Señala la respuesta FALSA en relación con el artículo 22 de la Constitución española de 1978: Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales Las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada Las asociaciones constituidas al amparo del mencionado artículo deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter militar.
De conformidad con el artículo 16 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, no tienen la consideración de contratos de suministro: Los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles. Los contratos relativos a propiedades incorporales o valores negociables. Los que tengan por objeto la adquisición de energía primaria o energía transformada.
Aquellos en los que el empresario se obligue a entregar una pluralidad de bienes de forma sucesiva y por precio unitario sin que la cuantía total se defina con exactitud al tiempo de celebrar el contrato, por estar subordinadas las entregas a las necesidades del adquirente.
De conformidad con el artículo 160 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en el procedimiento restringido: Todo empresario interesado podrá presentar una proposición. Cualquier empresa interesada podrá presentar una solicitud de participación en respuesta a una convocatoria de licitación. Se permite, en ciertos casos, la negociación de los términos del contrato con los solicitantes o candidatos. Es un procedimiento poco adecuado cuando se trata de servicios intelectuales de especial complejidad.
Según el artículo 48 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia:
En las ofertas de empleo público se reservará un porcentaje no inferior al siete por ciento de las plazas convocadas para ser cubiertas entre personas con discapacidad, siempre que superen las pruebas selectivas y acrediten su discapacidad y la compatibilidad de esta con el desempeño de las tareas y funciones, de forma que progresivamente se alcance el cinco por ciento de los efectivos totales de cada Administración pública incluida en el ámbito de aplicación de la presente ley. La reserva del mínimo del siete por ciento se realizará de manera que, al menos el tres por ciento de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual, y el resto de las plazas ofertadas lo sea para personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad. Si las plazas reservadas y que fueron cubiertas por las personas con discapacidad no alcanzasen el porcentaje del tres por ciento de las plazas convocadas en la correspondiente oferta de empleo público, las plazas no cubiertas del número total de las reservadas se acumularán al porcentaje del siete por ciento de la oferta siguiente, con un límite máximo del diez por ciento. La oferta de empleo público podrá contener medidas derivadas de la planificación de recursos humanos.
Según el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: Los miembros del órgano colegiado deberán participar en el despacho de los asuntos y autorizar las actas de las sesiones. Cuando estuvieran reunidos, de manera presencial o a distancia, el Secretario y todos los miembros del órgano colegiado, o en su caso las personas que les suplan, éstos podrán constituirse válidamente como órgano colegiado para la celebración de sesiones, deliberaciones y adopción de acuerdos sin necesidad de convocatoria previa cuando así lo decidan todos sus miembros. Sólo podrán abstenerse en las votaciones quienes por su cualidad de autoridades o personal al servicio de las Administraciones Públicas, tengan la condición de miembros natos de órganos colegiados, en virtud del cargo que desempeñan. Los miembros de un órgano colegiado podrán atribuirse las funciones de representación reconocidas a éste, salvo que expresamente se les hayan prohibido por una norma o por acuerdo válidamente adoptado por el órgano.
De acuerdo con el artículo 17 de la Ley 1/1983, de 22 de febrero, reguladora de la Xunta y de su Presidencia: El candidato deberá en primera votación obtener mayoría cualificada; de no obtenerla, se procederá a una nueva votación veinticuatro horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviera mayoría simple. Si transcurriera un mes a partir de la primera votación de investidura sin que ningún candidato propuesto hubiere obtenido la confianza del Parlamento, éste quedará disuelto y se procederá a la convocatoria de nuevas elecciones. El candidato deberá en primera votación obtener mayoría absoluta; de no obtenerla, se procederá a una nueva votación veinticuatro horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviera mayoría simple. El candidato deberá en primera votación obtener mayoría absoluta; de no obtenerla, se procederá a una nueva votación cuarenta y ocho horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviera mayoría simple.
