La defensa de la integridad territorial de España se atribuye por la Constitución: A las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad A las Fuerzas Armadas Al Gobierno Todas las anteriores.
Una norma que imponga una nueva pena más leve para un delito: No se aplica retroactivamente Puede aplicarse retroactivamente Tiene que ser reglamentaria Atenta contra el principio de legalidad penal si se aplica retroactivamente.
La alta representación de Canarias y la ordinaria del Estado en la Comunidad Autónoma la ostenta: El presidente del Parlamento El presidente del Gobierno El Diputado del Común El Rey.
El Presidente de una Comunidad Autónoma es nombrado por: El Rey El Consejo de Gobierno Las Cortes Generales El Congreso de los Diputados.
¿Cuál de las siguientes materias podrán ser asumidas competencialmente por las Comunidades Autónomas al no ser exclusivas del Estado según la constitución? Las obras de interés de la Comunidad Autónoma en su propio territorio Obras Públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una Comunidad Autónoma Bases del régimen minero y energético Bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas.
El Estado podrá transferir ó delegar en las Comunidades Autónomas, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal mediante: Ley ordinaria Ley orgánica Real Decreto Ley El Estado nunca puede transferir ni delegar facultades correspondientes a materia de su titularidad.
En relación al régimen electoral canario El Estatuto de Autonomía de Canarias prevé la aprobación: de una Ley del Parlamento de Canarias por mayoría de tres quintos para regular el sistema electoral canario. de una Ley Orgánica por mayoría de tres quintos para regular el sistema electoral canario. de una Ley estatal aprobada por mayoría de tres quintos para regular el sistema electoral canario. El Estatuto ya establece el sistema electoral canario fijando el número de diputados de la cámara regional en 70 diputados.
Los escaños asignados a la circunscripción electoral autonómica queda establecidos temporalmente en: 5 9 10 Todas las anteriores son incorrectas, no se asignan diputados a la circunscripción autonómica, sólo a la insular.
El nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias prevé para la reforma del mismo: un procedimiento general y otro abreviado que deberán ser aprobados en referéndum por los electores canarios un procedimiento general que deberá ser aprobado por las Cortes Generales y un procedimiento abreviado que exige el refrendo de los electores canarios un procedimiento general y otro abreviado un procedimiento general y otro especial o sumario en el caso de reforma de las instituciones de gobierno de la comunidad autónoma.
Con el nuevo estatuto se produce una bajada de estos topes electorales a: al 15% insular y al 4% regional al 30 insular y al 6% regional al 6% a nivel regional con el nuevo Estatuto desaparecen las barreras electorales.
La Conferencia de presidentes prevista en el artículo 74 del Estatuto de Autonomía de Canarias establece que estará formada por: El personal delegado pierde la condición de personal de la Comunidad Autónoma y pasa a ser personal de la organización administrativa insular El personal delegado sigue integrado en la administración autonómica y no pierde la condición de personal de la Comunidad Autónoma. El personal delegado se integra en la organización administrativa insular pero no pierde la condición de personal de la Comunidad Autónoma. El personal delegado presta sus servicios tanto en la administración autonómica como en la insular, dependiendo de las actividades a desarrollar sobre la competencia delegada.
Los Cabildos insulares son: Órganos de gobierno, administración y representación de cada isla. Órganos delegados de la Administración del Estado en las islas. Órganos de gobierno, administración y representación de cada isla e instituciones de la Comunidad Autónoma Entidades locales provinciales.
La determinación del número, denominación y competencias de las Consejerías del Gobierno de Canarias se establece por:
Ley del Parlamento Decreto del Gobierno Decreto del Presidente Orden interdepartamental.
Las competencias de los Consejeros del Gobierno de Canarias comprende: Preparar y presentar al Gobierno, los anteproyectos de Ley y proyectos de Decreto relativos a las cuestiones propias de su Departamento, y refrendar estos últimos una vez aprobados. Formular, motivadamente, el proyecto de Presupuesto y remitirlo al Parlamento deCanarias Ejercer la potestad reglamentaria, en forma de Decretos del Gobierno Acordar la modificación y supresión de los órganos de su Consejería superiores a Jefe de Servicio y el nombramiento y cese de sus titulares.
