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Título del test:
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Descripción:
Biólogos General

Autor:
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Fecha de Creación:
23/09/2020

Categoría:
Psicotécnicos
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5. Según el artículo 8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, la competencia es: a. Irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, incluso los casos de delegación o avocación. b. Renunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación. c. Irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación. d. Renunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, incluso los casos de delegación o avocación.
7. Según el artículo 8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, la delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia: a. Suponen alteración de la titularidad de la competencia, pero no de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén. b. Suponen alteración de la titularidad de la competencia y de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén. c. No suponen alteración de la titularidad de la competencia, aunque sí de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén. d. No suponen alteración de la titularidad de la competencia ni de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén.
8. Según el artículo 15 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en relación al régimen jurídico de los órganos colegiados de las distintas Administraciones Públicas, establece: a. Si dichos órganos están compuestos por representaciones de distintas Administraciones Públicas podrán establecer o completar sus propias normas de funcionamiento. b. Si en dichos órganos participan organizaciones representativas de intereses sociales, podrán establecer o completar sus propias normas de funcionamiento. c. Si en dichos órganos colegiados participan organizaciones representativas de intereses sociales, su funcionamiento se regirá por las mismas normas que regulan el funcionamiento de la organización representada. d. Son correctas las dos primeras opciones.
12. Según el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la asistencia: a. Presencial o a distancia del Presidente y Secretario o, en su caso, de quienes les suplan y de dos terceras partes, al menos, de sus miembros. b. Presencial del Presidente o Secretario o, en su caso, de quienes les suplan y de la mitad, al menos, de sus miembros. c. Presencial del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les suplan y la de la mitad, al menos, de sus miembros. d. Presencial o a distancia del Presidente y Secretario o, en su caso, de quienes les suplan, y la de la mitad, al menos, de sus miembros.
15. Según el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, cuando estuvieran reunidos, de manera presencial o a distancia, el Secretario y todos los miembros del órgano colegiado, o en su caso las personas que les suplan, éstos podrán constituirse válidamente como órgano colegiado para la celebración de sesiones, deliberaciones y adopción de acuerdos sin necesidad de convocatoria previa: a. Cuando así lo decidan la mitad de sus miembros. b. Cuando así lo decidan dos tercios de sus miembros. c. Cuando así lo decidan tres quintos de sus miembros. d. Cuando así lo decidan todos sus miembros.
17. Según el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, cuando se asista a distancia, los acuerdos se entenderán adoptados: a. En el lugar donde esté ubicada la presidencia y, en su defecto, donde tenga la sede el órgano colegiado. b. En el lugar donde tenga la sede el órgano colegiado y, en su defecto, donde esté ubicado el Secretario. c. En el lugar donde tenga la sede el órgano colegiado y, en su defecto, donde esté ubicada la presidencia. d. En el lugar donde esté ubicado el Secretario y, en su defecto, donde tenga la sede el órgano colegiado.
18. Según el artículo 34 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los actos administrativos que dicten las Administraciones Públicas: a. Ya sean de oficio o a instancia del interesado, se producirán por el órgano competente ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecido. b. A instancia del interesado, se producirán por el órgano competente ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecido. c. De oficio, se producirán por el órgano competente ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecido. d. Bien de oficio o a instancia del interesado, se producirán ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecido.
19. Según el artículo 34 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el contenido de los actos se ajustará: a. A lo dispuesto expresamente por dicha ley y será determinado y adecuado a los fines del ordenamiento jurídico. b. A lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines de la presente ley. c. A lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines de aquéllos. d. A lo dispuesto exclusivamente por dicha ley y será determinado y adecuado a los fines de aquéllos.
25. Según el artículo 37 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las resoluciones administrativas de carácter particular: a. No podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan de un órgano de superior jerarquía al que dictó la disposición general. b. No podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general c. No podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual jerarquía al que dictó la disposición general. d. No podrán vulnerar lo establecido en otra disposición de carácter particular, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual jerarquía al que dictó la disposición general.
26. Según el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos administrativos: a. Excepcionalmente, cuando se dicten en sustitución de actos anulados. b. Excepcionalmente, cuando se dicten en sustitución de actos nulos. c. Como regla general, cuando se dicten en sustitución de actos nulos. d. En ningún caso, cuando se dicten en sustitución de actos anulados.