El artículo 171 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia, establece que, en relación con la situación administrativa de servicio en otras administraciones públicas: El tiempo de servicio prestado en la Administración pública en la que el personal funcionario esté destinado no se computa como de servicio activo en su cuerpo o escala de origen. En los supuestos de remoción o supresión del puesto de trabajo obtenido por concurso, el personal funcionario en la situación de servicio en otras administraciones públicas permanecerá en la Administración de destino. En el supuesto de cese en el puesto obtenido por libre designación, la Administración de destino, en el plazo máximo de un mes, acordará necesariamente la adscripción del personal funcionario en la situación de servicio en otras administraciones públicas a otro puesto. El personal funcionario de carrera en la situación de servicio en otras administraciones públicas se rige por la legislación de la Administración de origen.
Según el artículo 12 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: Los titulares de los órganos administrativos no podrán, en materias de su competencia que ostenten por delegación de competencias, delegar la firma de sus resoluciones y actos administrativos en los titulares de los órganos o unidades administrativas que de ellos dependan. La delegación de firma no alterará la competencia del órgano delegante y para su validez será necesaria su publicación. En las resoluciones y actos que se firmen por delegación se hará constar esta circunstancia y la autoridad de procedencia. Los titulares de los órganos administrativos podrán delegar la firma temporalmente en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, así como en los casos en que haya sido declarada su abstención o recusación.
Señala la respuesta FALSA en relación con el artículo 102 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014: Los contratos del sector público tendrán siempre un precio cierto, que se abonará al contratista en función de la prestación realmente ejecutada y de acuerdo con lo pactado. Los órganos de contratación cuidarán de que el precio sea adecuado para el efectivo cumplimiento del contrato mediante la correcta estimación de su importe. No podrá preverse que el precio sea satisfecho en moneda distinta del euro. En aquellos servicios en los que el coste económico principal sean los costes laborales, deberán considerarse los términos económicos de los convenios colectivos sectoriales, nacionales, autonómicos y provinciales aplicables en el lugar de prestación de los servicios.
Según el artículo 25 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, tendrán carácter administrativo, siempre que se celebren por una Administración Pública, los contratos
siguientes: Los contratos de obra, suscripción a revistas y suministro. Aquellos cuyo objeto sea la suscripción a publicaciones periódicas y bases de datos. Los contratos de obra, concesión de obra, concesión de servicios, suministro y servicios. Los celebrados por entidades del sector público que siendo poder adjudicador no reúnan la condición de Administraciones Públicas.
Según el artículo 6 del Decreto legislativo 2/2015, de 12 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de igualdad, la Comisión Interdepartamental de Igualdad: Le corresponde la interlocución con la Xunta de Galicia a través de la consellería competente en materia de trabajo y del órgano superior de la Administración general de la Comunidad Autónoma competente en materia de igualdad, proponiendo, en su caso, la adopción de medidas relacionadas con la igualdad de oportunidades en el ámbito del empleo y de las relaciones laborales. Es el órgano colegiado e institucional de Galicia, de carácter consultivo, de participación y asesoramiento en materia de políticas de igualdad. Le corresponde la elaboración de estudios, informes o consultas en el ámbito de empleo de las relaciones laborales que le sean solicitados por la Xunta de Galicia, a través de la consellería competente en materia de trabajo o del órgano superior de la Administración general de la Comunidad Autónoma competente en materia de igualdad o que, por su propia iniciativa, acuerde elaborar. Es el órgano colegiado e institucional de Galicia, al que corresponden, entre otras, las funciones de seguimiento de la aplicación de la Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género y de los correspondientes planes para la igualdad de oportunidades y de lucha contra la violencia de género.
