Según nuestro actual texto constitucional:
i) Existen derechos constitucionales no escritos derivados de la forma de gobierno unitaria y descentralizada.
ii) Existen derechos constitucionales no escritos basados en la dignidad humana.
iii) Existen derechos constitucionales no escritos basados en los principios de soberanía popular.
iv) Existen derechos constitucionales no escritos basados en el Estado democrático de gobierno y la forma republicana de gobierno. i) es correcta. i) y ii) son correctas. ii) y iii son correctas. ii), iii) y iv) son correctas. Todas son correctas.
El derecho a la verdad es: Un derecho regulado en la Constitución Política vigente. Un derecho regulado en la Constitución Política de 1979. Un derecho regulado en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Un derecho constitucional no escrito. Ninguna de las anteriores.
José sale muy apurado de madrugada manejando su automóvil, como estaba apurado decide conducir a una velocidad muy por encima de lo permitido, atravesando una zona escolar, e imaginándose el peligro que representaba su accionar respecto a los eventuales transeúntes que podía encontrar a esa hora. Para conducir a esa velocidad, José había confiado en su habilidad de buen conductor. Lamentablemente, José termina atropellado a un señor que, se encontraba haciendo footing en dicha zona. Con relación a José podemos decir: Actuó con dolo directo de primer grado. Actuó con dolo directo de segundo grado. Actuó con dolo eventual. Actuó con culpa sin representación. Actuó determinado bajo error de tipo.
Carlos celebra un contrato de mutuo con el Banco de Crédito. En garantía del préstamo, Raúl se constituye en fiador de Carlos frente al Banco de Crédito y constituye una hipoteca sobre el inmueble de su propiedad a favor del Banco de Crédito en garantía del préstamo antes indicado. Carlos no cumple con cancelar el préstamo otorgado. El Banco de Crédito quiere iniciar un proceso de ejecución de la garantía hipotecaria. Marque la respuesta correcta: Necesariamente debe demandar a Carlos y Raúl, siendo éstos litisconsortes necesarios. Puede demandar a Carlos y Raúl, siendo éstos litisconsortes facultativos. Sólo puede demandar a Carlos. Sólo puede demandar a Raúl. Puede demandar a Carlos y Raúl, siendo éstos litisconsortes cuasi facultativos.
Víctor es casado con María, quienes tienen un hijo menor de edad llamado Pedro. Víctor decide separarse de su cónyuge pero no cumple con pasarle alimentos a su menor hijo. Mario, hermano de María, indignado por la conducta de Víctor, decide interponer una demanda contra Víctor en representación de su sobrino Pedro, con el fin de que Víctor cumpla con su obligación de alimentos para con su menor hijo. ¿Qué defensa de forma podría formular Víctor? Excepción de falta de legitimidad del demandante. Excepción de representación defectuosa del demandante. Excepción de representación insuficiente del demandante. Excepción de incapacidad del demandante. Ninguna de las anteriores.
El contractualismo en teoría política funda modelos políticos como: El liberal. El comunista. El comunitario. El individualismo. Ninguna de las anteriores.
Respecto al derecho de acción, marque la alternativa incorrecta: Una de las clasificaciones del derecho de acción es la acción real. El derecho de acción solo admite restricciones en su ejercicio en los casos expresamente previstos en la ley. El derecho de acción es un derecho de naturaleza privada y abstracto. El derecho de acción es de naturaleza privada Todas las anteriores son falsas.
Si se presenta una denuncia periodística contra el Presidente de la República, ¿el Ministerio Público puede investigarlo? Sí, pues el pueblo tiene derecho a saber la verdad. Sí, pues toda denuncia debe ser investigada por el Ministerio Público. No, pues el Presidente sólo puede ser acusado e investigado por las causales establecidas en la Carta Magna. No, pues el Presidente es irresponsable políticamente. Ninguna de las anteriores.
Con relación al delito de pánico financiero (artículo 249 del Código Penal) señale la alternativa correcta: El ilícito sólo puede ser cometido por un funcionario vinculado a una institución que realice operaciones de intermediación financiera. A efectos de verificar la tipicidad del delito, no interesa que las noticias propaladas por el agente sean falsas, sólo que produzcan el retiro masivo de fondos. A efectos de verificar la consumación del delito, no interesa que efectivamente se produzcan retiros masivos de fondos, sólo que la información propalada tenga la entidad suficiente para producir dichos retiros. Conforme a su tipicidad objetiva el delito contempla la posibilidad que los retiros masivos de fondos provengan tanto de instituciones bancarias, cuanto financieras. El objeto de protección del delito está orientado únicamente a proteger el patrimonio de los bancos.
¿Qué es el “iura novit curia”?, marque la alternativa correcta. Es el principio procesal que establece la tutela jurisdiccional efectiva de las partes. Es un principio procesal que se origina en el derecho canónico y consiste en la facultad del magistrado para actuar pruebas de oficio. Es el principio procesal en virtud del cual el Juez puede aplicar el derecho que corresponde al caso aunque no haya sido invocado por las partes. Es el principio procesal en virtud del cual el Juez es el director del proceso. Es el principio procesal por el cual el Juez debe evitar la desigualdad entre las partes.
