TEST 1- 7

DERECHO ADMINISTRATIVO II : Contencioso Administrativo y Contratos del Sector Publico TEMA 1 1.Un país organiza su control administrativo excluyendo totalmente al Poder Judicial ordinario y creando tribunales administrativos propios. Este modelo corresponde al sistema: a) Judicial puro, con intervención exclusiva del Poder Judicial ordinario. b) Administrativo o francés, con exclusión del Poder Judicial ordinario. c) Mixto, con compartición de competencias entre jueces ordinarios y tribunales administrativos. d) De autotutela, con control ejercido únicamente por órganos administrativos no jurisdiccionales.

2.El recurso de casación ante el Tribunal Supremo tiene por objeto: a) Revisar los hechos probados en la instancia y practicar nueva prueba. b) Formar jurisprudencia y unificar la interpretación del ordenamiento jurídico. c) Conocer de cualquier recurso contra sentencias de los TSJ sin limitación. d) Sustituir al recurso de apelación cuando este no proceda.

3.La protección urgente de derechos fundamentales frente a la Administración se tramita por el procedimiento: a) Ordinario, con los plazos generales establecidos en la LJCA. b) Especial y sumario de protección de derechos fundamentales (arts. 114-122 LJCA). c) De lesividad, cuando la Administración vulnera derechos de terceros. d) Abreviado, aplicable a todas las materias sin distinción.

4.El particular que recurre un acto administrativo debe tener un interés legítimo afectado. Esto es la: a) Capacidad procesal, referida a la aptitud para comparecer válidamente en juicio. b) Legitimación activa, que exige un interés legítimo en la anulación del acto. c) Postulación procesal, relativa a la necesidad de abogado y procurador. d) Representación legal, referida a quien actúa en nombre de otro.

5.Para determinar qué tribunal es competente, se atiende principalmente a la jerarquía del órgano que dictó el acto. Este es el criterio: a) Material, basado en la materia objeto del litigio. b) Territorial, basado en el lugar donde se produce el acto. c) Orgánico, basado en el rango del órgano autor del acto impugnado. d) Cuantitativo, basado en el valor económico del asunto.

6.El expediente administrativo que la Administración debe remitir al tribunal contiene: a) Solo la resolución impugnada sin documentación adicional. b) Todos los documentos, informes y actuaciones que fundamentaron la decisión administrativa. c) Únicamente los escritos presentados por el interesado durante el procedimiento. d) Exclusivamente el informe jurídico del servicio de lo contencioso de la Administración.

7.El artículo 106.1 de la Constitución atribuye a los tribunales el control de: a) Exclusivamente la potestad reglamentaria de la Administración General del Estado. b) Únicamente la legalidad de la actuación administrativa sin incluir reglamentos. c) La potestad reglamentaria, la legalidad de la actuación administrativa y el sometimiento a los fines. d) Solo el sometimiento de la Administración a sus fines, sin control de potestades normativas.

8.La Jurisdicción Contencioso-Administrativa tiene como misión principal: a) Dictar sentencias en materia civil cuando intervienen entes públicos como parte procesal demandada. b) Ejecutar las decisiones administrativas dictadas por órganos de la Administración General del Estado. c) Aprobar nuevas regulaciones administrativas mediante procedimientos de elaboración normativa. d) El control de la legalidad de la actuación de las Administraciones Públicas.

9.En Italia, el criterio que determina si conoce la jurisdicción ordinaria o la administrativa es: a) La jerarquía del órgano administrativo que dicta el acto impugnado. b) La cuantía económica del litigio cuando supera determinados umbrales legales. c) La naturaleza del interés afectado, distinguiendo entre derechos subjetivos e intereses legítimos. d) La antigüedad del acto administrativo desde su publicación oficial o notificación.

10.La norma que regula el procedimiento ante los tribunales contencioso-administrativos es: a) Un reglamento del procedimiento administrativo dictado por el Consejo de Ministros. b) Un Decreto-Ley aprobado por razones de extraordinaria y urgente necesidad. c) Una norma internacional de armonización procesal de la Unión Europea. d) La Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

TEMA 2 1.La Administración puede interpretar unilateralmente el contrato, modificar su objeto o resolverlo. Estas son las denominadas: a) Facultades limitadas de supervisión contractual. b) Prerrogativas compartidas entre Administración y contratista. c) Derechos exclusivos del contratista para modificar condiciones. d) Potestades exorbitantes o prerrogativas de la Administración contratante.

