Para el ejercicio del derecho a la manifestación, a que se refiere el artículo 21 de la Constitución: No se requiere autorización previa
Se requiere comunicación previa a la autoridad Se necesita autorización previa.
Según el artículo 33 de la Constitución sobre la expropiación forzosa de bienes, nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos: Sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, sin posibilidad de indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes. Sino por causa justificada de interés particular, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes. Sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.
La protección social, económica y jurídica de la familia: Es un derecho recogido en el título Preliminar de la Constitución Española. Es un principio rector de la política social y económica, y, por tanto, garantizado en el capítulo III del Título I de la Constitución Española. Es un derecho fundamental, recogido dentro del capítulo II del Título I de la Constitución.
Señala la respuesta correcta: Se reconoce y protege el derecho a comunicar o recibir libremente información que sea veraz por cualquier medio de difusión. Se reconoce y protege el derecho a comunicar o recibir libremente información, sea veraz, o no, por cualquier medio de difusión. Se reconoce y protege el derecho a comunicar o recibir libremente información que sea veraz por medio de cualquier medio de comunicación privada.
En el artículo 45 de la Constitución Española se establece: Que todos tienen el deber de conservar el medio ambiente que sea adecuado para el desarrollo de su persona. Que todos tienen del deber de conservar el medio ambiente, y también el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de su persona. Que los españoles tienen el deber de conservar el medio y de disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de su persona.
Señala la afirmación correcta: Los españoles y extranjeros tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos. Los españoles y extranjeros tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca. Este derecho podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos. Los españoles tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos.
El artículo 50 de la Constitución Española establece que: Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante las situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a todos los ciudadanos en los términos establecidos en la Ley. Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad.
En el artículo 27 de la Constitución Española, se regula: El derecho a la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades. El derecho a la educación y la libertad de enseñanza. La libertad de expresión y la libertad de cátedra.
El A.14 de la Constitución Española establece que: Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
El artículo 29 de la Constitución: Reconoce sólo el ejercicio del derecho de petición individual. Reconoce el ejercicio del derecho de petición, individual o colectiva, excluyendo a los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar para el ejercicio del derecho de petición individual. Reconoce el ejercicio del derecho de petición, individual o colectiva.
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De acuerdo con el artículo 30 de la Constitución, podrá establecerse un servicio civil: Para el cumplimiento de fines de interés general.
En tiempos de guerra En situaciones de alarma, excepción, o de sitio.
El hecho de que los derechos fundamentales y libertades públicas recogidos en la Sección 1ª, del Capítulo II del Título I de la Constitución Española se encuentren vetados a la regulación por vía de Real Decreto-Ley o Real Decreto Legislativo, ¿qué tipo de garantía constituye? De procedimiento o normativas. De control y fiscalización. Jurisdiccional.
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Los extranjeros gozan en España, según el artículo 13 de la Constitución Española: De las libertades públicas que garantiza el Título I (artículos 10 a 55) sólo en los casos que establezcan los tratados y la ley. De las libertades públicas que garantiza el Título I (artículos 10 a 55) en los términos que establezcan los tratados y la ley. De los derechos fundamentales y libertades públicas que garantiza la sección I (artículos 15 a 29) del capítulo II del Título I de la Constitución.
En relación al derecho de asociación que reconoce la Constitución Española en el artículo 22 de la misma: Las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada. Se regularán por Ley orgánica las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar. Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en un registro para adquirir personalidad jurídica.
El Defensor del Pueblo, a tenor del artículo 54 de la Constitución: Es el Alto Comisionado del Gobierno, designado por el mismo para la defensa de los derechos reconocidos en el Capítulo II del Título I de la Constitución. Es el alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I. Es el Alto Comisionado del Gobierno, designado por el mismo para la defensa de los derechos contenidos en el título I de la Constitución.
La libertad ideológica, religiosa, y de culto de los individuos, y de las comunidades que el artículo 16 de la Constitución garantiza: Puede limitarse para mantener el orden público.
Tiene como límite el acceso a centros docentes de carácter privado. No puede en ningún caso limitarse.
Para el ejercicio del derecho de reunión pacífica y sin armas a que alude el artículo 21 apartado 1º de la Constitución: Se necesita autorización previa No se requiere autorización previa
Se requiere comunicación previa a la autoridad.
La tutela judicial efectiva ante los jueces y tribunales, se obtiene (art 24 de la Constitución Española): En el ejercicio de los derechos amparados en el artículo 14 y la sección 1ª del capítulo II. En el ejercicio de los derechos fundamentales
En el ejercicio de los derechos e intereses legítimos.
La libertad de enseñanza del art 27 de la Constitución Española: Se reconoce y garantiza
Se reconoce Se garantiza.
¿Qué establece el artículo 47 de la Constitución Española?: Todos tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Todos tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para garantizar la especulación.
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