46. B.
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Título del Test:
![]() 46. B. Descripción: Algo para repasar |



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1.- El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres dice: a) las personas son iguales ante la ley, e iguales en derechos y deberes. b) las mujeres y los hombres son iguales en dignidad humana, e iguales en derechos y deberes. c) las mujeres y los hombres son iguales ante la ley, e iguales en derechos y deberes. d) las personas son iguales en dignidad humana, e iguales en derechos y deberes. 2.- Esta Ley tiene por objeto: a) el pleno reconocimiento de la igualdad formal ante la ley. b) promover las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas. c) hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. d) combatir todas las manifestaciones de discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo. 3.- Esta Ley tiene por objeto la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas: a) laboral y económica. b) política y civil. c) todas son correctas. d) social y cultural. 4.- La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: a) únicamente regula derechos y deberes de las personas físicas. b) prevé medidas destinadas a eliminar y corregir exclusivamente en el sector público, toda forma de discriminación por razón de sexo. c) establece principios de actuación de los Poderes Públicos. d) todas son correctas. 5.- La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres establece que gozarán de los derechos derivados del principio de igualdad de trato y de la prohibición de discriminación por razón de sexo: a) toda persona, física o jurídica. b) las personas físicas. c) todas las personas. d) las mujeres y los hombres. 6.- Las obligaciones establecidas en esta Ley serán de aplicación a toda persona: a) física, que se encuentre en territorio español, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia. b) física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia. c) física o jurídica, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia, aunque no se encuentre o actúe en territorio español. d) física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español, con nacionalidad, domicilio o residencia española. 7.- El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de: a) la asunción de obligaciones familiares. b) el estado civil. c) todas son correctas. d) la maternidad. 8.- La igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres: a) se integrará y observará en la interpretación de las normas jurídicas. b) todas son correctas. c) es un principio informador del ordenamiento jurídico. d) se integrará y observará en la aplicación de las normas jurídicas. 9.- El principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, aplicable en el ámbito del empleo privado y en el del empleo público, se garantizará, en los términos previstos en la normativa aplicable (señala la incorrecta): a) en la afiliación y participación en las organizaciones sindicales y empresariales, salvo las prestaciones concedidas por las mismas. b) en el acceso al empleo, incluso al trabajo por cuenta propia. c) en la formación profesional y en la promoción profesional. d) en las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas y las de despido. 10.- Una diferencia de trato basada en una característica relacionada con el sexo cuando, debido a la naturaleza de las actividades profesionales concretas o al contexto en el que se lleven a cabo, dicha característica constituya un requisito profesional esencial y determinante, siempre y cuando el objetivo sea legítimo y el requisito proporcionado: a) no constituirá discriminación en el acceso al empleo, incluida la formación necesaria. b) constituirá discriminación en el acceso al empleo, salvo la formación necesaria. c) no constituirá discriminación en el acceso al empleo, salvo la formación necesaria. d) constituirá discriminación en el acceso al empleo, incluida la formación necesaria. 11.- Se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en que se encuentra una persona que: a) sea o haya sido tratada, en atención a su sexo, de manera más favorable que otra en situación comparable. b) sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera más favorable que otra en situación comparable. c) sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable. d) sea o haya sido tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable. 12.- Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica: a) no puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados. b) no puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad ilegítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados. c) puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados. d) puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad ilegítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados. 13.- Respecto al acoso sexual y acoso por razón de sexo es correcto: a) el acoso sexual y el acoso por razón de sexo se considerarán discriminatorios cuando así lo determine un juez. b) constituye acoso sexual cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. c) constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. d) el condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la aceptación de una situación constitutiva de acoso sexual o de acos. 14.- También se considerará discriminación por razón de sexo cualquier trato adverso o efecto negativo que se produzca en una persona como consecuencia de: a) la presentación por una tercera persona de queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso, de cualquier tipo, destinados a impedir su discriminación y a exigir el cumplimiento efectivo del principio de igualdad de oportunidades. b) la presentación por su parte de queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso, de cualquier tipo, destinados a impedir su discriminación y a exigir el cumplimiento efectivo del principio de igualdad de oportunidades. c) la presentación por su parte de queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso, de cualquier tipo, destinados a impedir su discriminación y a exigir el cumplimiento efectivo del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres. d) la presentación por una tercera persona de queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso, de cualquier tipo, destinados a impedir su discriminación y a exigir el cumplimiento efectivo del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres. 15.- Los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de sexo se considerarán: a) nulos y sin efecto. b) anulables. c) irregulares. d) revisables. 16.- Los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de sexo darán lugar a responsabilidad a través de un sistema de reparaciones o indemnizaciones que sean: a) reales, efectivas y proporcionadas al perjuicio sufrido. b) probables, eficaces y proporcionadas al perjuicio sufrido. c) probables, efectivas y superiores al perjuicio sufrido. d) reales, efectivas y superiores al perjuicio sufrido. 17.- Con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad, los Poderes Públicos adoptarán medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres. Tales medidas, que serán aplicables: a) aún después de ser corregidas dichas situaciones, habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso. b) en tanto subsistan dichas situaciones, habrán de ser únicas y adecuadas con el objetivo perseguido en cada caso. c) en tanto subsistan dichas situaciones, habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso. d) aún después de ser corregidas dichas situaciones, habrán de ser únicas y adecuadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso. 18.- Cualquier persona podrá recabar de los tribunales la tutela del derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, de acuerdo con lo establecido en: a) el artículo 53.2 de la Constitución, antes de la terminación de la relación en la que supuestamente se ha producido la discriminación. b) el artículo 14 de la Constitución, antes de la terminación de la relación en la que supuestamente se ha producido la discriminación. c) el artículo 14 de la Constitución, incluso tras la terminación de la relación en la que supuestamente se ha producido la discriminación. d) el artículo 53.2 de la Constitución, incluso tras la terminación de la relación en la que supuestamente se ha producido la discriminación. 19.- Respecto a los procesos que versen sobre la defensa de la tutela judicial efectiva corresponde a las personas físicas y jurídicas con interés legítimo, la capacidad y legitimación para intervenir en los procesos: a) civiles. b) todas son correctas. c) sociales. d) contencioso-administrativos. 20.- En los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo: a) estará legitimada cualquier persona que conozca los hechos. b) estará legitimado el Ministerio Fiscal y la persona acosada. c) la persona acosada será la única legitimada. d) ninguna es correcta. 21.- Salvo en los procesos penales, en aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias, por razón de sexo, corresponderá probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad a: a) la persona demandada. b) la persona demandante. c) el órgano judicial. d) ninguna es correcta. 22.- Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias y en aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres, deberán: a) fomentar la formación en igualdad, tanto en el acceso al empleo público como a lo largo de la carrera profesional. b) establecer medidas efectivas de protección frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo. c) promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de selección y valoración. d) todas son correctas. 23.- El Gobierno atenderá al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en el nombramiento de las personas titulares de: a) los órganos directivos de las Administraciones Autonómicas y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ellas, considerados en su conjunto, cuya designación no le corresponda. b) los órganos directivos de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, considerados en su conjunto, cuya designación no le corresponda. c) los órganos directivos de la Administraciones Autonómicas y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ellas, considerados en su conjunto, cuya designación le corresponda. d) los órganos directivos de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, considerados en su conjunto, cuya designación le corresponda. 24.- Todos los tribunales y órganos de selección del personal de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella responderán al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres: a) salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas. b) en todo caso. c) salvo por razones fundadas y objetivas, sin necesidad de motivar. d) salvo en casos de urgencia. 25.- De acuerdo con el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas, la Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella designarán a sus representantes en: a) todas son correctas. b) órganos colegiados. c) comités de personas expertas. d) comités consultivos, nacionales o internacionales. 26.- La aprobación de convocatorias de pruebas selectivas para el acceso al empleo público deberá acompañarse de: a) un informe de impacto de género, salvo en casos de urgencia. b) un informe de impacto de género, salvo por razones fundadas y objetivas. c) un informe de impacto de género, en todo caso. d) un proyecto de integración social, salvo en casos de urgencia. 27.- Con el fin de proteger la maternidad y facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral se establecerá/n: a) un régimen de excedencias. b) reducciones de jornada. c) permisos. d) todas son correctas. 28.- Con el fin de proteger la paternidad y facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral se reconocerá/n: a) un permiso de paternidad. b) un régimen de excedencias. c) reducciones de jornada. d) todas son correctas. 29.- Respecto a la licencia por riesgo durante el embarazo y lactancia: a) cuando las condiciones del puesto de trabajo de una funcionaria incluida en el ámbito de aplicación del mutualismo administrativo pudieran influir negativamente en la salud de la mujer, del hijo e hija, podrá concederse licencia por riesgo durante el embarazo. b) lo dispuesto respecto a la licencia por riesgo durante el embarazo será también de aplicación durante el período de lactancia natural. c) todas son correctas. d) se garantizará la plenitud de los derechos económicos de la funcionaria durante toda la duración de la licencia por riesgo durante el embarazo. 