De acuerdo con el artículo 13 de La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el derecho de acceso de los afectados a los datos personales: Se podrá considerar repetitivo si se ejercita en más de una ocasión durante el plazo de seis meses, a menos que exista causa legítima para ello. Se podrá considerar repetitivo si se ejercita en más de una ocasión durante el plazo de doce meses, a menos que exista causa legítima para ello No podrá ejercerse en más de una ocasión durante el plazo de 12 meses, sin perjuicio de lo establecido en el 15.1 del Reglamento (UE) 2016/679. Sólo podrá ejercerse una vez cada seis meses, salvo que se realice mediante acceso remoto, en cuyo caso no existe limitación de acceso.
Conforme al artículo 4 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los datos personales: Serán exactos y, si fuere necesario, actualizados. Serán siempre exactos y actualizados No tiene que ser exactos, pero deben aproximarse lo máximo posible. Si no son exactos, la responsabilidad recaerá, en todo caso, en el responsable del tratamiento.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las disposiciones de creación de los registros electrónicos: Se publicarán en el diario oficial correspondiente. Se publicarán siempre en el Boletín Oficial del Estado. Serán objeto de publicación de forma potestativa. Se publicarán siempre en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma.
De conformidad con el artículo 3 del Decreto que regula la utilización de los medios electrónicos en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, ésta debe garantizar el acceso de los ciudadanos a los servicios electrónicos, de acuerdo con la normativa básica estatal, a través de los siguientes canales de acceso: Acceso electrónico, atención presencial y atención telefónica. Acceso electrónico y atención presencial. Acceso electrónico. Acceso electrónico y asistencia informática.
e acuerdo con el artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: “Cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.” Esta afirmación es: Cierto, en todo caso. Cierto, pero siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo. Falsa, puesto que los sábados se computan como días hábiles. Cierta, pero siempre que por la Administración que fija el plazo no se exprese otrocómputo.
Señala la respuesta correcta en relación a la representación de los interesados en el procedimiento administrativo, según el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, así como para los actos y gestiones de mero trámite, deberá acreditarse la representación. Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación. Para los actos y gestiones de mero trámite se presumirá aquella representación. Únicamente para formular solicitudes deberá acreditarse la representación. Las tres respuestas anteriores son falsas, puesto que los actos deben ser realizados por los propios interesados, salvo que se trate de menores de edad o de personas con discapacidad.
En virtud de lo establecido en el artículo 84 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, pondrán fin al procedimiento administrativo: La resolución, el desistimiento, el recurso, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico, y la declaración de caducidad. La resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico, y la declaración de caducidad, así como la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas. La resolución, el recurso, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico, y la declaración de caducidad, así como la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas. La resolución, el desistimiento, y la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico, así como la caducidad por causas sobrevenidas.
Señale la afirmación correcta conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Los informes podrán ser emitidos por medios físicos o electrónicos, en el plazo de 20 días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos permita o exija otro plazo mayor o menor. Los informes serán preceptivos y no vinculantes, salvo disposición expresa en contrario. El informe emitido fuera de plazo podrá no ser tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución. Si el informe es preceptivo y no se emite en el plazo señalado, deben proseguirse las actuaciones necesariamente.
De acuerdo con el artículo 125 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el recurso extraordinario de revisión se interpondrá: En el plazo de 3 meses a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme, salvo que, al dictar el acto recurrido, se hubiera incurrido en error de hecho, en cuyo caso el plazo es de 4 años desde la fecha de la notificación de la resolución impugnada. En el plazo de 4 meses a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme, salvo que, al dictar el acto recurrido, se hubiera incurrido en error de hecho, en cuyo caso el plazo es de 3 años desde la notificación de la resolución impugnada. En general, en el plazo de 3 meses a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme, salvo que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho u otra conducta punible, en cuyo caso el plazo es de 4 años desde la fecha en que la sentencia judicial quedó firme. En el plazo de 4 años siguientes a la notificación de la resolución impugnada, salvo error de hecho, en cuyo caso el plazo será de 3 meses tras la declaración de nulidad del expedienteadministrativo.
Las resoluciones de los recursos de alzada, según la regulación establecida, entre otros, en los artículos 114 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Ponen fin a la vía administrativa. Deben notificarse a los interesados en el plazo máximo de 1 mes, tras ser dictadas. Las opciones a) y b) son ciertas. Las opciones a y b) son falsas.
Según la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, ¿cuál de los siguientes no es un principio aplicable a las medidas que integran el deber general de prevención? adaptar el trabajo a la persona tener en cuenta la evolución de la técnica adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual evaluar los riesgos que se puedan evitar.
