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LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, T_4073
PARTE 2 .
Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, si fueran varios los medios de ejecución admisibles se elegirá: Siempre el apremio sobre el patrimonio. El menos restrictivo de la libertad individual. La multa coercitiva prevalece siempre sobre la ejecución subsidiaria. Ninguna de las anteriores.
Según la Ley de Procedimiento Administrativo Común, ¿en cuál de los siguientes procedimientos iniciados a solicitud de interesado el silencio tendrá efecto desestimatorio? En el ejercicio del derecho de petición del artículo 27 de la Constitución Española. En procedimientos de impugnación de actos y disposiciones. En aquéllos cuya desestimación tuviera como consecuencia que se transfiriera al solicitante facultades relativas al dominio público. En procedimientos de responsabilidad sancionadora de las administraciones públicas.
Serán motivados (art. 35 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas), con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho, los actos siguientes: Los actos que limiten derechos objetivos o intereses legítimos. Los actos que admitan pruebas propuestas por los interesados. Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, ampliación de plazos y actuaciones complementarias. Los actos que sigan el criterio de actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos.
Serán nulos de pleno derecho según la Ley de Procedimiento Administrativo Común: Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se posean los requisitos esenciales para su adquisición. Los dictados por órgano manifiestamente competente por razón de la materia o del territorio. Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. Los que se establezcan expresamente en una disposición con rango reglamentario.
Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo: Las personas físicas. Las personas jurídicas. Las personas físicas y jurídicas. Ninguna de las anteriores es correcta.
Según la Ley 39/2015, en materia de responsabilidad patrimonial, el plazo máximo de que dispone la Administración para resolver la reclamación y notificar la resolución expresa es de: 3meses y si la Administración no resolviese en plazo, se producirá la caducidad del procedimiento y el archivo de actuaciones. 6 meses y si la Administración no resolviese en plazo, se entenderá estimada la reclamación. 6 meses y si la Administración no resolviese en plazo, se entenderá desestimada la reclamación. 3 meses, puesto que la norma reguladora del procedimiento no fija un plazo máximo.
Según el art. 52 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: La Administración podrá convalidar los actos nulos o anulables, subsanando los vicios de que adolezcan. La Administración podrá convalidar los actos nulos, subsanando los vicios de que adolezcan. La Administración podrá convalidar los actos nulos y anulables, subsanando los vicios de que adolezcan. La Administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan.
Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas: En el momento en que el interesado firme electrónicamente y previamente su consentimiento. En el momento en que el interesado firme electrónicamente la notificación. En el momento en que se produzca el acceso a su contenido. Todas las respuestas son correctas.
Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto según el artículo 6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con los registros electrónicos de apoderamientos: Los poderes inscritos en el registro tendrán una validez determinada máxima de cuatro años a contar desde la fecha de inscripción. Las prórrogas otorgadas por el poderdante al registro tendrán una validez determinada máxima de seis años a contar desde la fecha de inscripción. El apoderamiento “apud acta” se otorgará mediante comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica o bien mediante comparecencia personal en las oficinas de asistencia en materia de registros. Las solicitudes de inscripción del poder podrán dirigirse a cualquier registro, debiendo quedar inscrita esta circunstancia en el registro de la Administración u Organismo ante la que tenga efectos el poder y surtiendo efectos desde el día siguiente a la fecha en que se produzca dicha inscripción.
Los informes, por regla general: Serán vinculantes y no facultativos. Serán facultativos y no vinculante. No tienen plazo para emitirse. Todas son falsas.
En virtud del artículo 53, Ley 39/2015, LPACAP, son derechos del interesado en el procedimiento administrativo: A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos. A no presentar documentos originales, salvo que la normativa establezca lo contrario. A cumplir las obligaciones de pago a través de los medios electrónicos. Todos los anteriores.
De acuerdo con el art. 16 .2 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los asientos de los documentos presentados en el Registro Electrónico General se anotarán: Respetando el orden temporal de recepción, con indicación de la fecha del día en que se produce. Respetando el orden temporal de recepción, salvo que se trate de un asunto urgente que requiera una rápida actuación de la Administración. Respetando el orden temporal de recepción, salvo que se trate de un asunto urgente que requiera una rápida actuación de la Administración, anotando tal circunstancia en el asiento de entrada. Ninguna respuesta es correcta.
Según la Ley 39/2015, las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas: En el momento en que se produzca el acceso a su contenido. En el momento en que se produzca el acceso a su resumen. En el momento en que se produzca el acceso a la entrega. En el momento en que se produzca el acceso a su publicación.
