Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los siguientes actos deben ser motivados: Los que limiten derechos objetivos o intereses legítimos Los que limiten derechos objetivos o intereses ilegítimos Los que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses ilegítimos.
Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, no tienen por qué motivarse los actos que: Resuelvan recursos administrativos Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados Todas las respuestas son incorrectas.
Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en su artículo 37 sobre inderogabilidad singular: Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquellas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter particular, aunque aquellas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquellas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición particular Las resoluciones administrativas de carácter general no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquellas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general.
Según el artículo 25 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, en los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo para resolver y notificar, produce los siguientes efectos: Los interesados podrán entender estimadas sus pretensiones por silencio administrativo en el caso de procedimientos de los que se deriven la constitución de derechos En los procedimientos en que la administración ejercite potestades sancionadoras el interesado debe solicitar la caducidad de las actuaciones En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras, se producirá la caducidad Ninguna es correcta.
Según el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se entiende que el silencio de la Administración tiene carácter negativo, en procedimientos iniciados a solicitud del interesado en el siguiente caso: En todos los procedimientos, salvo en los de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas En todos los procedimientos, salvo que sean actividades que puedan dañar el medio ambiente En los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición del artículo 29 de la Constitución En ninguno de los casos propuestos.
Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en el supuesto de que se produzca silencio administrativo positivo y, luego, la Administración resuelva expresamente, la resolución: Puede denegar lo conseguido en virtud del silencio administrativo Indistintamente, puede rectificar lo conseguido o denegarlo Ha de ser confirmatoria de lo conseguido por el silencio administrativo Ninguna es correcta.
Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los supuestos de nulidad de pleno derecho de actos administrativos: Son la regla general de nuestro derecho Son los recogidos en el artículo 46 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas exclusivamente Pueden establecerse expresamente en una disposición con rango de Ley Son sólo los del artículo 48 de la Ley del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y de otras Leyes formales.
El defecto de forma de un acto, según reconoce expresamente la Ley 39/2015, de 1 de octubre: Derteminará la nulidad absoluta cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin Lo vicia con nulidad absoluta Lo vicia con anulabilidad en todo caso Determinará la anulabilidad si produce indefensión de los interesados.
Según la Ley 39/2015 de 1 de octubre, los actos de las Administraciones Públicas sujetos al derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde: La fecha en que se notifiquen en todo caso La fecha en que se publiquen La fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa Ninguna es correcta.
Según la Ley 39/2015 de 1 de octubre, la administración podrá convalidar un acto: Si el vicio consiste en incompetencia jerárquica no determinante de nulidad Si el vicio consiste en incompetencia funcional no determinante de nulidad Si el vicio consiste en incompetencia territorial no determinante de nulidad Ninguna respuesta es correcta.
Según la Ley 39/2015 de 1 de octubre, la Administración no podrá convalidar un acto si el vicio consiste en: Incompetencia jerárquica La falta de una autorización Incompetencia funcional La omisión de un informe facultativo.
El plazo para interponer un recurso de alzada contra un acto expreso será de: Un mes Tres meses Diez días Seis meses.
¿En qué supuesto se podrá interponer el recurso extraordinario de revisión dentro del plazo de 4 años siguientes a la fecha de notificación de la resolución a impugnar? Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtrud de sentencia judicial firme Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del sunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida.
El recurso de alzada: Podrá interponerse, en cualquier caso, en el plazo de 3 meses Podrá interponerse ante cualquier acto que ponga fin a la vía administrativa Podrá interponerse contra las disposiciones administrativas de carácter general ante el órgano superior jerárquico que las dictó Podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna, o ante el competente para resolverlo.
Contra la resolución de un recurso de reposición: No podrá interponerse de nuevo dicho recurso Podrá interponerse un nuevo recurso de reposición Podrá interponerse un nuevo recurso de reposición pero ante el órgano superior jerárquico del que lo resolvió Procederá el recurso extraordinario de revisión, siempre y cuando concurran las circunstancias previstas en el art. 109.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre.
Contra los actos administrativos que ponen fin a la vía administrativa, ¿qué recurso podremos interponer en vía administrativa? Ninguno Recurso de alzada Recurso potestativo de reposición Alzada o extraordinario de revisión.
El recurso de alzada se resuelve por: El superior jerárquico del órgano que dictó el acto que se impugna El mismo órgano que dictó el acto que se impugna El Ministro competente, siempre La Presidencia del Gobierno.
