351. En cuanto a la organización rectora de Osakidetza-Servicio de Sa-
lud Vasco: a. Es un órgano rector el Consejo de Administración, integrado por el/la
Presidente/a y por 5 vocales representantes de la administración de la
Comunidad Autónoma de Euskadi y de los agentes sociales represen-
tativos de consumidores y usuarios. b. El/la Presidente/a será el/la consejero/a del departamento competente
en materia de sanidad. c. Compete al/a la Presidente/a el control superior de la gestión. d. Todas son correctas.
352. Conforme a la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mu-
jeres y Hombres, habrá discriminación indirecta cuando: a. Las medidas planteen un tratamiento diferente para mujeres y hom-
bres aunque tengan una justificación objetiva y razonable. b. Una persona sea, haya sido o pudiera ser tratada de manera menos
favorable que otra en situación análoga por razón de su sexo o de cir-
cunstancias directamente relacionadas con el sexo. c. Las medidas se fundamentan en la acción positiva para las mujeres o
en la necesidad de una protección especial de los sexos por motivos
biológicos. d. Un acto jurídico, criterio o práctica aparentemente neutra perjudique
a una proporción sustancialmente mayor de miembros de un mismo
sexo siempre que no resulte necesaria o pueda justificarse con crite-
rios objetivos no relacionados con el sexo.
353. Las organizaciones de servicios sanitarios dependientes del ente pú-
blico Osakidetza-Servicio Vasco de Salud: a. Realizan la actividad de provisión de servicios sanitarios. b. Tienen personalidad jurídica propia. c. Al frente de cada una de ellas existe un/una Director/a General nombra-
do por el/la Presidente/a del ente con el carácter de personal eventual. d. Están dirigidas por el Consejo de Dirección integrado por representan-
te del personal sanitario y no sanitario al servicio del ente.
354. La comarca sanitaria de Atención Primaria: a. Se define como una unidad asistencial y de gestión incluida en las
áreas sanitarias. b. Incluyen las unidades de Asistencia Primaria. c. La superior autoridad de los centros sanitarios de la misma correspon-
de al Consejo Técnico. d. Todas son correctas.
355. Señale la opción incorrecta. El Defensor del Pueblo, según el artículo
54 de la Constitución Española: a. Es una institución a la que pueden dirigirse todos los/las ciudadanos/as
siempre que haga constar por escrito su queja y los datos de identifica-
ción de la persona que la efectúa b. No está sometido a ningún poder del Estado ya que desempeña sus
funciones con total independencia y autonomía c. Será elegido por el Congreso de los Diputados para un período de cin-
co años. d. Adopta decisiones no susceptibles de recurso.
356. Para la gestión de los servicios sanitarios públicos de atención espe-
cializada adscritos a Osakidetza, las Áreas Sanitarias podrán contar con: a. Instituciones hospitalarias y complejos hospitalarios. b. Centros sanitarios especializados. c. Las ciudades sanitarias. d. Las unidades de atención especializada.
357. Es un derecho general reconocido a los pacientes y usuarios del Ser-
vicio Vasco de Salud- Osakidetza: a. Que se les pida consentimiento expreso sobre la práctica de cualquier
medida terapéutica o petición de pruebas. b. La confidencialidad de su historia clínica. c. A solicitar, en caso de duda, una segunda opinión de otro médico de
su elección del servicio público de salud o de la sanidad privada, antes
de acceder a tratamientos que pongan en riesgo su salud o vida. d. A elegir en todo momento al médico responsable de su diagnóstico y
tratamiento.
358. A tenor del artículo 33 de la Ley 30/92, de Procedimiento Adminis-
trativo Común, cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren va-
rios/as interesados/as las actuaciones a que den lugar se efectuarán:
a. Siempre con el/la representante legal de todos ellos. b. Con el/la representante legal de cualquiera de ellos indistintamente. c. Con el/la representante o el/la interesado/a que expresamente hayan
señalado y, en su defecto, con el que figure en primer término. d. Siempre con el/la representante o interesado/a que figure en primer
término.
