Entre los principios de actuación de las Administraciones Públicas mencionados en el artículo 103 de la Constitución Española de 1978, se encuentra el de: Autonomía. Igualdad de trato. Coordinación. Indemnización.
Según la Constitución Española de 1978, los Decretos Legislativos pueden: Refundir textos legales. Regular el desarrollo directo de los derechos fundamentales y libertades públicas. Fijar directrices a desarrollar por el gobierno en un texto refundido. Delegar en el gobierno cualesquiera materias.
Las disposiciones aprobadas por el/la Presidente/a del Gobierno de la Nación, revisten la forma de: Orden del Presidente/a del Gobierno. Decreto del Presidente/a del Gobierno. Real Decreto del Presidente/a del Gobierno. Acuerdo del Presidente/a del Gobierno.
Cuando una disposición ministerial afecte a varios departamentos ministeriales, revestirá la forma de: Real Decreto. Decreto. Orden del Ministro de la Presidencia Real Decreto de la Presidencia del Gobierno.
¿Qué dispone el artículo 103 de la Constitución Española de 1978? La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y particulares. Una ley Orgánica regulará el estatuto de los funcionarios públicos. Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la Constitución y la ley. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
Según el artículo 106.1 de la Constitución Española, ¿Cuál de las siguientes respuestas es correcta? Los Juzgados controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta al principio de jerarquía normativa que la justifican. Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y administrativa, así como el sometimiento de la Administración a los fines públicos que la justifican. Los Juzgados controlan la potestad reglamentaria, de autoorganización y administrativa, así como el sometimiento de la Administración a los fines públicos que la justifican. Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican.
¿En qué artículo de nuestra Constitución, quedan sujetos los poderes públicos "a la Constitución y al resto del Ordenamiento jurídico"? En el artículo 9.1. En el artículo 103.1. En el artículo 97. En el artículo 98.
Señale la opción correcta respecto al artículo 103 de la Constitución Española de 1978, que establece los principios que deben regir las actuaciones de las Administraciones Públicas: Eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno al
Derecho. Eficacia, transparencia, descentralización y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y
al Derecho. Eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la
ley y al Derecho. Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento
pleno a la ley y al Derecho.
¿Cuándo serán de aplicación en España las normas jurídicas contenidas en los Tratados Internacionales? Tras su ratificación por acuerdo del Consejo de Ministros. Tras la ratificación por el Estado Español. Tras su íntegra publicación en el Boletín Oficial del Estado. Tras su ratificación por las Cortes Generales.
¿Qué implica el principio de reserva de ley? Que la ley se sitúa en la posición más alta en la pirámide normativa. Que determinadas materias no pueden ser reguladas a través de reglamentos. Que las leyes autonómicas, al no ser elaboradas por el Parlamento Español, no son directamente aplicables. Que las leyes ordinarias y orgánicas son las únicas normas jurídicas con rango legal.
El segundo periodo ordinario de sesiones es según establece el artículo 73 de la Constitución Española: De agosto a diciembre. De enero a junio. De febrero a junio. De septiembre a diciembre.
¿Cuál de las siguientes materias no puede ser regulada por una Ley Orgánica, según el art. 81 de la Constitución Española de 1978? La creación de las policías dependientes de las Comunidades Autónomas. Los términos del referéndum. Las bases de la organización militar. La Ley de presupuestos.
De Conformidad con el artículo 2 del Código Civil, ¿Cuándo entrarán las leyes en vigor? A los 20 días de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado, si en ellas no se dispone otra cosa. A los 15 días naturales de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado, si en ellas no se dispone otra cosa. A los 20 días hábiles de su completa publicación en el diario Oficial correspondiente. A los 15 días hábiles de su completa publicación en el diario Oficial correspondiente.
Según el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, entre los principios de buena regulación, se encuentra: Coordinación. Lealtad institucional. Eficacia. Publicidad.
Según el art. 127 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los respectivos órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas, en relación con la iniciativa legislativa y potestad para dictar normas con rango de ley podrán: Aprobar reales decretos- leyes y reales decretos legislativos, de conformidad con lo establecido en la Constitución. Aprobar reales decretos- leyes y reales decretos legislativos, de conformidad con lo establecido en la Constitución y en sus respectivos Estatutos de Autonomía. Aprobar normas equivalentes a reales decretos- leyes y reales decretos legislativos en su ámbito territorial, de conformidad con lo establecido en la Constitución y en sus respectivos Estatutos de Autonomía. Sólo el Gobierno de España tiene potestad para dictar decretos leyes y decretos legislativos.