En relación con el concurso específico regulado en el artículo 91 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia, señala la respuesta FALSA: El concurso específico se aplicará como sistema de provisión para aquellos puestos de trabajo para los que, por sus peculiaridades, así se determine en la relación de puestos de trabajo. Las jefaturas de servicio o puestos de nivel equivalente se proveerán por este sistema, salvo aquellos que, por sus especiales características, deban proveerse por el sistema de libre designación, con convocatoria pública. La valoración global de los méritos, generales y específicos, supondrá como mínimo el sesenta por ciento de la puntuación máxima alcanzable. Para participar en los concursos específicos regulados en este artículo es requisito necesario una antigüedad mínima de tres años como personal funcionario de carrera.
El artículo 107.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, establece que en las licitaciones de los contratos que celebran las Administraciones Públicas, los licitadores que presenten las mejores ofertas deberán constituir, a disposición del órgano de contratación, una garantía definitiva de: Un 5 por cien del precio final ofertado, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. Un 5 por cien del precio final ofertado, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. Un 5 por cien del presupuesto base de licitación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. Un 5 por cien del presupuesto base de licitación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
Según el artículo 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en el procedimiento de revisión de disposiciones y actos nulos, cuando éste se inicia de oficio, ¿el transcurso de qué plazo desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo? A los 3 meses. A los 6 meses. A los 12 meses. No caduca nunca el procedimiento de revisión de disposiciones y actos nulos iniciados de oficio.
Según el artículo 80 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la libre designación con convocatoria pública:
del órgano competente para su nombramiento. Consiste en la apreciación reglada por el órgano competente de la idoneidad de los candidatos en relación con los requisitos exigidos para el desempeño del puesto. Los titulares de los puestos de trabajo provistos por el procedimiento de libre designación con convocatoria pública serán cesados una vez que cese el titular Consiste en la apreciación discrecional por el órgano competente de la idoneidad de los candidatos en relación con los requisitos exigidos para el desempeño del puesto. Los puestos de responsabilidad y confianza siempre se cubrirán por el procedimiento de libre designación.
¿En qué artículo de la Constitución española de 1978 se dice que el Rey sancionará en el plazo de quince días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación? 64.3 91 92.1 58.
El artículo 158 de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, establece que, en relación con la adjudicación: Cuando el único criterio para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del precio, la adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de quince días a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones. Si la proposición se contuviera en más de un sobre o archivo electrónico, de tal forma que estos deban abrirse en varios actos independientes, el plazo de adjudicación se computará desde el último acto de apertura del sobre o archivo electrónico que contenga una parte de la proposición. Cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, o utilizándose un único criterio sea este el del menor coste del ciclo de vida, el plazo máximo para efectuar la adjudicación será de tres meses a contar desde la apertura de las proposiciones. De no producirse la adjudicación dentro de los plazos establecidos, los licitadores tendrán derecho a retirar su proposición, pero no a la devolución de la garantía provisional, de existir esta.
Según el artículo 18 de la Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, de Estatuto de autonomía para Galicia, el Presidente y los demás miembros de la Xunta: Durante su mandato y por los actos delictivos cometidos en el territorio de Galicia, no podrán ser detenidos ni retenidos en caso de flagrante delito. Corresponde en todos los casos decidir sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio al Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Durante su mandato y por los actos delictivos cometidos en el territorio de Galicia, no podrán ser detenidos ni retenidos sino en caso de flagrante delito. Durante su mandato, y por los actos delictivos cometidos fuera del territorio de Galicia, no podrán ser detenidos ni retenidos en caso de flagrante delito, y la responsabilidad penal será exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
Según el artículo 8 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo tiene la siguiente función: Elaborar los informes solicitados por los Juzgados de lo Social en las demandas deducidas ante los mismos en los procedimientos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Comprobar y favorecer el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los servicios de prevención establecidos en la Ley. Apoyo técnico especializado en materia de certificación, ensayo y acreditación. Vigilar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, así como de las normas jurídico-técnicas que incidan en las condiciones de trabajo en materia de prevención.
De conformidad con el artículo 39.5 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿cuántos representantes le corresponden a cada Junta de Personal si el número de funcionarios de la Unidad Electoral correspondiente está entre 251 e 500? 13 23 11 21.
