Donde se regulan los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración de la Comunidad de Castilla y León: (SEÑALAR LA INCORRECTA) En el Título Preliminar y Título I de la Ley 2/2010, de 11 de marzo. En el Título I del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. En el Título Preliminar y Título I de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.
La Ley 2/2010, de 11 de marzo, tiene por objeto fundamental: Garantizar que la actuación de la Administración de la Comunidad de Castilla y León se oriente a la adecuada atención a los ciudadanos Regular y desarrollar el derecho a una Buena Administración reconocido en el artículo 12 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, en el marco del propio
Estatuto de Autonomía y de la legislación básica del Estado Garantizar la efectividad de los derechos y la prestación de unos servicios públicos de calidad.
La Ley 2/2010, de 11 de marzo, tiene como finalidad: La gestión pública y las medidas de modernización y mejora de la Administración de la Comunidad. Garantizar que la actuación de la Administración de la Comunidad de Castilla y León se oriente a la adecuada atención a los ciudadanos, a la efectividad de sus
derechos y a la prestación de unos servicios públicos de calidad, que satisfagan sus necesidades y expectativas, en el marco del interés público. La evaluación de las políticas públicas y de la calidad de los servicios públicos de la Administración autonómica.
¿Qué se entiende por ciudadano en la Ley 2/2010, de 11 de marzo? Toda persona física que tenga la condición política de ciudadano. Toda persona física que tenga la condición de residente en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Las personas naturales, personas jurídicas y entidades sin personalidad, que se relacionen o sean susceptibles de relacionarse con la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
En los términos establecidos en la legislación estatal sobre procedimiento administrativo común, los ciudadanos tienen derecho a que la Administración autonómica les notifique resolución expresa de los procedimientos en los que tengan condición de interesados en el plazo máximo previsto en sus normas reguladoras o, en su defecto, en el plazo máximo de: 6 meses 1 mes 3 meses .
Sin perjuicio de los principios generales de aplicación e interpretación de las normas, la aplicación de esta ley 2/2010, de 11 de marzo, se regirá por los principios de: (SEÑALAR LA INCORRECTA) Interpretación más favorable a los ciudadanos Equidad, buena fe y confianza legítima Transparencia.
Según la Ley 2/2010, de 11 de marzo, ante peticiones colectivas de especial trascendencia para el interés público, el órgano competente para resolver: Solicitará información al órgano consultivo correspondiente Pedirá informe al órgano competente por razón de la materia Convocará a los firmantes o parte de los mismos a una comparecencia personal, previa a la decisión que se adopte sobre la petición.
¿Qué se entiende por transparencia en la Ley 2/2010, de 11 de marzo? La obligación de la Administración de facilitar información. La obligación de la Administración de no facilitar la información reservada. La obligación de la Administración de facilitar información solo a los ciudadanos que lo solicitan.
De conformidad con la Ley 2/2010, de 11 de marzo, la formulación de quejas por parte de los ciudadanos: Paralizará los plazos establecidos en la legislación básica estatal para la interposición de recursos administrativos. No paralizará los plazos establecidos en la legislación básica estatal para la interposición de recursos administrativos, pero sí condicionará, en el modo más
favorable, el ejercicio de las restantes acciones o derechos que, de conformidad con la normativa reguladora de cada procedimiento, puedan ejercitar los
interesados. No paralizará los plazos establecidos en la legislación básica estatal para la interposición de recursos administrativos ni condicionará en modo alguno el
ejercicio de las restantes acciones o derechos que, de conformidad con la normativa reguladora de cada procedimiento, puedan ejercitar los interesados.
¿Qué comprende la atención al ciudadano según la Ley 2/2010, de 11 de marzo? (SEÑALAR LA INCORRECTA) Ser atendidos de forma respetuosa, confidencial y adaptada a sus circunstancias físicas, psíquicas, sensoriales, sociales y culturales, garantizándose la igualdad en la atención, sin discriminaciones. Comparecer ante un órgano o unidad de la Administración de la Comunidad de la forma menos gravosa posible y que solo sea exigida cuando sea estrictamente
indispensable El derecho de los interesados, a que el órgano competente dicte resolución expresa, aunque no sea motivada, e el plazo establecido por la Ley.
