En el caso de un procedimiento de contratación con negociación, según lo indicado por el artículo 169 de la 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público, si la administración decide limitar el número de empresas a negociar, está obligada a: Invitar como mínimo a dos empresas Invitar como mínimo a tres empresas Invitar como mínimo a cuatro empresas Invitar como mínimo a cinco empresas.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, los contratos menores se definen por las siguientes notas: Ser inferiores a una determinada cuantía y tener un plazo de duración que no puede exceder de un año Ser inferiores a una determinada cuantía y tener un plazo de duración que no puede exceder de dieciséis meses Son aquellos de cuantía ilimitada y cuyo plazo de duración no puede exceder de un año Son aquellos de cuantía ilimitada y cuyo plazo de duración no puede exceder de dos años.
De acuerdo con lo establecido en la ley de contratos del sector público, están excluidos del ámbito de esta ley los siguientes negocios y relaciones jurídicas: Los contratos relativos a servicios de arbitraje y conciliación Los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que suscriban los entes, organismos y entidades enumerados en el artículo 3 de la ley Los contratos subvencionados por los entes, organismos y entidades del sector público que suscriban otras personas físicas o jurídicas sujetos a una regulación armonizada Los contratos de obras que suscriban los concesionarios de obras públicas en los casos previstos en la ley.
De acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del sector público, los contratos que celebren los entes, organismos y entidades del sector público deben incluir, necesariamente, salvo que ya se encuentren recogidas en los pliegos, las siguientes menciones: Identificación de las partes y acreditación de la capacidad de los firmantes para suscribir el contrato Definición del objeto del contrato y el precio cierto, o el modo de determinarlo Las respuestas a) y b) son correctas Ninguna respuesta es correcta.
Deberá constituirse una garantía definitiva a disposición del órgano de contratación, conforme el artículo 107 de la Ley de Contratos del Sector Público, de un: 5% del precio final ofertado por aquellos, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido 5% del importe de adjudicación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido 5% del precio final ofertado por aquellos, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido 3% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
Según el artículo 193 de la Ley de contratos del Sector Público, cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración: Resolverá el contrato en todo caso Impondrá necesariamente penalidades diarias en la proporción de 0,10 € por cada 1.000 € del precio del contrato Podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de una penalidad de hasta el 10 % del presupuesto del contrato Podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,60 E por cada 1.000 € del precio del contrato.
Según el artículo 77 de la Ley de Contratos del Sector Público, será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado corno contratista de obras de las Administraciones Públicas para los contratos de obra cuyo valor estimado sea: Igual o superior a 500.000 euros Inferior a 500.000 euros Igual o superior a 209.000 euros Inferior a 209.000 euros.
Según el artículo 101 de la Ley de Contratos del Sector Público, el valor estimado de los contratos de obras vendrá determinado por: El importe total, incluido el impuesto sobre el Valor Añadido, según las estimaciones del órgano de contratación El importe total, sin incluir el impuesto sobre el Valor Añadido, según las estimaciones del órgano de contratación El importe total del contrato, sin tener en cuenta las eventuales prórrogas, según las estimaciones del órgano de contratación La estimación del importe total del contrato teniendo en cuenta los precios habituales, referida al momento de la formalización del contrato.
Según el artículo 107 de la Ley de Contratos del Sector Público, en la concesión de obras públicas el importe de la garantía definitiva: Será de un 5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido Será de un 5% del importe de adjudicación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido Se calculará aplicando 5% sobre el valor estimado del contrato, cuantificado con arreglo al establecido en el artículo 107.2 de la citada norma Se fijará en cada caso por el órgano de contratación en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
De acuerdo con el artículo 122 de la Ley de Contratos del Sector Público los pliegos de cláusulas administrativas particulares: Deberán aprobarse una vez autorizado el gasto, y siempre antes de la adjudicación del contrato Deberán aprobarse previamente a la autorización del gasto o conjuntamente con ella, y siempre antes de la licitación del contrato, o de no existir esta, antes de su adjudicación Deberán aprobarse una vez autorizado el gasto, después de la licitación del contrato, y siempre antes de su adjudicación Deberán aprobarse previamente a la autorización del gasto o conjuntamente con ella, y siempre después de la licitación del contrato, pero antes de su adjudicación.
