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TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE252

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Título del test:
252

Descripción:
Loading examen A1 Coruña

Autor:
***
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Fecha de Creación:
04/11/2022

Categoría:
Personal

Número preguntas: 57
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Temario:
Según el artículo 11.3 de la Constitución española: El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan un particular vinculación con España. En estos mismo países, aun cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derechos recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen. El Estado no podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan un particular vinculación con España. En estos mismo países, aun cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derechos recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen. El Estado concertará tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan un particular vinculación con España. En estos mismo países, aun cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derechos recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen. El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan un particular vinculación con España. En estos mismo países, siguiendo un criterio de reciprociodad, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen.
Según el artículo 53.1 de la Constitución española: Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo primero del presente Título (I) vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161.1.a) Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título (I) vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161.1.a) Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del Título II vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161.1.a) Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo primero del Título II vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161.1.a).
De acuerdo con el Estatuto de Autonomía de Galicia, ¿qué mayoría se requiere para la aprobación de la ley de Galicia que fije la sede de las instituciones autonómicas gallegas? 3/5 partes de los miembros del Parlamento 2/3 partes de los miembros del Parlamento Mayoría absoluta de los miembros del Parlamento Mayoría simple de los miembros del Parlamento.
De acuerdo con el artículo 1.3 del Código Civil: Los usos jurídicos que no sean meramente interpretativos de una declaración de voluntad tendrán la consideración de costumbre Los usos jurídicos que sean interpretativos de una declaración de voluntad tendrán la consideración de costumbre Los usos jurídicos nunca tendrán la consideración de costumbre Los usos jurídicos son considerados siempre como costumbre.
El procedimiento ordinario de revisión de los Tratados de la UE, requiere: La aprobación unánime de los Estados miembros de la UE La aprobación unánime de todos los Comisarios de la UE La aprobación por mayoría absoluta de los Estados miembros de la UE La aprobación por mayoría simple de los Estados miembros de la UE.
Según el art. 3 de la Carta Europea de Autonomía Local, se entiende por autonomía local el derecho y la capacidad efectiva de las entidades locales para: Ordenar y gestionar bajo su responsabilidad todos los asuntos que les conciernan Ordenar y gestionar todos los asuntos que les conciernan y en beneficio de sus habitantes Ordenar y gestionar todos los asuntos públicos que afecten a sus habitantes Ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos, en el marco de la ley, bajo su propia responsabilidad y en beneficio de sus habitantes.
La Federación Española de Municipios y Provincias es una Asociación de Entidades Locales constituida al amparo de los disposición de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local: Disposición Adicional Segunda Disposición Adicional Primera Disposición Adicional Quinta Disposición Final.
Leonor, funcionaria del servicio de Planeamiento Urbanístico, acaba de dar a luz a trillizos. Tendrá derecho, según el EBEP, a un permiso por parto de: 20 semanas 16 semanas 18 semanas 22 semanas.
De acuerdo con el art. 11 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el Portal de la Transparencia contendrá información publicada de acuerdo con las prescripciones técnicas que se establezcan reglamentariamente que deberán adecuarse a los siguientes principios: Accesibilidad, simplicidad y actuación rogada Simplicidad, interoperabilidad y efectividad Efectividad, actuación rogada y accesibilidad Accesibilidad, reutilización e interoperabilidad.
De acuerdo con el art. 7 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Constituye acoso sexual cualquier comportamiento realizado con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de una persona y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Constituye acoso sexual cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la aceptación de una situación constitutiva de acoso sexual o de abuso por razón de sexo se considerará también acto de discriminación por razón de sexo.
Según el art. 35.2 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, los delegados de prevención son designados por: El empresario, a propuesta de los representantes del personal El empresario, a propuesta de los trabajadores Son designados por y entre los representantes del personal El empresario, previa consulta con los representantes del representantes de personal.
