101. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los siguientes actos deben ser motivados: Los que limiten derechos objetivos o intereses legítimos. Los que limiten derechos objetivos o intereses ilegítimos. Los que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses ilegítimos.
102. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, no tienen por qué motivarse los actos que: Resuelvan recursos administrativos. Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos. Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados. Todas las respuestas son incorrectas.
103. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en su artículo 37 sobre la inderogabilidad singular: Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter particular, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter particular, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición particular. Las resoluciones administrativas de carácter general no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general.
104. Según el artículo 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo para resolver y notificar, produce los siguientes efectos: Los interesados podrán entender estimadas sus pretensiones por silencio administrativo en el caso de procedimientos de los que se deriven la constitución de derechos. En los procedimientos en que la administración ejercite potestades sancionadoras el interesado debe solicitar la caducidad de las actuaciones. En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras, se producirá la caducidad. Ninguna es correcta.
105. Según el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se entiende que el silencio de la Administración tiene carácter negativo, en procedimientos iniciados a solicitud del interesado, en el siguiente caso: En todos los procedimientos, salvo en los de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. En todos los procedimientos, salvo que sean actividades que puedan dañar el medio ambiente. En los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición del artículo 29 de la Constitución. En ninguno de los casos propuestos.
106. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en el supuesto de que se produzca silencio administrativo positivo y, luego, la Administración resuelva expresamente, la resolución: Puede denegar lo conseguido en virtud del silencio administrativo. Indistintamente, puede rectificar lo conseguido o denegarlo. Ha de ser confirmatoria de lo conseguido por el silencio administrativo. Ninguna es correcta.
107. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los supuestos de nulidad de pleno derecho de actos administrativos: Son la regla general en nuestro Derecho. Son los recogidos en el artículo 46 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, exclusivamente. Pueden establecerse expresamente en una disposición con rango de Ley. Son sólo los del artículo 48 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y de otras Leyes formales.
108. El defecto de forma de un acto, según reconoce expresamente la Ley 39/2015, de 1 de octubre: Determinará la nulidad absoluta cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin. Lo vicia con nulidad absoluta. Lo vicia con anulabilidad en todo caso. Determinará la anulabilidad si produce indefensión de los interesados.
109. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde: La fecha en que se notifiquen en todo caso. La fecha en que se publiquen. La fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. Ninguna es correcta.
110. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la Administración podrá convalidar un acto: Si el vicio consiste en incompetencia jerárquica no determinante de nulidad. Si el vicio consiste en incompetencia funcional no determinante de nulidad. Si el vicio consiste en incompetencia territorial no determinante de nulidad. Ninguna respuesta es correcta.
111. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la Administración no podrá convalidar un acto si el vicio consiste en: Incompetencia jerárquica. La falta de una autorización. Incompetencia funcional. La omisión de un informe facultativo.
112. El plazo para interponer un recurso de alzada contra un acto expreso será de: Un mes. Tres meses. Diez días. Seis meses.
113. ¿En qué supuesto se podrá interponer el recurso extraordinario de revisión dentro del plazo de 4 años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución a impugnar?: Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución. Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme. Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente. Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida.
114. El recurso de alzada: Podrá interponerse, en cualquier caso, en el plazo de 3 meses. Podrá interponerse ante cualquier acto que ponga fin a la vía administrativa. Podrá interponerse contra las disposiciones administrativas de carácter general ante el órgano superior jerárquico del que las dictó. Podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo.
115. Contra la resolución de un recurso de reposición: No podrá interponerse de nuevo dicho recurso. Podrá interponerse un nuevo recurso de reposición. Podrá interponerse de nuevo recurso de reposición pero ante el órgano superior jerárquico del que lo resolvió. Procederá el recurso extraordinario de revisión, siempre y cuando concurran las circunstancias previstas en el art. 109.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
116. Contra los actos administrativos que ponen fin a la vía administrativa, ¿qué recurso podremos interponer en vía administrativa? Ninguno. Recurso de alzada. Recurso potestativo de reposición. Alzada o extraordinario de revisión.
