Tienen la consideración de Administraciones Públicas, de conformidad con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: Las Universidades Públicas. Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas cuando ejerzan potestades administrativas. Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas. El sector público internacional.
¿Cuál de los siguientes ámbitos NO es objeto de regulación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de acuerdo con su artículo 1? Los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa. El procedimiento de reclamación de responsabilidad de las entidades de derecho privado de las Administraciones Públicas Los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la potestad reglamentaria. El procedimiento sancionador de las Administraciones Públicas. .
Según la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se considerarán contratos sujetos a una regulación armonizada:
Aquellos cuyo objeto principal sea permitir a los órganos de contratación la puesta disposición o la explotación de redes públicas de comunicaciones Los servicios de certificación y autenticación de documentos que deban ser prestados por un notario público. Los que tengan por objeto servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril o en metro. Contratos de concesión de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 5.350.000 euros.
Corresponde a la Consejería competente en materia de Hacienda según la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura: Elaborar y someter a la aprobación del Consejo de Gobierno el proyecto de Ley de Presupuestos. Administrar, gestionar y recaudar los derechos económicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Autorizar los créditos extraordinarios. La determinación de las directrices básicas de la política económica y financiera de la Comunidad Autónoma.
Según la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura, ¿cuál, de las siguientes opciones, es considerada como créditos para operaciones de capital del presupuesto de Gastos? Fondo de contingencia. Activos financieros. Inversiones reales. Gastos financieros.
Según el artículo 56 de la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura, el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma NO consta de la siguiente documentación: Estados consolidados de los presupuestos. El informe del impacto en la infancia, en la adolescencia y en la familia. Memorias descriptivas de los programas de gastos y sus objetivos anuales. Informe socio-económico. .
En cuanto al artículo 36 de la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura relativo a los principios de gestión presupuestaria, se puede afirmar que: La gestión del sector público autonómico está sometida al régimen de presupuesto anual aprobado por la Asamblea y enmarcado en los límites de un escenario plurianual. Los presupuestos de carácter estimativo, se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la que hayan sido autorizados por la Ley de Presupuestos. Los recursos de la Administración de la Comunidad Autónoma y entidades con presupuesto estimativo, se destinarán a satisfacer el conjunto de sus respectivas obligaciones. Los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas se aplicarán a los presupuestos por su importe íntegro, pudiendo atenderse obligaciones mediante minoración de los derechos a liquidar o ya ingresados.
De acuerdo con la Orden de 17 de diciembre de 2020 por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad para la Junta de Extremadura, ¿cuál, de los siguientes modelos de documento contable, forma parte de la gestión del presupuesto de ingresos?
R RI A R ADO .
Conforme a la Orden de 17 de diciembre de 2020 por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad para la Junta de Extremadura, “El Sistema ALCÁNTARA se configura como un sistema integral compuesto por un conjunto de subsistemas o áreas contables, plenamente integradas e interrelacionados entre sí y soportados informáticamente”. ¿cuál de ellos no forma parte del mismo? Subsistema de Inventario de Entes. Subsistema de activos. Subsistema de gestión del endeudamiento y operaciones financieras. Subsistema de gestión de ingresos tributarios. .
En correspondencia con el artículo 43 de la Ley de presupuestos de Extremadura para 2021, la celebración de los convenios interadministrativos que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2, a) del artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, formalice la Junta de Extremadura con la Administración General del Estado o con otras Comunidades Autónomas, así como con organismos o entidades dependientes de las mismas requerirá: La previa autorización del Consejo de Gobierno tan sólo cuando la cuantía de lo aportado por la Junta de Extremadura supere los 60.000 euros. La previa autorización del Consejo de Gobierno, cuando superen el 20 por cien del importe total del convenio La autorización del Consejo de Gobierno cuando el importe de lo aportado por la Junta de Extremadura supere los 600.000 euros. La previa autorización del Consejo de Gobierno en todo caso.
Según el Decreto 25/1994, de 22 de febrero, por el que se desarrolla el régimen de la Tesorería y Coordinación Presupuestaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en cuanto a los anticipos de caja fija (señale la CORRECTA): Se realizarán con cargo a anticipo de Caja fija obligatoriamente los pagos superiores a 3.005,06 euros. Se realizarán con cargo a anticipo de Caja fija potestativamente los pagos superiores a la cuantía obligatoria destinados a gastos de energía eléctrica. Podrán acumularse en un solo justificante pagos que se deriven de diversos gastos y fraccionarse un único gasto en varios pagos. Los anticipos de caja fija tendrán la consideración de operaciones presupuestarias. .
La regla 79 de la Orden de 17 de diciembre de 2020 por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad para la Junta de Extremadura establece que los acreedores de la Junta de Extremadura que hubiesen cedido, conforme a la normativa de aplicación, sus derechos de cobro a un tercero, habrán de notificar dicha cesión a: Al Servicio de Tesorería. La Intervención Delegada. Al centro gestor del gasto. La Secretaría General de Presupuestos y Financiación.
¿En qué supuestos la justificación de estar al corriente en las obligaciones tributarias y con la seguridad social podrá sustituirse por una declaración responsable, de conformidad con lo establecido en la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura? En todas aquellas que no superen la cuantía de 2.000 euros. En las subvenciones nominativas. En las subvenciones que se concedan a personas o entidades privadas con ánimo de lucro relativas al fomento del deporte, en todo caso. En cualquier subvención que reciban las congregaciones religiosas. .
A los efectos de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y con respecto a los gastos subvencionables, es CORRECTO que: En ningún caso, se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período de justificación determinado por la normativa reguladora de la subvención. Salvo disposición expresa en contrario en las bases reguladoras de las subvenciones, el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado. En ningún caso serán gastos subvencionables los intereses deudores de las cuentas bancarias. En ningún caso serán gastos subvencionables los gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos notariales y registrales y los gastos periciales. .
La Base de Datos de Subvenciones habrá de servir, al menos, ¿a cuál de los siguientes fines, según la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura? La regulación de la actividad subvencional de la Comunidad Autónoma. La elaboración de estudios y análisis sobre la actividad subvencional de la Comunidad Autónoma y para la elaboración y seguimiento de los planes estratégicos de subvenciones. El requerimiento de información a la Base de Datos Nacional de Subvenciones. La supervisión de las bases de datos establecidas por la Unión Europea, la Administración General del Estado y otras entidades públicas.
En el supuesto de que en las bases reguladoras de la subvención no figure o no se establezcan límites cuantitativos que fijasen el porcentaje de actividad subvencionada que el beneficiario pudiera subcontratar con terceros, podrá subcontratar, de acuerdo la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura: Hasta un porcentaje que no exceda del 50 por 100 del importe de la actividad subvencionada. Hasta un porcentaje que no exceda del 20 por 100 del importe de la actividad subvencionada. Podrá subcontratar con terceros toda la actividad subvencionada siempre que no exceda de 60.000€. Hasta un porcentaje que no exceda del 20 por 100 del importe de la actividad subvencionada siempre que no sobrepase los 60.000 €. .
De acuerdo a la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en cuanto a la tramitación de emergencia, su artículo 120 establece que, si el contrato ha sido celebrado por la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos, Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social o demás entidades públicas estatales: se dará cuenta de los acuerdos tomados al Consejo de Ministros en el plazo máximo de treinta días. se dará cuenta de los acuerdos tomados a la mesa de contratación en el plazo máximo de treinta días. se dará cuenta de los acuerdos tomados a la mesa de contratación en el plazo máximo de quince días. se dará cuenta de los acuerdos tomados al Consejo de Ministros en el plazo máximo de quince días.
Según la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en cuanto al procedimiento restringido, su artículo 160 establece que: Cualquier empresa podrá presentar proposiciones. Cualquier empresa podrá presentar una solicitud de participación en respuesta a una convocatoria de licitación. Solo podrán presentar una solicitud de participación las empresas que sean seleccionadas por el órgano de contratación. En este procedimiento está permitida cualquier negociación de los términos del contrato con los solicitantes o candidatos. .
El artículo 302 la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, establece que, en el contrato de suministro, cuando razones técnicas o económicas debidamente justificadas en el expediente lo aconsejen, podrá establecerse en el pliego de cláusulas administrativas particulares que el pago del precio total de los bienes a suministrar consista parte en dinero y parte en la entrega de otros bienes de la misma clase, sin que, en ningún caso, el importe de estos pueda superar: El 20% del precio total El 10% del precio total. El 40% del precio total. El 50% del precio total. .
Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 326 de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público sobre la mesa de contratación, señale la respuesta CORRECTA: Es un órgano consultivo de contratación. Sus miembros serán nombrados por los órganos de control financiero permanente de la administración correspondiente. Estará, en todo caso, constituida por un Presidente, tres vocales y un secretario. Su composición se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación correspondiente. .
Según la regla 73 de la Orden de 17 de diciembre de 2020 por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad para la Junta de Extremadura se establece un periodo de cierre de la contabilidad financiera o económico patrimonial hasta: El 31 de marzo del ejercicio siguiente. El 31 de enero del ejercicio siguiente. El 30 de abril del ejercicio siguiente. El 30 de junio del ejercicio siguiente.
Según el artículo 26 de la Ley 47/2003 de 26 de noviembre, General Presupuestaria, la programación presupuestaria NO se regirá por, ¿cuál de los siguientes principios? Responsabilidad y lealtad institucional. Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Anualidad. Eficiencia en la asignación y utilización de recursos públicos.
Según la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, entre los órganos consultivos se encuentra: La Junta de cooperación y diálogo. El Comité de Cooperación en materia de contratación pública. La Mesa de contratación. La Mesa especial de diálogo competitivo.