359. En cuanto a las recetas electrónicas: a. El ámbito geográfico de aplicación queda determinado al territorio de
Álava. b. Cuando se utiliza el/la profesional sanitario/a remitirá por medios ordi-
narios la receta en soporte papel a la oficina de farmacia que elija la
persona usuaria. c. No podrá expedirse por este formato aquellas prescripciones que pre-
cisen visado. d. El acceso de los/las profesionales de las oficinas de farmacia dispensado-
ras al sistema de dispensación de receta electrónica se realizará a través
de la tarjeta electrónica sanitaria de la persona usuaria de la prestación.
360. El Plan de euskera del Osakidetza-Servicio de Vasco de Salud será
aprobado: a. Por el Viceconsejero de Política lingüística. b. Por el Consejo de Gobierno. c. Por el Parlamento vasco. d. Por el Consejo de Administración de Osakidetza.
361. La notificación de las resoluciones y actos administrativos a los inte-
resados a través de medios electrónicos, según la Ley 11/2007, de 22 de
junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos: a. Producirá los efectos propios de la notificación por comparecencia
aunque no quede constancia del acceso electrónico por los/las intere-
sados/as al contenido de las actuaciones administrativas. b. Se entenderá rechazada cuando, existiendo constancia de la puesta a
disposición del/de la interesado/a del acto objeto de notificación, haya
transcurrido un mes sin que se acceda a su contenido. c. Sólo es posible cuando el/la interesado/a haya señalado dicho medio
como preferente o haya consentido su utilización, sin perjuicio de los
casos en que las Administraciones Públicas puedan establecer la obli-
gatoriedad de comunicarse con ellas utilizando sólo dichos medios. d. Se entenderá practicada a todos los efectos legales a partir de la fecha
y hora en que se produzca la puesta a disposición del/de la interesado/
a del acto objeto de notificación.
362. Entre los derechos sociales que se reconocen en el Acuerdo Regula-
dor de las condiciones de trabajo del personal del Osakidetza se encuentra
el de percibir adelantos de nómina, y a tal efecto: a. Se reconoce a todo el personal incluido en el ámbito de aplicación del
dicho Acuerdo. b. Tienen tal consideración los anticipos de salarios correspondientes a
trabajos ya realizados. c. El importe máximo es de 4500 euros, y el plazo máximo de reintegro
es de 24 mensualidades. d. Sólo podrá concederse 1 vez por cada 2 años de servicios efectivos.
363. Señalar cuál es la opción falsa. En cuanto a la jornada anual ordi-
naria: a. Para todos los tipos de jornada, excepto la nocturna, las horas de tra-
bajo efectivo anuales a realizar en concepto de jornada ordinaria serán
de 1.592 b. Para los turnos nocturnos en régimen permanente, las horas efectivas
de trabajo anuales serán de 1.447. c. Cuando la duración de una jornada exceda de 6 horas continuadas,
habrá un periodo de descanso durante la misma, de duración equiva-
lente a 15 minutos. d. La jornada normalizada diaria será de 8 horas, incluyendo en la misma
15 minutos diarios de descanso.
364. Por lo que respecta a las licencias y permisos: a. Las licencias deben solicitarse por escrito dirigido a la dirección de
recursos humanos de la organización de servicios correspondiente, y
no generan derecho a retribución alguna. b. Los permisos son concedidos por la dirección de la organización de
servicios correspondiente, y durante su disfrute sólo se devengan las
retribuciones básicas. c. No podrá simultanearse el disfrute de más de una de las modalida-
des de licencias y permisos previstos en el acuerdo, salvo el caso de
compatibilidad entre la licencia de lactancia y la reducción de jornada
para el cuidado de menores. d. Tiene la consideración de licencia la autorización de colaboración con
Organizaciones No Gubernamentales.
365. La excedencia voluntaria por interés particular: a. Podrá concederse siempre que el interesado haya prestado servicios
efectivos en la Administración de la Comunidad Autónoma del País
Vasco durante 5 años en el periodo de los 10 años inmediatamente
anteriores. b. No podrá concederse a quien esté sometido a un expediente discipli-
nario. c. El tiempo que puede permanecerse en la misma es mínimo de 2 años
y máximo de 15. d. El tiempo que se permanece en la misma sólo computa a efectos de
los derechos de Seguridad Social del régimen que corresponda.