José y Pablo trabajan como cajeros en un banco, a fin de procurarse ingresos extras y de manera muy discreta, José llegó a la conclusión que de cada 10 cheques que se presentaban en ventanilla, 4 no correspondían a un número exacto, sino a cantidades con céntimos. Cuando pagaban en estas cantidades, lo que hacían José y Pablo era redondear la suma y al momento de cuadrar su caja se quedaban con los céntimos; pero cada vez que algún cliente reclamaba su monto completo, se lo entregaban. Al cabo de 5 años lograron acumular S/. 1´000,000.00. Con relación a José y Pablo, podemos decir que: Son autores del delito de apropiación ilícita. Son autores del delito de estafa. Son autores de un delito patrimonial distinto a la estafa o apropiación. No han cometido delito alguno. Son autores de los delitos de estafa y apropiación ilícita cometida en concurso ideal.
Un particular presentó una demanda de amparo con la finalidad que se declare inaplicable la Resolución Ministerial mediante la cual se dispuso pasarlo de la situación militar de actividad a la de retiro, por razones de renovación. El Tribunal Constitucional declaró improcedente la demanda pues el demandante cobró su compensación por tiempo de servicios, consintiendo plenamente la ruptura del vínculo laboral con la demandada. Respecto a las razones de la decisión, la línea jurisprudencial marcada por el TC desde Julio del presente año es: Que deben ser informadas por la administración, de acuerdo a las garantías propias del debido proceso. Que deben ser informadas de acuerdo con el texto de la Constitución en referencia a las facultades del Presidente de la República. Que no deben ser informadas, pues se trata de una facultad discrecional del Presidente. Que no deben ser informadas, pues se trata de una facultad similar a la atribuida al Consejo Nacional de la Magistratura en materia de ratificaciones judiciales. Ninguna de las anteriores.
El concepto de arbitrariedad en el Derecho puede entenderse como: Lo arbitrario entendido como decisión caprichosa, vaga e infundada desde la perspectiva jurídica; Lo arbitrario entendido como aquella decisión despótica, tiránica y carente de toda fuente de legitimidad; Lo arbitrario entendido como contrario a los principios de razonabilidad y proporcionalidad jurídica. Todas las anteriores Ninguna de las anteriores.
El criterio de ponderación constitucional es aquél según el cual al legislador incumbe, ponderar los diferentes derechos y bienes constitucionales en conflicto, y establecer, con carácter general, los principios y reglas conforme a los cuales se deberán resolver las controversias entre agentes económicos y los usuarios y consumidores. Dicho criterio ha sido adoptado y desarrollado por: El Tribunal Constitucional. La Corte Suprema La Sala de Protección del Consumidor de Indecopi. La Corte Superior de Justicia de Lima en acciones de amparo. Ninguna de las anteriores.
Sobre la competencia de la Corte Suprema, marque la alternativa incorrecta: La Corte Suprema conoce como órgano de instancia de fallo los procesos originados en la propia Corte Suprema. Las Salas Civiles conocen las contiendas de competencia y de los conflictos de autoridad, conforme al Código Procesal Civil. La Sala de Derecho Constitucional y Social conoce en última instancia los procesos de amparo y hábeas corpus. La Sala de Derecho Constitucional y Social conoce los procesos de responsabilidad civil contra los vocales de la propia Corte Suprema y de las Cortes Superiores. La Sala de Derecho Constitucional y Social no conoce los procesos de responsabilidad civil contra los vocales de la propia Corte Suprema y de las Cortes Superiores.
Con relación al delito de peculado (artículo 387 del Código Penal), señale la alternativa incorrecta: La apropiación descrita por la conducta típica del delito supone que el sujeto activo de delito posee ya consigo el bien o caudal, del que dispone en infracción a sus deberes funcionales. Estamos ante un delito pluriofensivo, en el sentido que el bien jurídico se desdobla en dos objetos específicos merecedores de protección jurídico penal: los intereses patrimoniales de la administración pública y el quebrantamiento de deberes funcionales. En algunos casos, de manera excepcional, el delito admite la posibilidad de ser cometido por determinados particulares que se encuentren relacionados con el aparato de administración pública. El objeto material de la acción está constituido por bienes en general de contenido económico, incluido dinero y valores de crédito negociables. El delito de peculado puede ser entendido como un delito que implica el quebrantamiento de un deber funcional por parte del funcionario que lo comete.
Entre los límites de la prerrogativa del Congreso de la República de amnistiar a determinadas personas investigadas judicialmente, encontramos: El derecho de los agraviados a conocer la verdad de los hechos. El derecho de los agraviados a recibir del Estado tutela judicial efectiva. El derecho de los investigados a la instancia plural. El derecho de los investigados a la autoridad de la cosa juzgada. a y b son correctas.
Mario y Roberto suscriben un contrato en virtud del cual Roberto reconoce adeudar a Mario la suma de US$ 50,000.00, obligándose a pagar dicha deuda en cuotas mensuales de US$ 5,000.00. Asimismo, en garantía del pago de la deuda antes indicada, Julio constituye una hipoteca sobre su casa a favor de Mario. Posteriormente, Mario suscribe un contrato de cesión de derechos con Manuel por el cual le cede el derecho de crédito que tiene con Roberto. Manuel, en su calidad de cesionario, interpone una demanda de ejecución de hipoteca contra Julio por el no pago los US$ 50,000.00. Julio formula contradicción al mandato de ejecución alegando la inexigibilidad de la obligación, toda vez que conforme a lo dispuesto en el artículo 1439 del Código Civil, al no haber manifestado su conformidad con la cesión, la hipoteca no ha pasado a favor del cesionario demandante.
