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TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE217

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Título del test:
217

Descripción:
Loading Procedimiento (Artículos 1-37)

Autor:
***
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Fecha de Creación:
13/06/2022

Categoría:
Personal

Número preguntas: 39
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De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, relativo a los sistemas de identificación de los interesados en el procedimiento, los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de cualquier sistema que cuente con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad. En particular, serán admitidos, los sistemas siguientes: Sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación». A estos efectos, se entienden comprendidos entre los citados certificados electrónicos reconocidos o cualificados los de persona jurídica y de entidad sin personalidad jurídica. Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de sello electrónico expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación». Sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema que las Administraciones Públicas consideren válido, en los términos y condiciones que se establezcan. Las respuestas b) y c) son correctas.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, éstas sólo requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para: Formular solicitudes, interponer recursos, desistir de acciones o renunciar a derechos. Formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos o desistir de acciones. Formular solicitudes, presentar declaraciones responsables, interponer recursos, desistir de acciones o renunciar a derechos. Formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones o renunciar a derechos.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: La presente Ley establece y regula las bases del régimen jurídico, la organización, el procedimiento administrativo común, el sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas, así como los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria. La presente Ley establece y regula las bases del régimen jurídico, el procedimiento administrativo común, la potestad sancionadora, el sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas, así como los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria. La presente Ley tiene por objeto regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas, así como los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria. La presente Ley establece y regula las bases del régimen jurídico, el procedimiento administrativo común, el sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas y las relaciones entre las mismas, siendo aplicable a todas ellas.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, éstas emitirán los documentos administrativos: Por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido del documento. Por escrito, a menos que su naturaleza exija o permita otra forma más adecuada de expresión y constancia. Por escrito, a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia. Todas las respuestas son falsas.
Los plazos máximos de los que disponen las Administraciones para la resolución y notificación de los procedimientos se contarán: En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación. En los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su resolución. Las dos respuestas anteriores son falsas. Las respuestas a) y b) son ciertas.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Solo mediante ley podrán establecerse especialidades del procedimiento referidas a los órganos competentes, plazos propios del concreto procedimiento por razón de la materia, formas de iniciación y terminación, publicación e informes a recabar. Reglamentariamente, cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para la consecución de los fines propios del procedimiento, y de manera motivada, podrán incluirse trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta Ley. Las respuestas a) y b) son ciertas. Las respuestas a) y b) son falsas.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la presente Ley se aplica al sector público, que comprende: La Administración General del Estado. El sector público institucional. Las Entidades que integran la Administración Local. Todas son correctas.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender en los siguientes casos (señalar la respuesta falsa): Cuando exista un procedimiento no finalizado en el ámbito de la Unión Europea que condicione directamente el contenido de la resolución de que se trate, desde que se tenga constancia de su existencia, lo que deberá ser comunicado a los interesados, hasta que se resuelva, lo que también habrá de ser notificado. Cuando para la resolución del procedimiento sea indispensable la obtención de un previo pronunciamiento por parte de un órgano jurisdiccional, desde el momento en que se solicita, lo que habrá de comunicarse a los interesados, hasta que la Administración tenga constancia del mismo, lo que también deberá serles comunicado. Cuando deban solicitarse informes que sean preceptivos y determinantes del contenido de la resolución a órgano de la misma o distinta Administración, por el tiempo que medie entre la petición, que deberá comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, que igualmente deberá ser comunicada a los mismos. Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de seis meses. .
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el sector público institucional se integra por (señalar la respuesta falsa): Cualesquiera organismos públicos vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas. Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas, que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a las mismas, salvo cuando ejerzan potestades administrativas. Las Universidades públicas, que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de esta Ley. Cualesquiera entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no requerirán de firma electrónica, es falso que: Cada Administración Pública determinará los órganos que tengan atribuidas las competencias de expedición de copias auténticas de los documentos públicos administrativos o privados. Las copias auténticas de documentos públicos (privados) surten únicamente efectos administrativos. La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales podrán realizar copias auténticas mediante funcionario habilitado o mediante actuación administrativa automatizada. En el registro de funcionarios habilitados para expedir copias auténticas o sistema equivalente constarán, al menos, los funcionarios que presten servicios en las oficinas de asistencia en materia de registros.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tienen la consideración de Administraciones Públicas (señalar la respuesta falsa): La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local. Los organismos públicos previstos en la respuesta a) de la pregunta anterior. Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas. Las entidades de derecho público previstos en la respuesta d) de la pregunta anterior.