En relación con los sistemas de clave concertada recogidos en el artículo 9.2 de la LPACAP, la autorización, por parte de la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Política Territorial y Función pública, solo podrá ser denegada: Por motivos de estado Por motivos de integridad digital Por motivos de seguridad pública Todas las respuestas son correctas.
Según la Ley 39/2015, en los certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la "Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación": Se entienden comprendidos los de persona jurídica y de entidad sin personalidad jurídica. Se entienden comprendidos los de persona jurídica, pero no los de entidad sin personalidad jurídica. Se entienden comprendidos los de entidad sin personalidad jurídica, pero no los de persona jurídica. No se entienden comprendidos los de persona jurídica ni los de entidad sin personalidad jurídica.
La actual Ley 39/2015 requiere que la Ley declare expresamente la capacidad de obrar cuando se trate de Grupos de afectados Menores de edad Menores de edad incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate. Personas jurídicas. Personas jurídicas.
Según la Ley 39/2015, el apoderamiento "apud acta" se otorgará: Mediante comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica haciendo uso de los sistemas de firma electrónica previstos en esta Ley. Mediante comparecencia personal en la correspondiente sede electrónica haciendo uso de los sistemas de firma electrónica previstos en esta Ley. Mediante comparecencia electronica en las oficinas de asistencia en materia de registros. Mediante comparecencia postal en la forma que reglamentariamente se establezca.
A los efectos previstos en la Ley 39/2015, tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas (señala la incorrecta): Las personas físicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles. Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación no esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Cuando la Ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos. Las personas jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles.
En el artículo 6.2 de la LPACAP se establece que los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos pertenecientes a todas y cada una de las Administraciones: Todas las respuestas son correctas Deberán ser incluidos en el Registro General de la Administración General del Estado Deberán ser plenamente interoperables entre sí Deberán ser gestionados y administrados por el Ministerio de Administraciones Públicas.
Es cierto que el art. 5 de la Ley 39/2015 al tratar de la representación dispone que... Para que un interesado pueda actuar por medio de representante se requiere que tenga capacidad de obrar Sólo pueden actuar en representación de otras personas las personas físicas Las personas jurídicas siempre actuarán ante la Administración por medio de un representante que será persona física Todas las afirmaciones anteriores son correctas.
El trámite de prueba en un procedimiento administrativo viene establecido por la ley 39/2015 y tendrá un plazo para realizarla de: Entre diez y quince días. Entre diez y veinte días. Entre diez y treinta días. Entrre cinco y quince días.
Los actos administrativos son eficaces: Desde la fecha en que se dicten. A partir del día siguiente en que se dicten. Desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. A partir del día siguiente en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.
Según la Ley de Procedimiento Administrativo Común, los informes serán: a) Facultativos y no vinculantes. b) Facultativos y vinculantes. c) Preceptivos y no vinculantes. d) Preceptivos y vinculantes.
Según la Ley de Procedimiento Administrativo Común, contra la resolución de un recurso de alzada: a) No cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión, en los casos establecidos en el artículo 125.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. b) Cabe interponer tanto el recurso extraordinario de revisión como recurso de reposición. c) Cabe interponer nuevamente recurso de alzada, así como el extraordinario de revisión, en los casos establecidos en el artículo 125.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. d) Todas son incorrectas.
Indicar la opción correcta:
a) Los procedimientos administrativos sólo pueden iniciarse a solicitud del interesado. b) Los procedimientos se pueden iniciar de oficio o a solicitud del interesado. c) Los procedimientos sólo pueden iniciarse de oficio, por la Administración. d) Los procedimientos iniciados a solicitud del interesado conllevan una tramitación diferente.
El error en la calificación del recurso administrativo por parte del recurrente: a) Impedirá su tramitación. b) Deberá ser subsanado. c) No será obstáculo para su tramitación si se deduce su verdadero carácter. d) Siempre es necesaria su correcta calificación.
De conformidad con el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, se podrá prescindir del trámite de audiencia. a) Cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado. b) En los procedimientos de responsabilidad patrimonial a los que se refiere el artículo 32.9 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. c) En ningún caso. d) En cualquier caso.
¿Cuál de las siguientes opciones no se considera inicio del procedimiento “de oficio”, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas? a) Inicio como consecuencia de orden superior. b) Inicio del procedimiento por denuncia. c) Inicio por petición razonada formulada por cualquier órgano administrativo. d) Inicio mediante escrito del interesado presentado en el registro de entrada de una Administración Pública.
En la solicitud de acceso a la información pública el solicitante no está obligado a
a) declarar su identidad. b) motivar la solicitud de acceso a la información. c) indicar una dirección de contacto, preferentemente electrónica. d) especificar la información que se solicita.
Según la Ley de Procedimiento Administrativo Común, ¿cómo se puede ampliar el plazo de un proceso administrativo? a) En ningún caso se puede ampliar porque siempre se establecen plazos lo suficientemente amplios. b) Se puede ampliar si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido. c) Se puede ampliar si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. En determinadas circunstancias podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido. d) Todas son incorrectas.
