En relación al derecho a la protección frente a los riesgos laborales recogido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre: El empresario desarrollará una acción temporal de seguimiento de la actividad preventiva para los riesgos que no se hayan podido evitar El coste de las medidas relativas a la seguridad y salud en el trabajo no deberá recaer en modo alguno sobre el empresario Es un deber de las Administracion Públicas una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores frente a los riesgos laborales, respecto del personal a su servicio El concierto con entidades especializadas para el desarrollo de actividades de prevención eximen al empresario del cumplimiento del deber de protección de los trabajadores.
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en su artículo 15, establece los principios de la acción preventiva. Señale cuál de las siguientes respuestas no es correcta: Tener en cuenta la evolución de la técnica. Combatir los riesgos en su origen. Evaluar los riesgos que no se pueden evitar. Adoptar medidas que antepongan la protección individual a la colectiva.
Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, el empresario deberá realizar una evaluación inicial de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores teniendo en cuenta: Las características de los puestos de trabajo existentes y de los trabajadores que deban desempeñarlos. La elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados químicos. El acondicionamiento de los lugares de trabajo. Todas son correctas. .
Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la seguridad y salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que: La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización. Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por todos los trabajadores. Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por el coordinador de seguridad y salud. Ninguna es correcta.
Respecto a la información, consulta y participación de los trabajadores, según la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales: Los trabajadores tienen la obligación de efectuar propuestas al empresario dirigidas a la mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud de la empresa. El empresario deberá asumir todas las iniciativas que los trabajadores tengan respecto la prevención de riesgos laborales. En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, no es necesario informar directamente a cada trabajador de los riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo. El empresario deberá consultar a los trabajadores, y permitir su participación, en el marco de todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo.
Según la Ley 31/1995, 8 de noviembre, la formación del trabajador en materia preventiva deberá impartirse: Siempre, dentro de la jornada de trabajo. Repartiendo proporcionalmente el coste de la formación en materia de prevención entre el empresario y el trabajador. Se impartirá únicamente a los trabajadores con contrato indefinido. Su coste no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores. .
Según la Ley 31/1995, 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo, el empresario está obligado a: Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que los trabajadores no abandonen de inmediato el lugar de trabajo. Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de dicho riesgo y de las medidas adoptadas o que, en su caso, deban adoptarse en materia de protección. A sancionar a los trabajadores o sus representantes en caso de haber obrado de buena fe o cometido negligencia leve en la adopción de medidas. Exigir a los trabajadores que reanuden su actividad, aún persistiendo el peligro, salvo excepción debidamente justificada por razones de seguridad y determina reglamentariamente. .
Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, cuando el empresario no adopte o no permita la adopción de las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores: Cualquier representante legal de los trabajadores podrá decidir la paralización de la actividad de los trabajadores afectados por el riesgo grave e inminente. Los representantes legales de los trabajadores deberán comunicar a la Autoridad Laboral la situación de riesgo grave e inminente para que esta adopte, en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas, las medidas oportunas. Los representantes legales de los trabajadores podrán acordar, por mayoría de sus miembros, la paralización de la actividad de los trabajadores afectados por dicho riesgo. Los trabajadores afectados deberán presentar demanda por el incumplimiento del empresario ante el Juzgado de los contencioso-administrativo.
Dispone el artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales respecto a la vigilancia de la salud: El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud, con independencia de los riesgos inherentes al trabajo. Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento, sin excepciones. Los resultados de dicha vigilancia serán comunicados únicamente al médico facultativo. Los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores no podrán ser usados con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador. .
Según la Ley 31/1995. de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, el empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la siguiente documentación: Plan de prevención de riesgos laborales conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 16 de esta Ley. Evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud, sin incluir el resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajos. Relación de accidentes de trabajo y enfermedades comunes que hayan causado al trabajador una incapacidad laboral superior a tres días de trabajo. Ninguna es correcta.
En relación a la protección de los trabajadores, según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales: Los trabajadores no serán empleados en aquellos puestos de trabajo en los que, a causa de sus características personales, estado biológico o por su discapacidad física, psíquica o sensorial debidamente reconocida, puedan ponerse en situación de peligro. El empresario deberá tener en cuenta en las evaluaciones, los factores de riesgo que puedan incidir en la función de procreación de los trabajadores y trabajadores. El empresario deberá efectuar una evaluación de los puestos de trabajo a desempeñar por los jóvenes menores de dieciocho años, antes de la incorporación de éstos al trabajo. Todas son correctas. .
Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, las trabajadoras embarazadas: No tienen ninguna consideración especial en materia de prevención de riesgos laborales. Tendrán derecho a ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, previo aviso al empresario y justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo. En cualquier caso, dichas trabajadoras deberán desempeñar un puesto de trabajo o función diferente y compatible con su estado. Podrá ser destinada a un puesto no correspondiente a su grupo o categoría equivalente. No conservará el derecho al conjunto de retribuciones de su puesto de origen.
Según la Ley 31/1995, de 8 noviembre, los trabajadores con relaciones de trabajo temporales, de duración determinada y de empresas de trabajo temporal: Tienen derecho a una diferencia de trato respecto a sus condiciones de trabajo en lo relativo a la protección de la seguridad y salud de los trabajadores. Tendrán derecho a una vigilancia periódica de su estado de salud, en los términos establecidos en el artículo 22 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre y en sus normas de desarrollo. El empresario adoptará las medidas necesarias para garantizar que, con carácter posterior al inicio de su actividad, dichos trabajadores reciben información acerca de los riesgos específicos del puesto de trabajo a cubrir. Ninguna es correcta.
Según el artículo 29 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, no es obligación del trabajador en materia de prevención de riesgos: Velar por su propia seguridad y salud en el trabajo, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención. Adquirir los medios y equipos de protección necesarios para su seguridad. Velar por la seguridad y salud de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional. Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.
La información asistencial que se ha de proporcionar a cada paciente ha de comprender como mínimo, según la Ley 41/2002, de 14 de noviembre: La relación de personal que existe a su disposición en el centro asistencial. La finalidad y la naturaleza de cada intervención, sus riesgos y sus consecuencias. Los derechos que tiene cada paciente en su relación con los demás. El listado de actuaciones posibles a practicar. .
¿Según la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, quién garantiza el derecho a la información asistencial del paciente? Los profesionales que le atienden durante el proceso asistencial. Los profesionales que apliquen al paciente una técnica o un procedimiento concreto. El médico responsable del paciente. Todas son correctas.
Según la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, cuando el paciente manifieste expresamente su voluntad de no ser informado: Se le proporcionará una información completa. Se le informará, de todas formas. Se respetará su voluntad de no ser informado. No se podrá respetar su voluntad, puesto que es una obligación, además de un derecho.
La información clínica, según la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente: Ayudará al paciente a tomar decisiones de acuerdo con la voluntad del médico. Forma parte de algunas de las actuaciones asistenciales. Se comunicará al paciente de forma comprensible y adecuada a sus necesidades. Como regla general, se proporcionará por escrito al paciente dejando constancia en su historia. .
Según la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, la información asistencial se proporcionará al paciente, como regla general: Por escrito, dejando constancia de la información proporcionada en la historia clínica. Por cualquier medio que permita tener constancia de la información facilitada. Al paciente y a las personas vinculadas a él exclusivamente por razones familiares. Se proporcionará verbalmente dejando constancia en la historia clínica. .
¿Quién es el titular del derecho a la información asistencial según la Ley 41/2002, de 14 de noviembre? El paciente y las personas vinculadas a él, por razones familiares o de hecho. El paciente, y en la medida en que éste lo permita, de manera expresa o tácita, también serán informadas las personas vinculadas a él, por razones familiares o de hecho. El paciente, en caso de incapacidad, no será informado. El paciente y aunque no lo permita, de manera expresa o tácita, también serán informadas, las personas vinculadas a él, por razones familiares o de hecho.
Según la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, cuando el paciente, según el criterio del médico que le asiste, carezca de capacidad para entender la información, a causa de su estado físico o psíquico, la información se pondrá en conocimiento de: En este supuesto no existe la obligación de proporcionar información. La información se pondrá en conocimiento exclusivamente del equipo asistencial que atienda al paciente. Se comunicará al director del centro sanitario donde se esté interviniendo al paciente. Las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho. .
¿Cuándo puede limitarse el derecho a la información sanitaria de los pacientes, según la Ley 41/2002, de 14 de noviembre? El derecho a la información sanitaria de los pacientes puede limitarse por la existencia acreditada de un estado de necesidad terapéutica. Nunca. El derecho a la información sanitaria de los pacientes puede limitarse bajo prescripción subjetiva médica. En momentos de necesidad del personal en el centro asistencial en el que se encuentre el paciente. .
Según la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, se entenderá necesidad terapéutica: La facultad del paciente o usuario de optar libre y voluntariamente, entre dos o más alternativas asistenciales, entre varios facultativos o entre centros asistenciales, en los términos y condiciones que establezcan los servicios de salud, competentes en cada caso. La facultad del médico para actuar profesionalmente sin informar antes al paciente, cuando por razones subjetivas el conocimiento de su propia situación pueda perjudicar su salud de manera grave. La facultad del médico de optar libre y voluntariamente entre dos o más alternativas asistenciales, en los términos y condiciones que establezcan los servicios de salud competentes. La facultad del médico para actuar profesionalmente sin informar antes al paciente, cuando por razones objetivas el conocimiento de su propia situación pueda perjudicar su salud de manera grave. .
Según se establece en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, el paciente en caso de incapacidad: No podrá ser informado, por lo que se cumplirá con el deber, informando al representante legal del incapacitado. Será informado de un modo adecuado a sus posibilidades de comprensión, informando también a su representante legal. No podrá ser informado, por lo que se cumplirá con el deber, informando a los familiares del incapacitado y a su representante legal. Será informado de un modo adecuado a sus posibilidades de comprensión, cumpliendo con el deber de informar a los familiares del incapacitado. .
En virtud de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, los ciudadanos tienen derecho a conocer los problemas sanitarios de la colectividad, cuando impliquen un riesgo para la salud pública o para su salud individual dentro de su derecho a la: Información asistencial. Información epidemiológica. Información colectiva. Información confidencial. .
Según la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, los ciudadanos tienen derecho a conocer los problemas sanitarios de la colectividad: Cuando impliquen un riesgo para su salud individual. Cuando impliquen un riesgo para la salud pública. Tal información deberá difundirse en términos verdades, comprensibles y adecuados para la protección de la salud. Todas son correctas. .
Según el artículo 7 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, "toda persona tiene derecho a que se respete el carácter confidencial de los datos referentes a su salud, y a que nadie pueda acceder a ellos in previa autorización amparada por la Ley" ¿A qué derecho se refiere? Derecho a la información sanitaria. Derecho a la información asistencial. Derecho a la intimidad. Derecho a la confidencialidad. .
Según la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, para garantizar el derecho a que se respete el carácter confidencial de los datos referentes a la salud de los pacientes, adoptarán las medidas oportunas: El Director Gerente del Hospital. El Consejero de Sanidad. Los centros sanitarios. La Secretaría General Técnica de la Dirección General de Programas Asistenciales. .
El Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud: Tiene por objeto establecer las bases reguladoras de la relación funcionarial especial del personal estatutario de los servicios de salud. Es aplicable al personal estatutario que desempeña su función en los centros e instituciones sanitarias de los servicios de salud de las comunidades autónomas. Es aplicable al personal estatutario que desempeña su función en los centros y servicios sanitarios de la Administración General del Estado. Todas son correctas. .
Según se dispone en el artículo 4 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatuario de los servicios de salud, sobre principios y criterios de ordenación del régimen estatutario, la ordenación del régimen del personal estatutario de los servicios de salud se rige por los siguientes principios y criterios (señalar la respuesta incorrecta) Sometimiento pleno a la ley y al derecho. Estabilidad en el empleo y en el mantenimiento de la condición de personal estatutario fijo. Igualdad, mérito, capacidad y publicidad en el acceso a la condición del personal laboral. Responsabilidad en el ejercicio profesional y objetividad como garantías de la competencia e imparcialidad en el desempeño de las funciones. .
¿Por cuál de los siguiente principios y criterios, según se dispone en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, no se rige la ordenación del régimen del personal estatutario? Dedicación prioritaria al servicio público y transparencia de los intereses y actividades privadas como garantía de dicha preferencia. Planificación eficiente de las necesidades de recursos y programación periódica de las convocatorias. Coordinación, cooperación y mutua información entre las Administraciones sanitarias públicas. Limitación en la circulación del personal estatutario en el conjunto del Sistema Nacional de Salud. .
El personal estatutario de los servicios de salud se clasifica, según el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, atendiendo a: La función desarrollada. El nivel del título exigido para el ingreso. El tipo de su nombramiento. Todas son correctas. .
Según la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal de los servicios de salud, atendiendo al nivel de estudios exigido para el ingreso, el personal estatutario sanitario se clasifica en: Personal de formación universitaria y personal de formación profesional. Personal de formación universitaria, personal de formación profesional y otro personal. Personal estatutario fijo y personal estatutario temporal. Personal estatutario sanitario y personal estatutario de gestión y servicios. .
Según la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, se acordará el cese del personal estatutario fijo: Por la finalización del plazo establecido y recogido expresamente en el nombramiento. Por la finalización de la causa que originó el nombramiento. Por razones de carácter organizativo que den lugar a la supresión o amortización de la laza o puesto ocupado. Ninguna es correcta. .
¿Según la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud en qué supuestos y condiciones se pueden nombrar estatutarios interinos? Existencia de plaza vacante, cuando no sea posible su cobertura por personal estatutario fijo, durante un plazo máximo de dos años. Ejecución de programas de carácter temporal, que deberán especificar sus fechas de inicio y de finalización y que no podrán tener una duración superior a tres años. Exceso o acumulación de tareas, detallándose las mismas, concretando la fecha de inicio y fin del nombramiento, por un plazo máximo de seis meses, dentro de un período de doce meses. Ninguna es correcta. .
Según la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, se acordará el cese del personal estatutario sustituto, entre otros motivos: Por razones de carácter organizativo que den lugar a la supresión o amortización de la plaza o puesto ocupado. Por la cobertura de la plaza que desempeñe por personal estatutario fijo a través de cualquiera de los procedimientos legalmente establecidos. Por la finalización de la causa que originó el nombramiento. Ninguna es correcta. .
Según la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, ¿Qué tipo de nombramiento se realizará para la cobertura de vacaciones y demás ausencias de carácter temporal que comporten la reserva de la plaza? Nombramientos de interinidad. Nombramientos de carácter eventual. Nombramientos de sustitución. Para la cobertura de vacaciones y demás ausencias se contrata personal laboral. .
