Según el artículo 149.1 de la Constitución, es competencia exclusiva del Estado la legislación básica (pero no la de desarrollo) sobre: Propiedad intelectual Protección del medio ambiente En materia procesal.
No es función del Consello de la Xunta de Galicia: Solicitar del gobierno de la nación la adopción de un proyecto de ley Dictar decretos legislativos Crear comisiones delegadas.
Según la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal son datos de carácter personal: Cualquier información concerniente a personas físicas identificadas e identificables Cualquier información concerniente a personas físicas o jurídicas identificadas o identificables Cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables.
Según el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, NO están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas en un procedimiento administrativo: Las personas jurídicas Los notarios Los empleados de las Administraciones Públicas en toda relación con éstas.
De acuerdo con la Ley 39/2015, ¿cuál de los siguientes supuestos NO podrá ser, en ningún caso, objeto de notificación electrónica? Aquellas en las que el acto a notificar vaya acompañado de elementos que no sean susceptibles de conversión en formato electrónico Cuando para asegurar la eficacia de la actuación administrativa resulte necesario practicar la notificación por entrega directa a un empleado público de la Administración notificante Cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea del interesado o su representante en las oficinas de asistencia en materia de registro y solicite la comunicación o notificación personal en ese momento.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 63 de la Ley 39/2015, los procedimientos de naturaleza sancionadora: Se iniciarán siempre de oficio por acuerdo del órgano competente y establecerán la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, salvo acuerdo motivado del órgano competente para resolver Se iniciarán siempre de oficio por acuerdo del órgano competente y establecerán la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, que se encomendarán a órganos distintos Se iniciarán de oficio o a instancia de parte por acuerdo del órgano competente y establecerán la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, que se encomendarán a órganos distintos.
En relación con el recurso de alzada regulado en la Ley 39/2015, señale la respuesta correcta: El órgano competente para su resolución solo podrá suspender el acto impugnado en el supuesto de que una disposición expresamente lo permita o cuando el recurso se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho Si el acto no fuera expreso el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer recurso de alzada en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo Contra la resolución de un recurso de alzada cabe recurso de reposición con carácter potestativo.
Conforme a la Ley 40/2015, contra las resoluciones que se adopten en materia de recusación: Cabe interponer recurso de alzada ante el órgano superior jerárquico del recusado No cabe recurso alguno, sin perjuicio de poder alegar la recusación al interponer el recurso contra el acto que ponga fin al procedimiento Cabe interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dicte el acto en el que intervenga el recusado.
De acuerdo con el artículo 91 de la Ley 39/2015, el plazo máximo para resolver y notificar la resolución expresa recaída en el procedimiento para exigir responsabilidad patrimonial a la Administración es de: 6 meses desde que se inició el procedimiento, entendiéndose, a falta de resolución expresa, estimada la reclamación del particular 6 meses desde que se inició el procedimiento, entendiéndose, a falta de resolución expresa, desestimada la reclamación del particular 3 meses desde que se inició el procedimiento, entendiéndose, a falta de resolución expresa, desestimada la reclamación del particular.
Respecto al contrato administrativo de personal el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP): Lo prohíbe No lo menciona Solo lo contempla para el personal directivo profesional.
En relación con la regulación que de los permisos y vacaciones establece el TREBEP es cierto que: Si el periodo de vacaciones coincide con una incapacidad temporal se puede disfrutar las vacaciones en fecha distinta, en todo caso El número de días de vacaciones de los funcionarios públicos depende en todo caso de su antigüedad El Estatuto posibilita el establecimiento de un permiso para las funcionarias en estado de gestación.
Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP) cuando el contratista de un contrato de obras sea una empresa de nueva creación, ¿le será aplicable el requisito de que justifique su solvencia técnica mediante la acreditación de la ejecución de un número determinado de obras? No tendrá que justificarla en los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros Sí. En todos los casos tiene que acreditar la ejecución de un número determinado de obras En ningún caso tendrá que acreditar la ejecución de un número determinado de obras, al ser de nueva creación.
