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TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESETEMA 7.- LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EN SUS RELACIONES

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Título del test:
TEMA 7.- LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EN SUS RELACIONES

Descripción:
gerencia de servicios sociales estabilizacion

Autor:
ELVIRA1980
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Fecha de Creación:
03/03/2024

Categoría:
Oposiciones

Número preguntas: 50
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Temario:
1.- La Ley 2/2010, de 11 de marzo, aprobada por las Cortes de Castilla y León se denomina: a) Ley de Derechos de los Ciudadanos en sus relaciones con la Comunidad Autónoma de Castilla y León y de Gestión Pública b) Ley de Derechos de los Ciudadanos en sus relaciones con la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y de Gestión Pública. Ley de Derechos de los Ciudadanos en sus relaciones con la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y de Calidad de los Servicios.
2.- Según la Ley 2/2010, de 11 de marzo, en los términos establecidos en la legislación estatal sobre procedimiento administrativo común, los ciudadanos tienen derecho a que la Administración autonómica les notifique resolución expresa de los procedimientos en los que tengan condición de interesados en el plazo máximo previsto en sus normas reguladoras o, en su defecto, en el plazo máximo de: a) 3 meses, contados de acuerdo con lo dispuesto en dicha legislación b) 1 mes, contados de acuerdo con lo dispuesto en dicha legislación c) 6 meses, contados de acuerdo con lo dispuesto en dicha legislación.
3.- A partir de la entrada en vigor de la Ley 2/2010, de 11 de marzo, se desarrollará reglamentariamente el Capítulo I, Derecho de acceso a la Administración, del Título I, en el plazo de: a) 4 meses. b) 8 meses. c) Ninguna es correcta.
4.- la Ley 2/2010, de 11 de marzo, entrará en vigor en el plazo de: a) 3 meses desde su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León b) 1 mes desde su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León c) 20 días desde su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.
5. Según la Ley 2/2010, de 11 de marzo, en los términos establecidos en la legislación básica estatal, los ciudadanos podrán utilizar el registro electrónico de la Administración autonómica para presentar sus escritos, solicitudes y comunicaciones: a) Conforme determine la normativa vigente en materia de atención e información al ciudadano. b) Los días laborales y durante las 24 horas del día. c) Todos los días del año y durante las veinticuatro horas del día.
6.- Según la Ley 3/2018 , de 5 de Diciembre, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento (UE) 2016/679,se entiende por consentimiento del afectado toda manifestación de voluntad (SEÑALAR LA INCORRECTA): a) Libre b) Genérica c) Inequívoca.
7.- ¿Cuál es el objetivo principal de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales? a) Adaptar el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, y completar sus disposiciones. b) Garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en el artículo 18.4 de la Constitución. c) Ambas opciones son correctas.
8.- Según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.11 del Reglamento (UE) 2016/679, se entiende por consentimiento del afectado toda manifestación de voluntad (SEÑALAR LA INCORRECTA): a) Libre b) Genérica c) Inequívoca.
9.- Según la Ley 2/2010, , de 11 de marzo, el Principio de orientación al ciudadano se refiere a: a) La Administración Pública tendrá en cuenta la opinión ciudadana mediante la apertura de un plazo de audiencia pública. b) La actuación de la Administración y los servicios públicos que presta han de estar dirigidos a la satisfacción de las necesidades reales de los ciudadanos. c) La Administración pública promoverá que sus políticas beneficien al mayor número de ciudadanos.
10.- Dentro de los principios de actuación autonómica no se encuentra, según la Ley 2/2010, de 11 de marzo: a) El de proactividad b) El de simplicidad c) El de prudencia.
11.- Según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, cuando se pretenda fundar el tratamiento de los datos en el consentimiento del afectado para una pluralidad de finalidades será preciso que dicho consentimiento se otorgue: a) Para todas ellas. b) De manera genérica. c) Especifica o conjunta, dependiendo del canal a través del cual se va a prestar el consentimiento.
12.- La Ley 2/2010, de 11 de marzo, NO regula según su artículo 1.2: a) Los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración autonómica y el establecimiento de garantías para su efectividad. b) Los derechos y garantías de los ciudadanos al relacionarse electrónicamente con la Administración y la puesta a disposición de los medios para su consecución de forma universal. c) La gestión pública y las medidas de modernización y mejora de la Administración de la Comunidad.
