¿Qué norma contiene con carácter básico la enumeración detallada de los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las AAPP? La Ley de Procedimiento Administrativo Común La Constitución española El Estatuto Básico del Empleado Público La Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
¿En qué momento tiene derecho el ciudadano a conocer el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tenga la condición de interesado? En cualquier momento En el trámite de audiencia Antes de emitirse la propuesta de resolución Dependerá del procedimiento administrativo de que se trate.
El ejercicio del derecho a obtener información sobre el expediente no podrá afectar: Al principio de eficacia en el funcionamiento de los servicios públicos, ni al derecho a la intimidad de terceros implicados en el expediente Al derecho a la protección de la salud A materias relacionadas con la Administración militar Al principio de actuación administrativa de buena fe.
En la expedición de copias de documentos públicos o privados contenidos en el expediente, la competencia corresponderá: Al órgano que reglamentariamente se determine por cada AAPP A cualquier órgano de la Administración del Estado A cualquier órgano de la AAPP Al órgano que tramite el expediente.
Sobre el derecho a obtener copias de los documentos contenidos en los procedimientos: Todas las respuestas son correctas No se establece plazo para la contestación por parte del órgano administrativo ante el que se presenta la petición Será de aplicación la regla del silencio administrativo Ante la falta de plazo expreso, el plazo máximo para resolver la solicitud será de 3 meses.
Sobre el derecho a obtener copias de los documentos contenidos en los procedimientos: Todas las respuestas son correctas La finalización será por respuesta expresa, concediendo o denegando lo solicitado Cuando se deniegue, deberá motivarse la decisión En caso de ausencia de respuesta cabe entender que la respuesta tácita es positiva, ya que su concesión habilitaría al solicitante para el ejercicio de un derecho preexistente.
Los ciudadanos, en sus relaciones con las AAPP y en el ámbito de la AGE, tienen derecho a identificar: A las autoridades y al personal al servicio de las AAPP bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos A cualquier funcionario que tenga la condición de agente de la autoridad Al personal al servicio de las AAPP Al personal al servicio de las AAPP relacionado con la tramitación de sus procedimientos.
La identificación telefónica cuando el empleado público recibe una comunicación exterior, se realizará: Indicando de forma sucinta y claramente comprensible la denominación de la Unidad, y sólo se complementará con la identidad del empleado público si el ciudadano se interesa, o si se prevé continuidad en la relación Indicando su nombre y apellidos en cualquier caso Indicando el objeto de la llamada, la denominación de la Unidad, y el nombre y apellidos del empleado público Indicando la identidad del empleado público si el ciudadano se interesa, o si se prevé continuidad en la relación.
El empleado público se identificará mediante tarjeta de control e identificación: En el exterior del espacio administrativo En espacios públicos singularizados En la Unidad a la que esté adscrito Cuando realice funciones de recepción e información.
Las solicitudes, escritos y comunicaciones no se podrán presentar: En el registro de una Entidad Local en cualquier caso En los registros de los órganos administrativos a que se dirijan En los registros de cualquier órgano de la AGE En los registros de cualquier Administración de las CCAA.
Los escritos dirigidos a cualquier AAPP pueden presentarse: Todas las respuestas son correctas En cualquier oficina de Correos En las representaciones diplomáticas y consulares de España en el extranjero En los registros de una Entidad Local, en caso de que tenga suscrito el convenio.
Las oficinas de registro no estarán obligadas a expedir copias selladas de documentos originales: Si no se presentan acompañados de solicitudes, escritos, o comunicaciones presentadas por el ciudadano Si no se presentan en papel timbrado Si no se presentan ante el órgano que deba resolver el expediente Si no se presentan ante el empleado público directamente relacionado con el expediente.
Los ciudadanos, en sus relaciones con las AAPP, tienen derecho a formular alegaciones y aportar documentos: En cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia En cualquier fase del procedimiento Antes de que se dicte resolución expresa Antes de la finalización del procedimiento.
Los ciudadanos, en sus relaciones con las AAPP, tienen derecho: A no presentar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante A no presentar documentos exigidos en el procedimiento A no presentar documentos que ya se encuentren en poder de cualquier Administración Ninguna respuesta es correcta.
El derecho de conocer en cualquier momento el estado de la tramitación de los procedimientos: Es un derecho de los que tienen condición de interesados Es un derecho de los ciudadanos Es un derecho que sólo pertenece a los que promueven el procedimiento como titulares de derechos Es un derecho que sólo pertenece a los que promueven el procedimiento como titulares de intereses legítimos.
Los ciudadanos tienen el derecho a utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su CCAA: De acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992, y el resto del ordenamiento jurídico De acuerdo con lo que prevé la Ley 4/1999, y el resto del ordenamiento jurídico De acuerdo con lo que prevé la Constitución española Ninguna de las respuestas es correcta.
El derecho de acceso a los registros y archivos de las AAPP no podrá ejercerse respecto a los expedientes: Que contengan información sobre la seguridad del Estado Relativos a materias relacionadas con el derecho a la protección de la salud Relativos a actuaciones administrativas derivadas de la política social Todas las respuestas son correctas.
La oficialidad de la lengua implica: Que es reconocida por los poderes públicos como medio normal de comunicación en ellos, entre ellos y en relación con los sujetos privados, con plena validez y efectos jurídicos El reconocimiento de que su uso está extendido socialmente Que se debe legislar sobre su protección y conocimiento Que las publicaciones oficiales deben realizarse en la lengua en cuestión.
Toda actuación administrativa que suponga discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, de acuerdo con el EBEP, tendrá la consideración de: Falta muy grave Falta leve Falta grave Delito.
¿Cuál de las siguientes proposiciones no es correcta en relación con las copias selladas por la Administración? No serán válidas a efectos del ejercicio por el ciudadano del derecho a no presentar documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, o que ya se encuentren en poder de la Administración actuante Acreditarán que el documento original se encuentra en poder de la Administración correspondiente Serán válidas para solicitar, en su caso, la devolución del documento original una vez finalizado procedimiento o actuación, o de acuerdo con lo que disponga la normativa de aplicación Serán entregadas a la Administración correspondiente en el momento en que el documento original sea devuelto al interesado.
La competencia, que es irrenunciable, ¿se ejercerá por los órganos que la tengan atribuida? Sí, salvo los casos de delegación o avocación Sí, siempre Sí, salvo los casos de delegación Sí, salvo los casos de delegación o sustitución.
La actuación de las autoridades que no se abstengan estando incursas en alguno de los supuestos de abstención, ¿implicará la invalidez de los actos en que hayan intervenido? No necesariamente Sí Los viciará de nulidad de pleno derecho Se entenderá tal acto como no existente.
En aquellos casos en que las autoridades y el personal al servicio de la Administración no se abstengan, ¿qué instrumento normativo deberá utilizar el interesado para lograr esa finalidad? La recusación La petición El recurso La reclamación.
La Exposición de Motivos de la Ley 30/92 destaca el carácter instrumental de la Administración: Puesta al servicio del ciudadano A fin de que se proceda a su adaptación por los órganos de la Administración Subordinado al Gobierno Todas las respuestas son correctas.
¿Cuál de los siguientes medios no supondrá alteración de la titularidad de la competencia? Todas las respuestas son correctas La encomienda de gestión La delegación de firma La suplencia.
Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán expresamente esta circunstancia, y se considerarán dictadas: Por el órgano delegante Tanto por el órgano delegante como por el órgano delegado Por el órgano delegado Por el mismo órgano.
La delegación será revocable por el órgano que la haya conferido: En cualquier momento Sólo en caso de incumplimiento Cuando circunstancias jurídicas o técnicas lo aconsejen Sólo cuando se trate de órganos jerárquicamente dependientes.
¿En qué clase de procedimientos no cabrá la delegación de competencias? En las resoluciones de asuntos concretos, una vez que en el procedimiento se haya emitido un dictamen o informe preceptivo acerca del mismo En los actos de carácter discrecional En el ejercicio del derecho de petición En las resoluciones de solicitudes de licencias.
Los titulares de los órganos administrativos podrán ser suplidos temporalmente en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad: Por quien designe el órgano competente para su nombramiento Por su inferior jerárquico Por quien determine la máxima autoridad del Departamento Por quien designe el propio titular del órgano que vaya a ser sustituido.
La no abstención en los casos en que proceda dará lugar, según el artículo 28 de la Ley 30/92, a: Responsabilidad Revocación Anulación Sustitución.
Tener relación de servicio o haber prestado servicios profesionales de cualquier tipo en los últimos años al interesado será una causa de abstención, ¿durante qué plazo? En los 2 últimos años En el último año En los 5 últimos años En los 10 últimos años.
Contra las resoluciones adoptadas en materia de recusación, ¿procederá algún tipo de recurso? No cabrá recurso Sólo el jurisdiccional Sólo el ordinario Sólo una reclamación.
Las AAPP, en sus relaciones mutuas, se regirán por el principio de: Cooperación Jerarquía Descentralización Desconcentración.
¿A qué órgano le corresponde realizar la convocatoria de las Conferencias Sectoriales? Al Ministro o Ministros que tengan competencias al respecto Al Secretario de Estado del Ministerio para las Administraciones Públicas Al Subsecretario o Subsecretarios que tengan competencias al respecto Al Vicepresidente del Gobierno.
Cuando la gestión de algún convenio haga necesario crear una organización común, ésta adoptará la forma de: Consorcio Fundación Asociación Todas las respuestas son correctas.
La materia de adopción de disposiciones de carácter general, ¿es delegable? No Sí Sólo en materia de Ordenanzas Sólo en materia de Reglamentos.
En los supuestos de delegación de competencias en órganos no jerárquicamente dependientes, el conocimiento de un asunto podrá ser avocado: Por el órgano delegante Por el órgano inferior Por el inferior jerárquico del órgano delegante Todas las respuestas son correctas.
¿Necesita para su validez que la delegación de firma sea publicada? No Sólo en el tablón de anuncios de la respectiva Corporación En el Boletín Oficial que corresponda Tanto en un Diario oficial como en un periódico.
Según el artículo 29 de la Ley 30/92, la recusación se planteará: Por escrito Mediante comparecencia ante el responsable del órgano gestor Mediante comparecencia ante el registro general Tanto por escrito como en forma oral.
¿Cuál de las siguientes causas no es motivo de abstención, según la Ley de Procedimiento Administrativo? Parentesco de consanguinidad o afinidad dentro del cuarto grado Amistad íntima o enemistad manifiesta Parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado Haber tenido intervención como perito en el procedimiento de que se trate.
Entre los instrumentos destacados por la Ley 30/92 a fin de asegurar la necesaria coordinación entre la Administración del Estado y la de las CCAA, se encuentran: Las Conferencias Sectoriales Los Convenios de integración Las Leyes-Marco Acuerdos básicos de transferencias.
Las relaciones entre la Administración del Estado o la Administración de las CCAA con las Entidades Locales que integran la Administración Local, se regirán por: La legislación básica en materia de régimen local La legislación sectorial en materia de régimen local Las Leyes-Marco Las Leyes de armonización.
La falta de alguno de los elementos que integran la competencia de un órgano implicará la invalidez del acto, salvo en un supuesto que admite convalidación. ¿Cuál es dicho supuesto? La jerarquía El territorio El tiempo La materia.
De las citadas, ¿cuál es la respuesta incorrecta? La competencia es renunciable La competencia es delegable La competencia es revocable La competencia es avocable.
La resolución de recursos interpuestos contra los órganos administrativos que hayan dictado un acto por delegación: Es una competencia indelegable Es una competencia revocable Es una competencia avocable Todas las respuestas son correctas.
Tener interés personal en el asunto o haber tenido intervención como perito en el procedimiento de que se trate, es: Todas las respuestas son correctas Motivo de abstención Causa de recusación Una circunstancia que vulnera la necesaria imparcialidad de la Administración.
¿Cuál de las siguientes figuras afines a la delegación de competencias es considerada como una novedad de la Ley de Procedimiento Administrativo Común? La encomienda de gestión La avocación La suplencia La delegación de firma.
El fundamento de la institución jurídica de la recusación es: Todas las respuestas son correctas Garantizar la neutralidad Garantizar la objetividad Garantizar la imparcialidad.
¿Qué clase de acuerdo entre las CCAA precisará la autorización de las Cortes Generales? Convenios de cooperación Convenios de colaboración Conferencias sectoriales Todas las respuestas son correctas.
En determinadas circunstancias, para ejecutar los Convenios de colaboración se puede precisar una organización común que los lleve a efecto. ¿De qué organización se trata? De los consorcios De las Conferencias sectoriales De las Comisiones interterritoriales Todas las respuestas son correctas.
¿El acto administrativo se diferencia de un acto de naturaleza privada dictado por la Administración Pública? En el ejercicio de una potestad administrativa En la necesidad de que se siga un procedimiento En que el destinatario es siempre un ciudadano Todas las respuestas son correctas.
Si los actos administrativos son declaraciones de carácter unilateral de la AAPP, ¿cuál de los siguientes responde a un significado bilateral de declaraciones de voluntad? Todas las respuestas son correctas Los convenios Los consorcios Los contratos.
Cuando un acto persigue, bajo la apariencia de una finalidad propia de la Administración, un interés distinto al que debe salvaguardar, se está hablando de determinado vicio. ¿Cuál es? Desviación de poder Nulidad Error de hecho Error de derecho.
El acto de concesión de una licencia será: Un acto reglado Un acto motivado Un acto que no precisa un procedimiento específico Un acto discrecional.
Los actos administrativos que se dirijan a una pluralidad indeterminada de sujetos, no producirán efectos hasta que: Sean publicados legalmente Sean notificados personalmente a cada uno de ellos Sean notificados solamente a aquél que encabezase la petición Sean publicados en el Tablón de Edictos de la Casa Capitular.
De todos los citados, ¿existe algún acto administrativo que no precise motivación? Los actos por los cuales se resuelva la acumulación de expedientes Los actos que apliquen el procedimiento de urgencia Los actos que resuelvan la ampliación de plazos Los acuerdos de suspensión.
¿Se pueden plantear interdictos contra la actuación de los órganos de la Administración Pública? No, si dicha actuación se ha ejercitado de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido Sí, si la actuación no es competencia del órgano que ejercite la acción Ninguna respuesta es correcta Todas las respuestas son correctas.
Las actuaciones administrativas fuera de tiempo: Sólo implicarán la anulación del acto si así lo impusiera la naturaleza del plazo Serán inválidas En ningún caso implicarán la anulación del acto Serán en todo caso anulables.
El principio de inderogabilidad de los Reglamentos, ¿qué significado tiene para usted? Que una disposición particular no podrá vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general La imposibilidad de que los Reglamentos sean derogados por otros del mismo rango Que podrán ser derogados, una vez alteradas las circunstancias por las que se promulgó Que un Reglamento no puede derogarse por una disposición de carácter general.
De las siguientes respuestas relativas a la nulidad en los actos administrativos, ¿encuentra alguna que sea incorrecta? El consentimiento del afectado puede sanar el acto nulo El acto nulo no puede ser objeto de convalidación La Administración podrá en cualquier momento declarar la nulidad Los actos anulables son convalidables.
El acto administrativo consiste en una declaración que es expresión de una potestad: Administrativa Reglamentaria Ejecutiva Todas las respuestas son correctas.
De las respuestas siguientes, ¿cuál de ellas responde a aquellos actos que deben ser motivados? Todas las respuestas son correctas Los actos que limiten derechos subjetivos Los que resuelvan recursos Los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes.
¿Cómo se denominan aquellas cuestiones que se susciten en relación a la seguridad interior o a la organización militar, o incluso a las relaciones internacionales? Actos políticos Actos administrativos Actos discrecionales Actos constitutivos.
La definición de que "los actos de la Administración serán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa", responde a un determinado principio. ¿Sabe cuál es? Presunción de validez de los actos administrativos Presunción de legalidad Presunción de oficialidad Presunción de veracidad de los actos administrativos.