Ante un acto no expreso, el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer recurso de reposición ¿en qué plazo? En el plazo de tres meses a partir del día siguiente a aquél en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto En el plazo de seis meses a partir del día siguiente a aquél en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto En cualquier momento a partir del día siguiente a aquél en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto En el plazo de un año a partir del día siguiente a aquél en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto.
¿Cuál no es un recurso de los recogidos en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas? Recurso potestativo de reposición Recurso de alzada Recurso extraordinario de revisión Ninguna respuesta es correcta.
Contra los actos firmes en vía administrativa, sólo procederá el recurso extraordinario de revisión cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo: 124.1 125.1 126.1 127.1.
Podrán interponerse, por los interesados, los recursos de alzada y potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de la Ley 39/2015: Contra las resoluciones y los actos de trámite Contra las resoluciones y los actos de trámite, si éstos últimos deciden directa o indirectamentenel fondo del asunto Contra las resoluciones y los actos de trámite, si éstos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento Contra las resoluciones y los actos de trámite, si éstos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos.
Las leyes podrán sustituir el recurso de alzada, en supuestos o ámbitos sectoriales determinados, y cuando la especificidad de la materia así lo justifique, ante órganos colegiados o Comisiones específicas no sometidas a instrucciones jerárquicas, con respecto a los principios, garantías y plazos que la Ley 39/2015, de 1 de octubre, reconoce las personas y a los interesados en todo procedimiento administrativo por otros procedimientos de: Impugnación Mediación y arbitraje Conciliación, mediación y arbitraje Todas son correctas.
Señale la respuesta incorrecta. Pone fin a la vía administrativa: Las resoluciones de los recursos de alzada Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario Las resoluciones de los procedimientos a que se refiere el artículo 112.3 Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento.
Señale la respuesta incorrecta. Además de lo previsto en el artículo 114.1 de la Ley 39/2025, en el ámbito estatal, ponen fin a la vía administrativa los actos y resoluciones siguientes: Los actos administrativos de los miembros y órganos del Gobierno Los emanados de los Consejeros y los Secretarios de Estado en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas los órganos de los que son titulares Los emanados de los órganos directivos con nivel de Director general o superior, en relación con las competencias que tengan atribuidas en materia de personal En los Organismos Públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, los emanados de los máximos órganos de dirección unipersonales o colegiados, de acuerdo con lo que establezcan sus estatutos, salvo que por ley se establezca otra cosa.
¿Cuál no sería una causa de inadmisión de un recurso según el artículo 116 de la Ley 39/2015? Carecer de legitimación recurrente Tratarse de un acto susceptible de recurso Haber transcurrido el plazo para la interposición del recurso Carecer el recurso manifiestamente de fundamento.
La norma que regula la tarjeta sanitaria canaria, el documento sanitario de inclusión temporal y el acceso a las prestaciones públicas de asistencia sanitaria y farmacéutic es: La Ley 56/2007, de 13 de marzo El Decreto 56/2007 de 13 de marzo El Real Decreto 56/2007, de 13 de marzo El Decreto 46/2007, de 13 de marzo.
Según el Decreto 56/2007, de 13 de marzo, la tarjeta sanitaria individual es un instrumento: Contrastado Multilateral De uso exclusivo y polivalente Civel y transferible.
Según el Decreto 56/2007, de 23 de marzo, podrán ser titulares del documento sanitario de inclusión temporal: Ciudadanos, cualquiera que sea su nacionalidad, que se encuentren en Canarias, que no tengan derecho a la tarjeta sanitaria canaria regulada en el capítulo II del decreto 56/2007, ni a la tarjeta sanitaria europea u otro documento previsto en el artículo 15 de la misma norma Ciudadanos, cualquiera que sea su nacionalidad, que se encuentren en Canarias, que no tengan derecho a la tarjeta sanitaria canaria regulada en el capítulo II del decreto 56/2007, ni a la tarjeta sanitaria europea u otro documento previsto en el artículo 15 de la misma norma, y cuya asistencia sanitaria sea calificada como urgente por un facultativo hasta que se produzca el alta médica Extranjeros de cualquier edad y mujeres embarazadas durante el embarazo, parto y posparto Ninguna de las respuestas es correcta.