31. Entendemos por procedimiento administrativo: a. Aquella serie de actuaciones tendentes a alcanzar la formación de la voluntad de la administración Pública. b. El conjunto de disposiciones tendentes a regular la formación de la voluntad de la Administración Pública. c. La resolución de recursos en la aplicación o interpretación del ordenamiento jurídico. d. El conjunto de instrucciones a los órganos de la Administración Pública sobre la aplicación de normas de índole procesal.
37. Según el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en los casos previstos como motivos de abstención, podrá promoverse recusación por los interesados: a. En cualquier momento de la tramitación del procedimiento. b. En cualquier momento anterior al trámite de audiencia. c. En cualquier momento anterior a la propuesta de resolución. d. En cualquier momento anterior al inicio del procedimiento.
42. Según el artículo 4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante: a. Entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra del interesado. b. Entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa o tácita en contra del interesado. c. Entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación tácita en contra del interesado. d. Entendiéndose con éste las actuaciones administrativas en tanto no se acredite fehacientemente la revocación de sus poderes.
43. Según el artículo 53 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, los interesados en un procedimiento administrativo tienen derecho a: a. A conocer, antes del trámite de audiencia, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados. b. El sentido del silencio administrativo que corresponda, en caso de que la Administración no dicte ni notifique resolución expresa en plazo. c. A no presentar en ningún caso documentos originales. d. A formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico, y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento.
45. Según el artículo 57 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, el órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, siempre que sea el mismo que deba tramitar y resolver dicho procedimiento: a. Cuando se haya iniciado de oficio, podrá disponer, también de oficio, su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión. b. Cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer, de oficio o a instancia de parte, su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión. c. Cuando se haya iniciado a instancia de parte, podrá disponer, también a instancia de parte, su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión. d. Cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer, de oficio, su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión.
46. Según el artículo 58 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la iniciación de oficio del procedimiento se lleva a efecto en virtud de: a. El acuerdo expreso del órgano competente a iniciativa propia. b. El acuerdo expreso del órgano competente a iniciativa propia o como consecuencia de una orden del superior. c. La denuncia de un particular. d. El acuerdo expreso del órgano competente a iniciativa propia, como consecuencia de una orden superior o petición razonada de otro órgano administrativo o denuncia.
49. Según el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, a petición del interesado o a iniciativa del órgano, cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales: a. Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este plazo podrá ser ampliado prudencialmente hasta 5 días. b. Siempre que se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este plazo podrá ser ampliado prudencialmente hasta 5 días. c. Siempre que se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este plazo podrá ser ampliado prudencialmente hasta 7 días. d. Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este plazo podrá ser ampliado prudencialmente hasta 7 días.
50. Según el artículo 71 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el procedimiento, sometido al principio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites: a. A través de medios electrónicos, respetando los principios de transparencia, publicidad y buena fe. b. A través de medios electrónicos, respetando los principios de transparencia y publicidad. c. A través de medios no electrónicos, respetando los principios de eficacia, transparencia y publicidad. d. A través de medios a su alcance, electrónicos o no electrónicos, respetando los principios de eficacia, transparencia y publicidad.
51. Según el artículo 73 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto, los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse: a. En el plazo de diez días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto. b. En el plazo de cinco días a partir del día de la notificación del correspondiente acto. c. En el plazo de diez días a partir del día de la notificación del correspondiente acto. d. En el plazo de cinco días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto.
52. Según el artículo 75 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la instrucción del procedimiento comprende aquellas actuaciones dentro del procedimiento que se consideran necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución que haya de dictarse: a. Esas actuaciones se realizarán de oficio o a instancia de parte y a través de medios electrónicos, por el órgano que inicie el procedimiento. b. Esas actuaciones se realizarán de oficio por el órgano encargado de la tramitación y a través de medios electrónicos. c. Esas actuaciones se realizarán de oficio y a través de medios no electrónicos por el órgano que inicie el procedimiento. d. Esas actuaciones se realizarán de oficio o a instancia de parte y a través de medios no electrónicos, por el órgano que tramite el procedimiento.
