Conforme al artículo 56 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las medidas provisionales pueden ser adoptadas, de oficio o a instancia de parte: Por el órgano competente para iniciar o instruir el procedimiento, si se adoptan antes de la iniciación del procedimiento administrativo Por el órgano competente para iniciar o instruir el procedimiento si se adoptan una vez iniciado el procedimiento Por el órgano competente para iniciar o instruir el procedimiento en todo caso Por el órgano administrativo competente para resolver el procedimiento, si se adoptan antes de la iniciación del mismo y siempre de forma motivada .
El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en su artículo 63 dice que es causa de pérdida de la condición de funcionario de carrera: La renuncia voluntaria a la condición de funcionario que habrá de ser manifestada por escrito y será aceptada siempre por la Administración. La pérdida de la nacionalidad española o la de cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea o la de aquellos Estados a los que, en virtud de tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, les sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, que haya sido tenida en cuenta para el nombramiento, determinará la pérdida de la condición de funcionario salvo que simultáneamente se adquiera la nacionalidad de alguno de dichos Estados La sanción disciplinaria de separación del servicio que no tuviere carácter firme. La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que no tuviere carácter firme.
Según el artículo 20 la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la constitución de un órgano colegiado tiene como presupuesto indispensable la determinación en su norma de creación o en el convenio con otras Administraciones Públicas por el que dicho órgano se cree, uno de los siguientes extremos: Su integración por cuatro o más personas a los que se atribuyan funciones administrativas de decisión, propuesta, asesoramiento, seguimiento o control. Su integración administrativa o dependencia jerárquica. La composición y los criterios para la designación de su Secretaría y miembros vocales. La dotación de los recursos necesarios para las funciones administrativas. .
ey Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, no será de aplicación según lo establecido en su artículo 2 a: A los tratamientos incluidos del ámbito de aplicación del Reglamento general de protección de datos por su artículo 2.2, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 3 y 4 de este artículo. A los tratamientos de datos de personas fallecidas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3 A los tratamientos sometidos a la normativa sobre protección de materias no clasificadas A los tratamientos de datos de personas fallecidas, sin tener en cuenta lo establecido en el artículo 3 .
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en su artículo 85 establece respecto a la terminación en los procedimientos sancionadores: Iniciado un procedimiento sancionador, aunque el infractor no reconozca su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda. Iniciado un procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda. Iniciado un procedimiento sancionador, en ningún caso se podrá resolver el procedimiento con imposición de una sanción. Iniciado un procedimiento sancionador, en todo caso se podrá resolver el procedimiento con la imposición de una sanción. .
En el inicio de oficio de los procedimientos de responsabilidad patrimonial: El procedimiento iniciado se instruirá aunque los particulares presuntamente lesionados no se personen en el plazo establecido. El acuerdo de iniciación del procedimiento se notificará a los particulares presuntamente lesionados, concediéndoles un plazo de 30 días para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen conveniente a su derecho. El acuerdo de iniciación del procedimiento se notificará a los particulares presuntamente lesionados, concediéndoles un plazo de 10 días para que desistan del procedimiento- de exigencia de responsabilidad patrimonial. El procedimiento iniciado sólo se instruirá si los particulares presuntamente lesionados se personan en el plazo establecido.
Según el artículo 5 la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la creación de cualquier órgano administrativo: Exigirá el requisito de la determinación de su forma organizativa Exigirá el requisito de la delimitación de su integración jerárquica en la Administración Pública Exigirá el requisito de dotación de competencias y funciones Tendrá lugar previa comprobación de que no existe otro en la misma Administración Pública que desarrolle igual función sobre el mismo territorio y población. .
Según el artículo 15 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, las Administraciones Públicas integrarán el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres: Con carácter jerárquico en todas sus actuaciones. La solicitud, en la definición y presupuestación de políticas públicas. En el resultado de todas sus actividades. En la adopción y ejecución de sus disposiciones normativas.