Según el artículo 109 de la Ley de Hacienda de Extremadura, será competente para concertar operaciones financieras activas cuando tengan por objeto colocar transitoriamente excedentes de tesorería, siempre que éstas reúnan las condiciones adecuadas de liquidez, seguridad y rentabilidad económica: La Secretaría General de Presupuestos y Financiación. La Intervención General. La Consejería competente en materia de Hacienda. El Consejo de Gobierno.
Según art. 29.4 de la Ley de Contratos del Sector Público, el contrato de servicios de mantenimiento que se concierte conjuntamente con el de la compra del bien a mantener, cuando dicho mantenimiento solo pueda ser prestado por razones de exclusividad por la empresa que suministró dicho bien, podrá tener como plazo de duración: El de la vida útil del producto adquirido. 5 años por ser la duración máxima del contrato de suministro. 2 años por ser la duración máxima de la garantía del bien suministrado. 10 años desde su adquisición. .
En el art. 49 de la Ley de Contratos del Sector Público, se regulan las medidas cautelares relativas al recurso especial en materia de contratación. ¿Qué plazo tiene el órgano de contratación para presentar las alegaciones que considere oportunas referidas a la adopción de las medidas cautelares solicitadas o a las propuestas por el propio órgano decisorio?: 2 días hábiles. 3 días hábiles. 5 días hábiles. 15 días hábiles. .
De conformidad con el art. 99 de la Ley de Contratos del Sector Público, cuando el órgano de contratación hubiera decidido proceder a la división en lotes del objeto del contrato y, además, permitir que pueda adjudicarse más de un lote al mismo licitador, aquel podrá adjudicar a una oferta integradora, NO siendo necesario que se cumpla:
Que esta posibilidad se hubiere establecido en el pliego que rija el contrato y se recoja en el anuncio de licitación. b) Que se trate de supuestos en que existan varios criterios de adjudicación. Que los empresarios acrediten la solvencia económica, financiera y técnica correspondiente, o, en su caso, la clasificación, al conjunto de lotes por los que licite. Que se amplíe el plazo para formalizar el contrato. Ninguna respuesta es correcta.
Según la Ley General de Hacienda Pública de Extremadura, aquellas modificaciones del presupuesto de gastos que, sin alterar la cuantía total del mismo y manteniendo el equilibrio presupuestario, traslada el importe total o parcial de un crédito a otra u otras partidas presupuestarias y proyectos de gasto, en su caso, con diferente vinculación, se denominan: Créditos extraordinarios. Incorporaciones de créditos. Transferencias de créditos. Generaciones de créditos. .
Según la Ley General de Hacienda Pública de Extremadura, el acto mediante el cual se acuerda con un tercero, tras el cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la realización de gastos previamente aprobados, por un importe determinado o determinable, se corresponde con la definición de: Aprobación del gasto. Compromiso del gasto. Reconocimiento de la obligación. Ordenación de pagos. .
Según la Ley General de Hacienda Pública de Extremadura, a propuesta de la Intervención General, el titular de la Consejería competente en materia de hacienda remitirá la cuenta anual de la Junta de Extremadura al Consejo de Gobierno para su aprobación antes del: 31 de marzo del año siguiente al que vaya referido dicha cuenta. 31 de julio del año siguiente al que vaya referido dicha cuenta 30 de septiembre del año siguiente al que vaya referido dicha cuenta. 31 de octubre del año siguiente al que vaya referido dicha cuenta.
Según el régimen de fiscalización limitada previa para determinados expedientes de gastos, en los Convenios de Colaboración, y para la fase de aprobación y disposición del gasto, entre los extremos adicionales a comprobar por la Intervención NO se contempla:
Memoria justificativa donde se analice su necesidad y oportunidad, su impacto económico, el carácter no contractual de la actividad en cuestión, así como el cumplimiento de lo previsto en la Ley 40/2015. Informe jurídico sobre el contenido del borrador del convenio. Certificado en su caso del Registro de Convenios. Certificación de la persona titular de la jefatura del servicio gestor de que se han cumplido las condiciones establecidas en convenio suscrito.
Según la Ley de General de Hacienda Pública de Extremadura, la función interventora tiene por objeto controlar, entre otros, todos los actos que den lugar a: Reconocimiento de derechos sociales sin contenido económico. Reconocimiento de obligaciones de contenido económico, pero no de los pagos que de ellos se deriven. La recaudación, inversión o aplicación en general de los caudales públicos con el fin de asegurar que la administración de la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso. Expedientes de modificaciones de créditos presupuestarios solo cuando sean fruto de un crédito extraordinario.
En relación con los Anticipos de Caja Fija: Tendrán la consideración de operaciones presupuestarias. Se podrán atender gastos de cualquier capítulo siempre que su importe no exceda de 5.000 euros. Se podrán atender gastos de capítulo de transferencias corrientes. No tendrán la consideración de pagos a justificar.
Responderán subsidiariamente de la obligación de reintegro de subvenciones: .Los administradores de las sociedades mercantiles. Los representantes legales del beneficiario cuando éste careciera de capacidad de obrar. Los miembros de la Comunidad de Propietarios. Las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas.
¿Cómo se denomina el Título II de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público?: Organización y funcionamiento del sector público institucional. Relaciones interadministrativas. Administración General del Estado. Disposiciones generales, principios de actuación y funcionamiento del sector público. .
Podrán incluirse trámites adicionales o distintos a los contemplados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, LPACAP: Solo mediante disposiciones reglamentarias. Solo mediante ley orgánica, cuando resulte necesario para la consecución de los fines propios del procedimiento. Solo mediante ley, cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para la consecución de los fines propios del procedimiento, y de manera motivada. Solo mediante ley ordinaria, sin requisitos finalistas de ninguna naturaleza. .
Según la Ley de Contratos del Sector Público, ¿cuál de los siguientes contratos celebrado por una Administración Pública NO tiene carácter administrativo?: Los contratos de obra, concesión de servicios, suministro y servicios. Aquellos cuyo objeto sea la suscripción a revistas y publicaciones periódicas. Los que tengan naturaleza administrativa especial por estar vinculados al giro o tráfico específico de la Administración contratante. Los contratos tendrán carácter administrativo cuando así sea declarado expresamente por una Ley. .
Según la Ley General de Hacienda Pública de Extremadura, le corresponde al titular de la Consejería competente en materia de hacienda: Elaborar y someter a la aprobación del Consejo de Gobierno el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Autorizar créditos extraordinarios. La presentación de los proyectos de ley que impliquen aumento del gasto público o disminución de los ingresos, dentro del mismo ejercicio presupuestario. El régimen de la deuda pública y demás operaciones de crédito concertadas por la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Señale la respuesta INCORRECTA en relación con la delegación de firma: Afecta a resoluciones y actos administrativos. Para su validez será necesaria su publicación. Se efectúa a favor de los titulares de los órganos o unidades administrativas que de dependan del órgano o unidad delegante. No alterará la competencia del órgano delegante.
La modificación de crédito que incrementan los créditos como consecuencia de la realización de determinados ingresos no previstos o superiores a los contemplados en el presupuesto inicial. Un crédito extraordinario. Un suplemento de crédito. Un anticipo de Tesorería. Generación de crédito.
Establece el artículo 44 de la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura que, los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma constituyen: La expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos y gastos a liquidar durante el ejercicio por cada uno de los órganos y entidades que forman parte del sector público autonómico. La expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones a liquidar durante el ejercicio por cada uno de los órganos y entidades que forman parte del sector público autonómico. La expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos y obligaciones a liquidar durante el ejercicio por cada uno de los órganos y entidades que forman parte del sector público autonómico. La expresión cifrada, conjunta y sistemática de los ingresos y gastos a liquidar durante el ejercicio por cada uno de los órganos y entidades que forman parte del sector público autonómico.
El artículo 105 de la Ley de Hacienda Autonómica establece como medio preferente para los ingresos y pagos de la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Extremadura: El cheque bancario nominativo. La domiciliación bancaria, previo alta de terceros comunicada a la Administración. La transferencia bancaria. Medios telemáticos para las transacciones efectuadas entre diferentes Administraciones Territoriales. .
En cuál de los siguientes supuestos procederá la expedición de órdenes de pago "a justificar": Cuando las prestaciones o servicios a los que se refieren se realicen en moneda nacional Cuando se considere necesario atender de manera urgente gastos periódicos o repetitivos. Cuando no sea posible la aportación de los documentos justificativos del gasto antes de formularse la propuesta de pago. Cuando así lo acuerde el titular competente en materia de hacienda.
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará en régimen de: Concurrencia competitiva. Concesión directa Concesión indirecta Concesión nominativa. .
Conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de Extremadura, el derecho de la Administración a reconocer o liquidar el reintegro de las subvenciones prescribe a los: 2 años. 3 años. 4 años. 6 años.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 29.8 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los contratos menores: No podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga No podrán tener una duración superior a dos años ni ser objeto de prórroga No podrán tener una duración superior a un año incluida la prórroga No podrán tener una duración superior a dos años incluida la prórroga.
En el contexto de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ¿quién actúa como órgano de asistencia técnica especializada de los órganos de contratación de las Administraciones Públicas? El Comité de cooperación asistencial en materia de contratación pública. La Comisión de Regulación y Supervisión de la Contratación. La Mesa de Contratación. La Junta Consultiva de Contratación Pública. .
Establece el artículo 117 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público que la aprobación del expediente de contratación corresponderá a: Al órgano de contratación Al contratista. la Intervención Delegada Al director facultativo de la obra.
Si la Intervención discrepase con el fondo o con la forma de los actos, documentos o expedientes examinados: Formalizará su oposición mediante nota de reparo. Manifestará sus objeciones mediante la interposición del recurso o reclamación que proceda, previo a la suspensión de la tramitación del expediente. Formulará sus objeciones por escrito. Si en el plazo de 15 días subsisten las objeciones, la Intervención delegada competente emitirá informe provisional de fiscalización a la Intervención General para que resuelva.