La sentencia de primera instancia declara fundada la contradicción y la improcedencia de la demanda, pues considera que conforme al artículo 1439 del Código Civil el tercero garante hipotecario debió manifestar su conformidad con la cesión. Contra dicha sentencia Manuel interpone recurso de apelación alegando que el acto jurídico celebrado es una cesión de derechos y no una cesión de posición contractual, por lo que la norma aplicable es el artículo 1206 y 1211 del Código Civil y no el artículo 1439. La Corte Superior confirma la sentencia de primera instancia reproduciendo los fundamentos expuestos por el Juez en su sentencia.
¿Cuál es la causal casatoria en la que Manuel debe sustentar su recurso de casación? Marque la respuesta correcta.
La interpretación errónea de una norma de derecho material. La aplicación indebida de una norma de derecho material. La inaplicación de una norma de derecho material. La afectación del derecho a un debido proceso. La interpretación errónea de la doctrina jurisprudencial.
Respecto a la instigación para cometer un delito, marque la respuesta correcta: La instigación supone crear el dolo en una persona para cometer el injusto penal, donde el inducido conoce siempre de su actuar antijurídico. La instigación comporta una suerte de autoría. La instigación debe ser sancionada así el autor no sea efectivamente condenado. El instigador tiene el dominio del hecho en todo momento. La instigación es un supuesto de autoría mediata.
Llega en casación un proceso judicial en el que se cuestiona la interpretación de la instancia anterior sobre cuál es el efecto del emplazamiento válido con la demanda. En tal sentido, se debe tener en cuenta que el emplazamiento con la demanda: Fija de manera definitiva la competencia aplicable al proceso. Prohíbe iniciar otro proceso con el mismo petitorio. Interrumpe la prescripción adquisitiva. El petitorio no podrá ser modificado fuera de los casos expresamente permitidos por el Código Procesal Civil. Todos los casos anteriormente mencionados son efectos del emplazamiento válido.
En una serie de casos en los que magistrados no ratificados por el Consejo Nacional de la Magistratura han recurrido al Tribunal Constitucional por violación del debido proceso, la línea jurisprudencial asentada por dicho Tribunal ha sido la siguiente: La no ratificación judicial supone una pérdida de confianza. La no ratificación judicial supone una sanción punitiva. La no ratificación judicial supone una arbitrariedad. La no ratificación judicial supone un abuso de poder. Ninguna de las anteriores.
Juan demanda la resolución de un contrato y el pago de US$ 100,000.00 como daños y perjuicios. El Juez en la sentencia declara fundada en parte la demanda y ordena la resolución del contrato y el pago de US$ 80,000.00 como indemnización por daños y perjuicios. Marque la respuesta correcta. La sentencia es nula al tener un vicio de congruencia por infrapetita. La sentencia es nula al tener un vicio de congruencia por extrapetita. La sentencia es nula al tener un vicio de congruencia por ultrapetita. No existe vicio de nulidad alguno. Ninguna de las anteriores.
José Carlos es Gerente de la empresa Importaciones S.A. Debido a una crisis económica por la que venía atravesando la empresa, decide alterar las cifras de la contabilidad y de esa forma “maquillar” los ingresos de la misma para, posteriormente, desviarlos a una cuenta especial. Para ello se sirve de Gabriel quien se desempeñaba como contador de la empresa. Gabriel recibió indicaciones precisas de José Carlos acerca de las modificaciones contables que debía realizar (recibió cifras y la manera exacta con relación a dónde y cuándo debía realizar las alteraciones). Es de precisar que Gabriel en todo momento prestó su consentimiento para realizar el hecho. Con relación a Gabriel señale la alternativa correcta: Podemos decir que es autor mediato de un delito contable. Podemos decir que es co autor de un delito contable. Podemos decir que es co participe de un delito contable. Podemos decir que es autor de un delito contable pero su conducta corresponde a una actuación impune. Podemos decir que no ha cometido delito alguno.
Patty trabaja como auxiliar jurisdiccional en el 20º Juzgado Penal de Lima. A partir de su vínculo funcional con el Juzgado, toma conocimiento que su amiga Marta se encontraba siendo procesada por el delito de estafa. Patty, por iniciativa propia, decide interceder ante el Juez para que resuelva el proceso a favor de Marta. No obstante la entrevista sostenida, sobre la base de lo actuado, el Juez condena a Marta a tres años de privación de libertad y al pago de S/. 2,000 por concepto de reparación civil. Respecto a Patty marque la alternativa incorrecta: No se ha cometido delito de Tráfico de Influencias puesto que no se verifica la invocación exigida por el tipo penal del art 400º del CP. No se ha cometido delito de Tráfico de Influencias puesto que Patty no recibió contraprestación alguna por parte de Marta. Si el Juez hubiese resuelto a favor de Marta se habría cometido el delito de Tráfico de Influencias. Si el Juez hubiese resuelto a favor de Marta se habría cometido el delito de tráfico de influencias en grado de tentativa. El delito de tráfico de influencias exige para el presente caso la participación de Marta.
Juan, quien domicilia en Piura, estaba viajando en su automóvil por la carretera Panamericana Sur rumbo a Tacna cuando al llegar a la ciudad de Ica su auto impacta con el auto de Raúl, quién domicilia en Arequipa y se encontraba de viaje rumbo a Lima. Raúl interpuso una demanda de daños y perjuicios y Juan presenta una contienda de competencia que debe ser dirimida por la Corte Suprema ¿Cuál es el Juez competente por razón del territorio para conocer de dicha demanda? El Juez Especializado en lo Civil de Piura, lugar del domicilio del demandado. El Juez Especializado en lo Civil de Ica, lugar donde ocurrió el accidente. El Juez Especializado en lo Civil de Arequipa, lugar del domicilio del demandante. a y b son correctas. a, b y c son correctas.
