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LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, T_4073
PARTE 1 .
Ante el estado de ruina de una vivienda y ante la posibilidad de que esta pueda causar un daño a los transeúntes por la caída de cualquier parte de la fachada. ¿Podrá la Administración adoptar como medida provisional el derribo de la vivienda antes de la finalización del correspondiente expediente? Sí, ya que prevalece el interés general que puede ser objeto de lesión durante la tramitación del procedimiento administrativo. Sí, pero solo si el interesado manifiesta su intención de no interponer ningún tipo de recurso al proceso de derribo. No, ya que el derribo puede causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados o que impliquen violación de derechos amparados por las leyes. Sí, ya que es una prerrogativa de la Administración que podrá adoptar en cualquier procedimiento que estime conveniente.
Si finalmente la Administración decide, en lugar de derribar la vivienda, instar que se produzca el vallado de la misma como medida provisional antes de la finalización del correspondiente expediente, ¿podrá la Administración obligar a que el interesado proceda al vallado perimetral de la vivienda? Sí, ya que prevalece el interés general que puede ser objeto de lesión durante la tramitación del procedimiento administrativo. Sí, pero solo si el interesado manifiesta su intención de no interponer ningún tipo de recurso al proceso de vallado. No, ya que el vallado puede causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados o que impliquen violación de derechos amparados por las leyes. Sí, ya que es una prerrogativa de la Administración que podrá adoptar en cualquier procedimiento que estime conveniente.
Si cuando el interesado pregunta por la altura que debe tener la valla perimetral, la Administración le indica que debe ser de al menos 50 metros de altura, ¿cómo será ese acto de la Administración? Nulo de pleno derecho por lesionar derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional al provocar indefensión en el interesado. Nulo de pleno derecho por ser contrario al ordenamiento jurídico. Anulable, por tener contenido imposible. Ninguna de las respuestas es cierta.
Cuando la Administración solicita que el vallado se lleve a cabo a una altura de 2 metros, ¿Qué ocurrirá si el interesado no procede al vallado de la parcela por mucho que se le requiera para ello? En este caso se procederá al apremio sobre el patrimonio del interesado de forma independiente o junto a multas coercitivas, por el que se le impondrá la multa correspondiente y se reiterarán nuevas sanciones de forma periódica, por ejemplo con carácter mensual, hasta que el interesado finalmente lleve a cabo el vallado perimetral. Se procederá a la ejecución subsidiaria, por el que la Administración encargará el vallado y una vez realizado facturará el importe del mismo al interesado. Al ser una situación que pone en riesgo a la ciudadanía que transita cerca de la vivienda, se procederá a la compulsión sobre las personas o, lo que es lo mismo, se le obligará al interesado a que lleve a cabo el vallado perimetral bien por sí mismo o a través de terceras personas. Todas las respuestas son posibles.
Una vez vallada la vivienda, durante el período de prueba se demuestra que la vivienda no tenía defecto alguno. ¿Qué se deberá hacer con las medidas provisionales? Se deberán dejar sin efecto inmediatamente. Se deberán dejar sin efecto una vez se resuelva el procedimiento por el que la vivienda no tenía defecto alguno. Se deberán dejar sin efecto si el interesado manifiesta su interés de que se dejen sin efecto. El que la prueba haya establecido que no había defecto no condiciona la resolución posterior, por lo que la valla deberá seguir protegiendo a la ciudadanía.
La resolución establece que, aunque la vivienda no es peligrosa, una vez que se adoptaron las medidas provisionales, la valla debe permanecer para ser consecuente con las medidas provisionales adoptadas, ¿cómo será esa resolución? Nula de pleno derecho. Anulable. Válida. Ninguna es cierta.
¿Qué podrá hacer el interesado ante esa Resolución que no agota la vía administrativa? Interponer el correspondiente recurso de alzada. Interponer el recurso potestativo de reposición. Interponer el recurso contencioso-administrativo. Interponer el recurso extraordinario de revisión.
¿En qué plazo se deberá resolver el recurso planteado? En 1 mes. En 2 meses. En 3 meses. En 6 meses.
Si finalmente desestiman el recurso planteado y se interpone el recurso contencioso-administrativo, ¿en qué plazo debería plantearse? En 1 mes. En 2 meses. En 3 meses. En 6 meses.
