En el ordenamiento jurídico de la Unión Europea, establecido en el art. 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea ¿Cómo se denomina al instrumento que obliga al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que debe conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la elección de la forma y los medios? Recomendación. Precedente. Directiva. Reglamento.
Según el art. 45 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ¿A qué empleos no es aplicable la libre circulación de trabajadores dentro de la Unión Europea? A aquellos empleos que impliquen un requisito idiomático. A los empleos de la administración pública. A los empleos en una entidad estatal monopolística que ya exista en el país de origen del trabajador. A aquellos relacionados con el mundo del espectáculo y/o empleos deportivos.
¿Cuál de los siguientes no es uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico proclamados en el art. 1.1. de la Constitución española? La legalidad. La libertad. La justicia. El pluralismo político.
El art. 68 de la Constitución española establece que el Congreso se compone de: 300 Diputados. 350 Diputados Un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados. Un mínimo de 250 y un máximo de 350 diputados.
Según dispone el art. 155 de la Constitución española, si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, El Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones. El Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. El Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta de las Cortes Generales, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones con independencia del mencionado interés general. El Gobierno, en ningún caso podrá dar instrucciones a las autoridades de las Comunidades Autónomas en base a la capacidad de autoorganización de las mismas.
Según lo establecido en el art. 17 de la Constitución española, la inmediata puesta a disposición judicial derivada del "habeas corpus", se produce por: Detención ilegal. Prisión ilegal. Prisión preventiva. Detención preventiva.
La Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha, según lo dispuesto en el art. 31 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, en materia de Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, asume la competencia con carácter: De desarrollo legislativo y ejecución. Ejecutivo. Especial. Exclusivo.
La propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, establecida en su art. 54, debe, entre otros requisitos, ser aprobada por: Mayoría simple de las Cortes de Castilla-La Mancha y la aprobación de las Cortes Generales mediante Ley Orgánica. Mayoría de tres quintos de las Cortes de Castilla-La Mancha y la aprobación de las Cortes Generales mediante Ley Ordinaria. Mayoría absoluta de las Cortes de Castilla-La Mancha y la aprobación de las Cortes Generales mediante Ley Orgánica. Mayoría absoluta de las Cortes de Castilla-La Mancha y la aprobación de las Cortes Generales mediante Ley Ordinaria.
Según art. 8 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, ¿Cuáles son los órganos de la Junta de Comunidades? Las Cortes de Castilla-La Mancha y el Consejo de Gobierno. El Presidente de la Junta, el Consejo de Gobierno y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Las Cortes de Castilla-La Mancha, el Consejo de Gobierno y la Sindicatura de Cuentas. Las Cortes de Castilla-La Mancha, el Presidente de la Junta y el Consejo de Gobierno.
Las funciones de Secretaría del Consejo de Gobierno, en función de lo establecido en el art. 2 del Decreto 56/2019, de 7 de julio, por el que se establece la estructura de la Administración Regional, las asume: El Consejero de Sanidad La persona titular de la Vicepresidencia El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas El Consejero de Desarrollo Sostenible.
En la Administración Regional de Castilla-La Mancha, son órganos directivos de la Administración de la Junta de Castilla-La Mancha según el art. 31 de la Ley 11/2003 del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha los: Los Consejeros. Los vicepresidentes. Los Secretarios Generales. Los Viceconsejeros.
De conformidad con lo establecido en el art. 5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo, tendrán la consideración de: Ente Público empresarial de asistencia. Organismo interadministrativo colegiado. Órganos colegiados de cooperación. Órganos administrativos.
¿Qué se entiende por comparecencia en sede electrónica a los efectos previstos en el art. 43 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas? Al acceso por el interesado o su representante debidamente identificado al contenido de la notificación en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante, a través de la dirección electrónica habilitada única o mediante ambos sistemas, según disponga cada Administración u Organismo. Al acceso electrónico por el interesado o su representante debidamente identificado al contenido de la notificación, tanto en sede actuante como en las oficinas en las que se prestará asistencia para la presentación electrónica de documentos. Al acceso personal por parte del interesado o su representante en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante, mediante comprobación del envío de la notificación independientemente de si accede o no al contenido de la misma. La comparecencia en sede electrónica solo está prevista para aquellos supuestos en los que el interesado sea una persona jurídica.