Excepcionalmente podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando: Se dicten en sustitución de actos anulados Se lesionen derechos legítimos Sean limitativos de los derechos Produzcan efectos no favorables.
La materia de términos y plazos obligará a: Todas las respuestas son correctas Las autoridades Al personal al servicio de la Administración Pública Los interesados.
En el procedimiento administrativo, si los plazos se expresan en días: Se entenderán hábiles, excluyéndose los domingos y festivos Se entenderán hábiles, excluyéndose los domingos Se entenderán naturales Se computarán todos los días del plazo.
Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquél en que comienza el plazo, este plazo se entenderá que expira: El último día del mes El subsiguiente día hábil El primer día del mes sucesivo El día siguiente.
Si el último día del plazo en meses o en años fuere inhábil: Se prorrogará al primer día hábil siguiente Se computará el plazo hasta el último día hábil Se computará el plazo con un día menos Al computarse de fecha a fecha, se incluirá en el cómputo.
Los plazos expresados en días comenzarán a computarse: A partir del día siguiente al de su recepción A partir del día de la fecha de su recepción A partir de la fecha indicada en la notificación A partir de la fecha en que se haya dictado.
¿Todas las resoluciones administrativas deberán ser motivadas? No Sí No, solamente los actos que limiten derechos subjetivos No, solamente las que resuelvan recursos.
De todas las resoluciones citadas a continuación, ¿cuáles de ellas no necesitarán ser motivadas? Las que no se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes Los acuerdos de suspensión de actos Las que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales Ninguna respuesta es correcta.
Para que produzcan efectos las disposiciones administrativas: Habrán de publicarse Deberán notificarse o publicarse según los casos Tendrán que notificarse directamente a los interesados Todas las respuestas son correctas.
Todos los actos de naturaleza administrativa serán inmediatamente ejecutivos, salvo en un supuesto en el que sólo lo serán cuando la resolución ponga fin a la vía administrativa. ¿Cuál es ese supuesto? Actos de naturaleza sancionadora Actos de carácter contractual Autorizaciones Concesiones.
¿En qué casos un defecto de forma determinará la anulabilidad del acto? Cuando carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin, o dé lugar a indefensión Cuando sean insubsanables Sólo en los casos en los que se dé lugar a indefensión Sólo cuando carezca de los requisitos formales indispensables.
Los actos que tengan un contenido imposible serán: Actos nulos Actos anulables Actos convalidables Actos subsanables.
Si los efectos de la invalidez se producen desde el momento en que se declare la invalidez del acto, se tratará de un acto: Anulable Nulo Erróneo Inexistente.
Si los efectos de la invalidez se producen desde el momento en que se dictó el acto, se tratará de un acto: Nulo Anulable Erróneo Inexistente.
Las notificaciones se practicarán: Por cualquier medio que permita tener constancia de su recepción por el interesado Por escrito Por edictos A través del servicio de correos.
Cuando se rechace la notificación: Se entenderá notificado el destinatario Será preciso efectuar una nueva notificación Se notificará al interesado mediante edictos Se requerirá la presencia de dos testigos.
¿Quiénes pueden ser interesados en un expediente? Todas las respuestas son correctas Los que ostenten un derecho subjetivo Los que ostenten un interés legítimo Los que sin haber iniciado el procedimiento, ostenten derechos que puedan resultar afectados.
Los interesados en un expediente tendrán derecho a conocer su estado de tramitación, recabando la oportuna información: En cualquier momento En el plazo de 10 días Antes de que recaiga resolución Antes de la propuesta de resolución.
Una de las calificaciones del concepto de interesado como persona provista de un interés legítimo, ha sido suprimida en la Ley 30/92. ¿Sabe cuál es? Que el interés sea directo Que el interés sea legítimo Que tal interés sea individual Que el interés sea colectivo.
Cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, el derecho-habiente sucederá en tal condición: Cualquiera que sea el estado del procedimiento Cuando el expediente haya sido resuelto Cuando haya recaído resolución firme Cuando se trate de resoluciones que hayan causado estado.
De todas estas respuestas respecto a las multas coercitivas, ¿hay alguna que es incorrecta? Todas son correctas Las multas coercitivas podrán ser reiterativas en el tiempo Se pueden imponer por incumplimiento de actos personalísimos Las multas coercitivas serán independientes de las que puedan imponerse en concepto de sanción.
Cuando la Administración ejecute subsidiariamente algún acto que ha sido ordenado al administrado por causa de su incumplimiento, ¿podrá cobrarle los gastos previamente a su ejecución? Sí, a reserva de la liquidación definitiva Sí, siempre que así se haya pactado No, puesto que no ha existido devengo alguno No, puesto que no es calculable el resultado.
Si la obligación personalísima consistiera en un hacer y no se realizase la prestación, ¿qué ocurre? Deberá resarcir el obligado los daños y perjuicios ocasionados Se ejecutará subsidiariamente a costa del obligado Se utilizará la compulsión directa Todas las respuestas son correctas.
¿Cuál de las siguientes respuestas no es un medio de ejecución forzosa? Multa tributaria Apremio sobre el patrimonio Compulsión sobre las personas Ejecución subsidiaria.
La ejecución subsidiaria tendrá lugar cuando se trate de actos: Que no sean personalísimos Personalísimos Que sean voluntarios Que sean involuntarios.
El conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla, se denomina: Expediente Procedimiento administrativo Práctica administrativa Acto administrativo.
Cuando la Ley 30/92 trata del procedimiento sancionador, establece que a determinado procedimiento no le serán de aplicación los principios referenciados en aquél. ¿A qué procedimiento se está refiriendo? A los procedimientos disciplinarios A los procedimientos de arbitraje A los procedimientos de responsabilidad patrimonial A los procedimientos de licencias urbanísticas.
¿Qué actos de los enumerados a continuación no ponen fin a la vía administrativa? Los adoptados por los Subsecretarios Los de los Secretarios de Estado Los de los Directores Generales en materia de personal Los adoptados por los Ministros.
Según el artículo 74 de la Ley 30/92, el procedimiento administrativo se impulsará de oficio en todos sus trámites, estando sometido al criterio de: Celeridad Eficacia Legalidad Ordenación.
¿En qué plazo deberán evacuarse los informes? 10 días 15 días 8 días Un mes.
La Administración, ¿estará obligada a dictar resolución en los procedimientos iniciados de oficio cuya resolución afecte o no a los ciudadanos? No Sólo está obligada respecto al derecho de petición Sí, totalmente Sólo en los casos en los que la solicitud sea a instancia de parte.
Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse mediante pruebas: Siendo admisible cualquier medio de prueba Siendo admisibles tan sólo las documentales Siendo admisibles tan sólo las documentales y testificales Siendo admisibles tan sólo las documentales y las periciales.
Cuando el órgano al que corresponda la decisión del procedimiento compruebe que pueden existir intereses colectivos afectados por el asunto, podrá acordar un período de información pública durante un plazo no inferior a: 20 días 10 días 15 días Un mes.
Aquellos trámites que deberán ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse por éstos en el plazo de: Diez días Quince días Ocho días Un mes.
El procedimiento administrativo se impulsará: De oficio en todos sus trámites Por el Jefe del Departamento que sea competente en la materia A instancia de parte en todos sus trámites A instancia de parte o de oficio.
Si el escrito de iniciación tuviera algún defecto, se requerirá a quien lo hubiese firmado para que subsane la falta en el plazo de: 10 días 8 días Un mes 15 días.
El Registro General de una Administración Pública deberá practicar el asiento de todos los escritos que se presenten, y remitirlos a la Sección o Servicio que corresponda: En el mismo día Dentro del período máximo de 48 horas Al día siguiente A los dos días de haberse practicado el asiento.
En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la caducidad se producirá por: Causa imputable al administrado Causa imputable a la Administración Causas provenientes de terceros interesados Causas imputables a ambas partes.
El Jefe de la dependencia donde se inicie el expediente podrá disponer su acumulación a otros con los que guarde íntima conexión. ¿Procederá algún recurso contra el acuerdo de acumulación? No procederá recurso alguno Procederá el recurso ordinario Procederá formular alegaciones Sólo se podrá reclamar en queja.
La Administración podrá conceder, a petición de los interesados, una prórroga de los plazos establecidos que no excederá: De la mitad de los mismos De un mes Del doble del plazo que haya sido concedido De 10 días.
Los plazos se reducirán cuando se declare de oficio o a petición del interesado la tramitación de urgencia pero, ¿conoce algún supuesto que excepcione esta previsión? Sí, los casos de presentación de solicitudes y recursos No existe excepción alguna Sólo en el ejercicio del derecho de petición Sí, los casos de reclamaciones y recursos.
¿Será ampliable el plazo de subsanación y mejora en los supuestos de solicitudes? Sí, ampliándose hasta cinco días Sí, ampliándose por plazo igual al concedido inicialmente No Sí, ampliándose hasta diez días.
Los actos necesarios para la determinación, conocimiento, y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución, se denominan actos de: Instrucción Resolución Ordenación Ejecución.
¿En qué momento podrán los interesados alegar los defectos de tramitación, y en especial los que supongan paralización del procedimiento? En todo momento En cualquier momento anterior al trámite de audiencia Dentro del trámite de audiencia A la hora de formular el correspondiente recurso.
¿Podrá el instructor en un procedimiento administrativo rechazar las pruebas propuestas por los interesados? Sí, cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias Sí, cuando derivase cualquier perjuicio para la Administración Sí, siempre y en cualquier momento No.
El informe emitido fuera de plazo: Podrá no ser tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución Deberá no ser tenido en cuenta al adoptarse el acuerdo Deberá ser tenido en cuenta en todo caso Se entenderá como no emitido.
Cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado, se podrá prescindir: Del trámite de audiencia De la correspondiente propuesta de resolución De la emisión de informes Del trámite probatorio.
De no emitirse el informe en el plazo señalado, ¿se podrán proseguir las actuaciones? Sí, excepto en los supuestos de informes preceptivos y determinantes para la resolución del procedimiento Sólo cuando el carácter de la resolución lo permita En ningún caso Sí, excepto en los supuestos de informes facultativos y vinculantes.
Según el artículo 85 de la Ley 30/92, al referirse a la participación de los interesados se destacan dos principios informadores. ¿Sabes cuáles? Contradicción e igualdad Unidad de actuación y flexibilidad Celeridad y economía Eficacia y legalidad.
La incomparecencia en el trámite de información pública a que puede ser sometido la instrucción de un expediente, según el artículo 86 de la Ley 30/92, ¿impedirá a los interesados interponer los recursos procedentes contra la resolución definitiva? No Sí Sólo cuando se aleguen supuestos de hecho no conocidos con anterioridad Sólo cuando la información pública no se haya anunciado reglamentariamente.
La imposibilidad material de continuar el procedimiento por causas sobrevenidas, es uno de los motivos por los que: Todas las respuestas son correctas Se producirá la terminación del mismo Se pondrá fin al procedimiento La resolución deberá motivarse.
Las resoluciones que pongan fin al procedimiento decidirán: Todas las cuestiones planteadas por los interesados, y aquellas otras derivadas del mismo Todas las cuestiones planteadas por los ciudadanos Todas las cuestiones formuladas por los interesados y por terceros legitimados Todas las cuestiones planteadas por los interesados .
¿En qué casos podrá no ser aplicable la caducidad? Todas las respuestas son correctas En el supuesto de que la cuestión suscitada afecte al interés general Cuando fuera conveniente resolver la solicitud para su definición En los casos en que fuera necesario esclarecer la cuestión suscitada.
Cuando se desiste, se abandona: Una pretensión Un derecho Un acto administrativo Todas las respuestas son correctas.
El desistimiento y la renuncia se podrán hacer: Por cualquier medio que permita su constancia Exclusivamente por escrito Exclusivamente mediante comparecencia Solamente mediante la forma "apud acta".
Se podrá declarar decaído el derecho al trámite: Cuando no se aporte la documentación requerida Cuando la Administración incumpla los plazos Cuando no se subsane la deficiencia en la fase de iniciación Todas las respuestas son correctas.
De los supuestos siguientes, ¿cuál de ellos puede ser objeto de recurso en vía administrativa? Actos de trámite que determinen la imposibilidad de continuar un procedimiento Actos de trámite Actos políticos Los dictámenes vinculantes y preceptivos.
Con la reforma introducida por la Ley 4/1999 de 13 de enero se recupera el recurso: De alzada De revisión Ordinario Contencioso-administrativo.
Frente a la desestimación presunta de un recurso, ¿qué puede hacer el interesado? Deducir frente a la desestimación el correspondiente recurso, o esperar la resolución expresa de aquél Promover la denuncia de mora Deducir frente a la desestimación el correspondiente recurso Esperar la resolución expresa del recurso.
¿Qué recurso procede contra el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento? No cabrá recurso alguno Sólo será susceptible de ser recurrido en vía administrativa Cabrá sólo el recurso jurisdiccional Sólo cabrá el recurso ordinario.
De acuerdo con las determinaciones de la Ley 4/1999, los actos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos mediante el recurso: Potestativo de reposición Ordinario Extraordinario de revisión De alzada.
Contra las disposiciones administrativas de carácter general, cabrá el siguiente recurso: Jurisdiccional De alzada Reclamación económico-administrativa Todas las respuestas son correctas.
Los recursos contra un acto administrativo que se funden únicamente en la ilegalidad de alguna disposición administrativa de carácter general, podrán interponerse directamente ante: El órgano que dictó dicha disposición El Subsecretario del Ministro del que emanó la disposición El Ministro del Departamento correspondiente El superior jerárquico del órgano que dictó dicha disposición.
Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una ley establezca lo contrario: Ponen fin a la vía administrativa No causarán estado Serán susceptibles de ser impugnadas por medio de recurso ordinario No ponen fin a la vía administrativa.
El error en la calificación del recurso por la parte recurrente: No será obstáculo para su tramitación Suspenderá la ejecutividad del acto recurrido Imposibilitará su tramitación Será subsanable a instancia de parte.
¿Qué personas está legitimadas para recurrir? Los titulares de un derecho subjetivo o un interés legítimo en el asunto Cualquier persona que manifieste la intención de recurrir Sólo los titulares de un derecho subjetivo Cualquier persona que ostente la mayoría de edad.
¿Cabe la interposición de un recurso contra los actos de trámite? En los casos en que tales actos imposibiliten la continuación del procedimiento o produzcan indefensión No, puesto que sólo cabe recurso contra las resoluciones definitivas Sólo en los casos en que tales actos imposibiliten la continuación del procedimiento Sí, cuando produzcan indefensión exclusivamente.
La falta de impugnación directa de una disposición de carácter general, ¿impedirá la impugnación de los actos concretos que se produjeran en aplicación de la misma? No Sí Sí, siempre que no se hubiese desestimado el recurso frente a la disposición general Sí, si la disposición general fuese dictada por la Administración del Estado.
La interposición de un recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario: No suspenderá la ejecución del acto impugnado Suspenderá la ejecución del acto impugnado No suspenderá la ejecución del acto impugnado sólo en los casos de fuerza mayor Suspenderá la ejecución de aquellos actos que sean ejecutivos.
La estimación de un recurso interpuesto contra una disposición general implicará: La derogación o reforma de dicha disposición El mantenimiento de la validez de la disposición general La pérdida de la firmeza de los actos adoptados en aplicación de tal disposición Todas las respuestas son correctas.
¿Una reclamación tendrá la consideración de recurso? No tendrán la consideración de recurso las reclamaciones contra resoluciones provisionales Sí, en todo caso Sólo las que se promuevan contra resoluciones provisionales Sólo las que tengan carácter de alegaciones.
El recurso extraordinario de revisión se entenderá desestimado, quedando expedita la vía jurisdiccional, cuando haya transcurrido determinado plazo desde que se interpuso dicho recurso. ¿Cuál es ese plazo? Tres meses Un mes Quince días Treinta días.
La interposición de recurso contencioso-administrativo contra actos que ponen fin a la vía administrativa: No requerirá la comunicación previa al órgano que dictó el acto impugnado Requerirá la suspensión del acto impugnado Requerirá el aplazamiento de la ejecutividad del acto Todas las respuestas son correctas.
