23. En relación con las situaciones de crisis que justifican la suspensión de garantías constitucionales: a. Se regularon por primera vez en la Constitución de 1931. b. La suspensión de garantías se regulaba en las leyes de “orden público”. c. Las Constituciones históricas españolas no contuvieron mención alguna de las situaciones de crisis que justifican la suspensión de garantías constitucionales. d. Las dos últimas opciones son correctas.
55. La Ley Orgánica 7/1999, de 21 de abril, de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional introdujo el art. 75 ter de la LOTC. Señale la opción que considere correcta: a. Creó el procedimiento llamado Conflicto en Defensa de la Autonomía Local. b. Podrán dar lugar al planteamiento de los conflictos en defensa de la autonomía local las disposiciones del Estado o de las Comunidades Autónomas con rango de ley que lesionen la autonomía local constitucionalmente garantizada. c. Podrán dar lugar al planteamiento de los conflictos en defensa de la autonomía local las disposiciones del Estado o de las Comunidades Autónomas que lesionen la autonomía local constitucionalmente garantizada. d. Las dos primeras opciones son correctas.
67. La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local en su artículo 24 bis, reguló los entes de ámbito territorial inferior al Municipio: a. Tenían la condición de Entidades Locales y su regulación era competencia de las Comunidades Autónomas. b. Con personalidad jurídica, permiten la organización desconcentrada del Municipio para
la administración de núcleos de población separados. Se pueden denominar caseríos,
parroquias, aldeas, barrios, anteiglesias, concejos, pedanías, etc. c. La iniciativa para su creación implicaba conjuntamente a la población interesada y al
Ayuntamiento correspondiente. d. Las dos primeras opciones son correctas.
73. Según el preámbulo de la Ley 7/1985, de 2 de abril, la actividad de las Entidades que integran la Administración Local, ha de someterse al principio constitucional de
autonomía y el administrativo de la descentralización: a. Estos principios implican las diversificaciones de los centros del poder público administrativo. b. Implican la actuación de cada Entidad integrante de la Administración Local, en su
ámbito propio, con plena capacidad y bajo la propia responsabilidad. c. Se permite la atribución a un órgano de facultades de control que recaigan sobre la
actividad en general de los otros y que supongan una limitación de la capacidad de éstos. d. Las dos primeras opciones son correctas.
83. Según el artículo 13 de la Ley 7/1985, de 2 abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, la creación o supresión de municipios o su alteración requerirán: a. Informe de la Administración que ejerza la tutela financiera. b. Audiencia de los municipios interesados en todo caso y dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo superior del Consejo de Gobierno de las Comunidad Autónoma concernida. c. El Dictamen conforme del Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de Administración Territorial o de aquel que ejerza sus competencias. d. Son correctas las dos primeras opciones.
89. Según el artículo 126 de la Ley 7/1985, de 2 abril, en relación a la Junta de Gobierno Local: a. Es el órgano que, bajo la presidencia del Alcalde, colabora de forma colegiada en la función de dirección política que a éste corresponde y ejerce funciones ejecutivas y administrativas. b. La Junta de Gobierno Local es uno de los órganos municipales necesarios de los municipios de gran población. c. El número de sus miembros será fijado por acuerdo del Pleno de la corporación Municipal. d. Las dos primeras opciones son correctas.
95. Según el artículo 131 de la Ley 7/1985, de 2 abril, el Consejo Social de la Ciudad se constituirá: a. En los municipios cuya población supere los 250.000 habitantes y municipios capitales
de provincia cuya población sea superior a los 175.000 habitantes. b. En los municipios que sean capitales de provincia, capitales autonómicas o sedes de
las instituciones autonómicas si lo deciden las Asambleas Legislativas correspondientes a iniciativa de los respectivos ayuntamientos. c. En los municipios fronterizos cuya población supere los 75.000 habitantes. d. Las dos primeras opciones son correctas.
184. La base legal para el tratamiento de los datos en la Comunidad Autónoma de
Andalucía la podemos encontrar en: a. El artículo 64.9 del Estatuto de Autonomía de Andalucía. b. Los principios rectores que orientan la actuación de los poderes públicos, según el
artículo 37.1.15 del Estatuto de Autonomía de Andalucía. c. El artículo 43 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. d. Las dos primeras opciones son correctas.
214. Según el artículo 60 de la Ley 12/2007, las Unidades de Igualdad de Género se crean: a. En todas las Consejerías de la Junta de Andalucía. b. Con la finalidad de impulsar, coordinar e implementar la perspectiva de género en la planificación, gestión y evaluación. c. Con poder de decisión propio y competencias de asesoramiento técnico de los poderes públicos de Andalucía. d. Las dos primeras opciones son correctas.
8. Según el artículo 15 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en relación al régimen jurídico de los órganos colegiados de las distintas Administraciones Públicas, establece: a. Si dichos órganos están compuestos por representaciones de distintas Administraciones Públicas podrán establecer o completar sus propias normas de funcionamiento. b. Si en dichos órganos participan organizaciones representativas de intereses sociales, podrán
establecer o completar sus propias normas de funcionamiento. c. Si en dichos órganos colegiados participan organizaciones representativas de intereses sociales, su funcionamiento se regirá por las mismas normas que regulan el funcionamiento de la organización representada. d. Son correctas las dos primeras opciones.
13. Según el artículo 16 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, los órganos colegiados tendrán un Secretario. De entre las siguientes opciones señale la que considere correcta: a. Podrá ser un miembro del propio órgano. b. Podrá ser una persona al servicio de la Administración Pública correspondiente. c. Podrá ser una persona ajena a la Administración Pública. d. Las dos primeras opciones son correctas.
35. Según el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, para las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones son motivos de abstención los siguientes: a. Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél. b. Ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado. c. Tener relación comercial con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto. d. Las dos primeras opciones son correctas.
