Según el artículo 31 en su apartado 1 de la Constitución Española, todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de: Igualdad y universalidad Universalidad y unidad Eficacia y progresividad Igualdad y progresividad.
Según el artículo 31 en su apartado 2 de la Constitución Española, el gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de: Eficacia y economía Eficiencia y economía Eficacia y eficiencia Igualdad y progresividad.
Según el artículo 116.2 de la Constitución Española, el Estado de Alarma será declarado por: El Gobierno mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros, dando cuenta al Congreso de los Diputados. Su duración no excederá de 15 días. El Gobierno mediante Decreto acordado por el Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados por mayoría simple. Su duración no podrá exceder de 30 días, prorrogable por otro plazo igual. Mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno. El Congreso determinará su ámbito territorial, duración y condiciones. Ninguna es correcta.
No será suspendido en el Estado de Excepción el siguiente derecho: Secreto de las comunicaciones. Reunión y manifestación. Derechos reconocidos al detenido. Libertad de expresión, información activa y pasiva.
No será considerado órgano necesario, según el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales: Presidente de la Diputación Provincial. El Pleno de la Diputación Provincial. Comisión Especial de Cuentas. Las Comisiones Informativas.
En todos los municipios deberán prestarse: Abastecimiento de agua potable. Tratamiento de Residuos. Prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público. Transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano.
Para que podamos hablar de un acto válidamente producido, su elemento subjetivo requiere (Señala la incorrecta): Que provenga de la Administración. Que el titular de órgano esté legalmente investido en el cargo. Que se halle en situación abstracta de parcialidad. Que lo dicte el órgano competente.
En el artículo 58.2 de la Ley del Régimen Jurídico de Procedimiento Administrativo Común, establece que toda notificación deberá ser cursada en el plazo de: 10 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. 15 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. 20 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. 1 mes a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
La revisión de oficio establecida en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico del Procedimiento Administrativo Común, nos obliga a referirnos a: La revisión de los actos nulos. La declaración de lesividad de los actos anulables. La revocación de actos. Todas son correctas.
La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico del Procedimiento Administrativo Común, distingue las siguientes fases que son: Introducción, ordenación y terminación. Iniciación, ordenación, instrucción y terminación. Iniciación, ordenación y terminación. Iniciación, instrucción y terminación.
Según el artículo 31 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de Procedimiento Administrativo Común, se consideran interesados en el procedimiento (Señala la incorrecta): Quienes promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos. Los que, habiendo iniciado el procedimiento, no tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva. Todas son correctas.
Según el artículo 20 en su apartado 2 de la Ley de Protección de Datos, las disposiciones de creación o de modificación de ficheros deberán indicar: La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo. Las cesiones de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros. Las personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos. Todas son correctas.
No es una de las funciones de la Agencia de Protección de Datos: Emitir las autorizaciones previstas en la Ley o en sus disposiciones reglamentarias. Informar, con carácter facultativo, los proyectos de disposiciones generales que desarrollen esta Ley. Velar por el cumplimiento de la legislación sobre protección de datos y controlar su aplicación, en especial en lo relativo a los derechos de información, acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos. Redactar una memoria anual y remitirla al Ministerios de Justicia.
No es correcto con respecto al Director de la Agencia de Protección de Datos: La dirige y la representa. Es elegido de entre los miembros del Consejo de Ministros, mediante Real Decreto, por cuatro años. Ejercerá sus funciones con plena independencia y objetividad y no estará sujeto a instrucción alguna en el desempeño de aquéllas. Puede ser cesado a petición propia o por separación acordada por el Gobierno por incumplimiento grave, incapacidad, incompatibilidad o por condena por delito doloso previa instrucción de expediente.
Según el artículo 47 de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos, las infracciones y sanciones prescribirán: Las infracciones muy graves a los tres años, las graves a los dos años y las leves al año. Las sanciones muy graves a los tres años, las graves a los dos años y las leves al año. Las infracciones muy graves a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses. Las sanciones muy graves a los tres años, las graves a los dos años y las leves al año. Las infracciones muy graves a los dos años, las graves al año y las leves a los seis meses. Las sanciones muy graves a los dos años, las graves al año y las leves a los seis meses. Ninguna es correcta.
El artículo 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en el párrafo 2.c define el impuesto como: Los tributos exigidos con contraprestación cuyo hecho imponible está constituido por negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica del contribuyente. Los tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el obligado tributario de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos. Los tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando los servicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o no se presten o realicen por el sector privado. Los tributos exigidos sin contraprestación cuyo hecho imponible está constituido por negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica del contribuyente.