2.Una empresa constructora celebra un contrato con el Ayuntamiento para edificar un colegio. Este contrato es público porque: a) Una de las partes contratantes es una Administración Pública. b) Se perfecciona siempre de forma verbal sin documento escrito. c) Es más rápido al prescindir de formalidades procedimentales. d) No existe diferencia sustancial con la contratación privada.

3.Las primeras normas españolas relevantes sobre contratación pública datan de: a) La Constitución Española de 1978. b) La Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. c) El Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales de 1953 y la Ley de Contratos del Estado de 1965. d) La Ley de Contratos de las Administraciones Públicas de 1995.

4.El recurso especial en materia de contratación se interpone ante: a) Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo en todo caso. b) El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales u órgano autonómico equivalente. c) El Tribunal Supremo directamente. d) El Consejo de Estado como órgano consultivo.

5.De las siguientes, NO es una potestad exorbitante de la Administración contratante: a) La nulidad automática del contrato sin procedimiento. b) El desistimiento o resolución unilateral por razones de interés público. c) La variación unilateral del objeto contractual (ius variandi). d) La interpretación unilateral de las cláusulas contractuales.

6.Las modificaciones contractuales que alteran sustancialmente el contrato: a) Están siempre permitidas sin límite. b) Requieren nueva licitación al constituir un nuevo contrato. c) Solo necesitan autorización verbal del órgano de contratación. d) Pueden realizarse discrecionalmente por el contratista.

7.Uno de los principales objetivos de la LCSP es conseguir: a) Eliminar el gasto público mediante privatización de servicios. b) Maximizar el gasto público para impulsar la economía. c) La eficiencia en el gasto público y la integridad en la contratación. d) La distribución igualitaria del gasto entre Administraciones.

8.La norma actualmente vigente en materia de contratos públicos en España es: a) El Reglamento General de Contratación del Estado de 1965. b) La Ley de Contratos de las Administraciones Públicas de 1995. c) La normativa autonómica exclusivamente. d) La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).

9.El concepto de "Poder Adjudicador" de la LCSP incluye: a) Exclusivamente las Administraciones Públicas territoriales. b) Solo entidades privadas sin vinculación con el sector público. c) Únicamente los organismos locales con competencia en contratación. d) Cualquier organismo de Derecho Público que realice funciones públicas o utilice fondos públicos.

10.El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) es: a) Un documento orientativo sin fuerza vinculante. b) El documento que define el régimen jurídico del contrato, criterios de adjudicación y derechos y deberes de las partes. c) Una recomendación no vinculante para orientar a los licitadores. d) Un documento meramente informativo sobre condiciones generales.

TEMA 3 1.La Administración está obligada a elaborar y mantener actualizada una relación de todos sus bienes. Este documento es el: a) Registro de la Propiedad común. b) Catastro Inmobiliario. c) Inventario General de Bienes y Derechos. d) Libro de actas del órgano administrativo.

2.La incorporación de un bien al dominio público puede ser formal (mediante acto expreso) o implícita. La diferencia es que: a) La formal requiere declaración expresa del destino público; la implícita se produce como efecto de otros actos que presuponen afectación. b) No existe diferencia práctica entre ambas. c) La implícita es más válida que la formal. d) La formal solo aplica a bienes muebles.

3.La Ley de Patrimonio distingue entre bienes que sirven al uso general o al servicio público y los que generan rendimientos. Esta distinción es entre: a) Patrimonio demanial (dominio público) y patrimonio patrimonial (dominio privado). b) Bienes muebles e inmuebles según su naturaleza física. c) Bienes estatales y bienes autonómicos según titularidad. d) Bienes antiguos y bienes modernos según fecha de adquisición.

4.La LPAP se aplica íntegramente al Estado, pero en las CCAA y entidades locales: a) No existe diferencia en el grado de aplicación. b) La aplicación es inversamente proporcional al territorio. c) Se aplica supletoriamente, respetando siempre las disposiciones básicas. d) Las CCAA no están sujetas a la LPAP en absoluto.

5.Un particular ocupa una playa pública durante 50 años sin oposición. ¿Puede adquirirla por usucapión? No, porque los bienes demaniales son: a) Prescriptibles tras 20 años de posesión continuada. b) Imprescriptibles, no pudiendo adquirirse por usucapión nunca. c) Enajenables libremente tras ocupación prolongada. d) Susceptibles de apropiación privada transcurrido el plazo legal.

6.Para que un bien integre el dominio público es requisito fundamental: a) Ser de propiedad estatal desde su origen. b) Estar ubicado en territorio peninsular. c) Tener valor económico superior a determinados umbrales. d) Estar afectado a un uso general o servicio público.