44. En cuanto al inicio del procedimiento administrativo, según el artículo 54 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, los procedimientos pueden iniciarse: a. Directamente de oficio por la misma Administración. b. A petición de cualquier interesado. c. A petición de quien acredite un interés legítimo. d. Las dos primeras opciones son correctas.
94. El Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público: a. Complementa al Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías. b. Transpone la Directiva (UE) 2016/2102, de 26 de octubre, sobre la accesibilidad de los sitios web
y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público. c. Complementa la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
Servicios Públicos. d. Las dos primeras opciones son correctas.
101. En relación al Punto de Acceso General de la Administración General del Estado: a. Está regulado por Orden HAP/1949/2014, de 13 de octubre. b. El Punto de Acceso General (administracion.gob.es) facilita la relación de los ciudadanos con las administraciones públicas al ser la puerta de entrada vía Internet a los servicios públicos. c. Ha sido sustituido por el Portal de Transparencia. d. Las dos primeras opciones son correctas.
114. En relación a los registros y archivos electrónicos: a. Se regulan en los artículos 16 y 17 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. b. Las Administraciones Públicas deberán hacer pública y mantener actualizada una relación de las
oficinas en las que se prestará asistencia para la presentación electrónica de documentos. c. Los documentos electrónicos podrán conservarse en un formato que permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación de los mismos. d. Las dos primeras opciones son correctas.
115. El funcionamiento electrónico del sector público que regula la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del
Régimen Jurídico del Sector Público, recoge, con las adaptaciones necesarias, las normas hasta ahora
contenidas en: a. La Ley 11/2007, de 22 de junio. b. El Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre. c. La Ley 47/2003, de 26 de noviembre. d. Las dos primeras opciones son correctas.
123. Según el artículo 92 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, los funcionarios al servicio de la Administración Local se rigen: a. En lo no dispuesto en esa Ley, por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público. b. Estarán igualmente sujetos a la restante legislación del Estado en materia de función pública, así como por la legislación de las Comunidades Autónomas, en los términos del artículo 149.1.18ª de la Constitución. c. En lo no dispuesto en dicha Ley, por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. d. Las dos primeras opciones son correctas.
127. Según el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, son funciones públicas necesarias en
todas las Corporaciones locales, cuya responsabilidad administrativa está reservada a funcionarios de
la Administración Local con habilitación de carácter nacional: a. La de Secretaría, comprensiva de la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo. b. El control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, y la
contabilidad, tesorería y recaudación. c. La gestión de los recursos humanos y materiales al servicio de las competencias propias de la Corporación Local. d. Las dos primeras opciones son correctas.
165. Según el artículo 5 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, por excepción, el personal incluido
en el ámbito de aplicación de la Ley podrá compatibilizar sus actividades con el desempeño de los
cargos electivos siguientes: a. Miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, salvo que perciban
retribuciones periódicas por el desempeño de la función o que por las mismas se establezca la
incompatibilidad. b. Miembros de las Corporaciones Locales, salvo que desempeñen en las mismas cargos retribuidos en régimen de dedicación exclusiva. c. Miembros del Consejo de Ministros o del Parlamento Europeo. d. Las dos primeras opciones son correctas.
166. Según el artículo 3 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, el personal comprendido dentro del
ámbito de aplicación de la Ley, sólo podrá desempeñar un segundo puesto o actividad en el sector público en los supuestos previstos en la misma, y en los supuestos que se determine: a. Por el Consejo de Ministros. b. Por el órgano de gobierno de la Comunidad Autónoma. c. Por el Consejo General del Poder Judicial. d. Las dos primeras opciones son correctas.
174. Según el artículo 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los tributos son: a. Ingresos públicos que consisten en prestaciones pecuniarias exigidas por una Administración Pública como consecuencia de la realización del supuesto de hecho al que la ley vincula el deber de
contribuir. b. Medios para obtener los recursos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos, podrán servir como instrumentos de la política económica general y atender a la realización de los principios y fines contenidos en la Constitución. c. Prestaciones pecuniarias establecidas por el ejecutivo para el sostenimiento de los gastos públicos. d. Son correctas las dos primeras opciones.
175. Según el artículo 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, de la definición de tributos se deriva
una característica básica diferenciadora de los mismos: a. Todo tributo debe estar amparado por una norma con rango de ley. b. Forman parte de los ingresos públicos de carácter coactivo. c. El Estado es competente para regular sus propios tributos, y el sistema tributario de las
Comunidades Autónomas respecto al Estado. d. Son correctas las dos primeras opciones.
179. Según el artículo 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, las tasas son: a. Los tributos cuyo hecho imponible lo constituyen servicios o actividades que no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o no se presten o realicen por el sector privado. b. Los tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento
especial del dominio público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado
tributario. c. Los tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el obligado tributario de un
beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras
públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos. d. Las dos primeras opciones son correctas.
197. Según el artículo 55 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, en relación a los tipos de gravamen: a. Habrán de ser específicos y deberán aplicarse según disponga la ley propia de cada tributo a cada
unidad, conjunto de unidades o tramo de la base liquidable. b. La ley podrá prever la aplicación de un tipo cero, así como de tipos reducidos o bonificados. c. Podrán ser especificados reglamentariamente. d. Las dos primeras opciones son correctas.
199. Según el artículo 58 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, la deuda tributaria estará constituida: a. Por la cuota o cantidad a ingresar que resulte de la obligación tributaria principal o de las
obligaciones de realizar pagos a cuenta. b. En su caso, por el interés de demora, los recargos por declaración extemporánea, del período ejecutivo o exigibles legalmente. c. En su caso, por las sanciones tributarias que puedan imponerse. d. Las dos primeras opciones son correctas.