13.- Según la Ley 2/2010, de 11 de marzo, la finalidad que persigue esta Ley es: a) Garantizar sus derechos en relación con la Comunidad de Castilla y León b) Garantizar que la actuación de la Administración de la Comunidad de Castilla y León se oriente a la adecuada atención a los ciudadanos c) Garantizar la eficacia y eficiencia en la gestión pública de todo el sector público.
14.- A los efectos de la Ley 2/2010, de 11 de marzo y su ámbito de aplicación, se entiende por Administración de Comunidad de Castilla y León (SEÑALAR LA INCORRECTA): a) La Administración General de la Comunidad. b) Las empresas públicas, los organismos autónomos y los entes públicos de derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad c) Los organismos autónomos y los entes públicos de derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, en cuanto ejerzan potestades públicas.
15.- De acuerdo la Ley 2/2010, de 11 de marzo, quedan comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley, los ciudadanos, entendiendo por tales: (SEÑALAR LA INCORRECTA) a) Las personas naturales, b) Las personas jurídicas c) Las personas naturales, personas jurídicas y entidades sin personalidad ubicadas en el territorio de Castilla y León.
16.- Según la Ley 2/2010, de 11 de marzo, se entiende por principio de eficiencia: a) La utilización del mejor número de recurso públicos posibles b) La actuación de la Administración y la prestación de los servicios públicos ha de realizarse mediante una óptima utilización de los medios que posibilite la consecución directa de los fines públicos perseguidos. c) La consecución de los objetivos pretendidos por la Administración que ha de lograse con un coste económico eficaz.
17.- De acuerdo con la Ley 2/2010, de 11 de marzo, desarrolla el principio de equilibrio territorial de la siguiente forma: a) La Administración pública tendrá en cuenta la dispersión geográfica y socioeconómica de los territorios en todas sus actuaciones. b) En la asignación de recursos y en la gestión de las diferentes políticas públicas, la Administración autonómica atenderá a la realidad territorial, fundamentalmente rural, de la Comunidad, para conseguir la equiparación de los ciudadanos en el disfrute sus derechos c) En la asignación de recursos y en la gestión de las diferentes políticas públicas, la Administración autonómica atenderá a la realidad territorial, fundamentalmente provincial, de la Comunidad, para conseguir la equiparación de los ciudadanos en el disfrute sus derechos.
18.- Según la Ley 2/2010, de 11 de marzo, la Administración en sus políticas públicas conciliara: a) La protección de la accesibilidad con el desarrollo urbanístico b) La defensa de la igualdad de género con el desarrollo económico. C) La protección y mejora del medio ambiente con el desarrollo económico y el progreso social.
19.-De acuerdo con la Ley 2/2010, de 11 de marzo, la actuación administrativa facilitará la actividad empresarial mediante: a) Su promoción en el exterior, especialmente en el ámbito de la Unión Europea. b) Reducción trámites y la eliminación de intervenciones innecesaria. c) La reducción de las cargas tributarias dentro del marco de la regulación básica del Estado.
20.- En relación al ejercicio de los derechos regulados por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, los titulares de la patria potestad podrán ejercitar en nombre y representación de los menores de catorce años los derechos de: a) Acceso y oposición, respecto de los menores no emancipados b) Acceso, oposición y rectificación respecto de los menores no emancipados c) Acceso, rectificación, cancelación oposición o cualquier otro que pudieran corresponderles en el contexto de dicha ley orgánica.
21.- Según la Ley 2/2010, de 11 de marzo, los ciudadanos podrán acceder a informaciones, trámites y servicios públicos determinados por acuerdos de la Administración autonómica con otras Administraciones públicas: a) A través de la ventanilla Única B) A través del registro único c) A través de la sede electrónica.
22.- En relación al derecho a la información regulado en la Ley 2/2010, de 11 de marzo, ésta se canalizará a través de un sistema de carácter: (SEÑALAR LA INCORRECTA) a) Múltiple b) Único c) Multicanal.
23.- El catálogo de servicios se encuentra regulado actualmente en: a) La Ley 2/2010, de 11 de marzo b) En ninguna norma ya que fue derogado por la Ley 2/2017, de 4 de julio. c) Ley 39/2015, de 1 de octubre.
24.- Para hacer efectivo el principio de proactividad de la Administración, de acuerdo con la Ley 2/2010, de 11 de marzo: a) La administración impulsará de oficio los trámites dentro de un procedimiento administrativo. b) La administración se anticipará a las necesidades de los ciudadanos c) La Administración puede actuar de oficio en los procedimientos administrativos.
