TEST 1

DERECHO ADMINISTRATIVO II : Contencioso Administrativo y Contratos del Sector Publico TEMA 1 1.Un país organiza su control administrativo excluyendo totalmente al Poder Judicial ordinario y creando tribunales administrativos propios. Este modelo corresponde al sistema: a) Judicial puro, con intervención exclusiva del Poder Judicial ordinario. b) Administrativo o francés, con exclusión del Poder Judicial ordinario. c) Mixto, con compartición de competencias entre jueces ordinarios y tribunales administrativos. d) De autotutela, con control ejercido únicamente por órganos administrativos no jurisdiccionales.

2.El recurso de casación ante el Tribunal Supremo tiene por objeto: a) Revisar los hechos probados en la instancia y practicar nueva prueba. b) Formar jurisprudencia y unificar la interpretación del ordenamiento jurídico. c) Conocer de cualquier recurso contra sentencias de los TSJ sin limitación. d) Sustituir al recurso de apelación cuando este no proceda.

3.La protección urgente de derechos fundamentales frente a la Administración se tramita por el procedimiento: a) Ordinario, con los plazos generales establecidos en la LJCA. b) Especial y sumario de protección de derechos fundamentales (arts. 114-122 LJCA). c) De lesividad, cuando la Administración vulnera derechos de terceros. d) Abreviado, aplicable a todas las materias sin distinción.

4.El particular que recurre un acto administrativo debe tener un interés legítimo afectado. Esto es la: a) Capacidad procesal, referida a la aptitud para comparecer válidamente en juicio. b) Legitimación activa, que exige un interés legítimo en la anulación del acto. c) Postulación procesal, relativa a la necesidad de abogado y procurador. d) Representación legal, referida a quien actúa en nombre de otro.

5.Para determinar qué tribunal es competente, se atiende principalmente a la jerarquía del órgano que dictó el acto. Este es el criterio: a) Material, basado en la materia objeto del litigio. b) Territorial, basado en el lugar donde se produce el acto. c) Orgánico, basado en el rango del órgano autor del acto impugnado. d) Cuantitativo, basado en el valor económico del asunto.

6.El expediente administrativo que la Administración debe remitir al tribunal contiene: a) Solo la resolución impugnada sin documentación adicional. b) Todos los documentos, informes y actuaciones que fundamentaron la decisión administrativa. c) Únicamente los escritos presentados por el interesado durante el procedimiento. d) Exclusivamente el informe jurídico del servicio de lo contencioso de la Administración.

7.El artículo 106.1 de la Constitución atribuye a los tribunales el control de: a) Exclusivamente la potestad reglamentaria de la Administración General del Estado. b) Únicamente la legalidad de la actuación administrativa sin incluir reglamentos. c) La potestad reglamentaria, la legalidad de la actuación administrativa y el sometimiento a los fines. d) Solo el sometimiento de la Administración a sus fines, sin control de potestades normativas.

8.La Jurisdicción Contencioso-Administrativa tiene como misión principal: a) Dictar sentencias en materia civil cuando intervienen entes públicos como parte procesal demandada. b) Ejecutar las decisiones administrativas dictadas por órganos de la Administración General del Estado. c) Aprobar nuevas regulaciones administrativas mediante procedimientos de elaboración normativa. d) El control de la legalidad de la actuación de las Administraciones Públicas.

9.En Italia, el criterio que determina si conoce la jurisdicción ordinaria o la administrativa es: a) La jerarquía del órgano administrativo que dicta el acto impugnado. b) La cuantía económica del litigio cuando supera determinados umbrales legales. c) La naturaleza del interés afectado, distinguiendo entre derechos subjetivos e intereses legítimos. d) La antigüedad del acto administrativo desde su publicación oficial o notificación.

10.La norma que regula el procedimiento ante los tribunales contencioso-administrativos es: a) Un reglamento del procedimiento administrativo dictado por el Consejo de Ministros. b) Un Decreto-Ley aprobado por razones de extraordinaria y urgente necesidad. c) Una norma internacional de armonización procesal de la Unión Europea. d) La Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.