De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone, por sí misma, derecho a la indemnización. Las dos respuestas son falsas. Las dos respuestas a) y b) son correctas.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las Administraciones Públicas indemnizarán a los particulares por la aplicación de actos legislativos: Siempre que se produzca un daño. Siempre, salvo en los casos de fuerza mayor. Cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que especifiquen dichos actos legislativos. En aquellos supuestos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las Administraciones Públicas indemnizarán a los particulares por la aplicación de actos legislativos. Señalar la opción incorrecta: Que tengan naturaleza no expropiatoria de derechos. Que los particulares tengan el deber jurídico de soportar. Cuando así se establezcan en los propios actos legislativos. Será en los términos que especifiquen dichos actos legislativos.
La responsabilidad del Estado legislador podrá surgir también cuando los daños deriven de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, siempre que: El particular haya obtenido, en cualquier instancia, resolución o sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada. El particular haya obtenido, en vía administrativa, resolución firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada. El particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada. Todas las respuestas son falsas.
La responsabilidad del Estado legislador podrá surgir también cuando los daños deriven de la aplicación de una norma contraria al Derecho de la Unión Europea, siempre que el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasiono el daño, siempre que se hubiera alegado la infracción de derecho de la UE posteriormente, además deberán cumplirse todos los requisitos siguientes: La norma ha de tener por objeto reconocer una situación jurídica individualizada. El incumplimiento ha de estar suficientemente caracterizado. Ha de existir una relación de causalidad directa entre el incumplimiento de la obligación impuesta a la Administración responsable por el Derecho de la Unión Europea y el daño sufrido por los particulares. Las respuestas b) y c) son correctas.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 32 de la la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: La sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o declare el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea producirá efectos desde la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la Unión Europea», según el caso, salvo que en ella se establezca otra cosa. La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se regirá por la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y, supletoriamente por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas. Las dos respuestas son falsas. Las dos respuestas son ciertas.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 32 de la la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: El Consejo de Ministros fijará el importe de las indemnizaciones que proceda abonar cuando el Tribunal Constitucional haya declarado, de oficio o a instancia de parte interesada, la existencia de un funcionamiento anormal en la tramitación de los recursos de amparo o de las cuestiones de inconstitucionalidad. El procedimiento para fijar el importe de las indemnizaciones se tramitará por el Ministerio de Justicia, a propuesta del Consejo de Estado. Las respuestas a) y b) son ciertas. Las respuestas a) y b) son falsas.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 32 de la la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se seguirá el procedimiento previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas para determinar la responsabilidad de las Administraciones Públicas por los daños y perjuicios causados a terceros durante la ejecución de contratos: Cuando sean consecuencia de una orden inmediata y directa de la Administración, siempre que existan vicios en el proyecto elaborado por ella misma. Cuando sean consecuencia de una orden inmediata y directa de la Administración o de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. La respuesta a) es correcta, sin perjuicio de las especialidades que, en su caso establezca el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. La respuesta b) es correcta, sin perjuicio de las especialidades que, en su caso establezca el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 33 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias Administraciones públicas se derive responsabilidad en los términos previstos en la presente Ley, las Administraciones intervinientes responderán frente al particular, en todo caso:
De forma subsidiaria. De forma mancomunada. De forma proporcional. De forma solidaria.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 33 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en otros supuestos de concurrencia de varias Administraciones en la producción del daño, la responsabilidad se fijará para cada Administración atendiendo a los criterios de: Mayor participación en la financiación del servicio, interés público tutelado e intensidad de la intervención. La responsabilidad será solidaria cuando no sea posible dicha determinación. Competencia, interés público tutelado e intensidad de la intervención. La responsabilidad será mancomunada cuando no sea posible dicha determinación. Mayor participación en la financiación del servicio, interés público tutelado e intensidad de la intervención. La responsabilidad será mancomunada cuando no sea posible dicha determinación. Competencia, interés público tutelado e intensidad de la intervención. La responsabilidad será solidaria cuando no sea posible dicha determinación.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 33 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias Administraciones públicas se derive responsabilidad en los términos previstos en la presente Ley, la Administración competente para incoar, instruir y resolver los procedimientos en los que exista una responsabilidad concurrente de varias Administraciones Públicas: La competencia vendrá atribuida a la Administración Pública con mayor participación en la financiación del servicio. En su defecto, la competencia será fijada en los Estatutos o reglas de la organización colegiada. La competencia vendrá atribuida en función de la competencia, del interés público tutelado e intensidad de la intervención. En su defecto, la competencia vendrá atribuida a la Administración Pública con mayor participación en la financiación del servicio. La competencia será fijada en los Estatutos o reglas de la organización colegiada. En su defecto, la competencia vendrá atribuida en función de la competencia, del interés público tutelado e intensidad de la intervención. Todas las respuestas son falsas.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 33 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, cuando se trate de procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial, la Administración Pública competente para iniciar, tramitar y resolver, deberá consultar a las restantes Administraciones implicadas para que: En el plazo de veinte días, éstas puedan exponer cuanto consideren procedente. En el plazo de diez días, éstas puedan exponer cuanto consideren procedente. En el plazo de treinta días, éstas puedan exponer cuanto consideren procedente. En el plazo de quince días, éstas puedan exponer cuanto consideren procedente.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 34 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, será falso que: No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos. La cuantía de la indemnización se calculará con referencia a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad. La indemnización procedente podrá sustituirse por una compensación en especie o ser abonada mediante pagos periódicos, cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y convenga al interés público, siempre que exista acuerdo con el interesado. La Administración está obligada a indemnizar por las lesiones causadas en los bienes o derechos de los particulares siempre que sean consecuencia del funcionamiento tanto normal como anormal de los servicios públicos.
Es cierto que, la Administración, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio al personal a su servicio la responsabilidad en que incurrieran por (señalar la falsa): Negligencia grave. Culpa. Dolo. Falta de diligencia.
La exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas: Es incompatible con la responsabilidad administrativa. Suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo excepciones. No suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan en ningún caso. Todas las respuestas son falsas.
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