Según el art. 2.2 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, las obligaciones en la misma serán de aplicación a toda persona: Física o jurídica, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia, aunque no se encuentre o actúe en territorio español Física, que se encuentre en territorio español, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia Física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia Física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español, con nacionalidad, domicilio o residencia española.
De acuerdo con el art. 49.2 del Decreto Legislativo 2/2015, de 15 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de Galicia en materia de igualdad, se entiende que existe infrarrepresentación cuando en el cuerpo, escala, grupo o categoría exista una diferencia porcentual entre hombres y mujeres de: Por lo menos 20 puntos Por lo menos 25 puntos Por lo menos 30 puntos Por lo menos 10 puntos.
De acuerdo con el art. 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las AAPP, cuando una Administración Pública tenga que dictar, en el ámbito de sus competencias, un acto que necesariamente tenga por base otro dictado por una Administración Pública distinta y aquella entienda que es ilegal, podrá requerir a ésta previamente para que anule o revise el acto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y, de rechazar el requerimiento: Deberá interponer recurso de alzada ante el órgano superior del que haya dictado el acto ilegal, en cuyo caso quedará suspendido el plazo para resolver. Podrá interponer recurso contencioso-administrativo, sin que ello implique la suspensión del plazo para resolver. Podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en cuyo caso quedará suspendido el plazo para resolver. Podrá interponer recurso contencioso-administrativo, después de agotar la vía administrativa.
El art. 52 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las AAPP, regula la convalidación de actos administrativos, según el cual la Administración podrá: Convalidar los actos nulos de pleno derecho, subsanando los vicios de que adolezcan Cuando sea posible la convalidación esta producirá efectos desde su fecha, en todo caso Si el vicio consistiera en incompetencia jerárquica, la convalidación podrá realizarse por el superior jerárquico del que dictó el acto viciado En los casos de actos con eficacia retroactiva, la convalidación, cuando sea posible, podrá tener efectos desde fecha anterior.
Según el art. 95 de la Ley 39/2015, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo: La Administración le advertirá que transcurridos 6 meses se producirá la caducidad del procedimiento No podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la cumplimentación de cualquier trámite La caducidad producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración Los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción.
Según el art. 103 de la Ley 39/2015, la multa coercitiva procede cuando se trate de: Actos personalísimos en que proceda la compulsión directa del obligado Actos en que, procediendo la compulsión, la Administración no la estimara conveniente Actos cuya ejecución no pueda el obligado encargar a otra persona Procede en todo caso.
De acuerdo con el art. 106 de la Ley 39/2015, la Administración declarará la nulidad de: Los actos nulos de pleno derecho, en el plazo de cuatro años, previo dictamen del Consejo de Estado y órgano consultivo autonómico, si lo hubiere Los actos anulables, en cualquier momento, previo dictamen favorable del Consejo de Estado y órgano consultivo autonómico, si lo hubiere Los actos nulos de pleno derecho, previa declaración de lesividad y dictamen favorable del Consejo de Estado y órgano consultivo autonómico, si lo hubiere Podrá declarar la nulidad de las disposiciones administrativas, previo dictamen favorable del Consejo de Estado y órgano consultivo autonómico, si lo hubiere, en los supuestos previstos en el artículo 47.2.
De acuerdo con el art. 112 de la Ley 39/2015, los recursos contra un acto administrativo que se funden únicamente en la nulidad de alguna disposición administrativa de carácter general: Podrán interponerse directamente ante el órgano que dictó dicha disposición Deberán de interponerse directamente ante la jurisdicción contenciosa-administrativa No caben recursos administrativos indirectos contra disposiciones administrativas Podrán interponerse ante el órgano que lo dictó sin sujeción a plazo.