¿Existe algún recurso en el cual los supuestos por los cuales se puede impugnar el acto sean tasados? Sí, en el recurso extraordinario de revisión Sólo en el recurso de alzada Sólo en los supuestos de conciliación, mediación y arbitraje No.
Si el acto fuera expreso, el plazo para la interposición de un recurso de reposición será de: Un mes Tres meses Dos meses Seis meses.
No se tendrán en cuenta en la resolución de recursos: Todas las respuestas son correctas Hechos que no fueron expuestos en el trámite de alegaciones Documentos que no se aportaron en el trámite de alegaciones Alegaciones que no se expusieron en su fase correspondiente.
La resolución del recurso podrá ser: Todas las respuestas son correctas Estimatoria Desestimatoria Declarativa de la inadmisión.
¿Cuál es el plazo para interponer el recurso de alzada si el acto fuera expreso? Un mes Quince días Tres meses Treinta días.
¿Cuál será el plazo para resolver el recurso de alzada? Tres meses Un mes Dos meses Quince días.
Los vicios y defectos que hagan anulable un acto: No podrán ser alegados por el causante de los mismos Podrán ser alegados por el causante de los mismos Podrán ser aducidos en cualquier momento Podrán plantearse después de la resolución.
¿Qué plazo tiene el órgano competente para resolver el recurso de reposición? Un mes Quince días Tres meses Treinta días.
¿Qué vía quedará expedita cuando transcurra el plazo de 3 meses sin que recaiga resolución expresa desde la interposición del recurso? La vía jurisdiccional La vía económico-administrativa La vía administrativa La vía convencional.
¿En qué supuesto se tiene el plazo de cuatro años para interponer el recurso extraordinario de revisión? Cuando se hubiera cometido un error de hecho Cuando aparezcan documentos nuevos En los casos de cohecho o prevaricación Cuando se aporten documentos esenciales.
¿Se puede agravar la situación inicial del recurrente cuando la Administración resuelva un recurso? En ningún caso Sí Sólo en expedientes de naturaleza sancionadora En asuntos de carácter disciplinario.
Contra la resolución de un recurso de alzada no cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo en los casos establecidos en el artículo 118.1, en que cabrá el recurso: Extraordinario de revisión De súplica Potestativo de reposición No cabrá recurso alguno.
¿Ante qué órgano se interpondrá el recurso de alzada? Ante el órgano que dictó el acto, o ante el competente para resolverlo Ante el superior jerárquico exclusivamente Ante el mismo órgano en todo caso Sólo ante el órgano competente para resolverlo.
¿Qué rango normativo tienen las normas reguladoras del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora? Decreto Ley Orden Ministerial Decreto Legislativo.
¿La Ley 30/1992 contiene una regulación de las fases del procedimiento sancionador? No Sí Sólo de forma sucinta La citada Ley se remite al procedimiento común.
¿Cuántos Capítulos tiene el Título IX de la Ley 30/92? Dos Ninguno Cuatro Tres.
¿En qué precepto de la Constitución se hace referencia a la potestad sancionadora? En el artículo 25 En el artículo 24 En el artículo 30 En el artículo 18.
¿Qué órgano de las Corporaciones Locales tiene atribución para sancionar las infracciones que se cometan contra las Ordenanzas? El Alcalde El Pleno La Junta de Gobierno Los Concejales Delegados.
La recepción de un principio de orden penal ha propiciado la separación entre dos clases de órganos dentro del procedimiento sancionador. ¿Cuáles son? El órgano que resuelve, y el órgano que instruye el procedimiento El órgano que instruye, y el órgano que inicia el procedimiento El órgano que inicia el procedimiento, y el órgano denunciante El órgano que incoa el procedimiento, y el órgano proponente.
¿Cuándo prescribirán las infracciones leves? A los seis meses de haberse cometido Al año de haberse cometido A los dos años de haberse cometido A los tres años de haberse cometido.
¿Cuándo prescribirán las sanciones como consecuencia de haberse cometido una infracción leve? Al año A los dos años A los seis meses A los tres años.
El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse: A partir del día siguiente al que adquiera firmeza la resolución sancionadora A partir de la firmeza de la resolución sancionadora A partir de la notificación de la resolución sancionadora Al día siguiente al que cause estado dicho resolución.
Los procedimientos para el ejercicio de la potestad sancionadora del orden social: Todas las respuestas son correctas Se tramitarán conforme a sus propias normas Quedarán excluidos del Reglamento regulador de la potestad sancionadora El anterior Reglamento tendrá carácter supletorio para tales procedimientos.
Las disposiciones sancionadoras: Todas las respuestas son correctas No se aplicarán con efecto retroactivo Tendrán carácter retroactivo cuando favorezcan al infractor Garantizarán la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables.
Transcurrido determinado plazo desde la fecha en que se inició el procedimiento, sin haber sido practicada la notificación al imputado, se procederá al archivo del expediente. ¿Cuál es el citado plazo? Dos meses Tres meses Un mes 30 días.
¿Serán inmediatamente ejecutivas las resoluciones sancionadoras? Todas las respuestas son correctas No Sólo cuando pongan fin a la vía administrativa Sólo cuando causen estado.
Si se hubiera causado daños a la Administración, la resolución podrá declarar: Todas las respuestas son correctas La reposición de la situación perturbada a su estado originario La indemnización de daños La indemnización de los perjuicios ocasionados.
¿Qué plazo tiene para resolver el órgano competente en el procedimiento simplificado? Tres días desde la propuesta de resolución Diez días desde la propuesta de resolución Un mes desde la propuesta de resolución Treinta días desde la propuesta de resolución.
¿Cuál será la duración del procedimiento simplificado? Un mes Treinta días Dos meses Tres meses.
¿Cuál será la duración del procedimiento sancionador ordinario? Seis meses Tres meses Cinco meses Dos meses.
¿En qué norma se atribuye la potestad sancionadora a los entes locales? En la Ley 7/1985 En la Ley 30/1992 En la Constitución Todas las respuestas son correctas.
Si no se concediera el preceptivo trámite de audiencia, ¿qué precepto constitucional se estaría vulnerando? El artículo 24 El artículo 25 El artículo 14 El artículo 18.
Cuando no esté especificado el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador, se entenderá que dicha competencia la tiene: El órgano que tenga competencia para resolver El órgano que instruya el procedimiento El órgano denunciante Todas las respuestas son correctas.
La adecuación entre el hecho constitutivo de la infracción y la sanción se consigue a través del cumplimiento de determinado principio informador. ¿Cuál es? Principio de proporcionalidad Principio de tipicidad Principio de culpabilidad Principio de legalidad.
Las infracciones prescribirán: Todas las respuestas son correctas Según lo que determine la Ley Conforme a lo dispuesto en la Ley 30/92 Conforme a lo dispuesto en las normas específicas de los procedimientos sancionadores.
Las infracciones muy graves prescribirán, según la Ley 30/92: A los tres años a partir de la infracción A los dos años desde su comisión Al año desde que se cometió la infracción A los cuatro años a partir de la infracción.
¿Cómo se denomina la paralización de un procedimiento sancionador por causa imputable a la Administración Pública? Perención Caducidad Prescripción Todas las respuestas son correctas.
La iniciación del procedimiento sancionador podrá ser considerada propuesta de resolución: Cuando no se formulen alegaciones sobre el contenido de la iniciación En los procedimientos simplificados En los supuestos de infracciones leves Cuando no se practique prueba alguna en el procedimiento.
¿Cuáles son las dos fases sobre las que deberá establecerse la debida separación en los procedimientos sancionadores? La fase de instrucción y la sancionadora Las fases de ordenación e instrucción La fase de iniciación y la sancionadora La fase de ordenación y la sancionadora.
La adopción de medidas de carácter provisional requerirá: Un acuerdo motivado La adopción de un mero acto de trámite La adopción de una resolución No precisará acuerdo alguno.
De los citados, ¿qué procedimiento sancionador queda excluido del Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora? Los procedimientos sancionadores en materia tributaria Los procedimientos sancionadores en materia urbanística Los procedimientos sancionadores en materias relacionadas con la protección del medio ambiente Los procedimientos por infracción a las ordenanzas.
Los procedimientos sancionadores podrán iniciarse: Siempre de oficio A instancia de parte De oficio o a instancia de parte Mediante denuncia o de oficio.
Cuando el órgano resolutorio considerase que la infracción revistiera mayor gravedad que la que ha sido determinada en la propuesta de resolución: Se concederá un trámite de audiencia al inculpado durante 15 días Se iniciará nuevamente otro procedimiento sancionador Será vinculante la propuesta del instructor Se notificará dicha circunstancia al inculpado para que pueda impugnarla.
¿En qué importante artículo de la Constitución se alude al instituto de la responsabilidad? Todas las respuestas son correctas Artículo 9 Artículo 121 Artículo 106.
La responsabilidad no sólo es aplicable a la Administración Civil sino también a la de Justicia, aludiendo la Constitución a los casos en que el particular debe ser resarcido por los daños y perjuicios ocasionados: A causa del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, o del error judicial Como consecuencia de la infracción del ordenamiento jurídico A causa del funcionamiento normal o anormal de la Administración, o del error judicial Como consecuencia de la infracción del ordenamiento jurídico, o error judicial.
¿Se puede iniciar de oficio un procedimiento para la exigencia de responsabilidad a la Administración? Sí No Sólo cuando afecte a la responsabilidad de los funcionarios Sólo en los casos que afecten a los miembros de la Corporación Local.
El artículo 1101 del Código Civil alude a los motivos por los que debe indemnizarse de los daños y perjuicios ocasionados a la otra parte contratante. ¿Qué respuesta es la correcta? Todas las respuestas son correctas Negligencia Morosidad Los que contravinieran el tenor de las obligaciones.
El derecho a que el particular sea indemnizado surge a causa de: Tanto cuando la Administración actúa legal o ilegalmente La actividad ilegal de la Administración exclusivamente La actividad legítima de la Administración En todos los casos, salvo cuando incurra en responsabilidad objetiva.
El derecho a la indemnización se origina como consecuencia: Del daño Del funcionamiento anormal de la Administración De la responsabilidad De la infracción.
En sus inicios, el sistema de responsabilidad patrimonial de la Administración estuvo regulado por: El Código civil La Ley sobre Procedimiento administrativo La Ley de Enjuiciamiento civil El Código de comercio.
Las resoluciones que recaigan en los procedimientos para la exigencia de responsabilidad a la Administración: Pondrán fin a la vía administrativa No podrán ser objeto de recurso Sólo serán susceptibles de recurso ordinario No pondrán fin a la vía administrativa.
La reclamación de indemnización se dirigirá, cuando se trate de la Administración del Estado, al: Ministro respectivo, o al Consejo de Ministros si una ley especial así lo dispone Superior jerárquico del funcionario causante del daño Subsecretario del Departamento Ministerial Ministro de Economía y Hacienda, dado el carácter patrimonial de la reclamación.
Existe un solo caso en que se exonera a la Administración de la obligación de indemnizar por las lesiones que produzca a los particulares. ¿Cuál es ese caso? Fuerza mayor Caso fortuito Infracción del ordenamiento jurídico Los casos de invalidez de los actos administrativos.
¿Sabe cuándo prescribe el derecho a reclamar? Al año de haberse producido el hecho que motiva la indemnización A los seis meses del hecho que motiva la indemnización Al mes del hecho que motiva la indemnización Al año de conocerse el hecho que motiva la indemnización.
Las personas que se consideren lesionadas podrán ser: Todas las respuestas son correctas Personas físicas Personas jurídicas Organismos públicos.
El daño que surge inopinada y casualmente, ¿da lugar a indemnización? Sí, puesto que los daños que se produzcan a causa del caso fortuito son indemnizables No Sólo en los casos en que surja del modo indicado Sí, salvo que se trate de una actuación legítima de la Administración.
En los casos de responsabilidad concurrente de varias AAPP intervinientes, aquéllas responderán de forma: Solidaria Mancomunada Indirecta Supletoria.
Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños: Que no tenga el deber jurídico de soportar Que deban ser soportados Que deban ser expropiados Todas las respuestas son correctas.
Qué significado tiene para usted la frase "la Administración podrá repetir contra el funcionario...": Que una vez indemnizado el particular por parte de la Administración, ésta se dirigirá contra el funcionario Que el funcionario responde directamente de los daños Que en caso de que la Administración no indemnice, deberá hacerlo el funcionario Que la Administración repetirá el procedimiento indemnizatorio.
La indemnización se calculará con arreglo a los criterios de valoración establecidos en: Todas las respuestas son correctas La legislación de expropiación forzosa La legislación fiscal Los criterios predominantes en el mercado.
Cuando la responsabilidad patrimonial derive de la actuación privada de la Administración, el particular se dirigirá: A la Administración Directamente a la vía judicial, planteando la correspondiente demanda Directamente a la vía contencioso-administrativa A los Tribunales Económico-Administrativos.
Para que la indemnización pueda sustituirse por una compensación en especie o ser abonada mediante pagos periódicos, será preciso: Que exista acuerdo con el interesado Que se trate de un bien inmueble Que la lesión afecte a un bien de naturaleza mueble Que venga impuesta por la Ley.
El procedimiento abreviado sólo podrá iniciarse: Antes del trámite de audiencia Dentro de la fase de incoación Antes de que recaiga resolución En cualquier momento.
El Estado, ¿responderá directamente de los daños causados por las autoridades o funcionarios? Sí, por considerarlo como actos propios de la Administración En ningún caso Sólo cuando actúen negligentemente Sólo cuando la actividad sea ilegítima.
Si no recae resolución expresa en un procedimiento de responsabilidad patrimonial: Se podrá entender desestimada la solicitud de indemnización Se podrá entender estimada la solicitud de indemnización Se podrá plantear la correspondiente reclamación Se dará lugar a indemnización por daños y perjuicios.
En el procedimiento general de responsabilidad, cuando sea preceptivo a tenor de lo establecido en la Ley Orgánica del Consejo de Estado, la emisión de dictamen por parte de dicha institución, éste deberá ser emitido en el plazo de: Dos meses Diez días Veinte días Un mes.
Según el artículo 54 de la Ley de Bases de Régimen Local, las entidades locales: Responderán directamente de los daños y perjuicios causados Responderán subsidiariamente de los daños y perjuicios causados Responderán indirectamente de los daños y perjuicios causados Responderán directa o indirectamente de los daños y perjuicios causados, según los casos.
El procedimiento abreviado para la exigencia de responsabilidad patrimonial tendrá una duración de: Treinta días Quince días Veinte días Un mes.
Cuando las AAPP actúen en relaciones de derecho administrativo, la responsabilidad se exigirá de conformidad con lo previsto en: La Ley 30/92 La Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa La Ley de Expropiación Forzosa El Código Civil.
El funcionario podrá incurrir en responsabilidad patrimonial, tanto cuando con su actuación haya producido daños en los bienes o derechos de los particulares como en los del Estado, pudiendo la Administración exigirla al funcionario causante del daño, siempre que: Hubiese incurrido en dolo, culpa, o negligencia grave Hubiese incurrido en culpa, aunque ésta fuera leve En todo caso, incluso a título de mera negligencia En ningún caso, ya que la responsabilidad de la Administración es directa.
¿Cuál debe ser la duración del procedimiento ordinario para la exigencia de responsabilidad? Seis meses Cinco meses Un año Tres meses.
La indemnización podrá alcanzar: Tanto al lucro cesante como al daño emergente Sólo al daño emergente Sólo al lucro cesante Sólo los perjuicios ocasionados.
El enunciado "el que por acción u omisión causa daño a otro interviniendo culpa o negligencia, está obligado a resarcir el daño causado", pertenece a determinado texto legal. ¿Sabes cuál es? El Código civil La Ley sobre Régimen Jurídico de la Administración del Estado La Ley sobre Expropiación Forzosa La Ley de Procedimiento Administrativo.