366. Si un miembro del personal estatutario tiene un conflicto con la Ad-
ministración correspondiente sobre la resolución dictada en un concurso
de provisión de puestos de trabajo, la competencia para la resolución del
mismo es: a. Jurisdicción social. b. Jurisdicción contencioso-administrativa. c. La opción a o la b, a elección del interesado. d. Si se trata de personal sanitario, es competencia de la jurisdicción
social; en otro caso, de la contencioso-administrativa.
367. Señale la opción incorrecta. En cuanto al régimen disciplinario del
personal estatutario: a. Tiene la consideración de falta grave, el incumplimiento injustificado
de la jornada de trabajo que, acumulado, suponga más de 20 horas al
mes. b. Las faltas muy graves prescriben a los 4 años contados desde que la
administración tiene conocimiento de los hechos. c. Por una falta grave se podrá imponer la sanción de suspensión de funciones por periodo no superior a 2 años. d. El traslado forzoso podrá imponerse por causa de falta grave.
368. Para la ejecución de los actos administrativos que impongan una
obligación de no hacer, podrá utilizarse: a. La compulsión sobre las personas. b. Le ejecución subsidiaria. c. La multa coercitiva. d. La compulsión sobre las personas o la ejecución subsidiaria; la que la
Administración considere más efectiva en cada caso concreto.
369. En cuanto a la responsabilidad patrimonial de las administraciones
públicas: a. Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular prove-
nientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de
acuerdo con la ley. b. La cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en
que se inicia el correspondiente procedimiento. c. La indemnización podrá sustituirse por una compensación en especie
cuando sea más conveniente para el interés público, aún no existiendo
acuerdo del interesado. d. El procedimiento administrativo para su determinación tendrá dura-
ción máxima de 3 meses; si pasado ese plazo no se ha dictado y noti-
ficación resolución expresa, se entenderá estimada la pretensión.
370. El Título I de la Constitución Española es el dedicado a: a. El Gobierno y la Administración. b. Las Cortes Generales. c. La Corona. d. Los derechos y deberes fundamentales.
371. ¿Está reconocido el derecho a la salud por la Constitución Española? a. No. b. Sí, como uno de los principios rectores de la política social y económica. c. Sí, como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico del
Estado. d. Sí, como uno de los derechos fundamentales del Capítulo I del Título I.
372. De acuerdo con la Constitución Española, es falso que: a. El Gobierno dirija la política interior y exterior, la Administración civil
y militar y la defensa del Estado. b. Al Presidente del Gobierno le corresponda el mando supremo de las
Fuerzas Armadas. c. El Gobierno ejerza la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de
acuerdo con la Constitución y las Leyes. d. El Consejo de Estado sea el supremo órgano consultivo del Gobierno.
373. Es cierto, de acuerdo con la Constitución Española, que: a. Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada
recibirán el título de Decretos-Leyes. b. Son Leyes orgánicas las que aprueben los Estatutos de Autonomía. c. La modificación de las Leyes orgánicas exigirá mayoría simple del Congreso. d. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dic-
tar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de
Decretos Legislativos.
374. Es falso que las Cortes Generales: a. Representen al pueblo español. b. Aprueben los Presupuestos el Estado. c. Ejerzan lo potestad ejecutiva del Estado. d. Estén formadas por dos Cámaras.
375. El Parlamento Vasco: a. Será elegido por un período de 5 años. b. Estará integrado por distinto número de representantes de cada Terri-
torio Histórico. c. Funcionará en Pleno y Secciones. d. Es inviolable.
376. ¿Cuál de las siguientes es la denominada Ley de Territorios Histó-
ricos? a. La Ley 1/1980, de 23 de mayo. b. La Ley 7/1981, de 30 de junio. c. La Ley 27/1983, de 25 de noviembre. d. La Ley 4/2005, de 18 de febrero.
377. Es falso que el Lehendakari: a. Será designado de entre sus miembros por el Parlamento Vasco. b. Será nombrado por el Presidente del Parlamento Vasco. c. Ostente la más alta representación del País Vasco. d. Ostente la representación ordinaria del Estado en el País Vasco.
378. Es falso que: a. Al Gobierno Vasco le corresponda aprobar mediante Decreto los Re-
glamentos para el desarrollo y ejecución de las Leyes emanadas del
Parlamento Vasco. b. Al Gobierno Vasco le corresponda ejercer, mediante Decretos-Legisla-
tivos, la delegación legislativa en los términos establecidos en la Ley
7/1981, de 30 de junio. c. En el Gobierno Vasco ambos sexos estarán representados al menos en
un 45% d. El Gobierno Vasco sea el órgano colegiado que, bajo la dirección del
Lehendakari, establezca los objetivos políticos generales y dirija la
Administración del País Vasco.