30.- Cuando el periodo de vacaciones coincida con una incapacidad temporal derivada del embarazo, parto o lactancia natural, o con el permiso de maternidad, o con su ampliación por lactancia: a) la empleada pública tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta, aunque haya terminado el año natural al que correspondan. b) se descontarán de su periodo de vacaciones los días en los que la empleada pública permanezca en situación de incapacidad temporal, sin tener derecho a la retribución por las vacaciones no disfrutadas. c) la empleada pública tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta, siempre que no haya terminado el año natural al que correspondan. d) se descontarán de su periodo de vacaciones los días en los que la empleada pública permanezca en situación de incapacidad temporal, pero tendrá derecho a la retribución por las vacaciones no disfrutadas. 31.- Con el objeto de actualizar los conocimientos de los empleados y empleadas públicas, se otorgará preferencia, en la adjudicación de plazas para participar en los cursos de formación a quienes se hayan incorporado al servicio activo procedentes del permiso de maternidad o paternidad, o hayan reingresado desde la situación de excedencia por razones de guarda legal y atención a personas mayores dependientes o personas con discapacidad: a) durante un año. b) durante dos años. c) durante seis meses. d) durante un mes. 32.- Con el fin de facilitar la promoción profesional de las empleadas públicas y su acceso a puestos directivos en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, en las convocatorias de los correspondientes cursos de formación se reservará para su adjudicación a aquéllas que reúnan los requisitos establecidos al menos un: a) 60% de las plazas. b) 30% de las plazas. c) 50% de las plazas. d) 40% de las plazas. 33.- Contemplarán el estudio y la aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres en los diversos ámbitos de la función pública: a) las pruebas de acceso al empleo público de la Administración General del Estado que empleen como sistema selectivo de funcionarios la oposición. b) todas las pruebas de acceso al empleo público de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella. c) todas las pruebas de acceso al empleo público de la Administración General del Estado, salvo las de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella. d) las pruebas de acceso al empleo público de la Administración General del Estado que empleen como sistema selectivo de funcionarios el concurso-oposición. 34.- La Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella impartirán cursos de formación sobre la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres y sobre prevención de la violencia de género: a) que se dirigirán al personal directivo. b) que se dirigirán a todo su personal. c) que se dirigirán al personal masculino. d) que se dirigirán al personal laboral. 35.- Para la prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo, las Administraciones públicas negociarán con la representación legal de las trabajadoras y trabajadores, un protocolo de actuación que comprenderá, al menos, los siguientes principios (señala la incorrecta): a) el tratamiento público de las denuncias de hechos que pudieran ser constitutivos de acoso sexual o de acoso por razón de sexo, sin perjuicio de lo establecido en la normativa de régimen disciplinario. b) la identificación de las personas responsables de atender a quienes formulen una queja o denuncia. c) el compromiso de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella de prevenir y no tolerar el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. d) la instrucción a todo el personal de su deber de respetar la dignidad de las personas y su derecho a la intimidad, así como la igualdad de trato entre mujeres y hombres. 36.- Todos los Departamentos Ministeriales y Organismos Públicos remitirán información relativa a la aplicación efectiva en cada uno de ellos del principio de igualdad entre mujeres y hombres: a) al menos anualmente, al Gobierno. b) al menos trimestralmente, a los Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales y de Administraciones Públicas. c) al menos trimestralmente, al Gobierno. d) al menos anualmente, a los Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales y de Administraciones Públicas. 37.- Es correcto respecto al Plan de Igualdad en la Administración General del Estado: a) el Plan establecerá los objetivos a alcanzar en materia de promoción de la igualdad de trato y oportunidades en el empleo público, así como las estrategias o medidas a adoptar para su consecución. b) su cumplimiento será evaluado anualmente por los Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales y de Administraciones Públicas. c) el Gobierno aprobará, anualmente, un Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella. d) será objeto de negociación, y en su caso acuerdo, con la representación legal de la Administración Pública en la forma que se determine en la legislación sobre negociación colectiva. 38.- Las normas sobre personal de las Fuerzas Armadas procurarán la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres, en especial en lo que se refiere a: a) formación y ascensos. b) destinos y situaciones administrativas. c) todas son correctas. d) el régimen de acceso. 39.- Las normas referidas al personal al servicio de las Administraciones públicas en materia de igualdad, prevención de la violencia de género y conciliación de la vida personal, familiar y profesional: a) serán de aplicación en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, adaptándose, en su caso, a las peculiaridades de las funciones que tienen encomendadas y en los términos establecidos en su normativa específica. b) no serán de aplicación en las Fuerzas Armadas, salvo lo que se determine en su normativa específica. c) serán de aplicación en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sin necesidad de realizar ninguna adaptación y en los términos establecidos en su normativa específica. d) serán de aplicación en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, adaptándose, en su caso, a las peculiaridades de las funciones que tienen encomendadas y en los términos establecidos en la presente ley. 40.- El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, dice que: a) Las mujeres y los hombres son iguales ante la ley. b) El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta. c) Las mujeres y los hombres son iguales en dignidad humana, e iguales en derechos y deberes. d) Ninguna de las anteriores es correcta. 41.- Según dispone el artículo 2 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, las obligaciones establecidas en esta Ley serán de aplicación a toda persona: a) Física o jurídica, con independencia del territorio en el que se encuentre o actúe. b) Física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español. c) Jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español. d) Física, que se encuentre o actúe en territorio español. 42.- Según el artículo 2 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, gozarán de los derechos derivados del principio de igualdad de trato y de la prohibición por discriminación por razón de sexo: a) Todas las personas. b) Algunas personas. c) Todos los españoles. d) Sólo los españoles. 43.- Según el artículo 3 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de … : a) La maternidad, la paternidad, las obligaciones familiares y el estado civil. b) La paternidad y el estado civil. c) La maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil. d) La maternidad, la paternidad, las obligaciones conyugales y el estado civil de las personas. 44.- Según el artículo 4 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un principio: a) Informador. b) Fundamental. c) Sustancial. d) Principal. 45.- Según el artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, ¿cómo se considera la situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable?: a) Ninguna de las anteriores es cierta. b) Discriminación indirecta por razón de sexo. c) Acción positiva. d) Discriminación directa por razón de sexo. 46.- Según dispone el artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, a qué concepto corresponde que la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro: a) Discriminación indirecta por razón de sexo. b) Ninguna de las anteriores es cierta. c) Discriminación directa por razón de sexo. d) Acción positiva. 47.- Según el artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo, se define como: a) Agresión sexual. b) Abuso sexual. c) Acoso sexual. d) Violencia sexual. 48.- Según el artículo 8 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la discriminación por embarazo o maternidad se considera: a) Discriminación indirecta. b) Discriminación directa o indirecta. c) Ninguna de las anteriores es correcta. d) Discriminación directa. 49.- Según dispone el artículo 10 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de sexo se considerarán: a) Reales. b) Nulos y sin efecto. c) Anulables. d) No nulos. 50.- Según el artículo 10 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de sexo darán lugar a responsabilidad a través de un sistema de reparaciones o indemnizaciones que sean: a) Reales, efectivas y proporcionadas al perjuicio sufrido. b) Reales, no efectivas y no proporcionadas al perjuicio sufrido. c) Reales, efectivas y no proporcionadas al perjuicio sufrido. d) Reales, probables y proporcionadas al perjuicio sufrido. 51.- Según dispone el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad, los Poderes Públicos adoptarán medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres. De qué tipo de acción se trata: a) Acciones positivas. b) Acciones negativas. c) Acciones indirectas. d) Acciones directas. 52.- Según dispone el artículo 12 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, respecto a los procesos que versen sobre la defensa de la tutela judicial efectiva, corresponde a las personas físicas y jurídicas con interés legítimo, la capacidad y legitimación para intervenir en los procesos: a) Civiles y contencioso-administrativos. b) Civiles y sociales. c) Ninguno de los anteriores es correcta. d) Civiles, sociales y contencioso-administrativos. 53.- Según el artículo 12 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo: a) Ninguna es correcta. b) Estará legitimada cualquier persona que conozca los hechos. c) La persona acosada será la única legitimada. d) La persona demandada será la única legitimada. 54.- Según el artículo 60 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, con el fin de facilitar la promoción profesional de las empleadas públicas y su acceso a puestos directivos en la Administración General del Estado, ¿qué porcentaje de plazas, en las convocatorias de los correspondientes cursos de formación, se reservará para su adjudicación a aquellas que reúnan los requisitos establecidos?: a) Al menos un 40%. b) Al menos un 60%. c) Un 40%. d) Un 50%. 55.- Según el artículo 64 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el Gobierno aprobará un Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella: a) Al inicio de cada legislatura. b) Cada tres años. c) Cada dos años. d) Cada año. 1.- A los fines de esta Ley, serán criterios generales de actuación de los Poderes Públicos (señala la incorrecta): a) una participación de mujeres de al menos un 30% del total de las candidaturas electorales y en la toma de decisiones. b) la integración del principio de igualdad de trato y de oportunidades en el conjunto de las políticas económica, laboral, social, cultural y artística, con el fin de evitar la segregación laboral y eliminar las diferencias retributivas. c) el compromiso con la efectividad del derecho constitucional de igualdad entre mujeres y hombres. d) la colaboración y cooperación entre las distintas Administraciones públicas en la aplicación del principio de igualdad de trato y de oportunidades. 2.- A los fines de esta Ley, serán criterios generales de actuación de los Poderes Públicos la adopción de las medidas necesarias para la erradicación de (señala la incorrecta): a) todas las formas de acoso sexual y acoso por razón de sexo. b) la violencia familiar. c) la feminización de la pobreza. d) la violencia de género. 3.- A los fines de esta Ley, serán criterios generales de actuación de los Poderes Públicos la protección de la maternidad, con especial atención a la asunción por la sociedad de los efectos derivados de: a) todas son correctas. b) el parto. c) el embarazo. d) la lactancia. 4.