¿En qué plazo deberá acreditar la constitución de la garantía definitiva, en un procedimiento abierto ordinario, el licitador que hubiera presentado la mejor oferta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 y 150.2 de la LCSP? 10 días hábiles 15 días hábiles 15 días naturales.
Según la Ley 9/2017, qué se entiende por empresa de nueva creación a los efectos de la acreditación de solvencia técnica en los contratos de obra (art. 88.2), suministro (art. 89.1.h) y servicios (art. 90.4): Aquella que tenga una antigüedad inferior a 3 años Aquella que tenga una antigüedad inferior a 5 años Aquella que tenga una antigüedad inferior a 2 años.
Los créditos que amparen proyectos financiados con ingresos afectados: No pueden incorporarse en ningún caso No pueden incorporarse, salvo que expresamente una ley así lo autorice Deberán incorporarse obligatoriamente, salvo que se desista total o parcialmente.
Los tribunales, jueces y autoridades administrativas no podrán despachar mandamientos de ejecución ni dictar providencias de embargo contra los derechos, fondos, valores y bienes de la hacienda local: En ningún caso Excepto cuando se trate de bienes patrimoniales no afectados a un uso o servicio público Excepto cuando se trate de bienes patrimoniales en general.
Las transferencias de crédito tiene, entre otras limitaciones, alguna de las siguientes: No incrementarán créditos que, como consecuencia de otras transferencias hayan sido objeto de minoración, sin ninguna excepción No afectarán a los créditos extraordinarios concedidos durante el ejercicio, salvo cuando afecten a créditos de personal No afectarán a los créditos ampliables concedidos durante el ejercicio.
El reconocimiento y liquidación de las obligaciones derivadas de compromisos de gastos legalmente adquiridos corresponde: Al presidente de la corporación A la comisión de Hacienda Al pleno.
En caso de liquidación del presupuesto con remanente de tesorería negativo: El Presidente de la corporación deberá proceder a la reducción de gastos del nuevo presupuesto por cuantía igual al déficit producido, en todo caso El Pleno de la corporación deberá proceder a la reducción de gastos del nuevo presupuesto en la primera sesión que se celebre. Si esto no fuera posible, el RDL 2/2004 prevé otras medidas El Presidente de la corporación podrá acudir al concierto de operación de crédito por su importe.
Contra el Presupuesto inicialmente aprobado: Podrá interponerse directamente contencioso-administrativo Podrán interponerse reclamaciones ante el Pleno de la corporación No podrá interponerse reclamación o recurso alguno hasta su aprobación definitiva.
En caso de reparo por parte de la Intervención de la Entidad Local: Se suspenderá la tramitación del expediente en todo caso Se suspenderá la tramitación del expediente si el reparo afecta a la disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones u ordenación de pagos y el reparo deriva de comprobaciones materiales de obras, suministros, adquisiciones y servicios entre otros supuestos Corresponderá al Pleno de la Entidad resolver la discrepancia en todo caso.
Los fondos librados a justificar: Podrán tener el carácter de anticipos de caja fija para las atenciones de carácter periódico o repetitivo Obligan a los perceptores de las correspondientes órdenes de pago a justificar la aplicación de las cantidades percibidas en el plazo máximo de un año Permiten a los perceptores de las correspondientes órdenes de pago a justificar recibir nuevos fondos, por los mismo conceptos presupuestarios, aunque tengan en su poder fondos pendientes de justificar, siempre y cuando su importe no exceda de 1.000 euros.
El presupuesto de cada ejercicio de la entidad local se liquidará: En cuanto a la recaudación de derechos y al pago de las obligaciones el 31 de diciembre del año natural, sin que puedan quedar ingresos o pagos pendientes El 31 de diciembre del año natural correspondiente, quedando a cargo de la Tesorería local los ingresos y pagos pendientes, según sus respectivas contracciones El 1 de marzo del ejercicio siguiente, quedando a cargo de la Tesorería local los ingresos y pagos pendientes, según sus respectivas contracciones.