379. Es falso que, según la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común: a. Actúen de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, centrali-
zación, concentración y coordinación. b. Deberán respetar en su actuación los principios de buena fe y de con-
fianza legítima. c. En sus relaciones, se rijan por el principio de cooperación y colabora-
ción. d. En su actuación se rijan por los criterios de eficiencia y servicio a los
ciudadanos.
380. De acuerdo con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común: a. La competencia de los órganos de las Administraciones Públicas es
renunciable. b. La competencia se ejercerá siempre por los órganos administrativos
que la tengan atribuida como propia. c. La encomienda de gestión, la delegación de firma y la suplencia no
suponen alteración de la titularidad de la competencia. d. Podrán ser objeto de delegación las competencias relativas a la adop-
ción de disposiciones de carácter general.
381. Según la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: a. Los órganos superiores podrán avocar para sí el conocimiento de un
asunto cuya resolución corresponda ordinariamente o por delega-
ción a sus órganos administrativos dependientes, cuando lo estimen
oportuno. b. La avocación se realizará mediante acuerdo motivado. c. Contra el acuerdo de avocación cabrá recurso. d. Nunca se podrán delegar competencias que se ejerzan por delega-
ción.
382. Es falso que sea motivo de abstención de las autoridades y el perso-
nal al servicio de las Administraciones, según la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común: a. Tener parentesco de consanguinidad dentro del quinto grado con cual-
quiera de los interesados. b. Haber tenido intervención como perito o como testigo en el procedi-
miento de que se trate. c. Tener parentesco de afinidad dentro del segundo grado con cualquiera
de los interesados. d. Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada
directamente en el asunto, o haberle prestado, en los dos últimos
años, servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier cir-
cunstancia y lugar.
383. En relación con las instrucciones y órdenes de servicio es cierto que,
conforme a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: a. Se publicarán en todo caso en un periódico oficial. b. Su incumplimiento afecta por sí solo a la validez de los actos dictados
por los órganos administrativos. c. Mediante ellas los órganos administrativos podrán dirigir las activida-
des de sus órganos jerárquicamente dependientes. d. Las tres opciones anteriores son ciertas.
384. El Título III de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se refiere a: a. Los interesados. b. La actividad de las Administraciones Públicas. c. Los órganos de las Administraciones Públicas. d. Las disposiciones y los actos administrativos.
385. Es falso que: a. Se consideren interesados en el procedimiento administrativo quienes
lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos indivi-
duales o colectivos. b. Se consideren interesados en el procedimiento administrativo los que,
sin haberlo iniciado, tengan derechos que puedan resultar afectados
por la decisión que en el mismo se adopte. c. Tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas las
personas que la ostenten con arreglo a las normas administrativas. d. Tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas los
menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus dere-
chos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento
jurídico-administrativo sin la asistencia de la persona que ejerza la
patria potestad, tutela o curatela.
386. Es cierto que, según la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común: a. Los interesados con capacidad de obrar deberán actuar por medio de
representante. b. Se entenderán con el representante las actuaciones administrativas,
en todo caso. c. La falta o insuficiente acreditación de la representación impedirá que
se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que no se apor-
te aquélla ni se subsane el defecto. d. Cualquier persona podrá actuar en representación de otra ante las
Administraciones Públicas.
387. La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá
que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte
aquélla o se subsane el defecto dentro del plazo: a. Máximo de 10 días. b. Máximo de 15 días. c. Máximo de 30 días. d. De 10 días, o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso
así lo requieran.
388. Es falso que los ciudadanos, en sus relaciones con las Administracio-
nes Públicas, tienen derecho a: a. Conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los
procedimientos en los que tengan la condición de interesados. b. Obtener copias de documentos contenidos en los procedimientos en
los que tengan la condición de interesados. c. Identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Adminis-
traciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedi-
mientos. d. Obtener copia sellada de los documentos que presenten, aportándola jun-
to con los originales, así como a la devolución de éstos, en todo caso.