206. Según el artículo 38 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, en relación al obligado a repercutir,
podemos afirmar que: a. Es la persona o entidad que, conforme a la ley, deba repercutir la cuota tributaria a otras personas
o entidades que realicen las operaciones gravadas y deberán soportar tal repercusión, salvo que la ley
disponga otra cosa. b. El repercutido no está obligado al pago frente a la Administración Tributaria, pero debe satisfacer
al sujeto pasivo el importe de la cuota repercutida. c. Es la persona que, conforme a la ley, deba repercutir la cuota tributaria a otras personas que realicen las operaciones gravadas y deberán soportar tal repercusión, salvo que la ley disponga otra cosa. d. Las dos primeras opciones son correctas.
207. Según establece el artículo 34 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, en relación el Consejo para la Defensa del Contribuyente: a. Se integra en el Ministerio de Hacienda. b. Vela por la efectividad de los derechos de los obligados tributarios, atiende quejas y efectúa
sugerencias y propuestas. c. Vela por la efectividad de los derechos de los obligados tributarios, atiende quejas y asesora a los
interesados. d. Las dos primeras opciones son correctas.
214. Según establece el artículo 44 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, en relación a la capacidad
de obrar en el orden tributario, esta se reconoce a: a. Las personas que la tengan conforme a derecho. b. Los menores de edad y los incapacitados en las relaciones tributarias derivadas de las actividades
cuyo ejercicio les esté permitido por el ordenamiento jurídico sin asistencia. c. Los menores incapacitados cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa
de los derechos e intereses de que se trate. d. Son correctas las dos primeras opciones.
219. Según establece el artículo 46 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, la representación deberá acreditarse por cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna o mediante declaración en comparecencia personal del interesado ante el órgano administrativo competente: a. Para interponer recursos o reclamaciones, desistir de ellos, renunciar a derechos, asumir o
reconocer obligaciones en nombre del obligado tributario. b. Para solicitar devoluciones de ingresos indebidos o reembolsos. c. Para los actos de mero trámite. d. Las dos primeras opciones son correctas.
231. Según el artículo 99 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los obligados
tributarios: a. Pueden rehusar la presentación de los documentos que hayan sido previamente presentados por ellos mismos y que se encuentren en poder de la Administración tributaria actuante. b. Pueden rehusar la presentación de los documentos que no resulten exigibles por la normativa tributaria. c. Pueden rehusar la ratificación de datos específicos propios o de terceros, previamente aportados. d. Las dos primeras opciones son correctas.
235. Según el artículo 99 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en los procedimientos tributarios se podrá prescindir del trámite de audiencia previo a la propuesta de resolución: a. Cuando se suscriban actas con acuerdo. b. Cuando en las normas reguladoras del procedimiento esté previsto un trámite de alegaciones posterior a dicha propuesta. c. Cuando expresamente se solicite por los interesados. d. Las dos primeras opciones son correctas.
238. Según el artículo 100 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, pondrá fin a
los procedimientos tributarios: a. La resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se fundamente la solicitud y la
imposibilidad material de continuarlos por causas sobrevenidas. b. La caducidad, el cumplimiento de la obligación que hubiera sido objeto de requerimiento o
cualquier otra causa prevista en el ordenamiento tributario. c. La prescripción, el acuerdo de mediación o arbitraje o el cumplimiento de la obligación. d. Las dos primeras opciones son correctas.
244. Según el artículo 110 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en los procedimientos iniciados de oficio, la notificación podrá practicarse: a. En el domicilio fiscal del obligado tributario o su representante. b. En el centro de trabajo, en el lugar donde se desarrolle la actividad económica o en cualquier otro adecuado a tal fin. c. En el lugar señalado a tal efecto por el obligado tributario o su representante. d. Las dos primeras opciones son correctas.
249. Respecto a las liquidaciones tributarias según el artículo 101 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, hay que señalar que: a. La Administración Tributaria estará obligada a ajustar las liquidaciones a los datos consignados
por los obligados tributarios en las autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones, solicitudes o cualquier otro documento. b. Las liquidaciones tributarias serán provisionales o definitivas. c. Son liquidaciones provisionales aquellas en las que proceda formular distintas propuestas de
liquidación en relación con una misma obligación tributaria. d. Las dos últimas opciones son correctas.
254. Según el artículo 61 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los derechos sobre los
bienes inmuebles que constituyen el hecho imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles son: a. La concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios públicos a que se
hallen afectos. b. De un derecho real de superficie o usufructo. c. De un derecho real de propiedad de bienes afectos a uso público. d. Las dos primeras opciones son correctas.
262. Según el artículo 63 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, son sujetos pasivos del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles quienes ostenten la titularidad del derecho que, en cada caso, sea
constitutivo del hecho imponible de este impuesto, lo serán a título de contribuyentes: a. Las personas naturales y jurídicas y las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptibles de imposición. b. Los concesionarios, cada uno de ellos lo será por su cuota, que se determinará en razón a la parte del valor catastral que corresponda a la superficie concedida y a la construcción directamente vinculada a cada concesión. c. La persona física o jurídica que ostente la titularidad del derecho que, en cada caso, sea constitutivo del hecho imponible. d. Las dos primeras opciones son correctas.
268. Las Leyes de Presupuestos Generales del Estado: a. Pueden actualizar los valores catastrales por aplicación de coeficientes que pueden ser distintos
para cada clase de inmuebles. b. Pueden fijar coeficientes de actualización por grupos de municipios, que se deban determinar en
función de su dinámica inmobiliaria. c. Pueden actualizar los valores catastrales por aplicación de coeficientes de tarifa uniforme para toda clase de inmuebles. d. Las dos primeras opciones son correctas.
270. Según el artículo 64 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, si figuran inscritos como tales en el Catastro Inmobiliario, los copartícipes o cotitulares de las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades carentes de personalidad jurídica que constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptibles de imposición: a. Responden solidariamente de la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. b. Responden de la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles en proporción a sus respectivas
participaciones. c. Responden por partes iguales en todo caso. d. Las dos primeras opciones son correctas.