53. En relación a los actos de instrucción que requieran la intervención de los interesados, habrán de practicarse, según el artículo 75 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre: a. En la forma que resulte más conveniente para ellos y sea compatible, en la medida de lo posible, con sus obligaciones laborales o profesionales. b. En la forma que resulte más conveniente para ellos y sea compatible con sus obligaciones laborales o profesionales. c. En la forma que resulte más conveniente para ellos y sea compatible con sus obligaciones familiares y personales. d. En la forma que resulte más conveniente para ellos y sea compatible, en la medida de lo posible, con sus obligaciones.
54. Según el artículo 76 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados podrán aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio: a. En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia. b. En todo momento del procedimiento. c. En cualquier momento del procedimiento anterior al acuerdo de iniciación. d. En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de información pública.
55. Según el artículo 77 de la Ley 39/2015, la prueba mediante la cual se pretenden acreditar los hechos relevantes que sirvan de presupuesto a la decisión: a. Podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en el Derecho Común. b. Podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. c. Podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. d. Podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
56. Según el artículo 77 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un período de prueba por un plazo: a. No superior a treinta días ni inferior a diez. b. No superior a veinte días ni inferior a diez. c. No superior a quince días ni inferior a diez. d. No superior a treinta días ni inferior a veinte.
59. Según el art. 84 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, pondrán fin al procedimiento: a. La resolución, el desistimiento, la renuncia permitida y la declaración de caducidad. b. La resolución, el desistimiento, la renuncia permitida, la imposibilidad sobrevenida y la declaración de caducidad. c. La caducidad, la renuncia o el desistimiento. d. La prescripción, la caducidad y la resolución motivada.
61. Las reducciones a aplicar en los procedimientos que pueden imponer sanciones pecuniarias pueden ascender: a. Al 20% del importe de la sanción propuesta. b. Al 25% del importe de la sanción reglamentariamente estipulada. c. Al menos al 20% del importe de la sanción propuesta salvo que se incremente reglamentariamente dicho porcentaje. d. Al importe que se acuerde con el infractor en la fase de diligencias previas. .
63. El órgano competente para resolver un procedimiento administrativo podrá decidir motivadamente la realización de las actuaciones complementarias indispensables para la resolución: a. Las actuaciones deberán practicarse en un plazo no superior a siete días. b. Las actuaciones deberán practicarse en un plazo no superior a treinta días. c. Las actuaciones deberán practicarse en un plazo no superior a quince días. d. Las actuaciones deberán practicarse en un plazo no superior a veinte días. .
67. La Administración está obligada a informar a los interesados en relación a: a. Los procedimientos de su competencia, los plazos máximos de duración y los efectos del silencio administrativo b. La duración máxima de los procedimientos y los efectos del silencio administrativo. c. Las posibilidades de ampliar el plazo para resolver. d. La compensación económica correspondiente a los interesados por la demora en la resolución del procedimiento. .
68. El artículo 24 de la Ley 39/2015, en relación con los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, establece que el silencio administrativo: a. Tendrá efecto estimatorio al vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa salvo disposición legal contraria o disposición equivalente derivada del DUE o el Derecho Internacional. b. Tendrá efecto al vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa salvo disposición legal. c. Tendrá efecto al vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa salvo disposición legal contraria o disposición equivalente derivada del DUE d. Tendrá efecto desestimatorio al vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa salvo disposición legal. .
69. El silencio en procedimientos iniciados a solicitud del interesado, tendrá efectos desestimatorios: a. En todos los supuestos salvo disposición legal contraria. b. En procedimientos relativos al derecho de petición y actos de impugnación y solicitud de revisión de oficio. c. En todos los procedimientos relativos a licencias, tasas y tributos. d. En todos los procedimientos que impliquen medidas cautelares o complementarias.
72. La regulación del silencio administrativo fue modificada para incrementar la seguridad jurídica de los administrados en: a. La Ley de Procedimiento Administrativo de 1957. b. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre. c. La Ley 11/2007, de 22 de junio. d. La Ley 4/1999, de 13 de enero. .
73. La regulación del acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos se reguló en: a. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre. b. La Ley 4/1999, de 13 de enero. c. Los Estatutos de Autonomía, en tanto contemplan los derechos de los ciudadanos. d. La Ley 11/2007, de 22 de junio. .