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Establece la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura que, la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Extremadura sirve al principio de: Disponibilidad presupuestaria. Unidad de caja. Gestión de ingresos y gastos. Eficiencia en la utilización de los recursos públicos. .
Según la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura, se entiende por endeudamiento a corto plazo: El formado por aquellas operaciones cuyo vencimiento se produzca en un plazo de 15 meses, desde su formalización. El formado por aquellas operaciones cuyo vencimiento se produzca en un plazo superior a 15 meses, desde su autorización El formado por aquellas operaciones cuyo vencimiento se produzca en un plazo no superior a 12 meses, desde su formalización. El formado por aquellas operaciones cuyo vencimiento se produzca en un plazo superior a 18 meses, desde su formalización.
El objeto de los contratos del sector público: deberá ser determinado podrá ser indeterminado podrá ser relativo No podrá estar restringido .
¿Cuál es la duración máxima que la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público permite a los acuerdos marco? La Ley de contratos del sector público no regula un plazo máximo de duración del acuerdo marco. 4 años, con carácter general. 4 años, salvo en casos excepcionales, debidamente justificados. 3 años, en todo caso.
La ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, tiene por objeto: Regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos y el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, sin incluir el sancionador Regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos y el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador Garantizar la efectiva igualdad de oportunidades y la no discriminación, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 9.2 de la Constitución Española, en el acceso al empleo y en las acciones orientadas a conseguirlo Ninguna respuesta es correcta.
Según el artículo 40 de La ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, el órgano que dicte las resoluciones y actos administrativos los notificará a los interesados: Dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado Dentro del plazo de quince días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado Dentro del plazo de veinte días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
Según el artículo 122 de La ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, el plazo para la interposición del recurso de alzada será de: Un mes, si el acto fuera expreso Dos meses, si el acto fuera expreso Quince días, si el acto fuera expreso.
La Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura establece en su artículo 22, que el procedimiento ordinario de concesión de subvenciones es el de: Concurrencia competitiva, mediante convocatoria periódica o abierta, siendo excepcional la concesión directa. Concesión directa mediante convocatoria abierta, siendo excepcional la concurrencia competitiva Concesión directa sin convocatoria previa, siendo excepcional la concurrencia competitiva.
La Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura establece en su artículo 17 señala que no será necesaria la publicación de la subvención concedida en el DOE, cuando los importes de las subvenciones concedidas individualmente consideradas sean de cuantía: Inferior a 10.000 euros Inferior a 3.000 euros Inferior a 1.000 euros.
La Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura establece en su artículo 43 que el incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 3 del artículo 17 de esa Ley: Es causa de reintegro de las cantidades percibidas Conlleva una sanción económica pero no es causa de reintegro de las cantidades percibidas No conlleva sanción ni es causa de reintegro de las cantidades percibidas. .
La Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura establece en su artículo 61, que la presentación de cuentas justificativas inexactas o incompletas constituye una infracción:
Muy grave Grave Leve.
La Ley de Régimen del Sector Público establece respecto del funcionamiento electrónico del sector público que (señale la INCORRECTA) Las sedes electrónicas dispondrán de sistemas que permitan el establecimiento de comunicaciones seguras siempre que sean necesarias. Se entiende por actuación administrativa automatizada, cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que haya intervenido de forma directa un funcionario público. Se entenderá identificada la Administración Pública respecto de la información que se publique como propia en su portal de Internet. Todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas se almacenarán por medios electrónicos, salvo cuando no sea posible.
Según los dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, no es un criterio de graduación de la sanción administrativa: La naturaleza de los perjuicios causados La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción administrativa de la misma o distinta naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa. El grado culpabilidad La existencia de intencionalidad.
Según los dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público señale la respuesta incorrecta, en relación con la prescripción de las sanciones e infracciones: El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido En el caso de infracciones continuadas o permanentes, el plazo comenzará a correr desde que finalizó la conducta infractora. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla.
Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, están obligados a relacionarse, en todo caso, a través de medios electrónicos con la Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo: Las Personas físicas Los empleados de las Administraciones Públicas en la forma que se determine reglamentariamente por cada Administración Las Personas jurídicas.
Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación, salvo:
En los caso de la caducidad del procedimiento En los casos de desistimiento de la solicitud En el supuesto de terminación del procedimiento por pacto o convenio.
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece que: Son nulos de pleno derecho los actos de las Administraciones Públicas que sean constitutivos de infracción administrativa o se dicten como consecuencia de ésta. El defecto de forma solamente determinará la anulabilidad cuando el acto careza de los requisitos formales indispensable para alcanzar su fin La nulidad o anulabilidad en parte del acto administrativo no implicará la de las partes del mismo independientes de aquélla, salvo que la parte viciada sea de tal importancia que sin ella el acto administrativo no hubiera sido dictado.
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio o haya sido elegida expresamente por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido: Diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido Diez días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido Quince días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el cómputo de plazos será: Salvo que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea se disponga otro cómputo, cuando los plazos se señalen por horas, se entiende que estas son hábiles. Son hábiles las horas que van desde las 8:00 a las 20:00 Salvo que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea se disponga otro cómputo, cuando los plazos se señalen por horas, se entiende que estas son hábiles. Son hábiles todas las horas del día que formen parte de un día hábil o inhábil. Salvo que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea se disponga otro cómputo, cuando los plazos se señalen por horas, se entiende que estas son hábiles. Son hábiles todas las horas del día que formen parte de un día hábil.
Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece que, indique la respuesta incorrecta. El solicitante y otros posibles interesados podrán interponer recurso de alzada, si el acto no fuera expreso, en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencia administrativo El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes, si el acto fuera expreso. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de reposición será de un mes. Contra la resolución de un recurso de alzada no cabrá ningún otro recurso administrativo.
De acuerdo con la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, señale la afirmación correcta respecto de la delegación de competencia: Implica alteración de la titularidad de la competencia No es necesaria su publicación en el BOE para su validez No podrán ser objeto de delegación las competencias relativas a la adopción de disposiciones de carácter general La delegación no podrá ser revocada por el órgano que la haya conferido hasta después de adoptada la resolución administrativa.
Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los casos en que proceda reconocer derecho a indemnización por anulación en vía contencioso-administrativa de un acto o disposición de carácter general y se hubiese notificado la sentencia definitiva, el derecho a reclamar prescribirá:
A los dos años No prescribe Al año A los dieciocho meses.
De conformidad con la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público señale cuál de las siguientes NO es una competencia de los Delegados de Gobierno: Nombrar a los Subdelegados del Gobierno en las provincias de su ámbito de actuación y en su caso, a los Directores insulares Promover la colaboración con las restantes Administraciones Públicas en materia de información al ciudadano Participar en las Comisiones Mixtas de Transferencias y en la Comisiones bilaterales de cooperación, así como en otros órganos de cooperación e naturaleza similar cuando se determine. Proteger al libre ejercicio de los derechos y libertades, garantizando la seguridad ciudadana, todo ello dentro de las competencias estatales en la materia.
De conformidad con la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, la inscripción definitiva de la creación de cualquier entidad integrante del sector público en el inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local se practicará dentro del plazo de: 30 días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud de inscripción 15 días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud de inscripción 10 días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud de inscripción 20 días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud de inscripción.
De conformidad con la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, las entidades de derecho público, con personalidad jurídica propia, tesorería y patrimonios propios y autonomía en su gestión, que desarrollan actividades propias de la Administración Pública, tanto de fomento, prestaciones, de gestión de servicios públicos o de producción de bienes de interés público, susceptibles de contraprestación, en calidad de organizaciones instrumentales diferenciadas y diferentes de ésta, son: Entidades Públicas Empresariales Autoridades administrativas independientes Organismo Autónomos Sociedades mercantiles estatales.
De conformidad con la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, los consorcios se crearán mediante: Real Decreto del Consejo de Ministros Acuerdo del Consejo de Ministros Ley Convenio suscrito por las Administraciones, organismo públicos o entidades participantes.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 66 bis de la Ley General de Hacienda Pública de Extremadura, el concepto presupuestario “Fondo de contingencia!:
Tendrá un importe máximo del dos por ciento del total de gastos para operaciones financieras Podrá financiar las incorporaciones de crédito La aplicación del fondo se aprobará por el Consejero competente en materia de Hacienda El remanente de crédito a final de cada ejercicio en el Fondo, podrá ser objeto de incorporación a ejercicios posteriores.
De conformidad con la Ley General de Hacienda Pública de Extremadura, una modificación e crédito que incrementa éste como consecuencia de la realización de un determinado ingreso superior al contemplado en el presupuesto inicial es una: Generación de crédito Ampliación de crédito Incorporación de crédito Transferencia de crédito.
Según establece la Ley General de Hacienda Pública de Extremadura, sí la Intervención delegada emite informe en nota de reparo y el órgano a que afecta el reparo no estuviera conforme con el mismo, deberá resolver la discrepancia: La Intervención Delegada adoptando la decisión final La Intervención General El Consejero competente en materia de Hacienda El Secretario General de Presupuestos y Financiación.
Según los dispuesto en la Ley General de Hacienda Pública de Extremadura, se requerirá informe previo favorable de la Consejería competente en materia de hacienda para la realización de pagos a cuenta o anticipados y para la inclusión de exenciones de garantía: Cuando se trate de subvenciones concedidas por importe inferior a 3000 euros Cuando se trate de becas o ayudas destinadas al estudio y a la investigación Cuando se trate de subvenciones a entidades del sector público o que figuren nominativamente en los presupuestos, si el importe supera el 50% de la subvención concedida. Las subvenciones a entidades no lucrativas, así como las federaciones, confederaciones o agrupaciones de los mismos que desarrollen proyectos o programas sociosanitarios, si el importe no supera el 50% de la subvención concedida.