No están exentos de pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles: Los bienes comunales y montes vecinales. Los inmuebles cuya cuota sea igual o mayor a 6 euros si son urbanos y a 12 euros si son rústicos. Los centros educativos concertados. Repoblaciones forestales.
En el caso del Impuesto de Bienes Inmuebles, el tipo impositivo aplicable a los inmuebles de naturaleza rústica queda fijado en el: 1,0699% 1,15% 0,7334% 0,699%.
No es cierto, con respecto a las bonificaciones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles: Un 50%, durante los tres períodos impositivos siguientes al del otorgamiento de la calificación definitiva, las viviendas de protección oficial y las viviendas protegidas que cumplan las condiciones de uso, destino, superficie, calidad, diseño y precio de venta o alquiler establecida para cada uno de los Programas en los Planes andaluces y estatales de vivienda y suelo y obtengan calificación definitiva como tales por la Consejería de Fomento y Vivienda. Un 90% a los bienes rústicos de las cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la tierra, en los términos establecidos en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas. Un 95% para las viviendas de alquiler social gestionadas por entidades de titularidad pública. Un 50% para inmuebles en los que se instalen sistemas de aprovechamiento de la energía solar.
Según el artículo 216 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre de General Tributaria, son procedimientos especiales de revisión la: Revisión de actos nulos de pleno derecho, declaración de lesividad de actos anulables, revocación y rectificación de errores. Revisión de actos anulables, declaración de lesividad de actos nulos de pleno derecho, revocación, rectificación de errores y devolución de ingresos indebidos. Revisión de actos nulos de pleno derecho, declaración de lesividad de actos anulables, revocación, rectificación de errores y devolución de ingresos indebidos. Recurso de actos nulos de pleno derecho, declaración de lesividad de actos anulables, revocación, rectificación de errores y devolución de ingresos indebidos.
Según el artículo 4 del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, en materia de revisión en vía administrativa, el procedimiento de revisión de actos nulos de pleno derecho podrá iniciarse: De oficio mediante acuerdo del órgano que establezca la norma de organización específica, a propuesta del órgano que dictó el acto de cualquier otro de la misma Administración pública. El inicio será notificado al interesado. Exclusivamente de oficio, sin perjuicio de que los interesados puedan promover su iniciación por la Administración competente mediante un escrito que dirigirán al órgano que dictó el acto. En este caso, la Administración quedará exclusivamente obligada a acusar recibo del escrito. De oficio, por acuerdo del órgano que dictó el acto o de su superior jerárquico, o a instancia del interesado. En este último caso, el escrito de dirigirá al órgano que dictó el acto cuya revisión se pretende. El inicio de oficio será notificado al interesado. Ninguna es correcta.
En el artículo 12 del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, establece que en el ámbito de competencias del Estado, el acuerdo de sobre la revocación deberá: Adoptarse por el Secretario General competente o por el secretario general del departamento de la Agencia Estatal de Administración Tributaria competente del que dependa el órgano que dictó el acto. Adoptarse por el Secretario General Técnico competente o por el secretario técnico general del departamento de la Agencia Estatal de Administración Tributaria competente del que dependa el órgano que dictó el acto. Adoptarse por el Director General competente o por el director general del departamento de la Agencia Estatal de Administración Tributaria competente del que dependa el órgano que dictó el acto. Adoptarse por el dictamen del Consejo de Estado u órgano equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiera.
El artículo 8.2 del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de Desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, establece con respecto a la tramitación del procedimiento para la declaración de lesividad de los actos anulables que: Acordado el inicio del procedimiento, se comunicará esa decisión al órgano competente para tramitar y al que dictó el acto objeto del procedimiento, que deberá remitir una copia cotejada del expediente al órgano competente para tramitar en el plazo de 10 días a partir de la recepción de la comunicación y a la que acompañará un informe sobre los antecedentes que fuesen relevantes para resolver. El órgano competente para tramitar el procedimiento solicitará al órgano que dictó el acto la remisión de una copia cotejada del expediente administrativo y de un informe sobre los antecedentes del procedimiento que fuesen relevantes para resolver. Asimismo, podrá solicitar cualquier otro dato o antecedente que considere necesario para elaborar la propuesta de resolución. El órgano competente para acordar el inicio del procedimiento será el superior jerárquico del que lo hubiese dictado. El inicio podrá ser propuesto, de forma motivada, por el propio órgano que hubiera dictado el acto o por cualquier otro de la misma Administración Pública. Todas son incorrectas.
En el caso del Impuesto de Bienes Inmuebles, con carácter general, el tipo impositivo aplicable a los inmuebles de naturaleza urbana, queda fijada en el: 1,15% 0,7334% 0,699% 1,069%.
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