Según el artículo 36 la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en el procedimiento de exigencias de responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio las Administraciones Públicas se instruirá el correspondiente procedimiento que contendrá, para la formulación de la propuesta de resolución, un plazo de: 5 días a contar desde la finalización del plazo para presentar alegaciones. 10 días a contar desde la finalización del plazo para presentar alegaciones. 5 días a contar desde la finalización del trámite de audiencia. 20 días.
Conforme al artículo 16 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, la presentación por parte del interesado de la aceptación expresa de la subvención, se realizará en el plazo de: 5 días. 10 días. 15 días. 20 días.
Cuando los plazos se señalen por días, ya sea en el Reglamento General de Protección de Datos o en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, se entenderá que: Son naturales. Son hábiles, de lunes a sábado, excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados festivos. Son naturales, excluyéndose del cómputo los declarados festivos. Son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.
El proceso tecnológico que permite convertir un documento en soporte papel o en otro soporte no electrónico en un fichero electrónico que contiene la imagen codificada, fiel e íntegra del documento, se conoce en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, como: Automatización. Digitalización. Fotocopiado. Autenticación.
Conforme al Decreto 38/2015, de 27 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Instituto Canario de Igualdad, los órganos de dirección del Instituto Canario de Igualdad son: El Pleno y la dirección. El Consejo de Gobierno y la subdirección. El Consejo Rector y la dirección. El Pleno y las comisiones.
Según el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, uno de los principios de acuerdo con los que actúa la Administración Pública es el de simplicidad, claridad y: Economía. Eficacia. Proximidad a los ciudadanos. Racionalización.
Según la normativa autonómica canaria en vigor, una vez registrada una sugerencia o reclamación, el plazo de contestación de la Administración al interesado será como máximo de: Quince días. Un mes. Dos meses. Tres meses.
Según el artículo 67 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los interesados solo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial, cuando: Haya prescrito su derecho a reclamar. No haya prescrito su derecho a reclamar. Nunca. Siempre, bajo cualquier condición.
Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, entre los principios de la potestad sancionada, se encuentra: Principio de solidaridad. Principio de seguridad. Principio de tipicidad. Principio de ilegalidad.
Una de las siguientes materias no está recogida en el Título Preliminar de la Constitución Española: Las Cortes Generales. Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones de empresarios. Las Fuerzas Armadas. Los Partidos Políticos.
En el ámbito de sus competencias ejecutivas, corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias: La función ejecutiva. La potestad de organización de su propia Administración. Las potestades de inspección y de sanción y, en general, todas aquellas funciones y actividades que el ordenamiento atribuye a la Administración Pública. Las tres respuestas son correctas.
De conformidad al artículo 30 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan. Si éstas no fijan plazos de prescripción: Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses, desde el día en que la infracción se hubiera cometido. Las infracciones muy graves y las graves prescribirán a los tres años y las leves a los seis meses, desde el día en que la infracción se hubiera cometido. Las infracciones muy graves no prescribirán, las graves prescribirán a los dos años y las leves a los seis meses, desde el día en que la infracción se hubiera cometido. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves al año, desde el día en que la infracción se hubiera cometido.
De acuerdo con el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las personas que promuevan un procedimiento administrativo como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos, son denominados como: Afectados. Ciudadanos. Administrados. Interesados.
La Ley 1/2010, de 26 de febrero, canaria de igualdad entre mujeres y hombres, en lo referente a los informes de evaluación de impacto de género, dicta que: Todos los proyectos de ley, disposiciones reglamentarias y planes que apruebe el Gobierno de Canarias incorporarán, de forma efectiva, el objetivo de la igualdad por razón de género. Solamente los proyectos de ley que apruebe el Gobierno de Canarias incorporarán, de forma efectiva, el objetivo de la igualdad por razón de género. Solamente las disposiciones reglamentarias que apruebe el Gobierno de Canarias incorporarán, de forma efectiva, el objetivo de la igualdad por razón de género. Solamente los planes y reglamentos que apruebe el Gobierno de Canarias incorporarán, de forma efectiva, el objetivo de la igualdad por razón de género.
Según los principios de protección de datos, el tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando: Sea mayor de doce años. Sea mayor de catorce años. Sea mayor de dieciséis años Sea menor de catorce años.
De acuerdo con el artículo 5 de la Constitución Española, la capital del Estado es: La región de Madrid. La villa de Madrid. La Comunidad de Madrid. La ciudad de Madrid.
Según el artículo 16 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, se dará publicidad a la información relativa a la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias: En el Portal de Transparencia del Estado, en todo caso. En el Portal de Transparencia del Gobierno de Canarias o en las webs de las consejerías. En el Portal de Transparencia del Gobierno de Canarias y en las webs de las consejerías, para la información específica de su organización. Exclusivamente en las webs de las consejerías, para la información general de su organización.