Según la Ley 39/2015, serán nulos de pleno derecho los actos que: Lesionen los derechos del Título I de la Constitución. Incurran en desviación de poder. Sean dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de jerarquía. Tengan un contenido imposible.
En relación con la declaración de lesividad de los actos anulables, se establece en el artículo 107 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que sin perjuicio de su examen como presupuesto procesal de admisibilidad de la acción en el proceso judicial correspondiente, esta: Será susceptible de recurso de alzada y deberá notificarse a los interesados a los meros efectos informativos. No será susceptible de recurso. Será susceptible de recurso potestativo de reposición y deberá notificarse a los interesados a los meros efectos informativos. Será susceptible de recurso ordinario de revisión.
En relación con la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuál de las siguientes respuestas es correcta? La Ley 39/2015 se aplica, en todo caso, a las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas. La Ley 39/2015 se aplica, con carácter supletorio, a las universidades públicas y privadas. La Ley 39/2015 se aplica, en defecto de normativa específica, a las entidades de derecho público. La Ley 39/2015 se aplica, supletoriamente, a las universidades públicas.
Los Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas está recogido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en su artículo: 14 13 18 22.
Indique la opción correcta en relación con las declaraciones responsables y las comunicaciones, de acuerdo con
el artículo 69 de la Ley 39/2015: Las declaraciones responsables y las comunicaciones permitirán el reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad, desde el día siguiente al de su presentación. La comunicación podrá presentarse dentro de un plazo posterior al inicio de la actividad cuando la legislación correspondiente lo prevea expresamente. Para iniciar una actividad u obtener el reconocimiento de un derecho o facultad para su ejercicio podrá exigirse una declaración responsable o una comunicación, siendo posible también la exigencia de ambas acumulativamente. Es potestativo para las Administraciones públicas la publicación y actualización de los modelos de declaración responsable y de comunicación.
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas dispone que: Los procedimientos solo podrán iniciarse de oficio. Los procedimientos solo podrán iniciarse a solicitud del interesado. Los procedimientos se iniciarán exclusivamente por aquellos que demuestren un interés legítimo. Los procedimientos podrán iniciarse de oficio o a solicitud del interesado.
En la instrucción del procedimiento, según recoge el artículo 82 la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, relativo al trámite de audiencia, el plazo para alegar y presentar los documentos y justificaciones que el interesado considere pertinentes será de: No inferior a 15 días ni superior a 20. No inferior a 10 días ni superior a 20. No superior a 10 días ni inferior a 15. No inferior a 10 días ni superior a 15.
De acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale la afirmación correcta respecto del recurso extraordinario de revisión: Podrá interponerse contra los actos firmes en vía administrativa ante el órgano superior del que los dictó, que también será el competente para su resolución. Podrá interponerse contra los actos firmes en vía administrativa ante el órgano superior del que los dictó, dentro del plazo de cuatro años siguientes a la fecha de notificación de la resolución impugnada. El órgano competente para la resolución del recurso podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite, previo dictamen preceptivo del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma. Transcurrido el plazo de 3 meses desde la interposición del recurso extraordinario de revisión sin haberse dictado y notificado la resolución, se entenderá desestimado, quedando expedita la vía jurisdiccional contencioso- administrativa.
El trámite de prueba en un procedimiento administrativo viene establecido en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y tendrá un plazo para realizarla de: Entre 10 y 15 días. Entre 10 y 20 días. Entre 10 y 30 días. Entre 5 y 15 días.
Según el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o bien, intentada ésta, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de un anuncio publicado en él (señale la respuesta correcta): Boletín Oficial del Estado. Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma. Boletín Oficial de la Provincia. Tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio del interesado.
Conforme al artículo 107 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la declaración de lesividad de actos que provengan de las entidades que integran la Administración Local, será adoptada por (señale la respuesta correcta): El Concejal competente en la materia. El Alcalde. La Comisión de Gobierno. El Pleno de la Corporación.
Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, respecto del cómputo de plazos, cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese el interesado e inhábil en la sede del órgano administrativo, se considerará: No se prevé esta casuística en la Ley 39/2015. Inhábil en todo caso. Hábil es la sede del órgano administrativo. Hábil en ambas sedes.
Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto según el artículo 39.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: En todo caso, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados, así como cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas. Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados, así como cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas. En ningún caso podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados, ni cuando produzcan efectos favorables al interesado. Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados, así como cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto, aunque lesione derechos o intereses legítimos de
otras personas.
Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, cuando los plazos se señalen por horas: No podrán tener una duración superior a 48 horas. Se contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto. No podrán tener una duración superior a 24 horas. Se entiende que las horas son naturales. Son naturales todas las horas del día.
