Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los siguientes actos deben ser motivados:
Los que limiten derechos objetivos o intereses legítimos.
Los que limiten derechos objetivos o intereses ilegítimos.
Los que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos.
Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses ilegítimos.
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Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, no tienen por qué motivarse los actos que: Resuelvan recursos administrativos. Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos
consultivos. Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados.
Todas las respuestas son incorrectas.
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Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en su artículo 37 sobre la inderogabilidad singular:
Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición
de carácter general, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la
disposición general.
Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición
de carácter general, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la
disposición general. Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición
de carácter particular, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la
disposición general. Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición
de carácter particular, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la
disposición particular. Las resoluciones administrativas de carácter general no podrán vulnerar lo establecido en una disposición
de carácter general, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la
disposición general.
Según el artículo 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento
del plazo máximo para resolver y notificar, produce los siguientes efectos:
Los interesados podrán entender estimadas sus pretensiones por silencio administrativo en el caso de
procedimientos de los que se deriven la constitución de derechos. En los procedimientos en que la administración ejercite potestades sancionadoras el interesado debe
solicitar la caducidad de las actuaciones. En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras, se producirá la
caducidad. Ninguna es correcta
.
Según el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se entiende que el silencio de la Administración tiene
carácter negativo, en procedimientos iniciados a solicitud del interesado, en el siguiente caso:
En todos los procedimientos, salvo en los de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.
En todos los procedimientos, salvo que sean actividades que puedan dañar el medio ambiente.
En los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición del artículo 29 de la Constitución.
En ninguno de los casos propuestos.
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Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en el supuesto de que se produzca silencio administrativo positivo y,
luego, la Administración resuelva expresamente, la resolución: Puede denegar lo conseguido en virtud del silencio administrativo.
Indistintamente, puede rectificar lo conseguido o denegarlo.
Ha de ser confirmatoria de lo conseguido por el silencio administrativo. Ninguna es correcta.
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Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los supuestos de nulidad de pleno derecho de actos administrativos: Son la regla general en nuestro Derecho.
Son los recogidos en el artículo 46 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, exclusivamente. Pueden establecerse expresamente en una disposición con rango de Ley. Son sólo los del artículo 48 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas y de otras Leyes formales.
El defecto de forma de un acto, según reconoce expresamente la Ley 39/2015, de 1 de octubre:
Determinará la nulidad absoluta cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin.
Lo vicia con nulidad absoluta.
Lo vicia con anulabilidad en todo caso.
Determinará la anulabilidad si produce indefensión de los interesados.
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Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho
Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde:
La fecha en que se notifiquen en todo caso.
La fecha en que se publiquen.
La fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.
Ninguna es correcta.
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Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la Administración podrá convalidar un acto:
Si el vicio consiste en incompetencia jerárquica no determinante de nulidad.
Si el vicio consiste en incompetencia funcional no determinante de nulidad.
Si el vicio consiste en incompetencia territorial no determinante de nulidad.
Ninguna respuesta es correcta.
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Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la Administración no podrá convalidar un acto si el vicio consiste en:
Incompetencia jerárquica. La falta de una autorización. Incompetencia funcional. La omisión de un informe facultativo.
El plazo para interponer un recurso de alzada contra un acto expreso será de:
Un mes.
Tres meses.
Diez días.
Seis meses.
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¿En qué supuesto se podrá interponer el recurso extraordinario de revisión dentro del plazo de 4 años siguientes
a la fecha de la notificación de la resolución a impugnar?:
Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por
sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución. Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación
fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme. Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados
al expediente Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores,
evidencien el error de la resolución recurrida.
El recurso de alzada
Podrá interponerse, en cualquier caso, en el plazo de 3 meses.
Podrá interponerse ante cualquier acto que ponga fin a la vía administrativa.
Podrá interponerse contra las disposiciones administrativas de carácter general ante el órgano superior jerárquico del que las dictó. Podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo.