El derecho de información sobre el estado del procedimiento corresponderá: A los interesados A todos los ciudadanos A todos los administrados Todas las respuestas son correctas.
¿Cuáles de las siguientes resoluciones ponen fin a la vía administrativa? Todas las respuestas son correctas Las del Pleno Las del Alcalde Las de la Junta de Gobierno.
Para declarar la nulidad de un acto declarativo de derechos se precisará que el expediente sea dictaminado por el Consejo de Estado, cuyo informe será: Vinculante y preceptivo, ya que el dictamen deberá ser favorable No vinculante y preceptivo Vinculante y facultativo para los casos que determine la Ley Facultativo y no vinculante.
El recurso de reposición se mantiene vigente en materia: Tributaria Presupuestaria Contractual De régimen de personal.
El recurso de reposición será interpuesto: Ante el mismo órgano que adoptó el acuerdo Ante el superior jerárquico del órgano que adoptó el acuerdo Ante el Pleno de la Corporación en todo caso Ante el Alcalde en cualquier caso.
¿En qué plazo podrá plantearse la recusación? En cualquier momento En un mes En 15 días En 30 días.
El trámite de audiencia tiene una duración en el procedimiento administrativo de: No inferior a 10 días ni superior a 15 5 días 30 días Un mes.
La caducidad no producirá por sí sola la prescripción. Sin embargo, los procedimientos caducados: No interrumpirán el plazo de prescripción Interrumpirán el plazo de prescripción Serán excepción dilatoria Interrumpirán la acción ejecutiva.
Según el artículo 184 del R.O.F., la recusación será resuelta por el Presidente o el Pleno, en su caso, en el plazo de: Quince días Diez días Dos días Treinta días.
Los expedientes administrativos caducan: A los tres meses de su paralización por inactividad del interesado, habiendo sido advertido previamente a tal efecto A los seis meses de su paralización por inactividad del interesado, habiendo sido advertido previamente a tal efecto Al año de su paralización por inactividad del interesado, habiendo sido advertido previamente a tal efecto A los tres meses de su paralización por causa imputable al interesado.
Las notificaciones deberán hacerse en el siguiente plazo: 10 días a contar desde la resolución 8 días a contar desde la resolución 5 días a contar desde la resolución No existe plazo definido.
El cauce formal de la serie de actos en que se concreta la actuación administrativa para la realización de un fin, se denomina: Procedimiento Proceso Expediente administrativo Resolución.
Los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados, deberán estarlo en el plazo de: Diez días Treinta días Quince días Veinte días.
El artículo 147 del Reglamento de Organización, Funcionamiento, y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, alude a los principios que deben orientar la actuación de estos entes locales respecto al procedimiento administrativo. ¿Cuáles son dichos principios? Economía, eficacia, y coordinación Eficacia, celeridad, y economía Economía, celeridad, y coordinación Celeridad, eficacia, y coordinación.
Según el artículo 56.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ¿cuál es el contenido del escrito de demanda? Los hechos, los fundamentos de Derecho, y las pretensiones que se deduzcan Se tendrá que solicitar que se tenga por interpuesto el Recurso El documento que acredite la representación del compareciente.
En el Recurso Contencioso-Administrativo, ¿qué ocurrirá si después de que la parte demandante hubiera formulado la demanda se recibiera el expediente? Que el Secretario Judicial lo pondrá de manifiesto a las partes demandantes, y en su caso demandadas, por plazo común de 10 días para que puedan efectuar las alegaciones complementarias que estimen oportunas Que el Secretario Judicial lo pondrá de manifiesto sólo a las partes demandantes, para que puedan efectuar las alegaciones complementarias que estimen oportunas Que el Secretario Judicial lo pondrá de manifiesto a las partes demandantes, y en su caso demandadas, por plazo sucesivo de 10 días para que puedan efectuar las alegaciones complementarias que estimen oportunas.
Constituyen modos de terminar el procedimiento Contencioso-Administrativo: Todas las respuestas anteriores son correctas El acuerdo entre las partes El desistimiento o allanamiento.
Constituyen modos de terminar el procedimiento Contencioso-Administrativo: Todas las respuestas anteriores son correctas La sentencia El acuerdo entre las partes.
En el procedimiento Contencioso-Administrativo ordinario, ¿quiénes podrán alegar los motivos que pudieran determinar la incompetencia del órgano jurisdiccional, o la inadmisibilidad del recurso, dentro de los 5 días del plazo para contestar la demanda? Las partes demandadas Las partes demandantes Las partes.
¿Cuál es el plazo para que las partes demandadas contesten la demanda en el procedimiento Contencioso-Administrativo ordinario? 20 días 10 días Un mes.
Están legitimados activamente, en el orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo: Cualquier ciudadano en ejercicio de la acción popular, en los casos expresamente previstos en la Ley Las Administraciones Públicas o cualesquiera de los órganos contra cuya actividad se dirija el Recurso Los particulares cuando obren por delegación, o como meros agentes o mandatarios de ella.
En el procedimiento Contencioso-Administrativo abreviado, si en sus alegaciones el demandado hubiese impugnado la adecuación del procedimiento por razón de la cuantía, no es cierto que: Frente a la decisión del juez, las partes podrán interponer Recurso de súplica en el acto El juez, antes de practicarse la prueba, exhortará a las partes a ponerse de acuerdo sobre tal extremo Si no se alcanzare acuerdo entre las partes, decidirá el juez.
En el procedimiento Contencioso-Administrativo abreviado, si en sus alegaciones el demandado hubiese impugnado la adecuación del procedimiento por razón de la cuantía, no es cierto que: Frente a la decisión del juez, las partes podrán interponer Recurso de súplica en el acto Cuando el juez decida, dará al proceso el curso procedimental que corresponda según la cuantía que determine Si no se alcanzare acuerdo entre las partes, decidirá el juez.
En el Recurso Contencioso-Administrativo se considera parte demandada: Todas las respuestas anteriores son correctas A las personas o entidades cuyos derechos o intereses legítimos pudieran quedar afectados por la estimación de las pretensiones del demandante A las Administraciones Públicas, o cualesquiera de los órganos contra cuya actividad se dirija el recurso.
En el Recurso Contencioso-Administrativo se considera parte demandada: Todas las respuestas anteriores son correctas Si el Recurso se fundara en la ilegalidad de una disposición general se considerará parte demandada a la Administración autora de la misma, aunque no proceda de ella la actuación recurrida A las personas o entidades cuyos derechos o intereses legítimos pudieran quedar afectados por la estimación de las pretensiones del demandante.
Los Juzgados y Tribunales del orden Contencioso-Administrativo conocerán de las pretensiones que se deduzcan en relación con: Las disposiciones generales de rango inferior a la Ley Las cuestiones litigiosas en materia de Seguridad Social Las cuestiones litigiosas que se susciten sobre impugnación de convenios colectivos.
¿Cómo se inicia el Recurso Contencioso-Administrativo por el procedimiento ordinario? Por un escrito Por denuncia Por querella.
¿Cuál es el plazo con el que cuenta el juez o Tribunal para plantear la cuestión de ilegalidad en el Recurso Contencioso-Administrativo? Los cinco días siguientes a que conste en las actuaciones la firmeza de la sentencia Cuatro años Diez días desde que se haya dictado la sentencia.
¿Cómo se inicia el Recurso Contencioso-Administrativo en el procedimiento abreviado? Por demanda Por escrito de interposición Por denuncia ante el juez de lo Contencioso-Administrativo.
¿Cuál de los siguientes órganos no tiene atribuidas competencias en el orden Contencioso-Administrativo? Las Audiencias Provinciales La Audiencia Nacional Los Tribunales Superiores de Justicia.
¿Qué Sala del Tribunal Supremo tiene competencias en el orden Contencioso-Administrativo? La Tercera La Primera La Cuarta.
La jurisdicción Contencioso-Administrativa conocerá de las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos de la Administración Pública: Sujetos al Derecho administrativo Sujetos al Derecho procesal Sujetos al Derecho civil.
¿Cuál es el plazo con el que cuenta la Administración para adoptar la declaración de lesividad? Cuatro años Dos meses Seis meses.
¿Existe algún supuesto en el orden Contencioso-Administrativo en que los funcionarios públicos puedan comparecer por sí mismos? Sí, en materia de personal Sí, en materia electoral No.
En el orden Contencioso-Administrativo, ¿qué Recurso se dará contra el auto de planteamiento en la cuestión de ilegalidad? No se dará Recurso alguno Súplica Apelación en un sólo efecto.
Si los documentos presentados para iniciar el Recurso Contencioso-Administrativo son incompletos, ¿cuál es el plazo para la subsanación de los mismos? Diez días Se subsanará una vez contestada la demanda Cuatro días.
Cuando el Recurso Contencioso-Administrativo sea formalizado por la Administración autora de un acto declarado lesivo, se efectuará mediante: Demanda Escrito Comparecencia.
El emplazamiento de los demandados en el Recurso Contencioso-Administrativo ordinario, es por: Nueve días Quince días Seis días.
Cuando el demandante desista del Recurso Contencioso-Administrativo, no es cierto que: Implicará necesariamente la condena en costas Si fueren varios los recurrentes, el procedimiento continuará respecto de aquéllos que no hubieren desistido En los supuestos de acción popular, el Secretario Judicial dará traslado al Ministerio Fiscal.
Cuando el demandante desista del Recurso Contencioso-Administrativo, no es cierto que: Implicará necesariamente la condena en costas Desistido de un Recurso de casación, el Secretario Judicial terminará el procedimiento por Decreto En los supuestos de acción popular, el Secretario Judicial dará traslado al Ministerio Fiscal.
Producido el allanamiento, el juez o Tribunal de lo Contencioso-Administrativo dictará: Sentencia de conformidad Allanamiento de conformidad Auto de conformidad.
¿Cómo se hará el emplazamiento de los demandados, cuando sea la Administración quien formule el Recurso Contencioso-Administrativo en el procedimiento ordinario? Se les emplazará personalmente Se les emplazará por correo certificado con acuse de recibo a los que se conozca, y por Edictos al resto Se les emplazará mediante publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma.
La juridicción Contencioso-Administrativa es: Improrrogable Inamovible Imprescriptible.
Si la demanda no se hubiere presentado dentro del plazo, el Juzgado o Sala de lo Contencioso-Administrativo declarará de oficio: Por auto, la inadmisibilidad del Recurso Por sentencia, la caducidad del Recurso Por auto, la caducidad del Recurso.
¿Qué tipo de ley es la Ley 30/92 de 26 de noviembre? Una Ley Básica en lo que respecta al régimen jurídico de las Administraciones Públicas Una Ley Orgánica, ya que afecta a una institución del Estado como es el Gobierno y la Administración Una Ley de Bases, ya que establece el régimen básico de todas las AAPP, siendo aplicable a todas ellas.
¿A cuál de estas materias es aplicable la Ley 30/92 de 26 de noviembre? Infracciones y sanciones en el orden social Actos de gestión recaudatoria de la Seguridad Social Ejercicio de la potestad disciplinaria en las relaciones contractuales.
¿A cuál de estas materias no es aplicable la Ley 30/92 de 26 de noviembre? No es aplicable a ninguna de las anteriores Impugnación de actos en materia de Seguridad Social y desempleo Actos de gestión recaudatoria de la Seguridad Social.
Las Entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia y que dependan o se encuentren vinculadas a cualquiera de las Administraciones Públicas, ¿están sujetas a la Ley 30/92? Sí, en la medida en que ejerzan potestades administrativas Sí, en todo caso No, salvo que así lo dispongan sus normas de creación.
¿Es de aplicación la Ley 30/92 a una empresa pública? No, en ningún caso Sí, al ser considerada como Administración Pública Sólo en los casos en que ejerza potestades administrativas.
¿Qué principio de actuación de la Administración Pública es equivalente a la imparcialidad o neutralidad? Principio de objetividad Principio de buena fe Principio de sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.
¿Cuáles son los objetivos que persigue la actuación de las Administraciones Públicas? Los que establecen las leyes y el resto del ordenamiento jurídico La eficiencia en la tramitación de los procedimientos Los que deriven del interés general de los ciudadanos.
A aquel principio que hace referencia a la idea de publicidad de la actividad administrativa, y que tiene como fin garantizar el derecho de los ciudadanos a estar informados del contenido de la actuación administrativa, se le denomina: Principio de transparencia Principio de publicidad Principio de participación.
¿A qué principio de actuación de la Administración Pública obedece la aparición de los Organismos autónomos y de las Entidades públicas empresariales? Al principio de eficacia Al principio de desconcentración territorial Al principio de autonomía funcional.
El nombramiento de un Director General por parte del Consejo de Ministros, es una manifestación del principio de: Jerarquía Desconcentración Eficacia.
¿Cuáles son los principios que ha de respetar la Administración en su relación con los ciudadanos? Transparencia y participación Eficacia y transparencia Buena fe y confianza legítima.
¿Puede una Administración Pública negarse a prestar a requerimiento de otra Administración, en su ámbito propio, la cooperación y asistencia activas necesarias para que aquélla pueda ejercer eficazmente sus competencias? Sí, cuando entre otras circunstancias no disponga de medios suficientes para prestar la cooperación No, en ningún caso, pues el deber de colaboración deriva del principio de lealtad institucional, lo que implica la obligatoriedad de la colaboración Sólo en casos de fuerza mayor.
¿Cómo se denominan los órganos de cooperación de composición bilateral y ámbito general, que reúnen a miembros del Gobierno del Estado y a los miembros de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas? Comisiones Bilaterales de Cooperación Comisiones Bilaterales de Coordinación Consejos Bilaterales de Cooperación.
¿Cómo se crea una Comisión Bilateral de Cooperación? Mediante Acuerdo de las Administraciones implicadas Mediante Real Decreto del Consejo de Ministros Mediante un Convenio de colaboración previo entre las Administraciones implicadas.
¿Cómo se denominan los órganos de cooperación de composición multilateral y ámbito sectorial, que reúnen a miembros del Gobierno del Estado y a los miembros de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas? Conferencias Sectoriales Comisiones Multilaterales de Cooperación Consejos Multilaterales de Cooperación.
¿Quién convoca una Conferencia Sectorial? El Ministro o Ministros que tengan competencia sobre la materia que vaya a ser objeto de la Conferencia Sectorial Los Ministros o titulares de los órganos de gobierno de las CCAA con competencias sobre la materia que vaya a ser objeto de la Conferencia Sectorial Cualquiera de los Ministros o titulares de los órganos de gobierno de las CCAA.
¿Quiénes serán competentes para firmar los acuerdos que se adopten derivados de una Conferencia Sectorial? El Ministro o Ministros competentes, y los titulares de los órganos de gobierno correspondientes de las CCAA Quien designe el Ministro correspondiente, y los respectivos titulares de los órganos de gobierno de las CCAA El Presidente del Gobierno de la Nación, y los respectivos Presidentes de los órganos de gobierno de las CCAA.
¿Qué órganos se prevé que puedan crear las Conferencias Sectoriales para la preparación, estudio, y desarrollo de cuestiones concretas propias de su ámbito material? Comisiones y Grupos de trabajo Planes y Programas conjuntos Secretarías técnicas y Comisiones de estudio.
¿Qué previsión recoge la Ley 30/92 respecto de aquellos órganos de cooperación de composición multilateral, cuya materia afecte a competencias de las Entidades Locales? Que la Asociación de Entidades Locales con mayor implantación sea invitada a asistir a sus reuniones, con carácter permanente o según el orden del día, si así lo acuerda el Pleno Que pueden ser convocados por un determinado número de representantes locales La remisión de los acuerdos adoptados a la Asociación estatal de Entidades Locales con mayor implantación.
¿Qué órganos de la Administración General del Estado son competentes para la celebración de Convenios de colaboración? Los Ministros, y Presidente o Directores de organismos públicos vinculados o dependientes Los Ministros, Secretarios de Estado, y Presidente o Directores de organismos públicos vinculados o dependientes Los Ministros únicamente.
