Test lrjap-pac

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Título del test:
Test lrjap-pac

Descripción:
Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

Autor:
Rubio

Fecha de Creación:
08/04/2008

Categoría:
Otros
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Los actos administrativos dictados por delegación se consideran dictados por el órgano: Delegado. Delegante. Superior jerárquico del delegante.
Según lo establecido en el punto 2 del artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre: La encomienda de gestión supone cesión de titularidad de la competencia y de los elementos sustantivos de su ejercicio. La encomienda de gestión no supone cesión de titularidad de la competencia, pero sí de los elementos sustantivos de su ejercicio. La encomienda de gestión no supone cesión de titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio.
Según el artículo 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes, o del dictamen de órganos consultivos: Deberán ser motivados. Serán anulables. Son válidos salvo que se aparten de la figura del precedente que así esté reconocida en dos a más sentencias.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 57 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre con respecto a los efectos de los actos administrativos: Podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en modificación de otros. Se otorgará siempre eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados, y, asimismo, cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas. Podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados, y, asimismo, cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas.
El apartado 6 del artículo 59 de la Ley 30/1992, establece que "La publicación, en los términos del artículo siguiente, sustituirá a la notificación surtiendo sus mismos efectos en los siguientes casos": Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas o cuando la Administración estime que la notificación efectuada a un solo interesado es insuficiente para garantizar la notificación a todos, siendo, en este último caso, adicional a la notificación efectuada. Cuando se trata de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de cualquier tipo. En este caso, la convocatoria del procedimiento deberá indicar el tablón de anuncios o medios de comunicación donde se efectuarán las sucesivas publicaciones, careciendo de validez las que se lleven a cabo en lugares distintos. Las otras dos respuestas son correctas.
De acuerdo con el artículo 103 de la Ley 30/1992, "Las Administraciones públicas podrán declarar lesivos para el interés público los actos favorables para los interesados que sean anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 63 de esta Ley, a fin de proceder a su ulterior...": Impugnación ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Impugnación ante el orden jurisdiccional que corresponda según la materia. Rectificación y convalidación.
Según el artículo 72 de la Ley 30/1992, iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para resolverlo podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte, para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio para ello: Las medidas oportunas que se consideren. Las medidas provisionales que estime oportunas. Las medidas que correspondan.
Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, incluso las que se refieran a la nulidad de actuaciones, dispone el artículo 77: Podrán suspender la tramitación del mismo sea cual sea la cuestión. No suspenderán la tramitación del mismo salvo la abstención. No suspenderán la tramitación del mismo, salvo la recusación.
La ejecución forzosa por las Administraciones Públicas se efectuará, respetando siempre el principio de proporcionalidad, por los siguientes medios: Ejecución subsidiaria. Apremio sobre el patrimonio. Ambas son ciertas.
El artículo 127 de la Ley 30/1992 establece que: "El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida..." Por disposición de rango legal. Por disposición de rango reglamentario. Ambas son correctas.
En el punto 1 del artículo 132, se establece que: Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan. Si éstas no fijan plazos de prescripción, las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año. Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan. Si éstas no fijan plazos de prescripción, las infracciones muy graves prescribirán a los cuatro años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los cuatro años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año. Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes o reglamentos que las establezcan.
Según el artículo 117 de la Ley 30/1992, de qué plazo se dispone para interponer un recurso de reposición: Dos meses si el acto fuera expreso. Un mes si el acto fuera expreso. Quince días si el acto fuera expreso.
Qué título y capítulo de la Ley 30/1992 regula los recursos administrativos: Título I, capítulo III. Título II, capítulo II. Título VII, capítulo II.
La resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial: Pone fin a la vía administrativa. No pone fin a la vía administrativa. Pone fin a la vía administrativa sólo en los procedimientos abreviados.
Según el artículo 113, la resolución de un recurso administrativo: Estimará en todo o en parte las pretensiones formuladas en el mismo. Estimará en todo o en parte, o desestimará las pretensiones formuladas en el mismo. Estimará en todo o en parte, o desestimará las pretensiones formuladas en el mismo, o declarará su inadmisión.
La Ley 30/1992 dispone que el recurso de alzada podrá interponerse ante: El órgano competente para resolverlo. El órgano que dictó el acto que se impugna, o ante el competente para resolverlo. El órgano superior jerárquico del que dictó el acto impugnado.
Según el artículo 143, el plazo para resolver un procedimiento abreviado de responsabilidad patrimonial es de: Un mes. 30 días. 20 días.
En materia de responsabilidad patrimonial, ¿qué día deberá tomarse de referencia para el cálculo de la cuantía de la indemnización?: El día en que la lesión efectivamente se produjo. El día que se dictó resolución. El día en que presentó la solicitud el interesado.
Según el principio de inderogabilidad singular de los reglamentos recogido en la Ley 30/1992: Las resoluciones administrativas de carácter particular podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas tengan igual o superior rango a éstas. Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecidoen una disposición de carácter general, aunque aquéllas tengan igual o superior rango a éstas. La citada ley no recoge dicha cuestión en ningún precepto.
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