271. Según el artículo 64 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, si no figuran inscritos
como tales en el Catastro Inmobiliario, los copartícipes o cotitulares de las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades carentes de personalidad jurídica que constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptibles de imposición: a. Responden solidariamente de la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. b. Responden de la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles en proporción a sus respectivas
participaciones. c. Responden por partes iguales en todo caso. d. Ninguna de las opciones es correcta.
272. Según el artículo 64 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en relación a la afección
real en la transmisión y responsabilidad en el pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, los notarios
solicitarán información y advertirán expresamente a los comparecientes en los documentos que
autoricen: a. Sobre las deudas pendientes por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles asociadas al inmueble que se transmite. b. Sobre el plazo dentro del cual están obligados los interesados a presentar declaración por el
Impuesto por no haberse aportado la referencia catastral del inmueble. c. Sobre la afección de los bienes al pago de la cuota tributaria. d. Todas las opciones son correctas.
279. Según el artículo 67 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la reducción en la base
imponible será aplicable a: a. Aquellos bienes inmuebles urbanos cuyo valor catastral se incremente, como consecuencia de
procedimientos de valoración colectiva de carácter general. b. Aquellos bienes inmuebles rústicos cuyo valor catastral se incremente, como consecuencia de
procedimientos de valoración colectiva de carácter general. c. Aquellos bienes inmuebles cuyo valor catastral se incremente por aplicación de los coeficientes
establecidos en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. d. Las dos primeras opciones son correctas.
295. Según el artículo 72 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los Ayuntamientos
respectivos podrán incrementar los tipos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles fijados con un 0,07
para los bienes urbanos para el caso de: a. Municipios en los que se preste servicio de transporte público colectivo de superficie. b. Municipios que sean capital de provincia o Comunidad Autónoma. c. Municipios en los que los terrenos de naturaleza rústica representan más del 80 por ciento de la
superficie total del término. d. Las dos primeras opciones son correctas.
304. Las funciones de la Dirección General del Catastro: a. Las ejercerá directamente o a través de las distintas fórmulas de colaboración que se establezcan con las diferentes Administraciones, entidades y corporaciones públicas. b. La Dirección General del Catastro desarrolla sus funciones a través de los Servicios Centrales y
los Servicios Periféricos constituidos por las Gerencias Provinciales y Municipales. c. Consisten en garantizar los efectos de la fe pública respecto de la titularidad y derechos reales sobre bienes inmuebles. d. Las dos primeras opciones son correctas.
305. Los puntos de información catastral son: a. Oficinas autorizadas por la Dirección General del Catastro en los distintos Ayuntamientos. b. Oficinas autorizadas por la Dirección General del Catastro en las distintas Diputaciones. c. Portales electrónicos donde los ciudadanos pueden acceder a la información catastral y obtener
certificado acreditativo de la misma. d. Las dos primeras opciones son correctas.
307. Según el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, los principios informadores del Catastro Inmobiliario, se concretan en: a. Los principios de generalidad y justicia tributaria y de asignación equitativa de los recursos
públicos. b. Los principios de eficiencia, transparencia, seguridad jurídica, calidad, interoperabilidad e impulso a la administración electrónica y a la productividad. c. Los principios de legalidad, eficacia y seguridad jurídica. d. Las dos primeras opciones son correctas.
310. Según el artículo 4 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, la formación y el
mantenimiento del Catastro Inmobiliario: a. Es competencia exclusiva del Estado, así como la difusión de la información catastral. b. Es competencia transferida a las Comunidades Autónomas, así como la verificación de los valores
catastrales. c. Es competencia de las Entidades Locales, así como la certificación de los valores catastrales. d. Las dos primeras opciones son correctas.
312. Según el artículo 6 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, a los exclusivos efectos
catastrales, tiene la consideración de bien inmueble: a. La parcela enclavada en un término municipal y cerrada por una línea poligonal que delimita, a
tales efectos, el ámbito espacial del derecho de propiedad de un propietario o de varios pro indiviso. b. Las construcciones emplazadas en una parcela cualquiera que sea su dueño, y con independencia
de otros derechos que recaigan sobre el inmueble. c. La parcela o porción de suelo de una misma naturaleza, enclavada en un término municipal y
cerrada por una línea poligonal que delimita el ámbito espacial del derecho de propiedad de un
propietario o de varios pro indiviso. d. Las dos últimas opciones son correctas.
315. Según el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, tendrá la consideración
de suelo de naturaleza urbana: a. Los terrenos que tengan la consideración de urbanizables. b. Los terrenos para los que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística aprobados prevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado. c. Los terrenos sobre los que se ubiquen aeropuertos y puertos comerciales. d. Las dos primeras opciones son válidas.
316. Según el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, son titulares catastrales: a. Las personas naturales y jurídicas dadas de alta en el Catastro Inmobiliario por ostentar, sobre la totalidad o parte de un bien inmueble, la titularidad de determinados derechos. b. Las personas naturales dadas de alta en el Catastro Inmobiliario por ostentar, sobre la totalidad o parte de un bien inmueble, la titularidad de determinados derechos. c. Las personas naturales y jurídicas dadas de alta en el Catastro Inmobiliario por ostentar la
titularidad de determinados derechos sobre la totalidad de un bien inmueble. d. Las dos últimas opciones son correctas.
318. Según el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, en caso de discrepancia
entre el titular catastral y el del correspondiente derecho según el Registro de la Propiedad: a. En el caso de fincas respecto de las cuales conste la referencia catastral en el Registro de la
Propiedad, se tomará en cuenta, a los efectos del Catastro, la titularidad que resulte de aquél. b. En el caso de que la fecha del documento por el que se produce la incorporación al Catastro sea
posterior a la del título inscrito en el Registro de la Propiedad se tomará en cuenta la titularidad que
conste en el primero. c. En cualquier caso, prevalecerá la titularidad que conste en el Registro de la Propiedad, puesto que
tiene el beneficio de la fe pública. d. Las dos primeras opciones son correctas.
