354. Según el artículo 59 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las deudas tributarias podrán extinguirse: a. Por pago, prescripción, compensación o condonación y por los demás medios previstos en las leyes. b. Por pago, caducidad, prescripción, compensación o condonación y por los demás medios reglamentariamente previstos. c. Por pago, prescripción, compensación o condonación, por los medios previstos en la normativa aduanera y por los demás medios previstos en las leyes. d. Por pago, prescripción, caducidad o condonación, por los medios previstos en la normativa aduanera y por los demás medios previstos en las leyes. .
362. Según el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el ingreso de la deuda de un obligado tributario se suspenderá total o parcialmente, sin aportación de garantías cuando se compruebe que por la misma operación: a. Se ha satisfecho a la misma u otra Administración una deuda tributaria. b. Cuando se ha soportado la repercusión de otro impuesto. c. Siempre que el pago o la repercusión fuera incompatible con la deuda exigida y el sujeto pasivo no tenga derecho a la completa deducción del importe soportado indebidamente. d. Todas las opciones son correctas. .
366. Según el artículo 66 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en relación a los
plazos de prescripción, establece que no prescriben a los cuatro años los siguientes derechos: a. El derecho de la Administración para iniciar el procedimiento de comprobación de las bases o
cuotas compensadas o pendientes de compensación. b. El derecho de la Administración para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas y
autoliquidadas. c. El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna
liquidación. d. El derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones
de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías.
370. Según el artículo 67 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el plazo de prescripción del derecho a obtener las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías comenzará a contarse: a. Desde el día siguiente a aquel en que finalicen los plazos establecidos para efectuar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo. b. Desde el día siguiente a la fecha de notificación del acuerdo donde se reconozca el derecho a percibir la devolución o el reembolso del coste de las garantías. c. Desde el día siguiente a la finalización del plazo de pago en periodo voluntario. d. Las dos primeras opciones son correctas. .
372. En relación a la compensación, el artículo 71 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, admite la posibilidad de que: a. Las deudas tributarias se extingan total o parcialmente por compensación. b. La compensación habrá de aplicarse, en todo caso, de oficio. c. Las deudas tributarias de un obligado tributario podrán extinguirse parcialmente por compensación con créditos reconocidos por acto administrativo a favor del mismo previa solicitud de este último. d. Las dos primeras opciones son correctas. .
375. Según el artículo 76 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las deudas tributarias que no hayan podido hacerse efectivas en los respectivos procedimientos de recaudación por insolvencia probada, total o parcial, de los obligados tributarios: a. Se darán de baja en cuentas en la cuantía procedente, mediante la declaración del crédito como incobrable, total o parcial. b. En los casos en que se haya declarado el crédito incobrable, el procedimiento de apremio se reanudará, dentro del plazo de prescripción, cuando se tenga conocimiento de la solvencia de algún obligado al pago. c. Las deudas tributarias que no hayan podido hacerse efectivas en los respectivos procedimientos de recaudación se darán de baja en cuentas en la cuantía procedente. d. Las dos primeras opciones son correctas. .
376. Según el artículo 79 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en relación a los bienes afectos por ley al pago de la deuda tributaria: a. Los derechos transmitidos quedarán afectos a la responsabilidad del pago de las cantidades liquidadas correspondientes a los tributos que graven tales transmisiones, adquisiciones o importaciones, cualquiera que sea su poseedor. b. Los adquirentes de bienes afectos por ley al pago de la deuda tributaria responderán subsidiariamente con ellos, por derivación de la acción tributaria, si la deuda no se paga. c. Los bienes transmitidos quedarán afectos a la responsabilidad del pago de las cantidades liquidadas correspondientes a los tributos que graven tales transmisiones, adquisiciones o importaciones, cualquiera que sea su poseedor. d. Las dos primeras opciones son correctas. .
378. Según el artículo 77 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la Hacienda Pública: a. Tendrá prelación en todo caso para el cobro de los créditos tributarios vencidos y no satisfechos cuanto concurra con otros acreedores. b. Tendrá prelación para el cobro de los créditos tributarios vencidos y no satisfechos respecto a otros acreedores, excepto que se trate de acreedores de dominio, prenda, hipoteca u otro derecho real inscrito con anterioridad. c. Tendrá prelación en todo caso para el cobro de los créditos tributarios vencidos y no satisfechos cuanto concurra con otros acreedores excepto las obligaciones derivadas de relaciones paternofiliales derivadas de procedimientos judiciales. d. Tendrá prelación en todo caso para el cobro de los créditos tributarios vencidos y no satisfechos cuanto concurra con otros acreedores excepto los créditos derivados de obligaciones incumplidas con la Seguridad Social. .
