El Título Primero de la Constitución Española trata de los derechos y deberes fundamentales que comprende: Del artículo 10 al 55, ambos inclusive. Del artículo 1 O al 54, ambos inclusive. Del artículo 9 al 55, ambos inclusive. Del artículo 9 al 54, ambos inclusive.
Las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de: 3 miembros de la Asamblea encargados de su defensa 2 miembros de la Asamblea encargados de su defensa. 4 miembros de la Asamblea encargados de su defensa. 5 miembros de la Asamblea encargados de su defensa.
Señale la respuesta incorrecta. En el juicio al que se refiere el artículo 6 de la Ley Orgánica
2/1984, de 26 de marzo, Reguladora del Derecho de Rectificación: La sentencia se podrá dictar al día siguiente del juicio. Se debe admitir cualquier prueba. Se efectuará la tramitación conforme lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil para los juicios verbales, con las modificaciones indicadas en el propio artículo 6. El Juez podrá reclamar de oficio que el demanda o remita o presente la información enjuiciada, su grabación o reproducción escrita.
En el art. 2 de la Constitución Española, se reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de: Las nacionalidades y provincias. De las administraciones territoriales. Las nacionalidades y comunidades pluriprovinciales. Las nacionalidades y regiones que la integran.
En relación al funcionamiento de las Cortes Generales, las Cámaras: Podrán reunirse en sesiones extraordinarias exclusivamente a petición del Gobierno o de la
Diputación Permanente. No podrán reunirse en sesión extraordinarias, solamente se reunirán en sesiones ordinarias dentro de los periodos de sesiones establecidos en la Constitución española. Podrán reunirse en sesiones extraordinaria exclusivamente a petición de la mayoría absoluta de
los miembros de cualquiera de las Cámaras. Podrán reunirse en sesiones extraordinarias a petición de la Diputación Permanente o del
Gobierno o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las Cámaras.
Según lo dispuesto en el art. 53 de la Constitución Española, la reserva de ley concierne a: Los derechos fundamentales y libertades públicas garantizados en el Capítulo II del Título I de la
Constitución. Todos los derechos constitucionales. Todos los derechos constitucionales garantizados en el Título primero de la Constitución. Sólo a los derechos fundamentales garantizados en los artículos 14 a 29 de la Constitución.
Conforme a la Constitución y a la protección jurisdiccional de las libertades y derechos reconocidos en el art. 14 y la Sección Prímera del Capítulo II del Título I de la misma, sólo una de las siguiente afirmaciones es cierta: Se podrá recabar su tutela exclusivamente a través del Recurso de Amparo ante el Tribunal. Se podrá recabar su tutela ante los tribunales ordinarios por los procedimientos generales, no existiendo ningún otro procedimiento específico salvo el Recurso de Amparo. Se podrá recabar su tutela ante la jurisdicción especial establecida al efecto, a través de un procedimiento preferente y sumario y, en su caso, a través del Recurso de Amparo. Se podrá recabar su tutela ante los Tribunales ordinarios, por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de Amparo ante el Tribunal Constitucional.
¿Quién elige al Defensor del Pueblo?: El Rey a propuesta del Consejo de Ministros. El Rey a propuesta del Presidente del Gobierno. El Congreso de los Diputados y el Senado mediante votación El Gobierno.
Una de las siguientes afirmaciones referidas al defensor del Pueblo, no es cierta: No recibirá instrucciones de ninguna autoridad. La decisión sobre su procesamiento y juicio corresponde exclusivamente a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Su condición es incompatible con todo mandato representativo. No podrá ser detenido sino en caso de flagrante delito.
Desde un punto de vista formal, la actual Constitución Española, consta de: 169 artículos, un Título Preliminar, diez Títulos, cuatro Disposiciones Adicionales, nueve
Disposiciones Transitorias y una Disposición Final. 169 artículos, un Preámbulo, un Título Preliminar, diez Títulos, cuatro Disposiciones Transitorias, nueve Disposiciones Adicionales, una Disposición Derogatoria y una Disposición final. 169 artículos, un Preámbíilo, diez Títulos, cuatro Disposiciones Adicionales, nueve Disposiciones
Transitorias, una Disposición Derogatoria y una Disposición Final, 169 artículos, un Preámbulo, un Título reliminar, diez Títulos, cuatro Disposiciones Adicionales, nueve Disposiciones Transitorias, una Disposición Derogatoria y una Disposición final.
Según consta en el Preámbulo, la Constitución Española de 1978 es: Aprobada por las Cortes y ratificada por el pueblo español. Aprobada por el Congreso de los Diputados y ratificada por el rey. Aprobada por el pueblo español y ratificada por las Cortes. Aprobada por el Gobierno y ratificada por las Cortes.