De conformidad con la Ley de Subvenciones de Extremadura, podrán realizarse varios procedimientos de selección sucesivos a lo largo de un ejercicio presupuestario para una misma línea de subvención en convocatorias tramitadas: En régimen de concurrencia competitiva mediante convocatoria periódica En régimen de concurrencia competitiva mediante convocatoria abierta En régimen de concesión directa mediante convocatoria abierta En los supuestos excepcionales de concesión directa.
De conformidad con la Ley de Subvenciones de Extremadura cuando en las bases reguladoras de las subvenciones no figuren previsión alguna o no se establezcan límites cuantitativos, el beneficiario de la subvención podrá subcontratar hasta un porcentaje que no exceda del: 70 por 100 del importe de la actividad subvencionada 80 por 100 del importe de la actividad subvencionada 50 por 100 del importe de la actividad subvencionada Podrá subcontratar el 100 por 100 del importe de la actividad subvencionada.
De acuerdo con la Ley 6/2011 de Subvenciones de la C. A. de Extremadura, es una infracción muy grave en materia de subvenciones. El incumplimiento de las condiciones establecidas alterando sustancialmente los fines para los que la subvención fue concedida. La obtención de la condición de entidad colaboradora falseando los requisitos requeridos en las bases reguladoras de la subvención u ocultando los que la hubiesen impedido La presentación de cuentas justificativas inexactas o incompletas La no aplicación en todo o en parte, de las cantidades recibidas, a los fines para los que la subvención fue concedida.
Según la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante Ley 30/1992), indique el requisito necesario para incluir algún asunto no previsto en el orden del día de la reunión de un órgano colegiado: La unanimidad de todos los presentes La presencia de todos los miembros del órgano colegiado y la declaración de urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría. La declaración de urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría absoluta. No cabe la posibilidad de incluir un asunto no previsto en el orden del día.
De acuerdo con la Ley 30/92, en relación con el ejercicio de la competencia por los órganos administrativos: La avocación se realizará mediante acuerdo motivado que deberá ser notificado a los interesados en el procedimiento, si los hubiere, con anterioridad a la resolución final que se dicte. La encomienda de gestión supone cesión de titularidad de la competencia y de los elementos sustantivos de su ejercicio. La delegación de firma no alterará la competencia del órgano delegante, y para su validez será necesaria su publicación. La suplencia implicará alteración de la competencia.
Según el artículo 50 de la Ley 39/2015 El principio de que los actos nulos o anulables que contengan los elementos constitutivos de otro distinto producirán los efectos de éste, se conoce con el nombre de: Transmisibilidad. Conservación. Conversión de actos viciados Convalidación.
Según artículo 41.5 de la Ley 39/2015, ¿cómo debe actuar la Administración cuando un interesado en el procedimiento rechace una notificación que se practique en su domicilio?
Debe hacer constar el rechazo a la notificación en el expediente y se le tendrá por decaído en el procedimiento. Debe hacer constar el rechazo se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación y el medio, dando por efectuado el trámite y siguiéndose el procedimiento. Hará constar el rechazo a la notificación en el expediente, junto con el día y la hora, y deberá repetir el intento de notificación por una sola vez y en hora distinta dentro de los 3 días siguientes. Hará constar el rechazo a la notificación en el expediente, junto con el día y la hora,y deberá repetir el intento de notificación tantas veces como sea posible y en horas distintas dentro de los 3 días siguientes.
De acuerdo con el artículo 39 de la Ley 39/2015, los actos de las Administraciones Públicas sujetos al derecho administrativo: Se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. Se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se notifiquen al interesado, salvo que en ellos se disponga otra cosa. Se presumirán válidos desde la fecha en que se dicten y producirán efectos desde la fecha en que se notifiquen al interesado. Se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se notifiquen al interesado o, en su caso, desde la fecha en que se publiquen.
Según el artículo 56 de la Ley 39/2015, indique a quién compete adoptar medidas provisionales durante la instrucción de un expediente: Al órgano competente para resolver. Al órgano instructor. Al órgano que acordó la iniciación del expediente. Al órgano instructor, a instancia del interesado afectado.
Según artículo 117 de la Ley 39/2015, interpuesto cualquier recurso, el órgano competente para su resolución podrá suspender la ejecución del acto impugnado: Siempre de oficio cuando la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho. A solicitud del recurrente cuando la impugnación se fundamente en cualquier infracción del ordenamiento jurídico incluso la desviación de poder. De oficio o a solicitud del recurrente cuando la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho. De oficio o a solicitud del recurrente cuando la impugnación se fundamente en cualquier infracción del ordenamiento jurídico incluso la desviación de poder.
Según el artículo 69 de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP) las uniones de empresarios: Deben formalizar su unión en escritura pública, tras el anuncio de licitación. Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados mancomunadamente ante la Administración. La duración de las uniones temporales de empresarios debe ser coincidente con la del contrato hasta su extinción. Deben darse de alta en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público.
En relación a la garantía en los contratos de las Administraciones Públicas, señale la respuesta INCORRECTA: La acreditación de la constitución de la garantía podrá hacerse mediante medios electrónicos, salvo que en el pliego se establezca lo contrario. Cuando la cuantía del contrato se determine en función de precios unitarios, el importe de la garantía a constituir se fijará atendiendo al presupuesto base de licitación. En la concesión de obras públicas el importe de la garantía definitiva se calculará aplicando el 10% sobre el valor estimado del contrato. Los que presenten las ofertas económicamente más ventajosas en las licitaciones de los contratos que celebren las Administraciones Públicas deberán constituir a disposición del órgano de contratación una garantía de un 5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
Según artículo 35 de la LCSP En relación al deber de confidencialidad de los contratistas de la Administración, señale la respuesta INCORRECTA: Los órganos de contratación no podrán divulgar la información facilitada por los empresarios que éstos hayan designado como confidencial. El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato. Se mantendrá durante un plazo de 4 años desde el conocimiento de esa información, salvo que los pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor. El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.
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Según la normativa que regula la fiscalización limitada previa ésta se aplica a los expedientes de gastos: De contratos de obras, suministro y de servicios. De todo tipo de gastos. Respecto de aquellos gastos que deban ser aprobados por el Consejo de Gobierno. Respecto de los gastos de cuantía indeterminada. .
Según la Orden que regula la operatoria para la ejecución del gasto de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, una vez comprometido el gasto se expide: El documento A. El documento G. El documento C. El documento D.
Están sujeto/s al ámbito de aplicación de la Ley de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura: Los conciertos educativos. Los premios que se otorguen sin la previa solicitud del beneficiario. El crédito oficial, si la Administración Pública subvenciona al prestatario la totalidad o parte de los intereses u otras contraprestaciones de la operación de crédito. Los beneficios fiscales.
Según la Ley de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, constituyen infracciones leves en materia de subvenciones: La presentación fuera de plazo de las cuentas justificativas de la aplicación dada a los fondos percibidos El incumplimiento de las condiciones establecidas alterando sustancialmente los fines para los que la subvención fue concedida. La falta de justificación del empleo dado a los fondos recibidos una vez transcurrido el plazo establecido para su presentación. La obtención de la condición de entidad colaboradora falseando los requisitos requeridos en las bases reguladoras de la subvención u ocultando los que la hubiesen impedido.
La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público entiende como actuación administrativa automatizada: Cualquier acto o actuación realizada parcial o íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que haya intervenido de forma directa un empleado público. Cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya de forma directa un empleado público. Cualquier acto o actuación realizada parcial o íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público. Cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que haya intervenido de forma directa un empleado público.
Según artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que en ellos especifiquen, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia de la aplicación de:
Actos legislativos de naturaleza expropiatoria de derechos que tengan el deber jurídico de soportar Actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar Actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que tengan el deber jurídico de soportar Actos legislativos de naturaleza expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar.
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPACAP) NO tiene por objeto regular: Los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos. El procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Pública, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas. Las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas Los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria.
El artículo 6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que los poderes inscritos en el registro electrónico de apoderamientos tendrán una validez determinada máxima De diez años a contar desde la fecha de la inscripción De cinco años a contar desde la fecha de la inscripción De diez años a contar desde la fecha de la autorización De cinco años a contar desde la fecha de la autorización.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 27.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las copias auténticas realizadas por una Administración Pública: Tendrán la misma validez y eficacia que los documentos originales Tendrán validez únicamente en la Administración que las autentificó Tendrán las misma validez pero no eficacia que la documentación original Tendrán eficacia mediante la puesta en manifiesto de sus copias.
En cuanto al inicio del procedimiento por petición razonada de otros órganos, el artículo 61 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señala que: En los procedimientos de naturaleza sancionadora, la petición vincula al órgano competente para iniciar el procedimiento. Se entiende por petición razonada, la propuesta de iniciación del procedimiento formulada por cualquier órgano administrativo con competencia para iniciar el mismo La petición no vincula al órgano competente para iniciar el procedimiento, si bien deberá comunicar al órgano que la hubiera formulado los motivos por los que, en su caso, no procede la iniciación. En los procedimientos de responsabilidad patrimonial, la petición deberá individualizar en todo caso su evaluación económica.
Respecto a las actuaciones complementarias, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas señala en su artículo 87 que: Antes de dictar resolución, el órgano competente para resolver podrá decidir, mediante acuerdo motivado, la realización de todas las actuaciones complementarias que considere oportunas para resolver el procedimiento El acuerdo de realización de actuaciones complementarias se notificará a los interesados, concediéndoseles un plazo de diez días para formular las alegaciones que tengan por pertinentes tras la finalización de las mismas. No tendrán la consideración de actuaciones complementarias los informes que preceden inmediatamente a la resolución final del procedimiento Las actuaciones complementarias deberán practicarse en un plazo no superior a veinte días.