Las leyes de bases según dispone el artículo 82 de la Constitución Española: Delimitarán con precisión el objeto y el alcance de las leyes orgánicas Delimitarán con precisión el objeto y alcance de la delegación legislativa y los principios y criterios que ha de seguirse en su ejercicio. Delimitarán con precisión los principios y criterios que han de seguirse en el ejercicio de la delegación legislativa. Delimitarán con precisión el objeto y alcance de las leyes orgánicas.
En referencia a los Estados de alarma, excepción y de sitio: Se encuentran regulados en el artículo 116 de la Constitución Española y en la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de Estados de Alarma, Excepción y Sitio. La declaración de alguno de estos estados podrán modificar el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes reconocidos en la constitución y en las leyes. El estado de alarma será declarado por un plazo mínimo de quince días, y necesitará autorización del Congreso de los diputados para ser prorrogado. El Estado de alarma será declarado por un plazo máximo de quince días, y necesitará autorización del Congreso y del Senado para ser prorrogado.
Una vez aprobado un proyecto de ley ordinaria u orgánica por el Congreso de los Diputados, su presidente dará inmediata cuenta del mismo al Presidente del Senado, el cual lo someterá a la deliberación de éste. Si el Senado se opone con un veto, el Congreso ha de ratificar por mayoría simple: (artículo 90 de la Constitución Española) El texto inicial, si no han transcurrido dos meses desde la interposición del veto. El veto, si no han transcurrido dos meses desde la interposición del mismo. El veto, si han transcurrido dos meses desde la interposición del mismo. El texto inicial, si han transcurrido dos meses desde la interposición del veto.
¿Quién tiene la potestad para declarar si existen o no estipulaciones contrarias a la Constitución Española de 1978 contenidas en un tratado internacional? De acuerdo con el artículo 96.1 de la Constitución Española, el Gobierno. De acuerdo con el artículo 95.1 de la Constitución Española, cualquiera de las cámaras. Según el artículo 95.2 el Gobierno o cualquiera de las Cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa contradicción. Según el artículo 95.1 el Gobierno o cualquiera de las cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa contradicción.
¿Qué trámites son necesarios para convocar un referéndum según el artículo 92 de la Constitución Española de 1978? Será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados. Será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados y el Senado. Será convocado por el Presidente del Gobierno, previamente autorizado por el Congreso de los Diputados. Será convocado por el Presidente del Gobierno, previamente autorizado por ambas Cámaras.
Respecto a la sanción de las leyes, el artículo 91 de la Constitución Española de 1978, establece: El Rey sancionará en el plazo de 20 días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación. El Rey sancionará en el plazo de 15 días hábiles las leyes aprobadas por el Senado, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación. El Rey sancionará en el plazo de 15 días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación. El Rey sancionará en el plazo de 15 días las leyes aprobadas por el Congreso de los Diputados, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación.
En relación con la iniciativa legislativa regulada en el artículo 87 de la Constitución Española de 1978, se dispone lo siguiente: La iniciativa legislativa corresponde únicamente al Gobierno, al Congreso y al Senado. La iniciativa legislativa corresponde al Consejo de Gobierno de las Comunidades Autónomas, de acuerdo con la Constitución. A la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley se le exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas. Sólo en el caso de materias propias de ley orgánica, no procederá la iniciativa popular.
¿Qué recoge la Constitución Española en el artículo 81 respecto de las leyes orgánicas? La aprobación y derogación de las leyes orgánicas exigirá la mayoría simple del Congreso de los Diputados. Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución. La modificación de las leyes orgánicas requieren mayoría absoluta de ambas Cámaras. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría simple del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.
Dispone el artículo 82 de la Constitución Española de 1978 respecto de la delegación legislativa lo siguiente: El Congreso podrá delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias reservadas a leyes orgánicas. La delegación legislativa deberá otorgarse mediante ley orgánica, únicamente cuando su objeto sea la formación de textos articulados. La delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa para materia concreta y sin fijación del plazo para su ejercicio. La delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa para materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio.
