adopción de la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento No podrán ser modificadas hasta la adopción de la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento No podrán ser mantenidas una vez que adquiera eficacia la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento En todo caso, se mantendrán tras la adopción de la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento .
Cuando un órgano dispone la acumulación de un procedimiento a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión: Se podrá interponer contra tal acuerdo un recurso de reposición Se podrá interponer contra tal acuerdo un recurso de alzada Se podrá interponer contra tal acuerdo un recurso contencioso-administrativo No procederá recurso alguno contra tal acuerdo .
En asuntos de naturaleza homogénea, el despacho de los expedientes guardará el orden riguroso de incoación: Sin ningún tipo de excepción Salvo que el titular de la unidad administrativa dé orden motivada en contrario, de la que quede constancia Salvo que el titular de la unidad administrativa ordene lo contrario, sin necesidad de motivarlo Salvo que el titular de la unidad administrativa tenga constancia de lo contrario .
Al solicitar los trámites que han de ser cumplidos por otros órganos: Deberá consignarse en la comunicación cursada el plazo legal establecido al efecto Deberá consignarse en la comunicación cursada el plazo que el órgano competente haya establecido al efecto Deberá consignarse en la comunicación cursada el plazo que el órgano superior jerárquico haya establecido al efecto No será necesario consignar en la comunicación cursada ninguna referencia al plazo establecido al efecto .
Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento: Incluso las referidas a la nulidad de actuaciones, suspenden la tramitación del mismo Suspenden la tramitación del mismo, salvo la recusación No suspenden la tramitación del mismo, salvo las referidas a la nulidad de actuaciones No suspenden la tramitación del mismo, salvo la recusación .
Los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe pronunciarse la resolución: En principio, se realizarán de oficio por el órgano que tramite el procedimiento Se realizarán siempre a instancia de parte, salvo que se trate de trámites legal o reglamentariamente establecidos Se realizarán siempre a instancia de parte, incluso cuando se trate de trámites legal o reglamentariamente establecidos Se realizarán siempre a instancia de parte, si se trata de trámites legal o reglamentariamente establecidos .
El instructor del procedimiento acordará la apertura de un periodo de prueba: Por un plazo no superior a 30 días ni inferior a 10, cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija Por un plazo no superior a 20 días ni inferior a 10, cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados Por un plazo no superior a 30 días ni inferior a 20, cuando la naturaleza del procedimiento lo exija Por un plazo no superior a 45 días ni inferior a 20, en todos los casos .
A efectos de la resolución del procedimiento: Se solicitarán únicamente los informes que se juzguen necesarios, fundamentando la conveniencia de reclamarlos Se solicitarán únicamente los informes que sean preceptivos por disposiciones legales, citándose el precepto que los exija Se solicitarán aquellos informes que sean preceptivos por disposiciones legales, y los que se juzguen necesarios para resolver Además de los anteriores, se solicitarán los propuestos por las personas interesadas .
Salvo disposición expresa en contrario, los informes: Serán preceptivos y vinculantes Serán facultativos y vinculantes Serán preceptivos y no vinculantes Serán facultativos y no vinculantes .
Los informes habrán de ser evacuados, con carácter general: En el plazo de 10 días En el plazo de 20 días En el plazo de 30 días En el plazo de un mes.
De no emitirse un informe en plazo: Se interrumpirá, en todo caso, el plazo de los trámites sucesivos Se interrumpirá el plazo de los trámites sucesivos si se trata de informes preceptivos Se interrumpirá el plazo de los trámites sucesivos, si se trata de informes preceptivos que sean determinantes para la resolución del procedimiento Se podrán proseguir las actuaciones en todo caso.
Si transcurre el plazo sin que se haya evacuado un informe que haya de ser emitido por una Administración distinta de la que tramita el procedimiento, en orden a expresar el punto de vista correspondiente a sus competencias respectivas, Se interrumpirá, en todo caso, el plazo de los trámites sucesivos Se interrumpirá el plazo de los trámites sucesivos si se trata de informes preceptivos Se interrumpirá el plazo de los trámites sucesivos, si se trata de informes preceptivos que sean determinantes para la resolución del procedimiento Se podrán proseguir las actuaciones .
Los acuerdos que celebren las Administraciones Públicas y que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento administrativo: Podrán alterar las competencias atribuidas a los órganos administrativos Deberán publicarse o no según su naturaleza y las personas a las que estuviesen destinados Pueden versar también sobre materias no susceptibles de transacción Las tres respuestas anteriores son incorrectas .
Si la resolución que pone fin al procedimiento se pronuncia sobre cuestiones conexas no planteadas por los interesados: Deberá ponerlo de manifiesto a tales interesados por un plazo no inferior a 15 días Deberá ponerlo de manifiesto a tales interesados por un plazo no inferior a 10 días Deberá ponerlo de manifiesto a tales interesados por un plazo no superior a 10 días Deberá ponerlo de manifiesto a tales interesados por un plazo no superior a 15 días .