El Derecho a una Buena Administración se recoge en el Estatuto de Autonomía de
Castilla y León aprobada por Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, en el artículo: Artículo 11 Artículo 12 Artículo 10.
Según la Ley 2/2010, de 11 de marzo, en los términos previstos en la legislación básica estatal, los ciudadanos tienen derecho a ser atendidos de forma: (SEÑALAR LA INCORRECTA): Amable Sin discriminaciones Respetuosa.
De acuerdo con la Ley 2/2010, de 11 de marzo, ¿Qué derecho tienen los ciudadanos en
relación a la tramitación de los procedimientos administrativos? El derecho a la gratuidad en la tramitación. El derecho a la identificación de los responsables de la tramitación. El derecho a la modificación de los plazos establecidos conforme sus necesidades.
Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, son titulares de derechos, en sus relaciones con ellas: Los que tengan capacidad de obrar de conformidad con el artículo 3 de la Ley 39/2015 Los que tengan capacidad de obrar de acuerdo con la Constitución Los que tengan capacidad de obrar de acuerdo con el Derecho administrativo.
Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las personas físicas podrán elegir si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos: Cuando solicitan el inicio del expediente En todo momento En cualquier momento y no podrán volver a relacionarse por el canal tradicional.
Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo. (SEÑALAR LA INCORRECTA): Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones
Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y
mercantiles. Las personas sin personalidad jurídica Los empleados de las Administraciones Públicas para todos los trámites y actuaciones que realicen con ellas, en la forma en que se determine
reglamentariamente por cada Administración. .
Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo Común de las Administraciones Públicas ¿En qué situaciones no será necesaria la traducción al castellano de los documentos y expedientes por parte de la Administración Pública instructora? Cuando deban surtir efectos fuera del territorio de la Comunidad Autónoma. Cuando los documentos estén dirigidos a los interesados. Cuando deban surtir efectos en el territorio de una Comunidad Autónoma donde sea cooficial la misma lengua distinta del castellano.
La protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de datos personales, es un derecho fundamental protegido por el artículo: 18.4 de la Constitución Española. 17.4 de la Constitución Española 16.4 de la Constitución Española.
De acuerdo con la Ley 2/2010, de 11 de marzo. ¿Cuál es el derecho que tienen los ciudadanos en relación al tratamiento de sus asuntos por parte de la Administración
Autonómica? Derecho a un trato preferencial y subjetivo de sus asuntos. Derecho a un tratamiento imparcial y objetivo de sus asuntos. Derecho a un tratamiento legal y sumario de sus asuntos.
En relación a los derechos de los interesados en el procedimiento administrativo regulados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en el caso de los procedimientos
sancionadores, los presuntos responsables tendrán los siguientes derechos: (SEÑALAR LA INCORRECTA) A ser notificado de los hechos que se le imputen, de las infracciones que tales hechos puedan constituir y de las sanciones que, en su caso, se les pudieran
imponer, así como de la identidad del instructor, de la autoridad competente para imponer la sanción y de la norma que atribuya tal competencia. A la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario A ser parte en un proceso judicial, para poder defender sus intereses legítimos. .
El derecho a una Buena Administración se regula en el Estatuto de Autonomía de Castilla
y León: En el artículo 14 En el artículo 12 En el artículo 13.
De acuerdo con el Estatuto de Autonomía, el derecho a una Buena Administración
comprende entre otros: A un tratamiento imparcial y objetivo de los asuntos que les conciernan y a la resolución de los mismos en el plazo más breve posible. A formular sugerencias sobre el funcionamiento de los servicios públicos A un tratamiento imparcial y objetivo de los asuntos que les conciernan y a la resolución de los mismos en un plazo razonable.