25.- La protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de datos personales es un derecho fundamental protegido por: a) El artículo 18.4 de la Constitución española b) El artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el artículo 16.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europe c) Ambas son correctas.
26.- De acuerdo con la Ley 2/2010, de 11 de marzo, ¿Qué fin se persigue con la identificación de los responsables de la tramitación de los procedimientos administrativos? a) Propiciar la transparencia y la adecuada atención por parte de la Administración de la Comunidad. b) Racionalizar el trabajo. c) Garantizar la confidencialidad de los datos personales de los ciudadanos.
27- De acuerdo con lo regulado por la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de Diciembre, se entiende por derecho a la neutralidad del internet: a) El derecho a que se identifique el origen de la información, en todo caso. b) El derecho a que se identifique las fuentes de la información, cuando esta, tenga un contenido político. c) Que los proveedores de servicios de internet, proporcionarán una oferta transparente de servicios sin discriminación por motivos técnicos o económicos.
28.- Teniendo en cuenta la Ley 2/2010, de 11 de marzo, en relación a los derechos procedimentales ¿Qué deben aportar los interesados al procedimiento administrativo? a) Únicamente los datos y documentos previstos en la normativa aplicable. b) Únicamente los documentos que la Administración solicite c) Los datos y documentos previstos en la normativa aplicable y aquellos que estimen convenientes.
29.- De acuerdo con la Ley 2/2010, de 11 de marzo, ¿Quién es el encargado de hacer pública y mantener actualizada la relación de unidades que realicen la función de registro de documentos? a) La consejería competente en materia de atención al ciudadano. b) La consejería competente en materia de administración electrónica. c) La Consejería competente en materia de función pública.
30.- Con que periodicidad la Consejería competente, publicará la relación de unidades que realicen la función de registro de documentos: a) Bienalmente b) Anualmente c) Semestralmente.
31. ¿Cuál es el objeto de la Ley 2/2010, de 11 de marzo? a) Regular el acceso y la participación de los ciudadanos en la Administración de Castilla y León. b) Regular los derechos de los ciudadanos en su relación con la Administración de Castilla y León. c) Regular la organización y funcionamiento de la Administración de Castilla y León.
32. A los efectos de la Ley 2/2010, de 11 de marzo se entiende por Administración de la Comunidad de Castilla y León: a) La Administración de Castilla y León b) Las Administraciones que ejerzan sus competencias en la Comunidad de Castilla y León. c) La Administración General de la Comunidad.
33.- Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las administraciones Públicas, es un derecho de las personas en sus relaciones con las Administraciones Publicas: a) Identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos b) Cumplir las obligaciones de pago a través de los medios electrónicos previsto en el artículo 98.2 c) Obtener y utilizar los medios de identificación y firma electrónica contemplados en esta Ley.
34.- Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las administraciones Públicas, no es un derecho de las personas en sus relaciones con las Administraciones Publicas. a) Identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos b) Comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración c) Ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.
35.- De acuerdo con lo regulado por la Ley Orgánica, 3/2018 de 5 de diciembre: a) Se garantizará un acceso universal, accesible, uniforme, y no discriminatorio para toda la población. b) Se garantizará un acceso libre, accesible, asequible, de calidad y no discriminatorio para toda la población. c) Se garantizará un acceso universal, asequible, de calidad y no discriminatorio para toda la población.
36.- De acuerdo con lo regulado por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, en relación al derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral, el empleador podrá acceder a los contenidos derivados del uso de medios digitales facilitados a los trabajadores: a) No, en ningún caso b) Solo cuando el trabajador sea responsable de datos de carácter reservado. c) Solo a los efectos de controlar el cumplimiento de las obligaciones laborales o estatutarias y de garantizar la integridad de dichos dispositivos.
37.- Según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la desconexión digital a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido (SEÑALAR LA INCORRECTA) a) El respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones b) Su intimidad personal y familiar c) La seguridad de su información.
38.- De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, los empleadores podrán tratar las imágenes obtenidas a través de sistemas de cámaras o videocámaras para el ejercicio de las funciones de control de los trabajadores o los empleados públicos previstas, respectivamente, en el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores y en la legislación de función pública, siempre que estas funciones se ejerzan: a) Previa autorización judicial b) Previa autorización del Ministerio Fiscal c) Dentro del marco legal y con los límites inherentes al mismo.