324. Según el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, en relación a los procedimientos de incorporación al Catastro Inmobiliario, las comunicaciones son: a. Los documentos por los que se manifiesta o reconoce ante el Catastro Inmobiliario que se han
producido las circunstancias determinantes de un alta, baja o modificación de la descripción catastral
de los inmuebles. b. La información que los notarios y registradores de la propiedad deben remitir referida a
documentos por ellos autorizados o inscritos cuyo contenido suponga la adquisición o consolidación
de la propiedad, o la adquisición o constitución de los derechos de usufructo, superficie o de una
concesión administrativa. c. La información que los titulares inmuebles deben notificar en relación a sus características y a sus alteraciones. d. Las dos primeras opciones son correctas.
331. Según el artículo 28 del Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla el texto
refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, el plazo de presentación de las declaraciones catastrales
será de dos meses contados desde: a. El día siguiente al del hecho, acto o negocio objeto de la declaración. b. La fecha de terminación de las obras, la del otorgamiento de la autorización administrativa de la modificación de uso o destino y la fecha de la escritura pública o, en su caso, documento en que se formalice la modificación de que se trate. c. El día siguiente de la solicitud de su inscripción en el Registro de la Propiedad. d. Las dos primeras opciones son correctas.
341. Según el artículo 23 del Real Decreto 1/2004, de 5 de marzo, el valor catastral de los inmuebles: a. No podrá en ningún caso superar el valor de mercado establecido mediante tasación oficial. b. En los bienes inmuebles con precio de venta limitado administrativamente, el valor catastral no
podrá en ningún caso superar dicho precio. c. El Ministro de Hacienda establecerá anualmente el valor de mercado para los bienes de una misma
clase. d. Las dos primeras opciones son correctas.
348. Según el artículo 32 del Real Decreto 1/2004, de 5 de marzo, los Ayuntamientos podrán solicitar la aplicación de los coeficientes previstos cuando concurran los siguientes requisitos: a. Que hayan transcurrido al menos cinco años desde la entrada en vigor de los valores catastrales derivados del anterior procedimiento de valoración colectiva de carácter general. b. Que se pongan de manifiesto diferencias sustanciales entre los valores de mercado y los que sirvieron de base para la determinación de los valores catastrales vigentes. c. Que la solicitud se comunique a la Dirección General del Catastro antes del 31 de octubre del
ejercicio anterior a aquel para el que se solicita la aplicación de los coeficientes y que estos afecten
de modo homogéneo al conjunto de usos, polígonos, áreas o zonas existentes en el municipio. d. Las dos primeras opciones son correctas.
351. Según el artículo 38 del Real Decreto 1/2004, de 5 de marzo, la referencia catastral de los bienes inmuebles deberá figurar: a. En todos los casos en el Registro de la Propiedad. b. En los instrumentos públicos, mandamientos y resoluciones judiciales, expedientes y resoluciones
administrativas. c. En los documentos donde consten los hechos, actos o negocios de trascendencia real relativos al
dominio y demás derechos reales. d. Las dos últimas opciones son correctas.
357. Según el artículo 61 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se entiende pagada en efectivo una deuda tributaria: a. Cuando se haya domiciliado el pago del importe por el obligado tributario. b. Cuando se haya realizado el ingreso de su importe en las cajas de los órganos competentes, oficinas recaudadoras o entidades autorizadas para su admisión. c. Cuando se libre la orden de pago por el obligado tributario o su representante. d. Las dos primeras opciones son correctas.
363. Según el artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el fraccionamiento supone: a. Un aplazamiento con la especialidad de realizarse el pago en varios plazos. b. La obligación ineludible de realizar pagos parciales. c. Un diferimiento en el momento del pago referido al importe total de la deuda. d. Las dos primeras opciones son correctas.
370. Según el artículo 67 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el plazo de
prescripción del derecho a obtener las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las
devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías comenzará a contarse: a. Desde el día siguiente a aquel en que finalicen los plazos establecidos para efectuar las
devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo. b. Desde el día siguiente a la fecha de notificación del acuerdo donde se reconozca el derecho a
percibir la devolución o el reembolso del coste de las garantías. c. Desde el día siguiente a la finalización del plazo de pago en periodo voluntario. d. Las dos primeras opciones son correctas.
371. Según el artículo 68 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el plazo de
prescripción del derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la
oportuna liquidación se interrumpe: a. Por cualquier acción de la Administración Tributaria, realizada con conocimiento del obligado
tributario. b. Por cualquier acción de la Administración Tributaria conducente a la investigación de todos o parte de los elementos de la obligación tributaria. c. Por cualquier acción de la Administración Tributaria, realizada con conocimiento formal del
obligado tributario. d. Las dos primeras opciones son correctas.
372. En relación a la compensación, el artículo 71 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, admite la posibilidad de que: a. Las deudas tributarias se extingan total o parcialmente por compensación. b. La compensación habrá de aplicarse, en todo caso, de oficio. c. Las deudas tributarias de un obligado tributario podrán extinguirse parcialmente por compensación
con créditos reconocidos por acto administrativo a favor del mismo previa solicitud de este último. d. Las dos primeras opciones son correctas.
374. Según el artículo 75 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las deudas tributarias: a. Sólo podrán condonarse en virtud de ley, en la cuantía y con los requisitos que en la misma se
determinen. b. La condonación de las obligaciones es contraria al principio de la indisponibilidad de la
Administración de los créditos tributarios de que es acreedora. c. La condonación de las obligaciones tributarias será establecida reglamentariamente en los casos
excepcionales acordados por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Hacienda. d. Las dos últimas opciones son correctas.
375. Según el artículo 76 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las deudas
tributarias que no hayan podido hacerse efectivas en los respectivos procedimientos de recaudación
por insolvencia probada, total o parcial, de los obligados tributarios: a. Se darán de baja en cuentas en la cuantía procedente, mediante la declaración del crédito como incobrable, total o parcial. b. En los casos en que se haya declarado el crédito incobrable, el procedimiento de apremio se
reanudará, dentro del plazo de prescripción, cuando se tenga conocimiento de la solvencia de algún obligado al pago. c. Las deudas tributarias que no hayan podido hacerse efectivas en los respectivos procedimientos de recaudación se darán de baja en cuentas en la cuantía procedente. d. Las dos primeras opciones son correctas.