Según la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, entre las medidas dirigidas al control de temporalidad: Las actuaciones irregulares en materia de nombramiento de personal estatutario, temporal y sustituto no dará lugar en ningún caso a exigencia de responsabilidades. Las administraciones sanitarias serán responsables del cumplimiento de las previsiones contenidas en el Estatuto Marco y, en especial, velarán por evitar cualquier tipo de irregularidad en el nombramiento del personal estatutario temporal y sustituto. El incumplimiento del plazo máximo de permanencia dará lugar a una compensación económica para el personal estatutario temporal afectado, que será equivalente a treinta y cinco días de sus retribuciones fijas por año de servicio. Todas son correctas. .
No tiene la consideración de derecho individual del personal estatutario de los Servicios de Salud: La formación continuada adecuada a la función desempeñada y al reconocimiento de su cualificación profesional en relación a dichas funciones. La libre sindicación. El ser informado de las funciones, tareas, cometidos, programación funcional y objetivos asignados a su unidad, centro o institución. La acción social en los términos y ámbitos subjetivos que se determinen en las normas, acuerdos o convenios aplicables.
El personal estatutario de los servicios de salud ostenta los siguientes derechos individuales, según el artículo 17 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre: A la no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, orientación e identidad sexual, expresión de género, características sexuales o cualquier otra condición o circunstancia. Al encuadramiento en el Régimen Especial de la Seguridad Social, con los derechos y obligaciones que de ello se deriven. A la movilidad forzosa, promoción interna y desarrollo personal en la forma en que prevean las disposiciones en cada caso aplicables. A la jubilación obligatoria al cumplir los setenta y cinco años de edad. .
Según dispone la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, por la que se aprueba el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, el personal estatutario ostenta el siguiente derecho individual: A disponer de servicios de prevención y de órganos representativos en materia de seguridad laboral. A la huelga, garantizándose en todo caso el mantenimiento de los servicios que resulten esenciales para la atención sanitaria a la población. Utilizar medios, instrumental e instalaciones de los servicios de salud en beneficio del paciente, con criterios de eficiencia, y evitar su uso ilegítimo en beneficio propio o de terceras personal. A la movilidad voluntaria, promoción interna y desarrollo profesional, en la forma en que prevean las disposiciones en cada caso aplicables. .
¿ Cuál de los siguientes no es un derecho colectivo establecido en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco de personal estatutario de los servicios de salud? Recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, así como sobre riesgos generales en el centro sanitario o derivados del trabajo habitual. Disponer de servicios de prevención y de órganos representativos en materia de seguridad laboral. La libre sindicación. Reunión. .
Según el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, ¿qué se entiende por personal nocturno? El que realiza normalmente, durante el período nocturno, una parte no inferior a 4 horas de su tiempo de trabajo diario. El que realiza durante el periodo nocturno un tercio de su tiempo de trabajo semestral. El que realiza normalmente, durante el periodo nocturno, una parte no inferior a 3 horas de su tiempo de trabajo diario. El que realiza en periodo nocturno una cuarta parte de su tiempo de trabajo anual. .
El periodo nocturno recogido en la Ley 55/2003, 16 de diciembre: Tendrá una duración mínima de siete horas. Incluirá necesariamente el periodo comprendido entre las cero y las cinco horas de cada día natural. Se considerará período nocturno, en ausencia de su definición, el comprendido entre las 23 horas y las seis horas del día siguiente. Todas son correctas. .
Según la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, la jornada ordinaria en los centros sanitarios: Se determinará en las normas, pactos o acuerdos, según en cada caso resulte procedente. No podrá establecerse una distribución irregular de la jornada a lo largo del año. Siempre se fijará por orden del director del centro correspondiente. Nunca el tiempo de trabajo correspondiente a la jornada ordinaria excederá de 10 horas ininterrumpidas. .
Según la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, cuando se trate de la prestación de servicios de atención continuada y con el fin de garantizar la adecuada atención permanente al usuario de los centros sanitarios, el personal de determinadas categorías o unidades de los mismos desarrollará una jornada que será: Extraordinaria. Ordinaria. Especial. Complementaria. .
Según el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, siempre que la duración de una jornada exceda de seis horas continuadas, deberá establecerse un período de descanso durante la misma: De 15 minutos de duración. De duración no inferior a 15 minutos. No es obligatorio establecer dicho descanso. De duración no inferior a 15 minutos y el momento de disfrute de este período se establecerá a mitad de la jornada diaria. .
Según el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, anualmente el personal estatutario tendrá derecho a una vacación retribuida: Que podrá ser sustituida, en todo caso, por una compensación económica. El período o períodos de disfrute de la vacación semanal se fijará conforme a lo que prevea al respecto la programación funcional del correspondiente centro. Cuya duración no será inferior a 30 días naturales, o al tiempo que proporcionalmente corresponda en función del tiempo de servicios. Todas son correctas. .
Según el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, los nombramientos de personal estatutario a tiempo parcial: Podrán expedirse en el porcentaje, días y horario que, en cada caso y atendiendo a las circunstancias organizativas, funcionales y asistenciales, se determine. Se aplican exclusivamente en los supuestos de reducciones de jornada, para la conciliación de la vida familiar y laboral. Sólo están previstos para personal estatutario temporal. Están prohibidos expresamente. .
Según el artículo 61 del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, el personal estatutario tendrá derecho a disfrutar del régimen de fiestas y permisos que se establezca: En el ámbito de cada servicio autonómico de salud. En el ámbito del Sistema Nacional de Salud. En el ámbito de cada centro o establecimiento sanitario. En el ámbito de cada una de las comunidades autónomas.
El régimen general de situaciones del personal fijo, según el artículo 62 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, comprende las siguientes: Servicios especiales Servicios bajo otro régimen jurídico Suspensión de funciones Todas son situaciones del personal estatutario.
Según el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, cuando el personal estatutario preste los servicios correspondientes a su nombramiento como tal, o cuando desempeñe funciones de gestión clínica, cualquiera que sea el servicio de salud, institución o centro en el que se encuentre destinado, así como cuando desempeñe puesto de trabajo de las relaciones de puestos de las Administraciones públicas abierto al personal estatutario, se hallará en: Servicios bajo otro régimen jurídico Servicios específicos Servicio activo Servicios especiales.
Según el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, procederá declarar al personal estatutario en excedencia por prestación de servicios en el sector público: Cuando hayan obtenido la oportuna autorización de compatibilidad para prestar servicios en otra categoría de personal estatutario, como funcionario o como personal laboral, en cualquiera de las Administraciones públicas. Cuando presten servicios en organismos públicos y no les corresponda quedar en otra situación. El personal estatutario excedente por prestación de servicios en el sector público devengará retribuciones, y el tiempo de permanencia en esta situación no les será reconocido a efectos de trienio y carrera profesional, en su caso, cuando reingresen al servicio pasivo. La excedencia por prestación de servicios en el sector público no está comprendida entre las situaciones del personal estatutario. .
En relación a la excedencia voluntaria por interés particular recogida en el artículo 67 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre: Deberá solicitar la excedencia voluntaria por interés particular quién esté sometido a un expediente disciplinario. Para obtener el pase a esta situación será preciso haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante los tres años inmediatamente anteriores. El tiempo mínimo de permanencia en la situación de excedencia voluntaria será de tres años. La concesión de la excedencia voluntaria por interés particular quedará subordinada a las necesidades del servicio, debiendo motivarse, en su caso su denegación. .
Según el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, el personal declarado en la situación de suspensión firme: Conserva durante el tiempo de permanencia en la misma el ejercicio de sus funciones y de todos los derechos inherentes a su condición. La suspensión firme se impondrá exclusivamente en virtud de sentencia dictada en causa criminal. La suspensión firme determinará la pérdida del puesto de trabajo cuando exceda de seis meses. El personal declarado en la situación de suspensión firme de funciones podrá prestar servicios en otra Administración Pública. .
Según el artículo 68 del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud la suspensión firme por sanción disciplinaria no podrá exceder de: Seis años Seis meses Seis semanas Tres años.
Según el artículo 20 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, la adquisición de la condición de personal estatutario fijo se adquiere por el cumplimiento sucesivo de los siguientes requisitos (señalar la incorrecta): Superación de las pruebas de selección. Nombramiento conferido por el órgano competente. Incorporación, previo incumplimiento de los requisitos formales en cada caso establecidos,, a una plaza del servicio, institución o centro que corresponda en el plazo indeterminado en la convocataria. Incorporación, previo incumplimiento de los requisitos formales en cada caso establecidos,, a una plaza del servicio, institución o centro que corresponda en el plazo determinado en la convocatoria. .
Según se regula en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, no es causa de extinción de la condición de personal estatutario fijo: La jubilación La renuncia La pérdida de la nacionalidad tomada en consideración para el nombramiento La incapacidad temporal.
Según se regula en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, la renuncia a la condición de personal estatutario tiene el carácter de acto voluntario y deberá ser solicitada por el interesado con una antelación mínima de: 15 días a la fecha en que se desee hacer efectiva. 1 mes a la fecha en que se desee hacer efectiva. 2 meses a la fecha en que se desee hacer efectiva. 1 semana a la fecha en que se desee hacer efectiva. .
Según se regula en el artículo 24 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, la sanción de separación del servicio: La sanción disciplinaria de separación del servicio, de carácter provisional, supone la pérdida de la condición de personal estatutario. La sanción disciplinaria de separación del servicio, cuando adquiera carácter firme, nunca puede suponer la pérdida de la condición de personal estatutario. La sanción disciplinaria de separación del servicio, cuando adquiera carácter firme, supone la pérdida de la condición de personal estatutario. Ninguna es correcta. .
Según se regula en el artículo 26 de la Ley 55/2003, 16 de diciembre, procederá la prórroga en el servicio activo del personal estatutario: De oficio, cuando, en el momento de cumplir la edad de jubilación forzosa, le resten seis años o menos de cotización para causar pensión de jubilación. A instancia del interesado, cuando, en el momento de cumplir la edad de jubilación forzosa, le resten seis años o menos de cotización para causar pensión de jubilación. De oficio, cuando, en el momento de cumplir la edad de jubilación forzosa, le resten ocho años o menos de cotización para causar pensión de jubilación. A instancia del interesado, cuando, en el momento de cumplir la edad de jubilación forzosa, le resten ocho años o menos de cotización para causar pensión de jubilación. .
Según se establece en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, no es causa de pérdida de la condición de personal estatutario fijo: La incapacidad permanente total para la profesión habitual. La incapacidad absoluta para todo trabajo. La gran invalidez. Ninguna es correcta. .
Según se regula en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, se producirá la recuperación de la condición de personal estatutario fijo: En ningún aso se puede recuperar la condición de personal estatuario fijo, salvo por superación de las pruebas de selección de un nuevo proceso selectivo. Cuando se revisa la incapacidad temporal. En el caso de pérdida de la condición de personalestatuario como consecuencia de pérdida de la nacionalidad, el interesado podrá recuperar dicha condición con una declaración responsable. Procederá también la recuperación de la condición de personal estatutario cuando se hubiera perdido como consecuencia de incapacidad, si ésta es revisada conforme a las normas reguladoras del Régimen General de la Seguridad Social. .
Según se regula en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, la provisión de plazas del personal estatutario se regirá por los siguientes principios básicos: Igualdad, mérito, incapacidad y publicidad en la selección, promoción y movilidad del personal de los servicios de salud. Planificación deficiente de las necesidades de recursos y programación cada 5 años de las convocatorias. Coordinación, cooperación y mutua información entre las Administraciones sanitarias públicas . Movilidad del personal en el conjunto del Sistema Internacional de Salud. .
Según se regula en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, las convocatorias de selección y sus bases vinculan a: Exclusivamente a los tribunales encargados de juzgar las pruebas. A los tribunales encargados de juzgar las pruebas, pero también a la Administración. Vinculan a la Administración, a los tribunales de juzgar las pruebas y a quienes participen en las mismas. No vinculan a los participantes. .
De acuerdo con lo establecido en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, por la que se aprueba el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, la seleción de personal estatutario fijo se efectuará: La selección del personal estatutario fijo se efectuará siempre por concurso-oposición. Cuando las peculiaridades de las tareas específicas a desarrollar o el nivel de cualificación requerida así lo aconsejen, la selección podrá realizarse por el sistema de concurso. Cuando las peculiaridades de las tareas específicas a desarrollar o el nivel de cualificación requerida así lo aconsejen, la selección no podrá realizarse por el sistema de concurso. Ninguna es correcta. .
La carrera profesional recogida en el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud: Supondrá el derecho de los profesionales a progresar, de forma individualizada, como reconocimiento a su desarrollo profesional en cuanto a conocimientos, experiencia y cumplimiento de los objetivos de la organización a la cual prestan servicios. Supondrá el derecho de los profesionales a progresar, de forma colectiva, como reconocimiento a su desarrollo profesional en cuanto a conocimientos, experiencia y cumplimiento de los objetivos de la organización a la cual presten servicios. Supondrá el derecho de los profesionales a progresar, de forma colectiva, como reconocimiento a su desarrollo profesional en cuanto a conocimientos, experiencia y cumplimiento de los objetivos fijados por la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud. Es un concepto retributivo integrado en las retribuciones básicas del personal estatutario. .
De acuerdo con lo establecido en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, por la que se aprueba el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, no es una retribución básica: El sueldo. El complemento de destino. Las pagas extraordinarias. Los trienios.
De acuerdo con lo establecido en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, por la que se aprueba el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, es una retribución complementaria del personal estatutario: El complemento específico. El complemento de productividad. El complemento de atención continuada. Todas son correctas. .
De acuerdo con lo establecido en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, por la que se aprueba el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, el complemento específico retribuye: Las condiciones particulares de algunos puestos en atención a su especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, incompatibilidad, peligrosidad o penosidad. El nivel del puesto que se desempeña. Al personal para atender a los usuarios de los servicios sanitarios de manera permanente y continuada. El grado alcanzado en la carrera profesional cuando tal sistema de desarrollo profesional se haya implantado en la correspondiente categoría.
El objeto de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, según su artículo 1 es: Regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, excluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas. Regular los requisitos legislativos y formales de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, excluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas. Regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas. Regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y excluyendo el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas. .
La ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas tiene carácter supletorio para: Las Corporaciones de Derecho Público. El sector público institucional. Las Entidades que integran la Administración Local. Las Administraciones de las Comunidades Autónomas. .
Una persona física que promueve un procedimiento administrativo como titular de un derecho, tiene según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la consideración de: Ciudadano. Representante. Beneficiario. Interesado.
De acuerdo con el art. 13 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, quienes tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, son titulares, en sus relaciones con ellas, de algunos derechos, entre los que se encuentra: A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas. A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración. Todas son correctas.
Según el art. 14.1 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el medio elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones Públicas: Deberá mantenerse por un plazo mínimo de 5 meses. Podrá sermodificado por aquella en cualquier momento. Deberá mantenerse por un plazo mínimo de 1 año. Deberá mantenerse por un plazo mínimo de 6 meses.
Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones, la lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado, está regulada en el artículo: 14 15 11 16.
De acuerdo con el art. 16.4 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse en: En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero. En el registro de la Administración u Organismo al que se dirijan. En las oficinas de Correos. Todas las respuestas son correctas. .
Conforme al artículo 21.2 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será: El fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. 10 días 3 meses 6 meses.
De acuerdo con el artículo 23 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos que deberá ser notificado al interesado: Cabrá recurso de alzada. Cabrá recurso extraordinario de revisión. Cabrá recurso potestativo de reposición. No cabrá recurso alguno.
De conformidad con el artículo 26 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no requerirán de firma electrónica, los documentos electrónicos emitidos por las Administraciones Públicas que: Formen parte de un expediente administrativo. Incorporen una referencia temporal del momento en que han sido emitidos. Incorporen los metadatos mínimos exigidos. Se publiquen con carácter meramente informativo.
El proceso tecnológico que permite convertir un documento en soporte papel o en otro soporte no electrónico en un fichero electrónico que contiene la imagen codificada, fiel e íntegra del documento, según el art. 27 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas es: Codificación. Autentificación. Digitalización. Autenticación.
Según el artículo 40 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, toda notificación deberá ser cursada, a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, dentro del plazo de: Diez días. Veinte días. Quince días. Un mes.
Según la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las notificaciones se practicarán: Preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía. Siempre en papel. Siempre por medios electrónicos. Preferentemente por medios no electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía.
Según la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, indicar la opción correcta: Los procedimientos administrativos sólo pueden iniciarse a solicitud del interesado. Los procedimientos se pueden iniciar de oficio o a solicitud del interesado. Los procedimientos sólo pueden iniciarse de oficio, por la Administración. Los procedimientos deben iniciarse a través de representante en todo caso.
De acuerdo con el artículo 55 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con anterioridad al inicio del procedimiento, el órgano competente podrá abrir un período de información o actuaciones previas con el fin de: Ejercer la protección provisional de los intereses implicados. Asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer. Conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento. Ninguna es correcta.
De acuerdo con el artículo 56 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para resolver, podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la Resolución que pudiera recaer, de acuedo a los siguientes principios: Intervención mínima. Menor onorosidad. Idoneidad. Ninguna es correcta.
Según el artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no se podrán adoptar medidas provisionales que puedan causar perjuicio de díficil o imposible reparación a los interesados o que: Impliquen la prestación de fianzas. Impliquen violación de derechos amparados por las leyes. Impliquen violación de los derechos y obligaciones amparados por las leyes. Impliquen la consignación o constitución de depósito de las cantidades que se reclamen.
Señala la respuesta correcta en relación con la acumulación de procedimientos del artículo 57 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: El órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento podrá disponer su acumulación a otros siempre que haya identidad en los interesados. El órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento no podrá disponer su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión. Contra el acuerdo de acumulación podrá interponerse recurso de alzada ante el superior jerárquico del órgano que acordó la acumulacón de procedimientos. Contra el acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno.
Según el artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ¿Qué órgano es el competente para disponer la acumulación de un procedimiento a otros? El que inicie o tramite un procedimiento. El que resuelva un procedimiento. El superior jerárquico del que inicie un procedimiento. Ninguna respuesta es correcta.
Según el artículo 60 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se entiende por inicio del procedimiento como consecuencia de orden superior la emitida por un órgano administrativo: Inferior jerárquico del competente para la iniciación del procedimiento. Mismo nivel jerárquico del competente para la iniciación del procedimiento. Superior jerárquico del competente para la iniciación del procedimiento. Ninguna respuesta es correcta. .
Según el artículo 61 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la propuesta de iniciación del procedimiento formulada por cualquier órgano administrativo que no tiene competencia para iniciar éste y quetuvo conocimiento de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento, bien ocasionalmente o bien para tener atribuidas funciones de inspección, averiguación o investigación se denomina: Petición razonada de otros órganos. Denuncia de otros órganos. Orden superior. Propia iniciativa.
Según lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, indique la respuesta correcta: Se entiende por denuncia, el acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo. En ningún caso las denuncias deberán expresar la identidad de la persona o personas que las presentan. Cuando la denuncia invocara un perjuicio en el patrimonio de las Administraciones Públicas, la no iniciación del procedimiento no deberá ser motivada y nunca se notificará a los denunciantes la decisión de si se ha iniciado o no el procedimiento. La presentación de una denuncia confiere, siempre y en todo caso, la condición de interesado en el procedimiento.
Según el artículo 62 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, de las Administraciones Públicas, las denuncias sobre hechos que puedan constituir una infraccion administrativa recogerán: La fecha de su comisión y, en todo caso, la identificación de los presuntos responsables. La fecha de su comisión y, cuando sea posible, la identificación de los presuntos responsables. La identificación de los presuntos responsables y, cuando sea posible, la fecha de su comisión. Ninguna respuesta es correcta.
Según lo dispuesto en el artículo 62.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, indique la respuesta correcta: La presentación de una denuncia confiere, por si misma, la condición de afectado en el procedimiento. La presentación de una denuncia confiere, siempre y en todo caso, la condición de interesado en el procedimiento. La presentación de una denuncia no confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento. Ninguna respuesta es correcta.
Según el art. 65 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el acuerdo de iniciación de un procedimiento de responsabilidad patrimonial, se notificará a los particulares presntamente lesionados, concediéndoles un plazo de: 15 días para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen conveniente a su derecho y propongan cuantas pruebas sean pertinentes para el reconocimiento del mismo. 10 días para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen conveniente a su derecho y propongan cuantas pruebas sean pertinentes para el reconocimiento del mismo. 20 días para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen conveniente a su derecho y propongan cuantas pruebas sean pertinentes para el reconocimiento del mismo. 7 días para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen conveniente a su derecho y propongan cuantas pruebas sean pertinentes para el reconocimiento del mismo.
Según lo establecido en el artículo 67 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, respecto a los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, el derecho a reclamar prescribe: A los seis meses de producido el hecho o el acto que motiva la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. A los dos años de producido el hecho o el acto que motiva la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. Al año de producido el hecho o el acto que motiva la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. A los tres años de producido el hecho o el acto que motiva la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.
Según el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo de subsanación y mejora de la solicitud podrá ser ampliado prudencialmente hasta cinco días, a petición del interesado o a iniciativa del órgano, cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales, salvo: Que se trate de procedimientos sancionadores. Que se trate de procedimientos de responsabilidad patrimonial. Que se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva. Ninguna respuesta es correcta.
Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, son anulables los actos de la Administración cuando: Incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico. Incurran en desviación de poder. El acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. Todas son correctas.
Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la anulabilidad del acto: Los que sean constitutivos de infracción penal. Cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. Implicará la anulabilidad siempre. Cuando tengan un contenido imposible.
Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuando una acto nulo o anulable contenga los elementos constitutivos de otro distinto y produce los efectos de éste se dice que se ha producido: La conversión de actos viciados. La transmisibilidad. La convalidación. Ninguna es correcta.
Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los siguientes actos deben ser motivados: Los que limiten derechos objetivos o intereses legítimos. Los que limiten derechos objetivos o intereses ilegítimos. Los que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses ilegítimos.
Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, no tienen por qué motivarse los actos que: Resuelvan recursos administrativos. Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos. Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados. Todas las respuestas son incorrectas.
Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en su artículo 37 sobre la inderogabilidad singular: Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquellas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter particular, aunque aquellas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter particular, aunque aquellas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición particular. Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquellas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general.
Según el artículo 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo para resolver y notificar, produce los siguientes efectos: Los interesados podrán entender estimadas sus pretensiones por silencio administrativo en el caso de procedimientos de los que se deriven la constitución de derechos. En los procedimientos en que la administración ejercite potestades sancionadoras el interesado debe solicitar la caducidad de las actuaciones. En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras, se producirá la caducidad. Ninguna es correcta.
Según el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se entiende que el silencio de la Administración tiene carácter negativo, en procedimientos iniciados a solicitud del interesado, en el siguiente caso: En todos los procedimientos, salvo en los de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. En todos los procedimientos, salvo que sean actividades que puedan dañar el medio ambiente. En los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición del artículo 29 de la Constitución. En ninguno de los casos propuestos.
Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en el supuesto de que se produzca silencio administrativo positivo y, luego, la Administración resuelva expresamente, la resolución: Puede denegar lo conseguido en virtud del silencio administrativo. Indistintamente, puede rectificar lo conseguido o denegarlo. Ha de ser confirmatoria de lo conseguido por el silencio administrativo. Ninguna es correcta.
Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los supuestos de nulidad de pleno derecho de actos administrativos: Son la regla general en nuestro Derecho. Son los recogidos en el artículo 46 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, exclusivamente. Pueden establecerse expresamente en una disposición con rango de Ley. Son sólo los del artículo 48 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y de otras Leyes formales.
El defecto de forma de un acto, según reconoce expresamente la Ley 39/2015, de 1 de octubre: Determinará la nulidad absoluta cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin. Lo vicia con nulidad absoluta. Lo vicia con anulabilidad en todo caso. Determinará la anulabilidad si produce idefensión de los interesados.
Según la Ley 39/2015, de 1 octubre, los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde: La fecha en que se notifiquen en todo caso. La fecha en que se publiquen. La fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. Ninguna es correcta.
Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la Administración podrá convalidar un acto: Si el vicio consiste en incompetencia jerárquica no determinante de nulidad. Si el vicio consiste en incompetencia funcional no determinante de nulidad. Si el vicio consiste en incompetencia territorial no determinante de nulidad. Ninguna es correcta. .
Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la Administración no podrá convalidar un acto si el vicio consiste en: Incompetencia jerárquica La falta de una autorización Incompetencia funcional La omisión de un informe facultativo.
El plazo para interponer un recurso de alzada contra un acto expreso será de: Un mes Tres meses Diez días Seis meses.
¿En qué supuesto se podrá interponer el recurso extraordinario de revisión dentro del plazo de 4 años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución a impugnar?: Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentecia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución. Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme. Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulta de los propios documentos incorporados al expediente. Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriorres, evidencien el error de la resolución recurrida.
El recurso de alzada: Podrá interponerse, en cualquier caso, en el plazo de 3 meses. Podrá interponerse ante cualquier acto que ponga fin a la vía administrativa. Podrá interponerse contra las disposiciones administrativas de carácter general ante el órgano superior jerárquico del que las dictó. Podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competene para resolverlo.
Contra la resolución de un recurso de reposición: No podrá interponerse de nuevo dicho recurso. Podrá interponerse un nuevo recurso de reposición. Podrá interponerse de nuevo recurso de reposición pero ante el órgano superior jerárquico del que lo resolvió Procederá el recurso extraordinario de revisión, siempre y cuando concurran las circunstancias previstas en el art. 109.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Contra los actos administrativos que ponen fin a la vía administrativa ¿qué recurso podremos interponer en vía administrativa? Ninguno Recurso de alzada Recurso potestativo de reposición Alzada o extraordinario de revisión.
El recurso de alzada se resuelve por: El superior jerárquico del órgano que dictó el acto que se impugna.
El mismo órgano que dictó el acto que se impugna. El Ministro competente, siempre. La Presidencia del Gobierno.
Ante un acto no expreso, el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer recurso de reposición ¿en qué plazo? En el plazo de tres meses a partir del día siguiente a aquél en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. En el plazo de seis meses, a partir del día siguiente a aquél en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. En cualquier momento a partir del día siguiente a aquél en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. En el plazo de un año a partir del día siguiente a aquél en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto.
¿Cuál no es un recurso de los recogidos en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas Recurso potestativo de reposición. Recurso de alzada. Recurso extraordinario de revisión. Ninguna respuesta es correcta.
Contra los actos firmes en vía administrativa, sólo procederá el recurso extraordinario de revisión cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo: 124.1 125.1 126.1 127.1.
Podrán interponerse, por los interesados, los recursos de alzada y potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de la Ley 39/2015: Contra las resoluciones y los actos de trámite. Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto. Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan de continuar el procedimiento. Contra las resoluciones y los actos de trámites, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos.
Las leyes podrán sustituir el recurso de alzada en supuestos o ámbitos sectoriales determinados, y cuando la especificidad de la materia así lo justifique, ante órganos colegiados o Comisiones específicas no sometidas a instrucciones jerárquicas con respeto a los principios, garantías y plazos que la Ley 39/2015, de 1 de octubre, reconoce a las personas y a los interesados en todo procedimiento administrativo por otros procedimientos de: Impugnación Mediación y arbitraje Conciliación, mediación y arbitraje Todas son correctas.
Señale la respuesta incorrecta. Ponen fin a la vía administrativa: Las resoluciones de los recursos de alzada. Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario. Las resoluciones de los procedimientos a que se refiere el artículo 112.3 Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento.
Señale la respuesta incorrecta. Además de lo previsto en el artículo 114.1 de La Ley 39/2015, en el ámbito estatal ponen fin a la vía administrativa los actos y resoluciones siguientes: Los actos administrativos de los miembros y órganos del Gobierno. Los emanados de los Consejeros y los Secretarios de Estado en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas los órganos de los que son titulares. Los emanados de los órganos directivos con nivel de Director general o superior, en relación con las competencias que tengan atribuidas en materia de personal. En los Organismos Públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, los emandaos de los máximos organos de dirección unipersonales o colegiados, de acuerdo con lo que establezcan sus estatutos, salvo que por ley se establezca otra cosa. .
Cuál no seríauna causa de inadmisión de un recurso según el artículo 116 de la Ley 39/2015, Carecer de legitimación el recurrente. Tratarse de un acto susceptible de recurso. Haber transcurrido el plazo para la interposición del recurso. Carecer el recurso manifiestamente de fundamente.
La norma que regula la tarjeta sanitaria, el documento sanitario de inclusión temporal y el acceso a las prestaciones públicas de asistencia sanitaria y farmacéutica es: La Ley 56/2007, de 13 de Marzo. El Decreto 56/2007, de 13 de Marzo. El Real Decreto 56/2007, de 13 de Marzo. El Decreto 46/2007, de 13 Marzo. .
Según el Decreto 56/2007, de 13 de marzo, la tarjeta sanitaria individual es un instrumento: Constrastado. Multilateral. De uso exclusivo y polivalente. Civil y transferible.