De acuerdo con el Tribunal Constitucional, el ejercicio del control difuso es un acto complejo, puesto que conlleva la inaplicación al caso concreto de una norma que en un inicio se presume constitucional. Un criterio que debe ser tomados en cuenta por los jueces para inaplicar una norma en el marco de un proceso de amparo es: En el caso concreto que da lugar a un proceso de amparo, el acto impugnado debe constituir una aplicación de la norma considerada inconstitucional. En el caso concreto, la norma cuestionada debe ser operativa, esto es, tener una función social específica. En el caso concreto, la norma debe tener una estructura lógica que integre antecedente y consecuente. En el caso concreto, la norma legal debe violar una eventual interpretación de la Constitución. Ninguna de las anteriores.
Respecto a los delitos imprudentes, marque la respuesta incorrecta: El actuar imprudente comporta una infracción al deber objetivo de cuidado. Las conductas imprudentes sancionadas por nuestro Código Penal son numerus clausus, esto es, que para sancionar una conducta imprudente, ésta debe estar prevista como delito por nuestro ordenamiento. La imprudencia consciente no supone un conocimiento certero de la efectiva concretización del resultado antijurídico. El elemento subjetivo del delito, la culpa, se ve directamente afectado por el error de prohibición invencible por parte del agente. En la imprudencia inconsciente el agente no desea el resultado lesivo, pero sí posee conocimiento certero de su producción.
Con relación a los delitos contra los derechos de autor señale la alternativa correcta: Los derechos de autor protegidos deben ser concebidos exclusivamente desde una perspectiva económico patrimonial. El sujeto pasivo del delito puede ser cualquier persona, aunque no sea titular del un derecho autoral, puesto que se incluyen a los traductores, compiladores, etc. El bien jurídico protegido es de naturaleza supraindividual, puesto que los derechos de autoría pueden corresponder a un grupo de sujetos. Los actos materiales del delito pueden corresponder a una acción realizada sobre la base de una autorización otorgada por el titular del derecho. Los derecho de autor presentan un componente moral de naturaleza renunciable y disponible, según lo disponga el titular del derecho.
Con relación al delito de contrabando (artículos 1 y 2 de la Ley 26641) señale la alternativa incorrecta: El bien jurídico protegido por el delito se encuentra representado por un interés fiscal que se ve defraudado cuando se burlan los controles aduaneros. El delito se consuma cuando se ingresan mercaderías al país sin pagar el correspondiente tributo, no importando si el no pago corresponde a una maniobra elusoria del sujeto activo o a un control defectuoso de la autoridad aduanera. Constituye una modalidad de contrabando, el disponer de mercaderías trasladadas fuera de los recintos aduaneros para su reconocimiento, sin cancelar los derechos respectivos. La consumación del delito se verifica en el momento en que el sujeto activo ingresa o retira del país mercaderías eludiendo el control de aduanas. Para su consumación es necesario que el sujeto no someta de ninguna manera las mercaderías al control aduanero.
La empresa ABC demanda a la empresa XYZ la resolución de un contrato de servicios. En dicho proceso judicial ABC obtiene una medida cautelar innovativa por la cual se suspende las obligaciones contractuales de las partes hasta que se defina en la sentencia si el contrato ha quedado resuelto o no. Ante esta situación, la empresa XYZ demanda ante otro juzgado a la empresa ABC la ejecución forzada del mismo contrato de servicios. En este segundo proceso judicial XYZ obtiene una medida cautelar de no innovar en virtud de la cual las partes deben cumplir con sus obligaciones del contrato hasta que se expide la sentencia final. ¿Cuál de las dos medidas cautelares es válida? La primera que se ordenó, ya que el segundo proceso es nulo por litispendencia. La última que se ordenó, ya que al recaer sobre el mismo objeto dejó sin efecto a la primera. La medida que se ejecute primero. La medida cuya resolución se haya expedido con fecha más antigua, es decir, se haya expedido primero. Ninguna de las dos, ya que los dos procesos son nulos por litispendencia.
Susana, cónyuge de Sergio, interpone una demanda contra éste y contra José para que se declare la nulidad del contrato de compraventa de inmueble celebrado por Sergio como vendedor y José como comprador, toda vez que al ser dicho inmueble es de propiedad de la sociedad conyugal y al no haber intervenido ella en la transferencia, el acto jurídico es nulo en aplicación de lo dispuesto en el artículo 315 del Código Civil.
José contesta la demanda señalando que la inobservancia del artículo 315 del Código Civil no sanciona con nulidad del acto jurídico y, además, Sergio intervino en el contrato a título personal y en representación de su cónyuge Susana, por lo que ésta última si participó en el acto cuestionado.
La sentencia de primera instancia declara fundada la demanda, toda vez que al no haber participado ambos cónyuges en la transferencia de un inmueble de propiedad de la sociedad conyugal el acto es nulo en aplicación del artículo 315 del Código Civil. Contra dicha sentencia José interpone recurso de apelación.
La Corte Superior revoca la sentencia de primera instancia y declara infundada la demanda, pues considera que Sergio suscribió el contrato de compraventa también en representación de Susana, por lo que ésta última si participó en la transferencia del inmueble.
Susana considera que la Corte Superior se ha equivocado, pues de una lectura del contrato no aparece en éste que Sergio haya actuado en su representación.