Cuando el contencioso da la razón al interesado, ¿qué posibilidades tendrá en este caso? Tendrá derecho a quitar la valla aunque a ningún otro derecho. Tendrá derecho a quitar la valla e iniciar un procedimiento de responsabilidad patrimonial por el coste de la valla y el perjuicio sufrido durante todo el tiempo que no pudo acceder a la vivienda por el vallado. Tendrá que iniciar un procedimiento sancionador contra la Administración Pública. Deberá recusar al funcionario o al superior jerárquico que adoptó las medidas provisionales iniciales.
¿Durante cuánto tiempo tendrá derecho a reclamar en caso de querer hacerlo? 6 meses 9 meses 1 año 4 años que es el plazo general de prescripción salvo que una ley establezca lo contrario.
¿Podría la Administración haber iniciado un procedimiento para indemnizar al interesado por los daños sufridos? No, es un procedimiento que siempre se inicia a instancia de interesado. Sí, ya que es un procedimiento que se inicia de oficio cuando se causa un perjuicio a un interesado cuando no tiene el deber jurídico de soportarlo. Sí, podría iniciarlo al igual que lo podría solicitar el propio interesado, en cualquier momento siempre y cuando no haya prescrito el derecho. La Administración nunca iniciará un procedimiento para indemnizar a un interesado, no sería lógico.
¿Cómo podría el interesado iniciar el procedimiento de responsabilidad patrimonial si la vivienda que le obligaron a vallar era una herencia de su abuela pero él es abogado? El que sea abogado le obliga a relacionarse por medios electrónicos obligatoriamente con la Administración. Podrá elegir si se relaciona o no por medios electrónicos al ser un procedimiento que afecta a su vida personal y no por motivos de trabajo. Tendrá que relacionarse por medios físicos al ser un procedimiento que afecta a su vida personal y no por motivos de trabajo. Ninguna es cierta.
Cuando finalmente decide relacionarse por medios electrónicos, ¿qué ocurrirá si, transcurridos diez días naturales, desde que la Administración le requirió para que subsanara la documentación, este no la ha aportado? Que se le tendrá por desistido de su solicitud. Que el procedimiento continuará normalmente. Al ser 10 días hábiles, todavía tendrá tiempo para subsanar la solicitud. Que el procedimiento quedará suspendido automáticamente hasta que aporte la documentación solicitada.
Si cuando el interesado comprueba que el funcionario que tramita el procedimiento es una persona con la que tiene varios pleitos actualmente, ¿cuánto tiempo tardará como máximo la Administración en resolver su recusación si el funcionario no admite la causa de recusación? Al día siguiente de la recusación. Si el recusado niega la causa de recusación, el superior resolverá en el plazo de dos días, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos. Si el recusado niega la causa de recusación, el superior resolverá en el plazo de tres días, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos. Si el recusado niega la causa de recusación, el superior resolverá en el plazo de cuatro días, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos.
¿Qué pasaría con el plazo para resolver durante el tiempo que se tramitara la recusación? Que se suspendería automáticamente. Que se podría suspender. Que no se podrá suspender al ser un trámite que no se demora mucho en el tiempo. Ninguna es cierta.
Si el superior no apreciara la causa de recusación y dejara al funcionario para que siguiera tramitando el procedimiento de responsabilidad patrimonial, ¿qué recurso podría hacer el interesado? Interponer el correspondiente recurso de alzada. Interponer el recurso potestativo de reposición. Interponer el recurso contencioso-administrativo. Ninguna es cierta.
Ante la claridad de los hechos y la injusticia llevada a cabo por la Administración, ¿podría tramitarse el procedimiento de responsabilidad patrimonial de forma simplificada? No, ya que los procedimientos de responsabilidad patrimonial se tienen que llevar a cabo con arreglo a la tramitación ordinaria. Sí, siempre que se haya solicitado por el interesado. Sí, ya que se podrá acordar la tramitación simplificada, de oficio o a solicitud de interesado. Ninguna es cierta.
Si la Administración establece la tramitación simplificada y al comunicarlo al interesado este muestra su desaprobación, ¿cómo se tramitará dicho procedimiento de responsabilidad patrimonial? Por la vía ordinaria. Por la vía simplificada. Por la vía ordinaria o simplificada según establezca la Administración. Siempre se hará por la vía que solicite el interesado.