El capítulo VII de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, señala como infracción grave: No comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo o la reanudación o continuación de los trabajos después de efectuar alteraciones o ampliaciones de importancia, o consignar con inexactitud los datos que debe declarar o cumplimentar, siempre que no se trate de industria calificada por la normativa vigente como peligrosa, insalubre o nociva, por los elementos, procesos o sustancias que se manipulen. No comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo o la reanudación o continuación de los trabajos después de efectuar alteraciones o ampliaciones de importancia, o consignar con exactitud los datos que debe declarar o cumplimentar, siempre que no se trate de industria calificada por la normativa vigente como peligrosa, insalubre o nociva, por los elementos, procesos o sustancias que se manipulen. No comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo o la reanudación o continuación de los trabajos después de efectuar alteraciones o ampliaciones de importancia, o consignar con inexactitud los datos que debe declarar o cumplimentar, siempre que se trate de industria calificada por la normativa vigente como peligrosa, insalubre o nociva, por los elementos, procesos o sustancias que se manipulen. No comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo o la reanudación o continuación de los trabajos después de efectuar alteraciones o ampliaciones de importancia, o consignar con exactitud los datos que debe declarar o cumplimentar, siempre que se trate de industria calificada por la normativa vigente como peligrosa, insalubre o nociva, por los elementos, procesos o sustancias que se manipulen.
Se considera acoso sexual, según lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2007, de Igualdad efectiva de mujeres y hombres: cualquier comportamiento, verbal y físico, que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, independientemente del entorno en que se produzca.20 cualquier comportamiento, verbal y físico, en función del sexo de una persona, que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea en un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. cualquier comportamiento, que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.
- El artículo 24 de la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, establece los derechos de las funcionarias públicas víctimas de violencia de género. Entre estos derechos se encuentra: Reducción o reordenación del tiempo de trabajo Movilidad geográfica Excedencia Las 3 anteriores son correctas.
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la información pública y Buen Gobierno, según lo que establece su disposición final novena, entró en vigor en su totalidad: el día 11 de diciembre de 2013 el día 10 de diciembre de 2013 el día 10 de diciembre de 2015 el día 10 de diciembre de 2014.
Según lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la información Pública y Buen Gobierno, es una función del presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: Promover la elaboración de borradores de recomendaciones y de directrices y normas de desarrollo de buenas prácticas en materia de transparencia, acceso a la información y buen gobierno. Velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad contenidas en el Capítulo II del Título I de acuerdo con lo previsto en el artículo 9 de esta ley. Adoptar recomendaciones para el mejor cumplimiento de las obligaciones contenidas en esta ley. Asesorar en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias Administraciones públicas se derive responsabilidad patrimonial en los términos previstos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: Las Administraciones intervinientes responderán frente al particular, en todo caso, de forma solidaria; y el instrumento jurídico regulador de la actuación conjunta podrá determinar la distribución de la responsabilidad entre las diferentes Administraciones públicas. Las Administraciones intervinientes no responderán frente al particular de forma solidaria, sino en función a lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Las Administraciones intervinientes responderán frente al particular en idéntica proporción a sus respectivos Presupuestos Generales del año en que se produjo el hecho indemnizable. Las Administraciones intervinientes responderán frente al particular atendiendo al ámbito territorial específico en el que se produjo el hecho indemnizable.
La exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas: No suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo que la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial. Suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan. No suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo que la determinación de los hechos en el orden contencioso-administrativo sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial. Ninguna de las anteriores respuestas es verdadera.
El Estatuto Básico del Empleado Público establece que la prestación del servicio mediante teletrabajo: No debe ser expresamente autorizada y no será compatible con la modalidad presencial. No debe ser expresamente autorizada y será compatible con la modalidad presencial Habrá de ser expresamente autorizada y no será compatible con la modalidad presencial Habrá de ser expresamente autorizada y será compatible con la modalidad presencial.
El Estatuto Básico del Empleado Público establece que los funcionarios de carrera se hallarán en alguna de las siguientes situaciones: Servicio activo, permiso por maternidad o paternidad, servicio en otras Administraciones Públicas, excedencia o suspensión de funciones. Servicio activo, servicios especiales, servicio en otras Administraciones Públicas, excedencia o suspensión de funciones por objeción de conciencia Servicio activo, fuera de servicio, servicio en otras Administraciones Públicas, excedencia o suspensión de funciones. Servicio activo, servicios especiales, servicio en otras Administraciones Públicas, excedencia o suspensión de funciones.
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