Según lo regulado por la Ley 2/2010, de 11 de marzo, los interesados aportarán al procedimiento administrativo, conforme a lo establecido en la normativa reguladora del
procedimiento administrativo común: Todos los datos y documentos previstos en la normativa aplicable, así como aquellos que estimen convenientes. Únicamente, los datos y documentos que sean preceptivos para la resolución del procedimiento. Únicamente los que le sean requeridos por la Administración.
La Ley 2/2010, de 11 de marzo, reconoce diferentes formas ejercitar el derecho de
participación. (SEÑALAR LA INCORRECTA): Derecho de consulta Derecho a convocar consultas Derecho a formular sugerencias.
De acuerdo con la Ley 2/2010, de 11 de marzo, la Administración Autonómica dará respuestas expresas a las quejas en un plazo máximo de: Un mes Tres meses Seis meses.
Los ciudadanos tiene derecho a participar en la elaboración de las políticas públicas: Solamente en los procesos electorales Solamente cuando sean consultados en un referéndum A través de las audiencias, foros de consulta, paneles y demás instrumentos que se establezcan en la Ley 2/2010, de 11 de marzo.
La Administración de la Comunidad dará respuesta a las sugerencias de los ciudadanos y ¿hará un reconocimiento público?: No, en ningún caso, por ser anónimas de acuerdo con la Ley Orgánica de 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Solo cuando así lo solicite el ciudadano que haya presentado la sugerencia. Si, de aquellas que hayan posibilitado una mejora de los servicios.
De acuerdo con lo regulado por la Ley 2/2010, de 11 de marzo, si un escrito de petición se dirigiese a un órgano de la Administración Autonómica que no fuera competente para pronunciarse sobre ella: Este extremo se comunicará al interesado, devolviéndole el escrito a fin de que lo presente en el órgano competente. Se remitirá al órgano competente y se advertirá de tal circunstancia al firmante. Se remitirá al órgano competente sin más trámites.
Las peticiones dirigidas a la Administración autonómica, pueden ser: Plurales Organizativas Individuales o colectivas.
En relación al ejercicio del derecho de petición: (SEÑALAR LA INCORRECTA) Cualquier ciudadano puede recabar su tutela, ante los Tribunales ordinarios, por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad. Cualquier ciudadano puede acudir, tras el cumplimiento de los requisitos y tramitaciones establecidas para ello, al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional Cabe el recurso de inconstitucionalidad.
A partir de la entrada en vigor de la Ley 2/2010, de 11 de marzo, se desarrollará reglamentariamente el Capítulo I, Derecho de acceso a la Administración, del Título I, en el plazo de: 4 meses 8 meses Ninguna es correcta.
La Ley 2/2010, de 11 de marzo, entrará en vigor en el plazo de: 3 meses desde su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León 1 mes desde su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León 20 días desde su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.
Según la Ley 2/2010, de 11 de marzo, en los términos establecidos en la legislación básica estatal, los ciudadanos podrán utilizar el registro electrónico de la Administración autonómica para presentar sus escritos, solicitudes y comunicaciones: Conforme determine la normativa vigente en materia de atención e información al ciudadano. Los días laborales y durante las 24 horas del día. Todos los días del año y durante las veinticuatro horas del día.
Según la Ley 2/2010, de 11 de marzo, sin perjuicio de los principios generales de aplicación e interpretación de las normas, la aplicación de esta Ley se regirá por los principios de: (SEÑALAR LA INCORRECTA): Equidad Buena fe y confianza legítima Transparencia.
Según la Ley 2/2010, de 11 de marzo, el Principio de orientación al ciudadano se refiere a que: La Administración Pública tendrá en cuenta la opinión ciudadana mediante la apertura de un plazo de audiencia pública. La actuación de la Administración y los servicios públicos que presta han de estar dirigidos a la satisfacción de las necesidades reales de los ciudadanos. La Administración pública promoverá que sus políticas beneficien al mayor número de ciudadanos.
Dentro de los principios de actuación autonómica no se encuentra, según la Ley 2/2010, de 11 de marzo: El de proactividad El de simplicidad El de prudencia.
