¿En qué artículo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas viene regulado la capacidad de obrar? Artículo 2. Artículo 3. Artículo 4. Artículo 13.
Indique la respuesta correcta en relación con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados, las actuaciones a que den lugar se efectuarán Siempre con el interesado que figure en primer lugar de la relación. No se puede actuar con representante, por tanto, con que se señale. Con el interesado que la Administración Pública estime más seguro. El representante o el interesado que expresamente se haya señalado, y, en su defecto, con el que figure en primer término.
De conformidad con el artículo 71 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el procedimiento, sometido al principio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites y a través de medios electrónicos, respetando los principios de: Eficacia y economía procedimental. Eficiencia y proximidad a los ciudadanos. Transparencia y publicidad. Planificación y responsabilidad.
Siguiendo lo establecido en el artículo 80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuando un informe deba ser emitido por una Administración Pública distinta a la que tramita el procedimiento administrativo, y transcurra el plazo sin que el informe hubiera sido emitido: Se podrán proseguir las actuaciones. Deberá esperarse a la emisión del informe solicitado durante el plazo de 1 mes. Deberá solicitarse el parecer de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma. Deberá reiterarse hasta tres veces en el plazo de los dos meses siguientes.
De conformidad con el artículo 88 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la resolución que finalice el procedimiento contendrá: Sólo la decisión del órgano que haya resuelto el procedimiento. La decisión motivada, los recursos que procedan, el órgano ante el que interponerlo y el plazo para su interposición. Sólo la decisión motivada y los recursos que procedan y el plazo para su interposición. La decisión, los recursos que procedan y el plazo del que dispone el órgano para resolver el recurso que se presente.
Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta, de conformidad con el artículo 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, respecto de la falta de resolución expresa al vencimiento de los plazos en los procedimientos iniciados de oficio: Producido el silencio administrativo se exime a la Administración competente del cumplimiento de la obligación de resolver. para resolver el procedimiento administrativo no ha dictado la correspondiente resolución. En aquellos procedimientos de los que pueda derivarse el reconocimiento, o en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas favorables, los interesados podrán entender estimadas sus pretensiones por silencio administrativo. En los supuestos en los que el procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable al interesado, no se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver y notificar la resolución. En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad.
Siguiendo el artículo 107 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, previa la declaración de lesividad para el interés público, las Administraciones Públicas: Podrán impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo los actos favorables para los interesados que sean anulables conforme a los dispuesto en el artículo 48. Podrán impugnar ante el superior jerárquico los actos desfavorables para los interesados que sean anulables conforme a los dispuesto en el artículo 48. Podrán impugnar ante el orden jurisdiccional civil los actos favorables para los interesados que sean anulables conforme a los dispuesto en el artículo 47. Podrán impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo los actos favorables para los interesados que sean nulos de pleno derecho conforme a los dispuesto en el artículo 47.
De conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, contra las resoluciones y actos de trámites, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, podrá interponerse por los interesados: Recurso de alzada, potestativo de reposición y extraordinario de revisión. Recurso de alzada y extraordinario de revisión. Recurso extraordinario de revisión. Recurso de alzada y potestativo de reposición.
De acuerdo con el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el plazo para interponer el recurso potestativo de reposición frente a un acto no expreso será: Diez días. Un mes. En cualquier momento. Tres meses.
Los empleados públicos que en virtud de un nombramiento legal están vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el derecho administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente, hace referencia de acuerdo con el artículo 9 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público a: Personal funcionario interino. Personal funcionario de carrera. Personal estatutario. Personal directivo profesional.
¿Cuál de los siguientes requisitos generales será necesario reunir para participar en los procesos selectivos, según establece el artículo 56 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público? a) Tener cumplidos los dieciocho años y no exceder de la edad mínima de jubilación. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. Poseer la titulación de grado en derecho. Tener la titulación española en todos los casos.
¿Cuál de las siguientes no es una de las causas reguladas en el artículo 63 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público como causa de pérdida de la condición de funcionario de carrera? La renuncia a la condición de funcionario. La pérdida de la nacionalidad. La apertura de un expediente disciplinario. La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que tuviere carácter firme.
Los funcionarios de carrera que, en virtud de los procesos de transferencia o por los procedimientos de provisión de puestos de trabajo, obtengan destino en una Administración Pública distinta, serán declarados en situación de: Servicio en otras Administraciones Públicas. Excedencia por interés particular. Servicio activo. Servicios especiales.
De acuerdo con el artículo 97 de la Ley del Estatuto del Empleado Público, las sanciones impuestas por faltas leves prescribirán a: Dos meses. Tres meses. Seis meses. Un año.