383. Según se desprende del artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el ingreso de la deuda de un obligado tributario podrá suspenderse total o parcialmente a solicitud del obligado tributario: a. Si otro obligado presenta una declaración o autoliquidación de la que resulte una cantidad a devolver. b. Se indica que el importe de la devolución que pueda ser reconocido se destine a la cancelación de la deuda cuya suspensión se pretende. c. Si el obligado tributario aporta garantía suficiente. d. Las dos primeras opciones son correctas. .
385. Según el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en relación con la deuda suspendida: a. Quedará total o parcialmente extinguida en el importe que proceda de la devolución reconocida. b. Podrán exigirse intereses de demora sobre la deuda cancelada con cargo a la devolución. c. Podrán exigirse intereses de demora sobre la deuda cancelada con cargo a la devolución una vez aprobada la liquidación por la Administración Tributaria competente. d. Las dos primeras opciones son correctas. .
388. El artículo 62 de la Ley General Tributaria contempla de forma detallada los plazos para el pago de la deuda tributaria, las deudas tributarias aduaneras y fiscales derivadas de operaciones de comercio exterior: a. Deberán pagarse en el plazo establecido por su propia normativa. b. Podrán realizarse ingresos directamente en las cajas de las aduanas. c. Los obligados al pago podrán domiciliar el pago de las deudas en cuentas abiertas en entidades de crédito d. Las tres opciones son correctas. .
390. La iniciación del período voluntario puede producirse: a. Por la notificación al sujeto pasivo una liquidación practicada por la Administración Tributaria competente. b. Por la apertura del plazo de presentación de autoliquidaciones en los casos legalmente previstos. c. A solicitud del obligado tributario en los casos legalmente previstos. d. Las dos primeras opciones son correctas.
391. Según el artículo 18 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, los obligados al pago podrán ingresar en las entidades colaboradoras las siguientes deudas: a. Las que resulten de autoliquidaciones presentadas en los modelos reglamentariamente establecidos, y las realizadas por vía telemática si tienen cuentas abiertas en dichas entidades. b. Las notificadas a los obligados al pago como consecuencia de liquidaciones practicadas por la Administración, tanto en periodo voluntario como ejecutivo. c. Cualesquiera otras en relación a las cuales el Ministro de Economía y Hacienda haya establecido que el ingreso ha de realizarse con carácter obligatorio en las entidades de crédito que presten el servicio de caja. d. Todas las opciones son correctas. .
394. Según el artículo 12 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, los ingresos podrán realizarse: a. En la Tesorería de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera. b. En las entidades de crédito que presten el servicio de caja a las que se refiere o en las entidades colaboradoras. c. En las oficinas de Correos y Telégrafos y en los registros generales de las entidades tributarias competentes. d. Las dos primeras opciones son correctas.
401. El anuncio de cobranza podrá ser sustituido por: a. Notificaciones individuales realizadas conforme a las exigencias de las normas que rigen los procedimientos administrativos. b. Recibos remitidos por correo ordinario que se remiten al obligado tributario una vez abierto el período de pago c. Notificaciones por vía telemática. d. Todas las opciones son correctas. .
404. Según el artículo 60 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el pago de la deuda tributaria comprenderá: a. La cuota a ingresar que resulte de la obligación, el interés de demora, los recargos por declaración extemporánea y los recargos correspondientes al período. b. La cuota a ingresar que resulte de la obligación, el interés de demora, los recargos por declaración extemporánea, los del período ejecutivo o los exigibles legalmente sobre las bases o las cuotas, a favor del Tesoro o de otros entes públicos. c. La cuota a ingresar que resulte de la obligación, el interés de demora, los recargos por declaración extemporánea y los recargos correspondientes al período y las multas coercitivas pertinentes. d. Ninguna de las opciones es correcta. .
407. Según el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el ingreso de la
deuda de un obligado tributario podrá suspenderse total o parcialmente, sin aportación de garantía y
a solicitud de éste: a. Si otro obligado presenta una declaración o autoliquidación de la que resulte una cantidad a
compensar. b. Si el obligado tributario presenta una declaración o autoliquidación de la que resulte una cantidad a devolver. c. Si el obligado tributario presenta una declaración o autoliquidación de la que resulte una cantidad a compensar. d. Si otro obligado presenta una declaración o autoliquidación de la que resulte una cantidad a
devolver o una comunicación de datos, con indicación de que el importe de la devolución que pueda ser reconocido se destine a la cancelación de la deuda cuya suspensión se pretende
.
409. Según el artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en relación a las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento en período ejecutivo, podemos afirmar: a. Podrán presentarse hasta el momento en que se notifique al obligado el acuerdo de enajenación de los bienes embargados. b. La Administración Tributaria no podrá iniciar el procedimiento de apremio durante la tramitación del aplazamiento. c. La Administración Tributaria no podrá iniciar el procedimiento de apremio durante la tramitación del fraccionamiento. d. La Administración Tributaria no podrá continuar el procedimiento de apremio durante la tramitación del aplazamiento o fraccionamiento. .