De conformidad con el artículo 63 de la Ley de Contratos del Sector Público, la publicación de la información relativa a contratos menores deberá realizarse en el perfil del contratante del órgano de contratación al menos: Cada 3 meses Cada 4 meses Cada 6 meses Una vez por ejercicio presupuestario.
Conforme al artículo 88 de la Ley de Contratos del Sector Público, se considera empresa de nueva creación a los efectos de no exigir un número determinado de obras ejecutadas como solvencia técnica, a aquellas que: Cuentan con una antigüedad inferior a 2 años Cuentan con una antigüedad inferior a 3 años Cuentan con una antigüedad inferior a 4 años Cuentan con una antigüedad inferior a 5 años.
Conforme al artículo 9 de la Ley General de Hacienda Pública de Extremadura ¿cuál de las siguientes es una competencia del Consejo de Gobierno?
Velar por la ejecución de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura y por el cumplimiento de las disposiciones de carácter financiero El régimen de concesión de avales por la comunidad La determinación de las directrices básicas de la política económica y financiera de la Comunidad Autónoma Ejercer la superior autoridad en materia de ordenación de pagos.
Según artículo 76 de la Ley General de Hacienda Pública de Extremadura ¿cuál de los remanentes de créditos del ejercicio anterior podrán ser incorporados al ejercicio presupuestario siguiente? Aquellos que disponga de una norma con rango reglamentario Los que resulten de créditos extraordinarios que hayan sido concedidos mediante decreto en el último trimestre del ejercicio presupuestario anterior. Los créditos que amparen compromisos contraídos antes de finalizar el ejercicio presupuestario y que, por causas justificadas, no haya podido realizarse durante el mismo Los derivados de créditos para gastos cuya financiación no sea afectada.
Según artículo 28 de la Ley 6/2011 de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, podrán realizarse varios procedimientos de selección sucesivos a lo largo de un ejercicio presupuestario: En las convocatorias abiertas por concesión directa En todas las convocatorias En las convocatorias periódicas por concurrencia competitiva En las convocatorias abiertas por concurrencia competitiva.
Según la Ley 6/2011 de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la propuesta de resolución de la concesión de subvenciones la hace: El Director General correspondiente El Jefe de Servicio gestor El órgano instructor La Comisión de Valoración.
Indique cuál de las siguientes modificaciones de créditos no existe en la actualidad: Crédito extraordinario Suplemento de crédito Incorporación de crédito Transferencia de crédito.
No es una fase de la gestión de los gastos: Pago Reconocimiento del pago Ordenación del pago Compromiso de gasto.
En relación con los anticipos de caja fija, es correcto: Se realizan respecto de gasto ocasionales Son provisiones de fondos de carácter permanente Son provisiones de fondos de carácter presupuestario y permanente Legalmente se determinarán las normas que regulan los pagos satisfechos mediante anticipo de caja fija.
Quedan comprendido en el ámbito de aplicación de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, Ley de Subvenciones de Extremadura: Los conciertos educativos Los premios que se otorguen sin la previa solicitud del beneficiario Las ayudas que se otorguen por los organismos autónomos dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura Ninguna de las respuestas es correcta.
Según la Ley 6/2011, de 23 de marzo, Ley de Subvenciones de Extremadura, los abonos a cuenta:
Supondrán entregas de fondos con carácter previo a la justificación Se abonan por cuantía equivalente a la justificación presentada Responden al ritmo de ejecución presupuestaria de las acciones subvencionadas Ninguna respuesta es correcta.
En relación con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, una de las siguientes afirmaciones es correcta: Su título Preliminar se refiere a los principios y competencias de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado Su Título I se refiere a la organización y funcionamiento del Sector Público Institucional Su Título II se refiere a la Administración General del Estado Su Título III se refiere a las relaciones interadministrativas.
El artículo 3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, establece que dentro del sector público tendrán consideración de Administración Pública: Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social Los Organismos Autónomos Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social Las Agencias Estatales.
¿Quién es el órgano competente para la resolución de revocación y reintegro según la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de Extremadura? El órgano gestor de la ayuda El órgano concedente El órgano que establezca la convocatoria Ninguna respuesta es correcta.
La Ley de Hacienda de Extremadura establece: La facultad para comprometer gastos es una competencia atribuida a los titulares de las Consejería y los Presidentes o Directores de los organismos autónomos de la Comunidad Autónoma La facultad para comprometer gastos es una competencia atribuida al titular de la Consejería en materia de Hacienda La facultad para comprometer gastos es una competencia atribuida a la Asamblea de Extremadura Todas las respuestas con correctas.
Según el artículo 8 de la Ley 39/2015, si durante la instrucción de un procedimiento se advierte la existencia de personas que sean titulares de derechos o intereses legítimos y directos cuya identificación resulte del expediente y puedan resultar afectados por la resolución que se dicte:
Se continuará con el procedimiento sin comunicar la tramitación a los nuevos interesados. Se paralizará el procedimiento. Se comunicará a dichas personas la tramitación del procedimiento. Se iniciará nuevamente el procedimiento.
De acuerdo con el artículo 24 de la Ley 39/2015, el certificado acreditativo del silencio producido se expedirá de oficio por el órgano competente para resolver, en el plazo de: Diez días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento Veinte días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento Quince días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento. Cinco días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento.
Según el artículo 25 de la Ley 39/2015, la falta de resolución expresa, en los procedimientos iniciados de oficio, en el caso de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o constitución de derechos u otras situaciones favorables para los interesados, produce el siguiente efecto: La estimación de sus pretensiones por silencio administrativo. La desestimación de sus pretensiones por silencio administrativo La caducidad del procedimiento. La prescripción del derecho.
Según lo dispuesto en el artículo 45 de la ley 39/2015, respecto a la publicación de los actos administrativo, señale la opción CORRECTA: Los actos administrativos serán objeto de publicación cuando así lo establezcan las normas reguladoras del procedimiento o lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano competente Los actos administrativos serán objeto de publicación cuando lo soliciten los interesados y así lo aconsejen razones de interés público. Las Administraciones podrán establecer otras formas de notificación complementarias a través de los restantes medios de difusión, excluyéndose en ese caso la obligación de publicar en el Diario Oficial correspondiente La publicación de un acto administrativo no necesitará contener el texto íntegro de la resolución.
Según el artículo 52 de la Ley 39/2015, indique cuál de los siguientes actos administrativos son susceptibles de convalidación: Los que tengan un contenido imposible Los que sean constitutivos de infracción penal. Los que lesionen derechos susceptibles de amparo constitucional Los que incurran en desviación de poder.
Según el artículo 95 de la Ley 39/2015 establece con respecto a la caducidad de los procedimientos administrativos que: Contra la resolución que declare la caducidad no procederá recurso alguno La caducidad, producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración Se acordará en todo caso, la caducidad del procedimiento por la simple inactividad del interesado en la cumplimentación de trámites. Podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión suscitada afecte al interés general.
De acuerdo con el artículo 118 de la Ley 39/2015, respecto a los recursos administrativos, señale la opción CORRECTA: El error o ausencia de la calificación de un recurso por parte del recurrente, impedirá en todo caso la tramitación del mismo Los vicios y defectos que hagan anulable un acto deberán ser alegados por quienes los hubieran causado. La interposición de cualquier recurso, suspenderá siempre la ejecución del acto impugnado. No se tendrán en cuenta en la resolución de los recursos, hechos, documentos o alegaciones del recurrente, cuando habiendo podido aportarlos en el trámite de alegaciones no lo hayan hecho.
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De acuerdo con el artículo 125 de la Ley 39/2015, señale en cuál de los siguientes supuestos, el recurso extraordinario de revisión contra actos firmes en vía administrativa, se interpondrá en el plazo de los cuatro años siguientes a la fecha de notificación de la resolución impugnada: Cuando aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida. Cuando en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme. Cuando al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente. Cuando la resolución se hubiere dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia u otra conducta punible.
De acuerdo con el artículo 107 de la Ley 39/2015, señale cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA, respecto a la declaración de lesividad de los actos anulables: La declaración no será susceptible de recurso, sin perjuicio de su examen como presupuesto procesal de admisibilidad de la acción en el proceso judicial correspondiente. Transcurrido el plazo de seis meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad, se producirá la caducidad del mismo. Si el acto proviniera de la Administración General del Estado o de las Comunidades Autónomas, la declaración de lesividad se adoptará por el órgano de cada Administración competente en la materia. La declaración de lesividad no podrá adoptarse hasta que no transcurran cuatro años desde que se dictó el acto administrativo.
De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, cuál de las siguientes NO forma parte del sector público institucional: Las entidades que integran la Administración local Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas. Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas. Las universidades públicas.
Según establece el artículo 3 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, las Administraciones Públicas deberán respetar, en su actuación y relaciones, uno de los siguientes principios: Eficacia en los procedimientos administrativos y en las actividades de gestión Eficiencia en el cumplimiento de los objetivos fijados Economía en la asignación y utilización de los recursos públicos. Participación, objetividad y transparencia en la actuación administrativa.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, cuál de estas afirmaciones es cierta con respecto a la prescripción: Si las leyes no fijan los plazos de prescripción, las infracciones leves prescribirán al año Si las leyes no fijan los plazos de prescripción, las sanciones impuestas por faltas leves prescribirán al año El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción.
De acuerdo con el artículo 154 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, las comisiones que se creen cuando la proximidad territorial o la concurrencia de funciones administrativas así lo requieran se denominan: Comisiones Multilaterales de Cooperación Comisiones Territoriales de Cooperación Comisiones Territoriales de Coordinación Comisiones Bilaterales de Coordinación.
De conformidad con el artículo 22 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, están sujetos a regulación armonizada, señale la respuesta CORRECTA: Los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 5.382.000 euros. Los contratos de suministro cuyo valor estimado sea igual o superior a 140.000 euros, cuando se trate de contratos adjudicados por la Administración General del Estado. Los contratos de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 215.000 euros, cuando los contratos hayan de adjudicarse por entidades del sector público distintas a la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social Los contratos de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 215.000 euros, cuando se trate de contratos que tengan por objeto los servicios sociales.
De conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:
El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver de las cuestiones referidas a efectos y extinción de los contratos que celebren las entidades del sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será competente para resolver las cuestiones relativas a los efectos y extinción de los contratos privados de las Administraciones Públicas El orden jurisdiccional civil será competente para resolver los recursos interpuestos contra las resoluciones que se dicten por los órganos administrativos de resolución del recurso especial en materia de contratación. El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver de las cuestiones referidas a la preparación y adjudicación de los contratos de entidades del sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores.
De acuerdo con el artículo 49 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en relación al recurso especial, señale la respuesta CORRECTA: Cuando se interponga contra el anuncio de licitación, el plazo de presentación será de quince días naturales a contar desde el día siguiente al de su publicación en el perfil de contratante. Una vez interpuesto el recurso quedará en suspenso la tramitación del procedimiento. Es posible solicitar la adopción de medidas cautelares antes de interponer el recurso especial. El escrito de interposición de recurso especial habrá de presentarse exclusivamente ante el órgano competente para resolver.
De acuerdo con el artículo 119 de la la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: Podrán ser objeto de tramitación de emergencia los expedientes correspondientes a los contratos cuya celebración responda a una necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés público El plazo de inicio de la ejecución del contrato declarado de urgencia no podrá exceder de un mes, contado desde la formalización En los expedientes calificados de urgentes, el órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente de contratación, podrá contratar libremente su objeto La declaración de tramitación de urgencia de un expediente de contratación corresponde al Consejo de Gobierno.
De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda de Extremadura, la ejecución del gasto público responderá a los principios de: Eficacia, proporcionalidad, economía, solidaridad, equilibrio y territorialidad. Eficacia, proporcionalidad, igualdad, solidaridad, equilibrio y territorialidad. Eficacia, eficiencia, economía, sostenibilidad, equilibrio y territorialidad Eficacia, eficiencia, economía, solidaridad, equilibrio y territorialidad.
De acuerdo con el artículo 12 la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura, en relación a las funciones de los organismos autónomos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, señale la respuesta INCORRECTA: Autorizar los gastos Ordenar los pagos. Elaborar el proyecto de presupuestos anuales del organismo autónomo. La administración, gestión y recaudación de los derechos económicos del propio organismo autónomo.
De acuerdo con el artículo 49 de la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura, cada una de las asignaciones individualizadas de gasto, que figuran en los presupuestos de los órganos y entidades con presupuesto limitativo, puestas a disposición de los centros gestores para la cobertura de las necesidades para las que hayan sido aprobados, son: Programas presupuestarios Créditos presupuestarios Programas de gastos Derechos económicos.
De acuerdo con la estructura de los estados de ingresos de los presupuestos recogido en el artículo 53 de la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura, en los ingresos corrientes se distinguirán: Ingresos patrimoniales Transferencias de capital. Enajenación de inversiones reales Activos financieros.
De acuerdo con el artículo 79 de la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura, corresponde al Consejo de Gobierno autorizar las siguientes modificaciones presupuestarias: Los anticipos de tesorería Las generaciones de créditos Las incorporaciones de créditos Las ampliaciones de créditos.
De acuerdo con la Orden de 17 de diciembre de 2020 por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad para la Junta de Extremadura, el acto administrativo por el que la persona titular del órgano competente para gestionar un gasto con cargo a un crédito presupuestario aprueba su realización, determinando su cuantía de forma cierta, o bien de la forma más aproximada posible cuando no pueda calcularse exactamente, reservando, a tal fin, la totalidad o una parte del crédito presupuestario, es: Compromiso del gasto. Reconocimiento de la obligación Retención de crédito Aprobación y autorización del gasto.
De acuerdo con la Orden de 17 de diciembre de 2020 por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad para la Junta de Extremadura, en relación a las fases de ejecución de gastos presupuestarios, señale la respuesta CORRECTA: Se podrán acumular en un mismo acto hasta dos fases de ejecución de gastos. La acumulación produce los mismos efectos que si dichas fases se acordaran en actos administrativos separados. Cuando en un mismo acto se acumulen el compromiso del gasto y el pago, se expedirá el documento DO Cuando la autorización y el reconocimiento de la obligación se acuerdan en un acto único, se generará un documento AD.
De acuerdo con el artículo 44 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en relación a la cuantía de los contratos susceptibles de recurso especial, señale la respuesta CORRECTA: Cabe recurso especial en el caso de contratos de obras cuyo valor estimado sea superior a un millón de euros. Cabe recurso especial en el caso de contratos de servicios que tengan un valor estimado superior a ochenta mil euros. Cabe recurso especial en el caso de contratos de suministro que tengan un valor estimado superior a cien mil euros. Cabe recurso especial en el caso de contratos de concesión de servicios cuyo valor estimado sea superior a un millón de euros.
Según el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, ¿qué principio deberán respetar en su actuación y relaciones las Administraciones Públicas? De servicio efectivo a los ciudadanos. De servicio objetivo a los ciudadanos De planificación y dirección por fines sociales y control de la gestión y evaluación de los resultados de las políticas públicas De eficacia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
Conforme con el artículo 53 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, ¿los convenios cuyos compromisos económicos asumidos superen los 600.000 euros deberán remitirse electrónicamente al Tribunal de Cuentas u órgano externo de fiscalización de la Comunidad Autónoma, según corresponda dentro de que plazo máximo? Cuatro meses siguientes a su suscripción. Dos meses siguientes a su suscripción. Tres meses siguientes a su suscripción Seis meses siguientes a su suscripción.
Conforme al artículo 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas las Universidades públicas ¿se regirán?: Únicamente por su normativa específica
Por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de la Ley 39/2015 Por las previsiones de la Ley 39/2015 y supletoriamente por su normativa específica Únicamente por las previsiones de la Ley 39/2015.
Señale la respuesta correcta. Según el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: Los actos que limiten derechos objetivos o intereses subjetivos. Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje y los que declaren su inadmisión. Los actos que admitan pruebas propuestas por los interesados. Los actos que acuerden la terminación del procedimiento por la imposibilidad formal de continuarlo por causas conocidas, así como los que acuerden la inadmisión por la Administración en procedimientos iniciados de oficio o por los interesados.
Según el artículo 50 de la Ley 39/2015,¿Como se denomina el mecanismo de validez de un acto administrativo nulo o anulable que, contienen los elementos constitutivos de otro distinto y producen los efectos de éste? Conversión de actos viciados Conservación de actos y trámites Convalidación Transversalidad.
De conformidad con el artículo 80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, salvo disposición expresa en contrario, ¿cómo serán los informes?: Preceptivos y no vinculantes. Facultativos y vinculantes Facultativos y no vinculantes Preceptivos y vinculantes.
Conforme al artículo 107.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la declaración de lesividad de actos anulables ¿no podrá adoptarse una vez transcurridos?: Cuatro años desde que se dictó el acto administrativo. Cinco años desde que se notificó al acto administrativo. Seis meses desde que se notificó el acto administrativo Seis meses desde que se dictó el acto administrativo.
En relación a las medidas provisionales, y conforme al artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale la respuesta INCORRECTA:
Las medidas provisionales podrán ser alzadas o modificadas durante la tramitación del procedimiento No se podrán adoptar aquellas medidas provisionales que puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados Podrán acordarse medidas provisionales como el embargo definitivo de bienes, rentas y cosas fungibles computables en metálico por aplicación de precios ciertos Se podrán adoptar medidas provisionales antes de que se inicie el procedimiento.
Según el artículo 33 la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público la responsabilidad concurrente de la Administración Pública conlleva: Responsabilidad solidaria Responsabilidad individual Responsabilidad concurrente No conlleva responsabilidad.
Según artículo 59 de la ley 9/2017 Señale la respuesta correcta. Cuando un contratista pretenda recurrir ante la jurisdicción contenciosa administrativa las decisiones adoptadas por los órganos administrativos a los que corresponde resolver los recursos especiales, a que se refiere la legislación de Contratos del Sector Público: Evacuará previo requerimiento durante un plazo de 10 días al órgano de contratación correspondiente Interpondrá directamente el recurso contencioso administrativo Interpondrá previamente recurso de alzada en el ámbito administrativo Todas las respuestas anteriores son erróneas.
Según al artículo 36 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ¿cómo se perfeccionan los contratos basados en un Acuerdo Marco? Se perfeccionan por su formalización Se perfeccionan de conformidad con la legislación por la que se rijan. Se perfeccionan por su firma. Se perfeccionan por su adjudicación.
No podrán ser objeto del recurso especial en materia de contratación: Los acuerdos de rescate de concesiones Loa anuncios de licitación Los pliegos Los procedimientos de adjudicación que se sigan por el trámite de emergencia.
Según artículo 120 de la Ley 9/2017, Cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional, se estará al siguiente régimen de excepciones: El órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente de contratación, podrá ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto, sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la Ley de contratos del Sector Público, siempre que exista crédito suficiente. El órgano de contratación, debe tramitar expediente de contratación, pero podrá ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto, sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la Ley de contratos del Sector Público, siempre que exista crédito suficiente. El órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente de contratación, podrá ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto, sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la Ley de contratos del Sector Público, incluso aunque no hay crédito suficiente. El órgano de contratación, debe tramitar expediente de contratación, pero podrá ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto, sin sujetarse a los requisitos formales de la Ley de contratos del Sector Público, incluso aunque no hay crédito suficiente.
De acuerdo a la Ley de Contratos del Sector Público ¿Cuál es el plazo máximo de ejecución de inicio de las prestaciones en la tramitación de emergencia, contado desde la adopción del acuerdo? Dos meses Quince días Un mes Diez días.