Será preceptivo el informe del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente en las modificaciones del contrato cuando no estuvieran previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y su cuantía, aislada o conjuntamente: Sea superior a un 10% del precio inicial del contrato, IVA excluido, cuando este sea igual o superior a 1.000.000 de euros Sea superior a un 20% del precio inicial del contrato, IVA excluido, cuando este sea igual o superior a 1.000.000 de euros Sea superior a un 20% del precio inicial del contrato, IVA excluido, cuando este sea igual o superior a 6.000.000 de euros Sea superior a un 10% del precio inicial del contrato, IVA excluido, cuando este sea igual o superior a 6.000.000 de euros.
En el artículo 106 apartado 4 de la Ley de Contratos del Sector Público se señala que la garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores: Inmediatamente después de la extinción del contrato Inmediatamente después de la perfección del contrato A la finalización del contrato Después de formalizado el contrato.
En la Ley de Contratos del Sector Público se establece que la renuncia a la celebración del contrato o el desistimiento del procedimiento solo deberá acordarse: Por la mesa de contratación, que lo deberá hacer público en el Perfil de Contratante Por la mesa de contratación, después de la adjudicación Por el órgano de contratación después de haberse adjudicado e indemnizado a los licitadores por los daños y perjuicios causados Por el órgano de contratación antes de la formalización.
En la Ley de Contratos del Sector Público se establece que los acuerdos relativos a la clasificación de las empresas: Se inscribirán a instancia de las empresas en el Registro General de Licitadores y Empresas Clasificadas Se inscribirán en los correspondientes Registros de Licitadores de las Administraciones Públicas competentes Se comunicarán de oficio a las respectivas Administraciones contratantes Se inscribirán de oficio en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que corresponda en función del órgano que los hubiese adoptado.
Respecto de la tramitación urgente del expediente la Ley de Contratos del Sector Público dispone que acordada la apertura del procedimiento de adjudicación, los plazos establecidos en esta Ley para la licitación, adjudicación y formalización de los contratos: Se reducirán en quince días Se reducirán a la mitad, excepto el plazo de un mes previsto para la formalización del contrato Se reducirán a la mitad, excepto los plazos establecidos en el párrafo segundo del artículo 119 de esta ley Se reducirán según establezca el órgano de contratación dada su preferencia en la tramitación.
En el procedimiento restringido regulado en la Ley de Contratos del Sector Público: Sólo podrán presentar proposiciones aquellos empresarios que, a su solicitud y en atención a su solvencia, sean seleccionados por el órgano de contratación Sólo podrán presentar proposición aquellos empresarios que, a su solicitud y en atención a su solvencia, haya negociado con ellos la Administración los términos del contrato Podrán presentar proposiciones todos los empresarios que tengan la clasificación exigida en la contratación No podrán presentar proposiciones más que los cinco empresarios con los que como máximo habrá negociado la Administración los términos del contrato.
Señale cuál de las siguientes afirmaciones es falsa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley de Contratos del Sector Público: Podrán contratar con el sector público las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa La duración de las uniones temporales de empresarios será coincidente con la del contrato hasta su extinción Para los casos en que sea exigible la clasificación y concurran en la unión empresarios nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea y extranjeros que sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea, los que pertenezcan al primer grupo deberán acreditar su clasificación, y los dos últimos su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
Según el artículo 82 de la Ley de Contratos del Sector Público: La clasificación de las empresas será revisable anualmente de oficio por la Administración. La clasificación será revisable a petición de los interesados en cuanto varíen las circunstancias tomadas en consideración para concederla. La omisión de esta petición hará incurrir al empresario en la prohibición de contratar. La clasificación de las empresas tendrá una vigencia indefinida en tanto se mantengan por el empresario las condiciones y circunstancias en que se basó su concesión. No obstante para la conservación de la clasificación deberá justificarse anualmente el mantenimiento de la solvencia económica y financiera y el de la solvencia técnica y profesional. El empresario está obligados a poner en conocimiento del órgano competente en materia de clasificación cualquier variación en las circunstancias que hubiesen sido tenidas en cuenta para concederla que pueda dar lugar a una revisión de la misma. La omisión de esta comunicación hará incurrir al empresario en la prohibición de contratar.