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El artículo 45 de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria. Establece que NO es un derecho de los funcionarios el siguiente: La retribución correspondiente a su puesto de trabajo y al régimen de seguridad social que proceda. El libre ejercicio de las libertades y derechos sindicales, de acuerdo con la Constitución y la legislación propia en esta materia. Oponerse al traslado provisional a cualquier puesto de trabajo situado en la misma localidad que el que ocupaba anteriormente, del mismo nivel o de los dos superiores al de su grado personal. A la carrera administrativa y promoción interna que les reconoce la presente Ley, siempre que cumplan los requisitos exigidos.
El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público establece en su artículo 13 , en relación al personal directivo que: Es personal directivo el que desarrolla funciones directivas y administrativas en las Administraciones Públicas, definidas como tales en las normas específicas de cada Administración. Su designación atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia. No es necesario que el personal directivo esté sujeto a evaluación con arreglo a los criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con los objetivos que les hayan sido fijados. La determinación de las condiciones de empleo del personal directivo tendrá la consideración de materia objeto de negociación colectiva a los efectos de esta ley.
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Teniendo en cuenta los distintos modos de iniciación de oficio del procedimiento administrativo previstos en los artículos 58 y siguientes de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: En los procedimientos de naturaleza sancionadora, la petición razonada formulada por otros órganos administrativos sin competencia para iniciar el procedimiento vincula al órgano competente para iniciar el procedimiento La petición razonada de otros órganos administrativos nunca vincula al órgano competente para iniciar el procedimiento y ello sin necesidad de justificación
La orden superior, emitida por un órgano administrativo superior jerárquico del competente para la iniciación del procedimiento, vincula a este en todo caso quedando obligado a iniciar el procedimiento. La orden superior, emitida por un órgano administrativo superior jerárquico del competente para la iniciación del procedimiento, no vincula a éste siempre que se aparte de ella de forma motivada.
Según el artículo 17 del DECRETO 44/2007, de 27 de febrero, por el que se regula el servicio de información y atención ciudadana en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, se entiende por actuaciones de respuesta inmediata: Aquellas en que la Administración decide a la vista de la solicitud del ciudadano, sin que sea preciso realizar otros trámites. Aquellas en que la Administración resuelve la solicitud del ciudadano, precisando realizar escasos trámites o actos intermedios. Aquellas en que la Administración decide a la vista de la solicitud del ciudadano, sin que sea preciso realizar otros trámites ni obtener informe o cualquier otro tipo de actos intermedios, salvo en su caso, el pago de una tasa. Aquellas en que la Administración decide a la vista de la solicitud del ciudadano, sin que sea preciso realizar otros trámites ni obtener informe o cualquier otro tipo de actos intermedios .
Según el artículo 86 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los funcionarios de carrera en servicio activo se regirán: Por la normativa de función pública de la Administración Pública en que presten servicios y, supletoriamente por las normas del TREBEP. Exclusivamente por las normas del TREBEP Por las normas del TREBEP y por la normativa de función pública de la Administración Pública en que presten servicios. Por las normas del TREBEP y supletoriamente por las normas generales de la legislación laboral.
Es preciso que el acto administrativo haya puesto fin a la vía administrativa para: La revisión de oficio de los actos nulos y la interposición de recurso potestativo de reposición La revisión de oficio de los actos nulos, la interposición de recurso de alzada y la interposición de recurso contencioso-administrativo Únicamente para la interposición del recurso contencioso-administrativo Únicamente para la interposición del recurso extraordinario de revisión .
Según el artículo 1 del DECRETO 44/2007, de 27 de febrero, por el que se regula el servicio de información y atención ciudadana en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, se entiende por servicio de información y atención ciudadana: La información prestada de forma presencial, por internet, vía telefónica o por nuevos canales tecnológicos o de medios de comunicación que permitan en el futuro. La información presencial prestada a través de las oficinas públicas de registro, información y atención ciudadana. El conjunto de actividades y medios que se ponen a disposición de los ciudadanos para facilitar les el ejercicio de sus derechos, el cumplimiento de sus obligaciones y el acceso a los servicios públicos. La información prestada a través del portal institucional del Gobierno de Canarias y del servicio de atención telefónica 012. .