117. El recurso de alzada se resuelve por: El superior jerárquico del órgano que dictó el acto que se impugna. El mismo órgano que dictó el acto que se impugna. El Ministro competente, siempre. La Presidencia del Gobierno.
118. Ante un acto no expreso, el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer recurso de reposición ¿en qué plazo?: En el plazo de tres meses a partir del día siguiente a aquél en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. En el plazo de seis meses a partir del día siguiente a aquél en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. En cualquier momento a partir del día siguiente a aquél en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. En el plazo de un año a partir del día siguiente a aquél en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto.
119. ¿Cuál no es un recurso de los recogidos en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas? Recurso potestativo de reposición. Recurso de alzada. Recurso extraordinario de revisión. Ninguna respuesta es correcta.
120. Contra los actos firmes en vía administrativa, sólo procederá el recurso extraordinario de revisión cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo: 124.1 125.1 126.1 127.1.
121. Podrán interponerse, por los interesados, los recursos de alzada y potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de la Ley 39/2015: Contra las resoluciones y los actos de trámite. Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto. Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento. Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos.
122. Las leyes podrán sustituir el recurso de alzada, en supuestos o ámbitos sectoriales determinados, y cuando la especificidad de la materia así lo justifique, ante órganos colegiados o Comisiones específicas no sometidas a instrucciones jerárquicas, con respeto a los principios, garantías y plazos que la Ley 39/2015, de 1 de octubre, reconoce a las personas y a los interesados en todo procedimiento administrativo por otros procedimientos de: Impugnación. Mediación y arbitraje. Conciliación, mediación y arbitraje. Todas son correctas.
123. Señale la respuesta incorrecta. Ponen fin a la vía administrativa: Las resoluciones de los recursos de alzada. Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario. Las resoluciones de los procedimientos a que se refiere el artículo 112.3. Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento.
124. Señale la respuesta incorrecta. Además de lo previsto en el artículo 114.1 de la Ley 39/2015, en el ámbito estatal ponen fin a la vía administrativa los actos y resoluciones siguientes: Los actos administrativos de los miembros y órganos del Gobierno. Los emanados de los Consejeros y los Secretarios de Estado en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas los órganos de los que son titulares. Los emanados de los órganos directivos con nivel de Director general o superior, en relación con las competencias que tengan atribuidas en materia de personal. En los Organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, los emanados de los máximos órganos de dirección unipersonales o colegiados, de acuerdo con lo que establezcan sus estatutos, salvo que por ley se establezca otra cosa.
125. Cuál no sería una causa de inadmisión de un recurso según el artículo 116 de la Ley 39/2015. Carecer de legitimación el recurrente. Tratarse de un acto susceptible de recurso. Haber transcurrido el plazo para la interposición del recurso. Carecer el recurso manifiestamente de fundamento.
126. Los servicios de información administrativa y atención al ciudadano se regulan en: Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero. Decreto 44/2007, de 27 de febrero. En ambas normativas. Todas son incorrectas.
127. Según el artículo 7 del Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan los servicios de información administrativa y atención al ciudadano, las oficinas de información y atención al ciudadano que constituyen la red informativa general son: Las oficinas centrales y atención al ciudadano en los servicios centrales y de los órganos territoriales de la Administración General del Estado. Las oficinas locales y atención al ciudadano en los servicios locales y de los órganos locales de la Administración Local. Las oficinas centrales y atención al ciudadano en los servicios centrales y de los órganos regionales de la Administración Autonómica. Ninguna de las respuestas es correcta.
128. Según el Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, la información general: Se facilitará obligatoriamente a los ciudadanos, sin exigir para ello la acreditación de legitimación alguna. Cuando resulte conveniente una mayor difusión, deberá ofrecerse a los grupos sociales o instituciones aunque no estén interesados en su conocimiento. Ninguna de las respuestas corresponde con la información general. Es la referida a los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que los ciudadanos se propongan realizar.
129. Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 8 del Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, ¿dónde radicarán, salvo que circunstancias singulares aconsejen otro emplazamiento, las oficinas centrales de información y atención al ciudadano? En la sede de cada Departamento Autonómico En la sede de cada Departamento Regional. En la sede de cada Departamento Ministerial. No tienen que estar radicadas en ningún emplazamiento concreto.