¿Cómo se denomina aquel Convenio de colaboración que se limita a establecer pautas de orientación política sobre la actuación de cada Administración en una cuestión de interés común, o a fijar el marco general? Protocolo general Convenio general de colaboración Acuerdo marco.
¿Qué es un órgano administrativo? Son aquellas unidades administrativas cuya actuación tenga carácter preceptivo, o que ostenten funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros Son sólo aquellas unidades administrativas que se definan como tales en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo Son sólo aquellas unidades administrativas cuya actuación tenga efectos jurídicos frente a terceros.
Para la creación de todo órgano administrativo, además de delimitar sus funciones y competencias y fijar la dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento, se exige: La determinación de su forma de integración en la Administración, y su dependencia jerárquica La asignación del personal correspondiente para su adecuado funcionamiento El establecimiento del régimen normativo aplicable a su actividad y funcionamiento.
¿Qué quiere decir el artículo 12.1 de la Ley 30/92 cuando afirma que la competencia es irrenunciable? Que se está obligado a ejercer la competencia, salvo en los casos de transferencia de su titularidad o su ejercicio Que ha de ser ejercida por aquéllos que la tengan atribuida como propia en todo caso Que su titularidad no puede ser transferida a ningún otro órgano de la Administración.
La desconcentración de la titularidad y el ejercicio de las competencias administrativas podrá realizarse: En órganos dependientes del que desconcentra, siempre dentro de la misma Administración En cualquier órgano de la misma Administración Sólo cabe la desconcentración del ejercicio de la competencia, no de su titularidad.
En caso de que una norma atribuya una competencia a una Administración y no determine qué órgano en concreto deberá ejercerla, ¿quién tendrá facultades para instruir o resolver los expedientes? Los órganos inferiores competentes por razón de la materia y del territorio, y de ser varios, el superior jerárquico común Los órganos inferiores por razón de la materia, y de existir varios, el competente por razón del territorio El superior jerárquico competente por razón de la materia y del territorio de la Administración de que se trate.
¿Cuál de las siguientes figuras supone alteración de la titularidad de la competencia? La desconcentración La encomienda de gestión La suplencia.
¿Entre qué órganos es posible desconcentrar una determinada competencia? Sólo cabe respecto de órganos superiores a los inferiores Cabe entre órganos jerárquicamente dependientes, y también respecto de aquellos que no tengan esta dependencia Sólo cabe respecto de órganos inferiores del mismo ámbito territorial que el órgano que desconcentra.
¿Qué ocurre con los actos dictados por delegación, si producida dicha delegación no se hace constar esa circunstancia tal y como prescribe el artículo 13.4 de la Ley 30/92? Serán nulos de pleno derecho al no tener eficacia la delegación efectuada y, por tanto, el acto será dictado por un órgano manifiestamente incompetente Serán anulables, ya que al no tener eficacia la delegación efectuada, el acto no ha sido dictado por aquél que tiene atribuida la competencia La delegación será válida y producirá efectos, constituyendo la falta de mención una mera irregularidad no invalidante, por lo que el acto habrá sido dictado válidamente.
Si un órgano administrativo ha delegado una determinada competencia administrativa, y pasado un período de tiempo quiere revocar esa delegación, deberá: Dictar una resolución de revocación, y publicarla en el boletín oficial correspondiente Dictar una resolución de revocación, y notificarla al órgano que ejercía la competencia por delegación No es preciso que dicte resolución alguna, bastando con que vuelva a ejercer la competencia cuya titularidad delegó.
La figura contraria de la delegación es: La desconcentración La avocación La encomienda de gestión.
Respecto de la delegación, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta? Los actos dictados por delegación se entienden dictados por el órgano delegado a todos los efectos La delegación es de duración indefinida en el tiempo Es revocable en cualquier momento, y de modo unilateral por el órgano delegante.
Respecto de la delegación, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Todas las respuestas anteriores son correctas Supone la traslación del ejercicio de la competencia al órgano delegado La delegación deberá efectuarse con respecto de órganos pertenecientes a la misma Administración, aún cuando no sean jerárquicamente dependientes.
Si en un determinado procedimiento se produce una delegación de firma en un órgano cuyo titular está incurso en causa de abstención: El órgano que recibe la delegación deberá abstenerse de participar en el procedimiento La competencia delegada volverá al órgano delegante, quedando sin efecto la delegación realizada La delegación de firma será nula de pleno derecho.
¿Es posible delegar la firma de una competencia que se ejerce por delegación? Sí, siempre que se delegue la firma en un órgano jerárquicamente dependiente No, dado que lo prohíbe expresamente la Ley Sólo si así lo establece expresamente el acuerdo de delegación.
Un acto administrativo dictado por un determinado órgano en el ejercicio de sus competencias, ¿vincula al resto de órganos administrativos? Sí, afecta al resto de órganos administrativos de cualquier Administración Sólo afecta a aquellos órganos que pertenezcan a la misma Administración Sólo afecta a aquellos órganos que, siendo jerárquicamente dependientes, pertenezcan a la misma Administración.
¿Cómo prescribe la Ley 30/92 que se realicen las comunicaciones entre órganos de una misma Administración? Directamente, sin traslados a través de otros órganos Siempre a través del superior jerárquico común A través del órgano que tenga atribuidas las funciones en cada Administración de coordinación administrativa.
Cuando un órgano esté conociendo de un asunto y se considere incompetente para su resolución, deberá: En caso de que pertenezca a la misma Administración, deberá remitir las actuaciones directamente al que considere competente Remitir las actuaciones al órgano que considere competente Remitir las actuaciones a su superior jerárquico, que a su vez las remitirá al órgano que considere competente.
Un acto dictado en contra de una instrucción u orden de servicio es: Puede ser válido según los casos Anulable Nulo de pleno derecho.
¿Cómo se nombra al Presidente de un órgano colegiado? Ninguna de las respuestas anteriores es correcta Por mayoría absoluta de sus miembros en primera votación Por designación de la autoridad de la que dependa el órgano.
En un órgano colegiado y según la regulación de la Ley 30/92, ¿a quién le corresponde acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias? Al Presidente Al Secretario Al representante de la Administración.
¿Es inválido un acto administrativo adoptado por una persona al servicio de la Administración incursa en causa de abstención? No necesariamente No Sí, el acto será nulo de pleno derecho.
¿Cuál de los siguientes motivos que se exponen no implica la abstención de la autoridad o personal al servicio de la Administración que tramite un determinado procedimiento? Haber actuado como abogado del interesado hace tres años Tener un pleito pendiente con el interesado de carácter civil Ser abuelo del interesado.
Contra la resolución por la que se determina que no existe el motivo de recusación alegado por el interesado, ¿cabe algún tipo de recurso? No, no cabe ningún tipo de recurso Sí, se podrá interponer el recurso administrativo o contencioso-administrativo correspondiente Sólo caben los correspondientes recursos administrativos, pero no el contencioso-administrativo.
¿Es transmisible la condición de interesado en un procedimiento administrativo? Sí, cuando la condición de interesado derive de alguna relación jurídica transmisible No, pues la condición de interesado es personalísima Sólo cuando la condición de interesado derive de alguna relación jurídica transmisible, y siempre que la transmisión se lleve a cabo antes de la fase de audiencia al interesado.
Si una persona denuncia una infracción administrativa y a causa de la misma se incoa un procedimiento sancionador, dicho denunciante, ¿tendrá la consideración de interesado en el procedimiento pudiendo por tanto intervenir en él? Sólo podrá intervenir si, además de ser denunciante, ostenta un interés en la resolución que ponga fin al procedimiento Sí, siempre, pues el hecho de denunciar una infracción le otorga per se la condición de interesado en el procedimiento Sólo en aquellos casos en que el instructor del procedimiento así lo acuerde.
Si durante la tramitación de un procedimiento una persona participa en el trámite de información pública, ¿adquirirá por este hecho la condición de interesado en el procedimiento? Sólo en aquellos casos en que pueda resultar perjudicado por el resultado derivado del trámite de información pública No, en ningún caso Sí, puesto que la personación en cualquier fase del procedimiento le atribuye la condición de interesado según la Ley 30/92.
A las Entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado, ¿se les aplica la Ley 30/92? Sí, cuando ejerzan potestades administrativas Sí, en cualquier caso No, a no ser que expresamente lo dispongan sus normas de creación.
La creación de las Comisiones Bilaterales de Cooperación se efectúa mediante: Acuerdo Orden del Ministro competente Decreto.
Los Convenios de Conferencia Sectorial entre la Administración General del Estado y las CCAA se comunican: Al Senado A las Cortes Generales Al Gobierno.
¿Quién tiene la competencia para resolver las cuestiones litigiosas que puedan surgir en cuanto al cumplimiento de un Convenio de Conferencia Sectorial? La jurisdicción Contencioso-Administrativa El Senado Los Tribunales de justicia.
A las relaciones entre la Administración General del Estado y las Entidades que integran la Administración Local, ¿se aplica la Ley 30/92? Supletoriamente Subsidiariamente Solidariamente.
¿Cuál de las siguientes no altera la titularidad de las competencias que tienen atribuidas los órganos administrativos como propias? Ninguna de las anteriores altera la titularidad de la competencia La encomienda de gestión La suplencia La delegación de firma.
La desconcentración de competencias de los órganos administrativos se efectúa: En órganos jerárquicamente dependientes del que desconcentra En cualquier otro órgano administrativo, siempre que sea de la misma Administración En otros órganos administrativos.
Cuando se desconcentra la competencia de un órgano administrativo, lo es de: La titularidad y el ejercicio de la competencia La titularidad de la competencia, pero no su ejercicio El ejercicio de la competencia, pero no la titularidad.
La delegación de las competencias que tengan atribuidas los órganos de las diferentes AAPP, se puede efectuar: En Entidades de Derecho público vinculadas o dependientes de la misma Administración Necesariamente en órganos dependientes jerárquicamente En cualquier otro órgano administrativo.
Pueden avocar la competencia: Los órganos administrativos superiores respecto de sus órganos administrativos dependientes Los órganos administrativos superiores de los inferiores, cuando éstos últimos tengan la competencia delegada Los órganos administrativos superiores de los inferiores.
Si un órgano administrativo tiene delegada la competencia de otro órgano administrativo, y no son jerárquicamente dependientes: La avocación únicamente se puede realizar por el órgano delegante La avocación únicamente la puede realizar el superior jerárquico común La avocación no se puede realizar.
Respecto a la delegación de firma de las resoluciones administrativas, decir de las que se proponen lo correcto: En las resoluciones que se firmen por delegación, se hace constar la autoridad de procedencia Para que sea válida la delegación de firma es necesario publicarla en el Boletín oficial correspondiente Todas las respuestas anteriores son correctas.
Si un órgano administrativo recibe una solicitud y estima que es incompetente para su tramitación, ¿qué debe hacer? Remitirla al órgano que considere competente, si es de la misma Administración Remitirla al órgano competente, aunque sea de distinta Administración Resolver el asunto y hacer la propuesta de resolución al competente.
Respecto a las órdenes de servicio, decir de entre las que se proponen la correcta: Si un órgano administrativo incumple una orden de servicio puede incurrir en responsabilidad disciplinaria Para que surtan efecto es necesario publicarlas en el Periódico oficial que corresponda El incumplimiento de un órgano administrativo de una orden de servicio afecta a la validez del acto dictado.
¿Con quién de los siguientes deberá darse la abstención de las autoridades y personal al servicio de las AAPP, por razón de parentesco de cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad? Con todos los anteriores Con los representantes legales de los interesados en un procedimiento Con los mandatarios y asesores legales de los interesados en un procedimiento.
¿Quiénes y cuándo pueden promover la recusación en un procedimiento? Los interesados, en cualquier momento de la tramitación del procedimiento Los interesados, en cualquier momento del procedimiento siempre que sea antes del trámite de audiencia al interesado Las autoridades y el personal al servicio de las AAPP, en cualquier momento del procedimiento.
¿Cómo se planteará la recusación? Por escrito, expresando la causa en que se funda Por cualquier medio admisible en Derecho que permita tener constancia de la recusación, citando a la persona a la que se recusa Por cualquier medio que permita tener constancia de la recusación, citando la causa en que se funda.
¿Qué pueden hacer los interesados en un procedimiento contra las resoluciones adoptadas en materia de recusación? Alegar la recusación al interponer el recurso que proceda contra el acto que termine el procedimiento Ninguna de las respuestas anteriores es correcta Interponer el recurso administrativo procedente.
¿Quiénes de los que se citan no tienen capacidad de obrar ante la Administración? Los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos-intereses de que se trate Los menores de edad para la defensa de sus derechos e intereses, en los casos en que esté permitido por el ordenamiento jurídico-administrativo sin la asistencia de la persona que ejerza la tutela, curatela, o patria potestad Las personas que tengan capacidad de obrar conforme a las normas civiles.
Según la Ley 30/92, no es interesado en un procedimiento: Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos Los que sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte.
¿Qué interesados en el procedimiento pueden actuar por medio de representante? Sólo interesados con capacidad de obrar Todos los interesados sin excepción Los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos de que se trate.
¿Quién puede actuar en representación de otra persona ante la Administración? Cualquier persona con capacidad de obrar Sólo interesados con capacidad de obrar Las personas habilitadas al efecto por las Administraciones Públicas.
¿En qué caso de los que se citan no es necesario acreditar expresamente al representante en su actuación ante la Administración? Para actos de mero trámite Para tramitar solicitudes Para presentar recursos.
En caso de que sea necesaria la acreditación de la representación y no se aporte, ¿se puede subsanar este defecto? Sí, concediendo el órgano administrativo 10 días o un plazo superior si las circunstancias del caso lo requieren Sí, concediendo el órgano administrativo 15 días Sí, concediendo el órgano administrativo un plazo no superior a 5 días.
¿Con quién se efectuarán las actuaciones de las Administraciones Públicas, en el supuesto de que figuren varios interesados en el procedimiento? Con el representante que expresamente señalen Siempre con el que figure en primer lugar Siempre con el que se señale, o con el que figure en último lugar.
El acceso a los documentos que contengan datos referentes a la intimidad de las personas, ¿por parte de quién se puede ejercer? Por las personas a que se refieran dichos documentos Únicamente por las personas a que se refieran dichos documentos y por los interesados en el procedimiento, cuando ambos acrediten un interés legítimo y directo Por los ciudadanos que acrediten un interés legítimo directo.
¿Pueden acceder los ciudadanos a los documentos que consten en archivos relativos a materias protegidas por el secreto comercial o industrial? Es precisamente uno de los tipos de documentos que recoge la Ley a los que no se puede acceder Sí, pero de acuerdo con su normativa específica Sí, por los ciudadanos, siempre y cuando no lo deniegue el órgano competente por razones de interés público motivándolo.
¿En qué supuesto prevé la Ley 30/92 que no hay obligación de resolver de forma expresa por parte de la Administración en un procedimiento? En los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio En los casos de renuncia al derecho, y desistimiento de la solicitud En los procedimientos en que se haya producido la pérdida sobrevenida del objeto del procedimiento.
¿Es obligatorio notificar por parte de la Administración las resoluciones expresas? Sí, si el procedimiento se ha iniciado de oficio o a solicitud del interesado Sí, excepto en los casos de prescripción o desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento Sí, siempre que se inicie el procedimiento a solicitud del interesado, siendo facultativo si se ha iniciado de oficio.
¿Cuál es el plazo máximo en que debe notificarse la resolución expresa de un procedimiento? El que fije la norma reguladora del correspondiente procedimiento Todas las respuestas anteriores son falsas, ya que son diez días como máximo para notificar En ningún caso podrá dicho plazo ser superior a seis meses.
¿Cómo se cuentan los plazos para resolver y notificar en los procedimientos administrativos? En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación Desde la fecha en que la solicitud de los interesados tenga entrada en el registro de la Administración competente para resolver Desde la fecha en que acuerden iniciarse por el órgano administrativo competente.