7.Sobre la naturaleza jurídica del dominio público, la doctrina mayoritaria considera que es: a) Una propiedad especial diferenciada de la privada por su afectación a finalidades públicas. b) Una simple posesión temporal sin título dominical. c) Un derecho real inferior a la propiedad ordinaria. d) Una propiedad idéntica a la privada sin régimen especial.

8.La mutación subjetiva se diferencia de la objetiva en que: a) La objetiva solo aplica a inmuebles rústicos. b) La subjetiva es temporal y la objetiva definitiva. c) La subjetiva implica cambio de titular manteniendo el destino; la objetiva implica cambio de destino manteniendo el titular. d) La subjetiva es más grave jurídicamente.

9.Los bienes patrimoniales se definen residualmente como aquellos que: a) Tienen ubicación geográfica específica. b) No están afectos a uso general ni servicio público. c) Son muy antiguos desde su adquisición. d) Tienen valor inferior a determinados umbrales.

10.Ante una ocupación ilegal de dominio público, la Administración puede recuperar la posesión sin acudir a los tribunales mediante: a) Esperar a que el ocupante abandone voluntariamente. b) El interdicto civil de recobrar la posesión. c) La potestad de recuperación de oficio o interdictum proprium. d) Solo mediante sentencia judicial firme.

TEMA 4 1.El fundamento constitucional de la responsabilidad patrimonial de la Administración se encuentra en los artículos: a) 149 y 150 CE sobre distribución competencial. b) 9.3 y 106.2 CE que consagran el principio de responsabilidad. c) 1 y 2 CE sobre forma de Estado. d) 32 y 33 CE sobre propiedad privada.

2.Para reclamar responsabilidad por normas contrarias al Derecho de la UE, los requisitos son: a) Solo ser ciudadano europeo. b) Que la norma confiera derechos, incumplimiento suficientemente caracterizado y relación causal directa. c) Denuncia previa ante la Comisión Europea. d) Aprobación del Parlamento Europeo.

3.Según el art. 32.1 LRJSP, la Administración responde tanto si funciona correctamente como si lo hace mal. Esto significa que la responsabilidad es: a) Subjetiva, requiriendo demostración de culpa. b) Objetiva, procediendo indemnización por funcionamiento normal o anormal. c) Contractual, derivada de incumplimiento de obligaciones. d) Penal, requiriendo condena previa del agente.

4.La responsabilidad patrimonial de la Administración española es directa, lo que significa que: a) El perjudicado debe demandar primero al funcionario causante. b) Responde la Administración directamente, no el agente individual. c) Se requiere siempre demostración de culpa grave. d) Solo procede tras sentencia penal condenatoria.

5.La responsabilidad por funcionamiento normal surge cuando: a) El daño deriva del riesgo inherente generado por la actividad administrativa legítima. b) La Administración incumple gravemente sus obligaciones. c) Hay culpa demostrada del agente causante. d) Existen denuncias previas de los ciudadanos.

6.La responsabilidad patrimonial por actos legislativos procede cuando: a) Cualquier ley causa perjuicio a un ciudadano. b) La ley expresamente lo prevé o resulta de la declaración de inconstitucionalidad. c) El Parlamento lo decide discrecionalmente. d) Nunca, las leyes no generan responsabilidad.

7.Si el daño lo causan conjuntamente la Administración y un tercero, la responsabilidad es: a) Exclusiva de la Administración en todo caso. b) Solidaria entre la Administración y el tercero frente al perjudicado. c) Exclusiva del tercero exonerando a la Administración. d) Inexistente por concurrencia de causas.

8.Los daños derivados de hechos imprevisibles según el estado de la ciencia o técnica del momento: a) Generan siempre responsabilidad por su gravedad. b) Deben ser indemnizados por funcionamiento anormal. c) Son exigibles al funcionario personalmente. d) Están excluidos de indemnización según el art. 34.1 LRJSP.

9.La antijuridicidad de la lesión significa que: a) Existe incumplimiento de contrato. b) La Administración actuó sin autorización legal. c) El daño no debe ser soportado por el perjudicado conforme a la ley. d) Se ha violado una norma penal.

10.Los presupuestos o requisitos para que nazca responsabilidad patrimonial son: a) Conducta imputable, lesión antijurídica, relación de causalidad y título de imputación. b) Solo ilegalidad manifiesta y daño probado. c) Culpa, daño y reparación del perjuicio. d) Antijuridicidad, culpa grave y sentencia judicial.