En relación con el derecho a la libertad religiosa ¿qué declara la Constitución Española? La reconoce, la garantiza y la protege. La reconoce. La garantiza. La reconoce y la garantiza.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones no se recoge en el artículo 3 de la Constitución Española? El castellano es la lengua española oficial del Estado. Las demás lenguas españolas no tendrán carácter oficial. la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.
Conforme al artículo 54 de la Constitución, la institución del Defensor del Pueblo se regulará mediante: Una ley orgánica. Una ley ordinaria Un reglamento de Organización y Funcionamiento. Un Real Decreto.
Conforme al artículo 45.1.a) de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, el Parlamento de Canarias podrá delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley, excepto: Las leyes del presupuesto de la Comunidad Autónoma. Las leyes del presupuesto de la Comunidad Autónoma, salvo que una ley de bases aprobada por mayoría absoluta así lo permita y con fijación de plazo para su ejercicio. Las leyes del presupuesto de la Comunidad Autónoma, salvo que una ley de bases aprobada por las tres quintas partes así lo permita y con fijación de plazo para su ejercicio. Ninguna es correcta.
En que Título de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, vienen recogida las competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias: Titulo I Titulo IV Titulo III Titulo V.
En que capitulo del Decreto 168/2009, de 29 de diciembre, de adaptación de la normativa sobre prevención de riesgos laborables en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus Organismos Autónomos, viene recogido los Derechos de consulta, participación y representación de los empleados públicos: Será de aplicación en el ámbito de la Administración Pública. Será de aplicación en el ámbito de los Organismos Autónomos. Será de aplicación para aquellas actividades cuyas particularidades lo impidan. Será de aplicación en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus Organismos Autónomos.
En que artículo del Decreto 168/2009, de 29 de diciembre, de adaptación de la normativa sobre prevención de riesgos laborables en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus Organismos Autónomos, se regula la Presencia de personal con funciones preventivas: a) Artículo 13. Artículo 11. Artículo 10. Artículo 7.
En el artículo 42 de la Ley 12/2014 de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, se establece que cuando una solicitud esté formulada de manera que no se identifique de forma suficientemente la información a que se refiere, se pedirá: Que el solicitante la concrete, dándole un plazo de diez días. Que el solicitante la concrete, dándole un plazo de 5 días, con ningún tipo de indicación. Que el solicitante la concrete, dándole un plazo de diez días, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido en su petición, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución. El artículo 42 de la Ley 12/2014 de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, no regula la inadmisión de solicitudes.
Según el artículo 91 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, es una especialidad de la resolución en los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial que: Transcurridos tres meses desde que finalizó el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, podrá entenderse que la resolución es favorable a la indemnización del particular. Transcurridos seis meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, podrá entenderse que la resolución es favorable a la indemnización del particular. Transcurridos seis meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular. Transcurridos tres meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular.
De conformidad al artículo 64 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el acuerdo de iniciación en los procedimientos de naturaleza sancionadora deberá contener al menos: Identificación del instructor y, en su caso, Secretario del procedimiento, con expresa indicación del régimen de recusación de los mismos. Los hechos que motivan la instrucción del procedimiento, su posible calificación y las sanciones que pudieran corresponder, sin perjuicio de lo que resulte de la finalización. Identificación de la persona o personas responsables de interponer la sanción. Medidas de carácter definitivo que se hayan acordado por el órgano competente para instruir el procedimiento sancionador.
Conforme al artículo 22 del Decreto 38/2015, de 27 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Instituto Canario de Igualdad, El Observatorio de la Igualdad de Género es un órgano asesor destinado a: Detectar, analizar y proponer estrategias para corregir situaciones de desigualdad de las mujeres y hombres en Canarias. Detectar, analizar y proponer estrategias para corregir situaciones de desigualdad de las mujeres en Canarias. Detectar, analizar y proponer informes para corregir situaciones de desigualdad de las mujeres en Canarias. Detectar, analizar y proponer informes para corregir situaciones de desigualdad de las mujeres y hombres en Canarias.
La Ley 1/2010, de 26 de febrero, canaria de igualdad entre mujeres y hombres, en lo referente a la Protección frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo dicta que: La Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias adoptará las medidas necesarias para una protección eficaz frente al acoso sexual y el acoso por razón de sexo, en el ámbito de la Administración pública. Se realizarán actividades de sensibilización destinadas a fomentar la participación de las mujeres en el ámbito de la Administración pública como en el de las empresas privadas La Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias adoptará las medidas necesarias para una protección eficaz frente al acoso sexual y el acoso por razón de sexo, tanto en el ámbito de la Administración pública como en el de las empresas privadas. Ninguna de las anteriores es correcta.
