Respecto a los tipos de omisión, marque la alternativa incorrecta: En los casos de omisión pura, el tipo penal exige que haya existido una situación típica, la ausencia de una acción y la capacidad para poder realizar dicha acción. En los casos de omisión impropia, se exige además una posición de garante, la concurrencia resultado y la capacidad del agente de evitarlo. Estos tipos de omisión no siempre se encuentran tipificados por el ordenamiento penal de manera expresa. La posición de garante del sujeto dentro de un sistema de organización supone el deber de control máximo en todas las esferas de dicho sistema respecto a todos los actores conformantes de ella. En tal sentido, no puede alegarse una división de funciones (injerencia) para excluir responsabilidades. La cláusula contractual es concebida como una fuente de origen de la posición de garante. Para la teoría funcional, la posición de garante será establecida de acuerdo a las atribuciones consignadas a cada sujeto por el ámbito en el que se desenvuelve.
¿Cuál no es una atribución de la función jurisdiccional? Resolutio Imperium Iudicium Executio Ninguna es una atribución de la función jurisdiccional.
Víctor es casado con María, quienes tienen un hijo menor de edad llamado Pedro. Víctor decide separarse de su cónyuge pero no cumple con pasarle alimentos a su menor hijo. Mario, hermano de María, indignado por la conducta de Víctor, decide interponer una demanda contra Víctor en representación de su sobrino Pedro, con el fin de que Víctor cumpla con su obligación de alimentos para con su menor hijo. ¿Qué defensa de forma podría formular Víctor? Excepción de falta de legitimidad del demandante. Excepción de representación defectuosa del demandante. Excepción de representación insuficiente del demandante. Excepción de incapacidad del demandante. Ninguna de las anteriores.
Un particular presentó una demanda de amparo con la finalidad que se declare inaplicable la Resolución Ministerial mediante la cual se dispuso pasarlo de la situación militar de actividad a la de retiro, por razones de renovación. El Tribunal Constitucional declaró improcedente la demanda pues el demandante cobró su compensación por tiempo de servicios, consintiendo plenamente la ruptura del vínculo laboral con la demandada. Respecto a las razones de la decisión, la línea jurisprudencial marcada por el Tribunal Constitucional desde Julio del presente año es: Que deben ser informadas por la administración, de acuerdo a las garantías propias del debido proceso. Que deben ser informadas de acuerdo con el texto de la Constitución en referencia a las facultades del Presidente de la República. Que no deben ser informadas, pues se trata de una facultad discrecional del Presidente. Que no deben ser informadas, pues se trata de una facultad similar a la atribuida al Consejo Nacional de la Magistratura en materia de ratificaciones judiciales. Ninguna de las anteriores.
El concepto de arbitrariedad en el Derecho puede entenderse como: Lo arbitrario entendido como decisión caprichosa, vaga e infundada desde la perspectiva jurídica. Lo arbitrario entendido como aquella decisión despótica, tiránica y carente de toda fuente de legitimidad. Lo arbitrario entendido como contrario a los principios de razonabilidad y proporcionalidad jurídica. Todas las anteriores . Ninguna de las anteriores.
El derecho a la verdad es: Un derecho regulado en la Constitución Política vigente. Un derecho regulado en la Constitución Política de 1979. Un derecho regulado en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Un derecho constitucional no escrito. Ninguna de las anteriores.
Respecto a la responsabilidad o culpabilidad del agente, marque la alternativa correcta: La regla legal que supone que toda norma se presume conocida por el ciudadano, no es aplicable para efectos del ordenamiento penal. El error de prohibición invencible del agente respecto a la percepción de la realidad, hace que la pena disminuya. El error de prohibición vencible del agente respecto a la percepción de la realidad, hace que el dolo no se configure para efectos del caso. El error de prohibición supone que el sujeto no es una persona imputable (supuesto de inimputabilidad). La inimputabilidad del agente recae directamente sobre el aspecto subjetivo del delito, esto es, el dolo y la culpa.
Juan, quien domicilia en Piura, estaba viajando en su automóvil por la carretera Panamericana Sur rumbo a Tacna cuando al llegar a la ciudad de Ica su auto impacta con el auto de Raúl, quién domicilia en Arequipa y se encontraba de viaje rumbo a Lima. Raúl interpuso una demanda de daños y perjuicios y Juan presenta una inhibitoria de competencia que debe ser dirimida por la Corte Suprema ¿Cuál es el Juez competente por razón del territorio para conocer de dicha demanda? El Juez Especializado en lo Civil de Piura, lugar del domicilio del demandado. El Juez Especializado en lo Civil de Ica, lugar donde ocurrió el accidente. El Juez Especializado en lo Civil de Arequipa, lugar del domicilio del demandante. a y b son correctas. a, b y c son correctas.
El contractualismo en teoría política funda modelos políticos como: El liberal. El comunista. El comunitario. El individualismo. Ninguna de las anteriores.