Si el interesado solicita la tramitación simplificada, si el órgano competente para la tramitación aprecia que no concurre alguna de las razones previstas en el apartado 1, ¿en qué plazo podrá desestimar dicha solicitud? En el plazo de 3 días desde su presentación. En el plazo de 5 días desde su presentación. En el plazo de 10 días desde su presentación. En el plazo de 15 días desde su presentación.
¿Cómo se entenderá la solicitud si transcurre el plazo establecido en la pregunta anterior y la Administración no contesta? Estimada por silencio administrativo estimatorio. Desestimada. No se puede deducir de la pregunta si será estimada o desestimada. Ninguna es cierta.
¿Qué recurso podrá interponer el interesado? Alzada. Reposición. Contencioso-administrativo. No podrá interponer recurso.
Si el procedimiento se hubiera iniciado de forma ordinaria, ¿qué podría motivar el que la Administración acordara de oficio la suspensión del procedimiento general y la iniciación de un procedimiento simplificado? Que existiera una inequívoca relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión. Que existiera la valoración del daño. Que existiera el cálculo de la cuantía de la indemnización. Todas las respuestas son ciertas.
Si en lugar de un procedimiento de responsabilidad patrimonial, ¿en qué caso podría pasarse a tramitarlo por la vía simplificada un procedimiento sancionador? En ningún caso. Cuando existan elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como leve, sin que quepa la oposición expresa por parte del interesado prevista en el apartado 2. Cuando existan elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como grave, sin que quepa la oposición expresa por parte del interesado prevista en el apartado 2. Cuando existan elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como muy grave, sin que quepa la oposición expresa por parte del interesado prevista en el apartado 2.
¿En qué plazo deben resolverse los procedimientos tramitados de manera simplificada salvo que reste menos por su tramitación ordinaria? En el plazo de 15 días. En el plazo de 20 días. En el plazo de 30 días. En el plazo de 1 mes.
¿Cuál de los siguientes trámites deberá constar en la tramitación simplificada del procedimiento? (indique la incorrecta) Inicio del procedimiento de oficio o a solicitud del interesado. Subsanación de la solicitud presentada, en su caso. Alegaciones formuladas al inicio del procedimiento durante el plazo de 5 días. Trámite de audiencia, únicamente cuando la resolución vaya a ser favorable para el interesado.
¿Cuál de los siguientes trámites deberá constar en la tramitación simplificada del procedimiento? Informe del servicio jurídico, en todo caso. Informe del Consejo General del Poder Judicial, en todo caso. Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma en todo caso. Resolución en todo caso.
¿En qué plazo podrá ser emitido el dictamen del Consejo de Estado si así lo solicita el órgano competente? 10 días. 15 días. 1 mes. 2 meses.
¿Cuál sería el plazo para el dictamen del Consejo de Estado si se tramitara por la vía ordinaria? 10 días. 15 días. 1 mes. 2 meses.
¿A partir de qué importe habría que solicitar dicho dictamen? Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 10.000 euros o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica. Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 25.000 euros o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica. Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 50.000 euros o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica. Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 500.000 euros o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica.
El art. 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, recoge que son anulables: Los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso el defecto de forma y la desviación de poder. Los defectos de forma. Los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. Todas son correctas.
Según el artículo 5 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Para los actos y gestiones de mero trámite se presumirá la representación. La representación podrá acreditarse mediante cualquier medio que deje constancia de su existencia. La falta o insuficiente acreditación de la representación impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate. Una vez concedida la representación, el interesado no podrá comparecer por sí mismo en el procedimiento.
Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, pondrán fin al procedimiento administrativo: La resolución. El desistimiento. La declaración de caducidad. Todas son correctas.
De conformidad con el artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante Ley 39/2015), el derecho a no presentar datos y documentos originales no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, que ya se encuentren en poder de las Administraciones Públicas, se les reconoce: A cualquier ciudadano. Solo a los interesados en el procedimiento. A quienes se relacionan con la Administración electrónicamente. A las propias administraciones públicas.
De conformidad con el artículo 80, Ley 39/2015, LPACAD, salvo disposición expresa en contrario, los informes serán: Preceptivos y no vinculantes. Facultativos y vinculantes. Facultativos y no vinculantes. Preceptivos y vinculantes.