Marque la respuesta correcta. Susana puede interponer un recurso de casación contra lo resuelto por la Corte Superior pues ésta ha interpretado erróneamente el artículo 315 del Código Civil. Susana puede interponer un recurso de casación contra lo resuelto por la Corte Superior pues ésta ha inaplicado el artículo 315 del Código Civil. Susana puede interponer un recurso de casación contra lo resuelto por la Corte Superior pues ésta ha aplicado indebidamente el artículo 315 del Código Civil. Susana puede interponer un recurso de casación contra lo resuelto por la Corte Superior pues ésta ha interpretado erróneamente el contrato de compraventa. Susana no puede interponer recurso de casación.
Daniel pasea por la orilla de un lago y ve que un niño agitaba las manos pidiendo auxilio porque se estaba ahogando. Daniel en lugar de auxiliar al niño, sale corriendo del lugar y deja al niño quien, al cabo de unos minutos, muere. Con relación a Daniel señale la alternativa correcta: Estamos ante un caso de homicidio en comisión por omisión pues Daniel al tomar contacto con el niño adquirió posición de garante con relación a su vida. Estamos ante un caso de homicidio cometido por omisión. Estamos ante un delito de omisión de socorro en comisión por omisión pues Daniel al tomar contacto con el niño adquirió posición de garante con relación a él. Estamos ante un delito de omisión de socorro. La conducta de no presenta contenido penal.
Respecto a la legítima defensa, marque la alternativa incorrecta: La legítima defensa es un supuesto de causa de justificación, lo cual descarta la antijuricidad de la conducta. El presupuesto fáctico de la legítima defensa es la agresión ilegítima. La respuesta a la agresión ilegítima debe guardar proporcionalidad de los medios usados. La legítima defensa también abarca la defensa de terceros cualquiera. Para que se configure la agresión ilegítima no es necesaria la consumación de la misma, sino simplemente con un intento idóneo de dicha lesión.
Juan desea matar a su esposa y decide hacerlo pero tratando en todo momento de que su conducta quede impune. De esta manera, decide iniciar una pelea con su esposa y provocarla de tal manera que ella trate de golpearlo con un bate de baseball y así atacarla simulando una defensa propia. Los hechos se dan como lo planeado y Juan mata a su esposa. Respecto a la conducta de Juan, marque la alternativa correcta: Estamos ante una causa de justificación que exime de responsabilidad Estamos ante una causa de justificación incompleta que exime de responsabilidad. Estamos ante un supuesto de actio libera in causa, toda vez que se montó un escenario pertinente para pretender una causa de justificación indebida. Estamos ante un presupuesto de error en la causa de justificación. La muerte de la esposa de Juan no es imputable penalmente a Juan ya que actuó conforme a ley.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Es improcedente el recurso de casación que se sustenta en una indebida motivación de las resoluciones judiciales. Es improcedente el recurso de casación que se sustenta en la indebida valoración de la prueba. Es improcedente el recurso de casación que se sustenta en la inaplicación de una norma de derecho material. Es improcedente el recurso de casación que se sustenta en la interpretación errónea de la doctrina jurisprudencial. Es improcedente el recurso de casación que se sustenta en la indebida interpretación de los hechos.
De acuerdo con el estado de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, si un interno solicita la aplicación de beneficios penitenciarios, regirá el principio: La ley aplicable es la vigente en el momento de la solicitud del beneficio. La ley aplicable es la vigente en el momento del inicio de la instrucción. La ley aplicable es la vigente en el momento de la comisión del ilícito penal. La ley aplicable es la vigente en el momento de la decisión que tome el organismo del INPE. Ninguna de las anteriores.
¿Cuál de las siguientes alternativas no es un principio de la teoría de las nulidades procesales? Convalidación Vinculación Trascendencia Subsanación Protección.
De acuerdo con el Tribunal Constitucional, el ejercicio del control difuso es un acto complejo, puesto que conlleva la inaplicación al caso concreto de una norma que en un inicio se presume constitucional. Un criterio que debe ser tomados en cuenta por los jueces para inaplicar una norma en el marco de un proceso de amparo es: La norma a aplicarse debe tener relación, aunque sea indirecta, con el caso a resolverse. La norma a inaplicarse debe tener una relación directa, principal e indisoluble con la resolución del caso, es decir, ella debe ser relevante para la resolución de la controversia. La norma a aplicarse puede no tener relación con el caso principal, pero sí con una consecuencia de éste vinculada a articulaciones cautelares. La norma a aplicarse debe ser relevante y debe poderse interpretar a favor de la Constitución. Ninguna de las anteriores.
María es agraviada en un proceso por violencia familiar que sigue contra su esposo. El esposo, no obstante haber abandonado el domicilio conyugal, continuamente le hace llamadas telefónicas amenazantes varias veces al día, incluso de madrugada, por lo que María recurre a la Prefectura de Lima a efectos de interponer una solicitud de garantías personales. Sin embargo, la Prefectura deniega de plano la solicitud sobre la base que, como existe un proceso por violencia familiar anterior, el conceder las garantía configuraría un caso de avocamiento indebido. Marque la alternativa correcta: Es cierto que se incurriría en avocamiento indebido. No existe avocamiento indebido por cuanto ambos procesos no guardan entre sí un vínculo de conexidad sustantiva o material. No se cometería delito de avocamiento indebido sino un delito contra la administración pública. María no debió solicitar las garantías personales. La prefectura podría requerir al Juzgado se abstenga de seguir conociendo la causa a fin de poder que pueda otorgarle las garantías a María.