76. En los procedimientos de carácter sancionador la propuesta de resolución será formulada por el órgano instructor y notificada a los interesados: a. Deberá indicará el plazo de alegaciones, en su caso las medidas cautelares adoptadas y la valoración de la prueba practicada. b. Deberá indicar la puesta de manifiesto del procedimiento, los hechos probados, su calificación, la persona responsable y la sanción propuesta. c. Deberá valorar las causas atenuantes o agravantes de la responsabilidad del interesado. d. Deberá dejar sin efecto las medidas cautelares adoptadas. .
79. En relación a la caducidad de los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el artículo 95 de la Ley 39/2015 establece que: a. No se puede producir la caducidad de un procedimiento a menos que se interrumpa su tramitación durante un mes por causa imputable al interesado que lo inició. b. No se puede producir la caducidad de un procedimiento a menos que se interrumpa su tramitación durante tres meses por causa imputable al interesado que lo inició. c. No se puede producir la caducidad de un procedimiento a menos que se interrumpa su tramitación durante tres meses por causa imputable al interesado que lo inició, previa advertencia de la Administración pertinente. d. Contra la resolución que acuerde la caducidad no cabrá recurso alguno. .
80. La tramitación simplificada del procedimiento administrativo podrá acordarse: a. Por razones de interés o falta de complejidad del procedimiento, de oficio o a instancia del interesado. b. De oficio por razones de orden público o interés general. c. A instancia de parte, cuando se acredite la lesión patrimonial. d. No cabrá tramitación simplificada en procedimientos sancionatorios. .
82. Los trámites de lo que constará la tramitación simplificada serán los siguientes: a. Inicio, subsanación, alegaciones iniciales, audiencia, informes y dictámenes preceptivos y resolución. b. Inicio, subsanación, alegaciones iniciales, audiencia, réplica y dúplica, informes y dictámenes preceptivos y resolución. c. Inicio, subsanación, alegaciones iniciales, audiencia, recibimiento a prueba, informes y dictámenes preceptivos y resolución. d. Inicio, subsanación, réplica y dúplica, informes y dictámenes preceptivos y resolución. .
86. El interesado en un procedimiento administrativo tendrá los siguientes derechos: a. A conocer el estado de la tramitación del procedimiento, los efectos del silencio administrativo, el órgano competente, los trámites y la resolución. b. A recibir notificaciones por correo certificado y a presentar documentación por este mismo método en cualquier momento del procedimiento. c. A la asignación de abogado de oficio para la defensa de sus intereses. d. A la obtención de compensación de daños e indemnización por el retraso de la Administración por el incumplimiento de los plazos en la tramitación de los expedientes que le afecten. .
87. Las medidas provisionales en los procedimientos administrativos podrán ser adoptadas: a. De oficio, de forma motivada siempre que resulten necesarias. b. De oficio o a instancia de parte, de forma motivada y siempre que resulten necesarias y proporcionadas c. De oficio o a instancias del órgano superior siempre que resulten necesarias. d. De oficio tras denuncia que otro órgano administrativo formule ante el órgano competente.
88. La iniciación del procedimiento por la Administración puede llevarse a efecto: a. Por denuncia identificada o anónima, por orden de un órgano superior o por propia iniciativa del órgano competente. b. Por denuncia, por propia iniciativa del órgano competente o por petición razonada de otros. c. Por orden de un órgano superior o por denuncia de un particular, identificado o no, en caso de infracción legal flagrante. d. Por denuncia, por orden de un órgano superior, por petición razonada de otro órgano administrativo o por propia iniciativa del competente. .
89. La primera norma que se refiere al impulso del empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos, por parte de la Administración al objeto de desarrollar su actividad y el ejercicio de sus competencias, fue: a. La Ley 40/2015, de 1 de octubre. b. El artículo 9.3 de la Constitución. c. La Ley 30/1992, de 29 de noviembre. d. El Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo.
91. Según la Exposición de motivos de la Ley 11/2007, de 22 de junio, el establecimiento de registros telemáticos para la recepción o salida de solicitudes, escritos y comunicaciones por medios telemáticos se impulsó con a. La Ley 24/2001 de 27 de diciembre b. La Ley 47/2003, de 26 de noviembre. c. La Ley 6/1997, de 14 de abril d. La Ley 32/2003, de 3 de noviembre. .