¿Cómo se cuentan los plazos para resolver y notificar en los procedimientos administrativos? En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación Desde la fecha en que acuerden iniciarse por el órgano administrativo competente En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha del acuerdo de iniciación.
Contra el acuerdo que resuelva la ampliación de plazos sobre la duración de la tramitación del procedimiento, ¿qué recurso se puede interponer? No cabe interponer recurso alguno Alzada Reposición.
En un procedimiento sin resolución expresa, ¿qué efectos tiene la estimación por silencio administrativo? La consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento El permitir a los interesados la interposición del recurso que proceda El de esperar a su resolución expresa, tanto estimando como desestimando por silencio administrativo.
¿Puede dictar la Administración resolución expresa, una vez que se entiende estimada por silencio administrativo la solicitud del interesado? Sí, pero la resolución posterior sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo No, en ningún caso No, solamente en caso de que no sea confirmatoria de la solicitud.
Los actos producidos por silencio administrativo se podrán hacer valer tanto ante la Administración como ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada. Para ello los interesados deberán solicitar el certificado acreditativo del silencio producido. ¿Qué plazo establece la Ley para solicitarlo? No establece plazo para solicitarlo Quince días desde el vencimiento del plazo máximo para resolver expresamente Quince días naturales desde el vencimiento del plazo máximo para resolver expresamente.
¿Qué efectos produce el silencio administrativo en los procedimientos iniciados de oficio, en los casos en que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos y otras situaciones jurídicas individualizadas? Se podrán entender desestimadas para los interesados que han comparecido en el procedimiento Siempre se entienden desestimadas para los interesados En ningún caso se entienden desestimadas para los interesados que han comparecido en el procedimiento.
En los procedimientos iniciados de oficio en que la Administración ejerza potestades sancionadoras, o en general susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, si no se resuelve y notifica en el plazo señalado en la norma reguladora del procedimiento, ¿qué efectos tiene el silencio? En este supuesto se produce la caducidad En cualquier caso se entienden desestimadas para los interesados si se han personado En cualquier caso se entienden estimadas si los interesados se han personado en el procedimiento.
Cuando los plazos de los procedimientos administrativos se señalen por días, éstos se entenderán: Por días hábiles, excluyéndose del cómputo domingos y festivos, siempre que por Ley o norma comunitaria europea no se exprese lo contrario Por días naturales, excluyéndose del cómputo domingos y festivos Por días hábiles, haciéndose constar tal circunstancia.
¿Qué requisito de los que se citan es necesario para conceder la ampliación de plazos por la Administración? Todas las respuestas anteriores son correctas La petición de los interesados debe producirse antes del vencimiento del plazo No se puede ampliar un plazo ya vencido en ningún caso.
¿Qué requisito de los que se citan es necesario para conceder la ampliación de plazos por la Administración? Todas las respuestas anteriores son correctas La ampliación de los plazos por el máximo permitido se aplicará a los procedimientos tramitados por las Misiones diplomáticas y Oficinas consulares La ampliación de los plazos por el máximo permitido se aplicará a los procedimientos en los que intervengan interesados residentes fuera de España.
"Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas tengan igual o superior rango a éstas". ¿A qué principio corresponde esta definición? Al Principio de inderogabilidad singular Al Principio de jerarquía normativa Al Principio de legalidad.
¿Puede una resolución administrativa de carácter particular vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general? No, aunque sea de rango superior No, a no ser que tenga el mismo rango Sí, si es de rango superior al órgano que la dicta.
De los siguientes actos administrativos, ¿cuáles tienen que ser motivados? Los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes Todos los actos anteriores deben ser motivados Los que declaren intereses legítimos.
De los siguientes actos administrativos, ¿cuáles tienen que ser motivados? Los que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales Los que resuelvan procedimientos administrativos Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.
¿Cuándo producirán efectos los actos de las Administraciones Públicas sujetos al derecho administrativo? Desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa Desde la fecha de su publicación o notificación, en todo caso Si es por meses o años, desde el mismo día de su notificación.
Las notificaciones que contengan sólo el texto íntegro del acto únicamente se consideran defectuosas pero, ¿surten efectos? Sí, desde el momento en que se recurren Sí, desde el mismo día en que se reciben Sí, desde el día siguiente a aquél en que se envían.
Si el interesado rechaza la notificación de una actuación administrativa, decir de las que se proponen la correcta: Se tiene por efectuado el trámite y continúa el procedimiento Se ha de intentar notificar por una sola vez más en una hora distinta, y una vez transcurridos tres días Se hará constar en el expediente, y se da por efectuado y finalizado el procedimiento.
¿Cuándo serán objeto de publicación los actos administrativos? En los dos casos anteriores Cuando así lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento Cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano competente.
Según el artículo 62 de la Ley 30/92, será un acto nulo de pleno derecho: Las disposiciones que establezcan la retroactividad, siempre que sean sancionadoras no favorables Los que se dicten prescindiendo del procedimiento legalmente establecido Los actos presuntos por los que se adquieren facultades o derechos, cuando se tienen los requisitos esenciales para su adquisición.
Cuando un acto carece de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin, este defecto formal determinará: La anulabilidad del acto La nulidad de pleno derecho del acto La invalidez del acto administrativo.
¿Qué órgano administrativo es el competente para disponer siempre la conservación de los actos y trámites, cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción? El órgano que declare la nulidad o anulabilidad El órgano competente para resolver El instructor del procedimiento.
Respecto a la convalidación de actos administrativos, ésta se refiere siempre a: Actos anulables Actos nulos de pleno derecho, o anulables Actos que tengan efectos retroactivos.
El plazo máximo para resolver un expediente administrativo iniciado a instancia de parte, es de: Depende del procedimiento de que se trate Tres meses Seis meses.
Los actos de contenido imposible son: Nulos de pleno derecho Anulables Motivados.
Respecto a los actos de las Administraciones Públicas: Son nulos los que lesionen derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional Son siempre válidos, en virtud del principio de ejecutividad de los actos administrativos Son nulos los que tengan un contenido improbable.
Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho administrativo: Se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, si bien su eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto, o esté supeditada a su notificación, publicación, o aprobación superior Se presumirán válidos, pero no producirán efectos en caso de indefensión para los intereses generales cuando así lo prevea una norma con rango de ley Se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, sin que pueda demorarse su aplicación inmediata en ningún caso, de acuerdo con el principio de ejecutividad del acto administrativo.
En un procedimiento iniciado a solicitud del interesado, el órgano instructor requiere a aquél la aportación de un documento relevante pero no indispensable para dictar la resolución que no es aportado por el interesado en plazo. La Administración debe: Declarar al interesado decaído en su derecho al trámite, y continuar con la tramitación Declarar desistido al interesado y archivar el expediente Declarar en ese momento la caducidad del procedimiento.
¿Qué plazo debe transcurrir desde la iniciación del procedimiento de declaración de lesividad para que se produzca la caducidad del mismo? Seis meses Tres meses Un año.
¿En qué casos se interrumpe el procedimiento administrativo, si se da la circunstancia de no haberse emitido en plazo un informe que se hubiere solicitado? En el caso de informes preceptivos y determinantes para la resolución del procedimiento En el caso de informes preceptivos y vinculantes En el caso de informes preceptivos solicitados a una AAPP distinta de la que instruye el procedimiento.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones relativas a los procedimientos de revisión administrativa de oficio es incorrecta? El procedimiento de revisión de oficio de actos nulos de pleno derecho caduca si no se resuelve en el plazo de seis meses El procedimiento de revisión de oficio de actos nulos de pleno derecho, cuando se hubiere iniciado a solicitud del interesado, se entiende desestimado por silencio administrativo por el transcurso de tres meses sin dictarse resolución La declaración de lesividad de actos anulables debe adoptarse antes de transcurrir cuatro años desde que se dictó el acto administrativo a revisar.
La falta de motivación de un acto concediendo una autorización administrativa: No afecta a la validez del acto administrativo Determinará la nulidad radical de la misma Determinará la anulabilidad de la misma.
Las Administraciones Públicas podrán imponer, para la ejecución de determinados actos, multas coercitivas en uno de los siguientes supuestos: Actos en los que, procediendo la compulsión, la Administración no la estime conveniente Actos cuya ejecución no pueda encargar el obligado a otra persona Cuando lo autorice un Reglamento, en la forma y cuantía que éstos determinen.
Las medidas provisionales adoptadas antes de la iniciación del procedimiento por el órgano competente, en los casos de urgencia y para la protección provisional de los intereses implicados, y en aquellos supuestos previstos expresamente por una norma con rango de ley, quedarán sin efecto si: No se inicia el procedimiento dentro de los 15 días siguientes al de la adopción de la medida provisional, o cuando el acuerdo de iniciación no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las mismas No se inicia el procedimiento dentro de los 30 días siguientes al de la adopción de la medida provisional, o cuando la resolución que ponga fin al procedimiento no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las mismas No se inicia el procedimiento dentro de los 20 días siguientes al de la adopción de la medida provisional, o cuando el acuerdo de iniciación no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las mismas.
Según el artículo 40 de la Ley 30/92, la comparecencia de los ciudadanos ante las Oficinas Públicas: Sólo será obligatoria cuando así esté previsto en una norma con rango de ley En ningún caso será obligatoria Sólo será obligatoria cuando así esté previsto en una disposición reglamentaria.
Según la Ley 30/92, los órganos colegiados creados por la AGE para el ejercicio de sus competencias, en cuya composición se prevea que participen representantes de la Administración de las CCAA con la finalidad de consulta: No tienen la naturaleza de órganos de cooperación Tienen la naturaleza de órganos de cooperación Tienen la naturaleza de órganos de cooperación, y se denominan Conferencias Sectoriales.
Las Administraciones Públicas podrán revocar en cualquier momento sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que: Tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, o sea contraria al principio de igualdad, al interés público, o al ordenamiento jurídico Tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, o sea contraria al principio de igualdad, equidad, a la buena fe, al interés público, o al ordenamiento jurídico Tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, o sea contraria al principio de equidad, a la buena fe, al interés público, o al ordenamiento jurídico.
Según la Ley 30/92, ¿cuál de estos principios no es de la potestad sancionadora? Presunción de inocencia Responsabilidad Proporcionalidad.
La desviación de poder es un vicio del acto administrativo que determina su: Anulabilidad Nulidad Motivación.
Contra la resolución de un recurso de reposición: No podrá interponerse nuevamente dicho recurso No podrá interponerse recurso Contencioso-Administrativo Cabrá únicamente recurso de revisión, si antes no se interpuso recurso de alzada.
La Administración podrá exigir responsabilidad a su personal cuando: Hubieran incurrido en culpa o negligencia grave Hubieran incurrido sólo en dolo Hubieran incurrido sólo en negligencia grave.
De acuerdo con el artículo 63 de la Ley 30/92, la realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas determinará: Sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo Sólo implicará la anulabilidad del acto cuando produzca indefensión de los interesados La anulabilidad del acto.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 109 de la Ley 30/92, ponen fin a la vía administrativa: Todas las respuestas anteriores son correctas Las resoluciones de los recursos de alzada Las resoluciones de órganos administrativos, cuando una disposición legal o reglamentaria así lo establezca.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 109 de la Ley 30/92, ponen fin a la vía administrativa: Todas las respuestas anteriores son correctas Los acuerdos, pactos, convenios, o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una ley establezca lo contrario.
El defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando: El acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin, o dé lugar a la indefensión de los interesados El acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin, y dé lugar a la indefensión de los interesados El acto carezca de los requisitos materiales indispensables para alcanzar su fin, y dé lugar a la indefensión de los interesados.
La tramitación del procedimiento abreviado de responsabilidad patrimonial tiene una duración de: 30 días 15 días 20 días.
En un procedimiento en que la Administración ejercite potestades sancionadoras, llegado el vencimiento del plazo máximo establecido sin haberse dictado y notificado resolución expresa, se producirá: La caducidad del procedimiento La desestimación de las alegaciones del interesado El reconocimiento presunto de los hechos imputados.
Contra la resolución de un recurso de alzada: No cabe otro recurso administrativo, salvo el extraordinario de revisión en los casos establecidos por la Ley Queda explícita la vía jurisdiccional contencioso-administrativa Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas viene contemplada en la Ley 30/92 en: El Título X El Título IX El Título VIII.
Los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados se deberán realizar: En el plazo de 10 días a partir de la notificación del correspondiente acto, salvo que en la norma respectiva se fije plazo distinto Siempre en el plazo de 10 días a partir de la notificación del correspondiente acto En el plazo de 20 días a partir de la notificación del correspondiente acto, salvo que en la norma respectiva se fije plazo distinto.
La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial: En todo caso pone fin a la vía administrativa Dependerá del tipo de relación, pública o privada, de la que derive Será susceptible de recurso de alzada.
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución de un recurso de alzada será de: Tres meses Un mes Cuatro meses.
El error en la calificación del recurso por parte del recurrente conllevará: No será obstáculo para su tramitación siempre que se deduzca su verdadero carácter Un plazo de diez días para subsanar dicho error La caducidad del procedimiento.
La exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas: No suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial, salvo que la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de responsabilidad patrimonial No suspenderá en ningún caso los procedimientos de responsabilidad patrimonial Producirá la terminación del procedimiento de responsabilidad patrimonial.
De acuerdo con la Ley 30/92, los actos de la Administración dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia: Son nulos Son anulables, pero se pueden convalidar si se subsanan los vicios de que adolezcan Son nulos, pero se pueden convalidar si se subsanan los vicios de que adolezcan.
Según el artículo 115 de la Ley 30/92, el plazo para la interposición del recurso de alzada será de: Un mes Tres meses 30 días hábiles.
Si la solicitud de iniciación de un procedimiento es presentada por el interesado sin reunir todos los requisitos legalmente establecidos, ¿de qué modo actuará el órgano administrativo? Se requerirá al interesado para que, en un plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición Se requerirá al interesado para que, en un plazo de 20 días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición Archivará la solicitud sin más trámites.
Los actos administrativos que no pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos: En alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó Potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los dictó, o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo En alzada ante el mismo órgano que los dictó.
¿Cuándo procede interponer el recurso extraordinario de revisión? Contra los actos firmes en vía administrativa Contra los actos que pongan fin a la vía administrativa Contra los actos que no sean firmes en vía administrativa.
Los actos anulables podrán convalidarse: Subsanando los vicios de que adolezcan Cuando tengan un contenido imposible Sólo cuando sean constitutivos de infracción penal.
Sólo cabe responsabilidad patrimonial de la Administración Pública frente a particulares: En los casos de funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos En caso de funcionamiento anormal de los servicios públicos En los casos de fuerza mayor.
Conforme a lo previsto en la Ley 30/92, si el instructor de un expediente administrativo comprueba que la norma procedimental concreta a aplicar no determina el plazo máximo de resolución, el que tendrá que aplicar al resolver será de: Tres meses Seis meses Un mes.
¿Cuáles son los principios de ordenación del procedimiento administrativo? Oficialidad y celeridad Celeridad Celeridad y coordinación.
La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial: Pone fin a la vía administrativa No pone fin a la vía administrativa Pone fin a la vía administrativa cuando la cuantía a indemnizar sea superior a la fijada por la Ley Anual de Presupuestos.
Sólo procederá el recurso extraordinario de revisión cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: Que, al dictar la resolución, se hubiera incurrido en error de hecho que resulte de los propios documentos incorporados al expediente Que la resolución dada carezca de superior jerárquico Todas las respuestas anteriores son correctas.
Sólo procederá el recurso extraordinario de revisión cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: Todas las respuestas anteriores son correctas Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto, que aunque sean posteriores evidencien el error de la resolución recurrida Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución.
La notificación del acto administrativo según la Ley 30/92, deberá ser cursada: Dentro del plazo de 10 días, a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado Dentro del plazo de 15 días, a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado Dentro del plazo de 30 días, a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
Indique cuál de las siguientes afirmaciones relacionadas con el procedimiento de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas es correcta: Todas las respuestas anteriores son falsas Dichos procedimientos se iniciarán únicamente a reclamación de los interesados Para determinar dicha responsabilidad, se establecerá reglamentariamente un procedimiento general sin inclusión de un procedimiento abreviado.