De acuerdo con lo establecido en el art. 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: Todos los actos que dicta un órgano en uso de sus competencias. Los actos que admitan cualquier tipo de prueba propuesta por el interesado. Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. Los actos que resuelvan cualquier procedimiento, excepto los procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos.
Se entiende por expediente administrativo, según lo dispuesto en el art. 70 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: El conjunto ordenado de documentos, resúmenes y comunicaciones internas que sirven de antecedente y fundamento a la instrucción del procedimiento, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla. El conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla. El conjunto ordenado de documentos y juicios de valor emitidos por las Administraciones Públicas que sirven de fundamento a la instrucción del procedimiento, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla. El conjunto ordenado de documentos, ficheros, borradores, comunicaciones y toda aquella documentación que haya servido de antecedente y fundamento a la resolución administrativa.
¿Cuándo producen efectos, según el art. 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos administrativos? Inmediatamente o desde la fecha en que se dicten, con arreglo a lo dispuesto en sus normas reguladoras. Inmediatamente con arreglo a 10 dispuesto en sus normas reguladoras. Desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. Inmediatamente con arreglo a lo dispuesto en la LPAC.
Según lo dispuesto en el art. 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados se consideran: Válidos. Nulos de pleno derecho. Anulables. Irregulares.
Las Administraciones Públicas, según se dispone en el art. 107 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, podrán impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo los actos favorables para los interesados que sean anulables conforme a lo dispuesto en el art. 48, previa su declaración de lesividad para el interés público. La declaración de lesividad no podrá adoptarse: Una vez transcurridos un año desde que se dictó el acto administrativo. Una vez transcurridos dos años desde que se dictó el acto administrativo. Una vez transcurridos tres años desde que se dictó el acto administrativo. Una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo.
De conformidad con el art. 12 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, los contratos típicos o nominados son: Los de obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministros y servicios. Los de obras, concesión de obras, gestión de servicios públicos, suministros y servicios. Los de obras, concesión de obras, colaboración público privada, concesión de servicios, suministros y servicios. Los de obras, servicios y suministros.
La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, dispone en su art. 132 que los órganos de contratación ajustaran su actuación a los principios de: Eficiencia y no publicidad. Productividad y eficiencia Transparencia y proporcionalidad. Seguridad y claridad normativa.
De acuerdo con lo establecido en el art. 49 del Decreto 21/2008, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, el pago de la subvención: Se realizará previa justificación, por el beneficiario, y en la parte proporcional a la cuantía de la subvención justificada, del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió. Se realizará sin la justificación por el beneficiario. Se realiza en el momento de la presentación de la solicitud de la subvención. Se realizará previa justificación, por el beneficiario, y en la cuantía total en todo caso.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 12 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público en Castilla-La Mancha, en relación con el personal eventual: En la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha no se contempla la existencia del personal eventual. Al personal eventual le es aplicable el régimen general del personal funcionario de carrera únicamente en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición. La condición de personal eventual constituye mérito para el acceso al empleo público o para la promoción interna. El personal eventual será nombrado con carácter permanente, realizando las funciones del personal funcionario de carrera únicamente en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición.
Según se establece en el art. 38 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público en Castilla-La Mancha, los requisitos para poder participar en un proceso selectivo deben poseerse: En el día de la finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta la toma de posesión o la formalización del contrato. En el día de la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) de la lista definitiva de aprobados y mantenerse hasta la toma de posesión o la formalización del contrato. En el día de la toma de posesión. En el día que comience el plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta la toma de posesión o la formalización del contrato.