Con relación al delito de fraude en la administración de personas jurídicas (artículo 198º del Código Penal) marque la alternativa incorrecta: El tipo sanciona el hecho de proporcionar datos falsos relativos a la situación de una persona jurídica, entendido como una modalidad de falsedad que infringe un deber societario de veracidad. El tipo sanciona el hecho de fraguar balances para reflejar y distribuir utilidades inexistentes, entendido como el hecho reflejar un estado económico irreal de la persona jurídica sobre la base de un documento fraudulento. El tipo sanciona el hecho de asumir préstamos para la persona jurídica, entendido como el hecho de asumir préstamos sin contar con la autorización correspondiente del directorio. El tipo sanciona el hecho de usar en provecho propio el patrimonio de la persona jurídica, entendida como el hecho de ejercer una administración desleal del patrimonio social. El tipo sanciona la promoción, bajo cualquier medio, de cotización falsas de acciones de la persona jurídica.
En relación con la facultad de Control Casatorio ante la violación de normas de derecho material, el correcto proceder ante la violación indirecta de una norma de derecho sustantivo se caracteriza por: Al igual que en los casos de violación directa, resulta indispensable el análisis probatorio, por ser consecuencia de una apreciación equivocada de la demanda, de alguna prueba o falta absoluta de apreciación de alguna de ellas. El recurso deviene en inadmisible porque dicho supuesto jurídico no se halla regulado en nuestro ordenamiento jurídico procesal. En ciertos casos de violación indirecta de normas de derecho sustantivo, el recurso de casación debe encausarse sustentando como al ampara de una violación al debido proceso. Solo es susceptible de ser aplicada en la esfera del Derecho Procesal Penal. Solo b y c son correctas.
La teoría clásica o de los derechos adquiridos, tiene su fundamento en la siguiente idea: La concepción de que las leyes posteriores deben suponerse mejores que las anteriores y, por lo tanto, deben ser de inmediata aplicación. El sistema jurídico debe guardar coherencia entre sus normas, brindando así seguridad jurídica al derogar antiguas normas y poniendo en vigencia las nuevas. El sistema jurídico debe tener como uno de sus principales objetivos otorgar seguridad a las personas, impidiendo que se modifiquen las normas bajo las cuales adquieren derechos o establecen determinadas situaciones o relaciones jurídicas, mientras éstas surtan efectos. La aplicación ultraactiva está prohibida expresamente por nuestro ordenamiento y por su ubicación en nuestra norma fundamental se le considera un principio general del derecho peruano. Ninguna de las anteriores.
Respecto al análisis de imputación objetiva, marque la alternativa incorrecta: La concurrencia del Principio de buena fe (principio de confianza permitida) supone, para efectos del análisis de imputación objetiva, la exclusión de responsabilidad en el sujeto. Existen supuestos de riesgo que, por su aceptación social, son per se impunes ante el ordenamiento jurídico. Una conducta será neutra para efectos del análisis de imputación, si la dicha acción del sujeto no ha sido determinante para la configuración del tipo penal. Debe, entonces, tratarse de una conducta aislada e irrelevante. El deber de diligencia exigido a los particulares y, en consecuencia, la posición de garante debe desprenderse de la situación en concreto y no sólo de una fuente formal. El análisis de imputación objetiva responde a un análisis puro de imputación y no de responsabilidad del agente.
El señor Morales ha importado un automóvil BMW para su uso particular. Cuando se encontraba realizando los trámites de importación ante la autoridad aduanera, ésta por un error omitió cobrarle el tributo correspondiente considerando equivocadamente un descuento del 30% sobre el monto que efectivamente correspondía. El señor Morales pagó según lo dispuesto por la autoridad aduanera y finalizó con los trámites de importación. Posteriormente, a partir de labores de fiscalización la autoridad correspondiente detectó el error y procedió a imputar al señor Morales la comisión de un delito aduanero. Con relación al señor Morales señale la alternativa correcta: Es autor del delito de contrabando. Es autor del delito de defraudación de rentas de aduanas. Es autor de una modalidad agravada de contrabando. Es autor de una infracción que no corresponde a un delito aduanero. Es autor de una modalidad agravada de defraudación de rentas de aduanas.
Pedro es juez del Poder Judicial de Lima que ha recibido una denuncia por la comisión del delito de difamación por medio de prensa contra Juana, quien dice haber sido objeto de afirmaciones falsas por parte de Roberto, reportero de un medio de comunicación. Partiendo del supuesto anterior, señale la alternativa incorrecta: No habrá delito de difamación si se tratan de datos veraces, sujetos a la diligencia en el contraste de datos y fuentes. No habrá delito de difamación si se tratan de datos falsos, que sin embargo no perjudican el honor de Juana. No habrá delito de difamación si se tratan de datos veraces, pero que, sin embargo, perjudican el honor de Juana. Pedro puede alegar libertad de expresión; esto es, que los datos sean veraces. La libertad de expresión supone la libre opinión, esto es, comentarios adecuados, mientras que la libertad de información supone la veracidad de los datos ofrecidos por el sujeto respecto de un tercero cualquiera (dato objetivo de la realidad).