93. El acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos se estableció en: a. La Ley 11/2007, de 22 de junio. b. La Ley 56/2007, de 28 de diciembre. c. La Ley 49/2007, de 26 de diciembre. d. Ley 37/2007, de 16 de noviembre. .
94. El Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público: a. Complementa al Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías b. Transpone la Directiva (UE) 2016/2102, de 26 de octubre, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público c. Complementa la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. d. Las dos primeras opciones son correctas. .
97. En el ámbito europeo, las obligaciones para los Estados miembros de facilitar por medios electrónicos acceso a los trámites relacionados con las actividades de servicios y a la información de interés tanto para los prestadores como para los destinatarios de los mismos se estableció en: a. La Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre. b. La Decisión 99/1720, de 12 de julio de 1999. c. La Directiva 1999/93/CE, de 13 de diciembre de 1999 d. Ninguna es correcta. .
98. La obligación de las Administraciones Públicas de relacionarse entre sí y con sus órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes a través de medios electrónicos se establece en: a. En el artículo 9 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. b. En el artículo 1 de la Ley 11/2007, de 22 de junio. c. En el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. d. En el artículo 45 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. .
101. En relación al Punto de Acceso General de la Administración General del Estado: a. Está regulado por Orden HAP/1949/2014, de 13 de octubre. b. El Punto de Acceso General (administracion.gob.es) facilita la relación de los ciudadanos con las administraciones públicas al ser la puerta de entrada vía Internet a los servicios públicos. c. Ha sido sustituido por el Portal de Transparencia. d. Las dos primeras opciones son correctas. .
102. El Punto de Acceso General de la Administración General del Estado: a. Depende del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. b. Depende del Ministerio de Política Territorial y Función Pública. c. Depende del Ministerio de la Presidencia. d. Depende del Ministerio de Fomento e Innovación. .
103. Según establece la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en su artículo 40, en relación a los sistemas de identificación de las Administraciones Públicas: a. Las Administraciones Públicas tendrán que identificarse mediante el uso de un sello electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica. b. Los certificados electrónicos identificativos de las Administraciones Públicas contendrán exclusivamente el número de identificación fiscal y la denominación correspondiente. c. Las Administraciones Públicas podrán identificarse mediante el uso de un sello electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica. d. Los certificados electrónicos identificativos de las Administraciones Públicas explicitarán la identidad de la persona titular del órgano administrativo. .
105. La firma electrónica fue introducida en nuestro ordenamiento jurídico por: a. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre b. El Real Decreto Ley 14/1999, de 17 de septiembre. c. La Ley 11/2007, de 22 de junio d. El Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo. .
106. La firma electrónica actualmente se regula en: a. La Ley 39/2015, de 1 de octubre b. La Ley 40/2015, de 1 de octubre. c. La Ley 11/2007, de 22 de junio. d. La Ley 59/2003, de 19 de diciembre. .
107. En el ámbito de la Unión Europea, en relación a la identificación electrónica y las transacciones electrónicas en el mercado interior, está vigente la regulación contenida en: a. La Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de diciembre de 1999. b. La Decisión de Ejecución (UE) 2015/1984 de la Comisión, de 3 de noviembre de 2015, por la que se definen las circunstancias, formatos y procedimientos de notificación. c. El Reglamento (UE) 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de julio de 2014. d. La Decisión de Ejecución (UE) 2015/296 de la Comisión, de 24 de febrero de 2015.
112. Según el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las Administraciones Públicas enviarán un aviso al dispositivo electrónico y a la dirección de correo electrónico que el interesado haya facilitado, o a ambos, informándole de la puesta a disposición de una notificación en la sede electrónica de la Administración u Organismo correspondiente o en la dirección electrónica habilitada única: a. Con independencia de que la notificación se realice en papel o por medios electrónicos. La falta de práctica de este aviso impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida. b. Cuando la notificación se realice por medios electrónicos. La falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida. c. Cuando la notificación se realice por medios electrónicos. La falta de práctica de este aviso impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida. d. Con independencia de que la notificación se realice en papel o por medios electrónicos. La falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida. .
