Señale la respuesta correcta considerando la Ley 40/2015. La indemnización por responsabilidad patrimonial de la Administración: Debe abonarse siempre en efectivo, mediante un pago único. Debe abonarse siempre en efectivo, aunque pueda realizarse mediante pagos periódicos cuando exista acuerdo con el interesado. Puede sustituirse por una compensación en especie cuando convenga al interés público, sin que sea necesario en tal caso el acuerdo con el interesado. Puede sustituirse por una compensación en especie, pero solo si existe acuerdo con el interesado.
Según la Ley 40/2015, cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias AAPP se deriven responsabilidad en los términos previstos en la Ley, las AAPP intervinientes responderán: De forma subsidiaria. Responderá únicamente la Administración que haya intervenido con mayor intensidad. De forma solidaria. La responsabilidad, una vez atendido el instrumento jurídico regulador de la actuación conjunta, se fraccionará al 50% para cada Administración.
La exigencia de responsabilidad al personal al servicio de la Administración Pública: Se iniciará siempre a reclamación de interesado. Se iniciará siempre de oficio. NO procede. Al indemnizar la Administración al particular se da por zanjado el tema. Se dará siempre y en todo caso, exista o no intencionalidad.
Finalizado el procedimiento, el Estado ha optado por indemnizar al señor X. La indemnización se calculará con relación a los criterios de valoración establecidos en: Legislación sobre expropiación forzosa, legislación fiscal y demás normas aplicables. Legislación sobre expropiación forzosa, legislación fiscal y legislación tributaria. Legislación general presupuestaria, legislación fiscal y legislación financiera. Legislación financiera, legislación tributaria y demás normas concordantes.
Solo existe una causa de exoneración de responsabilidad patrimonial a la Administración. Sería en el supuesto de: Caso fortuito. Fuerza mayor. Error de hecho. Errores materiales, de hecho o aritméticos.
Las AAPP indemnizarán a los particulares: Por la aplicación de actos administrativos de naturaleza no expropiatoria de derechos y que éstos no tengan el deber jurídico de soportar, cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que especifiquen. Por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. Por los daños efectivos, no evaluables económicamente e individualizada con relación a una persona o grupo de personas. Todas las respuestas anteriores son correctas.
Entre los requisitos precisos para poder encontrarnos entre un supuesto de responsabilidad patrimonial la ley no incluye… Que el daño sufrido sea efectivo y evaluable económicamente. Que sufra el interesado una lesión en sus bienes, incluso debido a fuerza mayor. Que el daño sea individualizado para una persona o un grupo de personas. Que la lesión sea la consecuencia del funcionamiento normal o anormal de un servicio público.
Para que el daño sufrido sea indemnizable ha de acreditar los siguientes requisitos: Ha de ser efectivo. Evaluable económicamente. Individualizado. Todas son correctas.
Para poder exigir responsabilidad patrimonial de las AA.PP, el daño alegado habrá de ser: Causado con dolo o negligencia grave de algún funcionario público, existiendo nexo de causalidad entre el daño y sus consecuencias. Imputable a la Administración, incuestionable y que tenga su origen en una fuerza mayor. Efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo de personas. Posible, previsible, pecuniariamente determinable y proveniente del funcionamiento anormal de los servicios públicos.
El daño causado por la administración, para ser indemnizable, habrá de ser: a) b) c) . d) Indeterminado. Evaluable económicamente. Obligatorio. Todas son incorrectas.
Establece la Ley 40/2015, que las AAPP indemnizarán a los particulares por la aplicación de actos legislativos, siempre y cuando éstos: Tengan naturaleza no expropiatoria de derechos. Los particulares no tengan el deber jurídico de soportarlo. Son válidas las dos respuestas anteriores. Tengan naturaleza expropiatoria de derechos y los ciudadanos tengan el deber jurídico de soportarlos.
¿Se puede sustituir el pago de la indemnización? En ningún caso. Sí, por una compensación en especie.
La responsabilidad de la Administración, en el ámbito del derecho privado, se regirá por: El mismo procedimiento que el previsto para sus actuaciones de derecho público. Por las normas de derecho privado. Por el procedimiento específico descrito en la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La Administración no puede ejercer actividades privadas, con lo cual no puede existir este tipo de responsabilidad.
La cuantificación del daño a indemnizar se efectúa: Desde el día que efectivamente se produjo la lesión. Desde el día en que se dictó la resolución iniciando el procedimiento de responsabilidad. Desde el día en que entró en el registro la solicitud de indemnización. Ninguna respuesta es correcta.