415. Según el artículo 161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, impedirá el inicio del período ejecutivo: a. La presentación de una solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en período voluntario. b. La interposición de un recurso o reclamación en tiempo y forma contra una sanción hasta que sea firme en vía administrativa y haya finalizado el plazo para el ingreso voluntario del pago c. El inicio de un procedimiento de consulta escrita y pertinente sobre el objeto de la deuda o liquidación hasta su notificación al obligado tributario. d. Las dos primeras opciones son correctas. .
416. Según el artículo 161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, iniciado el período ejecutivo, la Administración Tributaria: a. Efectuará la recaudación de las deudas reconocidas por el obligado por el procedimiento de apremio sobre el patrimonio del obligado al pago. b. Efectuará la recaudación de las deudas liquidadas por el procedimiento de apremio sobre el patrimonio del obligado al pago. c. Efectuará la recaudación de las deudas liquidadas y autoliquidadas por el procedimiento de apremio sobre el patrimonio del obligado al pago. d. Efectuará la recaudación de las deudas liquidas, vencidas y exigibles por el procedimiento de apremio sobre el patrimonio del obligado al pago. .
417. Según el artículo 161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el inicio del período ejecutivo determinará: a. La exigencia de los recargos del período ejecutivo y, en su caso, de las costas del procedimiento de apremio. b. La exigencia de las costas del procedimiento ejecutivo y, en su caso, de los intereses de demora. c. La exigencia de los intereses de demora y de los recargos del período ejecutivo y, en su caso, de las costas del procedimiento de apremio. d. La exigencia de los recargos del período ejecutivo y, en su caso, de los intereses de demora. .
420. Según el artículo 26 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el interés de demora se exigirá: a. Como consecuencia de la realización de un pago fuera de plazo. b. Como consecuencia de la presentación de una autoliquidación o declaración de la que resulte una cantidad a ingresar una vez finalizado el plazo establecido al efecto en la normativa tributaria. c. Como consecuencia del cobro de una devolución improcedente o en el resto de casos previstos en la normativa tributaria. d. Todas las opciones son correctas. .
422. Según el artículo 26 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el interés de demora no podrá exigirse: a. Cuando finalice el plazo establecido para el pago en período voluntario de una deuda resultante de una liquidación practicada por la Administración sin previa notificación al obligado b. Cuando se incumplan los plazos máximos para notificar la resolución de las solicitudes de compensación, el acto de liquidación o la resolución de los recursos administrativos, siempre que, en este último caso, se haya acordado la suspensión del acto recurrido. c. Cuando finalice el plazo establecido para la presentación de una autoliquidación o declaración sin que hubiera sido presentada o hubiera sido presentada incorrectamente. d. Cuando se reciba una petición de cobro de deudas de titularidad de otros Estados o de entidades internacionales o supranacionales conforme a la normativa sobre asistencia mutua, salvo que dicha normativa establezca otra cosa. .
423. Según el artículo 26 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el interés de demora podrá exigirse: a. Cuando el obligado tributario lleve a efecto la presentación de declaraciones extemporáneas sin requerimiento previo. b. Cuando se reciba una petición de cobro de deudas de titularidad de otros Estados o de entidades internacionales o supranacionales conforme a la normativa sobre asistencia mutua. c. Cuando se suspenda la ejecución del acto previa intimación de la Administración. d. Las dos primeras opciones son correctas. .
424. Según el artículo 26 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca otro diferente, el interés de demora será: a. El interés legal del dinero vigente a lo largo del período en el que aquél resulte exigible, incrementado en un 25 por ciento. b. El interés legal del dinero vigente a lo largo del período en el que aquél resulte exigible, incrementado en un 20 por ciento. c. El interés legal del dinero vigente a lo largo del período en el que aquél resulte exigible, incrementado en un 15 por ciento. d. El interés legal del dinero vigente a lo largo del período en el que aquél resulte exigible, incrementado en un 30 por ciento. .
433. Los recargos del período ejecutivo: a. Se devengan con el inicio del período ejecutivo. b. Son el recargo ejecutivo, el recargo reducido y el recargo ordinario. c. Son el recargo ejecutivo del 15%, el recargo reducido del 5 % y el recargo ordinario del 10 %. d. Las dos primeras opciones son correctas. .
434. El recargo ejecutivo se aplica: a. Una vez iniciado el período ejecutivo y antes de iniciarse el procedimiento de apremio. b. Cuando el deudor, de forma espontánea, decide satisfacer la deuda tributaria no pagada en período voluntario c. Cuando el deudor paga de forma extemporánea. d. Las dos primeras opciones son correctas. .