Según el artículo 10.1 de Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, de Estatuto de autonomía para Galicia, es una función del Parlamento de Galicia: Delegar la potestad legislativa en la Xunta, en los términos que establecen los artículos 85, 86 y 87 de la Constitución para el supuesto de la delegación legislativa de las Cortes Generales al Gobierno. Designar para cada legislatura de las Cortes Generales a los Senadores representantes de la Comunidad Autónoma Gallega, de acuerdo con lo previsto en el artículo cincuenta y nueve, apartado cinco, de la Constitución. Solicitar del Gobierno la adopción de proyectos de Ley y presentar ante la Mesa del Congreso de los Diputados proposiciones de Ley. Solicitar del Gobierno la adopción de proposiciones de Ley y presentar ante la Mesa del Congreso de los Diputados proyectos de Ley.
En relación con la moción de censura y conforme al artículo 113 de la Constitución española de 1978, señala la respuesta correcta: El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría simple de la moción de censura. La moción de censura deberá ser propuesta al menos por la décima parte de los Diputados, y habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno. Si la moción de censura no fuere aprobada por el Congreso, sus signatarios podrán presentar otra durante el mismo período de sesiones. La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran cinco días desde su presentación. En los tres primeros días de dicho plazo podrán presentarse mociones alternativas.
Según el artículo 87 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del empleado público, un funcionario de carrera que sea designado para formar parte como personal eventual para puestos de trabajo con funciones expresamente calificadas de confianza o asesoramiento político será declarado en la siguiente situación administrativa: Excedencia voluntaria por interés particular Excedencia forzosa Servicios especiales Servicio en otras administraciones públicas.
Según el artículo 36.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, para la exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas y, en su caso, para su cuantificación, se instruirá expediente que deberá contar con el siguiente trámite: Práctica de las pruebas admitidas y cualesquiera otras que el órgano competente estime oportunas durante un plazo de treinta días. Audiencia durante un plazo de quince días. Formulación de la propuesta de resolución en un plazo de diez días a contar desde la finalización del trámite de audiencia. Alegaciones durante un plazo de quince días.
Según el artículo 27 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el orden jurisdiccional civil será el competente para resolver: De las cuestiones relativas a la preparación y adjudicación de los contratos de entidades del sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores. De las cuestiones relativas a la preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción de los contratos administrativos. De las cuestiones referidas a efectos y extinción de los contratos que celebren las entidades del sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores. Los recursos interpuestos contra las resoluciones que se dicten por los órganos administrativos de resolución del recurso especial en materia de contratación.
Según el artículo 29 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia, tienen la condición de personal eventual: Los puestos que tengan atribuidas funciones que impliquen el ejercicio de autoridad, fe pública o asesoramiento legal. Los puestos que tengan atribuidas funciones que impliquen la realización de tareas de inspección, fiscalización o control. En particular, quedan reservados al personal eventual aquellos puestos con funciones que impliquen la realización de tareas de fiscalización interna y control de la gestión económicofinanciera y presupuestaria. Los puestos que tengan atribuidas funciones que impliquen la realización de tareas de contabilidad y tesorería. Las personas que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, solo realizan funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, retribuidas con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin.
Según el artículo 22.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, el transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender en el siguiente caso: Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la Unión Europea, por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario, y la notificación a la Administración instructora, que deberá serles comunicada. Cuando exista un procedimiento finalizado en el ámbito de la Unión Europea aunque no condicione directamente el contenido de la resolución de que se trate, desde que se tenga constancia de su existencia, lo que deberá ser comunicado a los interesados, hasta que se resuelva, lo que también habrá de ser notificado. Cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta Administración, por el tiempo que medie entre la petición, que deberá comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, que igualmente deberá ser comunicada a los mismos. Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres meses. En caso de no recibirse el informe en el plazo indicado, proseguirá el procedimiento. Cuando se inicien negociaciones con vistas a la conclusión de un pacto o convenio en los términos previstos en el artículo 67 de esta Ley, desde la declaración al respecto y hasta la conclusión, en su caso, de las referidas negociaciones, lo que deberá ser comunicado a los interesados por la Administración.
