j.j
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Título del Test:
 j.j Descripción: administrativo 1.0 |
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La Constitución Española configura la organización territorial del Estado con base en: La descentralización administrativa simple. La autonomía de municipios, provincias y Comunidades Autónomas. La delegación de competencias estatales. Los Estatutos de Autonomía tienen como finalidad principal: Regular la financiación local. Establecer la organización institucional y competencias autonómicas. Desarrollar el procedimiento administrativo. La reforma de los Estatutos de Autonomía exige: Aprobación por decreto. Procedimiento previsto en el propio Estatuto y ley orgánica. Mayoría simple del Parlamento autonómico. El Estatuto de Autonomía de Andalucía reconoce a la Comunidad Autónoma: Soberanía propia. Autonomía política dentro de la Constitución. Independencia legislativa plena. El Presidente de la Junta de Andalucía es elegido por: El Consejo de Gobierno. El Parlamento de Andalucía. El Senado. El Consejo de Gobierno responde políticamente ante: El Tribunal Constitucional. El Parlamento de Andalucía. El Senado. El sometimiento de la Administración a la ley implica: Discrecionalidad absoluta. Actuación conforme al ordenamiento jurídico. Autonomía normativa ilimitada. Los reglamentos administrativos tienen rango: Legal. Constitucional. Inferior a la ley. La costumbre como fuente del Derecho Administrativo tiene carácter: Principal. Preferente. Subsidiario y limitado. Las ordenanzas municipales son aprobadas por: El Alcalde. El Pleno del Ayuntamiento. La Junta de Gobierno. El procedimiento de aprobación de ordenanzas incluye: Solo aprobación definitiva. Información pública y publicación. Registro administrativo. Los bandos municipales se caracterizan por: Rango legal. Carácter ejecutivo y temporal. Necesidad de aprobación plenaria. El término municipal define: El ámbito de competencias. El territorio sobre el que ejerce su autoridad el municipio. La población empadronada. El padrón municipal sirve para: Determinar nacionalidad. Acreditar residencia habitual. Reconocer derechos políticos. El concejo abierto es una forma de gobierno: General. Tradicional en determinados municipios. Obligatoria en todos los casos. Las sesiones del Pleno pueden ser: Siempre secretas. Ordinarias, extraordinarias y extraordinarias urgentes. Solo ordinarias. Las actas recogen: Opiniones personales. Acuerdos adoptados y desarrollo de la sesión. Informes técnicos. El registro de documentos tiene como finalidad: Control político. Garantizar constancia y fecha de entrada o salida. Fiscalización económica. La Ley 39/2015 regula principalmente: El régimen jurídico interno. El procedimiento administrativo común. La contratación pública. La Ley 40/2015 regula: Procedimiento. Régimen jurídico del sector público. Recursos administrativos. Son interesados en un procedimiento administrativo: Solo personas físicas. Quienes puedan resultar afectados por la resolución. Solo Administraciones. El procedimiento administrativo puede iniciarse: Solo a instancia de parte. De oficio o a solicitud del interesado. Solo por denuncia. El silencio administrativo tiene carácter general: Negativo. Positivo, salvo excepción legal. Suspensivo. Los derechos del ciudadano ante la Administración incluyen: Solo información. Acceso a expedientes y obtención de copias. Participación política. El recurso de alzada se interpone ante: El mismo órgano. El órgano superior jerárquico. El juzgado. El recurso potestativo de reposición se interpone: Ante el órgano superior. Ante el mismo órgano que dictó el acto. Directamente ante el juez. La jurisdicción contencioso-administrativa controla: Actos privados. La legalidad de la actuación administrativa. La actividad legislativa. Los contratos administrativos tienen por objeto: Actos normativos. La ejecución de obras, servicios o suministros. Resoluciones administrativas. El expediente de contratación garantiza: Rapidez. Legalidad y transparencia. Discrecionalidad. La adjudicación debe respetar los principios de: Libre designación. Publicidad, concurrencia e igualdad. Antigüedad. La gestión directa de un servicio público implica: Externalización. Prestación por la propia entidad local. Concesión administrativa. La gestión indirecta se realiza mediante: Órganos propios. Concesión u otras formas contractuales. Personal funcionario. El servicio público local persigue: Rentabilidad. Satisfacción de necesidades colectivas. Control político. Los bienes de dominio público se caracterizan por: Enajenabilidad. Inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad. Libre disposición. El uso común de los bienes de dominio público es: Privativo. General y gratuito. Sujeto a licencia. La utilización privativa requiere: Comunicación. Autorización o concesión. Registro. La responsabilidad patrimonial de la Administración es: Subjetiva. Objetiva. Discrecional. Para que exista responsabilidad deben concurrir: Culpa. Daño efectivo, evaluable y antijurídico. Intención. El procedimiento puede iniciarse: Solo de oficio. De oficio o a instancia del interesado. Solo judicialmente. El EBEP regula: Solo funcionarios. El conjunto del personal al servicio de las Administraciones. Solo personal laboral. La Relación de Puestos de Trabajo ordena: Personas. Puestos y sus características. Retribuciones exclusivamente. El acceso al empleo público se rige por: Antigüedad. Igualdad, mérito y capacidad. Libre designación. Los funcionarios tienen derecho a: Inamovilidad absoluta. Carrera profesional y formación. Libre elección de destino. Entre los deberes figura: Neutralidad política. Cumplimiento diligente de las funciones. Disponibilidad permanente. La negociación colectiva se reconoce como: Discrecional. Derecho colectivo. Obligación administrativa. Los ingresos locales se clasifican en: Públicos y privados. Tributarios y no tributarios. Ordinarios y extraordinarios. Las tasas se exigen por: Multas. Prestación de servicios o uso privativo. Impuestos directos. Los precios públicos se caracterizan por: Carácter obligatorio. Voluntariedad y cobertura del coste. Naturaleza sancionadora. El presupuesto local tiene carácter: Plurianual. Anual. Indefinido. Los créditos extraordinarios financian: Gastos corrientes. Gastos no previstos inicialmente. Transferencias. Las transferencias de crédito permiten: Crear ingresos. Modificar la distribución de créditos. Aumentar el presupuesto. La protección de datos tiene como finalidad: Transparencia absoluta. Protección de derechos fundamentales. Publicidad administrativa. El tratamiento de datos debe ser: Ilimitado. Adecuado y proporcional. Discrecional. El consentimiento debe ser: Tácito siempre. Libre, informado e inequívoco. Presunto. La prevención se aplica: Solo al sector privado. A todas las Administraciones Públicas. Solo a la industria. El Comité de Seguridad y Salud es: Ejecutivo. Órgano de participación y consulta. Unipersonal. El incumplimiento puede generar: Mejora del servicio. Riesgos y sanciones. Archivo. Las políticas de igualdad se regulan principalmente en: EBEP. Ley Orgánica 3/2007. Ley 39/2015. La atención a la dependencia se regula por: Ley 31/1995. Ley 39/2006. Ley 7/1985. Las Entidades Locales participan en políticas sociales mediante: Actuaciones aisladas. Coordinación con otras Administraciones. Competencia exclusiva. |