39.- Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ¿Qué sucederá si existiría discrepancia en cuanto a la lengua en un procedimiento tramitado por la Administración General del Estado en el que concurrieran varios interesados? a) El procedimiento se tramitará en la lengua elegida por el interesado que tenga mayor antigüedad en el procedimiento. b) El procedimiento se tramitará en la lengua elegida por el interesado que haya iniciado el procedimiento. c) El procedimiento se tramitará en castellano, aunque los documentos o testimonios que requieran los interesados se expedirán en la lengua elegida por los mismos.
40. ¿Qué sucederá en los procedimientos tramitados por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales en relación al uso de la lengua? a) Se ajustarán al uso del castellano establecido por la Administración General del Estado. b) Se ajustarán a lo previsto en la legislación autonómica correspondiente. c) Se ajustarán al uso de la lengua elegida por los interesados.
41.- Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ¿Qué derecho tienen los interesados en un procedimiento administrativo en relación a la tramitación del mismo? a) Tienen derecho a recibir notificaciones por correo postal. b) Tienen derecho a conocer en cualquier momento el estado de la tramitación, el sentido del silencio administrativo, el órgano competente para la instrucción, en su caso, y resolución, y a acceder y obtener copia de los documentos contenidos en el procedimiento. c) Tienen derecho a presentar documentos originales en todas las ocasiones y a aportar documentos en cualquier fase anterior a la propuesta de resolución.
42. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, NO es un derecho del interesado en el procedimiento administrativo: a) La obtención de información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar. b) Actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses c) La protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas.
43.- Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo Común de las administraciones Públicas, es un derecho del interesado en el procedimiento administrativo: (SEÑALAR LA INCORRECTA): a) Identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos. b) No presentar documentos originales salvo que, de manera excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario. En caso de que, excepcionalmente, deban presentar un documento original, tendrán derecho a obtener una copia autenticada de éste. c) Cumplir las obligaciones de pago a través de los medios electrónicos así como recibirlos.
44.- Según La Ley 2/2010, de 11 de marzo, los ciudadanos tienen derecho a que la Administración Autonómica, ante sus peticiones, solicitudes o reclamaciones: (SEÑALAR LA INCORRECTA) a) Dicte resolución expresa y motivada, de conformidad con lo establecido en la legislación estatal sobre procedimiento administrativo común. b) Redacte las resoluciones en términos claros y sencillos, utilizando un lenguaje que, respetando las exigencias técnicas y jurídicas, resulte comprensible. c) Tenga como regla general la resolución del procedimiento de forma presunta y positiva.
45.- Según La Ley 2/2010, de 11 de marzo, los ciudadanos tienen derecho a ser consultados periódica y regularmente sobre su grado de satisfacción con los servicios públicos y las actividades realizadas por la Administración autonómica mediante, entre otros instrumentos: (SEÑALAR LA INCORRECTA) A) Encuestas B) Paneles de usuarios C) Cartas de Servicios.
46.- Según La Ley 2/2010, de 11 de marzo, los ciudadanos podrán conocer los motivos concretos del eventual retraso en la notificación de una resolución expresa: a) Verdadero b) Falso c) Verdadero, solo cuando se haya iniciado el procedimiento administrativo a instancia del interesado.
47.- Según La Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, la solicitud de reutilización de los documentos a los que se refiere el artículo 3.2 de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, se podrá otorgar previa solicitud: a) Que deberá resolverse en el plazo máximo de tres meses desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para su tramitación. b) Que deberá resolverse en el plazo máximo de diez días hábiles desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para su tramitación. c) Que deberá resolverse en el plazo máximo de veinte días desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para su tramitación.
48.- En el ámbito de la administración autonómica, el derecho de acceso a los documentos administrativos se encuentra regulado en: a) La ley 2/2010, de 11 de marzo. b) La Ley 3/2015, de 4 de marzo c) La Ley 3/2001, de 3 de julio.
49.- Según La Ley 2/2010, de 11 de marzo, los ciudadanos tienen derecho a formular quejas para (SEÑALAR LA INCORRECTA): a) Poner de manifiesto los retrasos, b) Poner de manifiesto cualquier otra anomalía que observen en los órganos y unidades administrativas o en el funcionamiento de los servicios públicos. c) Identificar el funcionario responsable del objeto de la queja.
50.- La norma que regula el derecho de los ciudadanos, que han sido indemnizados como consecuencia de responsabilidad patrimonial, de poder solicitar que esa responsabilidad se exija a autoridades o empleados públicos es: a) La Ley 40/2015, de 1 de octubre. b) La Ley 2/2010, de 11 de marzo. c) Ley 29/1998, de 13 de julio.
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