130. La actividad de información, atención y orientación ciudadana, de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias tiene como finalidad según el Decreto 44/2007, de 27 de febrero: Contener los testimonios de las actividades de las instituciones y de las personas de nuestra comunidad. Recabar y proporcionar la información de interés para los ciudadanos relacionada con las actividades y servicios que presta dicha Administración, sus organismos autónomos y entidades públicas vinculadas o dependientes, y orientar y facilitar el acceso a los mismos, así como mejorar la relación con los usuarios ciudadanos. Recabar y proporcionar la información de interés para los ciudadanos relacionada solo con servicios que presta la Administración General, sus organismos estatales y entidades privadas vinculadas o dependientes. Ninguna de las respuestas coincide con dicha finalidad.
131. Establece el artículo 9 del Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, en relación con los órganos territoriales de la Administración General del Estado, que existirán, con el carácter de oficinas centrales, oficinas de información y atención al ciudadano dependientes de: Las Delegaciones Locales. Las Delegaciones Ministeriales. Ninguna de las respuestas es correcta. Las Delegaciones Insulares del Gobierno.
132. Según el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social., se entiende por discapacidad: La situación que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias previsiblemente temporales y cualquier tipo de barreras que limiten o impidan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. La situación que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias previsiblemente coyunturales y cualquier tipo de barreras que limiten o impidan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. La situación que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias previsiblemente permanentes y cualquier tipo de barreras que limiten o impidan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. Todas las respuestas son correctas.
133. Según el Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, las oficinas de información y atención al ciudadano de los órganos territoriales de la Administración General del Estado son: De carácter general y particular. De carácter central y sectorial. De carácter individual y social. De carácter individual y sectorial.
134. ¿En qué artículo del Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan los servicios de información administrativa y atención al ciudadano se regula la información particular? Artículo 2. Artículo 3. Artículo 4. Artículo 5.
135. Según el Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, la Información administrativa puede ser: General y particular. Colectiva e individual. Social y no social. General e individual.
136. Según el Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, son funciones específicas del Centro de Información Administrativa: Mantener actualizadas y distribuir las bases de datos de la Administración General del Estado. Cooperar en el desarrollo de las unidades y oficinas de información de los demás Departamentos y organismos de la Administración General del Estado. Promover y organizar, en colaboración con el Instituto Nacional de Administración Pública, cursos de capacitación en materias relacionadas con las funciones propias de las unidades de información administrativa. Todas las respuestas anteriores son correctas.
137. Según el Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, la información administrativa es Es un fin adecuado a través del cual los ciudadanos pueden acceder al conocimiento de sus derechos y obligaciones y a la utilización de los bienes y servicios públicos. Es un cauce adecuado a través del cual los ciudadanos pueden acceder al conocimiento de sus derechos y obligaciones y a la utilización de los bienes y servicios públicos. Es un cauce adecuado a través del cual los ciudadanos pueden acceder al conocimiento de sus deberes y obligaciones y a la utilización de los bienes y servicios públicos. Es un fin adecuado a través del cual los ciudadanos pueden acceder al conocimiento de sus deberes y obligaciones y a la utilización de los bienes y servicios públicos.
138. Según el Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, ¿sólo los interesados en un procedimiento tienen acceso a la información particular? Sí. No, también sus familiares. No, también sus representantes legales. No, también sus familiares y sus representantes legales.
139. Según el Art. 15 de La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, cuál de las siguientes no forman parte del contenido mínimo de la historia clínica: El informe de urgencias. La hoja de interconsulta. El informe clínico de alta. Todas están incluidas en el contenido mínimo.
140. Según el art. 15 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación sanitaria, cuál de los siguientes documentos no forma parte del contenido mínimo de la historia clínica: La anamnesis y la exploración física La aplicación terapéutica de enfermería. El informe de anestesia. Hoja de reclamaciones.