La posición del Tribunal Constitucional respecto a que el Estado peruano adquiera mediante la Bolsa de Productos los bienes que requiere para el cumplimiento de sus funciones, ha sido: Declarar la inconstitucionalidad de dicha regulación pues atenta contra el principio de eficiencia en el manejo de los recursos públicos. Declarar la inconstitucionalidad de dicha regulación pues atenta contra el principio de transparencia en el manejo de los recursos públicos. Declarar la inconstitucionalidad de dicha regulación pues atenta contra el principio de economía en el manejo de los recursos públicos. a y b son correctas. b y c son correctas.
En una serie de casos en los que magistrados no ratificados por el Consejo Nacional de la Magistratura han recurrido al Tribunal Constitucional por violación del debido proceso, la línea jurisprudencial asentada por dicho Tribunal ha sido la siguiente: Los magistrados tienen derecho al debido proceso y, en consecuencia, a recibir del Consejo Nacional de la Magistratura decisiones debidamente motivadas. Los magistrados tienen derecho al debido proceso y, en consecuencia, a recibir del Consejo Nacional de la Magistratura derecho de audiencia. Los magistrados tienen derecho al debido proceso y, en consecuencia, a recibir del Consejo Nacional de la Magistratura derecho de conocer los cargos que se les imputa. El debido proceso se limita al derecho de defensa. Ninguna de las anteriores.
El argumento genético en teoría de la interpretación se vincula con: Método histórico. Método sociológico. Método sistemático. Método literal. Método lógico.
Respecto al concurso de delitos, marque la alternativa correcta: Existe concurso real de delitos cuando cada hecho configura, independientemente de los otros, un delito. Existe concurso ideal de delitos cuando cada hecho configura, independientemente de los otros, un delito. En el caso de que estemos ante un concurso ideal de delitos, la pena a aplicar será la menos grave. En el caso de que estemos ante un concurso real de delitos, la pena a aplicar será la menos grave. Existe concurso real de delitos cuando existe una unidad de sujeto, sin importar las conductas antijurídicas realizadas por éste.
Llega en casación un proceso judicial en el que se cuestiona la interpretación de la instancia anterior sobre cuál es el efecto del emplazamiento válido con la demanda. En tal sentido, se debe tener en cuenta que el emplazamiento con la demanda: Fija de manera definitiva la competencia aplicable al proceso. Prohíbe iniciar otro proceso con el mismo petitorio. Interrumpe la prescripción adquisitiva. El petitorio no podrá ser modificado fuera de los casos expresamente permitidos por el Código Procesal Civil. Todos los casos anteriormente mencionados son efectos del emplazamiento válido.
El principio de interpretación conforme a la Constitución ha sido desarrollado por: La Corte Suprema. El texto constitucional. El Tribunal Constitucional. Las Cortes Superiores de Justicia. Los jueces de amparo.
Mediante una ley ordinaria, el Parlamento derogó una ley orgánica. Dicha ley ordinaria fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Al respecto señale la opción correcta: Al ser declarada inconstitucional la ley ordinaria salió del ordenamiento jurídico pero la derogación que realizó se mantiene en tanto que la sentencia del Tribunal Constitucional no tiene efectos retroactivos. La sentencia del Tribunal Constitucional se retrotrae al momento en que entró en vigencia la ley ordinaria por lo que la derogación nunca surtió efectos. La ley ordinaria no derogó la ley orgánica pues ésta sólo se modifica o deroga por otra ley orgánica. La derogación de la ley orgánica surtió efectos aunque su vigencia es restituida desde el día siguiente a la publicación de la sentencia del Tribunal Constitucional pues ésta no tiene efecto retroactivo. Ninguna de las anteriores.
Sobre la teoría de los derechos adquiridos, señale la afirmación correcta: Lo que formalmente plantea dicha teoría es la retroactividad de la norma bajo la cuya aplicación inmediata se originó el derecho adquirido. Dicha teoría afirma que la norma bajo la cual nació un derecho, continúe rigiéndolo mientras que tal derecho surta efectos, aunque en su trayecto dicha norma sea derogada o sustituida. La Constitución reconoce la aplicación de la teoría de los derechos adquiridos en materia penal, contractual y pensionaria. El Código Civil reconoce, en su Título Preliminar, que la teoría de los derechos adquiridos es la que rige en nuestro sistema jurídico. Ninguna de las anteriores.
Francisco interpone una demanda para que se declare la resolución de un contrato de arrendamiento por falta de pago, así como para que le paguen la renta adeudada y se ordene la devolución del bien arrendado. La sentencia de primera instancia declarada fundada la demanda y ordena la resolución del contrato y el pago de la renta adeudada, pero omite pronunciarse respecto a la pretensión de devolución del bien. Marque la respuesta correcta. La sentencia es nula al tener un vicio de congruencia por infrapetita. La sentencia es nula al tener un vicio de congruencia por extrapetita. La sentencia es nula al tener un vicio de congruencia por ultrapetita. No existe vicio de nulidad alguno. Ninguna de las anteriores.
Juan, un próspero empresario, decidió mudarse al exterior y empezar una nueva vida fuera del país, por lo que se vio obligado a vender sus acciones. Recibe una propuesta de compra muy buena por lo que la acepta de inmediato. Dicha propuesta fue presentada por funcionario público (encubierto tras un testaferro) que dispuso del dinero del Estado en la compra de las acciones de Juan, dinero que fue entregado al testaferro y luego entregado a Juan.