440. Según el artículo 167 de la Ley General Tributaria, en la providencia de apremio: a. Se identifica la deuda pendiente, se liquidan los recargos del período ejecutivo y se establece ella cantidad total a ingresar. b. Se identifica la deuda pendiente, se liquidan los recargos del período ejecutivo y se procede al embargo de bienes. c. Se identifica la deuda pendiente, se liquidan los recargos del período ejecutivo y se le requiere para que efectúe el pago. d. Se identifica al deudor y la deuda apremiada y se establece ella cantidad total a ingresar. .
444. Según el artículo 71 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, entre los extremos que se harán constar la notificación de la providencia de apremio no se alude: a. Al lugar de ingreso de la deuda y del recargo y posibilidad de solicitar aplazamiento o fraccionamiento de pago b. Al requerimiento expreso para que efectúe el pago de la deuda, incluido el recargo de apremio. c. A la posibilidad de solicitar aplazamiento o fraccionamiento de pago. d. A la repercusión de costas del procedimiento e indicación expresa sobre la suspensión del mismo. .
446. Según el artículo 70 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, la providencia de apremio es el acto de la Administración que ordena la ejecución contra el patrimonio del obligado al pago y deberá contener: a. Requerimiento expreso para que efectúe el pago de la deuda, incluido el recargo de apremio reducido del 10 por ciento. b. Requerimiento expreso para que efectúe el pago de la deuda, incluido el recargo de apremio ordinario del 10 por ciento. c. Requerimiento expreso para que efectúe el pago de la deuda, incluido el recargo de apremio ordinario del 15 por ciento. d. Requerimiento expreso para que efectúe el pago de la deuda, incluido el recargo de apremio ejecutivo del 15 por ciento. .
448. Según el artículo 168 de la Ley General Tributaria, una vez iniciado el procedimiento de apremio si la deuda tributaria estuviera garantizada: a. La Administración procederá a ejecutar las garantías antes de embargar. b. Finalizado el plazo recogido en el artículo 62.5 de la Ley General Tributaria la Administración procederá a ejecutar las garantías. c. La Administración procederá a un nuevo requerimiento expreso para que se efectúe el pago de la deuda. d. Las dos primeras opciones son correctas. .
449. Según el artículo 168 de la Ley General Tributaria, si la deuda tributaria estuviera garantizada: a. Se podrá optar por el embargo y enajenación de otros bienes o derechos con anterioridad a la ejecución de la garantía cuando el obligado lo solicite, señalando bienes suficientes al efecto. b. Se podrá optar por el embargo y enajenación de otros bienes o derechos con anterioridad a la ejecución de la garantía cuando ésta no sea proporcionada a la deuda garantizada. c. Se procederá en primer lugar a ejecutar la garantía a través del procedimiento administrativo de apremio. d. Todas las opciones son correctas. .
453. Según el artículo 168 de la Ley General Tributaria, los motivos de oposición a la providencia de apremio son tasados, entre ellos no se encuentra: a. La extinción total de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago. b. La caducidad por inactividad de su titular durante un plazo de cuatro años. c. La solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en período voluntario y otras causas de suspensión del procedimiento de recaudación. d. La anulación de la liquidación. .
454. Según el artículo 74 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, iniciado el procedimiento de apremio, si la deuda estuviese garantizada y resultase impagada, y la garantía consiste en aval, fianza, certificado de seguro de caución u otra garantía personal: a. Se requerirá al garante el ingreso de la deuda, incluidos los recargos e intereses que, en su caso, correspondan hasta el límite del importe garantizado. b. Se requerirá al garante el ingreso de la deuda, incluidos los recargos que, en su caso, correspondan hasta el límite del importe garantizado. c. Se requerirá al garante el ingreso de la deuda, incluidos los recargos y costas del procedimiento que, en su caso, correspondan hasta el límite del importe garantizado. d. Se requerirá al garante el abono de la deuda, incluidos el recargo ordinario y las costas del procedimiento que, en su caso, correspondan hasta el límite del importe garantizado. .
455. La vía de apremio, o procedimiento de apremio: a. Pretende la entrega directa de los bienes embargados a la Administración Tributaria para el pago del crédito que se ejecuta. b. Es la última fase de la ejecución forzosa cuya finalidad, partiendo de los bienes embargados, es obtener el dinero para hacer pago de la cantidad debida al ejecutante. c. Es la fase de la ejecución forzosa cuya finalidad, partiendo de los bienes embargados, es el cobro de recursos de naturaleza pública. d. Todas las opciones son correctas. .
457. Según el artículo 169 de la Ley 58/2003, General Tributaria, se procederá al embargo de los bienes y derechos del obligado tributario en cuantía suficiente para cubrir: a. El importe de la deuda no ingresada, los intereses hasta la fecha del ingreso en el Tesoro, los recargos del período ejecutivo y las costas del procedimiento de apremio. b. El importe de la deuda no ingresada, los intereses hasta la providencia de apremio, los recargos del período ejecutivo y las costas del procedimiento de apremio. c. El importe de la deuda apremiada, los intereses hasta la fecha del embargo, los recargos del período ejecutivo y las costas del procedimiento de apremio. d. El importe de la deuda apremiada, los intereses hasta la fecha del embargo, los recargos ordinarios y las costas del procedimiento de apremio, en su caso.