141. En relación con los usos de la historia clínica regulados en el art. 16 de La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, señale la respuesta correcta: La historia clínica es un instrumento destinado fundamentalmente a garantizar una asistencia adecuada al paciente. Cada Comunidad Autónoma establecerá los métodos que posibiliten en todo momento el acceso a la historia clínica de cada paciente por los profesionales que le asisten. Cada centro sanitario regulará el procedimiento para que quede constancia del acceso a la historia clínica y su uso Todas son ciertas.
142. Según el art. 16.6 de La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, el personal que accede a los datos de la historia clínica en el ejercicio de sus funciones queda sujeto al deber de: Vigilancia. Secreto. Deontología. Ninguna respuesta es correcta.
143. De acuerdo con la ley 41/2002, un instrumento destinado fundamentalmente a garantizar una asistencia adecuada al paciente es: El informe de anatomía patológica. La hoja de interconsulta. La historia clínica. Los informes de exploraciones complementarias.
144. Según el art. 17 de La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica sobre conservación de la documentación clínica, los centros sanitarios tienen obligación de conservar la documentación clínica: En el soporte original. Como mínimo, tres años contados desde la fecha del alta de cada proceso asistencial. Como mínimo, cuatro años contados desde la fecha del alta de cada proceso asistencial. Aunque no necesariamente en el soporte original.
145. Según la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, la obligación de conservar la documentación clínica en condiciones que garanticen su correcto mantenimiento y seguridad la tiene: La Comunidad Autónoma correspondiente. Los centros sanitarios. La Comunidad Autónoma correspondiente y los centros sanitarios. Todo el personal del centro sanitario.
146. Según la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, ¿cuál es el tiempo mínimo que se debe conservar la documentación clínica desde la fecha del alta de cada proceso asistencial? 3 años. 4 años. 5 años. 10 años.
147. Según el artículo 18 de La Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, señale la incorrecta: Según la normativa vigente el paciente tiene derecho de acceso al contenido íntegro de su historia clínica. Según la normativa vigente el paciente tiene derecho de acceso al contenido íntegro de su historia clínica, con ciertas limitaciones. El acceso de un tercero a la historia clínica, motivado por un riesgo para su salud, se limitará a los datos pertinentes. El derecho de acceso del paciente a la historia clínica puede ejercerse también por representación debidamente acreditada.
148. Según el Decreto 105/2000, de 26 de junio, por el que se regulan determinados aspectos del funcionamiento de los registros de la Administración Autonómica de Canarias, los registros se crearán, modificarán o suprimirán mediante: Sólo podrán ser creados por el Ministro correspondiente por ser una competencia estatal. Todas las respuestas son falsas. Decreto del Gobierno de Canarias y deberá ser publicada en el Boletín Oficial de Canarias. Orden Departamental que deberá ser publicada en el Boletín Oficial de Canarias.
149. Según el Decreto 105/2000, de 26 de junio, por el que se regulan determinados aspectos del funcionamiento de los registros de la Administración Autonómica de Canarias, señale la respuesta incorrecta: Los registros generales y auxiliares, una vez concluido al trámite registral, cursarán los escritos y comunicaciones a las unidades administrativas correspondientes y a sus destinatarios de inmediato, y en ningún caso después del siguiente día. Todas las solicitudes, que se presenten en papel, o no en modelo normalizado, deberán llevar estampada en todas las páginas un sello o validación mecánica en que conste la identificación de la oficina de registro, los números de registro, la fecha y hora, con expresión del minuto, de la entrada o salida del documento. Los registros auxiliares comunicarán al registro general del que dependan la totalidad de los asientos que practiquen, remitiendo copia de los mismos. Todo órgano administrativo tendrá asignado un registro general. No obstante, un mismo registro podrá servir a varios órganos administrativos, siempre que así se prevea en la orden de creación.
150. Según el artículo 49.3 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, forman parte del Patrimonio Documental los documentos con una antigüedad superior a los cuarenta años generados, conservados o reunidos en el ejercicio de sus actividades, indique la respuesta correcta: Entidad y asociaciones de carácter político. Entidad y asociaciones de carácter sindical. Entidad y asociaciones de carácter religioso. Todas las respuestas son correctas.
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