De acuerdo con la Ley de la Función Pública Canaria, los funcionarios públicos que adquieran la condición de funcionarios al servicio de organizaciones internacionales o de carácter supranacional, les corresponderá pasar a la situación administrativa de: Servicio activo. Servicio en otras Administraciones Públicas. Servicios Especiales. Excedencia forzosa.
Siguiendo el artículo 72 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, acordar en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo y no sea obligado su cumplimiento sucesivo, se denomina: Concentración de trámites. Acumulación de trámites. Concatenación de trámites. Unión de trámites.
Señalar la palabra que falta en la siguiente frase: “Según la disposición adicional 4ª de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las Administraciones Públicas deberán mantener permanentemente actualizado en la correspondiente sede electrónica un ……………….. geográfico que permita al interesado identificar la oficina de asistencia en materia de registros más próxima a su domicilio”: Mapa. Organigrama. Directorio. Archivo.
¿Cuál es el plazo del que dispone la Administración Pública desde que se inició el procedimiento en materia de responsabilidad patrimonial para dictar resolución expresa y notificación, o formalizar el acuerdo? Tres meses. Seis meses. Un año. Tres años.
Según lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se considera una infracción muy grave: El tratamiento de datos personales sin haber llevado a cabo la evaluación del impacto de las operaciones de tratamiento en la protección de datos personales en los supuestos en que la misma sea exigible. La utilización de los datos para una finalidad que no sea compatible con la finalidad para la cual fueron recogidos, sin contar con el consentimiento del afectado o con una base legal para ello. El incumplimiento de la obligación de informar al afectado, cuando así lo haya solicitado, de los destinatarios a los que se hayan comunicado los datos personales rectificados, suprimidos o respecto de los que se ha limitado el tratamiento. El incumplimiento de la obligación de suprimir los datos referidos a una persona fallecida cuando ello fuera exigible conforme al artículo 3 de esta ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.
Contra la resolución de un recurso de reposición, ¿puede interponerse un nuevo recurso de reposición? No cabe. Sí cabe. Sí, siempre que siga existiendo plazo. Sí, cuando el órgano encargado de resolver, motivadamente, lo estime procedente.
No estará obligado a relacionarse por medios electrónicos con las Administraciones Públicas: Un funcionario en los trámites y actuaciones que realiza con las Administraciones Públicas por su condición de empleado público. Un empleado público que presenta alegaciones en un procedimiento sancionador que se le ha incoado por una infracción de tráfico. Una entidad sin personalidad jurídica. Un notario.
El ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas corresponden exclusivamente a: Funcionarios públicos. Personal directivo. Personal laboral. Personal eventual.
En relación a la figura de la delegación de firma, es cierto que: La delegación de firma altera la competencia del órgano delegante. Para su validez es necesaria su publicación. Solo puede delegarse la firma en materias que se ostenten por atribución. En las resoluciones y actos que se firmen por delegación se hará constar la autoridad de procedencia.
El resto de las lenguas españolas, de acuerdo con la Constitución Española: Serán las únicas lenguas oficiales en las respectivas comunidades de acuerdo con sus Estatutos. Deben ser conocidas y empleadas por todos los españoles que residan o visiten la comunidad autónoma afectada. Serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus Estatutos. Son oficiales también el resto del Estado.
En relación a la llamada competencia de los órganos administrativos: La competencia es renunciable por los órganos que la tengan atribuida. La titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos no podrán ser desconcentradas en otros jerárquicamente dependientes de aquellos. La encomienda de gestión, la delegación de firma y la suplencia no suponen la alteración de la titularidad de la competencia. Si alguna disposición atribuye competencia a una Administración, sin especificar el órgano que debe ejercerla, se entenderá que la facultad de instruir y resolver los expedientes corresponde a los órganos superiores competentes por razón de la materia y del territorio.
En el ámbito de sus competencias, ¿en qué capítulo del Estatuto de Autonomía de Canarias se hace mención a las actividades industriales, comerciales y turísticas? Capítulo I Capítulo IV Capítulo V Ninguna respuesta es correcta.
Según el artículo 14.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, las Administraciones Públicas tienen respecto del personal a su servicio: El derecho de proteger a sus trabajadores, frente a los riesgos laborales. El deber de protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. El derecho de prevención a sus trabajadores, frente a los riesgos laborales. Ninguna es correcta.
El artículo 37 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, limita el derecho de acceso a la información pública. Indique lo correcto sobre la limitación regulada: Los límites al derecho de acceso a la información pública son establecidos en la legislación básica del Estado, pudiendo ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para los supuestos establecidos en el apartado 1. Los límites de acceso a la información pública son establecidos en el Estatuto de Autonomía de Canarias, pudiendo ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para los supuestos establecidos en el apartado 1. Los límites de acceso a la información pública sólo pueden establecerse cuando se declare el estado de alarma. Los límites de acceso a la información pública son establecidos en la legislación básica del Estado, no existiendo ningún tipo de limitación para acceder a la información.