La ley de Bases, según el art. 82 de la Constitución Española de 1978: Las leyes de bases delimitarán con precisión el objeto y alcance de la delegación legislativa y los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio. Las leyes de delegación, sin perjuicio de la competencia del Tribunal Constitucional podrán establecer sus propias fórmulas de control. La delegación legislativa podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado. La delegación legislativa podrá permitir la subdelegación a autoridades distintas del propio Gobierno.
¿Qué se recoge en el artículo 81 de la Constitución Española de 1978 respecto a las leyes de base? La delegación se podrá prorrogar una vez se agote el uso que de ella se haga por parte del Gobierno, mediante la publicación de la norma correspondiente. La delegación legislativa no podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado. Tampoco podrá permitir la subdelegación a autoridades distintas del propio Gobierno. La autorización para refundir textos legales determinará el ámbito normativo a que se refiere el contenido de la delegación, especificando si se refiere a la aclaración de textos legales o la creación de un texto único. Tendrá el Gobierno sus propias fórmulas de control respecto de la delegación.
Según dispone el artículo 83 de la Constitución Española de 1978: Las leyes de bases podrán en determinados casos, facultar para dictar normas con carácter retroactivo. Las leyes de bases podrán modificar otras leyes de bases. No podrán en ningún caso las leyes de bases, autorizar la modificación de la propia ley de bases. No podrán las leyes de bases, salvo determinadas excepciones, facultar para dictar normas con carácter retroactivo.
¿Cómo se denominan según el artículo 85 de la Constitución Española de 1978, las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada? Decretos Legislativos. Decretos Leyes. Decretos. Reales Decretos.
En relación a la regulación de los Decretos-leyes recogidos en el art. 86 de la Constitución Española de 1978, ¿Cuál es la respuesta correcta? En caso de necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas que tomarán la forma de Reales Decretos-leyes. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, las Cámaras podrán dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos - Leyes. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas excepcionales que tomarán la forma de Decretos-leyes.
Según el artículo 127 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el Gobierno de la Nación ejercerá la iniciativa legislativa prevista en la Constitución Española mediante la elaboración y aprobación: De las proposiciones de Ley y su remisión al Congreso. De las proposiciones de ley y su remisión a las Cortes Generales. De los anteproyectos de Ley. De los anteproyectos de Ley y la ulterior remisión de los proyectos de ley a las Cortes Generales.
Según dispone el art. 127 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el Gobierno de la Nación ejercerá la iniciativa legislativa prevista en la Constitución mediante la elaboración de los anteproyectos de Ley y la ulterior remisión de los proyectos de ley: Al Congreso de los Diputados. Al Senado. A las Cortes Generales. Al Rey.
¿Quién podrá aprobar reales decretos- leyes y reales decretos legislativos en los términos previstos en la Constitución Española, según el artículo 127 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas? Las Comunidades Autónomas. El Congreso de los diputados. Las Cortes Generales. El Gobierno de la Nación.
¿Qué materias no pueden ser afectadas por los Decretos- leyes según el art. 86 de la Constitución Española de 1978? Las instituciones básicas del Estado, los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, el régimen de las Comunidades Autónomas ni el Derecho electoral general. Las materias relativas a los derechos fundamentales, salvo situaciones de declaración de alguno de los Estados de Alarma. Las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución. Las instituciones básicas del Estado, los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, el contenido del Título II, el régimen de las Comunidades Autónomas ni el Derecho electoral general.
Conforme al artículo 128.1 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde: Principalmente, al Gobierno de la Nación. A los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, de conformidad con lo establecido en la Constitución. A los órganos de gobierno locales, de acuerdo con lo previsto en sus propias normas. Al Gobierno de la Nación, a los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, de conformidad con lo establecido en sus respectivos Estatutos, y a los órganos de gobierno locales, de acuerdo con lo previsto en la Constitución, los Estatutos de Autonomía y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
Es correcto, respecto a lo regulado en el artículo 86 de la Constitución Española que: Durante el plazo de 20 días, las Cortes podrán tramitar los Decretos-leyes como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia. Durante el plazo de los 30 días siguientes a su promulgación, las Cortes podrán tramitar los Decretos-leyes como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia. Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación, al menos de la mitad del Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido. El Congreso habrá de pronunciarse dentro del plazo de los 30 días siguientes a su promulgación sobre su convalidación o derogación. En caso contrario, se entiendo tácitamente derogado.
Los reglamentos y disposiciones administrativas, según el artículo 128.2 de la Ley 39/2015: No podrán vulnerar otras disposiciones. No podrán vulnerar las leyes de carácter estatal. No podrán regular aquellas materias que la Constitución les prohíba expresamente. No podrán vulnerar la Constitución o las leyes ni regular aquellas materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.