TEMA 5 1.La diferencia fundamental entre el procedimiento ordinario y el de urgencia es: a) Son procedimientos idénticos sin diferencia. b) La urgencia permite prescindir de toda indemnización. c) En el ordinario se paga antes de ocupar; en urgencia se ocupa antes del pago definitivo. d) El ordinario es siempre más rápido.

2.Si expropiante y expropiado pactan libremente el precio, se produce: a) Nulidad del acuerdo. b) Duplicación del precio inicial. c) Mutuo acuerdo, que finaliza anticipadamente la Fase III evitando la intervención del Jurado. d) Renuncia obligada del expropiado a sus derechos.

3.La expropiación priva de la propiedad pero exige indemnización; la confiscación priva sin compensación. La expropiación forzosa se caracteriza porque: a) No requiere causa justificada ni indemnización. b) Exige causa de utilidad pública o interés social legalmente justificada, con indemnización previa. c) Es idéntica a la confiscación sin diferencias. d) Puede realizarse arbitrariamente sin procedimiento.

4.Los sujetos que intervienen en el procedimiento expropiatorio son: a) Solo el Estado y los ciudadanos. b) Únicamente órganos administrativos. c) El expropiante (titular de la potestad), el beneficiario (quien recibe el bien) y el expropiado (titular del bien o derecho). d) Solo el propietario y la Administración.

5.La expropiación de patentes y derechos de propiedad intelectual: a) Es inconstitucional por vulnerar derechos fundamentales. b) Requiere referéndum popular. c) Es constitucionalmente válida si hay causa de interés social y justa indemnización. d) Requiere consentimiento del titular.

6.El procedimiento expropiatorio ordinario se estructura en fases que son: a) Una única fase sin división. b) Dos fases: declaración y pago. c) Cuatro fases: declaración de utilidad pública, necesidad de ocupación, determinación del justiprecio y pago/ocupación. d) Cinco fases incluyendo recurso obligatorio.

7.La declaración de urgencia que permite la ocupación inmediata corresponde al: a) Consejo de Ministros, que acuerda la urgente ocupación de los bienes. b) El propietario del bien afectado. c) El Delegado del Gobierno. d) El juez contencioso-administrativo.

8.La crítica doctrinal al procedimiento de urgencia se basa en: a) Que es muy lento comparado con el ordinario. b) Que generalizado desnaturaliza el sistema al invertir el orden de pago y ocupación. c) Que favorece excesivamente al expropiado. d) Que requiere consentimiento judicial previo.

9.El Jurado Provincial de Expropiación es el órgano que: a) Declara la utilidad pública de la expropiación. b) Fija el justiprecio cuando no hay acuerdo entre expropiante/beneficiario y expropiado. c) Ocupa materialmente los bienes expropiados. d) Paga la indemnización al expropiado.

10.La actualización del justiprecio según el IPC cuando se ejerce la reversión tiene por objeto: a) Beneficiar injustamente al expropiado. b) Evitar que la inflación perjudique a ninguna de las partes, actualizando el valor a devolver. c) Penalizar a la Administración expropiante. d) Es irrelevante en el cálculo de la reversión.

TEMA 6 1.Para abrir una farmacia, la Administración comprueba que se cumplen requisitos legales tasados. La diferencia entre autorización reglada y discrecional es que: a) En la reglada basta verificar requisitos legales predeterminados; en la discrecional hay margen de valoración. b) El plazo de resolución es diferente según el tipo. c) La reglada opera por silencio positivo y la discrecional requiere resolución expresa. d) La reglada no admite recurso y la discrecional sí.

2.Según el TC, los servicios con reconocimiento constitucional implícito (sanidad, pensiones) quedaron publicados: a) Solo cuando una ley específica lo establezca formalmente. b) Cuando hay consenso parlamentario por mayoría cualificada. c) Con la propia promulgación de la Constitución de 1978. d) Cuando el Gobierno lo decide por decreto.

3.El principio de continuidad del servicio público: a) Permite interrupciones discrecionales del servicio. b) Garantiza la prestación ininterrumpida, limitando el derecho de huelga en servicios esenciales. c) Solo aplica a servicios de transporte. d) Permite suspensión durante períodos vacacionales.

4.En el procedimiento sancionador, si el denunciado no comparece ni presenta alegaciones: a) El acuerdo de iniciación puede considerarse directamente propuesta de resolución. b) Debe notificarse nuevamente por edicto. c) El expediente se archiva por caducidad. d) El procedimiento se suspende indefinidamente.