De conformidad con lo establecido en el artículo 97 del Estatuto Básico del Empleado Público las sanciones impuestas por faltas graves prescribirán a: Dos años. Cinco años. Seis meses. Tres años.
De acuerdo con el artículo 116 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ¿cuáles de las siguientes no es una causa válida para la inadmisión a trámite de un recurso administrativo interpuesto? Ser incompetente el órgano ante el que se recurra, cuando el competente pertenece a la misma Administración Pública. Carecer de legitimación el recurrente. Haber transcurrido el plazo para la interposición del recurso. Carecer el recurso manifiestamente de fundamento.
¿Cuál de las siguientes no es una forma de terminación del procedimiento administrativo? La resolución. El desistimiento. El allanamiento. La caducidad.
La formalización de los contratos administrativos deberá publicarse, junto con el correspondiente contrato, en un plazo no superior a: 10 días tras el perfeccionamiento del contrato en el perfil de contratante del órgano de contratación. 15 días tras el perfeccionamiento del contrato en el perfil de contratante del órgano de contratación. 20 días tras el perfeccionamiento del contrato en el perfil de contratante del órgano de contratación. 30 días tras el perfeccionamiento del contrato en el perfil de contratante del órgano de contratación.
Conforme al Decreto 168/2009, de 29 de diciembre, de adaptación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad de Canarias y sus Organismos Autónomos, los Comités de Seguridad y Salud están formados por: Los Delegados de Prevención designados por las Organizaciones Sindicales. Los Representantes de los Departamentos designados por los Jefes de Servicio, adscritos a los mismos. Los Delegados de Prevención designados por las Organizaciones Sindicales con representación en el ámbito de cada uno de los Departamentos, Administración de Justicia, Áreas de Salud y Centros Educativos. Los Delegados de Prevención y por representantes de cada Departamento, de la Administración de Justicia, Áreas de Salud, Centros Educativos y Servicio Canario de Empleo en igual número al de Delegados.
El deber de abstención en aquellos asuntos en los que un funcionario público tenga un interés personal, así como de toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de intereses con su puesto público está incluido en el Estatuto Básico del Empleado Público dentro de sus: Principios éticos. Principios de conducta. Deberes de los empleados públicos. Principios de actuación.
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución de un recurso de alzada será de: Quince días. Un mes. Seis meses. Tres meses.
De conformidad con lo establecido en el procedimiento administrativo común, siguiendo el artículo 80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los informes deberán ser emitidos en el plazo de: 5 días. 10 días. 15 días. 1 mes.
Siguiendo lo establecido en el artículo 11 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las Administraciones Públicas requerirán a los interesados el uso obligatorio de firmas para determinados actos. Indique cuál de los siguientes no viene recogido en este artículo: Interponer recursos. Recibir notificaciones. Desistir de acciones. Renunciar a derechos.
¿Cuál de los siguientes requisitos no viene recogido en el artículo 62 del Estatuto Básico delEmpleado Público para adquirir la condición de funcionario de carrera? Superación del proceso selectivo. Nombramiento por el órgano o autoridad competente. Presentación del certificado de antecedentes penales. Tomar posesión dentro del plazo que se establezca.
Son causas de nulidad de derecho administrativo en los contratos administrativos las indicadas en: El artículo 62 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El artículo 31 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. El artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El artículo 85 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
El Decreto 168/2009, de 29 de diciembre, de adaptación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad de Canarias y sus Organismos Autónomos, en concreto en el artículo 12, se establece atribución de competencias a: Los titulares de los Órganos de los que dependen los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales dictarán las instrucciones precisas en materia de prevención de riesgos laborales. Las Directores Generales podrán dictar instrucciones precisas en materia de prevención de riesgos laborales, del personal adscrito a dichas Direcciones. Los titulares de los Órganos de los que no dependen los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales, podrán dictar instrucciones precisas en materia de prevención de riesgos laborales. Las tres respuestas son correctas.
Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación al régimen de aplicación respecto de la obligación de resolver los procedimientos iniciados a solicitud del interesado cuando se haya producido silencio administrativo: En los casos desestimatorios la resolución expresa posterior confirmará ese sentido del silencio. En los casos estimatorios la resolución expresa posterior se adoptará por la Administración sin vinculación al sentido del silencio. En los casos estimatorios y desestimatorios la resolución expresa posterior que se dicte siempre será estimatoria. En los casos desestimatorios la resolución expresa posterior se adoptará por la Administración sin vinculación al sentido del silencio.
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