¿Qué implican los principios de necesidad y eficacia según el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas? La iniciativa normativa debe estar justificada por una razón de interés general, basarse en una identificación clara de los fines perseguidos y ser el instrumento más adecuado para garantizar su consecución. La iniciativa que se proponga deberá contener la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la norma. La iniciativa normativa se ejercerá de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea. Las Administraciones Públicas posibilitarán el acceso sencillo, universal y actualizado a la normativa en vigor.
Según el artículo 128.2 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece en relación a los reglamentos y disposiciones administrativas lo siguiente: Podrán establecer sanciones que no impliquen penas. No podrán tener función de desarrollo o colaboración con respecto a la ley. No podrán tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas. Podrán crear tributos específicos sobre materias que regulen.
¿Cuáles son los principios de buena regulación del artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas? Proporcionalidad, eficacia, seguridad jurídica, no indefensión, transparencia y jerarquía. Proporcionalidad, seguridad administrativa, eficacia, eficiencia y servicio público. Necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. Jerarquía, eficiencia, seguridad jurídica y administrativa, transparencia y servicio público.
¿Dónde debe quedar suficientemente justificada la adecuación a los principios recogidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015 de anteproyectos de ley o de proyectos de reglamento? En la exposición de motivos en ambos casos. En el preámbulo en ambos casos. En la exposición de motivos o en el preámbulo según se trate de proyectos de ley o de reglamento, respectivamente. En la introducción justificativa.
¿Qué significa el principio de eficiencia regulado en el artículo 129 de la Ley 39/ 2015? La iniciativa normativa debe evitar cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionalizar, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos. La iniciativa normativa se ejercerá de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico. La iniciativa que se proponga deberá contener la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la norma. La iniciativa legislativa debe estar justificada por una razón de interés general.
De acuerdo con el artículo 131 de la Ley 39/2015, habrán de publicarse en el diario oficial correspondiente para que entren en vigor y produzcan efectos jurídicos: Cualquier tipo de norma. Sólo las normas con rango de ley. Únicamente los reglamentos y disposiciones administrativas. Las normas con rango de ley, los reglamentos y disposiciones administrativas.
¿Con qué frecuencia las Administraciones Públicas harán público un Plan Normativo que contendrá las iniciativas legales o reglamentarias, tal y como se establece en el art. 132 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas? Semestralmente. Cada dos años. Trimestralmente. Anualmente.
Según el artículo 130 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el resultado de la evaluación normativa se plasmará en un informe: Que se hará público, con el detalle, periodicidad y por el órgano que determine la normativa reguladora de la Administración correspondiente. Que se hará público, con el detalle y periodicidad que determine el órgano de la Administración correspondiente. Que no se hará público, con el detalle, periodicidad y por el órgano que determine la normativa reguladora de la Administración correspondiente. Que no se hará público, con el detalle y periodicidad que determine el órgano de la Administración correspondiente.
Una vez aprobado, el Plan Anual Normativo regulado en el artículo 132 de la Ley 39/2015, se publicará en: La sede electrónica del Organismo competente. El Portal de la Transparencia de la Administración Pública correspondiente. El Boletín Oficial del Estado. El Diario oficial correspondiente.
Según dispone la Ley 39/2015,de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿Cuándo se sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la Administración competente en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa, la necesidad y oportunidad de su aprobación, los objetivos de la norma y las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias?: Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento. Con carácter posterior a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley. Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley. Con carácter posterior a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento.
¿En qué casos podrá prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e información públicas previstos en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas? Cuando concurran razones graves de interés general que lo justifiquen. Sólo en el caso de normas presupuestarias u organizativas de la Administración General del Estado. En el caso de normas presupuestarias u organizativas de la Administración General del Estado y de la Administración local, únicamente. Cuando concurran razones graves de interés público que lo justifiquen.
Los principios generales del Derecho: Se mencionan en el art. 1º del Código Civil como fuente del derecho. No son fuente del Derecho Administrativo. No pueden aplicarse por los Tribunales. Se enumeran en la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
El Título VI de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se denomina: De la revisión de los actos en vía administrativa. De la iniciativa legislativa y de la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones. De los actos administrativos. De las disposiciones sobre el procedimiento administrativo común.
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