Contra la resolución de un recurso de reposición:
No podrá interponerse de nuevo dicho recurso Podrá interponerse un nuevo recurso de reposición. Podrá interponerse de nuevo recurso de reposición pero ante el órgano superior jerárquico del que lo
resolvió. Procederá el recurso extraordinario de revisión, siempre y cuando concurran las circunstancias previstas en
el art. 109.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Contra los actos administrativos que ponen fin a la vía administrativa, ¿qué recurso podremos interponer en vía
administrativa? Ninguno Recurso de alzada.
Recurso potestativo de reposición.
Alzada o extraordinario de revisión.
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El recurso de alzada se resuelve por: El superior jerárquico del órgano que dictó el acto que se impugna.
El mismo órgano que dictó el acto que se impugna.
El Ministro competente, siempre.
La Presidencia del Gobierno.
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Ante un acto no expreso, el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer recurso de reposición ¿en
qué plazo?:
En el plazo de tres meses a partir del día siguiente a aquél en que, de acuerdo con su normativa específica,se produzca el acto presunto.
En el plazo de seis meses a partir del día siguiente a aquél en que, de acuerdo con su normativa específica,
se produzca el acto presunto. En cualquier momento a partir del día siguiente a aquél en que, de acuerdo con su normativa específica, se
produzca el acto presunto. En el plazo de un año a partir del día siguiente a aquél en que, de acuerdo con su normativa específica, se
produzca el acto presunto.
¿Cuál no es un recurso de los recogidos en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas?
Recurso potestativo de reposición.
Recurso de alzada.
Recurso extraordinario de revisión.
Ninguna respuesta es correcta.
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Contra los actos firmes en vía administrativa, sólo procederá el recurso extraordinario de revisión cuando
concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo:
124.1. 125.1. 126.1. 127.1.
Podrán interponerse, por los interesados, los recursos de alzada y potestativo de reposición, que cabrá fundar en
cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de la Ley 39/2015:
Contra las resoluciones y los actos de trámite. Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del
asunto. Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del
asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento. Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del
asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio
irreparable a derechos e intereses legítimos.
Las leyes podrán sustituir el recurso de alzada, en supuestos o ámbitos sectoriales determinados, y cuando la
especificidad de la materia así lo justifique, ante órganos colegiados o Comisiones específicas no sometidas a
instrucciones jerárquicas, con respeto a los principios, garantías y plazos que la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
reconoce a las personas y a los interesados en todo procedimiento administrativo por otros procedimientos de: Impugnación Mediación y arbitraje.
Conciliación, mediación y arbitraje. Todas son correctas.
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Señale la respuesta incorrecta. Ponen fin a la vía administrativa: Las resoluciones de los recursos de alzada.
Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una Ley
establezca lo contrario. Las resoluciones de los procedimientos a que se refiere el artículo 112.3. Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento.
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Cuál no sería una causa de inadmisión de un recurso según el artículo 116 de la Ley 39/2015.
Carecer de legitimación el recurrente.
Tratarse de un acto susceptible de recurso.
Haber transcurrido el plazo para la interposición del recurso.
Carecer el recurso manifiestamente de fundamento.
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Señale la respuesta incorrecta. Además de lo previsto en el artículo 114.1 de la Ley 39/2015, en el ámbito estatal
ponen fin a la vía administrativa los actos y resoluciones siguientes: Los actos administrativos de los miembros y órganos del Gobierno.
Los emanados de los Consejeros y los Secretarios de Estado en el ejercicio de las competencias que tienen
atribuidas los órganos de los que son titulares. Los emanados de los órganos directivos con nivel de Director general o superior, en relación con las
competencias que tengan atribuidas en materia de personal.
En los Organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de la Administración
General del Estado, los emanados de los máximos órganos de dirección unipersonales o colegiados, de
acuerdo con lo que establezcan sus estatutos, salvo que por ley se establezca otra cosa.
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