En ningún caso se emitirán por medios electrónicos, art. 41 Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, las siguientes notificaciones: No existe exclusión alguna en la posibilidad de notificación electrónica. En el caso de que el interesado sea menor de edad o mayor de 65 años. Las producidas en procedimientos disciplinarios del personal de los Cuerpos de Seguridad. Las que contengan medios de pago a favor de los obligados, tales como cheques.
Según el artículo 40.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la notificación de las resoluciones y actos administrativos deberá ser cursada: Dentro del plazo de 10 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. Dentro del plazo de 20 días a partir de la fecha en que el acto maya sido dictado. No hay un plazo establecido. Sin dilación.
De conformidad con el artículo 24 de la Ley 39/2015, acerca del silencio administrativo en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado: El silencio tendrá efecto estimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición. La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo de trámite. La desestimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente. En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto se adoptará por la Administración sin vinculación al sentido del silencio.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo máximo en que debe notificarse la resolución expresa en un procedimiento será: 3 meses. 10 días desde la recepción de la notificación al interesado. El fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. 15 días hábiles.
Según dispone el art. 12 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, si alguno de los interesados no dispone de los medios electrónicos necesarios en el procedimiento administrativo, la identificación o firma electrónica podrá ser, mediando determinados requisitos, válidamente realizada: Por funcionario público. Por personal laboral adscrito a la Oficina de asistencia en materia de Registros. Por funcionario público, y, en caso de extraordinaria y urgente necesidad, personal laboral. Por personal funcionario o laboral indistintamente.
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, determina que el plazo para la interposición del recurso de alzada será de: 3 meses, si el acto fuera expreso. 1 mes, si el acto fuera expreso. 15 días, si el acto fuera expreso. 2 meses, en todo caso.
Se establece en el art. 74 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, incluso las que se refieran a la nulidad de actuaciones, no suspenderán la tramitación del mismo, salvo: La resolución. La revocación. La renuncia. La recusación.
Según el art. 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale la respuesta correcta: Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten o publiquen, salvo que en ellos se disponga otra cosa. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. Todos los actos de las Administraciones Públicas se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. Los actos de las Administraciones Públicas se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se publiquen o notifiquen, salvo que en ellos se disponga otra cosa.
Sobre la colaboración de las personas que establece el artículo 18 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, es cierto que: Los interesados en un procedimiento no tienen el deber de proporcionar a la Administración datos que permitan identificar a otros interesados que no hayan comparecido en él. Ese es un trabajo que solo puede hacer la Administración. Los interesados en un procedimiento que conozcan datos que permitan identificar a otros interesados que no hayan comparecido en él tienen el deber de proporcionárselos a la Administración actuante. Cuando las inspecciones requieran la entrada en el domicilio del afectado o en los restantes lugares que requieran autorización del titular, las Administraciones podrán hacerlo siempre, aún sin autorización del interesado, en virtud del art. 100 de la misma Ley. Nunca se puede entrar en el domicilio salvo que haya una resolución administrativa que lo autorice.
Cada Administración dispondrá de un Registro Electrónico General: Así que los organismos públicos vinculados o dependientes de cada Administración no podrán disponer de su propio registro electrónico, deberán usar el registro general. Que podrá no ser interoperable con otros registros por motivos de seguridad. Funcionará como un portal, pero no facilitará el acceso a los registros electrónicos de cada Organismo que dependa de esa Administración, ya que cada organismo debe tener el suyo propio. En el que se hará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba en cualquier órgano administrativo, Organismo público o Entidad vinculado o dependiente a éstos.
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, se aplica: Exclusivamente a la Administración General del Estado y solo supletoriamente a las Entidades que integran la Administración Local. A la Administración General del Estado y las comunidades autónomas de régimen común. Todas las administraciones públicas, salvo las universidades, a las que no aplica ninguna disposición de esta Ley al estar reguladas exclusivamente por su normativa específica. Supletoriamente a las Corporaciones de derecho público.
Los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos: a) Permitirán comprobar válidamente la representación de quienes actúen ante las Administraciones Públicas en nombre de un tercero. b) No podrán ser interoperables con los registros mercantiles por cuestiones de seguridad jurídica. c) No podrán ser interoperables con los registros de protocolos notariales por cuestiones de seguridad. d) La B) y la C) son verdaderas.
