1. El ordenamiento jurídico español debe ser entendido A. Como el conjunto ordenado de subsistemas normativos en el que, igualmente, se integran principios, valores, relaciones jurídicas e instituciones. B. Como el deber de conciencia al conjunto de convicciones y pautas de conducta que guían los actos de una persona a lo largo de su vida. C. Como el conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
2. La Constitución Española de 1978 A. No prevé ningún procedimiento para su reforma. B. Es flexible. C. Remite la regulación de su reforma a una futura ley orgánica. D. Es rígida.
3. El Tribunal Constitucional Español A. Es un órgano constitucional. B. Es el Intérprete Supremo de la Constitución. C. Se compone de doce miembros nombrados por el Rey; de los cuales dos son a propuesta del Gobierno, dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados por el voto favorable de las tres quintas partes de sus miembros, y cuatro a propuesta del Senado por el voto favorable de las tres quintas partes de sus miembros. D. Todas las respuestas anteriores son correctas.
4. El principio de jerarquía normativa A. Viene determinado por la subordinación de unas normas a otras en función de su mayor o menor rango o fuerza de obligar respectiva. B. Aparece regulado expresamente en la Constitución (art.9.3 CE). C. Las respuestas a) y b) son correctas. D. Permite distinguir las normas en función del órgano que tenga atribuida la competencia para su elaboración.
5. El principio de competencia A. Permite distinguir las normas en función del órgano que tenga atribuida la competencia para su elaboración. B. Puede regir tanto la relación entre normas pertenecientes a diferentes niveles de producción normativa, por haberse efectuado la distribución de competencias entre órganos de diferentes niveles territoriales (ley estatal-ley autonómica); como para regir la relación entre normas de igual rango que provienen de un mismo órgano, pero que tienen constitucionalmente asignadas materias distintas (ley orgánica-ley ordinaria). C. No ha sido previsto expresamente por la Constitución. D. Todas las respuestas anteriores son correctas.
6. La Constitución española de 1978: A. Es la Norma Jurídica Suprema del ordenamiento jurídico. B. Vincula tanto a los ciudadanos como a los poderes públicos. C. Además de ser Fuente del Derecho es la norma delimitadora del sistema de fuentes. D. Todas las respuestas anteriores son correctas.
7. La supresión de la Constitución A. Alude a la modificación parcial de la Constitución a través del procedimiento constitucionalmente previsto, identificándose, por ello, con la denominada Reforma Parcial de la Constitución. B. Se identifica con la modificación total de la Constitución existente, pero a través del procedimiento constitucionalmente previsto. Se identifica con lo que comúnmente se denomina Reforma total de la Constitución. C. Se da cuando uno o varios preceptos de la Constitución se declaran no vigentes temporalmente. D. Se produce cuando la modificación constitucional no va acompañada de la alteración formal del texto escrito de la Constitución.
8. De conformidad con el artículo 166 de la Constitución, están legitimados para iniciar la reforma constitucional: A. El Gobierno, el Congreso de los Diputados, el Senado, Las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. B. El Gobierno, el Congreso de los Diputados, el Senado, Las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. C. El Gobierno, el Congreso de los Diputados, el Senado, las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y el Defensor del Pueblo. D. El Gobierno, el Congreso de los Diputados, el Senado, las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.
9. La reforma constitucional se llevará a cabo por procedimiento ordinario o general regulado en el artículo 167 de la Constitución: A. Cuando se pretenda llevar a cabo una reforma parcial de la Constitución que no afecte al Título Preliminar, al Capítulo III del Título I o al Título II de la Constitución. B. Cuando se pretenda llevar a cabo una reforma parcial de la Constitución que no afecte al Título Preliminar, a la Sección 2ª del Capítulo II del Título I, o al Título II de la Constitución. C. Cuando se pretenda llevar a cabo una reforma parcial de la Constitución que no afecte al Título Preliminar, a la Sección 1ª del Capítulo II del Título I, o al Título II de la Constitución. D. Cuando se pretenda llevar a cabo una reforma parcial de la Constitución que no afecte al Título Preliminar, a la Sección 1ª del Capítulo II del Título I, así como al artículo 14 (igualdad ante la ley) y art. 30.2 (objeción de conciencia), o al Título II de la Constitución.
10. En el modelo de justicia constitucional estadounidense, el control de constitucionalidad de las leyes lo lleva a cabo: A. El Parlamento B. El Gobierno C. El Tribunal Constitucional D. Todos los jueces que integran el Poder Judicial.