- A los fines de esta Ley, serán criterios generales de actuación de los Poderes Públicos (señala la incorrecta): a) el fomento de instrumentos de colaboración entre las distintas Administraciones públicas y los agentes sociales, las asociaciones de mujeres y otras entidades privadas. b) el fomento de la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres en las relaciones entre particulares. c) la implantación de un lenguaje sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas. d) el establecimiento de medidas que aseguren la conciliación del trabajo y de la vida personal y familiar de las mujeres y los hombres. 5.- El principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres informará, la actuación de todos los Poderes Públicos con carácter: a) sesgado. b) general. c) subsidiario. d) transversal. 6.- Las Administraciones públicas integrarán, de forma activa, el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres: a) en el desarrollo del conjunto de todas sus actividades. b) en la adopción y ejecución de sus disposiciones normativas. c) en la definición y presupuestación de políticas públicas en todos los ámbitos. d) todas son correctas. 7.- Aprobará periódicamente un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades: a) el Congreso, en las materias que no sean de la competencia del Estado. b) el Gobierno, en las materias que sean de la competencia del Estado. c) el Gobierno, en las materias que no sean de la competencia del Estado. d) el Congreso, en las materias que sean de la competencia del Estado. 8.- Las políticas, estrategias y programas de salud integrarán las distintas necesidades de mujeres y hombres y las medidas necesarias para abordarlas adecuadamente: a) en su desarrollo y evaluación. b) en su formulación, desarrollo y evaluación. c) en su formulación. d) en su planteamiento, formulación, desarrollo y evaluación. 9.- Un informe periódico sobre el conjunto de sus actuaciones en relación con la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres será elaborado en los términos que reglamentariamente se determinen por: a) el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. De este informe se dará cuenta a las Cortes Generales. b) el Congreso. De este informe se dará cuenta al Consejo de Ministros. c) el Consejo de Ministros. De este informe se dará cuenta al Gobierno. d) el Gobierno. De este informe se dará cuenta a las Cortes Generales. 10.- Las Administraciones públicas, a través de sus Servicios de Salud y de los órganos competentes en cada caso, desarrollarán, de acuerdo con el principio de igualdad de oportunidades, las siguientes actuaciones: a) todas son correctas. b) el fomento de la investigación científica que atienda las diferencias entre mujeres y hombres en relación con la protección de su salud. c) la consideración, dentro de la protección, promoción y mejora de la salud laboral, del acoso sexual y el acoso por razón de sexo. d) la adopción sistemática, dentro de las acciones de educación sanitaria, de iniciativas destinadas a favorecer la promoción específica de la salud de las mujeres, así como a prevenir su discriminación. 11.- Al objeto de hacer efectivas las disposiciones contenidas en esta Ley y que se garantice la integración de modo efectivo de la perspectiva de género en su actividad ordinaria, los poderes públicos, en la elaboración de sus estudios y estadísticas, deberán: a) todas son correctas. b) establecer e incluir en las operaciones estadísticas nuevos indicadores que posibiliten un mejor conocimiento de las diferencias en los valores, roles, situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres, su manifestación e interacción en la realidad que se vaya a analizar. c) revisar y, en su caso, adecuar las definiciones estadísticas existentes con objeto de contribuir al reconocimiento y valoración del trabajo de las mujeres y evitar la estereotipación negativa de determinados colectivos de mujeres. d) incluir sistemáticamente la variable de sexo en las estadísticas, encuestas y recogida de datos que lleven a cabo. 12.- Al objeto de hacer efectivas las disposiciones contenidas en esta Ley y que se garantice la integración de modo efectivo de la perspectiva de género en su actividad ordinaria, los poderes públicos, en la elaboración de sus estudios y estadísticas, deberán: a) realizar pequeñas muestras para explotar y analizar en función de la variable de sexo las diversas variables incluidas con la información aportada. b) revisar y, en su caso, adecuar las definiciones estadísticas existentes con objeto de contribuir al reconocimiento y valoración del trabajo de las mujeres y evitar la estereotipación negativa de determinados colectivos de mujeres. c) diseñar e introducir los indicadores y mecanismos necesarios que permitan el conocimiento de la incidencia de otras variables cuya concurrencia resulta generadora de situaciones de igualdad de género en los diferentes ámbitos de intervención. d) todas son correctas. 13.- Al objeto de hacer efectivas las disposiciones contenidas en esta Ley y que se garantice la integración de modo efectivo de la perspectiva de género en su actividad ordinaria, los poderes públicos, en la elaboración de sus estudios y estadísticas, tendrán una serie de obligaciones: a) sólo excepcionalmente, y mediante informe motivado y aprobado por el órgano competente, podrá justificarse el incumplimiento de alguna de estas obligaciones. b) podrá justificarse el incumplimiento de alguna de estas obligaciones por razones económicas. c) podrá justificarse el incumplimiento de alguna de estas obligaciones por razones de urgencia. d) en ningún caso podrá justificarse el incumplimiento de alguna de estas obligaciones. 14.- Respecto a la colaboración entre las Administraciones públicas: a) las Entidades Locales integrarán el derecho de igualdad en el ejercicio de sus competencias y colaborarán, a tal efecto, con el resto de las Administraciones públicas. b) en el seno de la Conferencia Sectorial de la Mujer podrán adoptarse planes y programas conjuntos de actuación con la finalidad de integrar el derecho de igualdad entre mujeres y hombres. c) todas son correctas. d) la Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas cooperarán para integrar el derecho de igualdad entre mujeres y hombres en el ejercicio de sus respectivas competencias y, en especial, en sus actuaciones de planificación. 15.- Con el fin de avanzar hacia un reparto equitativo de los tiempos entre mujeres y hombres, podrá/n establecer Planes Municipales de organización del tiempo de la ciudad: a) las Administraciones de las Comunidades Autónomas. b) la Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas. c) la Administración General del Estado. d) las corporaciones locales. 16.- El sistema educativo incluirá (señala la incorrecta): a) entre sus fines la educación en la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. b) dentro de sus principios de calidad, el fomento de la igualdad plena entre mujeres y hombres. c) dentro de sus principios de calidad, el fomento de los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. d) entre sus fines la educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales. 17.- Las Administraciones educativas garantizarán un igual derecho a la educación de mujeres y hombres evitando que, por comportamientos sexistas o por los estereotipos sociales asociados, se produzcan desigualdades entre mujeres y hombres: a) a través de la integración activa, en los objetivos y en las actuaciones educativas, del principio de igualdad de trato. a) a través de la integración activa, en los objetivos y en las actuaciones educativas, del principio de igualdad de trato. 18.- Las Administraciones educativas garantizarán un igual derecho a la educación de mujeres y hombres a través de la integración activa y desarrollarán desarrollarán las siguientes actuaciones: a) la atención especial en los currículos y en todas las etapas educativas al principio de igualdad entre mujeres y hombres. b) la eliminación y el rechazo de los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación entre mujeres y hombres, con especial consideración a ello en los libros de texto y materiales educativos. c) la integración del estudio y aplicación del principio de igualdad en los cursos y programas para la formación inicial y permanente del profesorado. d) todas son correctas. 19.- Las Administraciones educativas garantizarán un igual derecho a la educación de mujeres y hombres a través de la integración activa y desarrollarán en el ámbito de sus respectivas competencias, desarrollarán las siguientes actuaciones (señala la incorrecta): a) el establecimiento de medidas educativas destinadas al reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en la Historia. b) la adopción de medidas socio-económicas destinadas a facilitar el acceso a la educación. c) la cooperación con el resto de las Administraciones educativas para el desarrollo de proyectos y programas dirigidos a fomentar el conocimiento y la difusión, entre las personas de la comunidad educativa, de los principios de coeducación y de igualdad efectiva entre mujeres y hombres. d) la promoción de la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de control y de gobierno de los centros docentes. 20.- Las Administraciones públicas en el ejercicio de sus respectivas competencias fomentarán la enseñanza y la investigación sobre el significado y alcance de la igualdad entre mujeres y hombres: a) en el ámbito de la educación superior. b) todas son correctas. c) en el ámbito de la educación primaria. d) en el ámbito de la educación secundaria. 21.- Respecto a la igualdad en el ámbito de la educación superior, las Administraciones públicas promoverán (señala la incorrecta): a) la inclusión, en los planes de estudio en que proceda, de enseñanzas en materia de igualdad entre mujeres y hombres. b) la creación de postgrados específicos. c) la inclusión, en los planes de estudio en que proceda, de enseñanzas en materia de igualdad entre mujeres y hombres. d) la realización de prácticas universitarias en empresas que garantizen la igualdad entre mujeres y hombres. 22.- Los distintos organismos, agencias, entes y demás estructuras de las administraciones públicas que de modo directo o indirecto configuren el sistema de gestión cultural, desarrollarán las siguientes actuaciones: a) promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en la oferta artística y cultural pública. b) adoptar iniciativas destinadas a favorecer la promoción específica de las mujeres en la cultura y a combatir su discriminación estructural y/o difusa. c) todas son correctas. d) políticas activas de ayuda a la creación y producción artística e intelectual de autoría femenina, traducidas en incentivos de naturaleza económica, con el objeto de crear las condiciones para que se produzca una efectiva igualdad de oportunidades. 23.- Los distintos organismos, agencias, entes y demás estructuras de las administraciones públicas que de modo directo o indirecto configuren el sistema de gestión cultural, desarrollarán las siguientes actuaciones: a) todas las acciones positivas necesarias para corregir las situaciones de desigualdad en la producción y creación intelectual artística y cultural de las mujeres. b) que se respete y se garantice la representación equilibrada en los distintos órganos consultivos, científicos y de decisión existentes en el organigrama artístico y cultural. c) adoptar medidas de acción positiva a la creación y producción artística e intelectual de las mujeres, propiciando el intercambio cultural, intelectual y artístico, tanto nacional como internacional, y la suscripción de convenios con los organismos competentes. d) todas son correctas. 24.- Las Administraciones públicas, a través de sus Servicios de Salud y de los órganos competentes en cada caso, desarrollarán, de acuerdo con el principio de igualdad de oportunidades, las siguientes actuaciones: a) la presencia equilibrada de mujeres y hombres en todas las categorías profesionales del Sistema Nacional de Salud. b) todas son correctas. c) la integración del principio de igualdad en la formación del personal al servicio de las organizaciones sanitarias, garantizando en especial su capacidad para detectar y atender las situaciones de violencia de género. d) la obtención y el tratamiento desagregados por sexo, en todo caso, de los datos contenidos en registros, encuestas, estadísticas u otros sistemas de información médica y sanitaria. 25.