389. Conforme a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, siempre que por Ley o normativa comunitaria europea no se
exprese otra cosa, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que
éstos son: a. Naturales. b. Hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, domingos y los decla-
rados festivos. c. Hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados fes-
tivos. d. Hábiles, excluyéndose únicamente los domingos.
390. Es cierto, en relación a la tramitación de urgencia del procedimiento
administrativo, que: a. Podrá acordarse por razones de interés privado. b. Se podrá acordar únicamente a petición del interesado. c. Por ella se reducirán a la mitad todos los plazos establecidos para el
procedimiento ordinario. d. No cabrá recurso alguno contra el acuerdo que declare su aplicación.
391. En relación con la ampliación de los plazos, es cierto que: a. La Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder una
ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de un tercio de
los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perju-
dican derechos de tercero. b. El acuerdo de ampliación deberá ser notificado a los interesados. c. En casos excepcionales, podrá ser objeto de ampliación un plazo
vencido. d. Los acuerdos sobre ampliación de plazos o sobre su denegación serán
susceptibles de recursos.
392. Es falso, conforme a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que: a. Cuando los plazos se señalen por días naturales, se hará constar esta
circunstancia en las correspondientes notificaciones b. Cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en
que residiese el interesado, e inhábil en la sede del órgano adminis-
trativo, o a la inversa, se considerará hábil en todo caso. c. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al
primer día hábil siguiente. d. Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a
aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que
se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación
o la desestimación por silencio administrativo.
393. Es falso, en relación con los actos administrativos, que: a. Serán motivados los que limiten derechos subjetivos o intereses
legítimos. b. Serán motivados los que resuelvan recursos administrativos. c. Serán motivados los acuerdos de aplicación de la tramitación de ur-
gencia o de ampliación de plazos. d. Se producirán siempre por escrito.
394. En cuanto a los actos de las Administraciones Públicas, es cierto que: a. Su eficacia no podrá quedar demorada en ningún caso. b. Los actos sujetos al Derecho Administrativo serán ejecutivos con arre-
glo a lo dispuesto en las leyes civiles. c. Los actos sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos. d. En todo caso, se otorgará eficacia retroactiva a los actos cuando se
dicten en sustitución de actos anulados.
395. Es falso que toda notificación de un acto administrativo deberá: a. Ser cursada dentro del plazo de 15 días a partir de la fecha en que el
acto haya sido dictado. b. Contener el texto íntegro de la resolución. c. Expresar los recursos que procedan, órgano ante el que hubieran de
presentarse y plazo para interponerlos. d. Indicar si el acto es o no definitivo en vía administrativa.
396. ¿Pueden los ciudadanos elegir en todo momento la manera de co-
municarse con las Administraciones Públicas, sea o no por medios elec-
trónicos? a. Sí, sin excepciones. b. Sí, excepto en aquellos casos en los que de una norma con rango
reglamentario se establezca o infiera la utilización de un medio no
electrónico. c. Sí, excepto en aquellos casos en los que de una norma con rango de
Ley se establezca o infiera la utilización de un medio electrónico. d. Sí, excepto en aquellos casos en los que de una norma con rango de
Ley se establezca o infiera la utilización de un medio no electrónico.
397. Las Administraciones Públicas utilizarán, en sus comunicaciones
con otras Administraciones Públicas: a. Siempre medios electrónicos. b. Siempre medios no electrónicos. c. Preferentemente medios electrónicos. d. Preferentemente medios no electrónicos.
398. Es cierto, conforme a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, que: a. Contra los actos firmes en vía administrativa, sólo procederá, en deter-
minadas circunstancias, el recurso extraordinario de revisión. b. Contra las disposiciones administrativas de carácter general cabrá re-
curso en vía administrativa. c. Los recursos contra un acto administrativo que se funden únicamen-
te en la nulidad de alguna disposición administrativa de carácter
general sólo podrán interponerse ante el órgano que dictó dicha dis-
posición. d. La interposición de cualquier recurso suspenderá la ejecución del acto
impugnado.
399. En relación con el recurso de alzada, es falso que: a. Podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o
ante el competente para resolverlo. b. El plazo para su interposición será de tres meses, si el acto fuera ex-
preso. c. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será
de tres meses. d. Contra su resolución cabrá el recurso extraordinario de revisión en los
casos establecidos en el artículo 118.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.
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