Indique cuál de las siguientes afirmaciones relacionadas con el procedimiento de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas es correcta: Todas las respuestas anteriores son falsas Dichos procedimientos se iniciarán únicamente a reclamación de los interesados En función del importe indemnizatorio, dicho procedimiento será resuelto por el Jefe del Servicio que produjo el daño o por el Consejo de Ministros.
Según el artículo 3 de la Ley 30/92, no es principio general de las Administraciones Públicas: El principio de economía El principio de servicio a los ciudadanos El principio de eficacia.
La Ley 30/92 es de fecha: 26 de noviembre de 1992 26 de diciembre de 1992 27 de noviembre de 1992.
El procedimiento se tramitará, cuando los interesados se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una CCAA con lengua oficial: En la lengua elegida por el interesado entre el castellano y la cooficial de dicha CCAA En la lengua que establezca la legislación de dicha CCAA Siempre en la lengua cooficial correspondiente.
El trámite de audiencia, ¿en qué momento del procedimiento administrativo se lleva a cabo? Instruidos los procedimientos, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución Antes del acuerdo de inicio En cualquier momento del procedimiento.
Quedan exceptuados de la previsión de que los interesados podrán entender estimadas por silencio administrativo sus solicitudes, los procedimientos: Todas las respuestas anteriores son correctas Cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público De impugnación de actos o disposiciones.
Quedan exceptuados de la previsión de que los interesados podrán entender estimadas por silencio administrativo sus solicitudes, los procedimientos: Todas las respuestas anteriores son correctas De impugnación de actos o disposiciones De ejercicio del derecho de petición.
En los procedimientos iniciados de oficio de los que pudiera derivarse el reconocimiento de derechos, vencido el plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, los interesados que hubieran comparecido podrán entender que sus pretensiones: Se han desestimado por silencio administrativo Han caducado Se han estimado por silencio administrativo.
En los procedimientos en los que intervengan interesados residentes fuera de España: Se aplicará en todo caso la ampliación de los plazos por el tiempo máximo permitido Se aplicará la ampliación de plazos a solicitud del interesado Se aplicará el procedimiento de tramitación de urgencia.
El plazo máximo para cursar la notificación es de: Diez días desde la fecha en que el acto haya sido dictado Diez días naturales desde la fecha en que el acto haya sido dictado Diez días naturales desde el día siguiente a la fecha en que se dictó el acto.
Si una solicitud de iniciación de procedimiento no reúne los requisitos exigidos legalmente, la Administración deberá: Requerir al interesado para que subsane en un plazo de diez días Conceder período de subsanación de veinte días Subsanar de oficio la solicitud.
Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento: No suspenden la tramitación, salvo la recusación No suspenderán la tramitación del mismo No suspenderán la tramitación, salvo las referidas a la nulidad del mismo.
Los interesados podrán aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio: En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia En cualquier momento del procedimiento Únicamente en el denominado trámite de audiencia.
Cuando la resolución que ponga fin al procedimiento deba decidir sobre cuestiones conexas que no hubieran sido planteadas por los interesados: El órgano competente deberá ponerlo de manifiesto a los interesados para que formulen alegaciones y aporten medios de prueba El órgano competente lo pondrá de manifiesto a los interesados para que decidan sobre el posible inicio de un procedimiento independiente El órgano competente deberá resolver sobre las mismas sin más trámite.
Para que un acto pueda declararse lesivo para el interés público, el plazo máximo es de: Cuatro años desde que se dictó el acto administrativo Un año desde que se dictó el acto administrativo Seis meses desde que se dictó el acto administrativo.
El recurso de alzada podrá interponerse: Ante el órgano que dictó el acto, o ante el órgano competente para resolverlo Únicamente ante el órgano superior jerárquico del que dictó el acto Únicamente ante el órgano que dictó el acto.
Cuando el recurso contencioso-administrativo se interponga contra una actuación administrativa en vía de hecho, el plazo para interponer aquél será de: Ninguna de las respuestas anteriores es correcta Tres meses Un mes.
¿Cuáles son las Administraciones Públicas que contempla la Ley 30/92, a efectos de señalar su ámbito de aplicación? La AGE, las Administraciones de las distintas CCAA, y las que integran la Administración Local Todos los Organismos públicos internacionales, la AGE, las CCAA, y la Administración Local La Unión Europea, la Alianza Atlántica, la AGE, las CCAA, y la Administración Local.
En relación con el artículo 52 de la Ley 30/92, señale cuál de estas afirmaciones es correcta con respecto al principio de inderogabilidad singular del Reglamento: Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas tengan igual o superior rango a éstas Ese principio aparece recogido en el artículo 53 de la Ley 30/92 Las resoluciones administrativas de carácter general no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter particular.
Según el artículo 2 de la Ley 30/92, las Entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las AAPP, sujetarán su actividad: A la Ley 30/92 de 26 de noviembre cuando ejerzan potestades administrativas A la Ley 30/92 de 26 de noviembre en todo caso A lo que dispongan sus normas de creación cuando ejerzan potestades administrativas.
Según el artículo 48 de la Ley 30/92, cuando un día fuese hábil en el Municipio o CCAA en que residiese el interesado e inhábil en la sede del órgano administrativo: Se considerará inhábil en todo caso Se considerará hábil en todo caso Se considerará hábil o inhábil a criterio del órgano administrativo.
Según el artículo 76 de la Ley 30/92, el cumplimiento de un trámite fuera del plazo establecido, ¿se puede admitir y produce efectos legales? Sí, si se produce antes o dentro del día en que se notifica la resolución en la que se tenga por transcurrido el plazo Sí, siempre que el interesado actúe de buena fe y no se perjudiquen derechos de terceros No, en ningún caso.
De acuerdo con el artículo 54 de la Ley 30/92, los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes: Necesitan ser motivados Son siempre nulos de pleno derecho Son actos contra los que no cabe recurso alguno.
Según el artículo 13 de la Ley 30/92, la delegación de competencias: Será revocable en cualquier momento por el órgano que la haya conferido Será revocable cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica, o territorial lo hagan conveniente Será revocable sólo por el Consejo de Gobierno.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 30/92, en la tramitación del procedimiento de urgencia: No cabrá recurso alguno contra el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento Se reducen a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario en la presentación de solicitudes y recursos Sólo puede acordarse de oficio.
Cuando en los procedimientos iniciados a instancia del interesado la solicitud no reúna todos los requisitos exigidos por la Ley 30/92: Se requiere al interesado para que en el plazo de 10 días subsane las faltas El interesado decae en su derecho Se archivará el expediente sin más trámite.
De acuerdo con el artículo 111 de la Ley 30/92, la interposición de cualquier recurso: No suspenderá la ejecución del acto impugnado, excepto cuando una disposición establezca lo contrario No suspenderá en ningún caso la ejecución del acto impugnado Suspenderá la ejecución del acto impugnado.
Se considera parte demandada en el recurso contencioso-administrativo: Todas las anteriores son correctas Las entidades cuyos intereses legítimos pudieran quedar afectados por la estimación de las pretensiones del demandante Las aseguradoras de las AAPP, que siempre serán parte co-demandada, con la Administración a quien aseguren.
Se considera parte demandada en el recurso contencioso-administrativo: Todas las anteriores son correctas La Administración Electoral, en los términos previstos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, si el recurso se dirige contra su actividad Las aseguradoras de las AAPP, que siempre serán parte co-demandada, con la Administración a quien aseguren.
El trámite de audiencia al interesado, dentro del procedimiento administrativo: Tendrá lugar en un plazo no inferior a 10 días, ni superior a 15 Tendrá lugar una vez redactada la propuesta de resolución En el mismo no se podrán aportar nuevos documentos o justificaciones.
La ampliación de cualquier plazo, fijado dentro del procedimiento administrativo, requiere: Que la ampliación no exceda de la mitad del plazo establecido Acuerdo del superior jerárquico del órgano que resuelve Que no se haya realizado ninguna actuación por parte de la Administración.
Contra los actos de trámite, cuando decidan el fondo del asunto, los interesados podrán: Interponer los recursos de alzada, y potestativo de reposición Acudir directamente a la jurisdicción contencioso-administrativa No cabe la interposición de ningún recurso.
Si se produjera un error en la calificación del recurso por parte del recurrente: No será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter Impedirá su tramitación hasta que se subsane el error Existirá la obligación de interponerlo de nuevo.
La Ley 30/92 es de aplicación: A todas las Administraciones Públicas No es de aplicación a las Entidades de Derecho Público Sólo a la Administración del Estado y de las CCAA.
Según el artículo 2 de la Ley 30/92, son Administraciones Públicas: La AGE, la de las CCAA, y todas las Entidades que integran la Administración Local La AGE, la de las CCAA, las Provinciales, y las Locales La AGE y la de las CCAA.
El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución, se podrá suspender por un período que no podrá exceder en ningún caso de 3 meses, en uno de los siguientes supuestos. Señale cuál: Cuando deban solicitarse informes que sean preceptivos y determinantes del contenido de la resolución, a un órgano de la misma o distinta Administración Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios, propuestos por los interesados Cuando se inicien negociaciones con vistas a la conclusión de un pacto o convenio.
En la tramitación de un recurso administrativo, no tienen el carácter de documentos nuevos: Ninguno de los anteriores tiene carácter de documento nuevo Los informes y las propuestas, con ocasión del recurso Los que los interesados hayan aportado al expediente, antes de recaer la resolución impugnada.
No serán motivados con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: Los actos administrativos que no se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes Los actos administrativos que se separen del dictamen de órganos consultivos Los actos administrativos que resuelvan reclamaciones previas a la vía judicial laboral.
Serán motivados con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: Todas las anteriores son correctas Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de ésta Los actos que deban ser dictados en virtud de una disposición legal o reglamentaria expresa.
No cabrá delegación de firma, según el artículo 16 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre: En las resoluciones de carácter sancionador En documentos de mero trámite En materia de personal.
En el régimen jurídico de los órganos colegiados de la Ley 30/92, no corresponde al Presidente: Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes, y acuerdos aprobados Acordar la fijación del orden del día Moderar el desarrollo de los debates, y suspenderlos por causas justificadas.
Los actos que ponen fin a un procedimiento mediante una resolución que contiene la voluntad del órgano administrativo, son: Actos definitivos Actos especiales Negocios jurídicos.
Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el momento de realizarse: Podrá hacerse cargo de la misma otra persona, si se encuentra en el domicilio y hace constar su identidad Se levantará acta del hecho, continuando el procedimiento Se publicará en el Tablón de Edictos del correspondiente Ayuntamiento.
El plazo máximo para resolver los procedimientos, será de: Dependerá del procedimiento aplicable a cada caso Tres meses en todo caso No superior a seis meses.
Si una notificación contiene el texto íntegro del acto, pero omite la expresión de los recursos que proceden contra dicho acto, ¿a partir de qué momento produce efectos? Cuando el interesado realice actuaciones que pongan de manifiesto tener constancia de la misma No produce efectos Sólo produce efectos si se trata de resoluciones sancionadoras, en las que se adjunta el acta-propuesta original.
Los actos de las AAPP son nulos de pleno derecho en los casos siguientes: Los que tengan un contenido imposible Los que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos Todas las anteriores son correctas.
Por razón de la fase del procedimiento, los actos administrativos se dividen en: Definitivos y de trámite Iniciales y complementarios Simples y complejos.
Las actuaciones administrativas realizadas fuera del tiempo establecido para ello, implicarán: La anulabilidad cuando lo imponga la naturaleza del término o plazo La nulidad del acto en todo caso La invalidez en todo caso.
Según la Ley 30/92, cuando en cualquier momento se considere que alguno de los actos de los interesados no reúne los requisitos necesarios, la Administración lo pondrá en conocimiento de su autor, concediéndole un plazo para cumplimentarlo de: 10 días 20 días naturales Un mes.
En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que se producirá la caducidad del mismo pasados: Tres meses Seis meses Dos meses.
Suspenderán el curso del procedimiento: La recusación Todas las cuestiones incidentales que se produzcan La falta de reintegro de los documentos.
En el procedimiento administrativo, la apertura de un período de prueba será acordada por: El instructor del procedimiento El órgano competente para resolver El interesado.
En el procedimiento sancionador, cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en una disposición legal corresponda a varias personas conjuntamente, responderán: Solidariamente Subsidiariamente Individualmente.
Una de las siguientes afirmaciones es correcta en relación al silencio administrativo: El certificado acreditativo del silencio producido debe emitirse en el plazo máximo de 15 días La desestimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento Con la estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna.
Es un criterio de graduación de la sanción a aplicar, según el artículo 131 de la Ley 30/92: La reincidencia La situación patrimonial de la víctima El patrimonio del infractor.
Los plazos de prescripción que fija la Ley 30/92 para las infracciones, como regla general, son: Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 3 años para las muy graves, 2 años para las graves, y 1 año para las leves 3 años para las muy graves, 1 año para las graves, y 6 meses para las leves.
En la reclamación administrativa previa a la vía judicial civil, el interesado podrá considerar desestimada su reclamación, si la Administración no notifica su decisión en el plazo de: Tres meses Un mes 15 días.
Las normas y actos dictados por los órganos de las AAPP, en el ejercicio de su propia competencia: Deberán ser observadas por el resto de órganos administrativos, aunque no dependan jerárquicamente entre sí, o pertenezcan a otra Administración Únicamente deberán ser observadas por el resto de órganos administrativos dependientes jerárquicamente Únicamente deberán ser observadas por el resto de órganos administrativos pertenecientes a la misma Administración.
La nulidad o anulabilidad de un acto: No implicará la de los sucesivos en el procedimiento, que sean independientes del primero Implicará siempre la de todos los que le suceden en el procedimiento Nunca implicará la de los sucesivos en el procedimiento.
Podrán actuar en representación de una persona ante las AAPP: Cualquier persona con capacidad de obrar Únicamente la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela Cualquier otra persona que también pueda promover el procedimiento, como titular de derechos o intereses legítimos.
En caso de ampliación por la Administración de los plazos establecidos: Tanto la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación deberán producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate La petición de los interesados debe producirse antes del vencimiento del plazo de que se trate, pudiendo dictarse con posterioridad la decisión sobre la ampliación Ninguna de las respuestas anteriores es cierta.
Del trámite de audiencia: Se podrá prescindir cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución, otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado Se podrá prescindir siempre que se justifique motivadamente en la propuesta de resolución Se podrá prescindir cuando se acuerde un período de información pública.
Entre los criterios para la graduación de la sanción a aplicar, contemplados en el artículo 131.3 de la Ley 30/92, no se encuentra recogido: El número de personas que han resultado perjudicadas por la infracción La naturaleza de los perjuicios causados La existencia de intencionalidad o reiteración.
Según establece el artículo 132.2 de la Ley 30/92, el plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse: Desde el día en que la infracción se hubiera cometido Desde el día en que la Administración tuvo conocimiento de la comisión de la infracción Desde el día de presentación de la denuncia de la infracción cometida.
Será el órgano competente para la resolución del recurso extraordinario de revisión: El órgano administrativo que dictó el acto impugnado El órgano superior jerárquico del órgano administrativo que dictó el acto impugnado La persona titular del Ministerio u órgano equivalente de la CCAA, competente por razón de la materia.
El órgano que resuelva un recurso: Decidirá cuantas cuestiones, tanto de forma como de fondo, plantee el procedimiento, hayan sido o no alegadas por las personas interesadas Decidirá todas las cuestiones, tanto de forma como de fondo, exclusivamente en el supuesto de que hayan sido alegadas por las personas interesadas Decidirá cuantas cuestiones, tanto de forma como de fondo, plantee el procedimiento, hayan sido o no alegadas por la persona interesada, aún cuando su situación inicial pudiera resultar agravada.
