La reserva de las plazas en los cursos de formación del personal directivo adscrito a la Administración General del Estado para adjudicarlas a las empleadas públicas, siempre y cuando reúnan los requisitos exigidos en la convocatoria, asciende a un porcentaje de, al menos, un: 50% 5% 40% 20%.
Por Orden PRE/525/2005, de 7 de marzo, del Ministerio de la Presidencia queda aprobado el acuerdo por el que se adoptan medidas para favorecer la igualdad entre hombres y mujeres. Dentro del mismo se establece un porcentaje mínimo de reserva para el acceso a aquellas ocupaciones de carácter público con baja representación femenina, quedando establecida en al menos un: Tres por ciento. Diez por ciento. Cinco por ciento. Siete por ciento.
Se establece como medida a adoptar en los cursos de formación del personal directivo adscrito a la Administración General del Estado la reserva, a las mujeres que reúnan los requisitos exigidos en la convocatoria, de un porcentaje al menos de un: 50 por ciento de las plazas convocados. 40 por ciento de las plazas convocadas. 60 por cielito de las plazas convocadas. No se establecen porcentajes de reserva en los cursos de formación.
A tenor de las previsiones de la Ley Orgánica 3/2007, se otorgará preferencia, durante un año, en la adjudicación de cursos de formación a quienes se hayan incorporado al servicio activo procedentes de: Excedencia por razón de violencia de género. Permiso de maternidad o paternidad. Excedencia voluntaria por agrupación familiar Excedencia voluntaria por interés particular.
¿Quién determinará anualmente qué contratos de la Administración General del Estado deberán incluir entre sus condiciones medidas tendentes a promover la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo?: El Ministerio de Hacienda. El Consejo de Ministros. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. La Comisión Interministerial de Igualdad entre hombres y mujeres.
A tenor de las previsiones de la Ley Orgánica 3/2007, en aquellos procedimientos no penales en los que las alegaciones de la parte actora se fundamentan en actuaciones discriminatorias por razón de sexo, ¿a quién corresponderá probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad?: A la parte actora. A la persona demandada. Al Órgano Judicial. Al Ministerio Fiscal.
Delegación de Gobierno para la Violencia de Género: Depende de la Subsecretaría de Igualdad. Es un órgano independiente. Depende de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. Depende del Instituto de la Mujer.
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, establece una serie de medidas de igualdad en el ámbito del empleo público. Indique cuál de las siguientes medidas es incorrecta: La aprobación de convocatorias de pruebas selectivas para el acceso al empleo público deberá acompañarse de un informe de impacto de género. Los empleados públicos que se incorporen al servicio activo procedentes del permiso de
maternidad o paternidad tendrán preferencia, durante un ario, en la adjudicación de plazas para participar en los cursos de formación. La Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella impartirán cursos de formación sobre la igualdad de trato y Oportunidades entre mujeres y hombres y sobre prevención de la violencia de género. En las convocatorias de los cursos de formación se reservará al menos un 50% de las plazas para su adjudicación a las empleadas públicas que reúnan los requisitos establecidos.
Según establece la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género, las funcionarias públicas: Tendrán derecho a la movilidad geográfica de centro de trabajo, siempre que se acrediten las circunstancias que dan lugar al reconocimiento de este derecho en los términos que establece la propia ley. Para acceder al derecho a la movilidad geográfica de centro de trabajo que reconoce la Ley, deberán contar, en todo caso, con una orden de protección a favor de la víctima. Tendrán derecho a la excedencia con reserva del puesto de trabajo por tiempo indeterminado,
siempre que exista sentencia condenatoria firme del autor de la violencia de la que sean víctimas. Tendrán derecho a la movilidad geográfica de centro de trabajo, siempre que se acrediten las circunstancias que den lugar al reconocimiento de este derecho mediante un informe policial que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género hasta tanto se dicte la orden de protección.
En la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres se considera "discriminación indirecta por razón de sexo": La situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, La situación e que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable. Todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad. Cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante y ofensivo.
Elaborar el Plan de acción para la transformación digital del Ministerio del Interior es una función que corresponde: A la Comisión Ministerial de Administración Digital del Ministerio del Interior. Al Comité Ejecutivo de la Comisión de Estrategia TIC del Ministerio del Interior. Al Observatorio de la Administración Electrónica y Transformación Digital. A la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros, pone a personas de un sexo en desventaja respecto a personas de otro sexo nos encontramos ante un supuesto de: Discriminación indirecta, sin excepciones. Discriminación relativa. Discriminación directa porque persigue un fin adecuado. Discriminación indirecta, salvo que se justifique objetivamente en atención a una finalidad legitima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados.
Según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias por razón de sexo, la carga de la prueba: Recae en la parte actora al ser la encargada de demostrar la veracidad de los hechos con los elementos de prueba necesarios. Recae en la parte demandada probar la ausencia de discriminación e las medidas y su proporcionalidad, en todos los procesos. Recae en la parte actora demostrar que no es proporciona el trato recibido. Recae en la parte demandada probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad, salvo en los procesos penales.