Según el Decreto 56/2007 de 13 de marzo, el acceso a las prestaciones a las que se tenga derecho, de atención sanitaria pública y farmacéutica, se realizará a través de los siguientes documentos: Tarjeta sanitaria canaria o documento sanitario de inclusión temporal Tarjeta sanitaria canaria o documento sanitario de inclusión temporal o tarjeta sanitaria individual propia del servicio autonómico de salud del que procedan los ciudadanos desplazados Tarjeta sanitaria canaria o documento sanitario de inclusión temporal o tarjeta sanitaria individual propia del servicio autonómico de salud del que procedan los ciudadanos desplazados o tarjeta sanitaria europea Tarjeta sanitaria canaria o tarjeta sanitaria propia del servicio autonómico de salud del que procedan los ciudadanos desplazados.
Según el Decreto 56/2007, de 13 de marzo, el organismo competente para la expedición de la tarjeta sanitaria canaria es: El Servicio Canario de Salud Los Centros Insulares de Salud El Sistema Nacional de Salud Los órganos competentes en materia de sanidad en cada uno de los cabildos.
Según el Decreto 56/2007, de 13 de marzo, en la tarjeta sanitaria canaria constará la leyenda: Esta tarjeta le permite el acceso a los servicios del Sistema Nacional de Salud y del Sistema Canario de la Salud Esta tarjeta le permite el acceso a los servicios de todo el Sistema Nacional de Salud Esta tarjeta le permite el acceso a los Servicios del Sistema Nacional de Salud, de los servicios farmacéuticos y del Sistema Canario de Salud Esta tarjeta le permite el acceso a los servicios de todo el Sistema Nacional de Salud y a los de la Unión Europea.
Según el Decreto 56/2007, de 13 de marzo, la tarjeta sanitaria canaria es definida como: Un documento administrativo y nominativo Un documento administrativo, nominativo e intransferible Un documento oficial, administrativo, nominativo e intransferible Un documento público, nominativo y oficial.
Según el Decreto 56/2007, de 13 de marzo, el órgano competente del Servicio Canario de la Salud, a la vista de lo instruido, procederá a dictar y notificar la correpondiente resolución y a expedir, en su caso, la tarjeta sanitaria o el documento que corresponda, en el plazo máximo de: 3 meses 6 meses 1 año 5 meses.
Según el Decreto 56/2007, de 13 de Marzo, la solicitud de la tarjeta sanitaria canaria y del documento sanitario de inclusión temporal dirigida al órgano competente del Servicio Canario de Salud se presentará: Por correo certificado En la Consejería de Sanidad En cualquiera de sus centros asistenciales o administrativos, sin perjuicio de su presentación en cualquiera de los lugares y formas señalados por la legislación de procedimiento administrativo común Sólo de forma telemática.
Según el Decreto 56/2007 de 13 de marzo, los ciudadanos residentes que estén empadronados en cualquiera de los municipios de la Comunidad Autónoma de Canarias y que acrediten el derecho a la asistencia sanitaria pública, tienen: El derecho de obtener la tarjeta sanitaria canaria El derecho y el deber de obtener la tarjeta sanitaria canaria El deber de obtener la tarjeta sanitaria canaria Ninguna es correcta.
Según el decreto 56/2007 de 13 de marzo, se podrán regular los períodos de vigencia temporal de la tarjeta sanitaria canaria y del documento sanitario de inclusión temporal mediante orden: De la Consejería competente en materia de sanidad Del Ministerio de Sanidad y Consumo Del instituto Nacional de la Seguridad Social Ninguna es correcta.
Según el Real Decreto 183/2004 de 30 de enero, todas las tarjetas sanitarias incorporarán una serie de datos básicos comunes y estarán vinculadas: A un código de identificación personal único para cada ciudadano en el Sistema Nacional de Salud A un código de identificación personal multirateral para cada ciudadano en el Sistema Nacional de Salud A un código de identificación nacional polivalente para cada ciudadano en el Sistema Nacional de Salud Ninguna es correcta.
Los servicios de información administrativa y atención al ciudadano se regulan en: Real Decrerto 208/1996 de 9 de febrero Decreto 44/2007 de 27 de febrero En ambas normativas Todas son incorrectas.
Según el artículo 7 del Real Decreto 298/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan los servicios de información administrativa y atención al ciudadano, las oficinas de información y atención al ciudadano que constituyen la red informativa general son: Las oficinas centrales y atención al ciudadano en los servicios centrales y de los órganos territoriales de la Administración General del Estado Las oficinas centrales y atención al ciudadano en los servicios centrales y de los órganos territoriales de la Administración Local Las oficinas centrales y atención al ciudadano en los servicios centrales y de los órganos regionales de la Administración Autonómica Ninguna de las respuestas es correcta.