Conforme al artículo 68 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si la solicitud de iniciación del procedimiento administrativo no reúne todos los requisitos legalmente exigidos: El interesado puede subsanar la falta en cualquier momento en tanto no se dicte resolución en el procedimiento en los términos previstos en el artículo 21 del mismo texto El interesado debe en todo caso subsanar la falta en el plazo de 10 días a contar desde el requerimiento formulado al efecto En los procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, el interesado puede subsanar la falta en el plazo de 15 días a contar desde el requerimiento formulado al efecto, cuando así se acuerde y siempre que la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales. el interesado sólo puede subsanar la falta en el plazo de 15 días a contar desde el requerimiento formulado al efecto .
Son causas de nulidad de derecho administrativo las indicadas en: El artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas El artículo 62 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas El artículo 31 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público El artículo 85 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público .
Conforme al artículo 4 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se consideran interesados en el procedimiento administrativo: Los que tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte, siempre que hayan iniciado el procedimiento. Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales en todo caso Los que tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte, aunque no hayan iniciado el procedimiento.
Según lo establecido en el artículo 37 de la LEY 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, el derecho de acceso está sujeto a los límites establecidos en la legislación básica del Estado, pudiendo ser limitado cuando acceder a la
información suponga un perjuicio para: La seguridad integral Las funciones administrativas de especialización técnica La igualdad de las partes en los procesos extrajudiciales y la tutela judicial afectiva La protección del medio ambiente .
De los siguientes derechos establecidos en la Constitución Española de 1978. ¿Cuál no se podrá suspender cuando se declare el estado de excepción El secreto de las comunicaciones El derecho a la libertad de cátedra El derecho a circular por el territorio nacional Derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses.
Según el artículo 1 del Decreto 38/2015, de 27 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Instituto Canario de Igualdad, dicho Instituto: Es un órgano consultivo autónomo sin personalidad jurídica. Es un organismo autónomo dotado de personalidad jurídica y autonomía funcional. Es una entidad de derecho público vinculada a la Consejería competente en materia de diversidad. Es una entidad pública empresarial. .
¿Cuál de las siguientes NO es una situación administrativa de los funcionarios de carrera, conforme al artículo 85 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público? Excedencia Servicios Especiales Expectativa de destino Suspensión de funciones.
El artículo 89 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que cuando de la Instrucción del Procedimiento Sancionador se ponga de manifiesto la inexistencia de infracción o responsabilidad: El órgano instructor resolverá la finalización del procedimiento, con archivo de las actuaciones, sin que sea necesaria la formulación de la propuesta de resolución. El órgano instructor resolverá la finalización del procedimiento, en todo caso. El órgano instructor siempre debe elaborar la propuesta de resolución. El órgano instructor podrá finalizar el procedimiento con el archivo de las actuaciones sin que sea necesaria la propuesta de resolución o si no hace uso de esta facultad la propuesta declarará tal circunstancia. .
Según el artículo 41 la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos. Sin embargo, las Administraciones podrán practicar las notificaciones por medios no electrónicos: Cuando resulte necesaria la comparecencia del representante del interesado en las oficinas de asistencia en materia de registro. Cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea del interesado o su representante en las oficinas de asistencia en materia de registro y solicite la comunicación o notificación personal en ese momento. Cuando no contengan medios de pago a favor de los obligados En las que el acto a notificar vaya acompañado de elementos susceptibles de conversión en formato electrónico. .