Según el artículo 107 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, la declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos: Cuatro años desde que se inició el procedimiento administrativo. Seis meses desde que se dictó el acto administrativo. Cuatro años desde que se dictó el acto administrativo. Un año desde que se dictó el acto administrativo.
En relación con el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las administraciones públicas podrán presentarse: En las oficinas de Correos, en la forma que una norma, que necesariamente deberá tener rango de ley, establezca. En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de cualquier país de la Unión Europea en el extranjero. En las oficinas de asistencia en materia de registros. En el registro electrónico de cualquier Corporación Pública o Privada.
Según el artículo 4 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, se entenderá por «equipo de protección individual»: Aquel que, en ausencia de aparatos preventivos específicas, den protección a la seguridad y la salud de los trabajadores que los desarrollan o utilizan. Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo. Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. Los locales, instalaciones, equipos, productos y demás útiles existentes en el centro de trabajo.
Según el artículo 94 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas: Todo interesado podrá renunciar a sus derechos o, cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, desistir de su solicitud. Todo interesado podrá en cualquier momento desistir de su solicitud o renunciar a sus derechos. Todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos. Los interesados directos podrán renunciar a sus derechos hasta que se realice el trámite de audiencia. Una vez producido este, no podrán desistir de su solicitud.
Según el artículo 31.2.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el funcionamiento del registro electrónico se regirá por las siguientes reglas: Permitirá la presentación de documentos durante las veinticuatro horas exclusivamente de los días hábiles. A los efectos del cómputo de plazo fijado en días inhábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación se entenderá realizada en la primera hora del primer día natural siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil. A los efectos del cómputo de plazo, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en el primer día natural siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil. A los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.
Según el artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en el procedimiento abierto simplificado: Deberá constituirse garantía provisional por parte de los licitadores. Las proposiciones podrán presentarse en cualquier registro público de las administraciones Públicas. Todos los licitadores que se presenten a licitaciones realizadas a través de este procedimiento simplificado deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, o cuando proceda, en el Registro Oficial de la correspondiente Comunidad Autónoma, en la fecha final de presentación de ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia. La oferta se presentará en tres sobres cerrados, o en dos sobres en los casos en que se contemplen criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor.
Según el artículo 3.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se consideraran poderes adjudicadores, a los efectos de esta ley: Las corporaciones de derecho público, en todos los casos. Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. Las entidades con personalidad jurídica propia que hayan sido creadas específicamente para satisfacer necesidades de interés general con carácter industrial o mercantil. Cualquier asociación inscrita en un registro público.
De conformidad con el artículo 23 de la Ley 1/2015, de 29 de abril, de empleo público de Galicia, tienen la condición de personal interino: Las personas que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, solo realizan funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial. Las personas que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombradas en tal condición para el desempeño de funciones propias del personal funcionario de carrera. Las personas que, en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, ocupan puestos de trabajo vacantes que se consideran de provisión urgente e inaplazable. Las personas que desarrollan funciones directivas profesionales en las administraciones públicas incluidas en el ámbito de aplicación de la presente ley.
Según el artículo 1.1 de la Constitución española de 1978, España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho: Cuya soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado Que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político Con una bandera formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas Con una Monarquía parlamentaria como forma política del Estado.
Según el artículo 62 de la Constitución española de 1978, ¿puede el Rey presidir los Consejos de Ministros?: En los casos de inhabilitación del Presidente del Gobierno. Siempre que lo desee, comunicándolo a las Cortes. Cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente del Gobierno. En ningún caso.
De conformidad con el artículo 27 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público: Sólo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una disposición de rango reglamentario. Únicamente por la comisión de infracciones administrativas podrán imponerse sanciones que, en todo caso, estarán delimitadas por la Ley. Las normas definidoras de infracciones y sanciones serán susceptibles de aplicación analógica. Las infracciones administrativas se clasificarán por la Ley en dos grados: leves y graves.