114. En relación a los registros y archivos electrónicos: a. Se regulan en los artículos 16 y 17 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. b. Las Administraciones Públicas deberán hacer pública y mantener actualizada una relación de las oficinas en las que se prestará asistencia para la presentación electrónica de documentos. c. Los documentos electrónicos podrán conservarse en un formato que permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación de los mismos. d. Las dos primeras opciones son correctas. .
115. El funcionamiento electrónico del sector público que regula la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, recoge, con las adaptaciones necesarias, las normas hasta ahora contenidas en: a. La Ley 11/2007, de 22 de junio. b. El Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre. c. La Ley 47/2003, de 26 de noviembre. d. Las dos primeras opciones son correctas. .
117. Entendemos por carga administrativa: a. Aquellas actividades de naturaleza administrativa que se deben llevar a cabo para solicitar determinadas prestaciones de la Administración previstas por el ordenamiento jurídico. b. Aquellas actividades de naturaleza administrativa que se deben llevar a cabo para cumplir con las obligaciones derivadas de la normativa. c. Aquellas contraprestaciones onerosas que ha de asumir el interesado para obtener determinados servicios de naturaleza administrativa d. Ninguna de las anteriores opciones es correcta. .
121. Según el artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la selección de todo el personal debe realizarse de acuerdo con la oferta de empleo público a través: a. Del sistema de concurso, oposición o concurso-oposición libre. b. Del sistema de concurso-oposición o concurso. c. Del sistema de oposición o concurso-oposición libre. d. Del sistema de oposición o concurso-oposición libre o libre designación. .
123. Según el artículo 92 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, los funcionarios al servicio de la Administración Local se rigen: a. En lo no dispuesto en esa Ley, por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. b. Estarán igualmente sujetos a la restante legislación del Estado en materia de función pública, así como por la legislación de las Comunidades Autónomas, en los términos del artículo 149.1.18ª de la Constitución. c. En lo no dispuesto en dicha Ley, por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. d. Las dos primeras opciones son correctas. .
126. Según el artículo 92 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, igualmente son funciones públicas, cuyo cumplimiento queda reservado a funcionarios de carrera: a. Las que impliquen ejercicio de autoridad y aquellas que se reserven a los funcionarios para la mejor garantía de la objetividad, imparcialidad e independencia. b. Las que impliquen ejercicio de autoridad y aquellas que se reserven a los funcionarios en virtud de la transparencia y la eficiencia en el ejercicio de la función. c. Las que se lleven a efecto en un proceso esencialmente electrónico en virtud de la transparencia y la eficiencia en el ejercicio de la función. d. Ninguna es correcta. .
129. Según el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, la aprobación de la oferta de empleo público, selección, formación y habilitación de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional corresponde: a. A la Corporación interesada previa autorización del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. b. Al Estado, a través del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. c. Al Estado, a través del Ministerio de la Función Pública. d. A la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior. .
131. Según el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, los puestos de trabajo reservados a funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional podrán cubrirse por el sistema de libre designación: a. Excepcionalmente en los municipios que sean capitales de provincia, o de comunidad autónoma, o que tengan población de derecho igual o superior a 75.000 habitantes. b. Con carácter bianual en las Comunidades Autónomas uniprovinciales. c. En todos los casos aprobados previamente por acuerdos de la Comunidad Autónoma competente. d. En los supuestos acordados por el Ministerio de la Función Pública previa autorización del Ministerio de Hacienda.
132. Las situaciones administrativas de los funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional, se regulan originariamente en: a. En el Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre. b. En el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo. c. En el Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo. d. En el Real Decreto 730/1986, de 11 de abril. .
140. El establecimiento de escalas, subescalas y clases de funcionarios y la clasificación de los mismos en las Entidades Locales corresponde: a. Al Gobierno, a propuesta del Ministro de la Presidencia. b. Al Gobierno, a propuesta del Ministro de Administraciones Públicas. c. Al Ministerio de Administraciones Públicas. d. A los órganos de la Corporación Local. .
141. Establecer los límites máximos y mínimos de las retribuciones complementarias de los funcionarios de la Administración Local corresponde: a. Al Ministerio de Administraciones Públicas. b. A los órganos de la Corporación Local. c. A las Diputaciones Provinciales. d. Al Gobierno, a propuesta del Ministro de Administraciones Públicas. .