De acuerdo con la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con carácter previo al otorgamiento de subvenciones, deberán aprobarse las normas que contengan las bases reguladoras de la concesión en los términos establecidos en esta ley. Tras su aprobación: Deberán publicarse en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de Extremadura. Deberán publicarse en el Boletín Oficial del Estado y en el portal de subvenciones de la Junta de Extremadura Deberán publicarse en el Diario Oficial de Extremadura y en el portal de subvenciones de la Junta de Extremadura Deberán publicarse únicamente en el Diario Oficial de Extremadura.
De acuerdo con la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, no será necesaria la publicación de las subvenciones concedidas en el Diario Oficial de Extremadura en los siguientes supuestos: Cuando los importes de las subvenciones concedidas, individualmente consideradas, sean de cuantía inferior a 3.000 euros. Cuando los importes de las subvenciones concedidas, individualmente consideradas, sean de cuantía inferior a 5.000 euros. Cuando los importes de las subvenciones concedidas, individualmente consideradas, sean de cuantía inferior a 10.000 euros. Cuando los importes de las subvenciones concedidas, individualmente consideradas, sean de cuantía inferior a 15.000 euros.
De acuerdo con la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en ningún caso serán gastos subvencionables: Los intereses deudores de las cuentas bancarias Los gastos de asesoría jurídica o financiera Los gastos notariales y registrales Los gastos financieros.
De acuerdo con el artículo 41 de la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura, y en relación con la programación presupuestaria: Los escenarios presupuestarios plurianuales serán aprobados por la Consejería competente en materia de Hacienda Cada Consejería remitirá anualmente a la Consejería competente en materia de Hacienda los programas plurianuales referidos a los dos ejercicios siguientes El procedimiento de elaboración y la estructura de los programas plurianuales y de actuación plurianual será aprobado por el Consejo de Gobierno El programa plurianual de cada Consejería contendrá los programas de todos los centros gestores que de él dependan, siendo aprobado por el titular de la Consejería.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura, la autorización de las transferencias de créditos destinadas a modificar las dotaciones de los fondos carentes de personalidad jurídica corresponde a: Consejo de Gobierno, a propuesta del titular de la Consejería competente en materia de Hacienda Titular de la Consejería competente en materia de Hacienda Titular de la Consejería competente por razón de la materia Consejo de Gobierno, a propuesta del titular de la Asamblea.
De acuerdo con la Orden de 17 de diciembre de 2020 por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad para la Junta de Extremadura, en los expedientes contables correspondientes a operaciones de continuación deberá indicarse el número de referencia del expediente al que suceden. De esta manera: Las autorizaciones sobre créditos retenidos incorporarán como referencia el número de expediente contable de la autorización de crédito Los compromisos o disposiciones se referenciarán al número de expediente contable de la correspondiente retención de crédito El reconocimiento de las obligaciones se referenciará al número de expediente contable de la correspondiente autorización de crédito En los supuestos de operaciones que complementen, positiva o negativamente, a otras realizadas con anterioridad, se tomará como referencia el número de expediente contable de la operación complementada.
De acuerdo con la Orden de 17 de diciembre de 2020 por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad para la Junta de Extremadura, para la aplicación a presupuesto de los gastos realizados con cargo a anticipo de caja fija y la propuesta de reposición de fondos al Habilitado: Se tramitará el correspondiente expediente contable de Mandamiento de pago no presupuestario (MP). Se tramitará el correspondiente expediente contable en fase ADO Se adjuntará como documentación soporte la Resolución de adopción/distribución de anticipos de caja fija Se tramitará el correspondiente expediente contable en fase O, en el que se generará la cuenta justificativa y los documentos de propuesta y resolución de ejecución presupuestaria.
De acuerdo con la Orden de 17 de diciembre de 2020 por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad para la Junta de Extremadura, el expediente contable “Mandamiento de pago no presupuestario (MP)” es utilizado en: Pagos a justificar Anticipos de caja fija Anticipos de Tesorería Tramitación anticipada.
Según la Orden de 17 de diciembre de 2020 por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad para la Junta de Extremadura, en relación a los pagos a justificar, una vez transcurridos los plazos para la presentación de la cuenta justificativa de un libramiento a justificar y ésta no hubiese sido aún recibida en la Intervención correspondiente: Se tramitará el correspondiente expediente contable de anulación Se pondrá de manifiesto en un informe que se remitirá a la Secretaria General Se iniciará procedimiento de reclamación a los acreedores finales No existe plazo para la presentación de la cuenta justificativa.
De acuerdo con la Orden de 17 de diciembre de 2020 por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad para la Junta de Extremadura, una de las operaciones de tramitación de los gastos presupuestarios corresponde a uno de los grupos siguientes:
Expedientes y documentos de origen o inicio, que suponen la iniciación del
procedimiento de gasto, ya se trate de una retención de crédito para gastos (R) o de aquéllas que contengan la autorización de gasto sobre créditos disponibles (A, AD y ADO) Expedientes y documentos de continuación o derivados, a través de las que se incrementa o se minora el importe de los documentos de origen o de continuación a las que complementan, o, en su caso, se añaden posiciones con nuevos terceros o anualidades Expedientes y documentos complementarios, mediante las que se impulsan las fases sucesivas del proceso de gasto Expedientes y documentos de origen o inicio, que suponen la iniciación del procedimiento de gasto, siempre a través de una retención de crédito para gastos (R).
Una vez recibida las alegaciones de los interesados o transcurrido el plazo señalado para su formulación y el de la prueba, en su caso, ¿cuál es el plazo de tiene el órgano competente para resolver el recurso especial en materia de contratación? Dentro de los diez días hábiles siguientes Dentro de los quince días hábiles siguientes Dentro del mes siguiente Dentro de los cinco días hábiles siguientes.
De acuerdo con el artículo 128 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (señale la respuesta Correcta): Las disposiciones administrativas se ajustarán al orden de jerarquía que establezcan las disposiciones reglamentarias Ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de igual o superior rango Excepcionalmente, las disposiciones administrativas podrán vulnerar los preceptos de otra de superior rango Las disposiciones administrativas se ajustarán al orden de jerarquía que establezcan las leyes.
Según el artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para resolver, podrá adoptar las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer de acuerdo ¿con qué principios?:
De proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad De participación y audiencia De proporcionalidad y eficacia De proporcionalidad, confianza legítima y menor onerosidad.
Según el artículo 22 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, ¿qué forma deberá revestir la norma de creación de órganos colegiados de la Administración General del Estado cuando se les atribuyan competencias de propuesta o emisión de informes preceptivos que deban servir de base a decisiones de otros órganos administrativos? Real Decreto en el caso de órganos colegiados interministeriales cuyo Presidente tenga rango superior al de Director general Decreto en el caso de órganos colegiados interministeriales cuyo Presidente tenga rango superior al de Director genera Orden ministerial para los restantes órganos colegiados interministeriales Acuerdo del Consejo de Ministros para los restantes órganos colegiados interministeriales.
¿En cuál de los siguientes supuestos deberán abstenerse las autoridades y el personal al servicio de las administraciones de intervenir en el procedimiento según el artículo 23 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público? Tener amistad manifiesta o enemistad íntima con el administrador de una sociedad interesada Haber sido administrador de la sociedad interesada en los dos últimos años Tener vínculo de parentesco como prima del interesado Haber tenido una cuestión litigiosa con el interesado.
Según el artículo 5 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, indique cuál de las opciones que se enumeran es la CORRECTA: Las Administraciones Públicas no podrán habilitar con carácter general o específico a personas físicas o jurídicas autorizadas para la realización de determinadas transacciones electrónicas en representación de los interesados Las personas jurídicas nunca podrán actuar en representación de otras ante las Administraciones Públicas Siempre podrá comparecer el interesado por sí mismo en el procedimiento salvo manifestación expresa en contra del representante El documento electrónico que acredite el resultado de la consulta al registro electrónico de apoderamientos correspondiente tendrá la condición de acreditación a estos efectos.
Según dispone el artículo 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, las Administraciones Públicas NO requerirán a los interesados el uso obligatorio de la firma para: Formular solicitudes Presentar recursos Desistir acciones Renunciar a derechos.
De conformidad con el concepto de interesado establecido en el artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, señala la respuesta CORRECTA: Cuando la condición de interesado derivase de cualquier relación jurídica, el derecho-habiente sucederá en tal condición cualquiera que sea el estado del procedimiento Se considerarán interesados en el procedimiento quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento una vez haya recaído resolución definitiva Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que reglamentariamente se les reconozca.
Serán nulos de pleno derecho según el artículo 47 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común: Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se posean los requisitos esenciales para su adquisición Los dictados por órgano manifiestamente competente por razón de la materia o del territorio Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados Los que se establezcan expresamente en una disposición con rango reglamentario.
La Ley de Procedimiento Administrativo Común en su artículo 22 establece que el transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender en uno de los siguientes casos: Cuando exista un procedimiento finalizado en el ámbito de la Unión Europea que condicione directamente el contenido de la prescripción de que se trate Cuando se soliciten informes facultativos a un órgano de la misma o distinta Administración Cuando los interesados promuevan la recusación Cuando deban realizarse análisis contradictorios propuestos por los interesados
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Según el artículo 24 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, ¿en cuál de los siguientes procedimientos iniciados a solicitud de interesado el silencio tendrá efecto desestimatorio? En el ejercicio del derecho de petición del artículo 27 de la Constitución Española En procedimientos de impugnación de actos y disposiciones En aquéllos cuya desestimación tuviera como consecuencia que se transfiriera al solicitante facultades relativas al dominio público En procedimientos de responsabilidad sancionadora de las administraciones públicas.
Según el artículo 77 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un período de prueba por un plazo: No superior a treinta días ni inferior a diez No inferior a diez días ni superior a quince En ningún caso inferior a veinte días No superior a diez días.