De acuerdo con el art. 8 de la Ley 40/2015, si alguna disposición atribuye la competencia a una Administración, sin especificar el órgano que deba ejercerla: Se entenderá que la facultad de instruir los expedientes corresponde a los órganos superiores competentes por razón de la materia Se entenderá que la facultad de resolver los expedientes corresponde a los órganos superiores competentes por razón de la territorio Se entenderá que la facultad de instruir y resolver los expedientes corresponde a los órganos superiores competentes por razón de la materia y del territorio Se entenderá que la facultad de instruir y resolver los expedientes corresponde a los órganos inferiores competentes por razón de la materia y del territorio.
Conforme con el art. 156 de la Ley 40/2015, el Esquema Nacional de Interoperabilidad: Comprende el conjunto de criterios y recomendaciones en materia de seguridad, conservación y normalización de la información, de los formatos y de las aplicaciones que deberán ser tenidos en cuenta por las entidades del Sector Público para la toma de decisiones tecnológicas que garanticen la interoperabilidad. Comprende el conjunto de criterios y recomendaciones en materia de seguridad, conservación y normalización de la información, de los formatos y de las aplicaciones que deberán ser tenidos en cuenta por las Administraciones Públicas para la toma de decisiones tecnológicas que garanticen la interoperabilidad. Está constituido por los principios básico y requisitos mínimos que garanticen adecuadamente la seguridad de la información tratada. Tiene por objeto establecer la política de seguridad en la utilización de medios electrónicos en el ámbito de la presente Ley.
Según el art. 41 de la Ley 40/2015, por actuación administrativa automatizada se entiende: Cualquier actuación realizada a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo Cualquier actuación realizada a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo con la supervisión continua de un empleado público Cualquier actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la no haya intervenido de forma directa un empleado público Cualquier actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la haya intervenido de forma directa un empleado público.
De acuerdo con el art. 33 de la Ley 40/2015, cuando la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varia Administraciones públicas se derive responsabilidad en los términos previstos en la citada Ley: Las Administraciones intervinientes responderán frente al particular, en todo caso, de forma mancomunada Las Administraciones intervinientes responderán frente al particular, en todo caso, de forma solidaria El instrumento jurídico regulador de la actuación conjunta determinará la distribución de la responsabilidad entre las diferentes Administraciones públicas En estos casos, la competencia para tramitar los procedimientos de responsabilidad corresponderá, en todo caso, a la que tenga mayor participación en la organización.
De acuerdo con el art. 63 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, están legitimadas para la impugnación ante el Tribunal Constitucional de las leyes del estado o de las comunidades autónomas que lesionen la autonomía local constitucionalmente garantizada las entidades locales: Cualquier entidad local Sólo las de carácter territorial Sólo las que se rigen por el Título X de la citada ley Las entidades locales no están legitimadas para realizar tal impugnación.
De acuerdo con el art. 24 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia, señale cuál de las siguientes no es una causa de cese del personal interino: Amortización del puesto que ocupe Declaración en situación de excedencia por cuidado de familiares Adscripción provisional al puesto de personal funcionario de carrera Finalización de la causa que dio lugar a su nombramiento.
De acuerdo al art. 25 de la Ley del empleo público de Galicia, el personal funcionario interino nombrado por razón de acumulación de tareas, podrá prestar sus servicios: Únicamente en la unidad administrativa en la que se produzca su nombramiento En la unidad administrativa en la que se produzca su nombramiento o en cualquier otra para funciones análogas, aunque no afectadas por el exceso o la acumulación de tareas En la unidad administrativa en la que se produzca su nombramiento o en cualquier otra, aunque no sea para funciones análogas, pero que estén afectadas por el exceso o la acumulación de tareas En la unidad administrativa en la que se produzca su nombramiento o en cualquier otra, siempre que sea para funciones análogas y estén afectadas por el excedo o la acumulación de tareas.
Según el art. 16 del Real Decreto Legislativo 5/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la carrera profesional es: El acceso a cuerpos o escalas del mis Subgrupo profesional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 La progresión de grado, categoría, escalón u otros conceptos análogos, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo y de conformidad con lo establecido en la letra b) del artículo 17 y en el apartado 3 del artículo 20 de este Estatuto El ascenso en la estructura de puestos de trabajo por los procedimientos de provisión establecidos en el capítulo III del título V de este estatuto El conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso profesional conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad.