Indique cuál de las siguientes afirmaciones acerca de la delegación legislativa al Gobierno es incorrecta: No podrá entenderse concedida por tiempo indeterminado. Cuando una proposición de ley fuera contraria a una delegación legislativa en vigor, el Gobierno está facultado para oponerse a su tramitación. Deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados, ley de bases que podrá facultar para dictar normas con carácter retroactivo. No podrá permitir la subdelegación a autoridades distintas del propio Gobierno.
Si se extinguieran todas las lineas sucesorias de la Corona, la provisión a la sucesión en la Corona debe realizarla: El Jefe del Gobierno. Las Cortes Generales. El Consejo de Estado. El Tribunal Constitucional.
El derecho de los españoles a circular por el territorio nacional podrá ser suspendido cuando se acuerde la declaración del estado de excepción, pero su duración no podrá exceder de: Tres meses. Treinta días, prorrogables por otro plazo igual. Un mes. Veinte días.
En el ejercicio de sus funciones, el Defensor del Pueblo sólo puede ser procesado en caso de flagrante delito por: El Tribunal Constitucional. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia.
Se entenderá otorgada la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general planteada por el Presidente del Gobierno ante el Congreso de los Diputados cuando vote a favor: La mayoría simple de los Diputados. La décima parte de los Diputados. La mayoría absoluta de los Diputados. La mayoría cualificada de los Diputados.
Con respecto a las quejas anónimas y aquéllas otras en las que se advierta mala fe, el
Defensor del Pueblo: No podrá rechazarlas en ningún caso. Rechazará las quejas anónimas y podrá rechazar aquéllas en las que se advierta mala fe. Rechazará las quejas en las que se advierta mala fe y podrá rechazar las anónimas. Rechazará ambas en todo caso.
En los proyectos de ley declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los
Diputados, el Senado dispone para vetar o enmendar el mismo en un plazo de: Veinte días hábiles. Veinte días naturales. Treinta día naturales. Treinta días hábiles.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones referidas al Defensor del Pueblo es incorrecta?: Es un alto Comisionado de las Cortes Generales. No está sujeto a mandato imperativo y desempeña sus funciones con autonomía y según su criterio. Goza de inviolabilidad por las actuaciones realizadas en el ejercicio de su cargo. Es elegido por las Cortes Generales por un período de 4 años.
El Rey convocará el congreso de los diputados Dentro de los 20 días siguientes a la celebración de las elecciones. Dentro de los 25 días siguientes a la celebración de las elecciones. Dentro de los 15 días siguientes a la celebración de las elecciones. No es función del Rey convocar al Congreso.
Según el articulo 62 de la Constitución Española, no corresponde al Rey: Nombrar y separar a los miembros del Gobierno a propuesta de su presidente. Convocar y disolver la Cortes Generales y convocar elecciones. Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros. Exigir la responsabilidad política del Gobierno.
Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución Española corresponde: Al Presidente del Gobierno. Al Rey. A las Cortes Generales. Al Consejo de Ministros.
Las Leyes aprobadas por las Cortes Generales serán sancionadas por el Rey en el plazo de: 1 mes. 20 días. 15 días. 30 días.
El Defensor del Pueblo dará cuenta anualmente de la gestión realizada: Ante el Tribunal Constitucional. Ante el Gobierno. Ante el Consejo General del Poder Judicial. Ante las Cortes Generales.
Corresponde el ejercicio del derecho de gracia con arreglo a la Ley: Al presidente del Gobierno. Al ministro de Justicia. Al Rey. Al consejo de ministros.
Dispone el art. 54 de la C. Española que una ley orgánica regulará la institución del
Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales. Esta ley es la : Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo. Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Defensor del Pueblo. Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Defensor del Pueblo. Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Defensor del Pueblo.
Señale la respuesta incorrecta. Cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución, podrá ser suspendido: El derecho al secreto de las comunicaciones. El derecho a elegir libremente la residencia y a circular por territorio nacional, así como a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca. El derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. El derecho a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.
La Constitución prevé instrumentos para el Derecho Comunitario en nuestro ordenamiento jurídico, señale la respuesta incorrecta: La celebración de un Tratado Internacional que contenga estipulaciones contrarias a la
Constitución exigirá la previa revisión constitucional Los Tratados Internacionales válidamente celebrados, tras su publicación en el BOE, forman parte del ordenamiento interno. Para que el Estado se obligue por medio de Tratados no siempre se requiere la autorización de las
Cortes Generales. Los Tratados Internacionales válidamente celebrados, una vez oficialmente publicados en España deberán ser derogados, modificados o suspendidos mediante Decreto-Ley.
Indique la opción correcta. A tenor de lo ordenado en el art. 86 de la Constitución
Española todo Decreto-Ley debe ser convalidado expresamente antes de treinta días: Por el Consejo de Ministros en pleno, que publicará en el BOE, con forma de Orden del
Gobierno, el acto de convalidación. Por el Consejo General del Poder Judicial para evitar la tacha de inconstitucionalidad y garantizar la coherencia interna del ordenamiento jurídico administrativo. La resolución se publicará en el BOE. Por el Congreso de los Diputados. Por el Congreso y el Senado quien, con carácter previo, preceptivo y vinculante tiene que ser informado por la Comisión Delegada de Política Autonómica.