Según el Decreto 56/2007, de 13 de marzo, podrán ser titulares del documento sanitario de inclusión temporal: Ciudadanos, cualquiera que sea su nacionalidad, que se encuentren en Canarias, que no tengan derecho a la tarjeta sanitaria canaria regulada en el capítulo II del decreto 56/2007, ni a tarjeta sanitaria europea u otro documento previsto en el artículo 15 de la misma norma. Ciudadanos, cualquiera que sea su nacionalidad, que se encuentren en Canarias, que no tengan dercho a la tarjeta sanitaria canaria regulada en el capítulo II del Decreto 56/2007, ni la tarjeta sanitaria europea u otro docuemntos previsto en el artículo 15 de la misma norma, y cuya asistencia sanitaria sea calificada como urgente por un facultativo hasta que se produzca el alta médica. Extranjeros de cualquier edad y mujeres embarazadas durante el embarazo, parto y postparto. Ninguna de las respuesta es correcta.
Según el Decreto 56/2007, de 13 de marzo, el acceso a las prestaciones a las que se tenga derecho, de atención sanitaria pública y farmacéutica, se realizará a través de los siguientes documentos: Tarjeta sanitaria canaria o documento sanitario de inclusión temporal. Tarjeta sanitaria canaria, documento sanitario de inclusión temporal o tarjeta sanitaria individual propia del servicio autonómico de salud del que procedan para los ciudadanos desplazados. Tarjeta sannitaria canaria, documento sanitario de inclusión temporal, tarjeta sanitaria individual propia del servicio autonómico de salud del que procedan para los ciudadanos desplazados o tarjeta sanitaria europea. Tarjeta sanitaria canaria o tarjeta sanitaria propia del servicio autonómico del que procedan para los ciudadanos desplazados. .
Según el Decreto 56/2007, de 13 de marzo, el organismo competente para la expedición de la tarjeta sanitaria canaria es: El Servicio Canario de la Salud. Los Centros Insulares de Salud. El Sistema Nacional de Salud. Los órganos competentes en materia de sanidad en cada uno de los cabildos.
Según el Decreto 56/2007, de 13 de marzo, en la tarjeta sanitaria canaria constará la leyenda: Esta tarjeta le permite el acceso a los servicios del Sistema Nacional de Salud y del Sistema Canario de la Salud. Esta tarjeta le permite el acceso a los servicios de todo el Sistema Nacional de Salud. Esta tarjeta le permite el acceso a los servicios del Sistema Nacional de Salud, de los servicios farmacéuticos y del Sistema Canario de Salud. Esta tarjeta le permite el acceso a los servicios de todo el Sistema Nacional de Salud y a los de la Unión Europea.
Según el Decreto 56/2007, de 13 de marzo, la tarjeta sanitaria canaria es definida como: Un documento administrativo y nominativo Un documento administrativo, nominativo e intransferible Un documento oficial, administrativo, nominativo e intransferible Un documento público, nominativo y oficial.
Según el Decreto 56/2007, de 13 de marzo, el órgano competente del Servicio Canario de la Salud, a la vista de lo instruido, procederá a dictar y notificar la correspondiente resolución y a expedir, en su caso, la tarjeta sanitaria o el documento que corresponda, en el plazo máximo de: 3 meses. 6 meses. 1 año. 5 meses.
Según el Decreto 56/2007, de 13 de marzo, la solicitud de la tarjeta sanitaria canaria y del documento sanitario de inclusión temporal dirigida al órgano competente del Servicio Canario de la Salud se presentará: Por correo certificado. En la Consejería de Sanidad. En cualquiera de sus centros asistenciales o administrativos, sin perjuicio de su presentación en cualquiera de los lugares y formas señalados por la legislacion de procedimiento administrativo común. Sólo de forma telemática.
Según el Decreto 56/2007, de 13 de marzo, los ciudadanos residentesque estén empadronados en cualquiera de los municipios de la Comunidad Autónima de Canarias y que acrediten el derecho a la asistencia sanitaria pública, tienen: El derecho de obtener la tarjeta sanitaria canaria. El derecho y el deber de obtener la tarjeta sanitaria canaria. El deber de obtener la tarjeta sanitaria canaria. Ninguna es correcta.
Según el Decreto 56/2007, de 13 de marzo, se podrán regular los periodos de vigencia temporal de la tarjeta sanitaria canaria y del documento sanitario de inclusión temporal mediante orden: De la Consejería competente en materia de sanidad. Del Ministerio de Sanidad y Consumo. Del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Del Sistema Nacional de Salud. .
Según el Real Decreto 183/2004, de 30 de enero, todas las tarjetas sanitarias incorporarán una serie de datos básicos comunes y estarán vinculadas: A un código de identificación personal único para cada ciudadano en el Sistema Nacional de Salud. A un código de identificación personal multilateral para cada ciudadano en el Sistema Nacional de Salud. A un código de identificación nacional polivalente para cada ciudadano en el Sistema Nacional de Salud. Ninguna es correcta.
Los servicios de información administrativa y atención al ciudadano se regulan en: Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero Decreto 44/2007, de 27 de febrero En ambas normativas Todas son incorrectas.
Según el artículo 7 del Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan los servicios de información administrativa y atención al ciudadano, las oficinas de información y atención al ciudadano que constituyen la red informativa general son: Las oficinas centrales y atención al ciudadano en los servicios centrales y de los órganos territoriales de la Administración General del Estado. Las oficinas locales y atención al ciudadano en los servicios locales y de los órganos locales de la Administración Local. Las oficinas centrales y atención al ciudadano en los servicios centrales y de los órganos regionales de la Administración Autonómica. Ninguna de las respuestas es correcta.
Según el Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, la información general: Se facilitará obligatoriamente a los ciudadanos, sin exigir para ello la acreditación de legitimación alguna. Cuando resulte conveniente una mayor difusión, deberá ofrecerse a los grupos sociales o instituciones aunque no estén interesados en su conocimiento. Ninguna de las respuestas corresponde con la información general. Es la referida a los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones impongan a los proyectos, actuaciones o solicitud que los ciudadanos se propongan realizar.
Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 8 del Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, ¿dónde radicarán, salvo que circunstancias singulares aconsejen otro emplazamiento, las oficinas centrales de información y atención al ciudadano? En la sede de cada Departamento Autonómico. En la sede de cada Departamento Regional. En la sede de cada Departamento Ministerial. No tienen que estar radicadas en ningún emplazamiento concreto.
La actividad de información, atención y orientación ciudadana, de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias tiene como finalidad según el Decreto 44/2007, de 27 de febrero: Contener los testimonios de las actividades de las instituciones y de las personas de nuestra comunidad. Recabar y proporcionar la información de interés para los ciudadanos relacionada con las actividades y servicios que presta dicha Administración, sus organismo autónomos y entidades públicas vinculadas o dependientes, y orientar y facilitar el acceso a los mismo, así como mejorar la relación con los usuarios ciudadanos. Recabar y proporcionar la información de interés para los ciudadanos relacionada solo con servicios que presta la Administración General, sus organismos estatales y entidades privadas vinculadas o dependientes. Ninguna de las respuestas coincide con dicha finalidad. .
Establece el artículo 9 del Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, en relación con los órganos territoriales de la Administración General del Estado, que existirán, con el carácter de oficinas centrales, oficinas de información y atención al ciudadano dependientes de: Las Delegaciones Locales Las Delegaciones Ministeriales Ninguna de las respuestas es correcta Las Delegaciones Insulares del Gobierno.
Según el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, se entiende por discapacidad: La situación que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias previsiblemente temporales y cualquier tipo de barreras que limiten o impidan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. La situación que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias previsiblemente coyunturales y cualquier tipo de barreras que limiten o impidan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. La situación que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias previsiblemente permanentes y cualquier tipo de barreras que limiten o impidan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. Todas las respuestas son correctas.
Según el Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, las oficinas de información y atención al ciudadano de los órganos territoriales de la Administración General del Estado son: De carácter general y particular. De carácter central y sectorial. De carácter individual y social. De carácter individual y sectorial.
¿En qué artículo del Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan los servicios de información admnistrativa y atención al ciudadano se regula la información particular? Artículo 2. Artículo 3. Artículo 4. Artículo 5.
Según el Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, la información administrativa puede ser: General y particular. Colectiva e individual. Social y no social. General e individual.
Según el Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, son funciones específicas del Centro de Información Administrativa: Mantener actualizada y distribuir las bases de datos de la Administración General del Estado. Cooperar en el desarrollo de las unidades y oficinas de información de los demás Departamentos y organismos de la Administración General del Estado. Promover y organizar, en colaboración con el Instituto Nacional de Administración Pública, cursos de capacitación en materias relacionadas con las funciones propias de las unidades de información administrativa. Todas las respuestas anteriores son correctas.
Según el Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, la información administrativa es: Es un fin adecuado a través del cual los ciudadanos pueden acceder al conocimiento de sus derechos y obligaciones y a la utilización de los bienes y servicios públicos. Es un cauce adecuado a través del cual los ciudadanos pueden acceder al conocimiento de sus derechos y obligaciones y a la utilización de los bienes y servicios públicos. Es un cauce adecuado a través del cual los ciudadanos pueden acceder al conocimiento de sus deberes y obligaciones y a la utilización de los bienes y servicios públicos. Es un fin adecuado a través del cual los ciudadanos pueden acceder al conocimiento de sus sus deberes y obligaciones y a la utilización de los bienes y servicios públicos. .
Según el Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, ¿sólo los interesados en un procedimiento tienen acceso a la información particular? Sí. No, también sus familiares. No, también sus representantes legales. No, también sus familiares y sus representantes legales. .
Según el art. 15 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, cuál de las siguientes no forman parte del contenido mínimo de la historia clínica: El informe de urgencias La hoja de interconsulta El informe clínico de alta Todas están incluidas en el contenido mínimo.
Según el art. 15 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de información y documentación sanitaria, cuál de los siguientes documentos no forma parte del contenido mínimo de la historia clínica: La amnanesis y la exploración física. La aplicación terapéutica de enfermería. El informe de anestecia. Hoja de reclamaciones.
En relación con los usos de la historia clínica regulados en el art. 16 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, la respuesta correcta: La historia clínica es un instrumento destinado fundamentalmente a garantizar una asistencia adecuada al paciente. Cada Comunidad Autónoma establecerá los métodos que posibiliten en todo momento el acceso a la historia clínica de cada paciente por los profesionales que le asisten. Cada centro sanitario regulará el procedimiento para que quede constancia del acceso a la historia clínica y su uso. Todas son ciertas. .
Segçim el art. 16.6 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, el personal que accede a los datos de la historia clínica en el ejercicio de sus funciones queda sujeto al deber de: Vigilancia. Secreto. Deontología. Ninguna respuesta es correcta.
De acuerdo con la Ley 41/2002, un instrumento destinado fundamentalmente a garantizar una asistencia adecuada al paciente es: El informe de anatomía patológica. La hoja de interconsulta. La historia clínica. Los informes de exploración complementarias.
Según el art. 17 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica sobre conservación de la documentación clínica, los centros santiarios tienen obligación de conservar la documentación clínica: En el soporte original. Como mínimo, tres años contados desde la fecha del alta de cada proceso asistencial. Como mínimo, cuatro años contados desde la fecha del alta de cada proceso asistencial. Aunque no necesariamente en el soporte original.
Según la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, la obligación de conservar la documentación clínica en condiciones que garanticen su correcto mantenimiento y seguridad la tiene: La Comunidad Autónoma correspondiente. Los centros sanitarios. La Comunidad Autónoma correspondiente y los centros sanitarios. Todo el personal del centro sanitario.
Según la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, ¿cuál es el tiempo mínimo que se debe de conservar la documentación clínica desde la fecha del alta de cada proceso asistencial? 3 años. 4 años. 5 años. 10 años. .
Según el artículo 18 de la Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechosy oblitaciones en materia de información y documentación clinica, señale la incorrecta: Según la normativa vigente el paciente tiene derecho de acceso al contenido íntegro de su historia clínica. Según la normativa vigente el paciente tiene derecho de acceso al contenido íntegro de su historia clínica, con ciertas limitaciones. El acceso de un tercero a la historia clínica, motivado por un riesgo para su salud, se limitará a los datos pertinentes. El derecho de acceso del paciente a la historia clínica puede ejercerse también por representación debidamente acreditada. .
Según el Decreto 105/2000, de 26 de junio, por el que se regulan determinados aspectos del funcionamiento de los registros de la Administración Autonómica de Canarias, los registros se crearán, modificarán o suprimirán mediante: Sólo podrán ser creados por el Ministerio correspondiente por ser una competencia estatal. Todas las respuestas son falsas. Decreto del Gobierno de Canarias y deberá ser publicada en el Boletín Oficial de Canarias. Orden Departamental que deberá ser publicada en el Boletín Oficial de Canarias. .
Según el Decreto 105/2000, de 26 de junio, por el que se regulan determinados aspectos del funcionamiento de los registros de la Administración Autonómica de Canarias, señale la respuesta incorrecta: Los registros generales y auxiliares, una vez concluido el trámite registral, cursarán los escritos y comunicaciones a las unidades administrativas correspondientes y a sus destinatarios de inmediato, y en ningún caso después del siguiente día. Todas las solicitudes, que se presenten en papel, o no en modelo normalizado, deberán llevar estampada en todas las páginas un sello o validación mecánica en que conste la identificación de la oficina de registro, los números de registro, la fecha y hora, con expresión del minuto, de la entrada o salida del documento. Los registros auxiliares comunicarán al registro general del que dependan la totalidad de los asientos que practiquen, remitiendo copia de los mismos. Todo órgano administrativo tendrá asignado un registro general. No obstante, un mismo registro podrá servir a varios órganos administrativos, siempre que así se prevea en la orden de creación. .
Según el artículo 49.3 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, forman parte del Patrimonio Documental los documentos con una antigüedad superior a los cuarenta años generados, conservados o reunidos en el ejercicio de sus actividades, indique la respuesta correcta: Entidad y asociaciones de carácter político. Entidad y asociaciones de carácter sindical. Entidad y asociaciones de carácter religioso. Todas las respuestas son correctas.
Según la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, en relación al informe de alta: Todo paciente, familiar o persona vinculada a él, en su caso, tendrá el derecho a recibir del centro o servicio sanitario, una vez finalizado el proceso asistencial. Las características, requisitos y condiciones de los informes de alta se determinarán reglamentariamente por las Administraciones sanitarias autonómicas. Todo paciente o usuario tiene derecho a que se le faciliten los certificados acreditativos de su estado de salud. Todas son correctas.
Según el Decreto 94/1999, de 25 de mayo, corresponde al titular del órgano del que dependa la Oficina Canaria de Defensa de los Derechos de los Usuarios Sanitarios (ODDUS) la contestación a reclamaciones y respuesta de las solicitudes, iniciativas y sugerencias siguientes: Las relativas al funcionamiento e información de los servicios administrativos no sanitarios. Las reclamaciones de contenido patrimonial. Las reclamaciones previas a la vía judicial, los recursos administrativos. Ninguna respuesta es correcta. .