Respecto a la conducta de Juan, partiendo del supuesto de que se le denuncie por la comisión del delito de peculado, señale la alternativa incorrecta: La conducta de Juan es atípica, por cuanto no se configuran los elementos objetivos ni subjetivos del tipo penal denunciado. Juan no sabía del origen del dinero obtenido tras la venta de sus acciones y los alcances del tipo penal de peculado no abarca su conducta; el delito se consumó antes de su participación. La conducta de Juan, de acuerdo al análisis de imputación objetiva, se encontraba regido por el principio de buena fe en los negocios, por lo que se puede excluir de responsabilidad. Estamos ante un supuesto de la figura de prohibición de regreso, pues la conducta de Juan se limitó a los márgenes de lo permitido. Estamos ante una conducta atípica en el plano subjetivo del tipo penal de peculado. El dolo no se configura en el presente caso. Sí existe, en cambio, tipicidad objetiva. La conducta de Juan es una conducta neutra por cuanto ella no coadyuvó de manera determinante a la comisión de delito.
Respecto a la conducta del funcionario público y el testaferro (particular), marque la alternativa correcta: El funcionario público y el testaferro responden por el delito de peculado a título de coautoría. El funcionario público responde por el delito de peculado a título de instigador y el testaferro a título de autor. De acuerdo a la teoría de unidad de título de imputación, el testaferro responde como autor y el funcionario público como partícipe. De acuerdo con la teoría de unidad de título de imputación, el testaferro responde como partícipe y el funcionario público como autor. Sólo se sanciona al testaferro por cuanto el funcionario público no participó de la entrega del dinero por las acciones de Juan.
El Tribunal Constitucional peruano suele citar jurisprudencia de Tribunales Constitucionales extranjeros, e incluso de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América. ¿Qué jerarquía tienen las referidas citas? Meramente ilustrativa. Equivalente a la dogmática o doctrina legal. Jurisprudencial. Arbitral. Ninguna de las anteriores.
Marque la alternativa incorrecta: Las partes pueden solicitar la conciliación de su conflicto de intereses en cualquier estado del proceso hasta antes de que se expida sentencia de segunda instancia. El allanamiento a la demanda implica la aceptación de la pretensión así como de la veracidad de los hechos y fundamentos de ésta. No procede el allanamiento en el caso de litisconsorcio necesario, cuando éste proviene de uno solo de los demandados. Las partes pueden transigir su conflicto de intereses en cualquier estado del proceso hasta antes que se expida sentencia casatoria. No procede el allanamiento en el caso de derechos indisponibles.
La teoría clásica o de los derechos adquiridos, tiene su fundamento en la siguiente idea: La concepción de que las leyes posteriores deben suponerse mejores que las anteriores y, por lo tanto, deben ser de inmediata aplicación. El sistema jurídico debe guardar coherencia entre sus normas, brindando así seguridad jurídica al derogar antiguas normas y poniendo en vigencia las nuevas. El sistema jurídico debe tener como uno de sus principales objetivos otorgar seguridad a las personas, impidiendo que se modifiquen las normas bajo las cuales adquieren derechos o establecen determinadas situaciones o relaciones jurídicas, mientras éstas surtan efectos. La aplicación ultraactiva está prohibida expresamente por nuestro ordenamiento y por su ubicación en nuestra norma fundamental se le considera un principio general del derecho peruano. Ninguna de las anteriores.
En relación con la facultad de Control Casatorio ante la violación de normas de derecho material, el correcto proceder ante la violación indirecta de una norma de derecho sustantivo se caracteriza por: Al igual que en los casos de violación directa, resulta indispensable el análisis probatorio, por ser consecuencia de una apreciación equivocada de la demanda, de alguna prueba o falta absoluta de apreciación de alguna de ellas. El recurso deviene en inadmisible porque dicho supuesto jurídico no se halla regulado en nuestro ordenamiento jurídico procesal. En ciertos casos de violación indirecta de normas de derecho sustantivo, el recurso de casación debe encausarse sustentando como al ampara de una violación al debido proceso. Solo es susceptible de ser aplicada en la esfera del Derecho Procesal Penal. Solo b y c son correctas.
Mario y Roberto suscriben un contrato en virtud del cual Roberto reconoce adeudar a Mario la suma de US$ 50,000.00, obligándose a pagar dicha deuda en cuotas mensuales de US$ 5,000.00. Asimismo, en garantía del pago de la deuda antes indicada, Julio constituye una hipoteca sobre su casa a favor de Mario. Posteriormente, Mario suscribe un contrato de cesión de derechos con Manuel por el cual le cede el derecho de crédito que tiene con Roberto. Manuel, en su calidad de cesionario, interpone una demanda de ejecución de hipoteca contra Julio por el no pago los US$ 50,000.00. Julio formula contradicción al mandato de ejecución alegando la inexigibilidad de la obligación, toda vez que conforme a lo dispuesto en el artículo 1439 del Código Civil, al no haber manifestado su conformidad con la cesión, la hipoteca no ha pasado a favor del cesionario demandante.