Con relación al delito de obtención fraudulenta de créditos (artículo 247 del Código Penal), señale la alternativa incorrecta: El ilícito es de carácter especial, puesto que el sujeto activo del delito sólo podrá ser un usuario de una institución bancaria. En la medida que el crédito obtenido haya sido cubierto por el agente, la conducta será no punible. El tipo se consumación en el momento en que se obtiene el crédito proveniente de una institución financiera. Se entiende que el sujeto pasivo del delito es la colectividad que resulta afectada con la lesión al sistema crediticio. El bien jurídico protegido por el delito es de naturaleza supraindividual o colectiva.
Pedro demanda a Carlos el pago de una indemnización por US$ 100,000.00. La sentencia de primera instancia declara fundada en parte la demanda y ordena el pago de US$ 40,000.00 como indemnización. Carlos no apela la sentencia. Pedro interpone recurso de apelación pues considera diminuto el monto concedido. La Corte Superior confirma la sentencia en la parte que declara fundada en parte la demanda, pero la revoca en lo que respecta al monto demandado, reformándola, ordena a pagar US$ 60,000 como indemnización. Carlos interpone recurso de casación.Marque la respuesta correcta. La casación debe desestimarse pues Carlos consintió la sentencia de primera instancia que le fue adversa. La casación debe admitirse pues se ha incurrido en un vicio ultrapetita que afecta el derecho al debido proceso. La casación debe admitirse pues se ha incurrido en un vicio infrapetita que afecta el derecho al debido proceso. La casación debe admitirse pues se ha incurrido en un vicio extrapetita que afecta el derecho al debido proceso. Todas las anteriores son falsas.
Respecto del elemento subjetivo del tipo, el dolo, marque la alternativa incorrecta: El dolo determina la tipicidad de la conducta de la persona para efectos de la Teoría del Delito. La ausencia de dolo comporta un supuesto normativo de ausencia de acción. El dolo eventual supone el convencimiento del sujeto de la concreción del supuesto antinormativo, que, sin embargo, no lo disuade de su actuar. El error de tipo vencible descarta de plano la conducta dolosa del agente. La voluntad de delinquir en un sujeto, el dolo, puede creado en ciertos supuestos mediante la instigación.
Las disposiciones de prescripción de la acción penal, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Barrios Altos: Prevalecen frente al deber de investigar y sancionar graves violaciones de derechos humanos. Rigen sin excepción en toda materia de Derecho Penal. Carecen de efectos jurídicos tratándose de graves violaciones de derechos humanos como las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas. Son oponibles si se aplican dentro de un debido proceso judicial. Ninguna de las anteriores.
Juan, un próspero empresario, decidió mudarse al exterior y empezar una nueva vida fuera del país, por lo que se vio obligado a vender sus acciones. Recibe una propuesta de compra muy buena por lo que la acepta de inmediato. Dicha propuesta fue presentada por funcionario público (encubierto tras un testaferro) que dispuso del dinero del Estado en la compra de las acciones de Juan, dinero que fue entregado al testaferro y luego entregado a Juan.
Respecto a la conducta de Juan, partiendo del supuesto de que se le denuncie por la comisión del delito de peculado, señale la alternativa incorrecta: La conducta de Juan es atípica, por cuanto no se configuran los elementos objetivos ni subjetivos del tipo penal denunciado. Juan no sabía del origen del dinero obtenido tras la venta de sus acciones y los alcances del tipo penal de peculado no abarca su conducta; el delito se consumó antes de su participación. La conducta de Juan, de acuerdo al análisis de imputación objetiva, se encontraba regido por el principio de buena fe en los negocios, por lo que se puede excluir de responsabilidad. Estamos ante un supuesto de la figura de prohibición de regreso, pues la conducta de Juan se limitó a los márgenes de lo permitido. Estamos ante una conducta atípica en el plano subjetivo del tipo penal de peculado. El dolo no se configura en el presente caso. Sí existe, en cambio, tipicidad objetiva. La conducta de Juan es una conducta neutra por cuanto ella no coadyuvó de manera determinante a la comisión de delito.
Sobre los tratados internacionales en el sistema jurídico peruano, indique la opción correcta: Se controlan mediante acción popular. No requieren de publicación para su vigencia. Los que versan sobre derechos humanos sirven como fuente de interpretación de los derechos y libertades que la Constitución reconoce. Requieren siempre la aprobación del Parlamento a fin de ser incorporados en el sistema jurídico peruano. Ninguna de las anteriores.
En materia de Derecho Administrativo, si un acto es realizado por un representante sin facultades suficientes, el Principio de Informalidad: Es susceptible de ser aplicado a un acto efectuado por un representante carente de facultad suficiente, dotando al acto de validez y eficacia. La representación debe regirse estrictamente por el principio de Literalidad y por ello el principio de Informalidad no es extensible ni aplicable a los actos de carácter estrictamente formal que son parte de la estructura del procedimiento administrativo como el inicio del proceso y la interposición de recursos impugnatorios. Es aplicable y torna en válidos y eficaces los actos realizados por representantes en ejercicio del principio de defensa cautiva con la posterior ratificación del representado respecto de los actos realizados por el representante. Solo implica que es el administrador el estrictamente obligado a observar las formas y el orden. Solo b y c son correctas.
Mediante una ley ordinaria, el Parlamento derogó una ley orgánica. Dicha ley ordinaria fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Al respecto señale la opción correcta: Al ser declarada inconstitucional la ley ordinaria salió del ordenamiento jurídico pero la derogación que realizó se mantiene en tanto que la sentencia del Tribunal Constitucional no tiene efectos retroactivos. La sentencia del Tribunal Constitucional se retrotrae al momento en que entró en vigencia la ley ordinaria por lo que la derogación nunca surtió efectos. La ley ordinaria no derogó la ley orgánica pues ésta sólo se modifica o deroga por otra ley orgánica. La derogación de la ley orgánica surtió efectos aunque su vigencia es restituida desde el día siguiente a la publicación de la sentencia del Tribunal Constitucional pues ésta no tiene efecto retroactivo. Ninguna de las anteriores.
