Están incluidos en el ámbito de la Ley de Contratos del Sector Público: a) La relación de servicio de los funcionarios públicos y los contratos regulados en la legislación laboral b) Las relaciones jurídicas consistentes en la prestación de un servicio público cuya utilización por los usuarios requiera el abono de una tarifa, tasa o precio público de aplicación general c) Los contratos relativos a servicios de arbitraje y conciliación d) Los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.
Los contratos que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes inmuebles, son: a) Contratos de servicios b) Contratos de suministros c) Contratos de obras d) Contratos de gestión de servicios públicos.
No se consideran contratos de suministros: a) Aquellos en los que el empresario se obligue a entregar una pluralidad de bienes de forma sucesiva y por precio unitario sin que la cuantía total se defina con exactitud al tiempo de celebrar el contrato, por estar subordinadas las entregas a las necesidades del adquirente b) Los que tengan por objeto la adquisición y el arrendamiento de equipos y sistemas de telecomunicaciones o para el tratamiento de la información, sus dispositivos y programas, y la cesión del derecho de uso de estos últimos c) Los de adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida d) Los de fabricación, por los que la cosa o cosas que hayan de ser entregadas por el empresario deban ser elaboradas con arreglo a características peculiares fijadas previamente por la entidad contratante, aun cuando esta se obligue a aportar, total o parcialmente, los materiales precisos.
Están sujetos a regulación armonizada los contratos de obras y los contratos de concesión de obras públicas cuyo valor estimado sea igual o superior a: a) 5.382.000 € b) 6.581.000 € c) 8.615.000 € d) 1.861.000 €.
De los siguientes, son contratos privados los contratos celebrados por una Administración Pública que tengan por objeto: a) La suscripción a revistas, publicaciones periódicas y bases de datos b) La concesión de servicios públicos c) Los contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado d) La adquisición de suministros.
Conforme al artículo 1.3 de la Ley 9/2017, siempre que guarde relación con el objeto del contrato, en toda contratación pública se incorporarán de manera transversal y preceptiva criterios sociales y: a) Divulgativos b) Comunitarios c) Medioambientales d) Judiciales.
Conforme al artículo 3.4 de la Ley 9/2017, los partidos políticos, cuando cumplan los requisitos para ser poder adjudicador y respecto de los contratos sujetos a regulación armonizada deberán actuar conforme a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, igualdad y: a) No discriminación b) Eficacia c) Sometimiento a las leyes d) Legitimidad.
En virtud de la Ley 9/2017 (art. 6.1.a), se presumirá que las entidades intervinientes en un convenio tienen vocación de mercado cuando realicen en el mercado abierto un porcentaje de las actividades objeto de colaboración igual o superior a: a) El 10% b) El 20% c) El 50% d) El 30%.
Se incluyen en el ámbito de aplicación de la Ley 9/2017: a) Las relaciones jurídicas consistentes en la prestación de un servicio público cuya utilización por los usuarios requiera el abono de una tarifa, tasa o precio público de aplicación general b) Las encomiendas de gestión reguladas en la legislación vigente en materia de régimen jurídico del sector público c) Los contratos relativos a servicios de arbitraje y conciliación d) Los contratos subvencionados por entidades que tengan la consideración de poderes adjudicadores que celebren otras personas físicas o jurídicas en los supuestos previstos en el artículo 23 relativo a los contratos subvencionados sujetos a una regulación armonizada.
Un conjunto de trabajo de construcción o de ingeniería civil, destinado a cumplir por sí mismo una función económica o técnica, que tenga por objeto un bien inmueble, es denominado por la Ley 9/2017: a) Una infraestructura b) Patrimonio material c) Una obra d) Un servicio público.
En un contrato de concesión de obras, cuando no esté garantizado que, en condiciones normales de funcionamiento, el concesionario vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los costes en que hubiera incurrido como consecuencia de la explotación de las obras que sean objeto de la concesión, se considerará que el mismo asume un riesgo: a) Operacional b) Virtual c) General d) Provisional.
Los contratos que tengan por objeto la adquisición de energía primaria o energía transformada se consideran: a) Contratos de concesión de servicios b) Contratos de suministros c) Contratos privados d) Contratos de servicios.
Deberá elaborarse un proyecto y tramitarse como la Ley 9/2017 dispone para los contratos de obras, el contrato mixto en que un elemento del contrato sea una obra y esta supere: a) Los 50.000 € b) Los 100.000€ c) Los 5.000 € d) Los 10.000 €.
No podrán ser objeto de los contratos de servicios: a) Los que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos b) Los que impliquen el desarrollo o mantenimiento de aplicaciones informáticas c) Los que tengan por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial d) Los que tengan por objeto la prestación de actividades docentes en centros del sector público desarrolladas en forma de cursos de formación o perfeccionamiento del personal al servicio de la Administración.