La sentencia de primera instancia declara fundada la contradicción y la improcedencia de la demanda, pues considera que conforme al artículo 1439 del Código Civil el tercero garante hipotecario debió manifestar su conformidad con la cesión. Contra dicha sentencia Manuel interpone recurso de apelación alegando que el acto jurídico celebrado es una cesión de derechos y no una cesión de posición contractual, por lo que la norma aplicable es el artículo 1206 y 1211 del Código Civil y no el artículo 1439. La Corte Superior confirma la sentencia de primera instancia reproduciendo los fundamentos expuestos por el Juez en su sentencia.
¿Cuál es la causal casatoria en la que Manuel debe sustentar su recurso de casación? Marque la respuesta correcta. La interpretación errónea de una norma de derecho material. La aplicación indebida de una norma de derecho material. La inaplicación de una norma de derecho material. La afectación del derecho a un debido proceso. La interpretación errónea de la doctrina jurisprudencial.
Las disposiciones de prescripción de la acción penal, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Barrios Altos: Prevalecen frente al deber de investigar y sancionar graves violaciones de derechos humanos. Rigen sin excepción en toda materia de Derecho Penal. Carecen de efectos jurídicos tratándose de graves violaciones de derechos humanos como las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas. Son oponibles si se aplican dentro de un debido proceso judicial. Ninguna de las anteriores.
Sobre los tratados internacionales en el sistema jurídico peruano, indique la opción correcta: Se controlan mediante acción popular. No requieren de publicación para su vigencia. Los que versan sobre derechos humanos sirven como fuente de interpretación de los derechos y libertades que la Constitución reconoce. Requieren siempre la aprobación del Parlamento a fin de ser incorporados en el sistema jurídico peruano. Ninguna de las anteriores.
Sobre la competencia de la Corte Suprema, marque la alternativa incorrecta: La Corte Suprema conoce como órgano de instancia de fallo los procesos originados en la propia Corte Suprema. Las Salas Civiles conocen las contiendas de competencia y de los conflictos de autoridad, conforme al Código Procesal Civil. La Sala de Derecho Constitucional y Social conoce en última instancia los procesos de amparo y hábeas corpus. La Sala de Derecho Constitucional y Social conoce los procesos de responsabilidad civil contra los vocales de la propia Corte Suprema y de las Cortes Superiores. La Sala de Derecho Constitucional y Social no conoce los procesos de responsabilidad civil contra los vocales de la propia Corte Suprema y de las Cortes Superiores.
El criterio según el cual la garantía del debido proceso legal no se circunscribe a las actuaciones en sede judicial, sino que se extiende al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos, es: Constitucional. Legal Orgánico del Poder Judicial Una interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ninguna de las anteriores.
En un proceso judicial que se tramita en primera instancia el Juez declara de oficio el abandono del proceso. El demandante interpone un recurso de apelación pues considera que no ha transcurrido aun el plazo exigido para la declaración de abandono. La Corte Superior, amparando los fundamentos expuestos por el apelante, revoca la resolución expedida por el Juez de primera instancia que declaró el abandono. El demandado, ante la resolución de la Superior, interpone un recurso de casación contra la mencionada resolución superior alegando que se ha afectado su derecho al debido proceso toda vez que el Superior ha considerado que el escrito de variación de domicilio procesal presentado en primera instancia por el demandante interrumpió el computo del plazo del abandono, transgrediendo lo dispuesto por el artículo 348 del Código Procesal Civil. ¿Cómo debe resolverse el mencionado recurso de casación? Marque la respuesta correcta. Debe desestimarse pues se ha interpuesto contra una resolución contra la que no procede el recurso. Debe ampararse pues la afectación al derecho al debido proceso es una causal casatoria. Debe desestimarse pues no procede el recurso de casación contra resoluciones que no se pronuncien sobre el fondo de la controversia. a y c son correctas. Ninguna de las anteriores.
Con relación al tipo básico del delito de defraudación tributaria (artículo 1 de la Ley Penal Tributaria) señale la alternativa falsa: El engaño descrito por el tipo penal se concreta con el no pago de la obligación tributaria y el consiguiente perjuicio patrimonial. El engaño descrito por el tipo pena, es uno con objeto específico, en el sentido que se encuentra dirigido a conseguir una reducción de la base imponible de la obligación tributaria para dejar de pagar una parte o todo el tributo que establece la ley. Se puede sostener que el delito es uno especial, en el sentido que autor sólo puede ser aquel sujeto que ostente la calidad de deudor tributario. Por la modalidad de la acción y los elementos típicos que presenta se puede afirmar que el delito de defraudación tributaria corresponde a una modalidad específica de estafa. Se puede afirmar que el objeto de protección del delito de defraudación tributaria únicamente es de carácter patrimonial.
Conforme a la teoría de la motivación de las resoluciones judiciales, ¿cuál de los siguientes principios de la lógica formal debe ser necesariamente cumplido por un magistrado para que su decisión pueda ser considerada como debidamente motivada? Principio de no contradicción. Principio de congruencia Principio de razón suficiente. Principio de tercio excluido. Todas las anteriores.