No podrán interponer recurso contencioso-administrativo contra la actividad de una AAPP: Los miembros de sus órganos colegiados, salvo que una ley lo autorice expresamente La Administración autora del acto que se impugna Las asociaciones y sindicatos.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto al recurso de reposición no es cierta? Se interpone ante el superior jerárquico del que dictó el acto No agota la vía administrativa Es obligatorio con carácter previo al recurso contencioso-administrativo.
Como regla general, los actos de las AAPP sujetos al derecho administrativo, y salvo que en ellos se disponga otra cosa, serán válidos: Desde la fecha en que se dicten Al día siguiente de dictarse A los 20 días de que se dicten.
Los informes, según la Ley 30/92, deben evacuarse generalmente en el plazo de: 10 días 15 días 20 días.
Salvo disposición expresa en contrario, los informes para la resolución de un expediente serán: Facultativos y no vinculantes Preceptivos y vinculantes Facultativos y vinculantes.
De entre los que a continuación se relacionan, indique los actos que no son nulos de pleno derecho: Los que tengan defectos de forma Los dictados por órgano manifiestamente incompetente Los que tengan un contenido imposible.
El plazo para interponer el recurso de alzada contra un acto expreso, será de: Un mes Tres meses Dos meses.
El recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, se resolverá por: El órgano que dictó el acto recurrido El superior jerárquico del órgano que dictó el acto El Secretario General Técnico.
En virtud de la encomienda de gestión: Se atribuye a un órgano la realización de actividades de carácter material, técnico o de servicios, de la competencia de otro órgano Se atribuye a un órgano la firma de actos y resoluciones, propias de otro órgano Se atribuye a un órgano la titularidad de las competencias de otro órgano.
El plazo de prescripción de las sanciones, comenzará a contarse: Desde el día siguiente a aquél en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción Desde el día siguiente al que se notifica a la persona interesada la imposición de la sanción Desde que se dicta la resolución por la que se impone la sanción.
Son directamente responsables del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo: El personal que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los órganos administrativos competentes para instruir y resolver La persona superior jerárquica del personal que tenga a su cargo el despacho de los asuntos No existe responsabilidad directa en caso de incumplimiento de esta obligación legal.
Según la Ley 30/92, en cada órgano colegiado corresponde a su Presidente: Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano Recibir los actos de comunicación de los miembros con el órgano Asistir a las reuniones con voz pero sin voto.
Según la Ley 30/92, cuando los plazos se señalen por días: Se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados festivos Se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, domingos, y los declarados festivos Se atenderá a la naturaleza del asunto para determinar si son hábiles o naturales.
Por la aplicación al procedimiento ordinario de la tramitación de urgencia: Se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario Se tramitará dicho procedimiento con carácter preferente a los demás existentes Se podrán suprimir aquellos trámites que se determinen en el acuerdo en que se declare su aplicación.
Los trámites que deberán ser cumplimentados por el interesado: Deberán realizarse por el interesado en el plazo de 10 días, a partir de la notificación del correspondiente acto Darán lugar a la desestimación de su pretensión, en caso de que no se realicen en el plazo establecido Deberán realizarse por el interesado en el plazo de 15 días, a partir de la notificación del correspondiente acto.
Diga cuál de las siguientes frases, referida a la instrucción del procedimiento administrativo, es la correcta: Los interesados podrán en todo caso actuar asistidos de asesor, cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses El instructor del procedimiento podrá rechazar cualquier prueba propuesta por el interesado Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio.
Si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más interesados: El desistimiento o la renuncia sólo afectará a aquellos que la hubiesen formulado El desistimiento o la renuncia formulada por alguno, afectará a todos ellos La Administración valorará la aceptación del desistimiento o la renuncia, formulada por alguno de ellos.
Contra las disposiciones administrativas de carácter general: No cabrá recurso en vía administrativa No cabrá recurso en vía administrativa, o ante el orden jurisdiccional Podrá interponerse recurso potestativo de reposición, con anterioridad a su impugnación en el orden jurisdiccional.
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución de un recurso de alzada, será de: Tres meses Un mes 15 días.
Los expedientes de responsabilidad patrimonial: Se iniciarán de oficio, o por reclamación de los interesados Se iniciarán siempre por reclamación de los interesados Se iniciarán siempre de oficio, previa denuncia.
Durante la tramitación de un procedimiento, en el supuesto de no emitirse en el plazo fijado para ello el informe solicitado, se podrán proseguir las actuaciones: Salvo que siendo preceptivo, sea determinante para la resolución del procedimiento Sólo si el dictamen solicitado era facultativo En todo caso.
Las infracciones administrativas muy graves prescribirán: Según lo dispuesto en las leyes que las establezcan A los 3 años A los 2 años.
En un procedimiento administrativo iniciado de oficio, cuando del mismo pudiera reconocerse la constitución de un derecho favorable para el interesado, el transcurso del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado la resolución expresa, implicará que: Los interesados podrán considerar desestimadas sus pretensiones Se producirá la caducidad del procedimiento Los interesados podrán considerar estimadas sus pretensiones.
Cuando la Administración Pública actúa en una relación jurídica de derecho privado, la responsabilidad de ésta: Se exigirá conforme a lo establecido en la Ley 30/92, y posteriormente ante la jurisdicción contencioso-administrativa Se exigirá conforme a lo establecido en el derecho privado, y posteriormente ante la jurisdicción contencioso-administrativa Se exigirá conforme a lo establecido en la Ley 30/92, y posteriormente ante la jurisdicción ordinaria.
¿Cuándo se aplica la costumbre como fuente del derecho? En defecto de ley aplicable En cualquier caso en que resulte de aplicación por la materia En cualquier caso, aunque exista ley aplicable Cuando no existan principios generales del derecho aplicables al caso.
¿Cuál de las siguientes clases de leyes no existe? Leyes reglamentarias Leyes marco Leyes armonizadoras Leyes de transferencia.
¿Qué artículo del Código Civil establece las fuentes del Derecho? El artículo 1 El artículo 18 El artículo 35 Ninguno.
Si la Administración ejercita su facultad de autoorganización y dicta un reglamento para regular sus servicios, estamos ante un reglamento: Organizativo De necesidad Independiente Ejecutivo.
Los usos jurídicos que no sean meramente interpretativos de una declaración de voluntad se considerarán: Costumbre Jurisprudencia Decretos-Leyes Principios Generales del Derecho.
¿Qué norma aprueba y modifica un Estatuto de Autonomía? Una Ley Orgánica Un Real Decreto Una Ley Ordinaria Un Decreto-Ley.
Los Decretos Legislativos son: Normas con fuerza de ley dictadas por el Gobierno Disposiciones legislativas que cubren supuestos de urgente necesidad Disposiciones legislativas provisionales Todas las respuestas anteriores son correctas.
Los Reglamentos son: Normas de rango inferior a la Ley Disposiciones interpretativas de la Ley Normas autorizadas por el Congreso Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
El sistema de fuentes del Derecho Público se inspira en: Los principios de jerarquía y competencia El principio de competencia El principio de organización Todas las respuestas anteriores son correctas.
Un Reglamento: Puede ser impugnado por los particulares ante los órganos judiciales No puede ser impugnado por los particulares ante los órganos judiciales Sólo puede ser impugnado por la Administración Todas las respuestas anteriores son correctas.
Los Reglamentos han de respetar: Lo dispuesto en otras disposiciones administrativas de rango superior Exclusivamente la Constitución y la Ley Lo dispuesto en Reglamentos dictados con anterioridad Todas las respuestas anteriores son correctas.
Las Entidades Locales: No pueden dictar leyes Carecen de potestad reglamentaria Están sujetas exclusivamente a las leyes que dicte la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma a la que pertenezcan Todas las respuestas anteriores son correctas.
El principio en virtud del cual el ciudadano está amparado por una legislación no sujeta a continuos vaivenes, es el de: Seguridad jurídica Legalidad Publicidad normativa Jerarquía normativa.
El principio de confianza legítima es una derivación del principio de: Seguridad jurídica Legalidad Buena fe Publicidad normativa.
Es fuente del Derecho en sentido material: Las Cortes Generales La Ley Orgánica La Ley La Ley y el Derecho.
El Real Decreto Legislativo proviene de: El Consejo de Ministros El Parlamento El Congreso Las Cortes Generales.
La iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley: No procederá en materias tributarias Se regulará en sus formas de ejercicio y requisitos por una Ley Ordinaria Podrá afectar a cualquier materia, salvo las reservadas a Ley Orgánica Podrá afectar a cualquier materia, salvo las relativas al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, los derechos fundamentales y libertades públicas, y la prerrogativa de gracia .
Según el Código Civil, los principios generales del Derecho se aplicarán: En defecto de ley o de costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico Sólo en defecto de ley En defecto de ley y jurisprudencia Todas las respuestas anteriores son correctas.
Según el Código Civil, la doctrina que complementará el ordenamiento jurídico, y que de modo reiterado establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la Ley, la costumbre y los principios generales del Derecho, se denomina: Jurisprudencia Sentencia Resolución Todas las respuestas anteriores son correctas.
Según el Código Civil, la costumbre sólo regirá en defecto de ley aplicable: Siempre que no sea contraria a la moral o al orden público, y que resulte probada Exclusivamente siempre que resulte probada Siempre que no sea contraria al orden público, y en su aplicación resulte más beneficiosa Todas las respuestas anteriores son correctas.
Según el Código Civil, los Jueces y Tribunales, ateniéndose al sistema de fuentes establecido: Tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan Pueden negarse a resolver los asuntos que les presenten mediante la objeción de conciencia Pueden negarse a resolver los asuntos de que conozcan sin motivar su decisión Todas las respuestas anteriores son correctas.
Si en ellas no se dispone otra cosa, las leyes entrarán en vigor, según el Código Civil: A los 20 días de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado Al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado Tienen que indicar obligatoriamente la fecha de entrada en vigor Todas las respuestas anteriores son correctas.
¿Cuál de las siguientes materias no se regula por Ley Orgánica? Los Colegios Profesionales Los estados de alarma, excepción, y de sitio El Poder judicial La composición, organización, y funciones del Tribunal de Cuentas.
Según el Código Civil, las disposiciones que contradigan otra de rango superior: Carecerán de validez No podrán ser sancionadas Se aplicarán sólo en caso de ser más beneficiosas Todas las respuestas anteriores son correctas.
Según el Código Civil, no es fuente del ordenamiento jurídico español: La jurisprudencia Los principios generales del derecho La costumbre Todas las respuestas anteriores son correctas.
Según el Código Civil, cuando las normas no contemplen un supuesto específico pero regulen otro semejante entre los que se aprecie identidad de razón: Procederá la aplicación analógica de las normas En ningún caso procederá la aplicación analógica de las normas Sólo procederá la aplicación analógica de las normas cuando se establezca mediante ley Todas las respuestas anteriores son correctas.
En relación a los límites de la potestad reglamentaria, conforme a la Ley del Gobierno estatal, diga cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta: Las leyes no podrán regular materias constitucionalmente reservadas al reglamento Los reglamentos no podrán regular materias objeto de reserva de ley, ni infringir normas con dicho rango Los reglamentos no podrán tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, sin perjuicio de su función de desarrollo o colaboración con respecto a la ley Los reglamentos no podrán establecer penas o sanciones, así como tributos, cánones u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público, sin perjuicio de su función de desarrollo o colaboración con respecto a la ley.
Los Decretos legislativos: Son disposiciones del Gobierno que contienen legislación delegada Son disposiciones legislativas provisionales que habrán de someterse a debate y aprobación del Congreso en el plazo de los 30 días siguientes a su promulgación Son las proposiciones de ley o proyectos delegados en las Comisiones Legislativas Permanentes efectuadas por las Cámaras Son normas reglamentarias dictadas por el Gobierno que carecen de rango de Ley.
¿Cuál de las siguientes materias no requiere para su regulación una Ley Orgánica? Las Leyes de los Presupuestos Generales del Estado y el Régimen retributivo de los Funcionarios Públicos no requieren de Ley Orgánica para su aprobación Las Leyes de los Presupuestos Generales del Estado Los Estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado El Régimen retributivo de los Funcionarios Públicos.
En relación con las fuentes del Derecho, y conforme al artículo 1 del Código Civil, señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: Los usos jurídicos que no sean meramente interpretativos de una declaración de voluntad tendrán la consideración de costumbre Los principios generales del Derecho se aplicarán únicamente en defecto de ley, costumbre, o jurisprudencia del Tribunal Supremo Las normas jurídicas contenidas en los Tratados internacionales, una vez ratificados éstos, son de aplicación directa en España En defecto de Ley siempre regirá la costumbre, con la única condición de que resulte probada.
De conformidad con la Constitución española, la delegación legislativa deberá otorgarse mediante: Ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno sólo Ley de bases cuando se trate de refundir varios textos legales en uno sólo Ley orgánica cuando se trate de formar textos articulados Ley ordinaria cuando se trate de derechos fundamentales.
Los Estatutos de Autonomía son: Ninguna de las respuestas anteriores es correcta Leyes Ordinarias Norma institucional básica del Estado No forman parte del ordenamiento jurídico estatal.
¿Qué clase de disposiciones son los Decretos-Leyes? Son disposiciones legislativas provisionales dictadas por el Gobierno en casos de extraordinaria y urgente necesidad Son disposiciones legislativas que emanan del Gobierno por delegación de las Cortes Generales, adoptando la forma de Leyes de Bases y Textos Refundidos Son disposiciones que dicta el Gobierno para sistematizar en un texto único una pluralidad de leyes Son disposiciones de carácter general.
¿Cuál es la principal diferencia entre Ley Orgánica y Ley Ordinaria? El contenido que regulan y la forma de aprobarse La Ley Orgánica se diferencia de la Ordinaria por su contenido específico y carácter inderogable La Ley Orgánica sólo regula aspectos organizativos de las instituciones básicas del Estado, mientras que la Ley Ordinaria puede regular todo lo demás La Ley Orgánica regula aspectos muy específicos que le atribuyen carácter de superioridad, incluso frente a la Constitución.
¿Qué plazo requiere el Decreto-Ley para ser sometido a debate y votación en el Congreso? Los 30 días siguientes a su aprobación Los 15 días siguientes a su aprobación Los 20 días siguientes a su aprobación Los 2 meses siguientes a su aprobación.
¿Qué significa la "inderogabilidad singular" de un reglamento? Que la misma autoridad que aprobó un reglamento, u otra superior, no puede dictar un acto para un caso concreto contraviniendo lo establecido en dicho reglamento Que la misma autoridad que aprobó un reglamento no puede dictar un acto para un caso concreto contraviniendo lo establecido en dicho reglamento, aunque sí una autoridad superior Que sólo una resolución administrativa de carácter particular de rango superior podrá vulnerar lo establecido en el reglamento Que la misma autoridad que dictó el acto puede derogarlo en cualquier momento.
Señale la incorrecta: el Decreto-Ley, de acuerdo con el artículo 86 de nuestra Constitución, no podrá afectar... A materias propias de Leyes Orgánicas, tributarias, o de carácter internacional Al régimen de las Comunidades Autónomas, ni al Derecho electoral general A los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I Al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado.
Las Leyes estatales se pueden agrupar esencialmente en: Ordinarias y Orgánicas Ordinarias y Extraordinarias Sólo Ordinarias Todas las respuestas anteriores son correctas.
¿Cuál de las siguientes notas características es predicable de la ley como fuente del Derecho? Es una fuente recogida en el artículo 1 del Código Civil Es una fuente indirecta Es una fuente secundaria Es una fuente recogida en el artículo 23 de la Constitución Española.
Las Leyes Marco y las Leyes de Armonización tienen en común: Fijar unas normas o directrices para las disposiciones normativas que dicten las Comunidades Autónomas Referirse a materias de titularidad estatal Referirse a materias de competencia autonómica Ser Leyes Orgánicas.
Los reglamentos se pueden clasificar por su relación con la ley en: Independientes, Ejecutivos, y de Necesidad Administrativos y Jurídicos Estatales, Autonómicos, y Locales.
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