461. Según el artículo 169 de la Ley 58/2003, General Tributaria, a efectos de embargo se entiende que un crédito, efecto, valor o derecho es realizable a corto plazo cuando, en circunstancias normales y a juicio del órgano de recaudación, pueda ser realizado: a. En un plazo no superior a nueve meses. b. En un plazo no superior a tres meses. c. En un plazo no superior a seis meses. d. En un plazo no superior a doce meses. .
464. Según el artículo 75 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, se procederá, en cumplimiento del mandato contenido en la providencia de apremio, al embargo de los bienes y derechos que procedan: a. Si no se hubiese pagado la deuda por la ejecución de garantías. b. Si fuese previsible de forma motivada que la ejecución de las garantías de la deuda no proporcionará líquido suficiente para cubrir la deuda. c. Si hubiese transcurrido el plazo sin haberse realizado el ingreso requerido al abrir la vía de apremio. d. Las tres opciones son correctas. .
465. Según el artículo 75 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, en relación a la diligencia de embargo: a. Cada actuación de embargo se documentará en diligencia de embargo. b. Las deudas de un mismo obligado al pago podrán acumularse en una diligencia de embargo. c. Cuando las necesidades del procedimiento lo exijan, se procederá a la segregación de las deudas acumuladas. d. Las tres opciones son correctas. .
467. Según el artículo 170 de la Ley 58/2003, General Tributaria, si los bienes embargados fueran inscribibles en un registro público, la Administración Tributaria: a. Podrá solicitar que se practique anotación preventiva de embargo en el registro correspondiente. b. Tendrá derecho a que se practique anotación preventiva de embargo en el registro correspondiente. c. El registrador hará constar, previa solicitud de la Administración Tributaria competente, por nota al margen la anotación de embargo. d. El embargo se podrá notificar a los titulares de cargas posteriores previa solicitud de la Administración Tributaria competente. .
468. Según el artículo 170 de la Ley 58/2003, General Tributaria, contra la diligencia de embargo sólo serán admisibles los siguientes motivos de oposición: a. Extinción de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago. b. El aplazamiento o fraccionamiento de pago solicitado por el obligado tributario. c. La declaración de la deuda como fallida que podrá referirse a la insolvencia total o parcial del deudor. d. La interposición de recurso ante el Tribunal Económico-Administrativo.
471. Según el artículo 170 de la Ley 58/2003, General Tributaria, de la prohibición de disponer sobre los bienes inmuebles de una sociedad: a. Podrá tomarse anotación preventiva en la hoja abierta a las fincas en el Registro de la Propiedad competente. b. Habrá de anotarse en la hoja abierta a las fincas den el Registro de la Propiedad competente. c. Habrá de dejarse constancia en el acuerdo preceptivo donde constará la notificación al obligado tributario y a los legítimos interesados en la sociedad. d. Las dos últimas opciones son correctas. .
474. Según el artículo 77 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, en relación a la concurrencia de embargos, la Hacienda Pública: a. Podrá subrogarse en los derechos inscritos o anotados con anterioridad a favor de otros acreedores sobre los bienes embargados. b. Podrá subrogarse en los derechos sobre los bienes embargados sobre los que se hubieran constituido garantías a favor de la Hacienda Pública. c. Habrá de subrogarse en los derechos inscritos o anotados con anterioridad a favor de otros acreedores sobre los bienes embargados. d. Las dos primeras opciones son correctas. .
475. Según el artículo 77 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, cuando la Hacienda Pública se subrogue en derechos inscritos o anotados con anterioridad a favor de otros acreedores: a. Procederá al abono a los acreedores del importe de sus créditos cuando estos sean sustancialmente inferiores al producto que previsiblemente pueda obtener la Hacienda Pública de la enajenación de los bienes. b. Procederá al abono a los acreedores del importe de sus créditos cuando estos sean inferiores al producto que previsiblemente pueda obtener la Hacienda Pública de la enajenación de los bienes. c. Procederá al abono a los acreedores del importe de sus créditos cuando estos sean inferiores o equivalentes al producto que previsiblemente pueda obtener la Hacienda Pública de la enajenación de los bienes d. Todas las opciones son correctas. .
476. Según el artículo 77 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, para que la Hacienda Pública pueda ejercer esta subrogación: a. El órgano de recaudación que tramite el procedimiento de apremio formulará la correspondiente propuesta, que deberá ser autorizada por el órgano competente. b. El órgano de recaudación que inició el procedimiento de apremio formulará la correspondiente propuesta, que deberá ser autorizada por el órgano competente. c. El órgano de recaudación que ordenó el procedimiento de apremio formulará la correspondiente propuesta, que deberá ser autorizada por el superior jerárquico competente. d. El órgano superior jerárquico al órgano de recaudación formulará la correspondiente propuesta, que deberá ser llevada a efecto por el órgano de recaudación competente. .