De acuerdo con el art. 90 del RDL 5/2015, sobre la situación administrativa de suspensión de funciones, señale la afirmación incorrecta: La suspensión firme por sanción disciplinaria no podrá exceder de 6 años El funcionario declarado en la situación de suspensión de funciones no podrá prestar servicios en ninguna Administración Pública ni en los organismo públicos, agencias o entidades de derecho público dependientes o vinculadas a ellas durante el tiempo de cumplimiento de la pena o sanción La suspensión determinará la pérdida del puesto de trabajo cuando exceda de 3 meses Podrá acordarse la suspensión de funciones con carácter provisional con ocasión de la tramitación de un procedimiento judicial o expediente disciplinario, en los términos establecidos en este Estatuto.
Según la Ley 2/2015 del empleo público de Galicia, ¿cuál de las siguientes conductas constituye una falta disciplinaria muy grave? El abuso de autoridad en el desempeño de sus funciones La realización de actos encaminados a impedir la asistencia al puesto de trabajo de quien no quiera participar en una huelga La intervención en un procedimiento administrativo cuando concurra alguna de las causas de abstención legalmente establecidas Causar daño grave a la conservación de los locales, material y demás elementos relacionados con el servicio o dar lugar, por negligencia inexcusable, a su deterioro, pérdida, extravío o sustracción.
Según el art. 97 del RDL 5/2015, las sanciones por faltas leves prescriben: Al mes A los 2 meses A los 3 meses Al año.
Conforme con el art. 21 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el devengo es: El momento en el que entiende realizado el hecho imponible y en el que se produce el nacimiento de la obligación tributaria principal El momento en el que se realiza la liquidación del tributo El momento en el que se notifica la liquidación tributaria Ninguna de las anteriores es correcta.
De acuerdo con el art. 19 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, si por resolución judicial firme resultaren anulados o modificados los acuerdos locales o el texto de las ordenanzas fiscales, la entidad local vendrá obligada a: Devolver todos los ingresos derivados de las liquidaciones practicadas Mantener los actos firmes o consentidos dictados al amparo de la ordenanza que posteriormente resulte anulada o modificada, salvo que expresamente lo prohibiera la sentencia Devolver los ingresos realizados derivados de las liquidaciones practicadas a los obligados tributarios que lo soliciten Devolver los ingresos realizados derivados de las liquidaciones practicadas a los obligados tributarios que lo hayan solicitado con anterioridad a la firmeza de la sentencia.
Según el artículo 69.3 del Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, la periodicidad con la que el ayuntamiento notificará a los vecinos el contenido de sus datos padronales es: Cada mes Cada año Cada cinco años Al menos cada cinco años.
Según el artículo 47.2 de la Ley 7/1985, para la adopción de un acuerdo sobre alteración de términos municipales se requiere el voto favorable de: Mayoría simple del número legal de miembros de la corporación local Dos tercios del número legal de miembros de la corporación Mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación local Mayoría simple de miembros presentes en la sesión.
Según el artículo 127 de la Ley 7/1985, en un municipio de gran población la aprobación de la oferta de empleo público corresponde: Al Pleno, por mayoría simple Al Pleno, por mayoría absoluta A la Junta de Gobierno local Al Alcalde.
Según el artículo 127 de la Ley 7/1985, en un municipio de gran población la determinación del número y régimen de personal eventual es una competencia que corresponde: Al Pleno, por mayoría simple Al Alcalde Al Pleno, por mayoría absoluta A la Junta de Gobierno Local.