La responsabilidad patrimonial de la Administración no se caracteriza por ser: Directa Subjetiva De alcance general. Todas son ciertas.
El procedimiento en virtud del cual la administración ejercita la acción de regreso contra sus funcionarios: Será potestativo. Es obligatorio. Ambas respuestas son correctas. Ninguna respuesta es cierta.
La exigencia de responsabilidad PENAL del personal al servicio de la Administración: Se exigirá de conformidad con lo dispuesto en la legislación correspondiente. Con carácter general, no suspenderá los procedimientos de exigencia de responsabilidad patrimonial. Las dos respuestas anteriores son ciertas. Sólo la respuesta A es cierta, ya que siempre producirá efectos suspensivos del posible procedimiento de exigencia de responsabilidad patrimonial.
La potestad sancionadora de las Administraciones Públicas se ejercerá cuando haya sido expresamente reconocida por: Una norma con rango de Ley. Una Ley. Un reglamento. Todas son falsas.
Solo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por: Una norma con rango de Ley, sin perjuicio de lo dispuesto para la Administración Local en el Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril. Una Ley, sin perjuicio de lo dispuesto para la Administración Local en el Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril. Un reglamento, sin perjuicio de lo dispuesto para la Administración Local en el Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril. Una disposición con rango de Ley, sin perjuicio de lo dispuesto para la Administración Local en el Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
Señale la respuesta correcta: Las disposiciones reglamentarias de desarrollo no podrán introducir especificaciones o graduaciones al cuadro de las infracciones o sanciones establecidas legalmente que, sin constituir nuevas infracciones o sanciones, ni alterar la naturaleza o límites de las que la Ley contempla, contribuyan a la más correcta identificación de las conductas o a la más precisa determinación de las sanciones correspondientes. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo podrán introducir especificaciones o graduaciones al cuadro de las infracciones o sanciones establecidas reglamentariamente que, sin constituir nuevas infracciones o sanciones, ni alterar la naturaleza o límites de las que la Ley contempla, contribuyan a la más correcta identificación de las conductas o a la más precisa determinación de las sanciones correspondientes. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo podrán introducir especificaciones o graduaciones al cuadro de las infracciones o sanciones establecidas legalmente que, sin constituir nuevas infracciones o sanciones, ni alterar la naturaleza o límites de las que la Ley contempla, contribuyan a la más correcta identificación de las conductas o a la más precisa determinación de las sanciones correspondientes. Todas las respuestas son incorrectas.
Solo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa: Las personas físicas y jurídicas. Cuando una Ley les reconozca capacidad de obrar, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos, que resulten responsables de los mismos a título de dolo o culpa. Cuando una Ley les reconozca capacidad de obrar, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos, que resulten responsables de los mismos a título de dolo, culpa o negligencia grave. Son correctas las respuestas A y B.
Cuando el cumplimiento de una obligación establecida por una norma con rango de Ley corresponda a varias personas conjuntamente: Responderán de forma solidaria de las infracciones que, en su caso, se cometan y de las sanciones que se impongan. No obstante, cuando la sanción sea pecuniaria y sea posible se individualizará en la resolución en función del grado de participación de cada responsable. Responderán de forma subsidiaria de las infracciones que, en su caso, se cometan y de las sanciones que se impongan. No obstante, cuando la sanción sea pecuniaria y sea posible se individualizará en la resolución en función del grado de participación de cada responsable. Responderán de forma mancomunada de las infracciones que, en su caso, se cometan y de las sanciones que se impongan. No obstante, cuando la sanción sea pecuniaria y sea posible se individualizará en la resolución en función del grado de participación de cada responsable. Responderán de forma directa de las infracciones que, en su caso, se cometan y de las sanciones que se impongan. No obstante, cuando la sanción sea pecuniaria y sea posible se individualizará en la resolución en función del grado de participación de cada responsable.
Las sanciones administrativas: Sean o no de naturaleza pecuniaria, en ningún caso podrán implicar, directa o solidariamente, privación de libertad. Sean o no de naturaleza pecuniaria, en ningún caso podrán implicar, directa o mancomunadamente, privación de libertad. Sean o no de naturaleza pecuniaria, en ningún caso podrán implicar, directa o subsidiariamente, privación de libertad. Todas las respuestas son incorrectas.
Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan. Si éstas no fijan plazos de prescripción: Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves al año; las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves a los seis meses. Las infracciones muy graves prescribirán a los cuatro años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los cuatro años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los nueve meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año.
Señale la respuesta correcta: El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día siguiente en que la infracción se hubiera cometido. El plazo de caducidad de las sanciones comenzará a contarse desde el día en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla.
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