Según el Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, la información general: Se facilitará obligatoriamente a los ciudadanos, sin exigir para ello la acreditación de legitimación alguna Cuando resulte conveniente una mayor difusión, deberá ofrecerse a los grupos sociales o instituciones aunque no estén interesados en su conocimiento Ninguna de las respuestas corresponde con la información general Es la referida a los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que los ciudadanos se propongan realizar.
Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 8 del Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, ¿dónde radicarán, salvo que circunstancias singulares aconsejen otro emplazamiento, las oficinas centrales de información y atención al ciudadano? En la Sede de cada Departamento Autónomico En la sede de cada Departamento Regional En la sede de cada Departamento Ministerial No tienen que estar radicadas en ningún emplazamiento concreto.
La actividad de información, atención y orientación ciudadana, de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias tiene como finalidad según el Decreto 44/2007 de 27 de febrero: Contener los testimonios de las actividades de las instituciones y de las personas de nuestra comunidad Recabar y proporcionar la información de interés para los ciudadanos relacionada con las actividades y servicios que presta dicha Administración, sus organismos autónomos y entidades públicas vinculadas o dependientes, y orientar y facilitar el acceso a los mismos, así como mejorar la relación con los usuarios ciudadanos Recabar y proporcionar la información de interés para los ciudadanos relacionada sólo con servicios que presta la Administración General, sus organismos estatales y entidades privadas vinculadas o dependientes Ninguna de las respuestas coincide con dicha finalidad.
Establece el artículo 9 del Real Decreto 208/1996 de 9 de febrero, en relación con los órganos territoriales de la Administración General del Estado, que existirán, con el carácter de oficinas centrales, oficinas de información y atención al ciudadano dependientes de: Las Delegaciones locales Las Delegaciones Ministeriales Ninguna de las respuestas es correcta Las Delegaciones Insulares del Gobierno.
Según el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, se entiende por discapacidad: La situación que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias previsiblemente temporales y cualquier tipo de barreras que limiten o impidan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás La situación que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias previsiblemente coyunturales y cualquier tipo de barreras que limiten o impidan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás La situación que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias previsiblemente permanentes y cualquier tipo de barreras que limiten o impidan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás Todas las respuestas son correctas.
Según el Real Decreto 208/1996 de 9 de febrero, las oficinas de información y atención al ciudadano de los órganos territoriales de la Administración General del Estado son: De carácter general y particular De carácter central y sectorial De carácter individual y social De carácter individual y sectorial.
¿En qué artículo del Real Decreto 208/1996 de 9 de febrero, por el que se regulan los servicios de información admnistrativa y atención al ciudadano, se regula la información particular? Artículo 2 Artículo 3 Artículo 4 Artículo 5.
Según el Real Decreto 208/1996 de 9 de febrero, la información administrativa puede ser: General y particular Colectiva e individual Social y no social General e individual.
Según el Real Decreto 208/1996 de 9 de febrero, son funciones específicas del Centro de Información Administrativa: Mantener actualizadas y distribuir las bases de datos de la Administración General del Estado Cooperar en el desarrollo de las unidades y oficinas de información de los demás Departamentos y organismos de la Administración General del Estado Promover y organizar, en colaboración con el Instituto Nacional de Administración Pública, cursos de capacitación en materias relacionadas con las funciones propias de las unidades de información administrativa Todas las respuestas anteriores son correctas.
Según el Real Decreto 208/1996 de 9 de febrero, la información admnistrativa es: Es un fin adecuado a través del cual los ciudadanos pueden acceder al conocimiento de sus derechos y obligaciones y la utilización de los bienes y servicios públicos Es un cauce adecuado a través del cual los ciudadanos pueden acceder al conocimiento de sus derechos y obligaciones y la utilización de los bienes y servicios públicos Es un cauce adecuado a través del cual los ciudadanos pueden acceder al conocimiento de sus deberes y obligaciones y la utilización de los bienes y servicios públicos Es un fin adecuado a través del cual los ciudadanos pueden acceder al conocimiento de sus deberes y obligaciones y la utilización de los bienes y servicios públicos.
Según el Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, ¿sólo los interesados en un procedimiento tienen acceso a la información particular? Si No, también sus familiares No, también sus represantes legales No, también sus familiares y sus representantes legales.
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