376. Según el artículo 79 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en relación a los
bienes afectos por ley al pago de la deuda tributaria: a. Los derechos transmitidos quedarán afectos a la responsabilidad del pago de las cantidades
liquidadas correspondientes a los tributos que graven tales transmisiones, adquisiciones o
importaciones, cualquiera que sea su poseedor. b. Los adquirentes de bienes afectos por ley al pago de la deuda tributaria responderán
subsidiariamente con ellos, por derivación de la acción tributaria, si la deuda no se paga. c. Los bienes transmitidos quedarán afectos a la responsabilidad del pago de las cantidades liquidadas correspondientes a los tributos que graven tales transmisiones, adquisiciones o importaciones, cualquiera que sea su poseedor. d. Las dos primeras opciones son correctas.
379. Según se desprende del artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria: a. Determinados impuestos tienen un plazo de ingreso voluntario. b. Todas las deudas tributarias tienen un plazo de ingreso voluntario que depende del tributo del que
se trate en cada caso. c. Se deberán pagar entre el uno de septiembre y el 20 de noviembre. d. Las dos últimas opciones son correctas.
380. En los tributos con plazos específicos que se notifican de forma periódica y colectiva, esencialmente regulados en la Ley de Hacienda Locales: a. El plazo para el pago será el que determine expresamente su normativa reguladora. b. De no existir estipulación expresa se deberán pagar entre el uno de septiembre y el 20 de noviembre. c. Se pueden pagar mediante el ingreso correspondiente en los treinta días hábiles siguientes a la finalización del ejercicio fiscal en el que la deuda se devengó. d. Las dos primeras opciones son correctas.
383. Según se desprende del artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
el ingreso de la deuda de un obligado tributario podrá suspenderse total o parcialmente a solicitud del
obligado tributario: a. Si otro obligado presenta una declaración o autoliquidación de la que resulte una cantidad a
devolver. b. Se indica que el importe de la devolución que pueda ser reconocido se destine a la cancelación de la deuda cuya suspensión se pretende. c. Si el obligado tributario aporta garantía suficiente. d. Las dos primeras opciones son correctas.
384. Según el artículo 62.8 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el importe de
la deuda suspendida: a. Podrá ser superior en un 5% a la devolución solicitada. b. Podrá ser superior a la devolución solicitada previa ampliación de las garantías aportadas. c. No podrá ser superior a la devolución solicitada. d. Las dos primeras opciones son correctas.
385. Según el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en relación con
la deuda suspendida: a. Quedará total o parcialmente extinguida en el importe que proceda de la devolución reconocida. b. Podrán exigirse intereses de demora sobre la deuda cancelada con cargo a la devolución. c. Podrán exigirse intereses de demora sobre la deuda cancelada con cargo a la devolución una vez
aprobada la liquidación por la Administración Tributaria competente. d. Las dos primeras opciones son correctas.
386. Según el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el ingreso de la
deuda de un obligado tributario se suspenderá total o parcialmente, sin aportación de garantías,
cuando se compruebe: a. Que por la misma operación se ha satisfecho a la misma u otra Administración una deuda tributaria. b. Que se ha soportado la repercusión de otro impuesto. c. Que el pago o la repercusión fueran incompatible con la deuda exigida y el sujeto pasivo no tenga
derecho a la completa deducción del importe soportado indebidamente. d. Las tres opciones son correctas.
390. La iniciación del período voluntario puede producirse: a. Por la notificación al sujeto pasivo una liquidación practicada por la Administración Tributaria
competente. b. Por la apertura del plazo de presentación de autoliquidaciones en los casos legalmente previstos. c. A solicitud del obligado tributario en los casos legalmente previstos. d. Las dos primeras opciones son correctas.
394. Según el artículo 12 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento General de Recaudación, los ingresos podrán realizarse: a. En la Tesorería de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera. b. En las entidades de crédito que presten el servicio de caja a las que se refiere o en las entidades colaboradoras. c. En las oficinas de Correos y Telégrafos y en los registros generales de las entidades tributarias
competentes. d. Las dos primeras opciones son correctas.
405. Según se desprende del artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
el pago en período ejecutivo habrá de llevarse a efecto: a. Cuando finalice el periodo de pago voluntario. b. Una vez iniciado el período ejecutivo y notificada la providencia de apremio. c. Una vez iniciado el período ejecutivo y notificada la providencia de apremio en los plazos
legalmente estipulados para ello. d. Las dos primeras opciones son válidas.
407. Según el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el ingreso de la
deuda de un obligado tributario podrá suspenderse total o parcialmente, sin aportación de garantía y
a solicitud de éste: a. Si otro obligado presenta una declaración o autoliquidación de la que resulte una cantidad a
compensar. b. Si otro obligado presenta una declaración o autoliquidación de la que resulte una cantidad a
devolver. c. Si otro obligado presenta una declaración o autoliquidación de la que resulte una cantidad a
devolver o una comunicación de datos, con indicación de que el importe de la devolución que pueda
ser reconocido se destine a la cancelación de la deuda cuya suspensión se pretende. d. Las dos últimas opciones son correctas.
408. Según el artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, impedirá el inicio del período ejecutivo: a. La presentación de una solicitud de aplazamiento de pago en período voluntario. b. La presentación de una solicitud de fraccionamiento de pago en período voluntario. c. La presentación de una solicitud de suspensión total o parcial de pago en período voluntario. d. Las dos últimas opciones son correctas.