Según el artículo 35 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, los documentos en los que se formalicen los contratos que celebren las entidades del sector público, no
podrán incluir: Referencia a la legislación aplicable al contrato. Estipulaciones que establezcan derechos y obligaciones para las partes distintos de los previstos en los pliegos. Los supuestos en que procede la modificación, en su caso. La extensión objetiva y temporal del deber de confidencialidad que, en su caso, se imponga al contratista.
En relación con la ampliación de plazos, el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, establece que: La Administración podrá conceder una ampliación de los plazos que no exceda la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. El acuerdo sobre la ampliación de plazos podrá ser notificado a los interesados. Tanto la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación de los plazos deberán producirse antes del vencimiento del plazo de que se trate, salvo que una razón, debidamente motivada, así lo justifique. Los acuerdos sobre ampliación de plazos o sobre su denegación serán susceptibles de recurso.
Según el artículo 68.6 de la Constitución española de 1978, el Congreso electo deberá ser convocado: Dentro de los treinta días siguientes a la celebración de la elecciones. Dentro de los veinticinco días siguientes a la convocatoria de las elecciones. Dentro de los veinticinco días siguientes a la celebración de las elecciones. Entre los treinta días y sesenta días desde la terminación del mandato.
De conformidad con el artículo 87 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, NO procederá declarar en situación de servicios especiales a un funcionario de carrera: Cuando sea designado para formar parte del Consejo General del Poder Judicial o de los consejos de justicia de las comunidades autónomas. Cuando sea autorizado para realizar una misión por periodo inferior a seis meses en organismos internacionales, gobiernos o entidades públicas extranjeras o en programas de cooperación internacional. Cuando adquieran la condición de funcionarios al servicio de organizaciones internacionales. Cuando sean activados como reservistas voluntarios para prestar servicios en las Fuerzas Armadas.
Según el artículo 40 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia, el personal funcionario incluido en el ámbito de aplicación de esta ley se agrupa en: En subgrupos y grupos. En cuerpos y escalas. En categorías. En cuerpos, escalas y grados.
Según el artículo 21 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo, el empresario estará obligado a:d) Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo. Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad. No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar. Informar de inmediato a su superior jerárquico directo o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.
De acuerdo con el artículo 37 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, queda excluida de la obligatoriedad de la negociación la materia siguiente: La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los funcionarios. La determinación de condiciones de trabajo del personal directivo. Los planes de Previsión Social Complementaria. Los criterios generales de acción social.
Según el artículo 15 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el contrato de concesión de servicios es aquel en cuya virtud se encomienda a título oneroso a una o
varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de un servicio cuya prestación sea de titularidad o competencia: De uno o varios poderes adjudicadores. De una o varias administraciones públicas. De una o varias entidades gestoras. De un ente que pertenezca al sector público.
Según el artículo 16 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de contratos del sector público, los contratos que tengan por objeto la adquisición de energía primaria o energía transformada son: Contratos de concesión de servicios. Contratos de servicios. Contratos de suministro. Contratos excluidos.
De conformidad con el artículo 85 del Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, señala, de entre las siguientes, la situación administrativa en la que puede hallarse un funcionario de carrera: Servicio pasivo. Servicios extraordinarios. Servicio en otras Administraciones Públicas. Vacaciones.
De conformidad con el artículo 106 da Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE: La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores inmediatamente después de la extinción del contrato. En el procedimiento de contratación no procederá la exigencia de garantía provisional, salvo cuando de forma excepcional el órgano de contratación, por motivos de interés público, lo considere necesario y lo justifique motivadamente en el expediente. La garantía provisional se devolverá al licitador seleccionado como adjudicatario cuando haya constituido la garantía definitiva, sin que pueda aplicarse el importe de la garantía provisional a la definitiva. En el caso de división en lotes, la garantía provisional se fijará atendiendo exclusivamente al importe del presupuesto total del contrato.