Según lo establecido en el artículo 36 de la LEY 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, en defecto de previsión expresa en los reglamentos de organización, la competencia para la resolución de las solicitudes de acceso corresponderá a: En el ámbito de la Administración pública de la Comunidad Autónoma y de las entidades públicas vinculadas o dependientes de la misma, a los órganos en cuyo poder obre la información solicitada Cuando la solicitud de acceso se refiera a información elaborada o en poder de fundaciones privadas o consorcios, será competente el órgano del departamento al que estén vinculadas o adscritas En el caso de que se solicite información de las personas físicas y jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas, será competente el órgano que no tenga atribuidas las competencias del servicio o de la materia. En el ámbito de la Administración pública de la Comunidad Autónoma y de las entidades públicas vinculadas o dependientes de la misma no existen órganos competentes para la resolución de solicitudes de acceso.
El silencio administrativo produce los siguientes efectos: En el caso de procedimientos iniciados de oficio por la Administración, da lugar a la caducidad del procedimiento cuando del mismo pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas favorables (artículo 25). En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, dará lugar a la caducidad. La desestimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. El sentido del silencio será desestimatorio en los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones, en los de revisión de oficio iniciados a solicitud de los interesados y en todo caso cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo.
Según el artículo 95 de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, en el ámbito de sus: …competencias, la Comunidad Autónoma de Canarias ejerce, de forma íntegra, la potestad legislativa y la función ejecutiva, sin perjuicio de la concurrencia de otros títulos competenciales del Estado. …competencias exclusivas, la Comunidad Autónoma de Canarias ejerce, de forma íntegra, la potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva, sin perjuicio de la concurrencia de otros títulos competenciales del Estado. …competencias de desarrollo legislativo, la Comunidad Autónoma de Canarias ejerce, de forma íntegra, la potestad legislativa y la potestad reglamentaria, sin perjuicio de la concurrencia de otros títulos competenciales del Estado. …competencias de ejecución, la Comunidad Autónoma de Canarias ejerce, de forma íntegra, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva, sin perjuicio de la concurrencia de otros títulos competenciales del Estado.
Según el artículo 3 la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, son principios generales de actuación y organización de las Administraciones Públicas: Eficacia en la gestión pública. Responsabilidad por los objetivos fijados. Planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los resultados de las políticas públicas. Suficiencia y adecuación a los recursos públicos y eficiencia en los fines institucionales.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 139 de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, corresponden a la Comunidad Autónoma de Canarias, en el marco de la legislación del Estado, las competencias ejecutivas en materia de empleo y relaciones laborales, que incluye: El establecimiento del régimen jurídico de las entidades deportivas que promueven y organizan la práctica de actividades físicas y del deporte en el Archipiélago, así como la declaración de utilidad pública de las misma La prevención de riesgos laborales y la seguridad en el trabajo La planificación, construcción y gestión de equipamientos culturales en el territorio de Canarias La regulación y gestión de las becas y demás ayudas convocadas y financiadas por la Comunidad Autónoma de Canarias .
¿Cuál de las siguiente respuestas NO aparece como una falta muy grave en el artículo 95 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público? La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función. El abandono del servicio, así como no hacerse cargo voluntariamente de las tareas o funciones que tienen encomendadas. El incumplimiento injustificado del horario de trabajo. a violación de la imparcialidad, utilizando las facultades atribuidas para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza o ámbito.
Según lo establecido en el artículo 30 de la Constitución Española de 1978, ¿Podrá establecerse un servicio civil? Sólo en caso de grave riesgo, calamidad o catástrofe No, en ningún caso Sí, para el cumplimiento de fines de interés general Sí, en todos los casos .
Conforme al artículo 80 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando haya de emitirse un informe preceptivo en el procedimiento administrativo: De no emitirse en plazo, podrán proseguirse las actuaciones sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el responsable de la demora El informe deberá emitirse siempre por medios electrónicos El informe preceptivo deberá ser emitido en todo caso en el plazo de 10 días El informe emitido fuera de plazo deberá no ser tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución .
Según el artículo 17 la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar con medidas de seguridad: Que aseguren la entrada de usuarios y la calidad de los accesos, así como el cumplimiento de la
normativa en protección de datos. De acuerdo a la Agencia Española de Protección de Datos. De acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Seguridad. Que garanticen la eficacia, eficiencia, confidencialidad, protección y conservación de los documentos almacenados.