La Orden de 28 de febrero de 2005 de la Consejería de Sanidad, tiene por objeto: Aprobar la Carta de los Derechos y de los Deberes de los Pacientes y Usuarios Sanitarios del Sistema Canario de la Salud. Crear la Oficina de Defensa de los Derechos de los Usuarios Sanitarios del Sistema Canario de la Salud. Aprobar los carteles que se confeccionen y se fijarán en las paredes con mayor tránsito de pacientes o usuarios, de acuerdo con las características de los Centros. Aprobar los folletos, dipticos y hojas informativas se habilitarán en mostradores y lugares que puedan ser fácilmente accesibles a los usuarios para su consulta. .
Tanto la ODDUS como las unidades que dependen funcionalmente de ella, en la tramitación de las reclamaciones, solicitudes, iniciativas y sugerencias, según el Secreto 94/1999, de 25 de mayo, actuarán con semetimiento a los siguientes principios, excepto: Autoevaluación. Respeto a la autonomía profesional. Transperencia en sus actuaciones y participación. Buena fe y confianza legítima.
¿Hasta qué edad reconoce la Carta de Derechos y de los Deberes de los Pacientes y Usuarios Sanitarios, aprobada por la Orden de la Consejería de Sanidad de 28 de febrero de 2005, el derecho a la libre elección de pediatra? 15 años. 14 años. 13 años. 12 años. .
En el artículo 4 del Decreto 94/1999, de 25 de mayo, por el que se regula la estructura y el funcionamiento de la Oficina Canaria de Defensa de los Derechos de los Usuarios Sanitarios (ODDUS) y la tramitación de reclamaciones, solicitudes, iniciativas y sugerencias en el ámbito sanitario, se dispone que, la actuación administrativa de la Oficina abarca las siguientes áreas funcionales, señale la incorrecta: Reclamaciones, que constituyen las quejas de los usuarios sobre su insatisfacción por los servicios recibidos. Solicitudes, que son las demandas de información escritas sobre servicios y prestaciones sanitarias, derechos y deberes de los usuarios, procedimientos, normativa y demás cuestiones de naturaleza sanitaria. Iniciativas, que son las propuestas que formulan para mejorar el grado de cumplimiento y observancia de los derechos y de los deberes de los usuarios, del funcionamiento de los servicios sanitarios y del cuidado y atención de los enfermos. Reclamaciones patrimoniales por el anormal funcionamiento de los servicios sanitarios, cuando exsten daños y perjuicios. .
Según el Decreto 94/1999, de 25 de mayo, corresponde a la Oficina (ODDUS), en el área de reclamaciones, el desempeño de las siguientes funciones. Señale la opción incorrecta: Atender, tramitar y elevar al órgano competente la propuesta de contestación de las reclamaciones presentadas por los usuarios sanitarios y no sanitarios. Gestionar y custodiar un Registro de reclamaciones de los usuarios sanitarios, en coordinación con los registros que al efecto se constituyan en las unidades funcionales dependientes. Elaborar estadísticas sobre las reclamaciones presentadas, clasificándolas de acuerdo con criterios geográficos, materiales, sectoriales o cualquier otro que estime pertinente. Apoyar y asesorar a los órganos y unidades competentes en sus relaciones con todas aquellas entidades públicas y privadas, para la investigación y contestación de las reclamaciones presentadas por los usuarios sanitarios. .
Según el Decreto 94/1999, de 25 de mayo, corresponde a la Oficina (ODDUS), en el área de solicitudes, el desempeño de las siguientes funciones. Señale la opción incorrecta: Atender, tramitar, responder y proponer, en su caso, al órgano competente, la respuesta de las solicitudes presentadas por los usuarios sanitarios, pacientes o familiares. Gestionar y custodiar un Registro de solicitudes presentadas por los usuarios sanitarios, en coordinación con los registros que al efecto se constituyan en las unidades funcionales dependientes. Cualesquiera otras que el titular de la Consejería competente en materia de sanidad le encomiende dentro de esta área. Cualesquiera otras que el Director del Servicio Canario de la Salud le enconmiende dentro de esta área. .
Según el Decreto 94/1999, de 25 de mayo, corresponde a la Oficina (ODDUS), en el área de iniciativas y sugerencias, el desempeño de las siguientes funciones. Señale la opción incorrecta: Apoyar y asesorar a los órganos y unidades competentes en sus relaciones con todas aquellas entidades públicas y privadas, para la investigación y contestación de las reclamaciones presentadas por los usuarios sanitarios. Gestionar, guardar y custodiar un Registro de Iniciativas y sugerencias, en coordinación con los registros que al efecto se constituyan en las unidades funcionales dependientes. Cualesquiera otras que se le enconmiende dentro del área. Atender, valorar y tramitar las iniciativas y sugerencias presentadas por los usuarios sanitarios para un mejor funcionamiento de los servicios y eficaz cumplimiento de sus derechos, recabando para ello de cualquier entidad, organismo, centro o servicio público o privado los informes y estudios de viabilidad, así como las propuestas o alternativas que dichas iniciativas y sugerencias pudieran dar lugar. .
Según el Decreto 94/1999, de 25 de mayo, corresponde a la Oficina (ODDUS), en el área de información, el desempeño de las siguientes funciones. Señale la respuesta incorrecta: Recabar de las entidades y organismos públicos y privados del sector sanitario, cualquier tipo de información que considere oportuna para un mejor cumplimiento de sus funciones. Divulgar y difundir información sobre determinados procesos sanitarios y no sanitarios que a juicio del titular del Departamento competente en materia de sanidad o educación, resulten ser de interés para los usuarios sanitarios en general. Analizar, confeccionar, difundir y comunicar los resultados de las encuestas dirigidas a los usuarios. Elaborar la Memoria Anual.
Señale la respuesta incorrecta. Según el artículo 6 del Decreto 94/1999, de 25 de mayo, corresponde al titular del órgano del que dependa la Oficina Canaria de Defensa de los Derechos de los Usuarios Sanitarios (ODDUS) la contestación a reclamaciones y respuesta de las solicitudes, iniciativas y sugerencias siguientes: Las que afecten a más de un Área de Salud. Las que por su complejidad exijan una especial labor investigadora, de información o estudio. Las que se refieran a varios centros, servicios o establecimientos sanitarios. Las que se refieran a las actuaciones realizadas en centros o servicios de carácter privado concertado. .
Señale la respuesta incorrecta. A los efectos de los expedientes y funciones previstas en el artículo 10 del Decreto 94/1999, de 25 de mayo, dependenderán funcionalmente de la Oficina: Los Servicios de Atención al Usuario o Unidades equivalentes a los mismos existentes en los establecimientos integrados o adscritos en la Red Hospitalaria de Utilización Pública. Los Servicios de Atención al Usuario o Unidades equivalentes a los mismos existentes en los establecimientos integrados o adscritos en la Red Hospitalaria de Utilización Privada. Los Servicios análogos a los anteriores que existan o puedan crearse en las Gerencias de Atención Primaria y en las Gerencias de Servicios Sanitarios. Las Unidades Insulares de la Oficina que se creen y se integren en la estructura orgánica de las Direcciones de las Áreas de Salud, así como las unidades de éstas destinadas al cumplimiento de las obligaciones contenidas en este Decreto en su área material de actividad. .
A los efectos de los expedientes y funciones previstas en el Decreto 94/1999, de 25 de mayo, que regula la ODDUS, dependerán funcionalmente de la Oficina: Los Servicios de Atención al Usuario o Unidades equivalentes a los mismos existentes en los establecimientos íntegrados o adscritos en la Red Hospitalaria de Utilización Pública. Los Servicios de Atención al Usuario o Unidades equivalentes a los mismos existentes en los establecimientos íntegrados o adscritos en la Red Hospitalaria de Utilización Privada. Los Servicios de Atención al Usuario o Unidades equivalentes a los mismos existentes en los establecimientos no íntegrados o adscritos en la Red Hospitalaria de Utilización Pública. Los Servicios de Atención al Usuario o Unidades equivalentes a los mismos existentes en los establecimientos no íntegrados o adscritos en la Red Hospitalaria de Utilización Privada. .
Señale la respuesta incorrecta. Según el Decreto 94/1999, de 25 de mayo, corresponde al titular del órgano del que dependa la Oficina Canaria de Defensa de los Derechos de los Usuarios Sanitarios (ODDUS) la contestación a reclamaciones y respuesta de las solicitudes, iniciativas y sugerencias siguientes: Las que se refieran a las actuaciones realizadas en centros o servicios de carácter privado no concertado. Las disconformidades de los usuarios en relación con las contestaciones y respuestas de las reclamaciones y solicitudes recibidas en el primer nivel de actuación. Las que sean reiteradas por los usuarios con motivo de la falta de respuesta en plazo de las formuladas en cualquier nivel de actuación. Las que por su importancia, gravedad o trascendencia acuerde el titular de la Consejería competente en materia de sanidad. .
Según el artículo 1, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales tienen por objeto: Garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en el artículo 18.4 de la Constitución Española. Garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en el artículo 28.4 de la Constitución Española. Garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en el artículo 8.4 de la Constitución Española. Garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en el artículo 38.4 de la Constitución Española. .
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, esta ley orgánica no será de aplicación: A los tratamientos de datos de personas incapacitadas judicialmente. A los tratamientos sometidos a la normativa sobre protección de materias clasificadas. No existen excepciones a la aplicación de esta ley orgánica. A cualquier tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales. .
De conformidad con lo establecido en el artículo 4.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, sobre la exactitud de los datos: Los datos serán exactos. Los datos serán exactos y, si fuera necesario, actualizados. Los datos serán actualizados, no es necesario que sean exactos. Los datos serán exactos, aunque nunca será necesario actualizarlos. .
De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, sobre el deber de confidencialidad: La confidencialidad y el secreto profesional de los responsables y encargados del tratamiento de datos no se mantendrán al finalizar la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento. La confidencialidad y el secreto profesional de los responsables y encargados del tratamiento de datos se mantendrán aún cuando hubiese finalizado la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento. Sólo el secreto profesional de los encargados del tratamiento de datos se mantendrán aún cuando finalizase la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento. Solo la confidencialidad de los encargados del tratamiento de datos se mantendrán aún cuando finalizase la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento. .
De conformidad con lo establecido en el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se entiende por consentimiento del afectado: Toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que éste acepta el tratamiento de datos personales que le conciernen. Toda manifestación de voluntad libre, informada e inequívoca por la que éste acepta el tratamiento de datos personales que le conciernen. Toda manifestación de voluntad específica e informada por la que éste acepta el tratamiento de datos personales que le conciernen. Toda manifestación de voluntad libre y genérica por la que éste acepta el tratamiento de datos personales que le conciernen.
De acuerdo con el artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el tratamiento de los datos personales de un menor de edad, fundado en el consentimiento, se considerará lícito: Siempre que sea mayor de 14 años cuando conste su consentimiento, sin excepciones. Siempre que sea menor de 14 años, solo cuando conste el consentimiento del titular de la patria potestad o tutela, con el alcance que determinen éstos. Nunca podrá ser objeto de tratamiento si tienen una edad inferior a 13 años. Siempre que sea mayor de 12 años cuando conste su consentimiento.
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en relación con el tratamiento de datos por obligación legal, interés público o ejercicio de poderes públicos: Solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una misión realizada en interés público cuando derive de una competencia atribuida por una orden. Solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una misión realizada en interés público cuando derive de una competencia atribuida or una norma o resolución administrativa. Solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una misión realizada en interés público cuando derive de una competencia atribuida por una norma con rango de ley. Ninguna es correcta. .
Según el art. 9.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en relación a las categorías especiales de datos personales: El solo consentimiento del afectado bastará para levantar la prohibición del tratamiento de datos cuya finalidad principal sea identificar su ideología, afiliación sindical, religión, orientación secual, creencias u origen racial o étnico. El solo consentimiento del afectado bastará para levantar la prohibición del tratamiento de datos cuya finalidad principal sea identificar su ideología, afiliación sindical. El solo consentimiento del afectado no bastará para levantar la prohibición del tratamiento de datos cuya finalidad principal sea identificar su ideología, afiliación sindical, religión, orientación secual, creencias u origen racial o étnico. El solo consentimiento del afectado no bastará para levantar la prohibición del tratamiento de datos cuya finalidad principal sea identificar su afiliación sindical y orientación política. .
El artículo 9 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, señala que una norma con rango de ley: Podrá amparar el tratamiento de datos en el ámbito de la salud cuando así lo exija la gestión de los sistemas y servicios de asistencia sanitaria y social, pública y privada, o la ejecución de un contrato de seguro del que el afectado sea parte. No podrá amparar el tratamiento de datos en el ámbito de la salud aunque así lo exija la gestión de los sistemas y servicios de asistencia sanitaria y social, pública y privada, o la ejecución de un contrato de seguro del que el afectado sea parte. Podrá amparar el tratamiento de datos en el ámbito de la salud cuando así lo exija la gestión de los sistemas y servicios de asistencia sanitaria y social, sólo pública, o la ejecución de un contrato de seguro del que el afectado sea parte. Podrá amparar el tratamiento de datos en el ámbito de la salud cuando así lo exija la gestión de los sistemas y servicios de asistencia sanitaria y social, sólo privada, o la ejecución de un contrato de seguro del que el afectado sea parte. .
Según el artículo 10.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales, para fines distintos de los de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, solo podrá llevarse a cabo cuando se encuentre amparado en: Una norma de Derecho de la Unión. En esta Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre. En otras normas de rango legal. Todas son correctas. .
De conformidad con lo establecido en el artículo 12.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, sobre las disposiciones generales sobre el ejercicio de los derechos: Los derechos reconocidos en los artículos 15 a 22 del Reglamente (UE) 2016/679 solo podrán ejercerse directamente por el interesado. Los derechos reconocidos en los artículos 15 a 22 del Reglamente (UE) 2016/679 solo podrán ejercerse por medio de representante legal o voluntario. Los derechos reconocidos en los artículos 15 a 22 del Reglamente (UE) 2016/679 no podrán ejercerse por medio de representante voluntario. Los derechos reconocidos en los artículos 15 a 22 del Reglamente (UE) 2016/679 podrán ejercerse directamente o por medio de representante legal o voluntario. .
Según el artículo 12.3 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el encargado: No podrá tramitar, por cuenta del responsable, las solicitudes de ejercicio formuladas por los afectados de sus derechos. No podrá tramitar, por cuenta del responsable, las solicitudes de ejercicio formuladas por los afectados de sus derechos aunque se estableciere en el contrato que les vincule. Podrá tramitar, por cuenta del responsable, las solicitudes de ejercicio formuladas por los afectados de sus derechos independientemente de que se estableciere en el acto jurídico que les vincule. Podrá tramitar, por cuenta del responsable, las solicitudes de ejercicio formuladas por los afectados de sus derechos si así se estableciere en el acto jurídico que les vincule.