Las personas cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución de un procedimiento administrativo se consideran interesadas en el mismo: En todo caso. Siempre que lo promuevan como, titulares de derechos o intereses legítimos individuales o Colectivos. Siempre que se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva. En aquellos casos en que pertenezcan a asociaciones u organizaciones representativas de intereses económicos y sociales.
Según el artículo 4.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, se consideran interesados en el procedimiento administrativo: Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos. Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva. Todas son correctas.
Para que una persona pueda actuar en representation de otra ante las Administraciones Públicas debere ostentar: Personadad juridica. Capacidad jurídica. Capacidad de obrar. Capacidad administrativa.
De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados, las actuaciones a que den lugar se efectuarán con el representante o el interesado que expresamente hayan señalado y, en su defecto: Con el que figure en primer término. Con el que la administración establezca. Con el que tenga mayor edad entre los interesados. Con el que tenga más formación de entre los interesados.
¿Todas las administraciones públicas deben aceptar cualquiera de los sistemas de identificación previstos en el artículo 9 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común?: Sí, todas las Administraciones Públicas y para todos los trámites o procedimientos deberán admitir todos los sistemas de identificación. No, cada Administración Pública podrá determinar si solo admite alguno de estos sistemas de identificación para realizar determinados trámites o procedimientos. Y la admisión de cualquiera de ellos, conllevará la admisión de todos los demás. No, cada Administración Pública podrá determinar si solo admite alguno de estos sistemas de identificación para realizar determinados trámites o procedimientos. Y la admisión de sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de sello electrónico expedidos por prestadores incluidos en la “lista de confianza de prestadores de servicios de certificación”, conllevará la admisión de todos los demás. No, cada Administración Pública podrá determinar si solo admite alguno de estos sistemas de identificación para realizar determinados trámites o procedimientos. En todo caso, la aceptación de alguno de estos sistemas por la Administración General del Estado servirá para acreditar frente a todas las Administraciones Públicas, salvo prueba en contrario, la identificación electrónica de los interesados en el procedimiento administrativo.
De conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, ¿Las administraciones públicas están obligadas a verificar la identidad de los ciudadanos que se relacionan con ellas?: Sí, en todo caso, salvo que una Ley expresamente lo prohíba. Dependerá del motivo por el cual el ciudadano se dirija a la Administración. Sí, pero solamente cuando el ciudadano promueva el procedimiento como titular de derechos o intereses legítimos o colectivos. Sí, cuando quien se relaciona con la Administración se considera interesado atendiendo al artículo 4 de la Ley 39/2015.
De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, el acceso a la información publica corresponde: Solo a las personas interesadas en el procedimiento. Solo a las personas interesadas y que se hayan personado en el procedimiento. A todas las personas con capacidad de obrar, con independencia de que tengan la consideración de interesadas en el procedimiento. Solo a los ciudadanos con nacionalidad española. .
En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Publicas: Los empleados de las Administraciones Públicas para los tramites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado publicó. Las personas físicas para el ejercicio de sus obligaciones. Los empleados de las Administraciones Publicas para los tramites y actuaciones que realicen en cualquier Administración Pública. Las personas físicas para el ejercicio de sus derechos.
Relacionarse electrónicamente con las Administraciones Publicas: Todavía no esta regulado en el ordenamiento. Es una recomendación para las personas jurídicas. Es un derecho y una obligación para las personas físicas. Es un derecho y una obligación para las personas jurídicas. .
De conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común:
Todas las Administraciones Públicas dispondrán de un Registro Electrónico General único sin que puedan disponer de su propio registro electrónico otros Organismos públicos vinculados de ellas. Todas las Administraciones Públicas dispondrán de un Registro Electrónico General único pudiendo disponer de su propio registro electrónico otros Organismos públicos vinculados o dependientes de ellas, estando ese registro electrónico plenamente interoperable e interconectado con el Registro Electrónico General de cada Administración de la que depende. Todas las Administraciones Públicas dispondrán de un Registro Electrónico General único sin que puedan disponer de su propio registro electrónico otros Organismos públicos dependientes de ellas. Todas las Administraciones Públicas dispondrán de un Registro Electrónico General único pudiendo disponer de su propio registro electrónico otros Organismos públicos vinculados o dependientes de ellas, sin que ese registro electrónico esté plenamente interoperable e interconectado con el Registro Electrónico General de cada Administración de la que depende.
De conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común: La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación, salvo desistimiento por parte del interesado. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación, salvo en los casos de caducidad del procedimiento. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación, salvo los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio, así como los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación, siempre y cuando la resolución sea dictada en el plazo de doce meses.
¿En qué supuestos la Administración NO está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla? Cuando el o la interesada desista del procedimiento. Cuando el o la interesada renuncie a su derecho. Cuando ya hubiese dictado otra resolución por un asunto idéntico. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos.
El silencio administrativo tendrá efecto estimatorio: En los procedimientos de revisión de oficio de actos. En el procedimiento de impugnación de un acto mediante recurso de alzada, cuando dicho recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud. En los procedimientos de impugnación de un actos mediante recurso de alzada. En los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición con base en el art. 29 de la Constitución Española. .
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