142. La fijación de las retribuciones complementarias de los funcionarios de la Administración Local, en los términos previstos en la legislación básica, corresponde: a. Al Presidente de la Corporación oído el Pleno de la misma. b. A la Secretaría de Estado para la Administración Pública. c. Al Pleno de la Corporación. d. Al Ministerio de Administraciones Públicas. .
143. El nombramiento de los aspirantes que superen las pruebas establecidas y, en su caso, los correspondientes cursos selectivos, para el acceso a la función pública en la Administración Local corresponderá: a. Al Alcalde o Presidente, o al miembro de la Corporación, que, por delegación de aquél, ostente la jefatura directa de personal. b. Al Secretario de Estado para la Función Pública. c. Al Secretario de la Corporación Local. d. Ninguna de las opciones es correcta. .
145. La selección de los restantes funcionarios y reglas sobre provisión de puestos de trabajo, según el artículo 100 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, es competencia: a. Del Alcalde o Presidente, o del miembro de la Corporación, que, por delegación de aquél, ostente la jefatura directa de personal. b. Del Secretario de Estado para la Función Pública. c. De cada Corporación local. d. Ninguna de las opciones es correcta. .
148. Según el artículo 87 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los funcionarios que se encuentren en situación de servicios especiales tendrán derecho a: a. Computar el tiempo en dicha situación a efectos de trienios pero no de promoción interna. b. Reingresar al servicio activo en la misma localidad, en las condiciones y con las retribuciones correspondientes a la categoría, nivel o escalón de la carrera consolidados. c. Percibir las retribuciones que les correspondan como funcionarios de carrera. d. La reserva del puesto de trabajo. .
149. Según el artículo 92 de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local, los funcionarios al servicio de la Administración Local se rigen: a. Por las disposiciones de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local y supletoriamente por por la Ley 7/2007. b. Por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. c. Por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y supletoriamente por las disposiciones de la Ley 7/1985. d. Por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
152. Según el artículo 93 de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local, las retribuciones básicas de los funcionarios locales: a. Se establecerán con arreglo a los presupuestos aprobados por el Pleno de la Corporación Local en cada caso. b. Se establecerán con arreglo a los presupuestos aprobados por el Pleno de la Corporación Local en cada caso, con las modificaciones establecidas como complementos autonómicos. c. Tendrán la misma estructura e idéntica cuantía que las establecidas con carácter general para toda la función pública. d. Tendrán la misma estructura e idéntica cuantía que las establecidas con carácter general para toda la función pública salvo los complementos de destino.
154. Según el artículo 23 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, las retribuciones básicas de los funcionarios: a. Las fija la Ley de Presupuestos Generales del Estado. b. Las fija cada Administración para su ámbito de competencia. c. Las fija cada Administración Pública según el sistema de baremación reglamentariamente aprobado. d. Ninguna de las opciones es correcta. .
156. En relación a los derechos de los empleados públicos, el Estatuto en su redacción de 2015 actualiza ese catálogo, incorporando a los más tradicionales otros de reciente reconocimiento: a. Es el caso de los derechos relativos a la objetividad y transparencia de los sistemas de evaluación. b. El derecho a la negociación colectiva y a la representación sindical. c. Se consagra el derecho a la promoción interna de todos los empleados que adquieran las competencias legalmente establecidas. d. El derecho a consolidar las retribuciones complementarias como parte de la masa salarial. .
157. Según el artículo 20 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en relación a la evaluación del desempeño de los empleados públicos, se establece que las Administraciones Públicas deberán llevarla a efecto: a. A través de procedimientos fundados en los principios de igualdad, objetividad, no discriminación y transparencia. b. En virtud de procedimientos fundados en los principios de mérito, capacidad y objetividad. c. A través de procedimientos fundados en los principios de eficacia, transparencia e igualdad. d. En virtud de procedimientos fundados en los principios de igualdad, mérito y capacidad. .
159. Se entiende por incompatibilidad en la esfera de la función pública: a. La imposibilidad de conciliar legalmente las actividades inherentes al cargo de funcionario con el desempeño, por sí o mediante sustitución, de un segundo puesto de trabajo, cargo o actividad en el sector público o privado. b. La imposibilidad de conciliar legalmente las actividades inherentes al cargo de funcionario con el desempeño, por sí o mediante sustitución, de un segundo puesto de trabajo, cargo o actividad en el sector público. c. La imposibilidad de conciliar las actividades inherentes al cargo de funcionario con el desempeño de un segundo puesto de trabajo, cargo o actividad en el sector público o privado. d. Ninguna de las opciones es correcta. .