- Incorporarán la efectiva consideración del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en su diseño y ejecución: a) los programas públicos de desarrollo de la Sociedad de la Información que se determinen por el Gobierno. b) todas los programas públicos de desarrollo de la Sociedad de la Información. c) los programas públicos de desarrollo de la Sociedad de la Información que se desarrollen a nivel estatal. d) los programas públicos de desarrollo de la Sociedad de la Información que se determinen reglamentariamente. 26.- Promoverá/n la plena incorporación de las mujeres en la Sociedad de la Información mediante el desarrollo de programas específicos: a) las Administraciones públicas. b) el Consejo de Ministros. c) el Gobierno. d) el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 27.- En los proyectos del ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación: a) sufragados totalmente con dinero público, se garantizará que su lenguaje y contenidos sean no sexistas. b) no sufragados con dinero público, se garantizará que su lenguaje y contenidos sean no sexistas. c) ninguna es correcta. d) sufragados total o parcialmente con dinero público, se garantizará que su lenguaje y contenidos sean no sexista. 28.- Todos los programas públicos de desarrollo del deporte incorporarán la efectiva consideración del principio de igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en: a) su diseño y ejecución. b) su desarrollo y evaluación. c) su diseño, ejecución y valoración. d) su formulación, desarrollo y evaluación. 29.- El Gobierno promoverá el deporte femenino y favorecerá la efectiva apertura de las disciplinas deportivas a las mujeres, mediante el desarrollo de programas específicos: a) en la etapa adulta de la vida y en todos los niveles, incluidos los de responsabilidad y decisión. b) en la etapa adulta de la vida y en los niveles superiores, salvo los de responsabilidad y decisión. c) en todas las etapas de la vida y en todos los niveles, salvo los de responsabilidad y decisión. d) en todas las etapas de la vida y en todos los niveles, incluidos los de responsabilidad y decisión. 30.- A fin de hacer efectiva la igualdad entre mujeres y hombres en el sector agrario, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales desarrollarán la figura jurídica de la titularidad compartida, para que: a) se reconozca la correspondiente protección de la Seguridad Social. b) se reconozcan plenamente los derechos de las mujeres en el sector agrario. c) se reconozca el reconocimiento de su trabajo. d) todas son correctas. 31.- Las Administraciones públicas promoverán: a) modificaciones en las actividades laborales que favorezcan el trabajo de las mujeres en el mundo rural. b) nuevas actividades laborales que favorezcan el trabajo de las mujeres en el mundo rural. c) ninguna es correcta. d) actividades laborales tradicionales que favorezcan el trabajo de las mujeres en el mundo rural. 32.- Las Administraciones públicas promoverán como medida de conciliación de la vida laboral, familiar y personal de hombres y mujeres en mundo rural, el desarrollo de una red de servicios sociales para atender a: a) mayores. b) dependientes. c) todas son correctas. d) menores. 33.- Respecto a las políticas urbanas, de ordenación territorial y vivienda no es correcto: a) las políticas y planes de las Administraciones públicas en materia de acceso a la vivienda incluirán medidas destinadas a hacer efectivo el principio de igualdad entre mujeres y hombres. b) las políticas urbanas y de ordenación del territorio tomarán en consideración las necesidades de los distintos grupos sociales y de los diversos tipos de estructuras familiares. c) las políticas urbanas y de ordenación del territorio favorecerán el acceso en condiciones de igualdad a los distintos servicios e infraestructuras urbanas. d) el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en el ámbito de sus competencias, fomentará el acceso a la vivienda de las mujeres en situación de necesidad o en riesgo de exclusión. 34.- Todas las políticas, planes, documentos de planificación estratégica, tanto sectorial como geográfica, y herramientas de programación operativa de la cooperación española para el desarrollo, incluirán el principio de igualdad entre mujeres y hombres como un elemento: a) sustancial en su agenda de prioridades. b) recursivo en su agenda de prioridades. c) secundario en su agenda de prioridades. d) subsidiario en su agenda de prioridades. 35.- Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, a través de sus órganos de contratación y, en relación con la ejecución de los contratos que celebren: a) establecerán condiciones especiales con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo. b) podrán establecer condiciones especiales con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo. c) no podrán establecer condiciones especiales con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo. d) ninguna es correcta. 36.- A fin de hacer efectiva la igualdad entre mujeres y hombres en el sector agrario, la figura jurídica de la titularidad compartida, para que se reconozcan plenamente los derechos de las mujeres en el sector agrario, la correspondiente protección de la Seguridad Social, así como el reconocimiento de su trabajo, será desarrollada por: a) el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. b) el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. c) el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. d) el Gobierno. 37.- A la vista de la evolución e impacto de las políticas de igualdad en el mercado laboral, se encaragará de determinar los contratos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos que obligatoriamente deberán incluir entre sus condiciones de ejecución medidas tendentes a promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, conforme a lo previsto en la legislación de contratos del sector público: a) anualmente, el Gobierno. b) trimestralmente, el Consejo de Ministros. c) anualmente, el Consejo de Ministros. d) trimestralmente, el Gobierno. 38.- Respecto a la valoración de actuaciones de efectiva consecución de la igualdad por parte de las entidades solicitantes de subvenciones públicas podrán valorarse: a) las medidas de responsabilidad social de la empresa. b) todas son correctas. c) la obtención del distintivo empresarial en materia de igualdad. d) las medidas de conciliación de la vida personal, laboral y familiar. 39.- Velarán por la transmisión de una imagen igualitaria, plural y no estereotipada de mujeres y hombres en la sociedad, y promoverán el conocimiento y la difusión del principio de igualdad entre mujeres y hombres: a) los medios de comunicación social de titularidad pública. b) ninguna es correcta. c) los medios de comunicación social de titularidad privada. d) los medios de comunicación social de titularidad pública y privada. 40.- La Corporación RTVE, en el ejercicio de su función de servicio público, perseguirá en su programación los siguientes objetivos (señala la incorrecta): a) adoptar, mediante la autorregulación, códigos de conducta tendentes a transmitir el contenido del principio de igualdad. b) reflejar adecuadamente la presencia de las mujeres en los diversos ámbitos de la vida social. c) utilizar el lenguaje en forma sexista. d) colaborar con las campañas institucionales dirigidas a fomentar la igualdad entre mujeres y hombres y a erradicar la violencia de género. 41.- Respetarán la igualdad entre mujeres y hombres, evitando cualquier forma de discriminación: a) los medios de comunicación públicos. b) ninguna es correcta. c) todos los medios de comunicación. d) los medios de comunicación privados. 42.- La publicidad que comporte una conducta discriminatoria de acuerdo con esta Ley se considerará publicidad: a) anulable. b) ilícita. c) irregular. d) nula. 43.- No es correcto sobre los programas de mejora de la empleabilidad de las mujeres: a) se mejorará la empleabilidad y la permanencia en el empleo de las mujeres, potenciando su nivel formativo y su adaptabilidad a los requerimientos del mercado de trabajo. b) las políticas de empleo tendrán como uno de sus objetivos prioritarios aumentar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo. c) los Programas de inserción laboral activa comprenderán todos los niveles educativos y edad de las mujeres, salvo los de Formación Profesional, Escuelas Taller y Casas de Oficios. d) las políticas de empleo tendrán como uno de sus objetivos prioritarios avanzar en la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 44.- Se podrán establecer medidas de acción positiva para favorecer el acceso de las mujeres al empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación en las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres: a) mediante la negociación colectiva. b) mediante pactos sociales. c) mediante revisión laboral. d) mediante convenio colectivo. 45.- Respecto a los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral: a) se reconocerán a los trabajadores y las trabajadoras en forma que fomenten la asunción equilibrada de las responsabilidades familiares. b) para contribuir a un reparto más equilibrado de las responsabilidades familiares, se reconoce a los padres el derecho a un permiso y una prestación por paternidad. c) el permiso y la prestación por maternidad se concederán en los términos previstos en la normativa laboral y de Seguridad Social. d) todas son correctas. 46.- Las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, medidas que deberán negociar, y en su caso acordar, con: a) los trabajadores. b) las organizaciones sindicales. c) los representantes legales de los trabajadores. d) los delegados de personal en cualquier caso. 47.- Las medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres que deben adoptar las empresas, deberán dirigirse a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad, que deberá ser asimismo objeto de negociación en la forma que se determine en la legislación laboral en el caso de las empresas de: a) 50 o más trabajadores. b) 10 o más trabajadores. c) 250 o más trabajadores. d) 25 o más trabajadores. 48.- Los planes de igualdad de las empresas (señala la incorrecta): a) incluirán la totalidad de una empresa, sin posibilidad de establecer acciones especiales respecto a determinados centros de trabajo. b) son un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación. c) buscan alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y eliminar la discriminación por razón de sexo. d) fijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar y las estrategias y prácticas a adoptar para su consecución. 49.- El acceso a la información sobre el contenido de los Planes de igualdad y la consecución de sus objetivos está garantizado: a) a la representación legal de los trabajadores y trabajadoras o, en su defecto, a los propios trabajadores y trabajadoras. b) siempre directamente a los propios trabajadores y trabajadoras. c) a la representación legal de los empresarios o, en su defecto, a los propios empresarios. d) a la representación legal de los empresarios. 50.- Respecto al acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo, las empresas deberán: a) arbitrar procedimientos específicos para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del mismo. b) promover condiciones de trabajo para evitarlo. c) todas son correctas. d) arbitrar procedimientos específicos para su prevención. 51.- Respecto al acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo, se podrán establecer medidas que deberán negociarse con los representantes de los trabajadores, tales como: a) la realización de campañas informativas. b) todas son correctas. c) la elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas. d) acciones de formación. 52.- Para impulsar la adopción voluntaria de planes de igualdad, se establecerán medidas de fomento, especialmente dirigidas a las pequeñas y las medianas empresas, que incluirán el apoyo técnico necesario. Estas medidas de fomento serán establecidas por: a) el Congreso. b) el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. c) el Gobierno. d) las Administraciones Públicas. 53.- Un distintivo para reconocer a aquellas empresas que destaquen por la aplicación de políticas de igualdad de trato y de oportunidades con sus trabajadores y trabajadoras, que podrá ser utilizado en el tráfico comercial de la empresa y con fines publicitarios será creado por: a) las Administraciones Públicas. b) el Congreso. c) el Gobierno. d) el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 54.