De conformidad con el art. 46 de la Ley 4/2011, de 1 O de marzo, del Empleo Público en Castilla-La Mancha, la valoración total de los méritos en la fase de concurso no puede exceder del: Siete por ciento de la puntuación total del proceso selectivo. Diez por ciento de la puntuación total del proceso selectivo. Quince por ciento de la puntuación total del proceso selectivo. Veinticinco por ciento de la puntuación total del proceso selectivo.
De acuerdo con el art. 8 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los empleados públicos se clasifican en: Funcionarios de carrera, funcionarios interinos y personal eventual. Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal y personal eventual. Funcionarios de carrera, funcionarios interinos y personal laboral ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal. Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral y habilitados nacionales.
Según dispone el art. 14 del Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre de 2002, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, la gestión económica y financiera del sector público de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha queda sometida al control interno, que se realizará por: La Sindicatura de Cuentas Regional. La Intervención General. La Tesorería General. El Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha.
La gestión del Presupuesto de gastos se realiza, según lo dispuesto en el art. 58 del Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre de 2002, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, a través de las fases de: Aprobación de gasto, reconocimiento del gasto, y extinción de la obligación. Aprobación de la obligación, compromiso de gasto y extinción de la obligación. Aprobación de gasto, compromiso de gasto, reconocimiento de la obligación y extinción de la obligación. Aprobación de gasto y extinción de la obligación, exclusivamente.
De conformidad con los principios éticos recogidos en el art. 53 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los empleados públicos: Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia, y vigilarán la consecución del interés general con independencia del cumplimiento de los objetivos de la organización. Guardarán secreto de las materias cuya difusión esté prohibida legalmente, pero no en las materias clasificadas, pudiendo en todo caso hacer uso de la información que conozcan por razón de su cargo en cumplimiento del principio de eficiencia. Su conducta se basará en el respeto de los derechos fundamentales y algunas de las libertades públicas. No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada, por parte de personas físicas o entidades privadas.
Según se establece en el art. 5 de la Ley 12/2010, de 18 de noviembre, Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha, se entenderá por participación equilibrada la presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto a que se refiera, las personas de cada sexo: No superen el 90 por ciento. No superen el 80 por ciento ni sean menos del 70 por ciento. Sean el 50 por ciento en todo caso. No superen el 60 por ciento ni sean menos del 40 por ciento.
Según se establece en el art. 6 de la Ley 12/2010, de 18 de noviembre, Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha, el resultado de aplicar la perspectiva de género a una actuación normativa se denomina: Informe de impacto de género Informe de control de género Memoria política de igualdad equilibrada e impacto de género Plan de impacto de igualdad.
De acuerdo a lo establecido en el art. 3 de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, se consideran datos abiertos: A los datos que están en formatos legibles por máquina y reutilizables que cualquiera es libre de utilizar, reutilizar y redistribuir, sin límite alguno. A los datos que están en formatos legibles por máquina y reutilizables que cualquiera es libre de utilizar, reutilizar y redistribuir, con el único límite, en su caso, del requisito de atribución de su fuente o reconocimiento de su autoría. A los datos que están en formatos legibles por máquina y reutilizables por cualquiera que obtenga la correspondiente autorización administrativa, previo pago de las tasas, podrán ser libremente utilizados y reutilizados, pero en ningún caso redistribuidos. A los datos que están en formatos legibles por máquina y reutilizables que cualquiera es libre de utilizar, reutilizar y redistribuir, bajo su responsabilidad, y sin que en ningún caso se haga pública la fuente o la autoría de los datos.
Según lo establecido en la disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, cuando sea necesaria la publicación de un acto administrativo que contuviese datos personales del afectado: Se identificará al afectado exclusivamente mediante el número completo de su documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o documento equivalente, sin aportar ningún dato más que pudiera dar lugar a una vulneración de los derechos del afectado. Cada Administración Pública, organismo público y entidad de derecho público vinculada o dependiente de las Administraciones Públicas podrá adoptar las medidas que considere adecuadas para la efectiva notificación de los actos y disposiciones. Se identificará al mismo mediante su nombre y apellidos, añadiendo cuatro cifras numéricas aleatorias del documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o documento equivalente, debiendo alternarse estas cifras aleatorias cuando la publicación se refiera a una pluralidad de afectados. Se identificará al afectado mediante su nombre, apellidos y el número completo de su documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o documento equivalente, actuándose de la misma forma cuando la publicación se refiera a una pluralidad de afectados.