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los interesados podrán solicitar la expedición de copias auténticas de los documentos públicos administrativos válidamente emitidos por las AAPP. La solicitud se dirigirá al órgano que emitió el documento original, debiendo expedirse, salvo las excepciones derivadas de la aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre: En el plazo de diez días a contar desde la recepción de la solicitud en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente. En el plazo de quince días a contar desde la recepción de la solicitud en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente. En el plazo de veinte días a contar desde la recepción de la solicitud en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente. En el plazo de treinta días a contar desde la recepción de la solicitud en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Corporaciones de Derecho Público: Tienen la consideración de Administraciones Públicas. No tienen la consideración de Administraciones Públicas. La repuesta a) es correcta y, por lo tanto, se regirán por lo dispuesto por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La respuesta b) es correcta y, por lo tanto, se regirán por su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por Ley o delegadas por una Administración Pública, y supletoriamente por la presente Ley.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a los efectos previstos en esta Ley, tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas: Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles. Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Se exceptúa el supuesto de los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate. Cuando la Ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos. Todas las respuestas son correctas.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, relativo al cómputo de plazos: Salvo que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea se disponga otro cómputo, cuando los plazos se señalen por horas, se entiende que éstas son hábiles. Son hábiles todas las horas del día que formen parte de un día sea esta hábil o inhábil (de un día que sea hábil). Los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de minuto en minuto desde la hora y minuto en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate y no podrán tener una duración superior a cuarenta y ocho horas (veinticuatro horas), en cuyo caso se expresarán en días. Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos. Todas las respuestas son ciertas.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se consideran interesados en el procedimiento administrativo: Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que las normas de rango legal o reglamentario reconozcan. Se consideran interesados en el procedimiento administrativo los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan intereses legítimos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva. Todas las respuestas son correctas.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el calendario laboral oficial: Deberá publicarse al inicio de cada año en el diario oficial que corresponda, así como en otros medios de difusión que garanticen su conocimiento generalizado. Deberá publicarse durante el primer mes de cada año natural en el diario oficial que corresponda, así como en otros medios de difusión que garanticen su conocimiento generalizado. Deberá publicarse antes del comienzo de cada año en el diario oficial que corresponda, así como en otros medios de difusión que garanticen su conocimiento generalizado. Todas las respuestas son falsas.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se suspenderá en los siguientes casos: Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes propuestos por los interesados, durante el tiempo necesario para la incorporación de los resultados al expediente. Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la Unión Europea, por el tiempo que medie entre la petición, que habrá de comunicarse a los interesados, y la notificación del pronunciamiento a la Administración instructora, que también deberá serles comunicada. Cuando los interesados promuevan la recusación en cualquier momento de la tramitación de un procedimiento, desde que ésta se plantee hasta que sea resuelta por el superior jerárquico del recusado. Deberá de suspenderse en todos los supuestos mencionados.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante, entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra del interesado. Las personas físicas con capacidad de obrar y las personas jurídicas, en todo caso, (siempre que ello esté previsto en sus Estatutos) podrán actuar en representación de otras ante las Administraciones Públicas. Las respuestas a) y b) son ciertas. Las respuestas a) y b) son falsas. .
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: La Administración, cuando razones de interés público lo aconsejen, podrá conceder de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, (si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero). El acuerdo de ampliación deberá ser notificado a los interesados. La ampliación de los plazos por el tiempo máximo permitido podrá aplicarse, en su caso, (se aplicará en todo caso) a los procedimientos tramitados por las misiones diplomáticas y oficinas consulares, así como a aquellos que, sustanciándose en el interior, exijan cumplimentar algún trámite en el extranjero o en los que intervengan interesados residentes fuera de España. Cuando una incidencia técnica haya imposibilitado el funcionamiento ordinario del sistema o aplicación que corresponda, y hasta que se solucione el problema, la Administración podrá determinar una ampliación de los plazos no vencidos, debiendo publicar en la sede electrónica tanto la incidencia técnica acontecida como la ampliación concreta del plazo no vencido. Todas las respuestas son correctas.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación. La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquélla o se subsane el defecto dentro del plazo de diez días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran. Las respuestas a) y b) son ciertas. Las respuestas a) y b) son falsas.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la representación podrá acreditarse mediante cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna de su existencia, a estos efectos: Se entenderá acreditada la representación realizada mediante apoderamiento apud acta efectuado por comparecencia personal. Se entenderá acreditada la representación realizada mediante apoderamiento efectuado apud acta por comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica. Se entenderá acreditada la representación realizada a través de la acreditación de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública competente. Todas las respuestas son correctas.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, quienes de conformidad con el artículo 3, tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, son titulares, en sus relaciones con ellas, de los siguientes derechos (señalar la respuesta falsa): Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico. A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de una Oficina de Atención electrónica de la Administración (punto de acceso electrónico). A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas. A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en esta Ley.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, relativo a los Registros electrónicos de apoderamientos, la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales dispondrán de un registro electrónico general de apoderamientos, en el que deberán inscribirse, al menos: Los de carácter general otorgados apud acta, presencial o electrónicamente, por quien ostente la condición de interesado en un procedimiento administrativo a favor de representante, para actuar en su nombre ante las Administraciones Públicas. Los de carácter particular otorgados apud acta, presencial o electrónicamente, por quien ostente la condición de interesado en un procedimiento administrativo a favor de representante, para actuar en su nombre ante las Administraciones Públicas. Cuando lo establezca una norma con rango de Ley deberá constar el bastanteo realizado del poder. (También deberá constar el bastanteo realizado del poder). Todas las respuestas son correctas.