En virtud de lo estipulado en el artículo 134.7 de la Constitución Española de 1978, la Ley de Presupuestos Generales del Estado: Podrá crear tributos, tasas y contribuciones especiales, atendiendo a las necesidades financieras de las entidades que conforman el Sector Público. No podrá crear tributos, pero si modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea. No podrá crear tributos ni modificarlos, en ningún caso. Podrá crear tributos, tasas y contribuciones especiales, cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea.
El artículo 41 de la Constitución Española establece que los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garanticen la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán: Obligatorias. Universales. Libres. Contributivas.
Con arreglo al artículo 54 de la Constitución Española ¿qué institución es la designada por las Cortes Generales para la defensa de los derechos comprendidos en su Título I?: El Tribunal Constitucional. La Fiscalía General del Estado. El Consejo General del Poder Judicial. El Defensor del Pueblo.
Art 25.3 Constitución: La Administración Civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad. La Administración Penitenciaria podrá imponer sanciones que impliquen privación de libertad. La Administraciones Públicas no podrán imponer sanciones que directamente impliquen privación de libertad. La Administración Militar podrá imponer sanciones que, directa o indirectamente, impliquen privación de libertad.
De acuerdo con el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del
Pueblo, éste cesará por determinadas causas. Señale cuál de ellas es la incorrecta: Por renuncia. Por expiración del plazo de su nombramiento. Por haber sido condenado mediante sentencia firme por delito imprudente. Por actuar con notoria negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones y deberes del cargo.
El Gobierno, en uso de las facultades que le otorga el Artículo 116.2 de la Constitución y la Ley 4/1981 de 1 de junio, podrá declarar el estado de alarma, en todo o en parte del territorio nacional, cuando se produzcan alteraciones graves de la normalidad, ¿En cuál de las siguientes situaciones no se podría declarar dicho estado?: Situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad. Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad, cuando no se garantice lo dispuesto en los Artículos 28.2, y 37.2 de la Constitución y concurra alguna de las demás circunstancias o situaciones contenidas en este Artículo. Cuando se produzca o amenace producirse una insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional. Crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves.
En el Artículo 116 de la Constitución Española se regula el estado de excepción. En cuanto a la duración del mismo, señale cuál de las siguientes respuestas es correcta: No podrá exceder de treinta días prorrogables por otros veinte días con los mismos requisitos. Dado la excepcionalidad de la medida ésta tendrá efectos hasta el restablecimiento de la normalidad y en ningún caso podrá superar los quince días. No podrá exceder de veinte días prorrogables por otros veinte días con los mismos requisitos. No podrá exceder de treinta días prorrogables por otro plazo igual con los mismos requisitos.
Conforme al Artículo 87.3 de la Constitución Española, ¿Cuántas firmas son necesarias para presentar una iniciativa legislativa popular para modificar la vigente Ley Orgánica del Código Penal?: No menos de 500.000 firmas acreditadas. No menos de 600.000 firmas acreditadas. El Artículo 87 .3 no permite tal posibilidad. Sólo sería posible pa a determinados tipos delictivos.
A tenor de lo dispuesto en el artículo 55 de la Constitución Española, ¿cuál de los siguientes derechos no podrá ser suspendido para personas determinadas en relación con las investigaciones de bandas armadas o elementos terroristas?: El secreto de las comunicaciones. La inviolabilidad del domicilio. El derecho de asociación. La detención preventiva hasta 72 horas.
87.2 Constitución: Las Asambleas de las Comunidades Autónomas no pueden solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de Ley. Las Asambleas de las Comunidades Autónomas pueden solicitar del Gobierno la adopción de una
proposición de Ley, delegando un máximo de tres miembros de la Asamblea encargados de su defensa. Las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán remitir a la Mesa del Congreso un proyecto de ley. Las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán remitir a la Mesa del Congreso una proposición de Ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de tres miembros de la Asamblea encargados de su defensa.
Según dispone el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/1981, día 6 de abril, del Defensor del Pueblo, ¿quién declarará la vacante en el cargo del Defensor del Pueblo cuando éste haya sido cesado por haber sido condenado, mediante sentencia firme, por delito doloso?: Se decidirá por mayoría simple de los componentes de cada Cámara, mediante debate y previa audiencia del interesado. Se decidirá por mayoría de dos tercios de los componentes del Congreso. El Presidente del Congreso. Se decidirá por mayoría de las tres quintas partes de los componentes de cada Cámara, mediantedebate y previa audiencia del interesado.
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