412. Según el artículo 161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el período ejecutivo se inicia en el caso de deudas liquidadas por la Administración Tributaria: a. El día siguiente al del vencimiento del plazo establecido para su ingreso, que en la notificación de la liquidación realizada entre los días uno y 15 de cada mes, sería el siguiente al día 20 del mes
posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. b. El día siguiente al del vencimiento del plazo establecido para su ingreso, que en la notificación de la liquidación realizada entre los días 16 y último de cada mes, sería el siguiente al día cinco del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil. c. El día siguiente al del vencimiento del plazo establecido para su ingreso, que, en el caso de
impuestos locales, será el período comprendido entre el día uno de septiembre y el 20 de noviembre o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. d. Las dos primeras opciones son correctas.
415. Según el artículo 161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, impedirá el inicio del período ejecutivo: a. La presentación de una solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en período voluntario. b. La interposición de un recurso o reclamación en tiempo y forma contra una sanción hasta que sea
firme en vía administrativa y haya finalizado el plazo para el ingreso voluntario del pago. c. El inicio de un procedimiento de consulta escrita y pertinente sobre el objeto de la deuda o
liquidación hasta su notificación al obligado tributario. d. Las dos primeras opciones son correctas.
423. Según el artículo 26 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el interés de
demora podrá exigirse: a. Cuando el obligado tributario lleve a efecto la presentación de declaraciones extemporáneas sin
requerimiento previo. b. Cuando se reciba una petición de cobro de deudas de titularidad de otros Estados o de entidades internacionales o supranacionales conforme a la normativa sobre asistencia mutua. c. Cuando se suspenda la ejecución del acto previa intimación de la Administración. d. Las dos primeras opciones son correctas.
433. Los recargos del período ejecutivo: a. Se devengan con el inicio del período ejecutivo. b. Son el recargo ejecutivo, el recargo reducido y el recargo ordinario. c. Son el recargo ejecutivo del 15%, el recargo reducido del 5 % y el recargo ordinario del 10 %. d. Las dos primeras opciones son correctas.
434. El recargo ejecutivo se aplica: a. Una vez iniciado el período ejecutivo y antes de iniciarse el procedimiento de apremio. b. Cuando el deudor, de forma espontánea, decide satisfacer la deuda tributaria no pagada en período
voluntario. c. Cuando el deudor paga de forma extemporánea. d. Las dos primeras opciones son correctas.
437. Según el artículo 165 de la Ley 58/2003, General Tributaria, el procedimiento de apremio no se
suspenderá: a. Cuando un tercero interponga tercería de mejor derecho. b. Cuando el interesado demuestre que se ha producido en su perjuicio error material, aritmético o de hecho en la determinación de la deuda. c. Cuando el interesado demuestre que la deuda ha sido ingresada, condonada, compensada, aplazada
o suspendida o que ha prescrito el derecho a exigir el pago. d. Las dos primeras opciones son correctas.
448. Según el artículo 168 de la Ley General Tributaria, una vez iniciado el procedimiento de apremio si la deuda tributaria estuviera garantizada: a. La Administración procederá a ejecutar las garantías antes de embargar. b. Finalizado el plazo recogido en el artículo 62.5 de la Ley General Tributaria la Administración
procederá a ejecutar las garantías. c. La Administración procederá a un nuevo requerimiento expreso para que se efectúe el pago de la deuda. d. Las dos primeras opciones son correctas.
449. Según el artículo 168 de la Ley General Tributaria, si la deuda tributaria estuviera garantizada: a. Se podrá optar por el embargo y enajenación de otros bienes o derechos con anterioridad a la
ejecución de la garantía cuando el obligado lo solicite, señalando bienes suficientes al efecto. b. Se podrá optar por el embargo y enajenación de otros bienes o derechos con anterioridad a la
ejecución de la garantía cuando ésta no sea proporcionada a la deuda garantizada. c. Se procederá en primer lugar a ejecutar la garantía a través del procedimiento administrativo de apremio. d. Todas las opciones son correctas.
458. Según el artículo 169 de la Ley 58/2003, General Tributaria, se embargarán los bienes del obligado: a. En virtud del acuerdo establecido entre la Administración y el obligado tributario. b. En virtud del orden señalado por el obligado tributario. c. En virtud del orden establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil. d. Las dos últimas opciones son correctas.
462. Según el artículo 169 de la Ley 58/2003, General Tributaria, siguiendo el orden pertinente, se
embargarán sucesivamente los bienes o derechos conocidos en ese momento por la Administración
Tributaria hasta que se presuma cubierta la deuda. En todo caso se embargarán en último lugar: a. Aquéllos para cuya traba sea necesaria la entrada en el domicilio del obligado tributario. b. Aquéllos para cuya traba sea necesaria la entrada en los locales en los que ejerza su actividad
comercial o empresarial el obligado tributario. c. Aquéllos para cuya traba sea necesaria la entrada en instalaciones que no sean propiedad del obligado tributario. d. Las dos primeras opciones son correctas.
464. Según el artículo 75 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, se procederá, en cumplimiento del mandato contenido en la providencia de apremio, al embargo de los bienes y derechos que procedan: a. Si no se hubiese pagado la deuda por la ejecución de garantías. b. Si fuese previsible de forma motivada que la ejecución de las garantías de la deuda no
proporcionará líquido suficiente para cubrir la deuda. c. Si hubiese transcurrido el plazo sin haberse realizado el ingreso requerido al abrir la vía de apremio. d. Las tres opciones son correctas.
466. Según el artículo 170 de la Ley 58/2003, General Tributaria, efectuado el embargo de los bienes
o derechos, la diligencia se notificará: a. Al obligado tributario y, en su caso, al tercero titular, poseedor o depositario de los bienes si no se
hubiesen llevado a cabo con ellos las actuaciones. b. Al cónyuge del obligado tributario en todo caso y a los condueños, cotitulares o garantes de los
bienes embargados. c. A los socios, garantes y avalistas del obligado tributario. d. Las dos primeras opciones son correctas.