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación: Cabrá recurso de alzada. Cabrán los recursos correspondientes. No cabrá recurso alguno. Cabrá, en su caso, el recurso extraordinario de revisión.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, relativo al derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas, es cierto que: Las personas físicas y jurídicas (físicas solamente) podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas. El medio elegido por la persona física para comunicarse con las Administraciones Públicas podrá ser modificado por aquella en cualquier momento. Las respuestas a) y b) son correctas. Las respuestas a) y b) son falsas.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los asientos que se realicen en los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos deberán contener, al menos, la siguiente información: Nombre y apellidos o la denominación o razón social, documento nacional de identidad, número de identificación fiscal o documento equivalente del poderdante. Nombre y apellidos o la denominación o razón social, documento nacional de identidad, número de identificación fiscal o documento equivalente del apoderado. Tipo de poder según las facultades que otorgue. Todas las respuestas son correctas.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio. En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo. Las dos respuestas anteriores son falsas. Las respuestas a) y b) son ciertas.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los poderes que se inscriban en los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos deberán corresponder a alguna de las siguientes tipologías: Un poder general para que el poderdante (apoderado) pueda actuar en nombre del apoderado en cualquier actuación administrativa y ante cualquier Administración. Un poder para que el poderdante (apoderado) pueda actuar en nombre del apoderado en cualquier actuación administrativa ante una Administración u Organismo concreto. Un poder para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante únicamente para la realización de determinados trámites especificados en el poder. Todas las respuestas son correctas.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el apoderamiento «apud acta» se otorgará: Mediante comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica haciendo uso de los sistemas de firma electrónica previstos en esta Ley. Mediante comparecencia personal en la oficina del órgano competente para tramitar el procedimiento (en las oficinas de asistencia en materia de registros). Las respuestas a) y b) son ciertas. Las respuestas a) y b) son falsas. .
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con relación a la lengua de los procedimientos, no es cierto que: Los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma podrán utilizar también la lengua que sea cooficial en ella. En los procedimientos tramitados por la Admón. General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma cuando concurrieran varios interesados en el procedimiento, y existiera discrepancia en cuanto a la lengua, el procedimiento se tramitará en castellano. En los procedimientos tramitados por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, el uso de la lengua se ajustará a lo previsto en la legislación básica estatal. La lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado será el castellano.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los poderes inscritos en el registro tendrán una validez determinada: Mínima de cinco años a contar desde la fecha de la solicitud de inscripción. Máxima de diez años a contar desde la fecha de inscripción. Máxima de cinco años a contar desde la fecha de inscripción. Mínima de diez años a contar desde la fecha de la solicitud de inscripción.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa producirá los siguientes efectos: En el caso de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas favorables, se producirá la caducidad, procediéndose al archivo de las actuaciones. En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, los interesados podrán entender desestimadas las pretensiones por silencio administrativo. Las dos respuestas anteriores son falsas. Las respuestas a) y b) son ciertas.
34. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, relativo a la comparecencia de los ciudadanos, en los casos en que proceda ésta, la correspondiente citación no deberá necesariamente hacer constar: Reclamaciones que procedan contra la misma. El lugar, fecha y hora. Efectos de no atenderla. Habrán de constar todos los extremos citados .
35. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, es cierto que: La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla, exclusivamente en los procedimientos iniciados de oficio. En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables. Se exceptúan de la obligación de resolver, a que se refiere el párrafo primero del artículo 42, los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio, así como los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición regulado en el artículo 29 de la Constitución o al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable. Todas las respuestas son falsas. .
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados, las actuaciones a que den lugar se efectuarán con el interesado que figure en primer término. Si durante la instrucción de un procedimiento que no haya tenido publicidad, se advierte la existencia de personas que sean titulares de derechos o intereses legítimos y directos cuya identificación resulte del expediente y que puedan resultar afectados por la resolución que se dicte, se comunicará a dichas personas la tramitación del procedimiento. Las respuestas a) y b) son ciertas. Las respuestas a) y b) son falsas.
Es cierto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que: El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una Ley (una norma con rango de…) establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de dos meses (tres). Las respuestas a) y b) son correctas.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, relativo a los sistemas de identificación de los interesados en el procedimiento, los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de cualquier sistema que cuente con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad. En particular, serán admitidos, los sistemas siguientes: Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación». Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de sello electrónico expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación». Sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema que las Administraciones Públicas consideren válido, en los términos y condiciones que se establezcan. Todas las respuestas son correctas.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Si alguno de estos interesados no dispone de los medios electrónicos necesarios, su identificación o firma electrónica en el procedimiento administrativo podrá ser válidamente realizada por un funcionario público mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado para ello. En este caso, será necesario que el interesado que carezca de los medios electrónicos necesarios se identifique ante el funcionario y preste su consentimiento expreso para esta actuación, de lo que deberá quedar constancia para los casos de discrepancia o litigio. La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales mantendrán actualizado un registro, u otro sistema equivalente, donde constarán los funcionarios habilitados para la identificación o firma regulada en este artículo. Todas las respuestas son correctas.
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