Pedro demanda a Carlos el pago de una indemnización por US$ 100,000.00. La sentencia de primera instancia declara fundada en parte la demanda y ordena el pago de US$ 40,000.00 como indemnización. Carlos no apela la sentencia. Pedro interpone recurso de apelación pues considera diminuto el monto concedido. La Corte Superior confirma la sentencia en la parte que declara fundada en parte la demanda, pero la revoca en lo que respecta al monto demandado, reformándola, ordena a pagar US$ 60,000 como indemnización. Carlos interpone recurso de casación. Marque la respuesta correcta.
i) La casación debe desestimarse pues Carlos consintió la sentencia de primera instancia que le fue adversa.
ii) La casación debe admitirse pues se ha incurrido en un vicio ultrapetita que afecta el derecho al debido proceso.
iii) La casación debe admitirse pues se ha incurrido en un vicio infrapetita que afecta el derecho al debido proceso.
iv) La casación debe admitirse pues se ha incurrido en un vicio extrapetita que afecta el derecho al debido proceso. i) y ii) son correctas. iii) y iv) son correctas. Todas son correctas. Solo i) es correcta. Ninguna es correcta.
Carlos celebra un contrato de mutuo con el Banco de Crédito. En garantía del préstamo, Raúl se constituye en fiador de Carlos frente al Banco de Crédito y constituye una hipoteca sobre el inmueble de su propiedad a favor del Banco de Crédito en garantía del préstamo antes indicado. Carlos no cumple con cancelar el préstamo otorgado. El Banco de Crédito quiere iniciar un proceso de ejecución de la garantía hipotecaria. Marque la respuesta correcta: Necesariamente debe demandar a Carlos y Raúl, siendo éstos litisconsortes necesarios. Puede demandar a Carlos y Raúl, siendo éstos litisconsortes facultativos. Sólo puede demandar a Carlos. Sólo puede demandar a Raúl. Puede demandar a Carlos y Raúl, siendo éstos litisconsortes cuasi facultativos.
¿Corresponde al Tribunal Constitucional decidir sobre asuntos decididos por Osiptel? De acuerdo con su jurisprudencia reciente, no pues esta es competencia exclusiva de Osiptel. De acuerdo a su jurisprudencia reciente, no pues una decisión tal supondría una etapa probatoria de las que las acciones constitucionales carecen, por lo que corresponde al Poder Judicial en sus instancias respectivas. De acuerdo a su jurisprudencia reciente, sí pues se sobrepone el deber de la administración de velar por los derechos de los consumidores. De acuerdo a su Ley Orgánica, no le corresponde. Ninguna de las anteriores.
Entre los límites de la prerrogativa del Congreso de la República de amnistiar a determinadas personas investigadas judicialmente, encontramos: El derecho de los agraviados a conocer la verdad de los hechos. El derecho de los agraviados a recibir del Estado tutela judicial efectiva. El derecho de los investigados a la instancia plural. El derecho de los investigados a la autoridad de la cosa juzgada. a y b son correctas.
Con relación al delito de fraude en la administración de personas jurídicas (artículo 198 Código Penal) marque la alternativa incorrecta: El tipo sanciona el hecho de proporcionar datos falsos relativos a la situación de una persona jurídica, entendido como una modalidad de falsedad que infringe un deber societario de veracidad. El tipo sanciona el hecho de fraguar balances para reflejar y distribuir utilidades inexistentes, entendido como el hecho reflejar un estado económico irreal de la persona jurídica sobre la base de un documento fraudulento. El tipo sanciona el hecho de asumir préstamos para la persona jurídica, entendido como el hecho de asumir préstamos sin contar con la autorización correspondiente del directorio. El tipo sanciona el hecho de usar en provecho propio el patrimonio de la persona jurídica, entendida como el hecho de ejercer una administración desleal del patrimonio social. El tipo sanciona la promoción, bajo cualquier medio, de cotización falsas de acciones de la persona jurídica.
En muchas ocasiones, los funcionarios públicos y tribunales administrativos se encuentran ante la resolución de casos en los que aprecian que, si aplican la ley, ésta viola principios o reglas establecidas en la Constitución Política de la República. Se ha debatido doctrinariamente si estos funcionarios pueden aplicar o no el control difuso estatuido para los magistrados judiciales en la propia carta constitucional. El estado de la jurisprudencia sobre el particular es: Que pueden aplicarlo, pues lo más relevante es salvar la jerarquía constitucional. Que pueden aplicarlo, pues las facultades otorgadas a la magistratura jurisdiccional se extienden a la administrativa, tal como sucede en los casos en los que hay que velar el cumplimiento del debido proceso. Que no pueden aplicarlo, dado que son facultades exclusivas de la magistratura. Que no pueden aplicarlo, dado que sólo los jueces están en capacidad técnica para interpretar la Constitución. Ninguna de las anteriores.
De acuerdo con el estado de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, si un interno solicita la aplicación de beneficios penitenciarios, regirá el principio: La ley aplicable es la vigente en el momento de la solicitud del beneficio. La ley aplicable es la vigente en el momento del inicio de la instrucción. La ley aplicable es la vigente en el momento de la comisión del ilícito penal. La ley aplicable es la vigente en el momento de la decisión que tome el organismo del INPE. Ninguna de las anteriores.