El servicio de Prevención y Extinción de Incendios, a tenor del artículo 81.c) de la Ley 5/1997, de 22 de julio, de administración local de Galicia, deberán prestarlo: Los municipios con población superior a 5.000 habitantes Todos los municipios Los municipios con población superior a 50.000 habitantes Los municipios con población superior a 20.000 habitantes.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 195 de la LOREG, si en un ayuntamiento se presenta recurso contencioso-electoral contra la proclamación de concejales electos, el ayuntamiento se constituye en sesión pública: El trigésimo día posterior a la celebración de las elecciones El vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones El quincuagésimo día posterior a la celebración de las elecciones El cuadragésimo día posterior a la celebración de las elecciones.
Según el artículo 83 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el mismo día de la celebración de una sesión plenaria el alcalde quiere someter al Pleno la aprobación de un asunto que no está incluido en el orden del día. ¿Está ajustada dicha posibilidad al ordenamiento jurídico vigente? Sí, siempre que, con carácter previo, se declare la urgencia para su inclusión en el orden del día por la mayoría simple del número de miembros presentes en el Pleno. Sí, siempre que, con carácter previo, se declare la urgencia para su inclusión en el orden del día por la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación y la sesión haya sido convocada con carácter ordinario. Sí, siempre que, con carácter previo, se ratifique su inclusión en el orden del día por la mayoría de miembros presentes en la sesión y la sesión haya sido convocada con carácter extraordinario. No, no es posible, el acuerdo sería nulo.
De acuerdo con el artículo 177 del RDL 2/2004 ¿qué dos clases de modificaciones de crédito requieres una tramitación idéntica a la aprobación del presupuesto? La generación de crédito por ingresos y por incorporación de remanentes de crédito Las transferencias de crédito entre mismas áreas de gasto y por generación de crédito por ingresos Las modificaciones por créditos extraordinarios y suplementos de crédito Ninguna modificación de créditos requiere esa tramitación.
De acuerdo con el artículo 191.3 del RDL 2/2004, el remanente de tesorería está configurado por: Las obligaciones reconocidas y liquidadas no satisfechas y los fondos líquidos a 31 de diciembre Las obligaciones reconocidas y liquidadas no satisfechas y los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre. Los fondos líquidos de tesorería a 31 de diciembre Las obligaciones reconocidas y liquidadas no satisfechas, los derechos pendientes de cobro y los fondos líquidos a 31 de diciembre.
El artículo 212 del RDL 2/2004, dispone con relación a la rendición, publicidad y aprobación de la cuenta general, que: Los estados y cuentas de la entidad local serán rendidas por la intervención municipal antes del 1 de junio. La cuenta general será expuesta al público por plazo de 15 días durante los cuales, y 8 más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. La cuenta general será expuesta al público por plazo de 15 días durante los cuales los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. Los estados y cuentas de la entidad local serán rendidas por el Presidente de la corporación antes del 1 de junio.
Según el artículo 216 del RDL 2/2004, cuando el Interventor emite nota de reparo, éste tendrá efectos suspensivos: En todo caso En el caso de reconocimiento de derechos y obligaciones Cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, suministros, adquisiciones y servicios En los casos de omisión en el expediente de cualquier trámite administrativo.
De acuerdo con el artículo 100 del RDL 2/2004, relativo al Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras: No están sujetas las obras de las que sea dueño el Estado, las CC.AA. o las EE.LL., sean de inversión o conservación No están sujetas las obras de las que sea dueño el Estado, las CC.AA. o las EE.LL., salvo las de conservación Están exentas del pago las obras sujetas de las que sea dueño el Estado, las CC.AA. o las EE.LL., destinadas a determinadas finalidades públicas Están exentas del pago las obras sujetas de las que sea dueño el Estado, las CC.AA. o las EE.LL., destinadas a determinadas finalidades públicas, salvo las de conservación.
De acuerdo al artículo 62.1 del RDL 2/2004, están exentos del Impuesto sobre bienes inmuebles: Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común, previa solicitud Los bienes propiedad del Estado, las CC.AA. o las EE.LL. Los terrenos ocupados por líneas de ferrocarriles y todos los edificios e instalaciones anejas Los bienes del Estado, CC.AA. o las EE.LL. directamente afectos a servicios educativos.