477. Según el artículo 77 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, las cantidades abonadas por ese concepto de subrogación: a. Podrán calificarse de costas del procedimiento, a propuesta del órgano de recaudación, a cuyo pago se aplicarán con carácter preferente las cantidades que la Hacienda obtenga de la enajenación forzosa del bien embargado. b. Tendrán el carácter de costas del procedimiento, a cuyo pago se aplicarán con carácter preferente las cantidades que la Hacienda Pública obtenga de la enajenación forzosa del bien embargado. c. Podrán considerarse costas del procedimiento, a propuesta del órgano que ordenó el procedimiento de apremio, a cuyo pago se aplicarán con carácter preferente las cantidades que la Hacienda obtenga de la enajenación forzosa del bien embargado. d. Tendrán el carácter de compensación de gastos del procedimiento, a cuyo pago se aplicarán con carácter preferente las cantidades que la Hacienda obtenga de la enajenación forzosa del bien embargado. .
478. Según el artículo 77 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, cuando los bienes embargados sean objeto de un procedimiento de expropiación forzosa: a. Se paralizarán las actuaciones del procedimiento de expropiación. b. Se paralizarán las actuaciones de ejecución de los bienes afectados y se comunicará a la Administración expropiante el embargo de los pagos a realizar al expropiado. c. Se paralizarán las actuaciones del procedimiento de expropiación y las actuaciones de ejecución y se remitirán a la asesoría jurídica competente en la materia. d. Ninguna de las opciones es correcta. .
482. Según el artículo 170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, si los bienes embargados fueran inscribibles en un registro público: a. La Administración Tributaria tendrá derecho a que se practique anotación preventiva de embargo en el registro correspondiente. b. En los treinta días siguientes a la práctica del embargo la Administración Tributaria podrá solicitar que se practique anotación preventiva de embargo en el registro correspondiente. c. La Administración Tributaria podrá solicitar, cuando lo estime pertinente, que se practique anotación preventiva de embargo en el registro correspondiente. d. La Administración Tributaria podrá solicitar, cuando lo estime pertinente, que se practique anotación preventiva de embargo en el registro correspondiente que se llevará a efecto a costa del obligado tributario. .
486. Según el artículo 79 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, cuando la Administración conozca la existencia de una cuenta o depósito abierto en una oficina de una entidad de crédito: a. El embargo se llevará a cabo mediante diligencia que deberá identificar la cuenta o el depósito conocido por la Administración actuante. b. El embargo se llevará a cabo mediante diligencia que deberá identificar las cuentas o depósitos que pretendan embargarse. c. El embargo se llevará a cabo mediante diligencia que deberá identificar las cuentas, depósitos o productos financieros que pretendan embargarse y su titularidad, que ha de corresponder al obligado tributario. d. La presentación de la diligencia de embargo en la entidad de crédito o financiera deberá llevarse a efecto por vía telemática o electrónica. .
489. Según el artículo 79 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, en defecto del acuerdo entre la entidad financiera y la Administración Tributaria: a. Los responsables de la oficina deberán proceder de forma inmediata a retener el importe embargado si existe en ese momento saldo suficiente. b. Los responsables de la oficina deberán proceder de forma inmediata a retener el total de los saldos existentes a nombre del obligado al pago si no existe saldo suficiente. c. Los responsables de la oficina deberán proceder de forma inmediata a retener el total de los saldos existentes a nombre del obligado. d. Las dos primeras opciones son correctas. .
492. Según el artículo 171 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en relación al embargo de bienes o derechos en entidades de crédito o de depósito, cuando los fondos o valores se encuentren depositados en cuentas a nombre de varios titulares: a. En el caso de cuentas de titularidad conjunta mancomunada, el saldo se presumirá dividido en partes iguales. b. A estos efectos en todo caso el saldo se presumirá dividido en partes iguales. c. En el caso de titularidad autorizada subsidiaria el saldo se presumirá dividido en partes iguales. d. Sólo se embargará la parte correspondiente al obligado tributario. .
494. Según el artículo 80 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, el embargo de valores se podrá llevar a cabo: a. Previa identificación de los valores atribuidos a la titularidad del obligado al pago existentes en dicha entidad de crédito. b. Sin necesidad de identificación previa, sobre los valores de que sea titular el obligado al pago existentes en dicha entidad de crédito. c. Sobre los valores de que sea titular el obligado al pago, dentro del ámbito territorial de competencias de la Administración Tributaria ordenante del embargo, sean o no conocidos por esta, en la entidad. d. Todas las opciones son correctas. .