La posición del Tribunal Constitucional respecto a que el Estado peruano adquiera mediante la Bolsa de Productos los bienes que requiere para el cumplimiento de sus funciones, ha sido: Declarar la inconstitucionalidad de dicha regulación pues atenta contra el principio de eficiencia en el manejo de los recursos públicos. Declarar la inconstitucionalidad de dicha regulación pues atenta contra el principio de transparencia en el manejo de los recursos públicos. Declarar la inconstitucionalidad de dicha regulación pues atenta contra el principio de economía en el manejo de los recursos públicos. a y b son correctas. b y c son correctas.
Respecto al concurso de delitos, marque la alternativa correcta: Existe concurso real de delitos cuando cada hecho configura, independientemente de los otros, un delito. Existe concurso ideal de delitos cuando cada hecho configura, independientemente de los otros, un delito. En el caso de que estemos ante un concurso ideal de delitos, la pena a aplicar será la menos grave. En el caso de que estemos ante un concurso real de delitos, la pena a aplicar será la menos grave. Existe concurso real de delitos cuando existe una unidad de sujeto, sin importar las conductas antijurídicas realizadas por éste.
Asuma que debe conocer una demanda de amparo interpuesta contra la aplicación de una resolución suprema que dispone la separación de un miembro de la Policía Nacional, interpuesta por el policía afectado quien reclama su reposición. Basa su alegación en que ya habiendo sido sancionado con arresto simple dos veces, injustamente, en un proceso disciplinario arbitrario, por los mismos hechos, se le pasó luego a la situación de retiro.
¿La vía del amparo es idónea para reclamar derechos constitucionales en este caso? Sí, pues si se trata de la violación flagrante de derechos fundamentales, el juez debe amparar la demanda. Sí, pues mediante su trámite su pueden probar fehacientemente las alegaciones presentadas. Sí, pues es la vía ordinaria para discutir cuestiones vinculadas a derechos laborales. No, pues el trámite no permite etapa probatoria. Ninguna de las anteriores.
Si la Constitución dispone que son las leyes y reglamentos los que regulan el estatuto de la Policía Nacional del Perú, y la ley de la materia postula que se pueden imponer sanciones de manera sumativa, dependiendo de la naturaleza del área del derecho en la que se tramite la inconducta, entonces: El Tribunal Constitucional avala esta interpretación. Efectivamente a pesar que uno de los principios generales del derecho es la unidad del ordenamiento, hay que reconocer que las diferentes áreas del derecho tienen su propia racionalidad y principios rectores. El Tribunal Constitucional no aprueba esta interpretación. Los principios generales del derecho entran en conflicto cuando se interpreta una conducta a partir de diferentes ramas del derecho. Ninguna de las anteriores.
Pedro es un conciliador que recibe una orden judicial a fin de que devele, a pesar de estar prohibido por la Ley de Conciliación, las informaciones brindadas por una de las personas que se sometió a este tipo de procedimiento anteriormente. Al respecto, es cierto que: Pedro se encuentra compelido a cumplir con esta orden judicial ya que sino se vería inmerso en el delito de desobediencia a la autoridad. Pedro no está obligado a cumplir con la orden judicial recibida por cuanto es manifiestamente ilegal por contravenir el ordenamiento pertinente (Ley de Conciliación) y ello supondría además la comisión del delito de violación del secreto profesional. Pedro debe de pedir al juez la razón de su requerimiento pues, de ser el caso que crea conveniente, deberá de aceptar otorgar la información requerida. El juez sí posee autoridad para ordenar dicha entrega de información, a pesar de conocer del deber que recae sobre el conciliador respecto a la no divulgación de lo conocido por él en dichos procesos. El juez no está obligado a fundamentar su pedido, limitándose a compeler a Franco para que cumpla con la orden bajo apercibimiento de denunciarlo penalmente por desobediencia a la autoridad.
El Tribunal Constitucional peruano suele citar jurisprudencia de Tribunales Constitucionales extranjeros, e incluso de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América. ¿Qué jerarquía tienen las referidas citas? Meramente ilustrativa. Equivalente a la dogmática o doctrina legal. Jurisprudencial. Arbitral. Ninguna de las anteriores.
Respecto a los tipos de omisión, marque la alternativa incorrecta: En los casos de omisión pura, el tipo penal exige que haya existido una situación típica, la ausencia de una acción y la capacidad para poder realizar dicha acción. En los casos de omisión impropia, se exige además una posición de garante, la concurrencia resultado y la capacidad del agente de evitarlo. Estos tipos de omisión no siempre se encuentran tipificados por el ordenamiento penal de manera expresa. La posición de garante del sujeto dentro de un sistema de organización supone el deber de control máximo en todas las esferas de dicho sistema respecto a todos los actores conformantes de ella. En tal sentido, no puede alegarse una división de funciones (injerencia) para excluir responsabilidades. La cláusula contractual es concebida como una fuente de origen de la posición de garante. Para la teoría funcional, la posición de garante será establecida de acuerdo a las atribuciones consignadas a cada sujeto por el ámbito en el que se desenvuelve.
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