470. Según el artículo 170 de la Ley 58/2003, General Tributaria, se podrá acordar el nombramiento
de un funcionario que ejerza de administrador: a. Cuando se solicite por el obligado tributario o por el resto de los titulares de un negocio. b. Cuando se ordene el embargo de establecimiento mercantil o industrial o de una empresa. c. Cuando se aprecie que la continuidad de las personas que ejercen la dirección de la actividad
pudiera perjudicar la solvencia del obligado tributario. d. Las dos últimas opciones son correctas.
471. Según el artículo 170 de la Ley 58/2003, General Tributaria, de la prohibición de disponer sobre
los bienes inmuebles de una sociedad: a. Podrá tomarse anotación preventiva en la hoja abierta a las fincas en el Registro de la Propiedad
competente. b. Habrá de anotarse en la hoja abierta a las fincas den el Registro de la Propiedad competente. c. Habrá de dejarse constancia en el acuerdo preceptivo donde constará la notificación al obligado tributario y a los legítimos interesados en la sociedad. d. Las dos últimas opciones son correctas.
474. Según el artículo 77 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento General de Recaudación, en relación a la concurrencia de embargos, la Hacienda Pública: a. Podrá subrogarse en los derechos inscritos o anotados con anterioridad a favor de otros acreedores sobre los bienes embargados. b. Podrá subrogarse en los derechos sobre los bienes embargados sobre los que se hubieran constituido garantías a favor de la Hacienda Pública. c. Habrá de subrogarse en los derechos inscritos o anotados con anterioridad a favor de otros
acreedores sobre los bienes embargados. d. Las dos primeras opciones son correctas.
475. Según el artículo 77 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, cuando la Hacienda Pública se subrogue en derechos inscritos o anotados con anterioridad a favor de otros acreedores: a. Procederá al abono a los acreedores del importe de sus créditos cuando estos sean sustancialmente inferiores al producto que previsiblemente pueda obtener la Hacienda Pública de la enajenación de los bienes. b. Procederá al abono a los acreedores del importe de sus créditos cuando estos sean inferiores al producto que previsiblemente pueda obtener la Hacienda Pública de la enajenación de los bienes. c. Procederá al abono a los acreedores del importe de sus créditos cuando estos sean inferiores o equivalentes al producto que previsiblemente pueda obtener la Hacienda Pública de la enajenación de los bienes. d. Todas las opciones son correctas.
479. No se podrán embargar: a. Los derechos consolidados en un fondo de pensiones. b. Los útiles con que se ejerza el oficio. c. El sueldo o salario. d. Las dos primeras opciones son correctas.
481. Según el artículo 170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, efectuado el
embargo de los bienes o derechos: a. La diligencia se notificará al obligado tributario y, en su caso, al tercero titular, poseedor o
depositario de los bienes si no se hubiesen llevado a cabo con ellos las actuaciones. b. La diligencia se notificará al cónyuge del obligado tributario cuando los bienes embargados sean
gananciales y a los condueños o cotitulares de los mismos. c. La diligencia se notificará al obligado tributario y al cónyuge, en todo caso y habrá de darse traslado de la misma al tercero titular, poseedor o depositario de los bienes. d. Las dos primeras opciones son correctas.
485. Según el artículo 78 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, cuando se embargue dinero en efectivo: a. El órgano de recaudación competente lo hará constar en diligencia. b. El dinero será inmediatamente ingresado en el Tesoro. c. El dinero será inmediatamente consignado en la cuenta general de depósitos de la Administración
Tributaria competente. d. Las dos primeras opciones son correctas.
489. Según el artículo 79 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento General de Recaudación, en defecto del acuerdo entre la entidad financiera y la
Administración Tributaria: a. Los responsables de la oficina deberán proceder de forma inmediata a retener el importe embargado
si existe en ese momento saldo suficiente. b. Los responsables de la oficina deberán proceder de forma inmediata a retener el total de los saldos
existentes a nombre del obligado al pago si no existe saldo suficiente. c. Los responsables de la oficina deberán proceder de forma inmediata a retener el total de los saldos
existentes a nombre del obligado. d. Las dos primeras opciones son correctas.
510. Según el artículo 44 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación: a. Serán aplazables todas las deudas tributarias y demás de naturaleza pública cuya titularidad
corresponda a la Hacienda Pública. b. Serán fraccionables todas las deudas tributarias y demás de naturaleza pública cuya titularidad
corresponda a la Hacienda Pública. c. Serán susceptibles de suspensión todas las deudas de naturaleza pública cuya titularidad corresponda a la Hacienda Pública. d. Las dos primeras opciones son correctas.
520. Según el artículo 48 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, transcurrido el plazo
reglamentario sin haberse formalizado las garantías, las consecuencias serán las siguientes: a. Si la solicitud fue presentada en periodo ejecutivo de ingreso, deberá continuar el procedimiento
de apremio. b. Si la solicitud fue presentada en periodo voluntario de ingreso, se iniciará el periodo ejecutivo al día siguiente de aquel en que finalizó el plazo para la formalización de las garantías. c. Si la solicitud fue presentada en periodo voluntario de ingreso, se iniciará el periodo ejecutivo en un plazo de 30 días contados a partir del siguiente al de la notificación de la finalización del plazo para la formalización de las garantías. d. Las dos primeras opciones son correctas.
523. Según el artículo 82 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la Administración podrá admitir garantías que consistan en hipoteca, prenda, fianza personal y solidaria u otra que se estime suficiente: a. Cuando se justifique que no es posible obtener aval solidario de entidad de crédito o sociedad de
garantía recíproca. b. Cuando se justifique que su aportación compromete gravemente la viabilidad de la actividad económica. c. Cuando se solicite por el obligado tributario que haya obtenido aplazamientos o fraccionamientos
con anterioridad y se hayan abonado ajustándose a los requerimientos y plazos establecidos por la
Administración Tributaria. d. Las dos primeras opciones son correctas.
|