De las siguientes opciones indique cuál es INCORRECTA en relación a las actuaciones complementarias reguladas en el artículo 87 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común. No tendrán la consideración de actuaciones complementarias los informes que preceden inmediatamente a la resolución final del procedimiento El acuerdo de realización de actuaciones complementarias se notificará a los interesados, concediéndoseles un plazo de cinco días para formular las alegaciones que tengan por pertinentes tras la finalización de las mismas Las actuaciones complementarias deberán practicarse en un plazo no superior a quince días. El plazo para resolver el procedimiento quedará suspendido hasta la terminación de las actuaciones complementarias Antes de dictar resolución, el órgano competente para resolver podrá decidir, mediante acuerdo motivado, la realización de las actuaciones complementarias indispensables para resolver el procedimiento.
Según lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, ¿procede algún recurso contra los actos firmes en vía administrativa? Procede el recurso potestativo de revisión exclusivamente Proceden el recurso de alzada o el potestativo de revisión Procede sólo el recurso extraordinario de revisión cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 125.1 Proceden el recurso de alzada o el potestativo de revisión, así como el recurso extraordinario de revisión cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 125.1.
Según el art. 16 de la Ley de Contratos del Sector Público, NO se considera contrato de suministros: Los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles Los que tengan por objeto la adquisición y el arrendamiento de equipos y sistemas de telecomunicaciones o para el tratamiento de la información, sus dispositivos y programas Los que tengan por objeto la adquisición de energía primaria o energía transformada La adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida.
De conformidad con el artículo 27 de la Ley de Contratos del Sector Público, el orden jurisdiccional civil será el competente para resolver: Las cuestiones relativas a la preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción de los contratos administrativos Las cuestiones que se susciten en relación con la preparación y adjudicación de los contratos privados de las Administraciones Públicas Las cuestiones relativas a la preparación y adjudicación de los contratos de entidades del sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores Las cuestiones referidas a efectos y extinción de los contratos que celebren las entidades del sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores.
De conformidad con el artículo 29 de la Ley de Contratos del Sector Público, indique la respuesta INCORRECTA: El contrato de servicios de mantenimiento que se concierte conjuntamente con el de la compra del bien a mantener, cuando dicho mantenimiento solo pueda ser prestado por razones de exclusividad por la empresa que suministró dicho bien, podrá tener como plazo de duración el de la vida útil del producto adquirido Excepcionalmente podrá producirse la prórroga de un contrato por el consentimiento tácito de las partes La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato, salvo que en el pliego que rija el contrato se establezca uno mayor Quedan exceptuados de la obligación de preaviso los contratos cuya duración fuera inferior a dos meses.
Según el artículo 36 de la Ley de Contratos del Sector Público, los contratos basados en un acuerdo marco y los contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición, se perfeccionan con: Su adjudicación Su formalización El consentimiento de las partes Su aceptación.
El responsable del contrato, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Contratos del Sector Público podrá ser: Exclusivamente persona física, pero vinculada a la entidad contratante Exclusivamente persona jurídica, pero ajena a la entidad contratante Una persona física o jurídica, pero siempre vinculada a la entidad contratante Una persona física o jurídica, vinculada a la entidad contratante o ajena a él.
Según el artículo 89 de la Ley de Contratos del Sector Público, de las siguientes opciones indique cuál NO es un medio válido para acreditar la solvencia técnica de los empresarios en los contratos de suministros: Una relación de los principales suministros realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de como máximo, los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar, cuya autenticidad pueda certificarse a petición de la entidad contratante Indicación de los sistemas de gestión de la cadena de suministro, incluidos los que garanticen el cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, y de seguimiento que el empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato. Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en particular, del responsable o responsables de la ejecución del contrato así como de los técnicos encargados directamente de la misma, siempre que no se evalúen como un criterio de adjudicación.
Con respecto a la garantía provisional regulada en el artículo 106 de la Ley de Contratos del Sector Público, señale la opción INCORRECTA: En el procedimiento de contratación no procederá la exigencia de garantía provisional, salvo cuando de forma excepcional el órgano de contratación, por motivos de interés público, lo considere necesario y lo justifique motivadamente en el expediente. En los casos en que el órgano de contratación haya acordado la exigencia de garantía provisional, en los pliegos de cláusulas administrativas particulares se determinará el importe de la misma, que no podrá ser superior a un 3 por 100 del presupuesto base de licitación del contrato, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y el régimen de su devolución En el caso de división en lotes, la garantía provisional se fijará atendiendo exclusivamente al importe de los lotes para los que el licitador vaya a presentar oferta y no en función del importe del presupuesto total del contrato En los acuerdos marco y en los sistemas dinámicos de adquisición, el importe de la garantía provisional, de exigirse, se fijará a tanto alzado por la Administración Pública, sin que en ningún caso pueda superar el 3 por 100 del valor estimado del contrato.
Según el artículo 52 de la Ley de Hacienda Pública de Extremadura, en cuanto a la estructura de los estados de gastos de los presupuestos de la Administración de la Comunidad Autónoma y según su clasificación económica, en los créditos para operación de corrientes se distinguirán: Las inversiones reales y las transferencias de capital Los gastos de personal, los gastos corrientes en bienes y servicios, los gastos financieros y las transferencias corrientes Los activos financieros y los pasivos financieros La enajenación de inversiones reales y transferencias de capital.
De acuerdo con el artículo 66.bis de la Ley General de Hacienda Pública de Extremadura, en relación con el Fondo de contingencia es CORRECTO que: La gestión presupuestaria del Fondo de contingencia corresponderá al Consejo de Gobierno Podrá utilizarse para financiar modificaciones destinadas a dar cobertura a gastos o actuaciones que deriven de decisiones discrecionales de la Administración que carezcan de cobertura presupuestaria El remanente de crédito a final de cada ejercicio en el Fondo de contingencia no podrá ser objeto de incorporación a ejercicios posteriores Está destinado a hacer frente durante el ejercicio presupuestario a necesidades inaplazables, de carácter discrecional por importe máximo del cinco por ciento del total de gastos para operaciones no financieras.
Según dispone el artículo 78 de la Ley General de Hacienda Pública de Extremadura, es competencia del Consejo de Gobierno autorizar alguna de las siguientes las modificaciones: Las generaciones de créditos Los anticipos de tesorería Las ampliaciones de créditos Las incorporaciones de créditos.
De acuerdo con la Ley General de Hacienda Pública de Extremadura, el reparo de la Intervención sobre la tramitación de un expediente que afecte a la disposición de los gastos, reconocimiento de obligaciones y ordenación de pago, NO suspenderá su tramitación: Si hay insuficiencia de crédito o el presupuesto no se considera adecuado Si se aprecian graves irregularidades en la documentación justificativa de las órdenes de pago Si falta en el expediente algún requisito o trámite no esencial Cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, suministros, adquisiciones y servicios.
En relación con el procedimiento especial de Anticipos de Caja Fija, indica la opción CORRECTA: Estarán sometidos a intervención previa los gastos susceptibles de ser abonados por el procedimiento especial de anticipos de caja fija Tendrán la consideración de pagos a justificar Se podrán atender por el procedimiento especial de anticipos de caja fija, los gastos menores de 5.000 euros con independencia del concepto presupuestario al que se apliquen Tendrán la consideración de operaciones no presupuestarias.
Según el artículo 107 de la Ley de Contratos del Sector Público, cuando el precio del contrato se formule en función de precios unitarios, el importe de la garantía definitiva a constituir se fijará atendiendo al: Precio final ofertado por el licitador, IVA excluido Precio final ofertado por el licitador, IVA incluido Presupuesto base de licitación, IVA excluido Presupuesto base de licitación, IVA incluido.
Según el artículo 57 de la Ley de Contratos del Sector Público, el órgano competente para resolver el recurso especial deberá adoptar decisión en forma motivada sobre las medidas cautelares dentro de: Los cinco días hábiles siguientes a la presentación del escrito en que se soliciten Los siete días hábiles siguientes a la presentación del escrito en que se soliciten Los diez días hábiles siguientes a la presentación del escrito en que se soliciten Los quince días hábiles siguientes a la presentación del escrito en que se soliciten.
De conformidad con el articulo 32 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público que regula la Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, señale la respuesta INCORRECTA en relación a los principios de la responsabilidad: El Consejo de Ministros fijará el importe de las indemnizaciones que proceda abonar cuando el Tribunal Constitucional haya declarado, a instancia de parte interesada, la existencia de un funcionamiento anormal en la tramitación de los recursos de amparo o de las cuestiones de inconstitucionalidad La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone, por sí misma, derecho a la indemnización El procedimiento para fijar el importe de las indemnizaciones se tramitará por el Ministerio de Justicia, con audiencia al Consejo de Estado Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme estimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad anteriormente declarada.
De conformidad con el principio de responsabilidad regulado con los artículos 27 y 28 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, indique la respuesta CORRECTA: Sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas, así como, cuando una Ley les reconozca capacidad de obrar, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos, que resulten responsables de los mismos a título de dolo o culpa Las normas definidoras de infracciones y sanciones no serán susceptibles de aplicación analógica Las leyes reguladoras de los distintos regímenes sancionadores podrán tipificar como infracción el incumplimiento de la obligación de prevenir la comisión de infracciones administrativas por quienes se hallen sujetos a una relación de dependencia o vinculación Todas las respuestas son correctas.
Según el artículo 73 de la Ley General de la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aquellas modificaciones destinadas a atender obligaciones específicas del respectivo ejercicio, derivadas de normas con rango de ley, que de modo taxativo y debidamente explicitados se relacionen en los presupuestos y, en su virtud, podrá ser incrementada su cuantía hasta el importe que alcancen las respectivas obligaciones, se denominan: Créditos extraordinarios. Transferencias de créditos Créditos ampliables Generaciones de créditos.
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