La empresa Alcatraz S.A. demanda en la vía arbitral a la empresa Yunque S.R.L. la ejecución forzada de un contrato y el pago de US$ 200,000.00 como indemnización por daño emergente y lucro cesante. El Laudo Arbitral declaró fundada la demanda y ordenó a la empresa Yunque S.R.L. el cumplimiento del contrato y el pago de US$ 50,000.00 como indemnización por daño emergente, el pago de US$ 50,000.00 como indemnización por lucro cesante y US$ 100,000.00 como indemnización por daño moral. Contra dicho Laudo Arbitral la empresa Yunque interpone un Recurso de Anulación de Laudo ante la Corte Superior de Lima. El fundamento del Recurso de Anulación es que el Laudo es nulo en su totalidad pues contiene una indebida motivación, asimismo, el Tribunal se ha pronunciado en su Laudo sobre una materia no sometida expresa ni implícitamente a su decisión, como lo es la pretensión de indemnización por daño moral. La Corte Superior expide sentencia declarando fundada en parte la demanda y anula parcialmente el Laudo sólo en la parte referida al daño moral. La empresa Yunque S.R.L. interpone recurso de casación contra lo resuelto por la Corte Superior pues pretende que todo el Laudo sea declarado nulo. Marque la respuesta correcta. El recurso de casación es procedente pues la Corte Superior ha declarado la nulidad parcial del laudo. El recurso de casación es improcedente pues se pretende impugnar el extremo de la sentencia de la Corte Superior que declaró la validez del laudo. En ningún caso procede el recurso de casación en los procesos de anulación de laudo arbitral. b y c son correctas. El recurso de casación es procedente, pues éste procede en todos los casos contra las sentencias expedidas por la Corte Superior.
¿Qué es el “iura novit curia”?, marque la alternativa correcta. Es el principio procesal que establece la tutela jurisdiccional efectiva de las partes. Es un principio procesal que se origina en el derecho canónico y consiste en la facultad del magistrado para actuar pruebas de oficio. Es el principio procesal en virtud del cual el Juez puede aplicar el derecho que corresponde al caso aunque no haya sido invocado por las partes. Es el principio procesal en virtud del cual el Juez es el director del proceso. Es el principio procesal por el cual el Juez debe evitar la desigualdad entre las partes.
Según jurisprudencia del Tribunal Constitucional publicada en abril del presente año (2004), una de las modalidades del Habeas Corpus se utiliza cuando se produce la privación arbitraria o ilegal de la libertad física como consecuencia de una orden policial; de un mandato judicial en sentido lato -juez penal, civil, militar-; de una decisión de un particular sobre el internamiento de un tercero en un centro psiquiátrico sin el previo proceso formal de interdicción civil; de una negligencia penitenciaria cuando un condenado continúe en reclusión pese a haberse cumplido la pena; por sanciones disciplinarias privativas de la libertad; etc. A esta modalidad se le denomina: Habeas corpus reparador. Habeas corpus correctivo. Habeas corpus sancionador. Habeas corpus innovador. Ninguna de las anteriores.
Gerardo adquiere un automóvil mediante la celebración de un leasing. Sin embargo, debido a un problema económico sobreviniente a la celebración del contrato, incumplió con el pago de las mensualidades pactadas determinando la resolución del mismo. No obstante operar la referida resolución, Gerardo incumple con la obligación de devolver el bien y dolosamente decide quedárselo y usarlo como si fuera el legítimo propietario. Con relación a Gerardo señale la alternativa correcta: Es incuestionable que es autor del delito de apropiación ilícita. Es incuestionable que es autor del delito de estafa. Se puede afirmar que el tema corresponde a un incumplimiento contractual. Se puede afirmar que el tema corresponde al ámbito de la responsabilidad civil extra contractual. El incumplimiento no genera ningún tipo de responsabilidad.
Susana, cónyuge de Sergio, interpone una demanda contra éste y contra José para que se declare la nulidad del contrato de compraventa de inmueble celebrado por Sergio como vendedor y José como comprador, toda vez que al ser dicho inmueble es de propiedad de la sociedad conyugal y al no haber intervenido ella en la transferencia, el acto jurídico es nulo en aplicación de lo dispuesto en el artículo 315 del Código Civil.
José contesta la demanda señalando que la inobservancia del artículo 315 del Código Civil no sanciona con nulidad del acto jurídico y, además, Sergio intervino en el contrato a título personal y en representación de su cónyuge Susana, por lo que ésta última si participó en el acto cuestionado.
La sentencia de primera instancia declara fundada la demanda, toda vez que al no haber participado ambos cónyuges en la transferencia de un inmueble de propiedad de la sociedad conyugal el acto es nulo en aplicación del artículo 315 del Código Civil. Contra dicha sentencia José interpone recurso de apelación.
La Corte Superior revoca la sentencia de primera instancia y declara infundada la demanda, pues considera que Sergio suscribió el contrato de compraventa también en representación de Susana, por lo que ésta última si participó en la transferencia del inmueble.
Susana considera que la Corte Superior se ha equivocado, pues de una lectura del contrato no aparece en éste que Sergio haya actuado en su representación.