Según el artículo 13.3 e la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en relación al derecho de acceso a los datos personales: Se podrá considerar repetitivo el ejercicio del derecho de acceso en más de una ocasión durante el plazo de 1 año a menos que exista causa legítima para ello. Se podrá considerar repetitivo el ejercicio del derecho de acceso en más de una ocasión durante el plazo de 6 meses a menos que exista causa legítima para ello. Se podrá considerar repetitivo el ejercicio del derecho de acceso en más de una ocasión durante el plazo de 2 años a menos que exista causa legítima para ello. No se podrá considerar nunca repetitivo el ejercicio del derecho de acceso. .
Según el artículo 13.4 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, cuando el afectado elija un medio distinto al que se le ofrece que suponga un coste desproporcionado: La solicitud será considerada excesiva, por lo que no podrá realizarse. La solicitud será considerada excesiva, por lo que dicho afectado asumirá el exceso de costes que su elección comporte. La solicitud será considerada excesiva, por lo que el afectado y el responsable asumirán a partes iguales el exceso de costes que la elección del afectado comporte. Ninguna es correcta.
El Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, establece que: La afiliación podrá practicarse a petición de las personas y entidades obligadas a dicho acto, a instancia de los interesados o de oficio por la Administración General del Estado. La afiliación podrá practicarse a petición de las personas y entidades obligadas a dicho acto, a instancia de los interesados o de oficio por la Administración de la Seguridad Social. La afiliación podrá practicarse a petición de las personas y entidades obligadas a dicho acto, a instancia de los interesados o de oficio por la Administración de la Comunidad Autónoma correspondiente. La afiliación no podrá practicarse a petición de las personas y entidades obligadas a dicho acto, a instancia de los interesados o de oficio por la Administración de la Seguridad Social.
El Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, establece respecto a la afiliación: Los empresarios estarán obligados a solicitar la afiliación al Sistema de la Seguridad Social de los trabajadores que ingresen a su servicio. En el caso de que el empresario incumpla la obligacióno de solicitar la afiliación, el trabajador podrá instar su afiliación directamente al organismo competente de la Administración de la Seguridad Social. El organismo competente de la Administración de la Seguridad Social podrá realizar de oficio la afiliación cuando se compruebe la inobservancia de la obligación de afiliación. Todas son correctas. .
El Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, establece respecto a la recaudación de las cuotas que: Los empresarios y, en su caso, las personas señalasdas en los artículos 18 y 168.1 y 2, serán los obligados a ingresar la totalidad de las cuotas de este Régimen General en el plazo, lugar y forma establecidos en esta ley y en sus normas de aplicación y desarrollo. El ingreso de las cuotas fuera de plazo reglamentario se efectuará con arreglo al tipo de cotización vigente en la fecha en que se realice el ingreso de las mismas. En caso de que la responsabilidad por la obligación de cotizar corresponda al empresario, podrá dirigirse el procedimiento recaudatorio contra el que realice la prestación de servicio. Todas son correctas. .
El artículo 136 El Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, dipone que: "Estarán obligatoriamente incluidos en el campo de aplicación del Régimen General de la Seguridad Social..." Los trabajadores por cuenta ajena y los asimilados a los que se refiere el artículo 7.1 a) de esta ley, salvo que por razón de su actividad deban quedar comprendidos en el campo de aplicación de algún régimen especial de la Seguridad Social. Los trabajadores por cuenta propia y los asimilados a los que se refiere el artículo 7.1 a) de esta ley, salvo que por razón de su actividad deban quedar comprendidos en el campo de aplicación de algún régimen especial de la Seguridad Social. Los trabajadores por cuenta ajena y los asimilados a los que se refiere el artículo 8.1 a) de esta ley, salvo que por razón de su actividad deban quedar comprendidos en el campo de aplicación de algún régimen general de la Seguridad Social. Los trabajadores por cuenta propia y los asimilados a los que se refiere el artículo 8.1 a) de esta ley, salvo que por razón de su actividad deban quedar comprendidos en el campo de aplicación de algún régimen especial de la Seguridad Social. .
Según el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, no darán lugar a inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social los siguientes trabajos: Los que se ejecuten ocasionalmente mediante los llamados servicios amistosos, benévolos o de buena vencindad. Los que den lugar a la inclusión en alguno de los regímenes especiales de la Seguridad Social. Los realizados por los profesores universitarios eméritos, de conformidad con lo previsto en el apartado 2 de la disposición adicional vigésima segunda de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, así como por el personal licenciado sanitario emérito nombrado al amparo de la disposición adicional cuarta de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal Estatutario de los servicios de salud. Todas las respuestas son correctas.
En lo referente a la afiliación a la seguridad social, señala la respuesta correcta, según lo establecido en el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social: La afiliación a la Seguridad Social es obligatoria para las personas incluidas en el campo de aplicación del sistema de la Seguridad Social a efectos de las prestaciones contributivas y única para toda su vida y para todo el sistema, sin perjuicio de las altas y bajas en los distintos regímenes que lo integran, así como de las demás variaciones que puedan producirse con posterioridad a la afiliación. La afiliación podrá practicarse a petición de las personas o entidades obligadas a dicho acto, siempre a instancia de los interesados. La afiliación podrá practicarse a petición de las personas y entidades obligadas a dicho acto, siempre de oficio por la Administración de la Seguridad Social. Ninguna de las respuestas es correcta. .
Según el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, se consideran situaciones asimiladas al alta: La excedencia forzosa podrá ser asimilada a la situación de alta para determinadas contingencias. La situación legal de desempleo total durante la que el trabajador perciba prestación por dicha contingencia. La situación del trabajador durante el período correspondiente a vacaciones anuales retribuidas que no hayan sido disfrutadas por elmismo con anterioridad a la finalización del contrato. Todas son correctas. .
Según el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la cotización a la Seguridad Social: Es obligatoria en el Régimen General solamente. La obligación de cotizar nacerá desde el momento de iniciación de la actividad correspondiente. La obligación de cotizar nacerá desde el momento de iniciación de la actividad correspondiente, excluido el período de prueba. Ninguna es correcta. .
En relación a las Bases y tipos de Cotización, según el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social: Las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social y por los conceptos que recauden conjuntamente con las cuotas de la Seguridad Social serán los que se establezca cada año la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. El tipo de cotización tendrá carácter único para todo el ámbito de protección de este Régimen General. Su establecimiento y su distribución, para determinar las aportaciones respectivas del empresario y trabajador obligados a cotizar, se efectuarán en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. El tipo de cotización se reducirá en el porcentaje o porcentajes correspondientes a aquellas situaciones y contingencias que no queden comprendidas en la acción protectora que se determine. Todas son correctas.
Tendrán la consideración de accidente de trabajo, de conformidad con Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre: Los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo. Los que sean debidos a dolo o a imprudencia temeraria del trabajador accidentado. Los que sean debidos a fuerza mayor extraña al trabajo, entendiéndose por ésta la que sea de tal naturaleza que ninguna relación guarde con el trabajo que se ejecutaba al ocurrir el accidente. Todas las respuestas son correctas. .
La acción protectora del sistema de la Seguridad Social comprenderá, según el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social: La asistencia sanitaria en los casos de maternidad, de enfermedad común o profesional y de accidente, sea o no de trabajo. Las prestaciones de servicios sociales que puedan establecerse en materia de formación y rehabilitación de personas con discapacidad y de asistencia a las personas mayores, así como en aquellas otras materias en que se considere conveniente. Las prestaciones familiares de la Seguridad Social en sus modalidades contributiva y no contributiva. Todas son correctas. .
Según el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, se entiende por enfermedad profesional: La contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se especifiquen en el cuadro que se apruebe por las disposiciones de aplicación y desarrollo de esta ley y que éste provocada por la acción de los elementos o sustancias que en dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional. Toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena, incluidas las que sufra el trabajador al ir o al volver del trabajo. Las alteraciones de la salud que no tengan la condición de accidentes de trabajo ni de enfermedades profesionales. Todas son correctas.
Tendrán la consideración de accidentes de trabajo, según El Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social: Los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo. Los que sufra el trabajador con ocasión o como consecuencia del desempeño de cargos electivos de carácter sindical, así como los ocurridos al ir o al volver del lugar en que se ejerciten las funciones propias de dichos cargos. Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de las tareas que, aun siendo distintas a las de su grupo profesional, ejecute el trabajador en cumplimiento de las órdenes del empresario o espontáneamente en interés del buen funcionamiento de la empresa. Todas son correctas. .
Según el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, el artículo 204 dispone que, en relación con la prestación económica por causa de jubilación: En su modalidad contributiva, será única para cada beneficiario y consistirá en una pensión vitalicia que le será reconocida, en las condiciones, cuantia y forma que reglamentariamente se determinen, cuando, alcanzada la edad establecida, cese o haya cesado en el trabajo por cuenta ajena. En su modalidad no contributiva, será única para cada beneficiario y consistirá en una pensión temporal que le será reconocida, en las condiciones, cuantia y forma que reglamentariamente se determinen, cuando, alcanzada la edad establecida, cese o haya cesado en el trabajo por cuenta ajena. En su modalidad no contributiva, será única para cada beneficiario y consistirá en una pensión indefinada que le será reconocida, en las condiciones, cuantia y forma que reglamentariamente se determinen, cuando, alcanzada la edad establecida, cese o haya cesado en el trabajo por cuenta propia. En su modalidad contributiva, será única para cada beneficiario y consistirá en una pensión temporal que le será reconocida, en las condiciones, cuantia y forma que reglamentariamente se determinen, cuando, alcanzada la edad establecida, cese o haya cesado en el trabajo por cuenta ajena. .
Un almacén es: El espacio físico donde están depositadas todas las mercancías en espera de su distribución y su utilización. El espació físico donde se almacenan todos los productos que debemos de mantener en stock. Las dos definiciones son correctas. Todas son falsas. .
Los servicios y actividades de los hospitales se agrupan en divisiones ¿A qué división quedan adscritos los suministros según el Real Decreto 521/1987, de 15 de abril? Gerencia. División Médica. División de Enfermería. División de Gestión y Servicios Generales.
Las actividades fundamentales que integran la función de almacenes podemos considerar que son: Recepción, colocación, despacho, distribución y reposición. Pedido, recepción, control de salida, compras. La función de los almacenes es procurar que siempre haya existencias. Pedido, recepción, compras, ventas, abonos. .
Existen varios métodos de valoración en un inventario, el método FIFO consiste en: Última entrada, primera salida. Asigna a la unidad que sale el valor de la última que entró. La existencia que sale es la más nueva. Valora las unidades que entran o salen a un precio determinado. El primero que entra, es el primero que sale. El material utilizado se valora a los precios antiguos y las existencias aún disponibles a los actuales o a los precios más recientes. Valora las unidades que entran o salen a un precio medio. .
Existen varios métodos de valoración en un inventario, el método LIFO consiste en: Última entrada, primera salida. El material utilizado se valora a los precios actuales y las existencias del almacén a los precios más antiguos. Valora las unidades que entran o salen a un precio determinado. Primera entrada, primera salida. Asigna a la unidad que sale, el valor de la primera que entró, así la existencia que sale es la más antigua. Valoa las unidades que entran o salen a un precio medio. .
Existen varios métodos de valoración en un inventario, el método éstandar consiste en: Última entrada, primera salida. Asigna a la unidad que sale el valor de la última que entró. La existencia que sale es la más nueva. Primera entrada, primera salida. Asigna a la unidad que sale, el valor de la primera que entró, así la existencia que sale es la más antigua. Valora las unidades que entran o salen a un precio determinado. Valora las unidades que entran o salen a un precio medio. .
Existen varios métodos de valoración en una inversión, el método simple y ponderado consiste en: Valora las unidades que entran a un precio determinado. Primera entrada, primera salida. Asigna a la unidad que sale, el valor de la primera que entró, así la existencia que sale es la más antigua. Última entrada, primera salida. Asigna a la unidad que sale el valor de la última que entró. La existencia que sale es la más nueva. Valora las unidades que entran o salen a un precio medio.
La distribución de los pedidos desde los distintos almacenes a los servicios del hospital recibe el nombre de: Suministros internos. Suministros exteriores. Suministros de proveedores. Suministros externos. .
¿Qué es el índice de rotación? El tiempo transcurrido desde que un artículo entra en el almacén hasta que se produce su salida, tiempo que en todo caso, no puede exceder del período de caducidad de dicho artículo. El modo de girar el producto para su correcta colocación en el almacén. No existe tal concepto en la gestión del almacén. El tiempo transcurrido desde que un artículo entra en el almacén hasta que se produce su salida, tiempo que puede exceder del periodo de caducidad de dicho artículo.
Puede ser considerada quizás la labor más importante de todo el sistema de suministros: El control de calidad. La entrega a los servicios. La revisión de la mercancía. La gestión de stock.
¿Cuál de los siguientes no se considera material sanitario? Material y productos de hostelería. Apósitos. Cemento óseo. Material de radiodiagnóstico.
El Stock de Seguridad: Es la cantidad de unidades de artículos con los que se inicia el período mensual. Es el volumen de stock fijado de que el artículo sea considerado bajo mínimos. Su actualización dependerá del coeficiente de seguridad y dei si el artículo está considerado rotacional. Impide que un artículo tenga menos de 10 unidades en el almacén. Determina, en unidades, el número de éstas a partir de la cual debe de realizarse un pedido. .
¿Cuál de las siguientes no es una de las fases de la tarea de suministro? Petición de material Mapa del hospital. Gestión de Stock. Control económico. .
Señale la respuesta correcta en relación a la Ley de Contratos del Sector Público: Son contratos de suministro los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes inmuebles. Son contratos de suministro los que tienen por objeto la enajenación o el arrendamiento financiero de productos o bienes muebles. Son contratos de suministro los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero o el arrendamiento con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles. Ninguna es correcta.
Los contratos "cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o suministro, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario", se califican como: Contrato de concesión de servicios. Contrato de servicios. Contrato mixto. Ninguna es correcta.
Según el artículo 13.1 de la Ley de Contratos del Sector Público son contratos de obras aquellos que tienen por objeto: La ejecución de una obra, aislada o conjuntamente con la redacción del proyecto, o la realización de alguno de los trabajos enumerados en el Anexo I o la realización, por cualquier medio, de una obra que cumpla los requisitos fiijados por la entidad del sector público contratante que ejerza una influencia decisiva en el tipo o el proyecto de la obra. Aquel en cuya virtud uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a título oneroso a una o varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de un servicio cuya prestación sea de su titularidad o competencia, y cuya contrapartida venga constitudia bien por el derecho a explotar los servicios objeto del contrato o bien por dicho derecho acompañado del de percibir un precio. Únicamente la ejecución de una obra, aislada o conjuntamente con la redacción del proyecto, o la realización de alguno de los trabajo dener meraod sn el Anexo I. Ninguna es correcta. .