Podrán generar crédito en los estados de gastos de los presupuestos: Los ingresos de naturaleza tributaria Los ingresos de naturaleza no tributaria derivados de participación en los tributos del Estado Los ingresos de naturaleza no tributaria derivados de enajenaciones de bienes de la entidad local o de sus organismo autónomos.
Podrán adquirirse compromisos de gasto de carácter plurianual si: Su ejecución se inicia en el propio ejercicio y se trata de inversiones y transferencias de capital Su ejecución se inicia en el ejercicio inmediatamente siguiente Su ejecución se inicia en el propio ejercicio y se trata del pago de subvenciones.
Serán responsables solidarios de la deuda tributaria: Las personas o entidades que, por culpa o negligencia, incumplan las órdenes de embargo. Su responsabilidad no se extenderá a las sanciones Las personas o entidades que sean causantes o colaboren activamente en la realización de una infracción tributaria. Su responsabilidad también se extenderá a la sanción Los adquirientes de bienes afectos por Ley al pago de la deuda tributaria, en los términos del artículo 79 de la Ley General Tributaria.
La compensación de oficio: Extinguirá la deuda tributaria en el momento de inicio del periodo ejecutivo o cuando se cumplan los requisitos exigidos para las deudas y los créditos, si este momento fuera posterior Extinguirá la deuda tributaria en el momento en que se dicta la providencia de apremio o cuando se cumplan los requisitos exigidos para las deudas y los créditos, si este momento fuera posterior Extinguirá la deuda tributaria una vez finalizado el plazo del artículo 62.5 LGT o cuando se cumplan los requisitos exigidos para las deudas y los créditos, si este momento fuera posterior.
En relación con la imputación de pagos entre las distintas deudas del obligado al pago: El pago se aplicará, en todo caso, a la deuda más antigua. Su antigüedad se determinará de acuerdo con la fecha en que cada una fue devengada. En los casos de ejecución forzosa se aplicará el pago a la deuda más antigua. Su antigüedad se determinará de acuerdo con la fecha en que cada una fue liquidada. El obligado al pago de varias deudas podrá imputar cada pago a la deuda que libremente determine.
Los adquirientes de bienes afectos por Ley al pago de la deuda tributaria: Responderán subsidiariamente con ellos, por derivación de la acción tributaria si la deuda no se paga Responderán subsidiariamente para el cobro de las deudas devengadas y no satisfechas correspondientes al año natural en que se exija el pago y al inmediato anterior Responderán subsidiariamente con su patrimonio, por derivación de la acción tributaria si la deuda no se paga.
Para garantizar los aplazamiento o fraccionamientos de la deuda tributaria: Solo se admitirá aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución Se admitirán, en todo caso, garantías que consistan en hipoteca, prenda o fianza personal y solidaria u otra que se estime suficiente El obligado tributario podrá solicitar de la Administración que adopte medidas cautelares en sustitución de las garantías.
El plazo de prescripción comenzará a contarse: En el caso del derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación, desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo reglamentario para presentar la correspondiente declaración o autoliquidación En el caso del derecho de la Administración para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas y autoliquidadas, desde el día siguiente a aquel en que comience el periodo ejecutivo En el caso del derecho a solicitar las devoluciones de ingresos indebidos, desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo para solicitar la correspondiente devolución derivada de la normativa de cada tributo o, en defecto de plazo, desde el día siguiente a aquel en que dicha devolución pudo solicitarse.
En relación con la suspensión del procedimiento de apremio: El procedimiento de apremio se suspenderá de forma automática por los órganos de recaudación, sin necesidad de prestar garantía, cuando el interesado demuestre que se ha producido en su perjuicio error material, aritmético o de hecho en la determinación de la deuda, que la misma ha sido ingresada, condonada, compensada, aplazada, recurrida o suspendida o que ha prescrito el derecho a exigir el pago. Si se interpone tercería de dominio proseguirá el procedimiento hasta la realización de los bienes y el producto obtenido se consignará en depósito a resultar de la resolución de la tercería Si se interpone tercería de dominio se suspenderá el procedimiento de apremio en lo que se refiere a los bienes y derechos controvertidos, una vez que se hayan adoptado las medidas de aseguramiento que procedan.