Es un principio de conducta de los funcionarios, recogido en el EBEP: Rechazar cualquier regalo, favor o servicio durante la jornada laboral Tratar con cuidado y respeto a los ciudadanos Administrar los recursos y bienes públicos con austeridad y no utilizar los mismo en provecho propio o de personas allegadas.
La Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, en relación a la responsabilidad por demora en el pago del justiprecio, según lo dispuesto en los artículo 56 a 58, dispone que: La cantidad que se fije definitivamente como justo precio devengará el interés de demora correspondiente a favor del expropiado, hasta que se proceda a su pago y desde el momento en que hayan transcurrido los seis meses a que se refiere el artículo 48 La cantidad que se fije definitivamente como justo precio devengará el interés legal correspondiente a favor del expropiado, hasta que se proceda a su pago y desde el momento en que hayan transcurrido los tres meses a que se refiere el artículo 48 Una vez efectuada la consignación del justiprecio y transcurrido el plazo de 4 años, procederá el derecho a la retasación Si transcurrieran 4 años sin que el pago de la cantidad fijada como justiprecio se haga efectivo o se consigne, habrá de procederse a evaluar de nuevo las cosas o derechos objeto de expropiación.
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Bienes de las EE.LL., en relación con lo recogido en la Sección tercera "Prerrogativas de las EE.LL. respecto de sus bienes", del Capítulo III "Conservación y tutela de bienes", del Título I (Señale la INCORRECTA): El acuerdo de iniciación del expediente de investigación se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el del municipio, si existiera, con expresión de las características que permiten identificar el bien o derecho investigado. Un ejemplar de dichos boletines se expondrá en el tablón de anuncios de la Corporación en que radiquen los bienes, durante 15 días. El acuerdo resolutorio de deslinde será ejecutivo y sólo podrá ser impugnado en vía civil, sin perjuicio de que cuantos se estimen lesionados en sus derechos pueden hacerlos valer ante la jurisdicción ordinaria. Las Corporaciones Locales podrán recobrar la tenencia de sus bienes patrimoniales en el plazo de un año, a contar desde el día siguiente de la fecha en que se hubiera producido la usurpación, y transcurrido ese tiempo procederá la acción correspondiente ante los Tribunales ordinarios. Las Corporaciones locales podrán ejecutar en vía administrativa la investigación, el deslinde y reivindicación de los bienes situados fuera del territorio de su jurisdicción, mediante exhorto a la entidad en cuyo territorio radicaren, para que, por su mediación, se desarrollen los actos correspondientes.
De conformidad al Reglamento de Bienes de las EE.LL. y en relación al inventario: Los inventarios serán autorizados por el Secretario de la Corporación con el visto bueno del Presidente y una copia del mismo y de sus rectificaciones se remitirá a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma. Todos los documentos que refrendaren los datos del inventario y, en especial, los títulos de dominio, actas de deslinde y valoración, planos y fotografías, se archivarán conjuntamente con la demás documentación municipal. La rectificación del inventario se verificará cada dos años a requerimiento del Secretario de la Corporación, y en ella se reflejarán las vicisitudes de toda índole de los bienes y derechos durante esa etapa. La reseña de los bienes en el inventario se efectuará con numeración correlativa por cada uno de ellos, dentro del respectivo epígrafe sin dejar ningún espacio en blanco a continuación.