- Con el fin de obtener el distintivo empresarial en materia de igualdad, un balance sobre los parámetros de igualdad implantados respecto de las relaciones de trabajo y la publicidad de los productos y servicios prestados, podrá ser presentado: a) por cualquier empresa, de capital público, al Gobierno. b) por cualquier empresa, sea de capital privado, al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. c) por cualquier empresa, sea de capital público o privado, al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 55.- Para la concesión del distintivo empresarial en materia de igualdad se tendrán en cuenta, entre otros criterios (señala la incorrecta): a) la adopción de planes de igualdad u otras medidas innovadoras de fomento de la igualdad. b) las medidas de conciliación de la vida familiar y laboral adoptadas. c) la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de dirección y en los distintos grupos y categorías profesionales de la empresa. d) la publicidad no sexista de los productos o servicios de la empresa. 56.- El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales controlará que las empresas que obtengan el distintivo mantengan permanentemente la aplicación de políticas de igualdad de trato y de oportunidades con sus trabajadores y trabajadoras y, en caso de incumplirlas: a) les retirará el distintivo. b) les sancionará. c) ninguna es correcta. d) les instigará a aplicarlas. 57.- Estarán obligadas, en sus actividades y en las transacciones consiguientes, al cumplimiento del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres, evitando discriminaciones, directas o indirectas, por razón de sexo: a) todas las personas físicas o jurídicas que, en el sector público, suministren bienes o servicios disponibles para el público, ofrecidos dentro del ámbito de la vida privada y familiar. b) todas las personas físicas o jurídicas que, en el sector público o en el privado, suministren bienes o servicios disponibles para el público, ofrecidos fuera del ámbito de la vida privada y familiar. c) todas las personas físicas que, en el sector público o en el privado, suministren bienes o servicios disponibles para el público, ofrecidos dentro del ámbito de la vida privada y familiar. d) todas las personas físicas que, en el sector público, suministren bienes o servicios disponibles para el público, ofrecidos fuera del ámbito de la vida privada y familiar. 58.- En el acceso a bienes y servicios: a) el contratante podrá indagar sobre la situación de embarazo de una mujer demandante de los mismos para ofrecerle una prestación adecuada a su situación. b) ningún contratante podrá indagar sobre la situación de embarazo de una mujer demandante de los mismos, salvo por razones de protección de su salud. c) el contratante podrá indagar sobre la situación de embarazo de una mujer demandante de los mismos, salvo por razones de protección de su salud. d) ningún contratante podrá indagar sobre la situación de embarazo de una mujer demandante de los mismos en ningún caso. 59.- La celebración de contratos de seguros o de servicios financieros afines en los que, al considerar el sexo como factor de cálculo de primas y prestaciones, se generen diferencias en las primas y prestaciones de las personas aseguradas: a) se fomenta. b) se prohíbe. c) se evitará en la medida de lo posible. d) se garantiza. 60.- Los costes relacionados con el embarazo y el parto: a) no justificarán diferencias en las primas y prestaciones de las personas consideradas individualmente, pudiendo autorizarse diferencias al respecto. b) justificarán diferencias en las primas y prestaciones de las personas consideradas individualmente, pudiendo autorizarse diferencias al respecto. c) justificarán diferencias en las primas y prestaciones de las personas consideradas individualmente, sin que puedan autorizarse diferencias al respecto. d) no justificarán diferencias en las primas y prestaciones de las personas consideradas individualmente, sin que puedan autorizarse diferencias al respecto. 61.- Respecto a las acciones de responsabilidad social de las empresas en materia de igualdad (señala la incorrecta): a) se informará a los representantes de los trabajadores de las acciones que se concierten con los mismos. b) a las decisiones empresariales y acuerdos colectivos relativos a medidas laborales les será de aplicación la normativa laboral. c) las empresas podrán asumirlas y consistirán en medidas económicas, comerciales, laborales, asistenciales o de otra naturaleza, destinadas a promover condiciones de igualdad entre las mujeres y los hombres en el seno de la empresa o en su entorno social. d) su realización podrá ser concertada con la representación de los trabajadores y las trabajadoras, las organizaciones de consumidores y consumidoras y usuarios y usuarias, las asociaciones cuyo fin primordial sea la defensa de la igualdad de trato entre mujeres y hombres y los Organismos de Igualdad. 62.- Las empresas podrán hacer uso publicitario de sus acciones de responsabilidad en materia de igualdad, de acuerdo con las condiciones establecidas en: a) la legislación general de publicidad. b) la ley de contratos del sector público. c) la normativa básica sobre sociedades. d) la presente ley. 63.- Estará legitimado/a para ejercer la acción de cesación cuando considere que pudiera haberse incurrido en supuestos de publicidad engañosa: a) la Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres. b) el Instituto de la Mujer. c) el Ministerio Fiscal. d) el Consejo de Participación de la Mujer. 64.- Las sociedades obligadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias no abreviada procurarán incluir en su Consejo de administración un número de mujeres que permita alcanzar una presencia equilibrada de mujeres y hombres en un plazo de: a) 2 años a partir de la entrada en vigor de esta Ley. b) 8 años a partir de la entrada en vigor de esta Ley. c) 1 año a partir de la entrada en vigor de esta Ley. d) 5 años a partir de la entrada en vigor de esta Ley. 65.- El órgano colegiado responsable de la coordinación de las políticas y medidas adoptadas por los departamentos ministeriales con la finalidad de garantizar el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres y promover su efectividad es: a) la Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres. b) el Observatorio de Género. c) el Consejo de Participación de la Mujer. d) el Instituto de la Mujer. 66.- La composición y funcionamiento de la Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres se determinarán: a) reglamentariamente. b) mediante ley orgánica. c) mediante norma con rango de ley. d) mediante ley ordinaria. 67.- En todos los Ministerios se encomendará a uno de sus órganos directivos el desarrollo de las funciones relacionadas con el principio de igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito de las materias de su competencia y, en particular, las siguientes (señala la incorrecta): a) asesorar a los órganos competentes del Departamento en la elaboración del informe sobre impacto por razón de género. b) velar por el cumplimiento de esta Ley y por la aplicación efectiva del principio de igualdad. c) elaborar la información estadística. d) elaborar estudios con la finalidad de promover la igualdad entre mujeres y hombres en las áreas de actividad del Departamento. 68.- El órgano colegiado de consulta y asesoramiento, con el fin esencial de servir de cauce para la participación de las mujeres en la consecución efectiva del principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, y la lucha contra la discriminación por razón de sexo es: a) el Consejo de Participación de la Mujer. b) la Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres. c) el Ministerio Fiscal. d) el Instituto de la Mujer. 69.- Reglamentariamente, se establecerán el régimen de funcionamiento, competencias y composición del Consejo de Participación de la Mujer, garantizándose, en todo caso, la participación del conjunto de las Administraciones públicas y de las asociaciones y organizaciones de mujeres de ámbito: a) local. b) comarcal. c) autonómico. d) estatal. 70.- La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres tiene: a) 81 artículos. b) 78 artículos. c) 65 artículos. d) 93 artículos. 1.- En relación con el objeto y el ámbito de la violencia comprendida en el artículo 1 de la ley 1/2004 medidas de protección integral contra la VG, señale la respuesta correcta: a) La Ley establece medidas de protección integral dirigidas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, así como a prestar asistencia a las mujeres víctimas y a sus hijos menores, incluidos los menores sujetos a su tutela o guarda y custodia, cuando sean víctimas de dicha violencia. b) El objeto de la Ley es actuar contra la violencia ejercida sobre las mujeres como manifestación de la discriminación, la desigualdad y las relaciones de poder, comprendiendo tanto la ejercida directamente sobre ellas como la que se ejerza sobre sus familiares o allegados menores de edad con el objetivo de causarles perjuicio o daño, por parte de las personas contempladas en el apartado primero. c) La violencia de género comprende los actos de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones y la privación arbitraria de libertad, ejercidos por quienes sean o hayan sido cónyuges de las mujeres o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, siempre que haya existido convivencia. d) La Ley comprende la violencia física y psicológica ejercida por quienes sean o hayan sido cónyuges de las mujeres o hayan mantenido con ellas relaciones similares de afectividad, así como la ejercida sobre sus familiares menores de edad cuando tenga como finalidad causar un perjuicio a la mujer, siempre que exista convivencia actual entre el agresor y esta. 2.- En relación con los fines previstos en el artículo 2 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, señale la afirmación correcta: a) La Ley establece un sistema integral de tutela institucional en el que la Administración General del Estado, a través de la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer y en colaboración con el Observatorio Estatal de la Violencia sobre la Mujer, impulse políticas públicas dirigidas a ofrecer tutela a las víctimas. b) La Ley contempla el fortalecimiento de los servicios sociales de información, atención, emergencia, apoyo y recuperación integral, así como la coordinación de los servicios existentes en los ámbitos estatal y autonómico. c) Entre los objetivos de la Ley figura garantizar la transversalidad de las medidas, atendiendo a las necesidades y demandas específicas de las mujeres víctimas de violencia de género que acrediten su situación conforme a los requisitos establecidos para acceder a los servicios correspondientes. d) Entre sus fines se encuentra garantizar los derechos laborales y funcionariales de las mujeres víctimas de violencia de género, procurando la adaptación de las circunstancias personales de las trabajadoras a las exigencias de la relación laboral y del empleo público. 3.- A tenor de lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en relación con el Plan Estatal de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género, señale la respuesta correcta: a) La Comisión encargada del control del Plan deberá constituirse en el plazo máximo de un mes y garantizará la participación de las víctimas y su entorno, las instituciones y los profesionales, pudiendo incorporarse personas de reconocido prestigio social vinculadas al tratamiento de estas cuestiones. b) El Plan Estatal deberá incorporar nuevas escalas de valores basadas en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en la igualdad entre hombres y mujeres, y se dirigirá a ambos sexos desde un enfoque comunitario e intercultural, incluyendo el ámbito digital, mientras que la formación complementaria y el reciclaje profesional tendrán carácter potestativo. c) La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, previa audiencia de la Comisión de amplia participación, elaborará el informe anual de evaluación del Plan Estatal y lo remitirá a las Cortes Generales; además, las campañas de información y sensibilización deberán garantizar el acceso de las personas con discapacidad. d) El Plan Estatal tendrá carácter permanente y contará con dotación presupuestaria; su evaluación se plasmará en un informe anual elaborado por la Comisión de amplia participación, que será remitido por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género a las Cortes Generales. 4.