Contra la providencia de apremio serán admisibles los siguientes motivos de oposición: Falta de notificación de la providencia de apremio Solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en periodo voluntario y otras causas de suspensión del procedimiento de recaudación Error u omisión en el contenido de la notificación de la providencia de apremio que impida la identificación del deudor o de la deuda apremiada.
En relación con el embargo de bienes y derechos en entidades de crédito o de depósito: Cuando los fondos o valores se encuentren depositados en cuenta a nombre de varios titulares sólo se embargará la parte correspondiente al obligado tributario En la diligencia de embargo deberá identificarse el bien o derecho conocido por la Administración actuante, sin que el embargo pueda extenderse al resto de los bienes o derechos existentes en dicha persona o entidad, dentro del ámbito estatal, autonómico o local que corresponda a la jurisdicción respectiva de cada Administración tributaria ordenante del embargo Cuando en la cuenta afectada por el embargo se efectúe habitualmente el abono de sueldos, salarios o pensiones, deberán respetarse las limitaciones establecidas en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, mediante su aplicación sobre el importe que deba considerarse sueldo, salario o pensión del deudor. A estos efectos se considerará sueldo, salario o pensión el importe ingresado en dicha cuenta por ese concepto en el mes anterior a aquel en que se practique el embargo.
Cuando el plazo de prescripción se hubiera interrumpido por la declaración de concurso del deudor: El cómputo se iniciará de nuevo cuando adquiera firmeza la resolución judicial de apertura de la fase de liquidación Si se hubiera aprobado un convenio, el plazo de prescripción se iniciará de nuevo en el momento de su aprobación para las deudas tributarias sometidas al mismo Respecto de las deudas tributarias sometidas al convenio concursal, el cómputo del plazo de prescripción se iniciará de nuevo cuando aquéllas resulten exigibles al deudor.
Las actuaciones inspectoras: Deberán concluir en el plazo de 24 meses, con carácter general El incumplimiento del plazo de duración del procedimiento al que se refiere el artículo 150.1 LGT determinará la caducidad del procedimiento Podrán desarrollarse en el lugar donde exista alguna prueba, al menos parcial, del hecho imponible o del presupuesto de hecho de la obligación tributaria.
La cuantía de las sanciones pecuniarias se reducirá en los siguientes porcentajes: Un 50% en los supuestos de conformidad previstos en el artículo 155 Un 30% en los supuestos de conformidad Un 25% si no se interpone recurso o reclamación contra la liquidación o la sanción y se realiza el ingreso total del importe restante de dicha sanción en el plazo del artículo 62.5 LGT o en el plazo o plazos fijados en el acuerdo de aplazamiento o fraccionamiento, solicitado con anterioridad a la finalización del plazo del artículo 62.5 LGT, que la Administración tributaria hubiera concedido con garantía de aval o certificado de seguro de caución.
Según la Ordenanza Fiscal General de la Diputación de A Coruña: Las liquidaciones tributarias que sean objeto de reducción requerirán necesariamente garantía de aval o seguro de crédito y caución para su aplazamiento o fraccionamiento en período voluntario No se exigirán garantías para las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de pago de las deudas tributarias y demás ingresos de derecho público cuando su importe en conjunto no exceda de 40.000 euros Las sanciones de tráfico serán aplazables o fraccionables durante el plazo de pago voluntario con reducción de importe siempre que se garanticen con aval o seguro de crédito y caución.
Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: Las sanciones derivadas de la comisión de infracciones tributarias resultan compatibles con la exigencia del interés de demora y de los recargos del período ejecutivo Las sanciones derivadas de la comisión de infracciones tributarias no resultan compatibles con la exigencia del interés de demora y de los recargos del período ejecutivo Las sanciones derivadas de la comisión de infracciones tributarias resultan compatibles con la exigencia del interés de demora pero no de los recargos del período ejecutivo.
Cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta: El plazo de prescripción para imponer sanciones tributarias se interrumpirá por cualquier acción de la Administración tributaria, realizada con conocimiento formal del interesado, conducente a la imposición de la sanción tributaria Las acciones administrativas conducentes a la regularización de la situación tributaria del obligado no interrumpirán el plazo de prescripción para imponer las sanciones tributarias que puedan derivarse de dicha regularización El plazo de prescripción para imponer sanciones tributarias se interrumpirá por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase y por la remisión del tanto de culpa a la jurisdicción penal.
LGT. Suspensión de la ejecución del acto recurrido en reposición. Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: Si la impugnación afectase a un acto censal relativo a un tributo de gestión compartida, no se suspenderá en ningún caso, por este hecho, el procedimiento de cobro de la liquidación que pueda practicarse Si la impugnación afectase a un acto censal relativo a un tributo de gestión compartida, se suspenderá automáticamente, por este hecho, el procedimiento de cobro de la liquidación que pueda practicarse Si la impugnación afectase a un acto censal relativo a un tributo de gestión compartida, su ejecución quedará suspendida automáticamente sin necesidad de aportar garantías.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el recurso de reposición contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos y restantes infresos de derecho público de las entidades locales se interpondrá: Dentro del plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación expresa del acto cuya revisión se solicita o al de finalización del período de exposición pública de los correspondientes padrones o matrículas de contribuyentes u obligados al pago Dentro del plazo de 30 días contados desde el día siguiente al de la notificación expresa del acto cuya revisión se solicita o al de finalización del período de exposición pública de los correspondientes padrones o matrículas de contribuyentes u obligados al pago Dentro del plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación expresa del acto cuya revisión se solicita o al de finalización del período voluntario de pago en el supuesto de aprobación de los correspondientes padrones o matrículas de contribuyentes u obligados al pago.
Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: Las tasas por la prestación de servicios no excluyen la exacción de contribuciones especiales por el establecimiento o ampliación de aquéllos Las tasas por la prestación de servicios son incompatibles con la exacción de contribuciones especiales por el establecimiento o ampliación de aquéllos Ninguna de las anteriores.
A efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, un bien inmueble de dominio público afecto a un servicio público gestionado directamente por el ayuntamiento, propiedad del municipio en que está enclavado, cedido a un tercero mediante contraprestación: Está sujeto y exento Está no sujeto Ninguna de las anteriores.
Si un Ayuntamiento tuviere establecido el coeficiente de situación previsto en el artículo 87 del TRLRHL, se aplicará: Sobre todas las cuotas municipales modificadas por la aplicación del coeficiente de ponderación previsto en el artículo 86 TRLRHL Sobre todas las cuotas municipales, provinciales y nacionales modificadas por la aplicación del coeficiente de ponderación previsto en el artículo 86 TRLRHL Ninguna de las anteriores.
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyentes: Las personas físicas, personas jurídicas o entidades del artículo 35.4 de la LGT, que sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble sobre el que se realice aquélla Sólo las personas físicas, personas jurídicas o entidades del artículo 35.4 de la LGT, que sean dueños de la construcción, instalación u obra, que sean propietarios de la construcción, instalación y obra. Ninguna de las anteriores.
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Estarán exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten como consecuencia de: Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado como Conjunto Histórico-Artístico o hayan sido declarados individualmente de interés cultural, según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, cuando sus propietarios o titulares de derechos reales acrediten que han realizado a su cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado como Conjunto Histórico-Artístico o hayan sido declarados individualmente de interés cultural, según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, cuando sus propietarios o titulares de derechos reales acrediten que han realizado a su cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles, cuando una ordenanza fiscal así lo establezca Las transmisiones de bienes, cualquiera que sea su clasificación catastral, que se encuentren dentro del perímetro delimitado como Conjunto Histórico-Artístico o hayan sido declarados individualmente de interés cultural, según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, cuando sus propietarios o titulares de derechos reales acrediten que han realizado a su cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles, cuando una ordenanza fiscal así lo establezca.