495. Según el artículo 80 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, el órgano de recaudación competente ordenará: a. La enajenación de aquellos valores que resulten suficientes para cubrir el importe total adeudado por el obligado tributario. b. El depósito de los rendimientos de toda clase y, en su caso, reintegros, derivados de los valores embargados. c. La pignoración de los rendimientos de toda clase y, en su caso, reintegros, derivados de los valores embargados. d. Todas las opciones son correctas. .
496. Según el artículo 81 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, cuando se trate de créditos, efectos y derechos realizables en el acto o a corto plazo: a. Si se trata de créditos, efectos y derechos garantizados, se notificará la diligencia de embargo a la persona o entidad deudora del obligado al pago. b. Si se trata de créditos, efectos y derechos sin garantía, se notificará la diligencia de embargo a la persona o entidad acreedora del obligado al pago. c. Si se trata de créditos garantizados, también deberá notificarse la diligencia de embargo al garante o al poseedor del bien o derecho ofrecido en garantía. d. Todas las opciones son correctas. .
503. Según el artículo 92 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, cuando se trate del embargo de automóviles, camiones, motocicletas, embarcaciones, aeronaves u otros vehículos, se notificará el embargo al obligado al pago requiriéndole para que lo ponga a disposición de los órganos de recaudación competentes, con su documentación y llaves: a. En un plazo de tres días hábiles. b. En un plazo de diez días. c. En un plazo de cinco días. d. De forma inmediata. .
504. Según el artículo 84 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, en los embargos de bienes inmuebles y de derechos sobre estos: a. La Administración podrá solicitar que se practique anotación preventiva del embargo de bienes inmuebles y derechos sobre estos en el Registro de la Propiedad que corresponda. b. La Administración solicitará que se practique anotación preventiva del embargo de bienes inmuebles y derechos sobre estos en el Registro de la Propiedad que corresponda. c. La Administración podrá solicitar que se practique anotación preventiva del embargo de bienes inmuebles en el Registro de la Propiedad que corresponda. d. La Administración podrá solicitar que se practique anotación preventiva del embargo de bienes inmuebles en el Registro de la Propiedad que corresponda previa consulta a la sección competente del Catastro Inmobiliario.
505. Según el artículo 94 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, los órganos de recaudación competentes designarán, en su caso, el lugar en que los bienes embargados deban ser depositados hasta su realización. Las relaciones entre la Administración y el depositario se regirán: a. Por la legislación de contratos de las Administraciones Públicas en los aspectos no previstos en dicha norma. b. Por las normas pertinentes de Derecho Privado relativas a las obligaciones y contratos. c. Por la legislación de contratos mercantiles en los aspectos no previstos en dicha norma. d. Por las especificaciones estipuladas en los convenios administrativos de colaboración que se suscriban al efecto. .
511. Según el artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, cuando la totalidad de la deuda aplazada o fraccionada se garantice con aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o mediante certificado de seguro de caución, el interés de demora exigible será: a. El interés legal que corresponda hasta la fecha de la resolución que acuerde el aplazamiento o fraccionamiento. b. El interés legal más dos puntos hasta la fecha del ingreso. c. El interés legal que corresponda hasta la fecha de su ingreso. d. El interés legal más dos puntos hasta la fecha de la resolución que acuerde el aplazamiento o fraccionamiento.
513. Según el artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento en período ejecutivo podrán presentarse: a. Hasta la notificación de la resolución que notifique al obligado la fecha señalada para la celebración de subasta b. Hasta el momento en que se notifique al obligado el acuerdo de enajenación de los bienes embargados. c. Hasta el momento en que se notifique al obligado la firmeza del acuerdo de enajenación de los bienes d. Ninguna de las opciones es correcta. .
514. Según el artículo 45 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de las deudas cuya recaudación se lleve a cabo por la Agencia Estatal de Administración Tributaria serán tramitadas y resueltas por: a. La Dirección General del Tesoro y Política Financiera. b. La Agencia Estatal de Administración Tributaria. c. Las Delegaciones de Economía y Hacienda. d. La Subsecretaría de Hacienda.
517. Según el artículo 48 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, la garantía cubrirá: a. El importe de la deuda en periodo voluntario, de los intereses de demora que genere el aplazamiento y un 15 por ciento de la suma de ambas partidas. b. El importe de la deuda en periodo voluntario, de los intereses de demora que genere el aplazamiento y un 20 por ciento de la suma de ambas partidas. c. El importe de la deuda en periodo voluntario, de los intereses de demora que genere el aplazamiento y un 25 por ciento de la suma de ambas partidas. d. El importe de la deuda en periodo voluntario, de los intereses de demora que genere el aplazamiento más un 25 por ciento del importe del total de la deuda. .