Marque la respuesta correcta. Susana puede interponer un recurso de casación contra lo resuelto por la Corte Superior pues ésta ha interpretado erróneamente el artículo 315 del Código Civil. Susana puede interponer un recurso de casación contra lo resuelto por la Corte Superior pues ésta ha inaplicado el artículo 315 del Código Civil. Susana puede interponer un recurso de casación contra lo resuelto por la Corte Superior pues ésta ha aplicado indebidamente el artículo 315 del Código Civil. Susana puede interponer un recurso de casación contra lo resuelto por la Corte Superior pues ésta ha interpretado erróneamente el contrato de compraventa. Susana no puede interponer recurso de casación.
Los presupuestos procesales son definidos como: Los requisitos de forma exigidos para que el magistrado pueda resolver sobre el fondo de la pretensión. Los requisitos de fondo exigidos para que el magistrado pueda resolver sobre el fondo de la pretensión. Los requisitos de forma exigidos para que el magistrado pueda declarar fundada la demanda. Los requisitos de fondo exigidos para que el magistrado pueda admitir una demanda. Ninguna de las anteriores.
Corresponde formular las acusaciones constitucionales contra los altos magistrados de la República a: El Congreso de la República. El Fiscal de la Nación. La Comisión Permanente. La Mesa Directiva del Congreso. El Vocal Supremo más antiguo de la Sala Penal.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Es improcedente el recurso de casación que se sustenta en una indebida motivación de las resoluciones judiciales. Es improcedente el recurso de casación que se sustenta en la indebida valoración de la prueba. Es improcedente el recurso de casación que se sustenta en la inaplicación de una norma de derecho material. Es improcedente el recurso de casación que se sustenta en la interpretación errónea de la doctrina jurisprudencial. Es improcedente el recurso de casación que se sustenta en la indebida interpretación de los hechos.
48. Atendiendo a las reiteradas crisis política que padecen los Presidentes en nuestro país, se decidió modificar la Constitución para disponer que el mandato presidencial dura cuatro años (y no cinco como lo establecía la norma anterior). Si en la norma aprobada no existe ninguna disposición transitoria, de acuerdo con la teoría de los hechos cumplidos marque la opción correcta: Sería de aplicación al mandato presidencial que se verifica al momento de entrar en vigencia la reforma constitucional de forma que dicho mandato se verá necesariamente reducido. Sería de aplicación a partir del primer mandato que se inicie estando vigente la reforma por lo que no sería de aplicación al mandato que se verifica al momento de su entrada en vigencia. No sería de aplicación al mandato presidencial que se verifica al momento de entrar en vigencia la reforma constitucional ni en un futuro mandato de ese mismo presidente pues él cuenta con un derecho adquirido a tener mandatos de cinco años. Pretender aplicar la reforma constitucional al mandato que se viene verificando sería una aplicación retroactiva de dicha norma. Ninguna de las anteriores.
Ha entrado en vigencia una ley por la cual se incrementa en diez años la edad prevista en los decretos leyes 19990 y 20530 para obtener una pensión de jubilación. Al respecto, indique la opción correcta según la teoría que rige la aplicación temporal de normas en materia pensionaria: Sería de aplicación sólo a quienes aún no habían empezado a trabajar y, en consecuencia, no han empezado a configurar el requisito legal. Sería de aplicación sólo a quienes aún no habían empezado a trabajar o que, trabajando, aún no cumplían el requisito previsto en la norma anterior. Sería de aplicación sólo a quienes aún no habían empezado a trabajar o que, trabajando, aún no cumplían el requisito previsto en la norma anterior o que, habiéndolo cumplido, aún no tenían el goce efectivo de su pensión de jubilación. Sería de aplicación sólo a todos, desde los que no trabajaban hasta los que ya percibían su pensión por aplicación inmediata de la nueva norma. Ninguna de las anteriores.
“La Nación tiene el derecho de conocer la verdad sobre los hechos o acontecimientos injustos y dolorosos provocados por las múltiples formas de violencia estatal y no estatal. Tal derecho se traduce en la posibilidad de conocer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales ellos ocurrieron, así como los motivos que impulsaron a sus autores. El derecho a la verdad es, en ese sentido, un bien jurídico colectivo inalienable”. Esta cita constitucional responde al: Ámbito público del derecho a la verdad. Ámbito privado del derecho a la verdad. Ámbito externo del derecho a la verdad. Ámbito interno del derecho a la verdad. Ninguna de las anteriores.
En materia de Derecho Administrativo, si un acto es realizado por un representante sin facultades suficientes, el Principio de Informalidad: Es susceptible de ser aplicado a un acto efectuado por un representante carente de facultad suficiente, dotando al acto de validez y eficacia. La representación debe regirse estrictamente por el principio de Literalidad y por ello el principio de Informalidad no es extensible ni aplicable a los actos de carácter estrictamente formal que son parte de la estructura del procedimiento administrativo como el inicio del proceso y la interposición de recursos impugnatorios. Es aplicable y torna en válidos y eficaces los actos realizados por representantes en ejercicio del principio de defensa cautiva con la posterior ratificación del representado respecto de los actos realizados por el representante. Solo implica que es el administrador el estrictamente obligado a observar las formas y el orden. Solo b y c son correctas.