En caso de desistimiento, la Administración debe declarar concluso el procedimiento: En el plazo de diez días desde que le fuera notificado dicho desistimiento Salvo que, habiéndose personado terceros interesados, éstos instasen su continuación en el plazo de diez días desde que hayan sido notificados de dicho desistimiento En el plazo de quince días desde que le fuera notificado dicho desistimiento Salvo que, habiéndose personado terceros interesados, éstos instasen su continuación en el plazo de quince días desde que hayan sido notificados de dicho desistimiento .
Cuando, en un procedimiento iniciado a solicitud del interesado, se produzca su paralización por causa imputable al mismo: La Administración le advertirá que, trascurridos 15 días, se producirá la caducidad del procedimien La Administración le advertirá que, trascurrido un mes, se producirá la caducidad del procedimiento La Administración le advertirá que, trascurridos dos meses, se producirá la caducidad del procedimiento La Administración le advertirá que, trascurridos tres meses, se producirá la caducidad del procedimiento .
Para que pueda acordarse la caducidad en caso de paralización imputable a la persona interesada: Basta la simple inactividad del interesado Basta la simple inactividad del interesado en la cumplimentación de trámites, sean o no indispensables para dictar resolución Se requiere la inactividad del interesado en la cumplimentación de trámites indispensables para dictar resolución Es necesario que la cuestión suscitada afecte al interés general .
En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa: Legitima, en todo caso, a la persona interesada que ha deducido la solicitud para entenderla estimada por silencio administrativo Legitima, en todo caso, a la persona interesada que ha deducido la solicitud para entenderla desestimada por silencio administrativo Legitima a la persona interesada que ha deducido la solicitud para entenderla estimada por silencio administrativo, salvo en los supuestos en que una norma con rango de ley o una norma de Derecho comunitario establezcan lo contrario Legitima a la persona interesada que ha deducido la solicitud para entenderla desestimada por silencio administrativo, salvo en los supuestos en que una norma con rango de ley o una norma de Derecho comunitario establezcan lo contrario .
El silencio administrativo tendrá efecto estimatorio: En todos los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición En todos los procedimientos relativos a la adquisición de facultades relativas al dominio público o al servicio público En todos los recursos interpuestos contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por transcurso de plazo En ninguno de los tres casos anteriores .
En cuanto a los efectos del silencio administrativo desestimatorio: Tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento Tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición de recursos La resolución expresa posterior sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo Su característica principal es que no tiene ningún tipo de efecto .
En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa: Ello no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver Se podrán entender estimadas las pretensiones de los interesados que hubieren comparecido en los procedimientos en que pudiese derivarse la constitución de derechos Se podrán entender estimadas las pretensiones de los interesados que hubieren comparecido en los procedimientos de ejercicio de la potestad sancionadora Se podrán entender estimadas las pretensiones de los interesados que hubieren comparecido en los procedimientos susceptibles de producir efectos desfavorables .
En los supuestos en que el procedimiento se haya paralizado por causa imputable a la persona interesada: Provoca el silencio administrativo estimatorio de sus pretensiones Provoca el silencio administrativo desestimatorio de sus pretensiones Provoca la caducidad del procedimiento Interrumpe el cómputo del plazo para resolver y notificar la resolución .
¿Tienen derecho los ciudadanos a conocer el estado de la tramitación de un procedimiento administrativo concreto? sí, en todo momento, aunque no tengan la condición de personas interesadas en el mismo sí, en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, aunque no tengan la condición de personas interesadas en el procedimiento sí, en todo momento, si tienen la condición de personas interesadas en el procedimiento sí, sólo en las fases anteriores al trámite de audiencia, si tienen la condición de personas interesadas en dicho
procedimiento .
Los ciudadanos también tienen derecho a: obtener copia de los documentos que presenten, quedando, en todo caso, los originales en el procedimiento de que se trate obtener copia sellada de los documentos que presenten, quedando, en todo caso, los originales en el procedimiento de que se trate obtener copia sellada de los documentos que presenten, aportándola junto con los originales, así como a la devolución de éstos, salvo cuando los originales deban obrar en el procedimiento ninguna de las respuestas anteriores es correcta .
En cuanto a la formulación de alegaciones y la aportación de documentos: las personas interesadas tienen la facultad de hacerlo en cualquier fase del procedimiento posterior al trámite de audiencia las personas interesadas tienen la obligación de hacerlo en cualquier fase del procedimiento las personas interesadas tienen la obligación de hacerlo en el momento de presentación de la solicitud las personas interesadas tienen derecho a hacerlo en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia .
Los ciudadanos también tienen derecho a: identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos no presentar documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate ser tratados con respeto y deferencia por autoridades y funcionarios, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones todas las respuestas anteriores son correctas .
Cuando las personas interesadas se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma con lengua cooficial, el procedimiento se tramitará: el procedimiento se tramitará en la lengua elegida por la Administración el procedimiento se tramitará en la lengua elegida por la persona interesada; de concurrir varias personas interesadas, y existiera discrepancia en torno a la lengua, se tramitará en la lengua que prefiera la mayoría el procedimiento se tramitará en la lengua elegida por la persona interesada; de concurrir varias personas interesadas, y existiera discrepancia en torno a la lengua, se tramitará en la lengua que decida la Administración en la lengua elegida por la persona interesada; de concurrir varias personas interesadas, y existiera discrepancia en torno a la lengua, se tramitará en castellano .
Cuando los documentos, expedientes o partes de los mismos redactados en lengua cooficial distinta al castellano, deban surtir efecto fuera del territorio de la Comunidad Autónoma, la Administración Pública instructora: deberá traducirlos en todo caso al castellano no será precisa su traducción si deben surtir efectos en el territorio de una Comunidad Autónoma donde haya también otra lengua cooficial no será precisa su traducción si deben surtir efectos en el territorio de una Comunidad Autónoma donde sea cooficial esa misma lengua distinta del castellano en ningún caso será precisa su traducción, por tratarse de una lengua cooficial .
La inscripción de documentos en los registros públicos del Gobierno Vasco, de sus entes autónomos, de lasAdministraciones Forales o de la Administración Local de la Comunidad Autónoma del País Vasco: se hará en la lengua oficial en que aparezcan extendidos se hará en castellano se hará en euskera se hará en la lengua que elija la persona que aporta el documento al Registro .
Las notificaciones y comunicaciones administrativas de las Administraciones sitas en la Comunidad Autónoma del País Vasco deben ir redactadas: en euskera, salvo que las personas interesadas elijan expresamente la utilización del castellano en forma bilingüe, salvo que las personas interesadas elijan expresamente la utilización de una de las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma en castellano, salvo que las personas interesadas elijan expresamente la utilización del euskera la Ley de Normalización del Uso del Euskera no establece ningún precepto al respecto .
Los impresos o modelos oficiales que hayan de utilizarse por los poderes públicos en la Comunidad Autónoma del País Vasco: deberán estar redactados en forma bilingüe deberán estar redactados, al menos, en euskera deberán estar redactados, al menos, en castellano la Ley de Normalización del Uso del Euskera no establece ningún precepto al respecto .
En relación con el derecho de acceso a la información pública que obre en poder de las Administraciones Públicas, se entiende por “información pública”, de acuerdo con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno: los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones los contenidos o documentos, siempre en formato papel o digital, elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones los contenidos o documentos, siempre en formato papel, elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones sólo se refiere a la información contenida en formato papel, cualquiera que sea el origen de la misma .
El derecho de acceso a la información pública, podrá ser limitado, de acuerdo con el art. 14 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno: cuando acceder a la información suponga un perjuicio para el interés del menor cuando acceder a la información suponga un perjuicio para la igualdad de hombres y mujeres cuando acceder a la información suponga un perjuicio para la protección del medio ambiente todas las respuestas anteriores son correctas .
De acuerdo con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno , cuando la información solicitada en ejercicio del derecho de acceso contenga datos relativos a la ideología, afiliación sindical, religión o creencias de otra(s) persona(s): no se podrá autorizar el acceso en ningún caso no se podrá autorizar el acceso sin el consentimiento expreso y verbal del afectado se podrá autorizar aunque no haya consentimiento expreso del afectado, según ponderación realizada por el órgano consultado se podrá autorizar sin consentimiento expreso y por escrito del afectado cuando éste hubiese hecho manifiestamente públicos los datos antes de la solicitud de acceso.
De acuerdo con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, quien presenta la solicitud para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública ha de tener en cuenta que: está obligado a motivar su solicitud, pues tal motivación deberá ser tenida en cuenta cuando se dicte la resolución cuando la solicitud se refiera a información que no obre en poder del sujeto al que se dirige, éste no tiene obligación de remitírsela al competente, aunque lo conozca cuando la solicitud no identifique suficientemente la información, se le pedirá que la concrete en un plazo de 5 días, y que si no lo hace se le tendrá por desistido si la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros, debidamente identificados, se les concederá un plazo de 15 días para que aleguen lo que estimen oportuno.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución relativa al acceso a la información pública es de: un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, ampliable por otro mes en caso de que el volumen o complejidad de la información solicitada lo haga necesario dos meses desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, ampliable por otro mes en caso de que el volumen o complejidad de la información solicitada lo haga necesario dos meses desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, ampliable por otros dos meses en caso de que el volumen o complejidad de la información solicitada lo haga necesario tres meses desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, ampliable por otro mes en caso de que el volumen o complejidad de la información solicitada lo haga necesario .