Según se establece en el art. 22 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en los tratamientos con fines de videovigilancia, los datos serán suprimidos en el plazo máximo de: 24 horas desde su captación, salvo cuando hubieran de ser conservados para acreditar la comisión de actos que atenten contra la integridad de personas, bienes o instalaciones. 10 días desde su captación, salvo cuando hubieran de ser conservados para acreditar la comisión de actos que atenten contra la integridad de personas, bienes o instalaciones. 15 días desde su captación, salvo cuando hubieran de ser conservados para acreditar la comisión de actos que atenten contra la integridad de personas, bienes o instalaciones. 1 mes desde su captación, salvo cuando hubieran de ser conservados para acreditar la comisión de actos que atenten contra la integridad de personas, bienes o instalaciones.
El art. 20 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que tendrán la consideración de ciudadano de la Unión Europea: Toda persona que ostente la nacionalidad de un Estado miembro. Toda persona que tenga residencia legal en un Estado miembro. Las personas que entren legalmente en la Unión Europea. Las personas que tengan nacionalidad de hecho en un Estado miembro durante al menos 2 años.
Según lo dispuesto en el art. 3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la Unión dispondrá de competencia exclusiva en el ámbito de: La conservación de los recursos biológicos marinos. La salud pública. La protección civil. La agricultura.
El derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo, establecido en el art. 45.1 de la Constitución: Es un derecho fundamental. Es un derecho individual. Es un principio rector de la política social y económica. Es una libertad fundamental.
Conforme a lo dispuesto en el art. 113 de la Constitución española, la moción de censura debe ser: Votada en sesión conjunta por el pleno del Congreso y del Senado. Votada en los cuatro días siguientes al de su presentación. Propuesta, al menos, por la mitad más uno de los Diputados. Propuesta, al menos, por la décima parte de los Diputados e incluir un candidato a la Presidencia del
Gobierno.
Según se dispone en el art. 81 de la Constitución española, las leyes orgánicas: Para su aprobación, modificación o derogación se requerirá mayoría absoluta de las Cortes Generales. Tiene por objeto la formación de un texto refundido. Delimitarán con precisión el objeto y alcance de la delegación legislativa y los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio. Son las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas.
La Constitución española dispone en su art. 159 que el Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos: Tres a propuesta del Congreso; tres a propuesta del Senado; tres a propuesta del Gobierno, y tres a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Cuatro a propuesta del Congreso; dos a propuesta del Senado; tres a propuesta del Gobierno, y tres a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Cuatro a propuesta del Congreso; cuatro a propuesta del Senado; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Tres a propuesta del Congreso; tres a propuesta del Senado; dos a propuesta del Gobierno, y cuatro a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
Según establece el art. 14 de la Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Castilla- La Mancha, el Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Ostenta la superior representación de la región, así como la ordinaria del Estado en la misma. Solo ostenta la superior representación de la región. Ostenta la superior representación del Estado en la región y además, la ordinaria de la región. No ostenta representación del Estado en la región.
Conforme a lo dispuesto en el art. 8 la Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Castilla- La Mancha, los poderes de la Región se ejercen a través de: El Consejo de Gobierno. El Presidente de la Junta. Las Cortes de Castilla-La Mancha. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
La Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha, según lo dispuesto en el art. 31 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, asume las competencias con carácter exclusivo en materia de: Asociaciones. Régimen local. Espectáculos públicos. Ordenación farmacéutica.
Conforme a lo dispuesto en el art. 30 de la Ley 11/2003, de 10 de agosto, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, son órganos de asistencia política y técnica a los miembros del Consejo de Gobierno: Los Directores Generales. Los Gabinetes. Los Secretarios Generales. Los Delegados Provinciales de la Junta de Comunidades.