Se consideran sujetos a regulación armonizada los contratos: a) Relativos al tiempo de radiodifusión o al suministro de programas que sean adjudicados a proveedores del servicio de comunicación audiovisual o radiofónica b) De concesión adjudicados para la puesta a disposición o la explotación de redes fijas destinadas a prestar un servicio al público en relación con la producción, el transporte o la distribución de agua potable c) De concesión de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 5.382.000 € d) Que tengan por objeto los servicios de certificación y autenticación de documentos que deban ser prestados por un notario público.
Los contratos celebrados por entidades del sector público que siendo poder adjudicador no reúnan la condición de Administraciones Públicas, tienen la consideración de: a) Contratos administrativos b) Contratos privados c) Contratos administrativos especiales d) Contratos mixtos.
Los contratos celebrados por entidades del sector público que no reúnan la condición de poder adjudicador, tienen la consideración de: a) Contratos administrativos b) Contratos privados c) Contratos administrativos especiales d) Contratos mixtos.
Para la Directiva 2014/23/UE, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión, el criterio delimitador del contrato de concesión de servicios respecto del contrato de servicios es: a) La cuantificación del coste b) Quién asume el riesgo operacional c) La exigencia o no de la clasificación del empresario d) La publicación en el boletín oficial.
Según el artículo 13.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los contratos de obras se referirán: a) A una obra completa b) A una superficie acotada c) A un área concreta d) A un plan urbanístico determinado.
Según el artículo 3.2 de la LCSP, tienen la consideración de Administración Pública: a) Las autoridades administrativas independientes b) Las fundaciones públicas c) Las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social d) Las Entidades Públicas empresariales.
Uno de los objetos de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, es asegurar una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa, todo ello en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, y el principio de: a) Integridad b) Transparencia c) Efectividad d) Calidad.
En toda contratación pública se incorporarán de manera transversal y preceptiva criterios sociales y medioambientales: a) En todo caso b) Siempre que guarde relación con el objeto del contrato c) Siempre que se garantice la relación calidad-precio d) Como criterio decisorio en caso de igualdad de ofertas.
Los consorcios y otras entidades de derecho público, se consideran Administraciones Públicas a efectos de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, si se dan las circunstancias establecidas para poder ser considerados poder adjudicador y estando vinculados a una o varias Administraciones Públicas o dependientes de las mismas, no se financien mayoritariamente: a) Con subvenciones b) Con ingresos de mercado c) Con tasas e impuestos d) Con donaciones.
Los partidos políticos, así como las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales y asociaciones profesionales, además de las fundaciones y asociaciones vinculadas a cualquiera de ellos, cuando cumplan los requisitos para ser poder adjudicador y respecto de los contratos sujetos a regulación armonizada deberán actuar conforme a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, igualdad y no discriminación sin perjuicio del respeto a la autonomía de la voluntad y cuando sea procedente, de: a) La confidencialidad b) El interés general c) La libertad de asociación d) La autorregulación.
Los partidos políticos, así como las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales y asociaciones profesionales, además de las fundaciones y asociaciones vinculadas a cualquiera de ellos, cuando cumplan los requisitos para ser poder adjudicador deberán actuar conforme a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, igualdad y no discriminación sin perjuicio del respeto a la autonomía de la voluntad y de la confidencialidad cuando sea procedente, respecto de los contratos: a) Administrativos b) Privados c) De concesión de obras d) Sujetos a regulación armonizada.
La duración de los contratos de arrendamiento de bienes muebles no podrá exceder, incluyendo las posibles prórrogas, de: a) 3 años b) 4 años c) 5 años d) 7 años.
Se consideran contratos menores los contratos de suministro o de servicios de valor estimado inferior a: a) 15.000 € b) 20.000 € c) 30.000 € d) 40.000 €.
¿Cuál de los siguientes contratos que celebren los poderes adjudicadores se perfecciona con su formalización? a) Contratos basados en un acuerdo marco b) Contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición c) Contratos adjudicados mediante un procedimiento abierto d) Contratos menores.
¿Cuál de las siguientes es una causa de anulabilidad del contrato? a) El incumplimiento de las circunstancias y requisitos exigidos para la modificación de los contratos b) La falta de publicación del anuncio de licitación en el perfil del contratante alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público c) Haber llevado a efecto la formalización del contrato en los casos en que se hubiese interpuesto el recurso especial en materia de contratación sin respetar la suspensión automática del acto recurrido en los casos en que fuera procedente d) La falta de capacidad de obrar o de solvencia económica, financiera, técnica o profesional.
Son susceptibles de recurso especial los contratos de obras cuyo valor estimado sea superior a: a) 100.000 € b) 500.000 € c) 1 millón de € d) 3 millones de €.
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