Los interesados no estarán obligados a aportar documentos que hayan sido elaborados por cualquier Administración, con independencia de que la presentación de los citados documentos tenga carácter preceptivo o facultativo en el procedimiento de que se trate. Además: Las Administraciones exigirán siempre a los interesados la presentación de documentos originales. Se presumirá que la consulta u obtención es autorizada por los interesados, salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa o la ley especial aplicable requiera consentimiento expreso. Las copias que aporten los interesados al procedimiento administrativo tendrán eficacia en todos los ámbitos. Los interesados no se responsabilizarán de la veracidad de los documentos que presenten.
El trámite de audiencia, en el procedimiento de responsabilidad patrimonial, ¿en qué momento deberá producirse? Una vez emitido el informe del servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable. Una vez instruido el procedimiento, después de redactar la propuesta de resolución. Una vez emitidos los informes requeridos por el órgano instructor y practicadas las pruebas que hayan sido admitidas. Será anterior a la solicitud del informe del órgano competente para el asesoramiento jurídico o a la solicitud del Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, en el caso de que estos formaran parte del procedimiento.
Según la Ley de Procedimiento Administrativo Común, cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un período de prueba por un plazo: No superior a 30 días ni inferior a 10. No inferior a 10 días ni superior a 15. En ningún caso inferior a 20 días. No superior a 10 días.
La creación de sedes electrónicas debe estar sujeta a los siguientes principios: Transparencia, publicidad, propiedad, conectividad y claridad. Transparencia, publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad. Transparencia, publicidad, estabilidad, orientación específica y operabilidad. Transparencia, publicidad, especificidad, igualdad y robustez tecnológica.
Según la Ley 39/2015, ¿es posible que el órgano competente para la revisión de oficio de un acto o disposición nulos de la Administración General del Estado inadmita a trámite las solicitudes formuladas por los interesados sin necesidad de recabar Dictamen del Consejo de Estado? No. El Dictamen del Consejo de Estado es requisito imprescindible para la revisión de oficio de actos o disposiciones nulos, de acuerdo con el artículo 106 de la Ley 39/2015. Sí, cuando las solicitudes de revisión no se basen en alguna causa de nulidad de pleno derecho o carezcan de fundamento, así como en el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales. Sí, pero si no acude al Consejo de Estado debe impugnar la solicitud en vía contencioso-administrativa. Sí, pero debe hacerlo en el plazo de 6 meses o se producirá la caducidad del procedimiento y, en ese caso, deberá acudir bien al Consejo de Estado o bien a la Jurisdicción contencioso-administrativa para impugnar la solicitud del interesado.
Las notificaciones que, conteniendo el texto íntegro del acto, omitiesen alguno de los requisitos previstos en el art. 40.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado: a) Realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación. b) Interponga cualquier recurso que proceda. c) Realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido, aunque no del alcance de la resolución o acto objeto de la notificación o interponga cualquier recurso procedente o no. d) A y B son correctas.
Según el art. 9 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de los sistemas siguientes: Sistemas basados en certificados digitales de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la ‘‘Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación’’. Sistemas basados en certificados digitales de sello electrónico expedidos por prestadores incluidos en la ‘‘Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación’’. Las Administraciones Públicas deberán garantizar que la utilización de los sistemas previstos en las letras a) y b) del mencionado artículo, sea posible para todo procedimiento. La aceptación de alguno de los sistemas de identificación del art. 9 citado, por la Administración General del Estado servirá para acreditar frente a todas las Administraciones Públicas, salvo prueba en contrario, la identificación electrónica de los interesados en el procedimiento administrativo.
Según el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿quiénes están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo? Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas con independencia de su condición de empleado público. Las entidades sin personalidad jurídica. Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional, excluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles. Quienes representen a un interesado que no esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración.
El artículo 37 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece en relación a la inderogabilidad singular, que: Las resoluciones administrativas de carácter singular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. Son nulas las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria, así como aquellas que incurran en alguna de las causas recogidas en el artículo 45. Son anulables las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria, así como aquellas que incurran en alguna de las causas recogidas en el artículo 47.
¿Cuándo se hará la audiencia a los interesados? Será anterior a la solicitud del informe del órgano competente para el asesoramiento jurídico o a la solicitud del Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, en el caso que éstos formaran parte del procedimiento. Será posterior a la solicitud del informe del órgano competente para el asesoramiento jurídico o a la solicitud del Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, en el caso que éstos formaran parte del procedimiento. Será independiente de la solicitud del informe del órgano competente para el asesoramiento jurídico o a la solicitud del Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, en el caso que éstos formaran parte del procedimiento. Ninguna es cierta.
¿En qué plazo podrán los interesados alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes en el trámite de audiencia? a) En un plazo no superior a 15 días. b) En un plazo no inferior a 15 días. c) En un plazo no inferior a 10 días. d) Las respuestas a) y c) son correctas.
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