5.El procedimiento sancionador puede terminar por reconocimiento de responsabilidad del infractor mediante: a) Impugnación de la sanción propuesta. b) Interposición de recurso administrativo. c) El pago voluntario con reducción (pronto pago) o el reconocimiento expreso de responsabilidad. d) La denuncia de otros infractores.

6.El contenido mínimo de la notificación de inicio del procedimiento sancionador incluye: a) Identificación de responsables, hechos, calificación jurídica, sanción posible, derechos y ofertas de pronto pago. b) Únicamente identificar al responsable y los hechos. c) Solo los hechos y el órgano competente. d) Únicamente la sanción máxima a imponer.

7.En caso de concurrencia de procedimiento penal y administrativo sobre los mismos hechos: a) Prevalece siempre el procedimiento administrativo. b) Ambos continúan simultáneamente sin afectación. c) El procedimiento administrativo debe suspenderse hasta que se resuelva el penal. d) Se archivan ambos procedimientos.

8.El principio de separación entre órgano instructor y resolutor en el procedimiento sancionador garantiza: a) Que el mismo órgano instruya y resuelva para mayor eficiencia. b) Que la propuesta vincule al órgano resolutor. c) La imparcialidad, evitando que quien investiga decida. d) Competencia concurrente de todos los órganos.

9.Los servicios públicos se caracterizan por los principios de: a) Discontinuidad, parcialidad y onerosidad. b) Continuidad, universalidad, igualdad y asequibilidad. c) Exclusividad, secreto y restricción. d) Temporalidad, selectividad y gratuidad absoluta.

10.La publicatio de una actividad no esencial vulneraría: a) El principio de eficiencia administrativa. b) El artículo 38 CE que garantiza la libertad de empresa. c) El principio de jerarquía normativa. d) No tiene consecuencias jurídicas.

TEMA 7 1.El propietario de un terreno no puede edificar libremente porque la propiedad cumple una función social. El fundamento constitucional es: a) La protección exclusiva de espacios verdes. b) El derecho exclusivo de las CCAA a ordenar el uso del suelo. c) El artículo 33.2 CE que establece la función social de la propiedad. d) La prohibición de ejercer el derecho de propiedad sobre suelo rústico.

2.La normativa estatal básica vigente sobre suelo es: a) Las disposiciones autonómicas exclusivamente. b) El Real Decreto Legislativo 7/2015, Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. c) La Ley de Suelo de 1976 sin modificaciones. d) Los reglamentos municipales de cada Ayuntamiento.

3.Ante una obra ilegal, la Administración puede adoptar medidas de protección de la legalidad urbanística como: a) Solo esperar a que finalice la obra. b) Ordenar la paralización, requerir legalización o, en su defecto, demolición. c) Únicamente imponer multas sin otras medidas. d) Trasladar el asunto a la jurisdicción penal exclusivamente.

4.El contenido del Plan General varía según la clasificación del suelo, siendo: a) Idéntico para todo el suelo sin diferencias. b) Solo regula el suelo urbano, dejando el resto sin ordenación. c) Uniforme sin atender a la clasificación. d) Exhaustivo para suelo urbano, programático para urbanizable, y protector para no urbanizable.

5.Las Normas Subsidiarias tienen por función: a) Sustituir definitivamente a los Planes Generales. b) Favorecer la especulación inmobiliaria. c) Proporcionar regulación básica para municipios sin Plan General. d) Aumentar el poder municipal sin control.

6.En el sistema de compensación, la urbanización la asumen: a) Las empresas constructoras sin intervención de propietarios. b) El Estado de forma centralizada. c) Los propietarios de los terrenos, agrupados en Junta de Compensación. d) Exclusivamente la Administración municipal.

7.La disciplina urbanística comprende: a) Solo la inspección de edificios. b) El conjunto de técnicas para garantizar el cumplimiento de la legalidad urbanística. c) Únicamente la aplicación de multas. d) El control policial de la ciudad.

8.El Tribunal Constitucional define el urbanismo como: a) La disciplina jurídica del fenómeno social de los asentamientos de población en el espacio físico. b) Solo la potestad municipal de otorgar licencias de construcción. c) Únicamente normas técnicas de edificación de viviendas. d) La regulación del comercio en núcleos urbanos.

9.La licencia urbanística es: a) Un contrato entre propietario y Ayuntamiento. b) El acto administrativo que autoriza a edificar conforme al planeamiento vigente. c) Una recomendación sin efectos jurídicos. d) Un tributo municipal sobre la construcción.

10.La clasificación del suelo distingue entre: a) Público, privado y mixto. b) Urbano, urbanizable y no urbanizable (rústico). c) Residencial, industrial y comercial. d) Alto, medio y bajo.