Los contratos del sector público vienen regulados por: Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que transponen al ordenamiento juíridico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE, de 26 de febrero de 2014. Ley 9/2017, de 8 de diciembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico españo las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE, de 26 de febrero de 2014. Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de diciemre, por el cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
El objeto de la Ley de Contratos del Sector Público es: Regula la subcontratación en el sector de la construcción y tiene por objeto mejorar las condiciones de trabajo del sector, en general, y las condicones de seguridad y salud de los trabajadores del mismo, en particular. Regular la contratación del sector privado, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores. Regular la contración del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, y principio de integridad, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa. Ninguna es correcta. .
A efectos de la Ley de Contratos del Sector Público, se consideran poderes adjudicadores: Las Administraciones Públicas. Las fundaciones públicas. Las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. Todas son correctas.
Los Organismos Autónomos, las Universidades Públicas y las autoridades administrativas independientes a efectos de la Ley de Contratos del Sector Público, se consideran que: No quedan sometidos a la actual ley de Contratos del Sector Público. Forman parte del Sector Público. No forman parte del Sector Público. Ninguna es correcta.
Son contratos regulados a la Ley de Contratos del Sector Público: Los contratos de obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro y servicios que celebren las entidades pertenencientes al sector privado. Los contratos de obras, concesión de obras públicas, gestión de servicios públicos, suministro, servicios y de colaboración entre el sector público y el sector privado, que celebren los entes, organismo y entidades pertenecientes al sector público. Los contratos de obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro y servicios que celebren las entidades pertenencientes al sector público. Ninguna es correcta. .
En relación a los contratos mixtos regulados en la Ley de Contratos del Sector Público: Se entenderá por contrato mixto aquel que contenga prestaciones correspondientes a otro u otros de distinta clase. Cuando un contrato mixto comprenda prestaciones propias de dos o más contratos de obras, suministros o servicios se atenderá al carácter de la prestación principal. En los casos en que un elemento del contrato mixto sea una obra y esta supere los 55.000 euros, deberá elaborarse un proyecto y tramitarse de conformidad con los artículos 231 y siguientes de dicha ley. Todas son correctas.
Según la Ley de Contratos del Sector Público, tendrán carácter administrativo los contratos siguientes, siempre que se celebren por una Administración Pública: Los contratos de obra, concesión de obra, concesión de servicios. Los celebrados por entidades del sector público que siendo poder adjudicador no reúnan la condición de Administraciones Públicas. Los celebrados por entidades del sector público que no reúnan la condición de poder adjudicador. Ninguna es correcta.
Según la Ley de Contratos del Sector Público, los contratos administrativos se regirán: En cuanto a su preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción, por esta Ley y sus disposiciones de desarrollo, supletariamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho penal. En cuanto a su preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción, por esta Ley y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. En cuanto a su preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción, por las normas de derecho administrativo; supletoriamente se aplicarán esta ley y sus disposicones de desarrollo y, en su defecto, las normas de derecho privado y penal. Ninguna es correcta.
En relación a la Ley de Contratos del Sector Público, tendrán la consideración de contratos privados: Los celebrados por entidades del sector público que siendo poder adjudicador no reúnan la condición de Administraciones Públicas. Los contratos de obra, concesión de obra, concesión de servicios, que se celebren por una Administración Pública. Los celebrados por entidades del sector privado que no reúnan la condición de poder adjudicador y Administración Pública. Ninguna es correcta.
Según el artículo 26.1 de la Ley de Contratos del Sector Público se considerarán contratos privados: Los que celebren las Administraciones Públicas cuyo objeto sea distinto de los referidos en las letras a) y b) del apartado primero del artículo anterior. Los celebrados por entidades del sector público que siendo poder adjudicador no reúnan la condición de Administraciones Públicas. Los celebrados por entidades del sector público que no reúnan la condición de poder adjudicador. Todas las respuestas son correctas. .
En relación a la Ley de Contratos del Sector Público, serán competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo las siguientes cuestiones: Las relativas a la preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción de los contratos administrativos. Las que se susciten en relación con la preparación y adjudicación de los contratos privados de las Administraciones Públicas. Los recursos interpuestos contra las resoluciones que se dicten por los órganos administrativos de resolución de los recursos previstos en el artículo 44 de esta Ley, así como en el artículo 321.5 Todas son correctas. .
Son Retribuciones Básicas: Sueldo y trienios. Complemento de destino y sueldo. Trienios y complemento de productividad. Sueldo y complemento específico.
Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el importe de los trienios: Se fija en el Convenio Colectivo Sectorial de la Salud de la Comunidad Autónoma de Canarias, con carácter anual. La Secretaría General Técnica fija los importes. El importe se fija en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Ninguna es correcta. .
En el Servicio Canario de la Salud, según la Instrucción de retribuciones del Servicio Canario de la Salud, el concepto retributivo de Atención Continuada, modalidad "B", es una retribución: Básica. Complementaria. Especial. Extraordinaria.
El complemento de destino: Retribuye la peligrosidad o penosidad. Retribuye la especial dificultad técnica. No lo pueden cobrar los funcionarios con menos de tres años de servicio. Retribuye el nivel del puesto que se desempeña.
En la nómina deben figurar los siguientes datos: Datos de identificación de la empresa y del trabajador. Período de liquidación. Devengos y deducciones. Todas son correctas. .
Según la normativa de retribuciones vigente en el Servicio Canario de la Salud, ¿cuál de los siguientes conceptos de nómina no es una retribución complementaria? Complemento de destino. Complemento específico. Trienios. Productividad. .
Según la Instrucción de retribuciones anual del SCS el complemento de productividad factor variable retribuye: La peligrosidad o penosidad. La especial dificultad técnica. El especial rendimiento, la peligrosidad y la especial dificultad técnica. Retribuye el especial rendimiento, el interés o la iniciativa del titular del puesto de trabajo. .
La indemnización por residencia: Se abonará en doce mensualidades. Se abonará en catorce mensualidades. Se abonará en doce mensualidades y en un porcentaje en ambas pagas extraordinarias. Ninguna es correcta. .
Entre las deducciones que pueden figurar en la nómina se encuentran: Cotizaciones a la Seguridad Social por contingencias comunes. Retenciones a cuentas del IRPF. Formación profesional. Todas son correctas. .
La norma que regula la confección de nóminas de retribuciones de los funcionarios de la Comunidad Autónoma de Canarias es: Orden de la Consejería de Hacienda, de 21 de octubre de 1985. Orden de la Consejería de Hacienda, de 21 de noviembre de 1985. Orden de la Consejería de Hacienda, de 21 de octubre de 1984. Orden de la Consejería de Hacienda, de 21 de noviembre de 1984.
La aplicación de la deducción al Fondo de Garantía Salarial, se aplicará a los funcionarios de carrera: En una cuantía fija. En relación al grupo retributivo. En relación a la antigüedad desde la fecha de toma de posesión. Los funcionarios de carrera no cotizan en este concepto.
La confección de las nóminas de retribuciones de los funcionarios dependientes de cada uno de los Órganos Superiores de la Comunidad Autónoma de Canarias, será realizada por: Los Habilitados - Pagadores nombrados por cada Consejería, uno por cada Dirección Territorial o Provincial. La Dirección de Recursos Humanos. Los Habilitados - Pagadores nombrados por cada Consejería, uno por cada isla. Ninguna es correcta. .
Según lo establecido en la Instrucción de retribuciones de la Dirección del SCS las pagas extraordinarias serán: Tres al año y se devengarán en marzo, junio y diciembre. Dos al año y se devengarán en junio, septiembre y diciembre. Dos al año y se devengarán en junio y diciembre. Dos al año y se devengarán en marzo y diciembre. .
El Decreto que regula la expedición de certificados, copias compulsadas, copias selladas y copias auténticas de documentos en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias es: Decreto 1/2014, de 15 de enero. Decreto 1/2015, de 22 enero. Decreto 1/2015, de 15 enero. Decreto 1/2014, de 22 de enero.
A los efectos del Decreto que regula la expedición de certificados y copias en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, "La reproducción de un documento, ya sea original o copia que, previo cotejo, acredita su presentación en los registros de los órganos y entidades incluidos en el ámbito de aplicación de este Decreto" es la definición de la: Copia única. Copia sellada. Copia compulsada. Copia auténtica. .
¿Cuál de las siguientes definiciones no se contempla en el Decreto regulador de la expedición de certificados, copias compulsadas, copias selladas y copias auténticas de docuementos en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias? Sellado simple. Copia sellada. Cotejo sellado. Cotejo. .
La copia auténtica se define, según el Decreto que regula la expedición de certificados y copias en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, como: Reproducción de un documento que acredita su autenticidad solo desde la perspectiva de la identidad de la copia con el original y que, además, tiene efectos certificantes en cuanto garantiza la autenticidad de los datos contenidos en este último, y tiene su misma validez y eficacia. Reproducción de un documento que acredita su autenticidad no solo desde la perspectiva de la identidad de la copia con el original sino que, además, tiene efectos certificantes en cuanto garantiza la autenticidad de los datos contenidos en este último, y tiene su misma validez y eficacia. Reproducción exacta de un documento que acredita su autenticidad no solo desde la perspectiva de la identidad de la copia con el original sino que, además, tiene efectos certificantes en cuanto garantiza la autenticidad de los datos contenidos en este último, y tiene su misma validez y eficacia. Reproducción exacta de un documento que acredita su autenticidad solo desde la perspectiva de la identidad de la copia con el original y que, además, tiene efectos certificantes en cuanto garantiza la autenticidad de los datos contenidos en este último, y tiene su misma validez y eficacia.
Según el Decreto que regula la expedición de certificados y copias en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, el régimen de uso de los certificados y copias será el que exija: La normativa sectorial en cada caso. La normativa estatal en cada caso. La normativa autonómica en cada caso. La normativa europea en cada caso. .
Según el Decreto que regula la expedición y copias en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, se entiende por certificación el: Acto administrativo de declaración formal por el que un órgano administrativo o personal funcionario constata los extremos, datos y contenidos de los documentos obrantes en un expediente administrativo o, en su caso, de los correspondientes datos inscritos en un registro público. Documento de constatación externa en el que se materializa el acto administrativo de certificación. Acto de declaración formal por el que un órgano administrativo o personal funcionario constata los extremos, datos y contenidos de los documentos obrantes en un expediente administrativo o, en su caso, de los correspondientes datos inscritos en un registro público. Acto administrativo de declaración formal por el que un órgano administrativo o personal funcionario constata los extremos, datos y contenidos de los documentos no obrantes en un expediente administrativo o, en su caso, de los correspondientes datos inscritos en un registro público.
A los efectos del Decreto que regula la expedición de certificados y copias en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, "Documento de constatación externa en el que se materializa el acto administrativo de certificación", es la definición de: Certificación. Certificado. Compulsa. Copia auténtica. .
A los efectos del Decreto que regula la expedición de certificados y copias en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, la "acción de comparar una copia de un documento con otro, con el objeto de comprobar que son idénticos" es la definición de: Comparación. Compulsa. Cotejo. Certificación. .
El ámbito de aplicación del Decreto canario que regula la expedición de certificados, copias compulsadas, copias selladas y copias auténticas de documentos es: La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus organismos autónomos. La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias , sus organismos autónomos y entidades de derecho público que de ella dependan. La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, sus organismos autónomos y entidades de derecho público y privado que de ella dependan.
La "reproducción de un documento público o privado sobre el qeu el empleado público ante el que se presenta hace constar, previo cotejo, su coincidencia exacta con el original del que es copia" es un/a: Copia compulsada. Copia sellada. Copia auténtica. Sellado simple. .
El Decreto canario regulador de la expedición de certificados, copias compulsadas, copias selladas y copias auténticas de documentos establece que serán competentes para emitir los actos de certificación, señale la respuesta incorrecta: Las personas titulares de los sevicios, secciones y negociados responsables de los registros privados, respecto de los datos inscritos en los mismos. Las personas titulares de los sevicios, secciones y negociados responsables de los registros públicos, respecto de los datos inscritos en los mismos. Las personas titulares de órganos administrativos y otro personal funcionario a los que expresamente se les atribuya esta función por el ordenamiento jurídico. El personal funcionario responsable de las unidades administrativas de información al ciudadano, respecto de los servicios y procedimientos que se presten o se gestionen en dichas unidades. .
El Decreto canario regulador de la expedición de certificados, copias compulsadas, copias selladas y copias auténticas de documentos establece que serán competentes para emitir los actos de certificación, señale la respuesta correcta: Las unidades administrativas de información al ciudadano, respecto de los servicios y procedimientos que se presten o se gestionen en dichas unidades, con una valoración del emisor de los hechos certificados. Los órganos administrativos, en el caso de las actuaciones no administrativas automatizadas de su competencia, de conformidad con lo establecido en su normativa reguladora. El personal funcionario responsable de las unidades administrativas de información al ciudadano, respecto de los servicios y procedimientos que se presten o se gestionen en dichas unidades. Las personas titulares de los servicios, secciones y negociados responsables de los registros privados, respecto de los datos inscritos en los mismos. .
El artículo 2 del Decreto regulador de la expedición de certificados, copias compulsadas, copias selladas y copias auténticas de documentos en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias contiene las siguientes definiciones: Copia auténtica, copia sellada, sellado simple, copia compulsada, cotejo, certificado y certificación. Copia auténtica, copia sellada, sellado simple, copia simple, compulsa, cotejo, certificado y cerificación. Copia auténtica, copia sellada, sellado simple, copia compulsada, cotejo, certificado y certificación autenticada. Copia auténtica, copia sellada, copia original, sellado simple, copia compulsada, cotejo , certificado y certificación. .
La norma que regula en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, el sistema de organización, gestión e información de las listas de espera en el ámbito sanitario es el: Decreto 126/2006, de 1 de agosto. Real Decreto 116/2006, de 1 de agosto. Decreto 116/2006, de 1 de agosto. Real Decreto 126/2006, de 1 de agosto. .
El Decreto canario que regula el sistema de organización, gestión e inforamción de las listas de espera en el ámbito sanitario tiene por objeto: Listas de espera quirúrgica y listas de espera de consulta especializada y pruebas diagnósticas/terapéuticas. Sólo la gestión de listas de espera quirúrgica. Sólo la gestion de listas de espera de consulta especializada y pruebas diagnósticas/terapéuticas. Ninguna es correcta. .
La finalidad del Decreto canario que regula el sistema de organización, gestión e información de las listas de espera en el ámbito sanitario es: La reducción de las listas de espera. El incremento de las listas de espera. Selección de personal estatutario y provisión de plazas básicas y puestos de trabajo en los órganos de prestación de servicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud. Ninguna es correcta. .