Según el artículo 48 del Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por lo que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los funcionarios públicos tendrán el siguiente permiso: Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad, tres días naturales cuando el suceso se produzca en la misma localidad, y cinco días naturales cuando sea en distinta localidad. Por traslado de domicilio sin cambio de residencia, dos días. A la reducción de su jornada de trabajo por razones de guarda legal, cuando el funcionario tenga el cuidado directo de algún menor de doce años, de persona mayor que requiera especial dedicación, o de una persona con discapacidad, desempeñe o no actividad retribuida. A solicitar la sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente.
Según el artículo 44 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014: El recurso especial tendrá carácter obligatorio para los recurrentes en los contratos de obras cuyo valor estimado sea superior a tres millones de euros. El recurso especial será potestativo en relación con los procedimientos de adjudicación que se sigan por el trámite de emergencia. El recurso especial tendrá carácter obligatorio en los contratos de suministro y servicios que tenga un valor estimado superior a cien mil euros. Podrá ser objeto de recurso especial la formalización de encargos a medios propios en los casos en que estos no cumplan los requisitos legales.
Según el 116 de la Ley 2/2015, del 29 de abril, de empleo público de Galicia, ¿a qué permiso tendrá derecho el personal funcionario para atender a su cónyuge o pareja de hecho, o a un familiar dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad, en los casos de accidente o enfermedad muy grave? A un permiso de 30 días hábiles. A un permiso con una duración máxima de 30 días hábiles. A un permiso de 30 de días naturales. A un permiso con una duración máxima de 30 días naturales.
Según el artículo 16 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, ¿Cuál de los siguientes no se considera un contrato de suministro? Los contratos que tengan por objeto la adquisición de energía primaria o energía transformada. Los contratos de fabricación, por los que la cosa o cosas que hayan de ser entregadas por el empresario deban ser elaboradas con arreglo a características peculiares fijadas previamente por la entidad contratante, aun cuando esta se obligue a aportar, total o parcialmente, los materiales precisos. Los contratos de adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida. Los contratos que tengan por objeto la adquisición y el arrendamiento de equipos y sistemas de telecomunicaciones o para el tratamiento de la información, sus dispositivos y programas, y la cesión del derecho de uso de estos últimos, en cualquiera de sus modalidades de puesta a disposición.
De conformidad con el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, se consideran interesados en el procedimiento administrativo: Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. Quienes lo promuevan como titulares de intereses individuales o colectivos. Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en cuanto haya recaído resolución definitiva. Cualquier persona con capacidad de obrar que se persone en el procedimiento.
El artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, establece como causa de resolución de los convenios: El acuerdo mayoritario de los firmantes. La resolución administrativa declaratoria de la nulidad del convenio. El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes. Cualquier discrepancia de entidad suficiente entre las partes, aunque no esté prevista expresamente en el documento del convenio.
En relación con la obligación de resolver que recoge el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, señala la respuesta FALSA: El incumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo podrá dar lugar únicamente a la exigencia de responsabilidad disciplinaria. En todo caso, las Administraciones Públicas informarán a los interesados del plazo máximo establecido para la resolución de los procedimientos y para la notificación de los actos que les pongan término, así como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo. En los procedimientos iniciados de oficio, el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa se contará desde la fecha del acuerdo de iniciación. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.
Según el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, es un motivo de abstención: Tener parentesco de afinidad dentro del tercer grado con cualquiera de los interesados. Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate. Tener relación de amistad con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto. Haberle prestado a algún interesado, hace cuatro años, servicios profesionales de cualquier tipo.
Según el artículo 23 del Estatuto de Autonomía de Galicia, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia será nombrado: Por el presidente de la Xunta a propuesta del Parlamento de Galicia. Por el presidente de la Xunta a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Por el Rey a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Por el presidente del Gobierno a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
|