Según lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley de Contratos del Sector Público, deberá reajustarse la garantía: Cuando el contratista hubiese incurrido en mora, y sin perjuicio de las penalidades que fueren procedentes Como consecuencia de una revisión del precio conforme a lo señalado en el Capítulo II del Título III del Libro I Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio del mismo Cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por 100 de su importe y hubiese transcurrido un año desde su formalización.
Para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros, según el artículo 214 de la Ley de Contratos del Sector Público deberá cumplirse uno de los siguientes requisitos: Que la cesión esté prevista en el contrato Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato y haya transcurrido al menos un año desde el inicio de la ejecución Que el órgano de contratación autorice la cesión de forma expresa, o cuando, transcurridos quince días hábiles desde que se haya solicitado, no recaiga resolución denegatoria Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública.
De acuerdo con el artículo 106 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, la garantía provisional únicamente responderá de los siguientes conceptos: De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato incluidas las mejoras que ofertadas por el contratista hayan sido aceptadas por el órgano de contratación De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato Del mantenimiento de su oferta hasta la perfección del contrato De las penalidades impuestas al contratista conforme al artículo 192 de la presente Ley.
De acuerdo con el artículo 205 de la Ley de Contratos del Sector Público, las modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares solo podrían darse en los siguientes supuestos. Señale la opción incorrecta: Cuando puedan alterar la naturaleza global del contrato inicial Cuando deviniera necesario añadir obras, suministros o servicios adicionales a los inicialmente contratados Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato Cuando las modificaciones no sean sustanciales.
Son causas de resolución del contrato, de acuerdo con el artículo 211 de la Ley de Contratos del Sector Público: El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista a los trabajadores que estuvieran participando en la misma El incumplimiento de las condiciones establecidas en los Convenios colectivos en vigor a los trabajadores que estuvieran participando en la ejecución del contrato La demora en el pago por parte de la Administración por plazo superior a seis meses Todos los supuestos anteriores son causas de resolución del contrato.
Los expedientes de resolución contractual deberán ser instruidos y resueltos en el plazo máximo de: Seis meses Cuatro meses Ocho meses Tres meses .
De acuerdo con el artículo 213 de la Ley de Contratos del Sector Público: El incumplimiento por parte de la Administración de las obligaciones del contrato determinará para aquella, en todo caso, el pago de los daños y perjuicios que por tal causa se irroguen al contratista Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le será incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada Cuando la resolución se produzca por mutuo acuerdo, el contratista tendrá derecho a una indemnización del 3 por ciento del importe de la prestación dejada de realizar En todo caso el acuerdo de resolución supondrá la cancelación de la garantía que, en su caso, hubiese sido constituida.
Señale la opción incorrecta respecto a la subcontratación regulada en el artículo 215 de la Ley de Contratos del Sector Público: Los subcontratistas tendrán acción directa frente a la Administración contratante por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los subcontratos El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato con personas inhabilitadas para contratar Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración.
La Ley de Contratos del Sector Público asegura, según el artículo 1, una eficiente utilización de los fondos destinados, en conexión con: El objetivo de estabilidad presupuestaria y el control del gasto El objetivo de estabilidad administrativa y el control contable l objetivo de control financiero y eficacia administrativa El objetivo de control interno y auditoría contable.