Contra la resolución expresa o presunta adoptada por un órgano administrativo en materia de acceso a la información pública: podrá interponerse recurso de reposición ante el mismo órgano en el plazo de un mes, previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa podrá interponerse recurso de alzada, ante el órgano superior jerárquico, en el plazo de un mes, previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en el plazo de un mes, previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa se podrá interponer únicamente el recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses .
Los registros electrónicos deben permitir la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones: todos los días hábiles, en las horas de apertura al público de la Administración Pública correspondiente todos los días hábiles, de 8.00 a 20.00 horas todos los días del año, de 8.00 a 20.00 horas todos los días del año, durante las veinticuatro horas .
En los casos en que se sustituya la remisión de expedientes por la puesta a disposición del expediente electrónico: la persona interesada tendrá derecho a obtener copia del mismo la persona interesada no tendrá derecho a obtener una copia del expediente en su totalidad, sino de aquellas actuaciones que previamente determine la Administración la persona interesada tendrá derecho a obtener copia del mismo, salvo que reglamentariamente se establezca lo contrario queda en manos de la Administración la posibilidad de facilitar a la persona interesada una copia del mismo .
¿Están los ciudadanos obligados a facilitar a la Administración informes, inspecciones y otros actos de investigación? en absoluto sólo en los casos en que así lo decida la propia Administración sólo en los casos previstos por la Ley en todos los casos.
Las personas interesadas en un procedimiento que conozcan datos que permitan identificar a otras personas interesadas que no hayan comparecido: tienen derecho a ocultarlo ante la Administración, en caso de resultar perjudicial para sí mismos deben obtener la autorización de esas otras personas interesadas antes de comunicárselo a la Administración actuante deben comunicárselo sin tardanza a esas otras personas interesadas, para que ellas mismas se pongan en contacto con la Administración actuante tienen el deber de proporcionárselos a la Administración actuante.
El Pleno celebra sesión ordinaria, como mínimo, cada mes: en los Ayuntamientos de todos los municipios en los Ayuntamientos de los municipios de hasta 5.000 habitantes en los Ayuntamientos de los municipios de entre 5.001 y 20.000 habitantes en los Ayuntamientos de los municipios de más de 20.000 habitantes .
El Pleno celebra sesión extraordinaria: cuando lo decida el Alcalde o lo soliciten, al menos, tres de los concejales cuando lo decida el Alcalde o lo solicite la cuarta parte, al menos, del número legal de miembros de la Corporación, sin que ningún concejal pueda solicitar más de tres anualmente cuando lo decida el Alcalde o lo solicite la tercera parte, al menos, del número legal de miembros de la Corporación, sin que ningún concejal pueda solicitar más de cuatro anualmente únicamente cuando lo solicite la tercera parte, al menos, del número legal de miembros de la Corporación, sin que ningún concejal pueda solicitar más de cuatro anualmente .
Solicitada la celebración de una sesión extraordinaria del Pleno, no podrá demorarse: por más de 15 días hábiles desde que fuera solicitada por más de 15 días naturales desde que fuera solicitada por más de 30 días naturales desde que fuera solicitada por más de 30 días hábiles desde que fuera solicitada .
Si el Alcalde no convoca, dentro del plazo señalado por la LBRL al efecto, el Pleno extraordinario solicitado por los concejales: quedará automáticamente convocado para el quinto día hábil siguiente al de finalización de dicho plazo quedará automáticamente convocado para el décimo día hábil siguiente al de finalización de dicho plazo quedará automáticamente convocado para el decimoquinto día hábil siguiente al de finalización de dicho plazo quedará automáticamente convocado para el vigésimo día hábil siguiente al de finalización de dicho plazo .
Las sesiones plenarias han de convocarse, al menos: con dos días naturales de antelación, salvo las extraordinarias que lo hayan sido con carácter urgente con dos días hábiles de antelación, salvo las extraordinarias que lo hayan sido con carácter urgente con tres días naturales de antelación, salvo las extraordinarias que lo hayan sido con carácter urgente con tres días hábiles de antelación, salvo las extraordinarias que lo hayan sido con carácter urgente .
El Pleno se constituye válidamente con la asistencia de: un cuarto del número legal de miembros del mismo, que nunca podrá ser inferior a tres un tercio del número legal de miembros del mismo, que nunca podrá ser inferior a cuatro un tercio del número legal de miembros del mismo, que nunca podrá ser inferior a tres un cuarto del numero legal de miembros del mismo, que nunca podrá ser inferior a cuatro .
La ausencia de uno o varios concejales una vez iniciada la deliberación de un asunto, equivale, a efectos de la correspondiente votación: al voto negativo al voto afirmativo a la abstención al voto nulo .
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