518. Según el artículo 48 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, la vigencia de la garantía constituida mediante aval o certificado de seguro de caución deberá: a. Exceder al menos en seis meses al vencimiento del plazo o plazos garantizados. b. Exceder al menos en tres meses al vencimiento del plazo o plazos garantizados. c. Exceder al menos en doce meses al vencimiento del plazo o plazos garantizados. d. Exceder al menos en cuatro meses al vencimiento del plazo o plazos garantizados. .
519. Según el artículo 48 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, la garantía deberá formalizarse: a. En el plazo de tres meses contados a partir del día siguiente al de la notificación del acuerdo de concesión cuya eficacia quedará condicionada a dicha formalización. b. En el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación del acuerdo de concesión cuya eficacia quedará condicionada a dicha formalización c. En el plazo de cuarenta días contados a partir del día siguiente al de la notificación del acuerdo de concesión cuya eficacia quedará condicionada a dicha formalización. d. En el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la notificación del acuerdo de concesión cuya eficacia quedará condicionada a dicha formalización. .
520. Según el artículo 48 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, transcurrido el plazo reglamentario sin haberse formalizado las garantías, las consecuencias serán las siguientes: a. Si la solicitud fue presentada en periodo ejecutivo de ingreso, deberá continuar el procedimiento de apremio b. Si la solicitud fue presentada en periodo voluntario de ingreso, se iniciará el periodo ejecutivo al día siguiente de aquel en que finalizó el plazo para la formalización de las garantías. c. Si la solicitud fue presentada en periodo voluntario de ingreso, se iniciará el periodo ejecutivo en un plazo de 30 días contados a partir del siguiente al de la notificación de la finalización del plazo para la formalización de las garantías d. Las dos primeras opciones son correctas. .
523. Según el artículo 82 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la Administración podrá admitir garantías que consistan en hipoteca, prenda, fianza personal y solidaria u otra que se estime suficiente: a. Cuando se justifique que no es posible obtener aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca. b. Cuando se justifique que su aportación compromete gravemente la viabilidad de la actividad económica. c. Cuando se solicite por el obligado tributario que haya obtenido aplazamientos o fraccionamientos con anterioridad y se hayan abonado ajustándose a los requerimientos y plazos establecidos por la Administración Tributaria. d. Las dos primeras opciones son correctas. .
524. Según el artículo 52 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, si la resolución concediese el aplazamiento o fraccionamiento: a. Se notificará al solicitante advirtiéndole de los efectos que se producirán de no constituirse la garantía en el plazo legalmente establecido. b. Se notificará al solicitante el cálculo de los intereses de demora asociados a cada uno de los plazos de ingreso concedidos. c. Si la resolución de fraccionamiento incluyese deudas que se encontrasen en periodo voluntario y deudas que se encontrasen en periodo ejecutivo, habrán de satisfacerse en primer lugar estas últimas. d. Las tres opciones son correctas. .
525. Según el artículo 52 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, si la resolución dictada fuese denegatoria del aplazamiento o del fraccionamiento, las consecuencias serán las siguientes: a. Si la solicitud fue presentada en periodo voluntario de ingreso, con la notificación del acuerdo denegatorio se iniciará el plazo de ingreso. b. Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. c. Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, hasta el día cinco del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. d. Las tres opciones son correctas. .
526. Según el artículo 52 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, si la resolución dictada fuese denegatoria del aplazamiento o del fraccionamiento, y se realizase el ingreso en los plazos voluntarios previstos procederá la liquidación de los intereses de demora devengados: a. A partir del día de inicio del plazo de ingreso en periodo voluntario hasta la fecha del ingreso realizado durante el plazo abierto con la notificación de la denegación. b. A partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario hasta la fecha del ingreso realizado durante el plazo abierto con la notificación de la denegación. c. A partir del día siguiente a la notificación de la resolución denegatoria del aplazamiento o fraccionamiento hasta la fecha del ingreso realizado durante el plazo abierto con la notificación de la denegación. d. Ninguna de las opciones es correcta. .
529. Según el artículo 52 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, en caso de interponerse un recurso contra la resolución que deniegue la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento, la resolución deberá notificarse: a. En el plazo de seis meses. b. En el plazo de tres meses. c. En el plazo de dos meses. d. En el plazo de nueve meses. .
530. Según el artículo 52 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, interpuesto recurso contra la resolución que deniegue el fraccionamiento o aplazamiento: a. Transcurrido el plazo reglamentario sin que se haya notificado la resolución, se podrá entender desestimada la solicitud a los efectos de interponer el recurso correspondiente o esperar la resolución expresa. b. Transcurrido el plazo reglamentario sin que se haya notificado la resolución, se podrá entender estimada la solicitud. c. Transcurrido el plazo reglamentario sin que se haya notificado la resolución, se podrá instar nuevamente el fraccionamiento o aplazamiento aportando nuevas garantías o incrementando las inicialmente ofrecidas. d. Ninguna de las opciones es correcta. .
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