¿A qué tendrán derecho los particulares con respecto a los Principios de responsabilidad? A ser indemnizados por las Administraciones Privadas correspondientes, de todo accidente que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos.
A ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes.
A ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus derechos.
A ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos.
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¿La lesión en el caso de que los particulares tengan derecho a ser indemnizados cómo deberá ser? Debe ser consecuencia del funcionamiento normal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con el reglamento.
Debe ser consecuencia del funcionamiento normal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.
Debe ser consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.
Debe ser consecuencia del funcionamiento anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.
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¿Qué supone la anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o disposiciones administrativas? Presupone, por sí misma, derecho a la no indemnización.
No presupone, por sí misma, derecho a la no indemnización.
No presupone, por sí misma, derecho a la indemnización.
Presupone, por sí misma, derecho a la indemnización.
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¿Cómo ha de ser el daño alegado? Habrá de ser efectivo, evaluable económicamente y general con relación a un grupo de personas.
Habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a un grupo de personas.
Habrá de ser efectivo, evaluable económicamente y general con relación a una persona o grupo de personas.
Habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.
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Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas: De toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia de la aplicación de normas de naturaleza expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que en ellos se especifiquen.
De toda lesión que sufran en sus derechos como consecuencia de la aplicación de actos legislativos de naturaleza expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que en ellos se especifiquen.
De toda lesión que sufran en sus bienes como consecuencia de la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que en ellos se especifiquen.
De toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia de la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que en ellos se especifiquen.
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La responsabilidad del Estado legislador podrá surgir también en el siguiente supuesto: Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, siempre que concurran los siguientes requisitos: cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada.
Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma con rango de ley declarada constitucional, siempre que concurran los siguientes requisitos: cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada.
Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, siempre que concurran los siguientes requisitos: cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia sentencia firme estimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada.
Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma con rango de ley declarada constitucional, siempre que concurran los siguientes requisitos: cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia sentencia firme estimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada.
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La responsabilidad del Estado legislador podrá surgir también en el siguiente supuesto: Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma contraria al Derecho de la Unión Comunitaria de acuerdo con una serie de requisitos.
Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma contraria al Derecho de la Unión Europea de acuerdo con una serie de requisitos.
Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma contraria al Derecho Administrativo de acuerdo con una serie de requisitos.
Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma contraria al Derecho de la Unión Europea y Administrativa de acuerdo con una serie de requisitos.
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Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma declarada contraria al Derecho de la Unión Europea, procederá su indemnización cuando: El particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño siempre que se hubiera alegado la infracción del Derecho de la Unión Europea posteriormente declarada y cumpliendo una serie de requisitos.
El particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme estimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño siempre que se hubiera alegado la infracción del Derecho de la Unión Europea posteriormente declarada y cumpliendo una serie de requisitos.
El particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación resolutiva que ocasionó el daño siempre que se hubiera alegado la infracción del Derecho de la Unión Europea posteriormente declarada y cumpliendo una serie de requisitos.
El particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme estimatoria de un recurso contra la actuación resolutiva que ocasionó el daño siempre que se hubiera alegado la infracción del Derecho de la Unión Europea posteriormente declarada y cumpliendo una serie de requisitos.
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La responsabilidad del Estado legislador podrá surgir cuando los daños deriven de la aplicación de una norma contraria al Derecho de la Unión Europea y cumpliendo los siguientes requisitos: La norma ha de tener por objeto conferir derecho a los particulares, el incumplimiento ha de estar suficientemente caracterizado y de existir una relación de causalidad directa entre el cumplimiento de la obligación impuesta a la Administración responsable por el Derecho de la Unión Europea y el daño sufrido por los particulares.
La norma ha de tener por objeto conferir derecho a los particulares, el cumplimiento ha de estar suficientemente caracterizado y de existir una relación de causalidad directa entre el incumplimiento de la obligación impuesta a la Administración responsable por el Derecho de la Unión Europea y el daño sufrido por los particulares.
La norma ha de tener por objeto conferir derecho a los particulares, el incumplimiento ha de estar suficientemente caracterizado y de existir una relación de causalidad directa entre el incumplimiento de la obligación impuesta a la Administración responsable por el Derecho de la Unión Europea y el daño sufrido por los particulares.
Ninguna es correcta.
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La sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o declare el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea cuándo producirá efectos: Desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Estado o en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Desde la fecha de su publicación en el Diario de la Comunidad Autónoma correspondiente.
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¿Por qué ley se regirá la responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia? Por la Ley Orgánica 5/1985, de 1 de Junio, del Poder Judicial.
Por la Ley Orgánica 5/1985, de 1 de Julio, del Poder Judicial.
Por la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de Julio, del Poder Judicial.
Por la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de Junio, del Poder Judicial.
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¿Quién fijara el importe de las indemnizaciones que proceda abonar cuando el Tribunal Constitucional haya declarado, a instancia de parte interesada, la existencia de un funcionamiento anormal en la tramitación de los recursos de amparo o de las cuestiones de inconstitucionalidad? El Consejo de Ministros.
Los Ministros.
La Administración correspondiente.
Ninguna es correcta.
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El Consejo de Ministros fijará el importe de las indemnizaciones que proceda abonar cuando: El Tribunal Constitucional haya declarado, a instancia de parte interesada, la existencia de un funcionamiento anormal en la tramitación de los recursos de amparo o de las cuestiones de inconstitucionalidad.
El Tribunal Constitucional haya declarado, a instancia de parte, la existencia de un funcionamiento anormal en la tramitación de los recursos de amparo o de las cuestiones de inconstitucionalidad.
El Tribunal Constitucional haya declarado, a instancia de parte interesada, la existencia de un funcionamiento normal en la tramitación de los recursos de amparo o de las cuestiones de inconstitucionalidad.
El Tribunal Constitucional haya declarado, a instancia de parte, la existencia de un funcionamiento normal en la tramitación de los recursos de amparo o de las cuestiones de inconstitucionalidad.
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¿Por quién se tramitará el procedimiento para fijar el importe de las indemnizaciones? Por el Ministerio de Justicia, con audiencia al Consejo de Estado.
Por el Consejo de Ministros.
Por el Ministerio de Justicia.
Por el Consejo de Estado.
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¿Para qué se seguirá el procedimiento previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas? Para determinar la responsabilidad de las Administraciones Públicas por los daños y perjuicios causados a terceros durante la ejecución de los contratos cuando sean consecuencia de una orden inmediata y directa de la Aministración o de los vicios del proyecto elaborado por ella misma.
Para determinar la responsabilidad de las Administraciones Públicas por los daños causados a terceros durante la ejecución de los contratos cuando sean consecuencia de una orden inmediata y directa de la Aministración o de los vicios del proyecto elaborado por ella misma.
Para determinar la responsabilidad de las Administraciones Públicas por los perjuicios causados a terceros durante la ejecución de los contratos cuando sean consecuencia de una orden inmediata y directa de la Aministración o de los vicios del proyecto elaborado por ella misma.
Para determinar la responsabilidad de las Administraciones Públicas por los daños y perjuicios causados a terceros durante la realización de los contratos cuando sean consecuencia de una orden inmediata y directa de la Aministración o de los vicios del proyecto elaborado por ella misma.
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La Ley de Procedimiento Administrativo Común se tendrá en cuenta para determinar responsabilidades por los daños y perjuicios causados a terceros durante la ejecución de contratos, sin perjuicio de las especialidades que, en su caso establezca: El Real Decreto Legislativo 2/2011 de 13 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
El Real Decreto Legislativo 2/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
El Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
El Real Decreto Legislativo 3/2011 de 13 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
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