- En relación con lo establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, sobre la incorporación de la igualdad y la prevención de conflictos en las distintas etapas educativas, señale la opción correcta: a) Las Universidades incorporarán la formación, la docencia y la investigación en igualdad de género y no discriminación en los ámbitos académicos específicamente vinculados a los estudios sociales y jurídicos, con carácter transversal. b) La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado habilidades para la resolución pacífica de conflictos y para conocer, valorar y respetar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. c) La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado la capacidad para relacionarse pacíficamente con los demás y para conocer, valorar y respetar la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres. d) El Bachillerato y la Formación Profesional contribuirán a consolidar la madurez personal, social y moral del alumnado para que actúe de forma responsable y autónoma, así como a analizar críticamente las desigualdades de sexo y promover la igualdad formal entre hombres y mujeres. 5.- De conformidad con el artículo 5 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, ¿qué actuación deberán prever las Administraciones competentes cuando se produzca un cambio de residencia derivado de actos de violencia de género?. a) La reserva de plaza escolar para los hijos afectados por el cambio de residencia, condicionada a la acreditación administrativa de la situación de violencia de género. b) La adopción de medidas de escolarización preferente para los hijos afectados por el cambio de residencia, de acuerdo con los procedimientos establecidos por cada Administración educativa. c) La escolarización inmediata de los hijos que se vean afectados por un cambio de residencia derivado de actos de violencia de género. d) La escolarización inmediata de los hijos menores de edad que deban trasladar su residencia como consecuencia de dichos actos. 6.- Según el artículo 6 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, ¿qué actuación corresponde a las Administraciones educativas para garantizar la efectiva igualdad entre hombres y mujeres?. a) Garantizar que los materiales educativos eliminen los estereotipos sexistas o discriminatorios y promuevan el igual valor de hombres y mujeres. b) Supervisar que los materiales educativos eviten los contenidos discriminatorios y promuevan la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, especialmente en las etapas de enseñanza obligatoria. c) Promover que los materiales educativos incorporen contenidos de igualdad entre hombres y mujeres y que los estereotipos sexistas sean revisados y corregidos conforme a las directrices de cada Administración educativa. d) Velar por que los materiales educativos eliminen los estereotipos sexistas y fomenten la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el acceso a los distintos niveles educativos. 7.- A tenor de lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, respecto de la formación del profesorado en materia de igualdad, señale la opción correcta: a) La formación específica prevista en los planes de formación inicial y permanente del profesorado tendrá como finalidad capacitarlo para la detección precoz de la violencia en el ámbito familiar, especialmente sobre las mujeres y los hijos e hijas, y promover la igualdad de derechos y obligaciones, correspondiendo la educación en la tolerancia y la libertad a los contenidos generales del sistema educativo. b) Las Administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias para incluir formación específica en igualdad en los planes de formación inicial y permanente del profesorado, a fin de habilitarlo para educar en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, prevenir conflictos y resolverlos pacíficamente en los ámbitos personal y familiar, así como fomentar iguales derechos y obligaciones en el ámbito público y privado. c) La formación específica en materia de igualdad deberá incorporarse a los planes de formación inicial y permanente del profesorado para dotarlo de conocimientos y técnicas que permitan educar en los derechos y libertades fundamentales, prevenir conflictos y fomentar la corresponsabilidad doméstica, con especial atención a la detección precoz de la violencia ejercida sobre la mujer. d) Las Administraciones educativas deberán incluir en los planes de formación inicial del profesorado una formación específica en igualdad que permita detectar precozmente la violencia en el ámbito familiar, especialmente la ejercida sobre las mujeres, y abordar la resolución pacífica de conflictos en los ámbitos educativo, familiar y social. 8.- En virtud del artículo 8 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, señale la afirmación correcta respecto de la participación en los Consejos Escolares: a) Se adoptarán las medidas necesarias para que los Consejos Escolares promuevan actuaciones educativas dirigidas a garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, asegurándose en el Consejo Escolar del Estado la representación del Instituto de la Mujer y de las organizaciones de ámbito nacional que trabajen en favor de la igualdad. b) Los Consejos Escolares deberán aprobar medidas educativas para garantizar la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, mientras que la representación del Instituto de la Mujer y de las organizaciones defensoras de los intereses de las mujeres se asegurará en los consejos escolares autonómicos. c) Se adoptarán las medidas precisas para asegurar que los Consejos Escolares impulsen medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, garantizándose en el Consejo Escolar del Estado la representación del Instituto de la Mujer y de las organizaciones que defiendan los intereses de las mujeres con implantación en todo el territorio nacional. d) Se garantizará que los Consejos Escolares impulsen medidas educativas para promover la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, asegurándose en el Consejo Escolar del Estado la participación del Instituto de la Mujer y de las organizaciones que defiendan los intereses de las mujeres, siempre que tengan representación en la mayoría de las comunidades autónomas. 9.- De conformidad con el artículo 10 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y en relación con la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, ¿qué publicidad se considera ilícita a los efectos previstos en dicho precepto?. a) La publicidad que utilice la imagen de la mujer de forma discriminatoria, quedando su carácter vejatorio sujeto a la valoración de los órganos de autorregulación publicitaria. b) La publicidad que presente a la mujer en situaciones que puedan reforzar estereotipos de género, aunque no comporte un trato vejatorio o discriminatorio. c) La publicidad que transmita contenidos contrarios al principio de igualdad entre hombres y mujeres, siempre que se acredite un perjuicio efectivo para la dignidad de la mujer. d) La publicidad que utilice la imagen de la mujer con carácter vejatorio o discriminatorio. 10.- A tenor del artículo 12 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, ¿cuál de las siguientes opciones identifica correctamente a los sujetos legitimados para ejercitar ante los tribunales la acción de cesación de publicidad ilícita por utilizar de forma vejatoria la imagen de la mujer?. a) La Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, los órganos autonómicos competentes en materia de igualdad, el Ministerio Fiscal y las asociaciones que acrediten una actividad continuada en la defensa de los intereses de la mujer. b) La Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, el Instituto de la Mujer, el Ministerio Fiscal y las asociaciones de defensa de los derechos humanos con implantación en todo el territorio nacional. c) La Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, el Instituto de la Mujer u órgano equivalente de cada comunidad autónoma, el Ministerio Fiscal y las asociaciones que tengan como objetivo único la defensa de los intereses de la mujer. d) La Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, el Instituto de la Mujer u órgano equivalente de cada comunidad autónoma, el Ministerio Fiscal y las asociaciones cuyo objeto incluya la defensa de los intereses de la mujer. 11.- En relación con los artículos 13 y 14 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, señale la afirmación correcta: a) Los medios de comunicación fomentarán la protección de la igualdad entre hombres y mujeres y garantizarán que las informaciones sobre violencia contra la mujer respeten la objetividad informativa, la defensa de los derechos humanos y la dignidad de las víctimas, prestando especial atención al tratamiento gráfico de las informaciones. b) La Administración pública promoverá acuerdos de autorregulación con mecanismos eficaces de control preventivo y resolución extrajudicial de controversias, cuya finalidad será garantizar exclusivamente el cumplimiento de las normas relativas a la protección de los derechos fundamentales en los medios audiovisuales. c) Los medios de comunicación deberán evitar toda discriminación entre hombres y mujeres, y las informaciones sobre violencia contra la mujer garantizarán la objetividad informativa y la defensa de los derechos humanos, la libertad y la dignidad de las mujeres víctimas, sin que el artículo 14 extienda expresamente esta protección a sus hijos. d) Las Administraciones Públicas velarán por la protección de los derechos fundamentales en los medios de comunicación social, mientras que los acuerdos de autorregulación promovidos por la Administración pública deberán incorporar mecanismos de control preventivo, sin que el artículo 13 contemple expresamente mecanismos de resolución extrajudicial de controversias. 12.- De acuerdo con el artículo 15 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, señale la afirmación correcta en relación con las actuaciones de sensibilización, formación y prevención en el ámbito sanitario: a) Los Planes Nacionales de Salud deberán incorporar un programa específico de sensibilización y formación continuada del personal sanitario que contemple la prevención, el diagnóstico precoz, la asistencia y la rehabilitación de las mujeres víctimas de violencia de género. b) Los programas de sensibilización y formación continuada del personal sanitario estarán orientados a mejorar el diagnóstico precoz, la asistencia y la rehabilitación de las mujeres en situaciones de violencia de género, mientras que la capacitación para la prevención, detección, intervención y apoyo a las víctimas se incorporará a los planes de formación permanente del personal sanitario. c) Las Administraciones sanitarias, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, impulsarán actuaciones para la detección precoz de la violencia de género y adoptarán las medidas necesarias para optimizar la contribución del sector sanitario en su erradicación. d) Las Administraciones educativas competentes asegurarán la incorporación de contenidos de prevención, detección precoz, intervención y apoyo a las víctimas en los ámbitos curriculares de las licenciaturas y diplomaturas, así como en los programas de especialización de las profesiones sociosanitarias. 13.- De conformidad con el artículo 16 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, señale la afirmación correcta sobre la Comisión contra la Violencia de Género del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. a) Se constituirá en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la Ley, tendrá funciones de apoyo técnico y orientación en la planificación de medidas sanitarias, y emitirá un informe anual que se remitirá al Observatorio Estatal de la Violencia sobre la Mujer y al Pleno del Consejo Interterritorial. b) Estará integrada por representantes de la Administración General del Estado y emitirá un informe semestral dirigido al Ministerio de Sanidad y al Observatorio Estatal de la Violencia sobre la Mujer. c) Se constituirá en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la Ley, pero su función se limitará a evaluar el protocolo sanitario, sin poder proponer medidas para su aplicación. d) Se constituirá en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la Ley y estará integrada por representantes de todas las Comunidades Autónomas, con independencia de que tengan competencias en la materia. 14.