161. Salvo en los supuestos previstos en la ley, no se podrá percibir más de una remuneración: a. Con cargo a los presupuestos de las Administraciones Públicas y de los Entes, Organismos y Empresas de ellas dependientes o con cargo a los de los Órganos Constitucionales. b. Que resulte de la aplicación de arancel, ni ejercer opción por percepciones correspondientes a puestos incompatibles. c. Que implique cualquier derecho de contenido económico derivado, directa o indirectamente, de una prestación o servicio personal, sea su cuantía fija o variable y su devengo periódico u ocasional. d. Todas las opciones son correctas. .
162. El desempeño de un puesto de trabajo en el sector público es incompatible con: a. El ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad, público o privado, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia. b. El ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad público, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia. c. El ejercicio de cualquier profesión o actividad privada, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia. d. Ninguna de las opciones es correcta. .
163. La regulación de las incompatibilidades de los empleados públicos se contiene en: a. La Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. b. El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. c. El Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio. d. La Ley 40/2015, de 1 de octubre. .
165. Según el artículo 5 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, por excepción, el personal incluido en el ámbito de aplicación de la Ley podrá compatibilizar sus actividades con el desempeño de los cargos electivos siguientes: a. Miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, salvo que perciban retribuciones periódicas por el desempeño de la función o que por las mismas se establezca la b. Miembros de las Corporaciones Locales, salvo que desempeñen en las mismas cargos retribuidos en régimen de dedicación exclusiva. c. Miembros del Consejo de Ministros o del Parlamento Europeo. d. Las dos primeras opciones son correctas. .
168. Según el artículo 16 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, se exceptúan de la prohibición general de la Ley: a. Las autorizaciones de compatibilidad para ejercer como Profesor universitario asociado en régimen de dedicación no superior a la de tiempo parcial y con duración determinada. b. Las autorizaciones de compatibilidad para ejercer como Profesor universitario asociado en régimen de dedicación a tiempo completo y con duración determinada. c. Las autorizaciones de compatibilidad para ejercer como Profesor universitario asociado en régimen de dedicación no superior a la de tiempo parcial y con duración indefinida. d. Las autorizaciones de compatibilidad para ejercer como Profesor universitario honorario en régimen de dedicación no superior a la de tiempo parcial y con duración indefinida. .
169. El régimen disciplinario de los empleados públicos se regula en: a. El Título VII del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. b. En el Real Decreto 33/1986, de 10 de enero. c. En el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. d. El Real Decreto 33/1986, de 10 de enero sigue en vigor con carácter supletorio respecto al Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. .
170. En virtud del artículo 90 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en relación al funcionario declarado en la situación de suspensión, quedará privado durante el tiempo de permanencia en la misma: a. Del ejercicio de sus funciones y de todos los derechos inherentes a la condición. b. La suspensión determinará la pérdida del puesto de trabajo cuando exceda de diez meses. c. Del ejercicio de sus funciones y de todos los derechos inherentes a la condición salvo sus retribuciones básicas. d. Del ejercicio de sus funciones durante un plazo máximo de doce meses. .
172. Según el artículo 98 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, la suspensión provisional como medida cautelar en la tramitación de un expediente disciplinario: a. No podrá exceder de 3 meses, salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al interesado. b. No podrá exceder de 6 meses, salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al interesado. c. En ningún caso podrá exceder de 4 meses. d. Ninguna de las opciones es correcta. .
173. El artículo 98 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, reconoce que el procedimiento disciplinario deberá estructurarse atendiendo a los principios de: a. Eficacia, celeridad y economía procesal, con pleno respeto a los derechos y garantías de defensa del presunto responsable. b. Celeridad, transparencia y economía procesal, con pleno respeto a los derechos y garantías de defensa del presunto responsable. c. Objetividad, eficacia y celeridad, con pleno respeto a los derechos y garantías de defensa del presunto responsable. d. Audiencia, transparencia y economía procesal, con pleno respeto a los derechos y garantías de defensa del presunto responsable. .
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