La Ley 2/2010, de 11 de marzo, NO regula según su artículo 1.2: Los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración autonómica y el establecimiento de garantías para su efectividad. Los derechos y garantías de los ciudadanos al relacionarse electrónicamente con la Administración y la puesta a disposición de los medios para su consecución de forma universal. La gestión pública y las medidas de modernización y mejora de la Administración de la Comunidad.
Según la Ley 2/2010, de 11 de marzo, el principio de prevención implica que la Administración Autonómica llevará a cabo: Una prevención de las situaciones discriminatorias. Una prevención de las situaciones de riesgo que pudieran materializarse en daños y perjuicios para los ciudadanos como consecuencia de la gestión administrativa, especialmente en aquellos sectores en los que el riesgo pueda ser mayor Una prevención situaciones antijurídicas, mediante la elaboración de protocolos de actuación que garanticen la seguridad y transparencia de los procedimientos administrativos.
A los efectos de la Ley 2/2010, de 11 de marzo, se entiende por Administración de la Comunidad de Castilla y León: (SEÑALAR LA INCORRECTA): La Administración General de la Comunidad. Las empresas públicas, los organismos autónomos y los entes públicos de derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad. Los organismos autónomos y los entes públicos de derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, en cuanto ejerzan potestades públicas.
Según la Ley 2/2010, de 11 de marzo, el principio de responsabilidad implica que: Los empleados públicos, en su ejercicio, deben garantizar la imparcialidad y objetividad en sus actuaciones. La Administración de la Comunidad, promoverá la imparcialidad y objetividad de en todos sus procedimientos, así como su evaluación mediante la elaboración de auditorías anuales. La Administración de la Comunidad, en su forma de gestionar, ha de asumir de forma expresa sus obligaciones ante los ciudadanos. .
Según la Ley 2/2010, de 11 de marzo, se entiende por principio de eficiencia: La utilización del mejor número de recursos públicos posibles La óptima utilización de los medios que posibilite la consecución directa de los fines públicos perseguidos La consecución de los objetivos pretendidos por la Administración logrados mediante un coste económico eficaz.
Según la Ley 2/2010, de 11 de marzo, la Administración en sus políticas públicas conciliará: La protección de la accesibilidad con el desarrollo urbanístico La defensa de la igualdad de género con el desarrollo económico La protección y mejora del medio ambiente con el desarrollo económico y el progreso social.
De acuerdo con la Ley 2/2010, de 11 de marzo, la actuación administrativa facilitará la actividad empresarial mediante: Su promoción en el exterior, especialmente en el ámbito de la Unión Europea Reducción trámites y la eliminación de intervenciones innecesaria La reducción de las cargas tributarias dentro del marco de la regulación básica del Estado.
En relación al derecho a la información regulado en la Ley 2/2010, de 11 de marzo, ésta se canalizará a través de un sistema de carácter: (SEÑALAR LA INCORRECTA) Múltiple Único Multicanal.
Para hacer efectivo el principio de proactividad de la Administración, de acuerdo con la Ley 2/2010, de 11 de marzo: La administración impulsará de oficio los trámites dentro de un procedimiento administrativo. La administración se anticipará a las necesidades de los ciudadanos La Administración puede actuar de oficio en los procedimientos administrativos.
Teniendo en cuenta la Ley 2/2010, de 11 de marzo, en relación a los derechos procedimentales ¿Qué deben aportar los interesados al procedimiento administrativo? Únicamente los datos y documentos previstos en la normativa aplicable Únicamente los documentos que la Administración solicite Los datos y documentos previstos en la normativa aplicable y aquellos que estimen convenientes.
De acuerdo con la Ley 2/2010, de 11 de marzo, ¿Quién es el encargado de hacer pública y mantener actualizada la relación de unidades que realicen la función de registro de documentos? La Consejería competente en materia de atención al ciudadano La Consejería competente en materia de administración electrónica La Consejería competente en materia de función pública.
¿Cuál es el objeto de la Ley 2/2010, de 11 de marzo? Regular el acceso y la participación de los ciudadanos en la Administración de Castilla y León Regular los derechos de los ciudadanos en su relación con la Administración de Castilla y León Regular la organización y funcionamiento de la Administración de Castilla y León.
Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, es un derecho de las personas en sus relaciones con las Administraciones Publicas: Identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos. Cumplir las obligaciones de pago a través de los medios electrónicos previsto en el artículo 98.2 Obtener y utilizar los medios de identificación y firma electrónica contemplados en esta Ley .
Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no es un derecho de las personas en sus relaciones con las Administraciones Publicas. Identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos. Comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración. Ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.
Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ¿Qué sucederá si existiría discrepancia en cuanto a la lengua en un procedimiento tramitado por la Administración General del Estado en el que concurrieran varios interesados? El procedimiento se tramitará en la lengua elegida por el interesado que tenga mayor antigüedad en el procedimiento El procedimiento se tramitará en la lengua elegida por el interesado que haya iniciado el procedimiento El procedimiento se tramitará en castellano, aunque los documentos o testimonios que requieran los interesados se expedirán en la lengua elegida por los mismos.
Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ¿Qué derecho tienen los interesados en un procedimiento administrativo en relación a la tramitación del mismo? Tienen derecho a recibir notificaciones por correo postal Tienen derecho a conocer en cualquier momento el estado de la tramitación, el sentido del silencio administrativo, el órgano competente para la instrucción, en su caso, y resolución, y a acceder y obtener copia de los documentos contenidos en el procedimiento Tienen derecho a presentar documentos originales en todas las ocasiones y a aportar documentos en cualquier fase anterior a la propuesta de resolución.
Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo Común de las Administraciones Públicas, es un derecho del interesado en el procedimiento administrativo: (SEÑALAR LA INCORRECTA): Identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos. No presentar documentos originales salvo que, de manera excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario. En caso de que, excepcionalmente, deban presentar un documento original, tendrán derecho a obtener una copia autenticada de éste. Cumplir las obligaciones de pago a través de los medios electrónicos así como recibirlos.
Según La Ley 2/2010, de 11 de marzo, los ciudadanos tienen derecho a ser consultados periódica y regularmente sobre su grado de satisfacción con los servicios públicos y las actividades realizadas por la Administración autonómica mediante, entre otros instrumentos: (SEÑALAR LA INCORRECTA) Encuestas Paneles de usuarios Cartas de Servicios.
Según La Ley 2/2010, de 11 de marzo, los ciudadanos podrán conocer los motivos concretos del eventual retraso en la notificación de una resolución expresa: Verdadero Falso Verdadero, solo cuando se haya iniciado el procedimiento administrativo a instancia del interesado.
Según La Ley 2/2010, de 11 de marzo, los ciudadanos tienen derecho a formular quejas para (SEÑALAR LA INCORRECTA): Poner de manifiesto los retrasos Poner de manifiesto cualquier otra anomalía que observen en los órganos y unidades administrativas o en el funcionamiento de los servicios públicos Identificar el funcionario responsable del objeto de la queja.
Según la Ley 2/2010, de 11 de marzo, la participación ciudadana se desarrollará a través de las audiencias, foros de consulta, paneles y demás instrumentos que se establezcan en la presente ley, en otras leyes sectoriales o en normas reglamentarias. El resultado de dichas acciones: No tendrá carácter vinculante para la Administración Autonómica Tendrá carácter vinculante para la Administración Autonómica Se tendrá en cuenta en la elaboración del plan normativo anual.
El derecho a acudir al Procurador del Común se regula: En el artículo 18 del Estatuto de Autonomía según la regulación dada por Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León En el artículo 33 de la Ley 2/2010, de 11 de marzo Ambas son correctas.
De acuerdo con la Constitución Española la Ley regulará, la audiencia de los ciudadanos, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten: Solamente de forma directa A través de las organizaciones y asociaciones inscritas en los registros correspondientes Directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley.
De acuerdo con la Constitución Española la Ley regulará, el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la: (SEÑALAR LA INCORRECTA) Seguridad y defensa del Estado La averiguación de los delitos El derecho a la propiedad de las personas.
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