Según el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, no están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas en un procedimiento administrativo: Las entidades sin personalidad jurídica. Los notarios. Las personas jurídicas. Los empleados de las Administraciones Públicas siempre que se relacionen con éstas para cualquier tipo de trámite.
Según lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en lo relativo al tratamiento de datos con fines de videovilgilancia, el plazo máximo para la supresión de dichos datos desde su captación será de: Quince días. Un mes. Un mes, salvo cuando hubieran de ser conservados para acreditar la comisión de actos que atenten contra la integridad de personas, bienes o instalaciones. Dos meses.
En relación a los conflictos de atribuciones entre órganos administrativos, no es cierto que: El órgano administrativo que se estime incompetente para la resolución de un asunto remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere competente . Los interesados que sean parte en el procedimiento podrán dirigirse al órgano que se encuentre conociendo de un asunto para que decline su competencia y remita las actuaciones al órgano competente. Los interesados podrán dirigirse al órgano que estimen competente para que requiera de inhibición al que esté conociendo del asunto. Los conflictos de atribuciones sólo podrán suscitarse entre órganos de una misma Administración relacionados jerárquicamente.
Según el Decreto 161/2002, de 18 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del sistema de sugerencias y reclamaciones en el ámbito de la Comunidad Autónoma Canaria, se considerará una actuación extraordinaria de la Inspección General de Servicios la siguiente: Realizar el seguimiento del registro, y en su caso, tramitación de todas las sugerencias y reclamaciones. Acordar la realización de la actuación en el caso de una contestación claramente insuficiente por parte del órgano competente para resolver la sugerencia o reclamación. Incorporar al sistema de gestión específico a que hace referencia la normativa, en un plazo máximo de dos días hábiles, las sugerencias y reclamaciones recibidas telemáticamente, a los efectos de su inmediato conocimiento por parte de los órganos administrativos competentes. Analizar las causas que pudieran motivar la acumulación de sugerencias y reclamaciones en relación con un mismo ámbito de actuación administrativa .
El periodo de validez de los certificados electrónicos será adecuado a las características y tecnología empleada para generar los datos de creación de firma. En el caso de los certificados reconocidos, este periodo no podrá ser superior a: 2 años. 3 años. 4 años. 5 años.
Según el artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en lo relativo a la caducidad: La caducidad producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración y los procedimientos caducados interrumpirán el plazo de prescripción. La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración y los procedimientos caducados interrumpirán el plazo de prescripción. La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción. Ninguna de las anteriores es correcta.
Según el artículo 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la graduación de la sanción considerará especialmente los siguientes criterios: El grado de culpabilidad o la inexistencia de intencionalidad. La no continuidad o no persistencia en la conducta infractora. Cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de Ley. Ninguna de las anteriores es correcta.
Conforme al artículo 10 del Decreto 38/2015, de 27 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Instituto Canario de Igualdad, dentro de las competencias del consejo rector se encuentra: La promoción de estudios de diagnóstico e investigación sobre la situación de las empresas y la ciudadanía en relación a la igualdad de género. La emisión de informe de las propuestas sobre políticas de igualdad que afecten al conjunto de la acción gubernamental. La dirección y coordinación de las actividades, servicios y unidades administrativas del Instituto. La elaboración del anteproyecto de presupuesto del organismo.
En el artículo 42 de la Ley 12/2014 de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, se establece que cuando una solicitud esté formulada de manera que no se identifique de forma suficientemente la información a que se refiere, se pedirá: Que el solicitante la concrete, dándole un plazo de veinte días. Que el solicitante la concrete, dándole un plazo de cinco días, con ningún tipo de indicación. Que el solicitante la concrete, dándole un plazo de diez días, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido en su petición, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución. El artículo 42 de la Ley 12/2014 de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, no regula la inadmisión de solicitudes.
Según lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se considera una infracción grave a : No facilitar el acceso del personal de la autoridad de protección de datos competente a los datos personales, información, locales, equipos y medios de tratamiento que sean requeridos por la autoridad de protección de datos para el ejercicio de sus poderes de investigación. No acreditar la realización de esfuerzos razonables para verificar la validez del consentimiento prestado por un menor de edad o por el titular de su patria potestad o tutela sobre el mismo. La vulneración del deber de confidencialidad establecido en el artículo 5 de esta ley orgánica. El incumplimiento de la obligación de informar al afectado, cuando así lo haya solicitado, de los destinatarios a los que se hayan comunicado los datos personales rectificados, suprimidos o respecto de los que se ha limitado el tratamiento.
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