- En relación con las garantías previstas en el artículo 17 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, señale la opción correcta. a) Los derechos reconocidos en la Ley se garantizan a todas las mujeres víctimas de violencia de género, aunque las administraciones públicas podrán establecer diferencias en su acceso cuando concurran circunstancias excepcionales. b) Ante cualquier situación que dificulte la prestación de los servicios, las administraciones públicas deberán garantizar su funcionamiento habitual, sin que puedan adaptar la prestación a las necesidades específicas de las víctimas. c) La información, la asistencia social integral y la asistencia jurídica contribuyen a hacer efectivos los derechos constitucionales a la integridad física y moral, a la libertad y seguridad y a la igualdad y no discriminación por razón de sexo; además, determinados servicios de atención a las víctimas tienen carácter esencial. d) Únicamente los servicios de acogida y asistencia social integral tienen carácter de servicios esenciales, mientras que la atención psicosocial inmediata y el asesoramiento jurídico quedan excluidos de dicha consideración. 5.- De acuerdo con el artículo 18 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente el derecho a la información de las mujeres víctimas de violencia de género?. a) El derecho comprende información sobre las medidas de protección y seguridad, así como sobre los derechos y ayudas previstos en la Ley, pero no incluye información relativa al lugar de prestación de los servicios de atención, emergencia, apoyo y recuperación integral. b) Las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a recibir información y asesoramiento adecuados a su situación personal, y las mujeres con discapacidad deben acceder a esa información exclusivamente mediante formatos escritos adaptados. c) Las administraciones públicas deben garantizar información y asesoramiento adecuados a la situación personal de las víctimas, sin discriminación en el acceso; además, deben adoptar medidas para asegurar la accesibilidad de la información a las mujeres con discapacidad y a aquellas que, por sus circunstancias personales o sociales, encuentren mayores dificultades, incluidas las que desconozcan la lengua oficial correspondiente. d) La obligación de garantizar el acceso integral a la información se limita a las mujeres con discapacidad, mientras que para las demás víctimas la información se facilitará únicamente cuando la soliciten expresamente ante los organismos competentes. 16.- En relación con el derecho a la atención integral, conforme al artículo 19 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, señale la opción correcta. a) Los servicios sociales deben actuar coordinadamente con los Cuerpos de Seguridad, los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, los servicios sanitarios y las instituciones de asistencia jurídica; además, pueden solicitar al órgano judicial las medidas urgentes que consideren necesarias, y los organismos de igualdad orientarán y valorarán los programas y acciones y emitirán recomendaciones para su mejora. b) La atención multidisciplinar comprende, entre otras actuaciones, la atención psicológica, el apoyo social, el apoyo educativo a la unidad familiar y la formación preventiva en igualdad; no obstante, la asistencia social integral a los menores queda limitada a quienes estén bajo la patria potestad de la persona agredida. c) La organización de los servicios sociales corresponde exclusivamente a las comunidades autónomas y debe regirse por los principios de atención permanente, actuación urgente y especialización, sin que la multidisciplinariedad profesional constituya un principio organizativo exigible. d) La distribución territorial de los servicios debe garantizar una cobertura uniforme en las zonas urbanas, mientras que la atención en zonas rurales o alejadas dependerá de los recursos disponibles; asimismo, la financiación específica de estos servicios corresponderá exclusivamente a las comunidades autónomas. 17.- A tenor de lo dispuesto en el artículo 19 bis de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, señale la afirmación correcta respecto al derecho a la atención sanitaria. a) La atención sanitaria comprenderá el seguimiento del estado de salud de las mujeres víctimas hasta la estabilización de las secuelas físicas, sin que la Ley exija mantener dicho seguimiento hasta su total recuperación. b) Los servicios sanitarios garantizarán la privacidad y la intimidad de las mujeres, aunque podrán adoptar decisiones sobre su atención sanitaria sin respetar sus preferencias cuando lo aconsejen los protocolos asistenciales. c) El Sistema Público de Salud garantizará a las mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas la atención sanitaria, con especial atención psicológica y psiquiátrica y seguimiento hasta su total recuperación respecto de las secuelas físicas y psíquicas derivadas de la violencia; además, se establecerán medidas específicas para la detección, intervención y asistencia en determinadas situaciones de especial vulnerabilidad. d) El Sistema Público de Salud garantizará la atención sanitaria a las mujeres víctimas de violencia de género, pero la atención psicológica y psiquiátrica especializada se extenderá a sus hijos e hijas únicamente cuando exista una resolución judicial que lo determine. 18.- En relación con la asistencia jurídica a las víctimas, de acuerdo con el artículo 20 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, señale la respuesta correcta. a) Las víctimas tienen derecho a asesoramiento jurídico gratuito en el momento inmediatamente previo a interponer la denuncia y a defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en los procesos y procedimientos administrativos que tengan causa directa o indirecta en la violencia padecida; además, podrán personarse como acusación particular en cualquier momento del procedimiento, sin que ello permita retrotraer o reiterar las actuaciones ya practicadas. b) Las víctimas tienen derecho a asesoramiento jurídico gratuito inmediatamente después de interponer la denuncia, y la defensa y representación gratuitas se limitan a los procesos judiciales que tengan causa directa en la violencia padecida. c) La víctima podrá personarse como acusación particular en cualquier momento del procedimiento, lo que permitirá retrotraer las actuaciones practicadas con anterioridad a su personación cuando resulte necesario para garantizar sus derechos. d) Los Colegios de Abogados deben adoptar medidas para la designación urgente de letrado o letrada de oficio, mientras que los Colegios de Procuradores deberán designar procurador o procuradora de oficio en todos los procedimientos, con independencia de que la víctima desee personarse como acusación particular. 19.- A efectos de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, señale la afirmación correcta sobre los derechos laborales y de Seguridad Social de las trabajadoras víctimas de violencia de género. a) Las ausencias o faltas de puntualidad motivadas por la situación física o psicológica derivada de la violencia de género se considerarán justificadas y remuneradas cuando así lo determinen los servicios sociales de atención o los servicios de salud, según proceda, sin perjuicio de que la trabajadora las comunique a la empresa a la mayor brevedad. b) Las trabajadoras por cuenta propia que cesen en su actividad para hacer efectiva su protección tendrán suspendida la obligación de cotizar durante seis meses, pero dicho periodo no se considerará cotización efectiva ni su situación se considerará asimilada al alta. c) Las empresas que formalicen contratos de interinidad para sustituir a trabajadoras víctimas de violencia de género tendrán derecho a una bonificación del 100 % de las cuotas empresariales por contingencias comunes durante seis meses en todos los supuestos, tanto de suspensión del contrato como de movilidad geográfica o cambio de centro de trabajo. d) La suspensión del contrato de trabajo dará lugar a situación legal de desempleo, pero el periodo de suspensión no se considerará como cotización efectiva a efectos de las prestaciones de la Seguridad Social. 20.- Según el artículo 22 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, ¿qué previsión se establece en relación con el empleo de las víctimas de violencia de género?. a) En el marco de los planes anuales de empleo, se desarrollará un programa de acción específico para las víctimas de violencia de género inscritas como demandantes de empleo, que incluirá medidas para favorecer el inicio de una nueva actividad por cuenta propia. b) Los planes anuales de empleo incluirán medidas para favorecer el inicio de una nueva actividad por cuenta propia dirigidas exclusivamente a las víctimas que hayan extinguido su contrato de trabajo como consecuencia de la violencia sufrida. c) En el marco de los planes anuales de empleo, se desarrollará un programa específico dirigido a todas las víctimas de violencia de género, con independencia de que estén inscritas como demandantes de empleo, que incluirá medidas para favorecer el trabajo por cuenta ajena. d) Se establecerá un programa específico para las víctimas de violencia de género inscritas como demandantes de empleo, cuya finalidad exclusiva será facilitar su incorporación al empleo público mediante procesos selectivos específicos. 21.- De acuerdo con el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, señale la afirmación correcta sobre los medios de acreditación de estas situaciones. a) Las situaciones de violencia de género solo podrán acreditarse mediante sentencia condenatoria u orden de protección, sin que los informes administrativos puedan servir para reconocer los derechos regulados en la Ley. b) El informe del Ministerio Fiscal deberá acreditar la existencia de una sentencia condenatoria firme para que la situación de violencia de género pueda dar lugar al reconocimiento de los derechos previstos en la Ley. c) En el caso de víctimas menores de edad, la acreditación deberá realizarse exclusivamente mediante documentos sanitarios oficiales, mientras que el Gobierno y las comunidades autónomas establecerán unilateralmente los procedimientos correspondientes, sin necesidad de acuerdo en la Conferencia Sectorial de Igualdad. d) Las situaciones podrán acreditarse mediante sentencia condenatoria, orden de protección, resolución judicial que acuerde una medida cautelar a favor de la víctima o informe del Ministerio Fiscal que indique indicios de violencia de género; también podrán utilizarse determinados informes de servicios públicos o especializados y otros títulos previstos en la normativa sectorial. En el caso de víctimas menores de edad, podrán emplearse, además, documentos sanitarios oficiales de comunicación a la Fiscalía o al órgano judicial. 22.- Conforme a los artículos 24, 25 y 26 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, señale la afirmación correcta sobre los derechos de las funcionarias víctimas de violencia de género. a) La funcionaria víctima de violencia de género tendrá derecho a la reducción o reordenación del tiempo de trabajo y a la movilidad geográfica, pero no a la excedencia, que queda reservada a las trabajadoras sujetas al Estatuto de los Trabajadores. b) La acreditación de las circunstancias para el reconocimiento de los derechos de movilidad geográfica, excedencia y reducción o reordenación del tiempo de trabajo se realizará exclusivamente mediante sentencia condenatoria, sin que resulte aplicable lo dispuesto en el artículo 23. c) La funcionaria víctima de violencia de género tendrá derecho a la reducción o reordenación del tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica y a la excedencia; además, sus ausencias motivadas por la situación física o psicológica derivada de la violencia se considerarán justificadas en los términos establecidos en la legislación específica, y la acreditación de las circunstancias para el reconocimiento de estos derechos se realizará conforme al artículo 23. d) Las ausencias totales o parciales de la funcionaria motivadas por la violencia de género se considerarán siempre justificadas y remuneradas, sin necesidad de atender a lo establecido en su legislación específica. 23.- De acuerdo con el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, respecto a las ayudas sociales de pago único, señale la respuesta correcta. a) Las ayudas serán concedidas por el Servicio Público de Empleo y financiadas por las comunidades autónomas, y serán incompatibles con otras ayudas económicas autonómicas o locales concedidas por la situación de violencia de género. b) Cuando la víctima tenga responsabilidades familiares, la ayuda podrá alcanzar el equivalente a 18 meses de subsidio por desempleo, o a 24 meses si la víctima o alguno de los familiares convivientes tiene reconocida oficialmente una discapacidad igual o superior al 33 %; además, estas ayudas son compatibles con otras ayudas económicas autonómicas o locales concedidas por la situación de violencia de género. c) Para acceder a la ayuda, la víctima debe carecer de rentas superiores al 75 % del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias, y acreditar dificultades para obtener empleo; la cuantía ordinaria será equivalente a seis meses de subsidio por desempleo y se reducirá a cuatro meses si tiene reconocida una discapacidad igual o superior al 33 %. d) La ayuda ordinaria equivaldrá a doce meses de subsidio por desempleo, y podrá alcanzar los 18 meses cuando la víctima tenga reconocida una discapacidad igual o superior al 33 %, sin que las responsabilidades familiares puedan modificar su cuantía. 