Según nuestro actual texto constitucional:
i) Existen derechos constitucionales no escritos derivados de la forma de gobierno unitaria y descentralizada.
ii) Existen derechos constitucionales no escritos basados en la dignidad humana.
iii) Existen derechos constitucionales no escritos basados en los principios de soberanía popular.
iv) Existen derechos constitucionales no escritos basados en el Estado democrático de gobierno y la forma republicana de gobierno. i) es correcta i) y ii) son correctas ii) y iii) son correctas. ii), iii) y iv) son correctas. Todas son correctas.
Un magistrado debe aplicar las normas del Código Procesal Civil de manera imperativa, salvo regulación permisiva en contrario, en virtud de: Principio de inmediación. Principio de vinculación. Principio de formalidad. Principio de concentración. Principio de socialización.
Si se presenta una denuncia periodística contra el Presidente de la República, ¿el Ministerio Público puede investigarlo? Sí, pues el pueblo tiene derecho a saber la verdad. Sí, pues toda denuncia debe ser investigada por el Ministerio Público. No, pues el Presidente sólo puede ser acusado e investigado por las causales establecidas en la Carta Magna. No, pues el Presidente es irresponsable políticamente. Ninguna de las anteriores.
La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Debe ser aplicada por nuestros jueces, pues así lo dispone literalmente la Constitución Política vigente. Debe aplicarse pues forma parte del ordenamiento interamericano cuyo convenio ha sido suscrito y ratificado por el Perú. No debe aplicarse, pues no forma parte del derecho doméstico. No debe aplicarse, pues no es jurisprudencia vinculante para el Estado peruano. Ninguna de las anteriores.
Habiendo sido aprobada por unanimidad, y a fin de evitar que sea fácilmente modificada, el Congreso aprobó una ley ordinaria en la cual se incluyó la siguiente disposición final: “La derogación o modificación de esta ley requerirá, por lo menos, de 100 votos del número legal de miembros del Congreso”.
Respecto de lo dispuesto por dicha ley, señale la opción correcta: Sólo puede ser derogada si se reúne, por lo menos, 100 votos del número legal de miembros del Congreso. La disposición final es inválida pues la propia ley no puede establecer el mecanismo para ser derogada. Su disposición final es válida pues la propia ley puede establecer el mecanismo para ser derogada. Las opciones “a” y “c” son correctas. Ninguna de las anteriores opciones es correcta.
Cuando Hans Kelsen se refería en Teoría Pura del Derecho a la norma fundante básica, hacía alusión a: La Constitución Política del Estado moderno. El acuerdo jurídico-político que sostiene a la Constitución. Una norma hipotética por debajo de la Constitución Política. El factor que le da coherencia a la Carta Constitucional. El factor que le da plenitud a la Carta Magna.
La empresa Tres Osos S.A. demanda a la empresa Singapur E.I.R.L. la resolución de un contrato de compra venta por incumplimiento de Sigapur E.I.R.L. y el pago de una indemnización de daños y perjuicios. Emplazada la empresa Singapur E.I.R.L. con la demanda, esta interpone una demanda contra la empresa Tres Osos S.A. ante otro Juez para que se declare también la resolución del mismo contrato de compra venta pero por incumplimiento de Tres Osos S.A. y el pago de una indemnización de daños y perjuicios que dicho incumplimiento le ha ocasionado. Marque la alternativa correcta: El segundo proceso debe anularse porque luego del emplazamiento no puede iniciarse otro proceso con el mismo petitorio. Ambos procesos deben acumularse en uno solo. La empresa Tres Osos S.A. puede formular una excepción de litispendencia en el segundo proceso. b y c son correctas. Ambos procesos deben anularse.
Asuma que debe conocer una demanda de amparo interpuesta contra la aplicación de una resolución suprema que dispone la separación de un miembro de la Policía Nacional, interpuesta por el policía afectado quien reclama su reposición. Basa su alegación en que ya habiendo sido sancionado con arresto simple dos veces, injustamente, en un proceso disciplinario arbitrario, por los mismos hechos, se le pasó luego a la situación de retiro.
¿La vía del amparo es idónea para reclamar derechos constitucionales en este caso? Sí, pues si se trata de la violación flagrante de derechos fundamentales, el juez debe amparar la demanda. Sí, pues mediante su trámite su pueden probar fehacientemente las alegaciones presentadas. Sí, pues es la vía ordinaria para discutir cuestiones vinculadas a derechos laborales. No, pues el trámite no permite etapa probatoria. Ninguna de las anteriores.
Si la Constitución dispone que son las leyes y reglamentos los que regulan el estatuto de la Policía Nacional del Perú, y la ley de la materia postula que se pueden imponer sanciones de manera sumativa, dependiendo de la naturaleza del área del derecho en la que se tramite la inconducta, entonces: El Tribunal Constitucional avala esta interpretación. Efectivamente a pesar que uno de los principios generales del derecho es la unidad del ordenamiento, hay que reconocer que las diferentes áreas del derecho tienen su propia racionalidad y principios rectores. El Tribunal Constitucional no aprueba esta interpretación. Los principios generales del derecho entran en conflicto cuando se interpreta una conducta a partir de diferentes ramas del derecho. Ninguna de las anteriores.
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