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Es sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente: En las transmisiones de terrenos a título lucrativo, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la LGT, que transmita el terreno En las transmisiones de terrenos a título oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la LGT, que transmita el terreno En las transmisiones de terrenos a título oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la LGT, que adquiera el terreno, cuando el transmitente sea una persona física no residente en España.
Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: La regularización de la descripción catastral de los inmuebles en virtud del procedimiento de regularización catastral, excluirá la aplicación de las sanciones que hubieran podrido exigirse por el incumplimiento de la obligación de declarar de forma completa y correcta las circunstancias determinantes del alta o modificación de los mismos La regularización de la descripción catastral de los inmuebles en virtud del procedimiento de regularización catastral, excluirá la aplicación de las sanciones que hubieran podrido exigirse por el incumplimiento de la obligación de declarar de forma completa y correcta las circunstancias determinantes del alta o modificación de los mismos, así como de los intereses de demora La regularización de la descripción catastral de los inmuebles en virtud del procedimiento de regularización catastral, no excluirá la aplicación de las sanciones que hubieran podrido exigirse por el incumplimiento de la obligación de declarar de forma completa y correcta las circunstancias determinantes del alta o modificación de los mismos.
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales: Sólo en los casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo En los casos de primera adquisición, baja definitiva o temporal del vehículo En los supuestos de baja temporal por sustracción o robo de vehículo, desde el momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro público correspondiente.
La resolución que se dicte en un procedimiento de subsanación de discrepancias: Tendrá efectividad desde el día siguiente a la fecha en que se acuerde Tendrá efectividad y efectos tributarios desde el día siguiente a la fecha en que se notifique a los interesados Tendrá efectividad desde el día siguiente a la fecha en que se notifique a los interesados.
Según la Ley 40/2015, los miembros de un órgano colegiado de la Administración General del Estado deberán: Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el sentido de su voto y los motivos que lo justifican. No podrán abstenerse en las votaciones quienes por su cualidad de autoridades o personal al servicio de las Administraciones Públicas, tengan la condición de miembros natos de órganos colegiados, en virtud del cargo que desempeñan Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el sentido de su voto sin necesidad de motivarlo. No podrán abstenerse en las votaciones quienes por su cualidad de autoridades o personal al servicio de las Administraciones Públicas, tengan la condición de miembros natos de órganos colegiados, en virtud del cargo que desempeñan Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el sentido de su voto y los motivos que lo justifican. Sólo podrán abstenerse en las votaciones quienes por su cualidad de autoridades o personal al servicio de las Administraciones Públicas, tengan la condición de miembros natos de órganos colegiados, en virtud del cargo que desempeñan.
En el presupuesto general de la entidad local se integrarán: El presupuesto de la propia entidad, los de los organismos autónomos dependientes de ésta y los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local El presupuesto de la propia entidad, memoria explicativa de su contenido, liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y anexo de personal El presupuesto de la entidad y un informe económico-financiero.
En relación con la notificación por comparecencia, en materia tributaria: Cuando el inicio de un procedimiento o cualquiera de sus trámites se entiendan notificados por no haber comparecido el obligado tributario o su representante, se le tendrá por notificado de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento (excepto en el caso de las liquidaciones que se dicten en el procedimiento y los acuerdos de enajenación de los bienes embargados), y se mantendrá el derecho que le asiste a comparecer en cualquier momento del mismo La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el BOE Transcurrido el plazo de comparecencia sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día del vencimiento del plazo señalado.
De acuerdo con la Ley 39/2015, excepcionalmente podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos administrativos: Cuando se dicten en supuestos de nulidad absoluta Cuando produzcan efectos favorables al interesado, aunque los supuestos de hecho necesarios no existieren ya en la fecha en la que se retrotraen los efectos del acto Cuando se dicten en sustitución de actos anulados.
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