De acuerdo con lo establecido en el art. 14 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el órgano administrativo que se estime incompetente para la resolución de un asunto: Podrá archivar las actuaciones realizadas. Remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere competente, debiendo notificar esta circunstancia a los interesados. En todo caso, debe dictar resolución de archivo de actuaciones. Remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere competente, sin el deber de notificar esta circunstancia a los interesados.
Según dispone el art. 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ¿Cuándo se entienden rechazadas las notificaciones por medios electrónicos que sean de carácter obligatorio? A partir del día siguiente desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. En el momento en que se produzca la ratificación de rechazo de su contenido. En el momento en que quede constancia por parte de la Administración u Organismo actuante del rechazo o borrado de su contenido. Cuando hayan transcurrido 10 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
De acuerdo con lo establecido en el art. 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento, sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al procedimiento: Se podrá interponer recurso de alzada. Se podrá interponer recurso extraordinario de revisión. Se podrá interponer recurso potestativo de reposición. No cabrá recurso alguno.
¿Puede demorarse la eficacia de los actos administrativos, según lo establecido en el art. 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas? No, dado que producen efectos inmediatamente con arreglo a lo dispuesto en sus normas reguladoras. Sí, cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior. Sí, cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación posterior. No cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación posterior.
Según lo dispuesto en el art. 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ponen fin a la vía administrativa: La resolución de los procedimientos sancionadores. La resolución de los procedimientos complementarios en materia sancionadora. Los actos de trámite cualificados. La recusación promovida por el interesado en cualquier momento de la tramitación de un procedimiento, desde que ésta se plantee.
Según lo dispuesto en el art. 13 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, en relación con la suplencia: La suplencia implicará alteración de la competencia y para su validez será necesaria su publicación. Los titulares de los órganos administrativos podrán ser suplidos únicamente y de forma permanentemente en los supuestos de vacante. La suplencia no implicará alteración de la competencia y para su validez no será necesaria su publicación. Los titulares de los órganos administrativos podrán ser suplidos únicamente y de forma temporal en los casos en que haya sido declarada su abstención o recusación, pero no en caso de ausencia.
El art. 1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que la misma tiene por objeto: Establecer y regular las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas. Establecer y regular los principios del sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas y de la potestad sancionadora. Regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos. Establece y regula la organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y de su sector público institucional.
Según establece el art. 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el recurso de alzada podrá interponerse: Ante el superior jerárquico del órgano que dictó el acto. Ante el Tribunal contencioso competente. Ante el órgano que dictó el acto. Indistintamente, ante el órgano que dictó el acto o el superior jerárquico que deba decidirlo.
Según establece el art. 162 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el órgano de contratación señalará el número mínimo de empresarios a los que invitará a participar en un procedimiento restringido, que no podrá ser inferior a: Tres. Cinco. Siete. Diez.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 29.8 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los contratos menores no podrán tener una duración superior a: Tres meses. Seis meses. Un año. Dos años.
Conforme al art. 22 del Decreto 21/2008, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, el procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará, mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas se denomina: Simplificado de concurrencia. Concurrencia competitiva. De concesión directa. Concesión nominativa.
Según establece el art. 23 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público en Castilla-La Mancha, el instrumento técnico a través del cual las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha se ordenan sus puestos de trabajo, de acuerdo con las necesidades del servicio se determinan: La relación de puestos de trabajo. Los planes de recursos humanos. La oferta pública de empleo. El Portal del Empleado Público.
El art. 19 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público en Castilla-La Mancha, dispone respecto de la Oferta de Empleo Público que: La ejecución total de la oferta de empleo público debe desarrollarse en el plazo improrrogable de tres años, contados a partir del día siguiente al de su convocatoria. La ejecución total de la oferta de empleo público debe desarrollarse en el plazo improrrogable de dos años, contados a partir del día siguiente al de su convocatoria. La ejecución total de la oferta de empleo público debe desarrollarse en el plazo improrrogable de tres años, contados a partir del día siguiente al de su publicación. La ejecución total de la oferta de empleo público debe desarrollarse en el plazo improrrogable de dos años, contados a partir del día siguiente al de su publicación.