Indica el art. 82.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que durante el trámite de audiencia los interesados podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes en un plazo de: No inferior a 10 días ni superior a 20. No inferior a 10 días ni superior a 15. No inferior a 15 días ni superior a 20. No inferior a veinte días, en ningún caso.
Según el artículo 21 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas: Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de: 2 meses. 3 meses. 1 mes. 15 días.
Según el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos: Quienes ejerzan una actividad profesional para la que no se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles. Las entidades sin personalidad jurídica. Las personas físicas que, por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. Ninguna es correcta.
Las solicitudes que formulen los interesados, conforme al art. 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre: No tienen que ir firmadas. No es necesario que contengan el órgano al que se dirigen. Han de contener nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente. Todas las anteriores son ciertas.
Señale la afirmación correcta de acuerdo con lo establecido en el artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, relativa a caducidad y sus efectos. La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción. En los procedimientos iniciados de oficio, cuando se produzca su paralización por causa imputable al interesado, la Administración le advertirá que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del procedimiento. La caducidad no producirá la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero en los procedimientos caducados se interrumpirá el plazo de prescripción. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa no imputable al mismo, se producirá la caducidad del procedimiento transcurridos 3 meses.
Los informes emitidos (artículo 80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas) serán: Salvo disposición expresa en contrario, facultativos y vinculantes. Salvo disposición expresa a favor, facultativos y no vinculantes. Salvo disposición expresa en contrario, preceptivos y no vinculantes. Salvo disposición expresa en contrario, facultativos y no vinculantes.
Según la Ley 39/2015, las Administraciones Públicas solo requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para: Formular solicitudes, presentar declaraciones responsables, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a obligaciones. Formular solicitudes, presentar declaraciones legales, interponer demandas, desistir de acciones y renunciar a obligaciones. Formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos. Formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer demandas, desistir de acciones y renunciar a derechos.
Conforme al art. 56.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las medidas provisionales deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los: 10 días siguientes a su adopción, el cual no podrá ser objeto de recurso. 15 días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda. 15 días siguientes a su adopción, el cual no podrá ser objeto de recurso. 10 días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda.
Las disposiciones de creación de los registros electrónicos se publicarán en: El diario oficial correspondiente, siendo obligatorio que el texto íntegro esté publicado en la sede electrónica. El boletín de la comunidad autónoma correspondiente. El boletín oficial del Estado. El Diario oficial correspondiente, aunque en la sede electrónica solo hay que publicar la lista de los días declarados inhábiles.
Los interesados podrán presentar alegaciones: En ningún caso. En cualquier momento. En cualquier momento anterior al trámite de audiencia. Cuando lo considere el instructor del procedimiento.
Señale la respuesta correcta en relación con los casos de terminación del procedimiento administrativo por pacto o convenio, de acuerdo con la Ley 39/2015: La resolución de los procedimientos terminados por pacto o convenio consistirá en la declaración de esta circunstancia, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables. Sea cual sea la forma de iniciación del procedimiento que ha terminado por pacto o convenio, la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en los procedimientos terminados por pacto o convenio únicamente si se han iniciado a solicitud del interesado. Los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio se exceptúan de la obligación de dictar resolución expresa.
De acuerdo con el art. 16.4 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse, entre otros, en las oficinas de Correos (en la forma que reglamentariamente se establezca) y en las oficinas de asistencia en materia de registros: Verdadero. Falso. Verdadero para Correos y falso para las oficinas de asistencia. Verdadero para las oficinas de asistencia y falso para Correos.
Conforme al artículo 77 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un período de prueba por un plazo (señale la respuesta correcta): No superior a 30 días ni inferior a 10. No superior a 30 días ni inferior a 15. No superior a un 1 mes ni inferior a 15 días. No superior a 45 días ni inferior a 10.
Según la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la motivación de un acto administrativo consiste: La decisión. Estimar o desestimar las pretensiones formuladas por los interesados. Decidir todas las cuestiones, tanto de forma, cómo de fondo. Una sucinta referencia de hechos, y fundamentos de derechos.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuáles de los siguientes actos administrativos no tendrán obligación de ser motivados? Los de adopción de medidas provisionales previstas en el artículo 56. Los que sigan el criterio establecido en actuaciones precedentes. Los acuerdos de realización de actuaciones complementarias. Los actos que acuerden el desistimiento por la Administración en procedimientos iniciados de oficio.
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