El ámbito de aplicación del Decreto canario que regula el sistema de organización, gestión e información de las listas de espera en el ámbito sanitario es: Todos los centros y servicios de la Red Hospitalaria de Utilización Pública del Servicio Canario de la Salud y a los centros y servicios concertados. Todos los centros y servicios de la Red Hospitalaria de Utilización Pública del Servicio Canario de la Salud. Todos los centros y servicios de la Red Hospitalaria de Utilización Pública del Sistema Nacional de Salud y a los centros y servicios concertados. Ninguna es correcta. .
Según el Decreto canario que regula el sistema de organización, gestión e información de las listas de espera en el ámbito sanario, señale la correcta: El desarrollo e implantación de las medidas para la reducción de las listas de espera establecidas en el Decreto canario que regula el sistema de organización, gestión e información de las listas de espera en el ámbito sanitario, corresponde a la Dirección General competente en materia de programas asistenciales del Servicio Canario de la Salud. El desarrollo e implantación de las medidas para la reducción de las listas de espera establecidas en el Decreto canario que regula el sistema de organización, gestión e información de las listas de espera en el ámbito sanitario, corresponde a la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de Salud. El desarrollo e implantación de las medidas para la reducción de las listas de espera establecidas en el Decreto canario que regula el sistema de organización, gestión e información de las listas de espera en el ámbito sanitario, corresponde a la Dirección General de Farmacia del Servicio Canario de Salud. Ninguna es correcta. .
Entre las funciones de la Dirección General encargada de la organización, gestión e información de las listas de espera en el ámbito sanitario en la Comunidad Autónoma de Canarias están: Establecer y coordinar los flujos de pacientes con el fin de garantizar el cumplimiento del objetivo de reducción de las listas de espera. Gestionar el sistema de información de listas de espera quirúrgica, de consulta especializada y pruebas diagnósticas/terapéuticas, manteniéndolo permanentemente actualizado. Proponer a la Dirección del Servicio Canario de la Salud los criterios de inclusión en las listas de espera, de conformidad con lo establecido en la normativa básica de aplicación. Todas son correctas. .
El órgano encargado del siguiemtneo y evaluación de las medidas adoptadas para la reducción de las listas de espera contempladas en el Decreto que regula el sistema de organización, gestión e información de las listas de espera en el ámbito sanitario de Canarias de: La Dirección del Servicio Canario de la Salud. La Dirección General de Recursos Humanos. La Consejería de Sanidad. Ninguna es correcta.
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En relación al cómputo del tiempo máximo establecido en el Decreto canario que regula el sistema de organización, gestión e información de las listas de espera en el ámbito sanitario, señale la correcta: El inicio del cómputo del plazo máximo de permanencia en la lista de espera en consulta especializada y pruebas diagnósticas/terapéuticas se efectuará a partir del mismo día de indicación de la consulta especializada o prueba diagnóstica/terapéutica por el médico de la red pública, teniendo en cuenta tal petición. El inicio del cómputo del plazo mínimo de permanencia en la lista de espera en consulta especializada y pruebas diagnósticas/terapéuticas se efectuará a partir del día siguiente a la fecha de indicación de la consulta especializada o prueba diagnóstica/terapéutica por el médico de la red pública, teniendo en cuenta tal petición. El inicio del cómputo del plazo máximo de permanencia en la lista de espera en consulta especializada y pruebas diagnósticas/terapéuticas se efectuará a partir del día siguiente a la fecha de indicación de la consulta especializada o prueba diagnóstica/terapéutica por el médico de la red pública, teniendo documentada tal petición. Ninguna es correcta. .
Según establece el Decreto canario por el que se regula el sistema de organización, gestión e información de las listas de espera en el ámbito sanitario, el tiempo máximo de permanencia en lista de espera se interrumpirá cuando concurra alguno de los siguientes supuestos: Causas clínicas, valoradas por el facultativo responsable que aconsejen retrasar la intervención, la realización de la consulta o la práctica de la preuba y durante el tiempo que se determine y sea necesario para su desaparición. Mutuo acuerdo entre las partes. Matrimonio, veinte días naturales. Todas son correctas. .
La Consejería competente en materia de sanidad, teniendo en cuenta las previsiones reguladas en la normativa básica, proporcionará la siguiente información general sore las listas de espera: Estado de situación de las listas de espera en la Comunidad Autónoma de Canarias. Tiempos máximos de espera en cada una de las listas. La información general estará disponible en la página web de la Consejería. Todas son correctas. .
En relación a la información personalizada en el artículo 17 del Decreto canario por el que se regula el sistema de organización, gestión e información de las listas de espera en el ámbito sanitario, el paciente, su representante legal o persona debidamente autorizada, recibirá el correspondiente documento acreditativo que deberá contener como mínimo, los siguientes datos: La fecha y motivo de inclusión, así como la fecha prevista en que se realizará la intervención quirúrgica, o la fecha y hora de la primera consutla especializada o la primera pureba diagnóstica/terapéutica. En el supuesto de que estas últimas no puedan indicarse en ese momento, se dejará constancia del plazo en el que han de ser notificadas. El procedimiento para obtener información sobre su situación en la lista de espera quirúrgica, primera consulta especializada o primeras pruebas diagnósticas/terapéuticas. El procedimiento para ejercitar su derecho a la intervención en el plazo de demora máximo comprometido y, eventualmente, manifestar cualquier queja al respecto. Todas son ciertas. .
En relación al Decreto canario por el que se regula el sistema de organización, gestión e información de las listas de espera en el ámbito sanitario, señale la respuesta correcta: Transcurrido el tiempo máximo de programación sin que el centro o servicio sanitario hubiera fijado la fecha de la cita correspondiente, no se podrá derivar al paciente a otro centro o servicio de la Red Hospitalaria de Utilización Pública del Servicio Canario de la Salud o, en su caso, a un centro o servicio concertado. Transcurrido el tiempo máximo de programación sin que el centro o servicio sanitario hubiera fijado la fecha de la cita correspondiente, se podrá derivar al paciente a otro centro o servicio de la Red Hospitalaria de Utilización Pública del Servicio Canario de la Salud; pero no a un centro o servicio concertado. Transcurrido el tiempo máximo de programación sin que el centro o servicio sanitario hubiera fijado la fecha de la cita correspondiente, se podrá derivar al paciente a otro centro o servicio de la Red Hospitalaria de Utilización Pública del Servicio Canario de la Salud o, en su caso, a un centro o servicio concertado. Ninguna es correcta. .
Según se establece en el Dercreto canario que regula las listas de espera en el ámbito sanitario, entre las causas para la interrupción de plazo del tiempo máximo de permanencia en lista de espera se encuentra: Nacimiento o adopción de un hijo o nieto y durante 4 días naturales. Fallecimiento o enfermedad grave de un familiar hasta el cuarto grado de consaguinidad o afinidad, cuatro días naturales. Cumplimiento de un deber inexcusable de carácter personal y durante el tiempo estrictamente necesario. Todas son correctas. .
La aplicación del Decreto que regula las listas de espera en la Comunidad Autónoma de Canarias afectará a todos los pacientes con derecho a la asistencia sanitaria pública en el Sistema Canario de la Salud que se encuentren en alguna de las situaciones siguientes: Pacientes en espera para ser atendidos en primeras consultas de asistencia especializada o para la realización de pruebas diagnósticas/terapéuticas en atención hospitalaria solicitadas por un médico de la red pública, teniendo documentada tal petición. Pacientes en espera para ser atendidos en primeras consultas de atención primaria, teniendo documentada tal petición. Pacientes en espera para ser atendidos en primeras consultas de asistencia especializada o para la realización de pruebas diagnósticas/terapéuticas en atención hospitalaria solicitadas por un médico de la red privada, teniendo documentada tal petición. Ninguna es correcta. .
Si desea imprimir páginas salteadas desde un procesador de texto: Ninguna de las respuestas es correcta. Debe poner el número de las páginas separadas por una coma. Debe poner el número de las páginas separadas por un asterisco. Debe poner el número de las páginas separadas por un guión. .
Señale cuál de las siguientes combinaciones de teclas (método abreviado) permite cortar un texto seleccionado: CTRL+Z CTRL+M MAYÚS(Shift)+F3 CTRL+X.
En un Procesador de texto, pulsando las teclas CTRL+AA (dos veces A) se activa la opción: Seleccionar todo. Deshacer. Buscar y reemplazar la A por la A. Ninguna de las respuestas es correcta. .
En un Sistema Gestor de Base de Datos ¿a qué denominamos clave primaria?: Clave que se usa en una tabla secundaria y que coincide con la de una tabla primaria relacionada. Campo que puede tener valores duplicados. Uno o más campos cuyo valor identifica de manera exclusiva cada registro de una tabla. Un campo que puede permitir valores nulos. .
En el marcado hay varios sistemas gestores de bases de datos, ¿cuál es el más extendido en la actualidad y que permite trabajar con tablas?: Modelo relacional. Modelo jerárquico. Modelo de red. Modelo de árbol.-.
Podríamos definir la tabla de una base de datos relacional como: Una colección de datos organizativos en columnas (campos) y filas (registros). Un conjunto de datos estructurados en filas, que son los campos. Una colección de datos numéricos. Una colección de datos organizados en columnas (registros) y filas (campos).
Señale la respuesta correcta. Un procesador de texto es: Una aplicación informática destinada a la creación o modificación de documentos escritos por medio de una computadora. Una aplicación que permite manipular datos numéricos y alfanuméricos dispuestos en forma de tablas compuestas por celdas que se suelen organizar en una matriz bidimensional de filas y columnas. Un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. Ninguna es correcta. .
Una base de datos está compuesta por objetos que tienen una función determinada. Señale cuál de los siguientes objetos forma parte de una base de datos: Tablas para almacenar los datos. Consultas para buscar y recuperar únicamente los datos que se necesita. Formularios para ver, agregar y actualizar los datos de las tablas. Todas son ciertas. .
En relación a los procesadores de texto, señale la verdadera: Brindan una amplia gama de funcionalidades tipográficas, idiomáticas u organizativas, con diversas variantes según el programa de que se disponga. Como regla general, todos pueden trabajar con distintos tipos y tamaños de letra, formato de párrafo y efectos artísticos, además de brindar la posibilidad de intercalar o superponer imágenes u otros objetos gráficos dentro del texto. Incorporan correctores de ortografía y gramática, así como diccionarios multilingües y de sinónimos que facilitan en gran medida la labor de redacción. Todas son ciertas. .
¿Cuál es el orden de prioridad de operación en una hoja de cálculo, introduciendo una fórmula sin paréntesis? Primero se resuelven sumas y restas; después, cocientes y productos; y finalmente potencias. Primero se resuelven potencias; después, cocientes y productos; y finalmente, sumas y restas. Primero se resuelven cocientes y productos; después potencias; y finalmente sumas y restas. Primero se resuelven sumas y restas; después, potencias; y finalmente cocientes y productos.
En una hoja de cálculo, ¿a qué categoría de funciones pertenece la función SI?: Búsqueda y referencia. Estadística. Texto. Lógicas.
¿Cuál de estas fórmulas en una hoja de cálculo es incorrecta? =suma(A1:A7). =suma(A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7) =suma(A1:A5;A6;A7). =suma(A1;A2;A3;A4;A5;A6;A7).
La unidad básica de información en la hoja de cálculo, donde se insertan los valores y las fórmulas que realizan los cálculos se denomina: Hoja. Celda. Libro. Coordenada.
Al utilizar una hoja de cálculo se introduce la información en celdas, que a su vez están organizadas en: Párrafos y columnas. Filas y columnas. Párrafos y filas. Párrafos y hojas.
¿Qué combinación de teclas utilizarías en un procesador de texto para deshacer una acción?: Control + X. Control + P. Control + C. Control + Z.
¿Cuál de las siguientes es la denominación para un grupo de ordenadores y/o dispositivos interconectados a fin de compartir información y recursos? Protocolo de comunicación. Red informática. Algoritmo informático. Lenguaje de programación. .
El dispositivo informático cuya misión es, entre otras, bloquear el acceso a usuarios no autorizados a una red privada que está conectada a Internet, es el: Firewall. Antivirus. IDS. Servidor.
Cada ordenador conectado a Internet tiene una dirección para identificarse por una serie de números ¿Cuál es su nombre?: DNS. IP. COM. ID.
¿Con cuál de los siguientes protocolos pueden varios usuarios acceder de forma simultánea a la misma cuenta de correo electrónico y ver los mensajes? IMAP. POP3. SMTP. C3PO.
Si queremos enviar un correo electrónico a varios destinatarios sin que entre ellos reciban las direcciones de correo de los demás, usamos el campo: Para. CC. CCO. BCO.
¿Qué es un buscador Web? Es un sitio para buscar dominios. Es una herramienta para agregar sitios a una intranet. Es un servidor informático que permite la búsqueda de contenidos en base a palabras claves. Ninguna es correcta.
Al conjunto de datos que se añaden a una unidad de datos para protegerlos contra la falsificación, permitiendo al receptor probar la fuente y la integridad de los mismos, se denomina: FNMT. Memoria virtual. Firewall. Firma digital.
¿Qué es una ventana POP UP? Una ventana basada en el protocolo de correo POP-3. Una ventana que tú abres voluntariamente para acceder a su información. Una ventana emergente que aparece automáticamente al navegar en determinadas páginas. La ventana normal de trabajo del navegador.
¿Qué significa en la red de Internet las siglas WWW? World Wild Web. Work Wide Web. Word Wide Web. World Wide Web.
En el caso de que los interesados optaran por relacionarse con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos, se considerarán válios a efectos de firma: Sistemas de firma electrónica cualificada y avanzada basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la "Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación". Sistemas de sello electrónico cualificado y de sello electrónico avanzado basados en certificados electrónicos cualificados de sello electrónico expedidos por prestador incluidos en la "Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación". Cualquier otro sistema que las Administraciones públicas consideren válido en los términos y condiciones que se establezca, siempre que cuenten con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad y previa comunicación a la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Todas las respuestas son correctas. .
Los medios o soportes en que se almacenen documentos electrónicos por la Administración, deberán contar con medidas de seguridad, de acuerdo con lo previsto en el: Esquema Nacional de Inteligencia. Centro Nacional de Inteligencia. Esquema Nacional de Seguridad. Centro Nacional de Seguridad. .
La plataforma de teleformación Moodle, para el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje contiene herramientas de: Comunicación. Gestión de personas. Didácticas. Todas son correctas.
¿Quién puede obtener un Certificado electrónico de Ciudadano o Certificado Digital? Cualquier ciudadano español que esté en posesión de su DNI. Cualquier ciudadano español o extranjero que esté en posesión de su DNI o NIE. Cualquier ciudadano español o extranjero, mayor de edad o menor emancipado que esté en posesión de su DNI o NIE. Todas son correctas. .
¿De qué forma puede obtenerse el Certificado Digital? Con un vídeo identificación. Con acreditación presencial en una oficina. Utilizando el DNI electrónico. Todas son correctas. .
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