Se entenderá que un contrato tiene carácter oneroso, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley de Contratos del Sector Público: En los casos en que la Administración obtenga algún tipo de beneficio económico, ya sea de forma directa o indirecta En los casos en que la entidad que tenga la consideración de poder adjudicador obtenga algún tipo de beneficio económico, ya sea de forma directa o indirecta En los casos en que la entidad del sector público obtenga algún tipo de beneficio económico, ya sea de forma directa o indirecta En los casos en que el contratista obtenga algún tipo de beneficio económico, ya sea de forma directa o indirecta.
Son contratos de servicios según el artículo 17 de la Ley de Contratos del Sector Público: Los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos Aquellos servicios cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado consistente en una obra o suministro Los de fabricación, por los que la cosa o cosas que hayan de ser entregadas por el empresario deban ser elaboradas con arreglo a características peculiares fijadas previamente por la entidad contratante Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
La duración de los contratos de concesión de obras o de concesión de servicios, no podrá exceder, incluyendo las posibles prórrogas, de: Treinta años para los contratos de concesión de obras, y de concesión de servicios que comprendan la ejecución de obras y la explotación de servicio Veinte años en los contratos de concesión de servicios que comprendan la explotación de un servicio no relacionado con la prestación de servicios sanitarios Diez años en los contratos de concesión de servicios que comprendan la explotación de un servicio cuyo objeto consista en la prestación de servicios sanitarios siempre que no comprendan la ejecución de obras y la explotación de servicio Todas las respuestas anteriores son correctas.
Cuál de los siguientes no forma parte del contenido mínimo de los contratos que celebren los entes, organismos y entidades del sector público de acuerdo con el artículo 35 de la Ley (le Contratos del Sector Público: Las condiciones de recepción, entrega o admisión de las prestaciones La acreditación de la capacidad de los firmantes para suscribir el contrato La extensión objetiva y temporal del deber de confidencialidad que, en su caso, se imponga al contratista Los supuestos en que procede la suspensión.
De acuerdo con lo establecido en la ley de contratos del sector público, el orden jurisdiccional contencioso-administrativo no será el competente para resolver las cuestiones litigiosas relativas a la: Preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos Preparación de los contratos privados de las administraciones públicas Adjudicación de los contratos privados de las administraciones públicas Efectos y extinción de los contratos privados de las entidades que tengan la consideración de poderes adjudicadores. .
Señale la afirmación correcta de acuerdo con lo previsto en el artículo 44 de la Ley de Contratos del Sector Público sobre el recurso especial en materia de contratación: No se dará este recurso en relación con los procedimientos de adjudicación que se sigan por el trámite de urgencia Contra las actuaciones susceptibles de ser impugnadas mediante el recurso especial, procederá igualmente la interposición de recursos administrativos ordinarios La interposición del recurso especial en materia de contratación tendrá carácter preceptivo y será gratuito para los recurrentes Podrán ser objeto del recurso especial en materia de contratación los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la contratación.
De acuerdo con el artículo 57 de la Ley de Contratos del Sector Público el interesado podrá considerar desestimado el recurso especial en materia de contratación a los efectos de interponer recurso contencioso-administrativo, cuando hayan transcurrido, desde la interposición del recurso sin que se haya notificado su resolución: Dos meses Tres meses Un mes Treinta días.
Las relaciones jurídicas, negocios y contratos citados en la sección 2ª del Capítulo 1 del Título Preliminar de la Ley de Contratos del Sector Público, quedan excluidos del ámbito de esta ley, y se regirán por: a) . b) . c) . d) .
Por sus normas especiales, aplicándose los principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse Por sus disposiciones de desarrollo, aplicándose supletoriamente las restantes normas de derecho administrativo o, en su caso, las normas de derecho privado Por las normas de derecho privado, y aquellas normas a las que se refiere el párrafo primero del artículo 319 en materia medioambiental, social o laboral, de condiciones especiales de ejecución, de modificación del contrato, de cesión y subcontratación Por la Ley de Contratos el Sector Público y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.