El art. 60 de del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, establece respecto de los órganos de selección que: Serán colegiados o unipersonales y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad objetividad de sus miembros, pudiendo formar parte delos mismos cualquier empleado público. Serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de parcialidad y subjetividad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre. Serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre. Serán en todo caso unipersonales y deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros.
El art. 13 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público en Castilla-La Mancha, dispone respecto del personal directivo profesional que: La función directiva profesional incluye la dirección, coordinación, evaluación, pudiendo ser sometido a la rendición periódica de cuentas, en virtud de la potestad discrecional de su superior jerárquico. La función directiva profesional incluye la dirección, coordinación, evaluación y mejora de los servicios, recursos o programas presupuestarios asignados, así como la rendición periódica de cuentas. La función directiva profesional no incluye la dirección, coordinación, evaluación ni mejora de los servicios, sino únicamente la gestión de recursos o programas presupuestarios. Los puestos reservados a dirección pública profesional no pueden ser desempeñados por funcionarios de carrera.
Según el art. 42 del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, Decreto Legislativo 1/2002 , el proyecto de Ley de Presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se deberá remitir a las Cortes de Castilla-La Mancha: Antes del 30 de septiembre del año anterior al que se refiera dicho proyecto Antes del 1 de octubre del año anterior al que se refiera dicho proyecto Antes del 31 de diciembre del año anterior al que se refiera el proyecto. En cualquier momento, una vez aprobado el anteproyecto por el Consejo Gobierno.
El art. 18 del Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre de 2002, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, tienen naturaleza pública los derechos de la Hacienda Pública de Castilla-La Mancha: Los rendimientos o productos derivados del patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Que resulten de relaciones y situaciones jurídicas que le correspondan como titular de potestades públicas. Las adquisiciones a título de herencia, legado o donación. La Hacienda Pública de Castilla-La Mancha no tiene derechos de naturaleza pública.
De conformidad con los principios de conducta recogidos en el art. 54 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los empleados públicos: Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, incluso cuando constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico. Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia, y vigilarán la consecución del interés general con independencia del cumplimiento de los objetivos de la organización. Guardarán secreto de las materias cuya difusión esté prohibida legalmente, pero no en las materias clasificadas, pudiendo en todo caso hacer uso de la información que conozcan por razón de su cargo en cumplimiento del principio de eficiencia Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal.
Según se establece en el art. 6 de la LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, cuando una disposición aparentemente neutra, pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, sin que pueda justificarse objetivamente, hablamos de una: Discriminación directa. Discriminación indirecta. Discriminación disposicional. No existe discriminación.
El art. 53 de la Ley 12/2010, de 18 de noviembre, Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha, cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo, constituye: Acoso machista. Acoso sexual. Acoso por razón de sexo. Acoso laboral.
De acuerdo a lo establecido en el art. 3 de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, se considera publicidad activa: La obligación, en los términos previstos en las leyes y reglamentos, de difundir de forma permanente, veraz y subjetiva la información que resulte de necesaria para garantizar la transparencia de la actividad pública. La obligación, en los términos previstos en la ley, de difundir de forma permanente, veraz y objetiva la información que resulte de relevancia para garantizar la transparencia de la actividad pública. La obligación, en los términos previstos en la ley, de difundir de forma discontinua, veraz y objetiva la información que resulte de relevancia para garantizar la transparencia del gobierno y de la ciudadanía. La Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha obligación, no define la publicidad activa.
Según lo dispuesto en el art. 13 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el derecho de acceso se entenderá otorgado si el responsable del tratamiento facilitara al afectado un sistema de acceso remoto, directo y seguro a los datos personales que garantice: De modo temporal, su acceso parcial. De modo temporal, el acceso a su totalidad. De modo permanente, su acceso parcial. De modo permanente, el acceso a su totalidad.
El art. 7 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales establece que el tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea: Mayor de 13 años. Mayor de 14 años. Mayor de 16 años. Mayor de 17 años.
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