El artículo 40 de la Constitución Española de 1978 establece que: Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo. Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres. Los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia. Se reconoce el derecho de fundación para fines de interés general, con arreglo a la ley.
De acuerdo con el artículo 94 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas sobre desistimiento y renuncia del procedimiento administrativo por los interesados Todo interesado puede siempre desistir de su solicitud o renunciar a sus derechos Si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más interesados, el desistimiento o la renuncia afectarán a todos ellos El desistimiento y la renuncia deben hacerse constar siempre por medios electrónicos Si la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento entrañase interés general, la Administración podrá limitar los efectos del desistimiento o la renuncia al interesado y seguirá el procedimiento.
El particular tiene derecho a ser indemnizado por la Administración Pública… …de todo daño que se le produzca en los términos establecidos en el Código Civil. …de todo daño que se le produzca siempre que se trate de un daño efectivo, grave, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas. …de toda lesión que sufra en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. …de toda lesión que sufra en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento anormal de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.
Según lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el registro electrónico general de apoderamientos de que dispondrán la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, deberán inscribirse: Tan solo los apoderamientos de carácter general otorgados apud acta electrónicamente Los apoderamientos de carácter general otorgados apud acta, tanto presencial como electrónicamente, Los apoderamientos de carácter general o especial otorgados apud acta electrónicamente Los apoderamientos de carácter general o especial otorgados apud acta, presencial o electrónicamente .
El plazo de prescripción del derecho a reclamar la responsabilidad patrimonial de la Administración, tratándose de daños de carácter físico o psíquico de las personas: Es de un año a contar desde que se produce el hecho o el acto que motive la indemnización Es de un año a contar desde su curación Es de 6 meses a contar desde la determinación del alcance de las secuelas Es de un año a contar desde el momento en que la Administración haya tenido conocimiento de los mismos.
Según el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, las empresas deberán elaborar y aplicar un plan de igualdad cuando: Así se establezca en convenio colectivo aplicable, en los términos previstos en el mismo. La autoridad laboral hubiera acordado en un procedimiento sancionador la sustitución de las sanciones accesorias por la elaboración y aplicación de un plan de igualdad, aunque no exista negociación previa o consulta, en su caso, con la representación legal de los trabajadores y trabajadoras. Así se acuerde entre los representantes legales de los trabajadores. Previamente se adopten medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres.
La Ley 31/1995 de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales establece en su artículo 2 los principios generales relativos a: La prevención de los riesgos generales para la prevención de la seguridad y de la salud, la eliminación de los riesgos derivados del trabajo y la información. La prevención de los riesgos profesionales para la prevención de la seguridad y de la salud, la eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo, la información, la consulta y la participación equilibrada. La protección de los riesgos profesionales para la protección de la seguridad y de la salud, la eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo, la información, la consulta, la participación equilibrada y la formación de los trabajadores en materia preventiva, en los términos señalados en la presente disposición. La prevención de los riesgos profesionales para la protección de la seguridad y de la salud, la eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo, la información, la consulta, la participación equilibrada y la formación de los trabajadores en materia preventiva, en los términos señalados en la presente disposición .
El recurso de alzada: Si el acto no fuera expreso, se podrá interponer en el plazo de un mes a partir del día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo Si el acto no fuera expreso, se podrá interponer en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo Si el acto fuera expreso, deberá interponerse en el plazo de 10 días desde su notificación Si el acto fuera expreso, deberá resolverse en el plazo máximo de un mes.
El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en su artículo 67.3 , dice en relación a la jubilación de los funcionarios que: La Jubilación Voluntaria procederá siempre, en cualquier caso. La jubilación forzosa se declarará de oficio al cumplir el funcionario los sesenta y cinco años de edad. Procederá la jubilación por la declaración de incapacidad temporal para el ejercicio de las funciones propias de su cuerpo y escala. Se podrá solicitar la prolongación de la permanencia en el servicio activo como máximo hasta que se cumpla setenta y un años de edad.
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