De acuerdo con el art. 92 de La Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las AA.PP., sobre las autorizaciones demaniales (Señale la respuesta incorrecta): Al solicitante de autorizaciones de uso privativo o aprovechamiento especial del dominio público, cualquiera que sea el régimen económico que les resulte de aplicación, podrá exigírsele garantía, en la forma que se estime más adecuada, del uso del bien y de su reposición o reparación, o indemnización de daños, en caso de alteración. El cobro de los gastos generados, cuando excediese de la garantía prestada, podrá hacerse efectivo por la vía de apremio. Las autorizaciones podrán ser gratuitas, otorgarse con contraprestación o con condiciones, o estar sujetas a la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial de bienes del dominio público estatal regulada en el capítulo VIII del título I de la Ley 25/1998, de 13 de julio, de Modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público, o a las tasas previstas en sus normas especiales. Las autorizaciones podrán ser revocadas unilateralmente por la Administración concedente en cualquier momento por razones de interés público, previa indemnización al autorizado, cuando resulten incompatibles con las condiciones generales aprobadas con posterioridad, produzcan daños en el dominio público, impidan su utilización para actividades de mayor interés público o menoscaben el uso general. No serán transmisibles las autorizaciones para cuyo otorgamiento deban tenerse en cuenta circunstancias personales del autorizado o cuyo número se encuentre limitado, salvo que las condiciones por las que se rigen admitan su transmisión.
De acuerdo al artículo 26 de la Ley 7/1985, los municipios que deberán prestar el servicio de cementerio serán: Aquellos con un población superior a 20.000 habitantes Aquellos con un población superior a 2.000 habitantes Todos Aquellos con un población superior a 5.000 habitantes.
En relación con el art. 36 de la Ley 39/2015, relativo a las medidas provisionales, señale la afirmación incorrecta: Podrá acordarlas el órgano competente para iniciar o instruir el procedimiento, de oficio o a instancia de parte Deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro del mes siguiente a su adopción Quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento en el plazo establecido legalmente Quedarán sin efecto cuando el acuerdo de iniciación no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las mismas.
En cuanto a los principios de la potestad sancionadora, conforme a lo previsto en el art. 28 de la Ley 40/2015, las responsabilidades administrativas que se deriven de la comisión de una infracción: Serán compatibles con la obligación de indemnizar por los daños y perjuicios causados, pero no con la de reposición de la situación alterada a su estado originario Serán compatibles con la obligación de indemnizar por los daños y perjuicios causados o, alternativamente, con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por el mismo a su estado originario Serán compatibles con la obligación de indemnizar por los daños y perjuicios causados, que será determinada y exigida por el órgano al que corresponda el ejercicio de la potestad sancionadora Serán compatibles con la obligación de indemnizar por los daños y perjuicios causados, en los términos fijados por órgano administrativo distinto al competente para el ejercicio de la potestad sancionadora.
Según el art. 16.1 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, cuál de los siguientes elementos no es de inclusión obligatoria en una ordenanza fiscal reguladora de una tasa: La determinación del hecho imponible La determinación del sujeto pasivo Las exenciones, reducciones y bonificaciones Normas de gestión.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 190 del RDL 2/2004, indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: Los perceptores de anticipos de caja fija están obligados a justificar su aplicación a lo largo del ejercicio en que se constituyó Los anticipos de caja fija pueden utilizarse para la atención de cualquier tipo de gasto Los anticipos de caja fija solo pueden ser para pagos corrientes del capítulo 4 Los anticipos de caja fija pueden ser utilizados para la atención de gastos de carácter no periódicos.
Según la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, ¿puede el personal al servicio de las Corporaciones locales tener una participación del 20% en el capital de las empresas o sociedades concesionarias, o contratistas de obra, servicios o suministros, o arrendatarias o administradoras de monopolios, o con participación o aval del sector público, cualquiera que sea su configuración? Sí, en cualquier caso No, en ningún caso Sí, si es personal laboral.
Según la Ley 53/1984, ¿puede un concejal hacer compatible su actividad laboral privada con el desempeño de su cargo electivo? No, en ningún caso Puede, siempre que lo autorice el Alcalde Puede, salvo que desempeñe en la Corporación municipal un cargo retribuido en régimen de dedicación exclusiva.
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