11. De conformidad con el procedimiento agravado o especial de reforma constitucional previsto en el artículo 168 de la Constitución:
A. Una vez aprobado el texto de la reforma por el voto favorable de los dos tercios de cada una de las Cámaras, se exige que el mismo sea aprobado en referéndum. El referéndum en este caso es obligatorio y su resultado vinculante. B. Una vez aprobado el texto de la reforma por el voto favorable de la mayoría de los tres quintos de cada una de las Cámaras, se exige que el mismo sea aprobado en referéndum. El referéndum en este caso es obligatorio y su resultado vinculante. C. Una vez aprobado el texto de la reforma por el voto favorable de la mayoría de los dos tercios de cada una de las Cámaras, la Constitución establece la posibilidad de que sea sometida a referéndum siempre que se solicite por la décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras, dentro de los 15 días siguientes a su aprobación. Se trata, entonces, de un referéndum facultativo y su resultado vinculante. D. Una vez aprobado el texto de la reforma por el voto favorable de la mayoría de los tres quintos de cada una de las Cámaras, la Constitución establece la posibilidad de que sea sometida a referéndum siempre que se solicite por la décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras, dentro de los 15 días siguientes a su aprobación. Se trata, entonces de un referéndum facultativo y su resultado es vinculante.
12. En el modelo de Justicia Constitucional Concentrado: A. Todos los Jueces que integran el Poder Judicial asumen la competencia para controlar la constitucionalidad de las leyes y disposiciones normativas con rango de ley. B. La declaración de inconstitucionalidad por el órgano judicial no determina la anulación de la ley. La declaración de inconstitucionalidad se traduce en su inaplicación al caso concreto enjuiciado, de tal forma, que esa misma ley declarada inconstitucional podrá ser aplicada en otros litigios distintos siempre que no se oponga la excepción de inconstitucionalidad. C. El Tribunal Constitucional no actúa de oficio. D. Todas las respuestas anteriores son correctas.
13. El territorio es: A. Un elemento del Estado. B. Un sistema de gobierno. C. Una forma de la Jefatura del Estado. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
14. El modelo de Estado definido por la Constitución española de 1978 es:
A. El sistema feudal B. La organización estamental C. El Social y Democrático de Derecho D. El propio de la Monarquía Absoluta.
15. El recurso de inconstitucionalidad podrá ser interpuesto: A. Por cualquier persona, natural o jurídica, que invoque un interés legítimo, así como por el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.
B. Por cualquier persona, natural o jurídica, que invoque un interés legítimo, así como por el Defensor del Pueblo, Cincuenta Diputados, Cincuenta Senadores y el Ministerio Fiscal. C. Por el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, Cincuenta Diputados, Cincuenta Senadores y el Ministerio Fiscal. D. Por el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, Cincuenta Diputados, Cincuenta Senadores y los órganos ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas.
16. Son susceptibles de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional: A. Todos los derechos y libertades regulados en el Título Primero de la Constitución.
B. Los derechos y libertades regulados en la Sección 2ª, del Capítulo 2º, del Título I de la Constitución.
C. Los derechos y libertades regulados en la Sección 1ª, del Capítulo 2º, del Título I de la Constitución, así como la igualdad ante la ley (art. 14 CE), y el derecho a la objeción de conciencia (art. 30.2 CE).
D. Los principios rectores de la política social económica regulados en el Capítulo 3º, del Título I de la Constitución.
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17. Los órganos legitimados para plantear el control previo de constitucionalidad de los Tratados Internacionales ante el Tribunal Constitucional, son:
A. El Gobierno, el Congreso de los Diputados y el Senado. B. El Gobierno, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal. C.El Presidente del Gobierno, cincuenta Diputados, cincuenta Senadores, el Defensor del Pueblo y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
18. Están legitimados para interponer el recurso previo de inconstitucionalidad contra Proyectos de Estatuto de Autonomía y contra Propuestas de Reforma de Estatuto de Autonomía: A. El Gobierno, El Congreso de los Diputados y el Senado. B. El Presidente del Gobierno, cincuenta Diputados, cincuenta Senadores, el Defensor del Pueblo, los órganos colegiados de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas Legislativas de las mismas. C. El Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
19. Están legitimados para plantear la cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional: A. Todos los Jueces y Tribunales. Para que el órgano judicial pueda plantear la cuestión de inconstitucionalidad es necesario que concurran los siguientes requisitos: 1. El órgano judicial debe poseer “dudas razonables” sobre la constitucionalidad de la norma cuestionada y no meras sospechas fundadas. 2. La duda del órgano judicial deberá estar motivada. 3. La norma cuestionada deberá ser aplicable al caso concreto. 4. De la validez de la norma cuestionada debe depender el fallo del proceso. B. Todos los Jueces y tribunales. Para que el órgano judicial pueda plantear la cuestión inconstitucionalidad no es necesario que concurra ningún requisito. C. El Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal y toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo. D. El Presidente del Gobierno, el Congreso de los Diputados y el Senado.
20. El Tribunal Constitucional está legitimado: A. Para resolver los conflictos que surjan entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de éstas entre sí. B. Para resolver los conflictos que surjan entre los órganos constitucionales del Estado. C. Para resolver los conflictos que surjan en defensa de la Autonomía Local. D. Todas las respuestas anteriores son correctas.
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