24.- De conformidad con el artículo 28 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, ¿qué consideración reciben las mujeres víctimas de violencia de género en relación con el acceso a viviendas protegidas y residencias públicas para mayores?. a) Tendrán garantizado el acceso preferente a las viviendas protegidas, mientras que el acceso a las residencias públicas para mayores dependerá de los criterios generales de valoración. b) Tendrán derecho a acceder prioritariamente a viviendas protegidas y residencias públicas para mayores, con independencia de lo que establezca la legislación aplicable. c) Serán consideradas colectivos prioritarios para acceder tanto a viviendas protegidas como a residencias públicas para mayores, en los términos que determine la legislación aplicable. d) Serán consideradas colectivos prioritarios únicamente cuando acrediten que carecen de recursos económicos suficientes para acceder a una vivienda o residencia privada. 25.- En relación con los artículos 28 bis y 28 ter de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, ¿cuál de las siguientes afirmaciones se ajusta a la regulación del derecho a la reparación de las víctimas?. a) El derecho a la reparación comprende la indemnización por los daños y perjuicios, la recuperación física, psíquica y social, la reparación simbólica y las garantías de no repetición; la indemnización será satisfecha por las personas civil o penalmente responsables conforme a la normativa vigente. b) La indemnización comprende los daños físicos y psicológicos, los daños materiales y la pérdida de ingresos, pero excluye la pérdida de oportunidades educativas y laborales y el daño al proyecto de vida. c) Las administraciones públicas deben asumir directamente el pago de la indemnización, sin perjuicio de que puedan reclamar posteriormente su importe a las personas responsables. d) Las garantías de no repetición se limitan a la adopción de medidas de protección frente a nuevas agresiones, sin incluir la protección frente a represalias o amenazas. 26.- De acuerdo con el artículo 29 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, ¿cuál de las siguientes funciones corresponde a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género?. a) Formular las políticas públicas en esta materia y elaborar la Macroencuesta de Violencia contra las Mujeres, asumiendo en exclusiva la coordinación de las actuaciones de todas las administraciones públicas. b) Coordinar las políticas públicas en materia de violencia de género y elaborar la Macroencuesta de Violencia contra las Mujeres, sin que la persona titular pueda intervenir ante los órganos jurisdiccionales. c) Formular las políticas públicas en esta materia, elaborar la Macroencuesta de Violencia contra las Mujeres y coordinar e impulsar las acciones correspondientes en colaboración con las administraciones competentes. d) Formular las políticas públicas en esta materia y coordinar las actuaciones de las administraciones competentes, correspondiendo la elaboración de la Macroencuesta de Violencia contra las Mujeres a los órganos jurisdiccionales. 27.- En virtud del artículo 30 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente las funciones y obligaciones del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer?. a) Como órgano colegiado, asesorará y evaluará las políticas públicas en materia de violencia de género, prestando especial atención a las mujeres con mayores dificultades de acceso a los servicios; su composición garantizará la participación de las administraciones públicas, pero no de las organizaciones empresariales y sindicales. b) Como órgano colegiado, elaborará informes y estudios sobre violencia de género, cuyos datos podrán presentarse de forma agregada, y remitirá al Gobierno un informe anual centrado en la evolución de las denuncias presentadas. c) Como órgano consultivo adscrito al departamento ministerial competente, elaborará informes anuales sobre la violencia de género y remitirá sus conclusiones al Gobierno, a las comunidades autónomas y a las entidades locales, correspondiéndole aprobar las reformas legales necesarias para mejorar la protección de las víctimas. d) Como órgano colegiado, ejercerá funciones de asesoramiento, evaluación, colaboración institucional, elaboración de informes y estudios y propuestas de actuación; sus datos estarán desagregados por sexo y remitirá anualmente al Gobierno y a las comunidades autónomas un informe sobre la evolución de la violencia, los tipos penales aplicados y la efectividad de las medidas de protección. 28.- Conforme al artículo 31 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, ¿cuál de las siguientes afirmaciones refleja correctamente las previsiones relativas a la actuación policial en la protección de las víctimas?. a) Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberán actuar conforme al protocolo de coordinación con los órganos judiciales, cuya aplicación queda reservada a las comunidades autónomas que dispongan de cuerpos policiales propios. b) El Gobierno establecerá unidades especializadas en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para prevenir la violencia de género y controlar la ejecución de las medidas judiciales; además, promoverá la cooperación de las Policías Locales en los términos previstos legalmente, y la actuación policial tendrá en cuenta el protocolo correspondiente. c) El Gobierno establecerá unidades especializadas en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para prevenir la violencia de género, mientras que la cooperación de las Policías Locales se limitará a las medidas acordadas por los órganos judiciales al amparo de esta ley, sin incluir las previstas en otras normas. d) Las Policías Locales asumirán directamente el control de la ejecución de todas las medidas judiciales de protección, mientras que las unidades especializadas estatales se encargarán exclusivamente de la prevención de la violencia de género. 29.- En relación con el artículo 32 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, ¿cuál de las siguientes afirmaciones se ajusta a la regulación de los planes y protocolos de colaboración?. a) Los planes de colaboración ordenarán las actuaciones de prevención, asistencia y persecución de la violencia de género; los protocolos establecerán procedimientos para una actuación global e integral y garantizarán la actividad probatoria, y se prestará especial atención a las mujeres con mayor riesgo o dificultades de acceso a los servicios. b) Los planes de colaboración implicarán a las administraciones sanitarias, la Administración de Justicia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, mientras que la participación de los servicios sociales y los organismos de igualdad tendrá carácter potestativo. c) Las administraciones sanitarias deberán aplicar protocolos uniformes únicamente cuando se haya constatado la existencia de violencia de género, sin que resulte necesario actualizarlos permanentemente ni difundirlos. d) Los protocolos sanitarios se aplicarán exclusivamente en el ámbito público y se centrarán en la detección precoz, sin necesidad de contemplar la coordinación con la Administración de Justicia cuando existan sospechas fundadas de daños físicos o psíquicos. 30.- A efectos del artículo 43 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que introduce el artículo 87 bis en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a la organización territorial de estos juzgados?. a) El Consejo General del Poder Judicial podrá atribuir estos asuntos a un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción únicamente cuando exista un solo juzgado de esta clase en el partido judicial y siempre con carácter exclusivo. b) En cada partido judicial habrá uno o más Juzgados de Violencia sobre la Mujer, con sede en la capital del partido y jurisdicción en todo su ámbito territorial; excepcionalmente, podrán establecerse juzgados cuya jurisdicción abarque dos o más partidos de la misma provincia. c) En cada partido judicial habrá necesariamente un único Juzgado de Violencia sobre la Mujer, con sede en la capital del partido y jurisdicción en todo su ámbito territorial, sin posibilidad de atribuir estos asuntos a otros órganos judiciales. d) En cada provincia habrá uno o más Juzgados de Violencia sobre la Mujer, con sede en la capital provincial y jurisdicción en todo el territorio de la provincia, pudiendo extenderse excepcionalmente a otras provincias limítrofes. 31.- A tenor del artículo 44 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que incorpora el artículo 87 ter a la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, ¿en cuál de los siguientes supuestos concurren los requisitos para que los Juzgados de Violencia sobre la Mujer tengan competencia civil exclusiva y excluyente?. a) Cuando se tramite un proceso civil sobre relaciones paterno-filiales y una de las partes sea víctima de violencia de género, aunque no se hayan iniciado actuaciones penales ni se haya adoptado una orden de protección. b) Cuando el proceso civil verse sobre alguna de las materias legalmente previstas, una de las partes sea víctima de violencia de género, otra esté imputada como autora, inductora o cooperadora necesaria de esos actos y se hayan iniciado actuaciones penales ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer o se haya adoptado una orden de protección. c) Cuando concurran una víctima de violencia de género y una persona imputada por esos actos en un proceso civil sobre cualquier materia familiar, siempre que el órgano judicial considere conveniente excluir la mediación. d) Cuando exista una denuncia por violencia de género entre las partes de cualquier proceso civil, con independencia de la materia sobre la que verse y de que se haya iniciado una actuación penal ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer. 32.- De acuerdo con el artículo 64 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto de las medidas judiciales de protección previstas en dicho precepto?. a) El juez podrá ordenar la salida obligatoria del domicilio y la prohibición de regresar, acordar el alejamiento incluso si la persona protegida ya ha abandonado el lugar, y prohibir las comunicaciones; estas medidas podrán adoptarse acumulada o separadamente. b) El juez podrá prohibir la aproximación a la persona protegida y fijar una distancia mínima, pero la utilización de instrumentos tecnológicos de control solo podrá acordarse si la persona protegida no ha abandonado previamente el lugar. c) La permuta del uso de la vivienda familiar por el de otra vivienda podrá autorizarse por el juez con carácter excepcional, mientras que las medidas de salida del domicilio, alejamiento y prohibición de comunicación deberán acordarse siempre de forma conjunta. d) La prohibición de aproximación solo podrá acordarse cuando la persona protegida continúe residiendo en el domicilio familiar, y deberá incluir necesariamente la prohibición de toda comunicación con ella. 33.- Según el artículo 65 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, si el juez no acuerda la suspensión del ejercicio de las facultades relativas a los menores que dependen del inculpado por violencia de género, ¿qué actuación debe llevar a cabo?. a) Remitir la decisión sobre el ejercicio de la patria potestad, la tutela y las restantes facultades relativas a los menores a los servicios sociales, que asumirán también el seguimiento de su evolución. b) Pronunciarse necesariamente sobre la forma de ejercicio de la patria potestad y, en su caso, de las demás facultades relativas a los menores, adoptar medidas para garantizar la seguridad, integridad y recuperación de estos y de la mujer, y realizar un seguimiento periódico de su evolución. c) Mantener el ejercicio de dichas facultades sin modificaciones, salvo que la mujer víctima solicite expresamente medidas de protección para los menores. d) Acordar obligatoriamente la suspensión de la guarda y custodia, aunque mantenga el ejercicio de la patria potestad, y revisar la medida únicamente cuando lo soliciten las partes. |




