Según nuestro Tribunal Constitucional y el TEDH, cuando una persona que ha estado detenida denuncia que ha padecido torturas, la autoridad judicial: Ha de atenerse a la presunción de veracidad de las manifestaciones de los agentes públicos. Ha de realizar una investigación efectiva Debe archivar la denuncia si se trata de delito de terrorismo. Debe archivar la denuncia si se trata de delito de crimen organizado.
El contenido NEGATIVO del derecho de asociación incluye: El derecho a abandonar las asociaciones de las que se sea miembro. El derecho a constituir una asociación. El derecho a asociarse. El derecho a decidir el nombre de una asociación.
Según nuestro Tribunal Constitucional (desde la STC 120/1990, de 27 de junio), el derecho del paciente a aceptar o rechazar medidas terapéuticas: No integra el contenido del derecho a la integridad física (art. 15 CE). No integra el contenido esencial del derecho a la integridad física (art. 15 CE). No queda protegido por la Constitución española. Integra el contenido esencial del derecho a la integridad física (art. 15 CE). .
Una asociación nace: Cuando se inscribe en el correspondiente Registro. Del simple acuerdo entre quienes ejercitan el derecho de asociación. Cuando la autoriza el Ministerio del Interior. Cuando la autoriza la autoridad judicial.
Según nuestro Tribunal Constitucional (SSTC 120/1990 y 137/1990), la autorización de alimentación forzosa por vía parental a una persona: Es, en todo caso, constitucional. Constituye trato inhumano o degradante en todo caso. No constituye trato inhumano o degradante en el ámbito penitenciario (a un recluso). Es constitucional si es acordada por la autoridad judicial. .
Son titulares del derecho a participar en los asuntos públicos (art. 23.1 CE) (SSTC 51/1984; 63/1987): Los sindicatos. Los partidos políticos. Los ministros, en cuanto tales. Los ciudadanos, en cuando tales. .
Según nuestro Tribunal Constitucional, no se puede calificar como trato inhumano o degradante: En ningún caso, la esterilización de persona incapaz (STC 215/1994). En ningún caso, la verificación de examen hematológico (STC 7/1994). La tortura, en función de la conducta pasada o temida de la persona en cuestión (STC 91/2000). La orden judicial que, en el marco de un procedimiento de filiación, acuerde un examen hematológico en circunstancias adecuadas (STC 7/1994, de 17 de enero, FJ 3). .
El derecho de acceso a los cargos públicos en condiciones de igualdad: No garantiza la permanencia en ningún caso. Garantiza la permanencia sin perturbaciones ilegítimas. No garantiza el ejercicio. No se concreta por los Reglamentos Parlamentarios con referencia a los representantes políticos.
Según el Tribunal Constitucional, la prisión provisional puede tener como finalidad legítima: La anticipación de la pena (STC 41/1982, FJ 3). La obtención de declaraciones de los imputados que impulsen la instrucción (STC 128/1995, FJ 3). La mitigación de la genérica alarma social presuntamente ocasionada por un delito (STC 66/1997, FJ 6). Prevenir la sustracción del imputado a la acción de la Justicia (STC 128/1995, FJ 3). .
Los representantes políticos: Pueden permanecer en el cargo representativo aunque abandonen su partido político. No pueden permanecer en el cargo representativo si abandonan su partido político. No pueden abandonar su partido político. No pueden ser expulsados de su partido político.
La protección constitucional del derecho al honor (art. 18 CE): No alcanza al prestigio profesional. Alcanza al prestigio profesional (STC 223/1992). No alcanza al honor de las personas jurídicas (STC 139/1995). Incluye el honor de las personas jurídico-públicas.
De acuerdo con el derecho fundamental a acceder en condiciones de igualdad a las funciones públicas, las pruebas de ingreso restringidas: Son, en todo caso, inconstitucionales. Pueden, excepcionalmente, ser constitucionales Son constitucionales si son convocadas por ley. Son constitucionales y se convocan con autorización judicial.
Para que prevalezca el derecho a la información sobre el derecho al honor es necesario: Sólo que no haya ánimo de ofender. Que la información sea veraz. Sólo que no es necesario que la información sea de interés público. Sólo que la información no incluya expresiones injuriosas.
La valoración de los servicios prestados para el acceso a las funciones públicas vulnera el derecho de acceso en condiciones de igualdad: Si se establece como requisito de acceso. Si se establece como mérito (STC 67/1989, 18 de abril, FJ 4). Salvo que se hayan prestado los servicios con carácter laboral. Si se han prestado servicios por periodo inferior a dos años.
La prisión por deudas (STC 230/1991, de 10 de diciembre, FJ 5): Es inconstitucional. Es constitucional. Es constitucional si es acordada judicialmente. Es constitucional en los casos establecidos por Ley Orgánica.
Según nuestro Tribunal Constitucional, son titulares del derecho a la intimidad personal: Sólo las personas físicas. Las personas jurídico-privadas. Las personas jurídico-públicas. Sólo los españoles.
Los procedimientos de selección para desempeñar funciones públicas: No pueden valorar los servicios prestados. Deben ser, todos, referibles al mérito y capacidad. No pueden valorar el conocimiento de lenguas propias de las Comunidades Autónomas. No tienen ningún requisito que se derive de la Constitución.
Toda detención preventiva: Basta que no dure 72 horas para que sea plenamente constitucional. Es limitada temporalmente. Puede durar el tiempo necesario para la averiguación de los hechos, aunque exceda de 72 horas. Debe ser seguida por la puesta a disposición judicial del detenido.
El art. 23.2 CE, al garantizar el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas, garantiza: El derecho a la promoción y carrera profesional en términos idénticos al derecho de acceso. El derecho a no ser cesado en el ejercicio de funciones públicas por motivos discriminatorios. La inmunidad parlamentaria. La inviolabilidad parlamentaria.
Toda persona detenida, de acuerdo con nuestra Constitución (art. 17.3): Tiene derecho a asistencia letrada, pero no a elegir abogado. Tiene derecho a designar abogado. Debe declarar, aunque su declaración le perjudique. Debe confesarse culpable si lo es.
La Constitución admite limitaciones para el derecho de asociación de los siguientes sujetos: De las personas físicas de nacionalidad española. De Jueces Magistrados y Fiscales. De los varones. De las mujeres.
Un laudo arbitral en sí mismo considerado: Puede ser objeto de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Tiene su fundamento en el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE). No puede ser anulado judicialmente. No puede ser objeto del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. .
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