La ejecución de obras podrá realizarse por los servicios de la Administración Pública, ya sea empleando exclusivamente medios propios no personificados o con la colaboración de empresarios particulares cuando concurra alguna de estas circunstancias: Las obras de primer establecimiento, reforma, restauración, rehabilitación o gran reparación Que la Administración posea elementos auxiliares utilizables, cuyo empleo suponga una economía superior al 10 % del importe del presupuesto del contrato Que no haya habido ofertas de empresarios en la licitación previamente efectuada Cuando se trate de un supuesto de urgencia.
Cuando un contrato mixto comprenda prestaciones propias de dos o más contratos de obras, suministros o servicios: Se aplicarán las normas relativas a los contratos de obras Se aplicarán las normas relativas a los contratos de obras cuando el valor estimado de las prestaciones correspondientes a estos contratos supere las cuantías establecidas en el artículo 20 Se atenderá al carácter de la prestación principal Se atenderá a cuál sea el mayor de los valores estimados de los respectivos servicios o suministros.
De acuerdo con el artículo 69 de la Ley de Contratos del Sector Público, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre las Uniones temporales de empresas no es correcta? La duración de las uniones temporales de empresas será coincidente, al menos, con la del contrato hasta su extinción No es necesaria su formalización en escritura pública hasta que se efectúe la formalización del contrato Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados solidariamente Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con poder bastantes para ejercitar los derechos y cumplir los deberes que del contrato se deriven hasta su extinción.
Señale de entre las siguientes afirmaciones cuál no es correcta a tenor de lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Contratos del Sector Público: La clasificación no será exigible para los demás tipos de contratos distintos de los de obras La clasificación será exigible igualmente al cesionario de un contrato en el caso en que hubiese sido requerida al cedente Cuando no haya concurrido ninguna empresa clasificada en un procedimiento de adjudicación de un contrato para el que se requiera clasificación, el órgano de contratación podrá excluir la necesidad de cumplir este requisito en el siguiente procedimiento que se convoque para la adjudicación del mismo contrato, alterando sus condiciones Para los contratos de servicios no será exigible la clasificación del empresario.
De acuerdo con el artículo 74 de la Ley de Contratos del Sector Público, los requisitos mínimos de solvencia que deba reunir el empresario y la documentación requerida para acreditar los mismos: Se especificarán en el pliego del contrato Deben estar vinculados al objeto del contrato y ser proporcionales al mismo Se indicarán en el anuncio de licitación Todas las respuestas anteriores son correctas.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley de Contratos del Sector Público, la solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por uno de los medios siguientes, a elección del órgano de contratación: Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último ejercicio económico Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato En los casos en que resulte apropiado, justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación Todas las respuestas contenidas en las letras anteriores son correctas.
¿Quién elaborará los índices mensuales de los precios de los componentes básicos de costes incluidos en las fórmulas tipo de revisión de precios de los contratos? El Consejo de Ministros, previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado y de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos El Instituto Nacional de Estadística, los cuales serán aprobados por el Consejo de Ministros podrá aprobar, previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado El Instituto Nacional de Estadística, los cuales serán aprobados por Orden del Ministro de Hacienda y Función Pública, previo informe del Comité Superior de Precios de Contratos del Estado El Consejo de Ministros, previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado y Comité Superior de Precios de Contratos del Estado.
Quedan exceptuados de la publicación en el perfil del contratante, de acuerdo con el artículo 63 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, aquellos contratos menores cuyo valor estimado fuera: Inferior a quince mil euros Inferior a diez mil euros Inferior a siete mil quinientos euros Inferior a cinco mil euros.
De acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público señale la opción incorrecta: Los contratistas deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de las prestaciones que constituyan el objeto del contrato Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios Quienes concurran individual o conjuntamente con otros a la licitación de una concesión de obras o de servicios, deberán hacerlo con el compromiso de constituir una sociedad que será la titular de la concesión Solo podrán contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar.
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