Según la Ley 3/2007, 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre hombre y mujeres, en relación a las medidas de igualdad en el empleo para la Administración General del Estado y para los organismos públicos vinculados o dependientes de ella: El Gobierno aprobara anualmente, un Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, Su cumplimiento será evaluado anualmente por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. El Gobierno aprobara, al inicio de cada legislatura, un Plan para la Igualdad entre mujeres y
hombres en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella. Su cumplimiento será evaluado anualmente por el Consejo de Ministros. El Gobierno aprobara, anualmente, un Plan par la igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella. Su cumplimiento será evaluado al finalizar la legislatura por el Consejo de Ministros. El Gobierno aprobara, cada dos años, un Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella. Su cumplimiento será evaluado al finalizar la legislatura por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Las funcionarias del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias , en los casos de ser víctimas de un delito de violencia de género, y en cuanto a su condición de funcionarias públicas, conforme a lo establecido en el artículo 25 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género: Tienen derecho a que se justifiquen sus ausencias parciales al trabajo, motivadas por la situación física o psicológica derivada de la violencia de género sufrida, pero no las ausencias totales. Tienen derecho a que se justifiquen sus ausencias totales al trabajo, motivadas por la situación física o psicológica derivada de la violencia de género sufrida, en todo caso. Tienen derecho a que se justifiquen sus ausencias totales o parciales al trabajo, motivadas por la situación física o psicológica derivada de la violencia de género sufrida, en todo caso. Tienen derecho a que se justifiquen sus ausencias totales o parciales al trabajo, motivadas por la situación física o psicológica derivada de la violencia de género sufrida, en los términos en que se determine en su legislación específica.
La Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género, establece que: La Administración penitenciaria proporcionará medidas de seguridad a las víctimas cuando el agresor vaya a disfrutar un permiso de salida. En esta Ley no existe ningún artículo referido a la Administración penitenciaria. La Administración penitenciaria realizará programas específicos para internos condenados por delitos relacionados con la violencia de género. Los programas dirigidos a los condenados por delitos relacionados con la violencia de género se establecen en el Reglamento penitenciario.
El artículo 1.2 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, modificado por la Ley Orgánica 8/2015 de 22 de junio, dispone que el objeto de la Ley es establecer medidas: Preventivas de protección a las mujeres víctimas de violencia de género, de manera integral y
excluyente frente a otras víctimas. De asistencia de carácter económico y de ayudas públicas a las mujeres víctimas de violencia de género. Sancionadoras de carácter penal, y disciplinarias en el ámbito administrativo, que contribuyan a erradicar la desigualdad entre los hombres y las mujeres. De protección integral cuya finalidad es prevenir, sancionar, y erradicar la violencia de género y prestar asistencia a las mujeres, a sus hijos menores, y a los menores sujetos a su tutela, o guarda y custodia, víctimas de esta violencia.
Conforme a lo establecido en el artículo 2 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, se entiende por "Autonomía" la capacidad de: Controlar, afrontar y tomar decisiones generales y particulares acerca de cualquier ámbito de actuación de la persona, o que afecten a su familia. Controlar, afrontar y tomar, por propia iniciativa, decisiones personales acerca de cómo vivir de
acuerdo con las normaas y preferencias propias así como de desarrollar las actividades básicas de la vida diaria. Controlar, afrontar y desarrollar las actividades básicas de la vida diaria, cuando la persona es evaluada como apta por los órganos de evaluación de la dependencia establecidos en la Ley. Controlar, afrontar y tomar, por propia iniciativa o con ayuda de la familia, decisiones personales, y a desarrollar las actividades básicas de la vida diaria que correspondan a su cuidado personal, sin necesidad de un tercero.
En el artículo 14 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, no se incluye como criterio general de actuación de los Poderes Públicos, a los fines de la citada norma: La integración del estudio y aplicación del principio de igualdad en los cursos y programas para la formación inicial y permanente del profesorado. La participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas electorales y en la toma de decisiones. La adopción de las medidas necesarias para la erradicación de la violencia de género, la violencia
familiar y todas las formas de acoso sexual y acoso por razón de sexo. La protección de la maternidad, con especial atención a la asunción por la sociedad de los efectos derivados del embarazo, parto y lactancia.
Según la ley de igualdad, las obligaciones establecidas en la misma, serán de aplicación a: Toda persona física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que fuere su nacionalidad, domicilio o residencia. Toda persona física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español, siempre que sea
española y resida en España. Toda persona física o jurídica, de nacionalidad española, cuando se encuentre o actúe en el extranjero. Las mujeres y los hombres que residan exclusivamente en España.
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en el ámbito de los criterios de actuación de las Administraciones públicas, impone una serie de deberes a estas en su artículo 51. No se encuentra entre los mismos: Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, sin menoscabo de la promoción profesional. Reservar en las convocatorias, de los correspondientes cursos de formación al menos un 35% de las plazas para su adjudicación a las empleadas públicas que reúnan los requisitos establecidos. Establecer medidas efectivas de Protección frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo. Establecer medidas efectivas para eliminar cualquier discriminación retributiva, directa o indirecta, por razón de sexo.
Conforme dispone el artículo 55 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la aprobación de convocatorias de pruebas selectivas para el acceso al empleo público deberá acompañarse de: Un informe de impacto de género, salvo en casos de urgencia y siempre sin perjuicio de la prohibición de discriminación por razón de sexo. Un informe de la Unidad de Igualdad del Departamento Ministerial que constate la ausencia de discriminación por razón de sexo. Un informe de la Comisión Paritaria de Igualdad, salvo en casos de urgencia o fuerza mayor. La conformidad previa del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades.
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en su artículo 78, crea como órgano colegiado de consulta y asesoramiento: El Consejo de Participación de la Mujer. El Consejo de Igualdad. El Consejo de Intervención en la Igualdad de la Mujer. El Consejo contra la Discriminación de Género.
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